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1 NOTAS. 1ª. La primera parte de este texto ya fue presentada y prácticamente no se ha modificado. 2ª. El inciso A) EL MARCO LEGISLATIVO es el nuevo texto.

2 LOS EXÁMENES PARA SER ABOGADO EN EL ESTADO DE MÉXICO DEL SIGLO XIX Mario A. Téllez. 1 Para el México del siglo XIX no se ha estudiado, como tantas otras cosas en el ámbito de la historia del derecho, las formas de obtener la licencia de abogado, es decir, el reconocimiento o autorización dado por la autoridad a un estudiante de derecho para que éste pudiera representar a un tercero legalmente en los tribunales. Y estudiar esas formas de licenciamiento en este siglo no solo significa ocuparse de una mera curiosidad académica, por razones propias del derecho, reviste una relevancia excepcional por dos razones fundamentales. En primer lugar porque la Constitución de Cádiz de 1812 determinó que debían ser sustituidos los juzgadores legos por juzgadores letrados en toda la Monarquía; esta decisión provocó un largo y profundo proceso de transformación en el ámbito jurisdiccional al demandarse un número mayor de profesionales de derecho, en las instituciones responsables de su formación y seguramente también en la manera en que la autoridad otorgaba la licencia para ejercer la profesión; proceso que para el caso mexicano en particular no se detuvo con el inicio de la época independiente en Y en segundo lugar porque desde finales del siglo XVIII inició lo que se conoció en Occidente como la codificación racionalista del derecho y que intentaría cambiar, como dirían los académicos contemporáneos, los viejos paradigmas del casuismo y el arbitrio judicial, pilares fundamentales del derecho, para ser sustituidos por la aplicación aséptica y rígida de los nuevos códigos penal, civil y de procedimientos. Estas dos circunstancias de gran relevancia sucedidas en el siglo XIX, es decir, la necesidad de aumentar el número de profesionales y la intención de cambiar su forma de entender 1 Profesor titular. UAM - Cuajimalpa.

3 el derecho -producto de la codificación- seguramente impusieron transformaciones que están todavía por evaluarse. Pero además, a lo largo de este período, una característica que se presentó a lo largo del período es que para obtener la licencia de abogado siempre se impuso a los aspirantes que resolvieran por escrito un caso civil, penal o mercantil, o bien, que presentaran una discusión teórica sobre alguno de los tópicos relevantes de la época. Y éste documento constituye evidentemente una fuente de primera importancia para dimensionar las transformaciones académicas no solo del futuro abogado sino del jurista. Así pues, en esta investigación se propone dos tres objetivos centrales. Primero, evaluar a lo largo del siglo XIX, de forma panorámica, la forma en la que la autoridad otorgó las licencias a los estudiantes del derecho para ejercer la abogacía. Segundo, analizar, para el mismo período, algunos casos jurídicos presentados por los aspirantes para apreciar, en un primer acercamiento, si hubo o no verdaderos cambios en su forma de entender el derecho. Y tercero, como las fuentes primarias utilizadas en esta investigación provienen principalmente de Escribanos y abogados del siglo XIX mexiquense , 2 esto significa darle a la investigación una dimensión política estatal. Seguramente al término del trabajo podrá arrojarse luz sobre uno de los ángulos poco estudiados de esta contrastante profesión; vilipendiada a lo largo de los siglos por la sociedad 3 pero al mismo tiempo indispensable para mediar en los problemas sociales. A) EL MARCO LEGISLATIVO. 2 Ídem, s/f. 3 Icaza, 1998, pp

4 Conocer la legislación que sobre los abogados estuvo vigente en el Estado de México durante el período que interesa es indispensable para entender la actuación de la autoridad en esta profesión. Y así, vista en perspectiva, podría adelantarse que fue poco después de crearse la entidad cuando las autoridades locales definieron las características que habrían de marcar, a todo lo largo del siglo, las formas en que los abogados debían formarse, las etapas que habrían de transitar para ello y la manera en que legitimarían su profesión y por consecuencia su ejercicio. Para el período de estudio, parece haber un primer momento clave en donde se definieron tales características y un momento posterior donde se precisaron. Aparentemente ambos momentos coincidieron con dos períodos claves para el país, el primero con el inicio de la primera república y el segundo con su restauración al término del segundo imperio. Pero para dimensionar lo anterior conviene ir por partes. Como consecuencia natural del ejercicio de su propia soberanía, desde su creación en el Estado de México se comenzó a legislar sobre las formas en que debía reconocerse a los abogados ya formados que pretendían vivir de su profesión y sobre las condiciones que se impondrían en el futuro a los que aspiraban convertirse en abogados. Así, el Congreso local emitió en junio de 1824 un primer decreto (núm. 15) sobre estas cuestiones. En él se determinó que cursar cualquier carrera en la Universidad estatal duraría seis meses y un día. Es de llamar la atención que este decreto se refiere en su mayor parte a los abogados (Tomo I, Téllez, 2006) 4 [terminar cita]. Además estableció que los pasantes juristas (sic) podían iniciar su práctica luego de concluir los cursos respectivos, sin necesidad de graduarse. Dedicó varios artículos a la dispensa que podía conceder el Congreso a aquellos que 4 Por fortuna existen ya varias colecciones legislativas para el Estado de México y en particular para el siglo XIX, ver Téllez, Mario et al, (s/f), Colección de Decretos del Congreso del estado de México , LIV Legislatura, INESLE et al;

5 sin haber obtenido el título de bachiller y después de acreditar haber sido ecsaminados y aprobados en la academia de derecho teórico-práctico, sobre principios de legislación y derecho constitucional, podían aspirar a recibirse de abogados. Esa dispensa fue el inicio de muchas más que a lo largo del siglo otorgó el Congreso en diversos casos. Para abril de 1826 el Congreso promulgó el decreto 63 por el que reconoció como habilitados a los abogados de cualquier punto de la república aun cuando no estuvieran matriculados en el Colegio de Abogados (Tomo I, Téllez, 2006). 5 De forma evidente esta disposición, aunada a las anteriores, muestra cómo la autoridad estatal se arrogó de facto para si 5 Por decreto 133 de 24 de julio de 1830, el Congreso local decidió que Juan Estevan Milla, Francisco María Beteta, Manuel Beteta y Manuel Zea, originarios de la república de Centroamérica, podían ejercer la abogacía en el Estado (Tomo I, Téllez, 2006). Más tarde, por decreto núm. 14 de abril de 1848 la Junta Legislativa local estableció la habilitación del Lic. y Dr. Javier Aguilar Bustamante para ejercer la abogacía en los tribunales. Por decreto 101 de octubre de 1848, Congreso local, se determinó lo mismo para José Rafael González y Antonio Escudero (Tomo III, Téllez, 2006). Por decreto 3 de marzo de 1851 se habilitó al presbítero Ignacio Márquez; por decreto 18 de mayo de 1851 al Dr. Domingo Rodríguez; por decreto 57 de mayo de 1852 a Vicente y Andrés Dardón y a Manuel Zerón. En este tomo, en el índice temático, en la voz abogacía se menciona un decreto del Ejecutivo sobre Estudios y ecsámenes que son necesarios para ejercerla en el Estado pero no aparece en ningún lado (Tomo V, Téllez, 2006). Por decreto 15 de junio de 1861 se habilitó a Manuel Fernando Soto. En ese mismo año se decretó (núm. 48) que en tanto se proveían constitucionalmente algunas plazas del Tribunal, quienes las ocupaban podían ejercer de abogados en jurisdicción voluntaria (Tomo VI, Téllez, 2006); en marzo de 1881, por decreto 7, el Congreso dispensó al pasante jurista Cruz Armas la simultaneidad de los estudios teórico-prácticos para presentarse a examen de abogado cuando lo creyera conveniente; en abril siguiente se dispensó a Pedro Ruano López de terminar los estudios teóricoprácticos para presentarse a examen de abogado (Tomo XVI, Téllez, 2006).

6 la legitimación de quienes podían ejercer la profesión y arrebatándosela definitivamente a las viejas instituciones coloniales de fuerte raigambre medieval como era el Colegio de Abogados. En junio siguiente, por decreto núm. 65, el Congreso dio un paso más en la misma dirección. Estableció los requisitos necesarios para ser abogado en la entidad: 1) haber estudiado jurisprudencia en alguno de los colegios de la república ; 2) haber practicado por tres años en estudio de abogado conocido ; 3) haber sido ecsaminado (sic) y aprobado por el supremo tribunal de justicia. Y, además, dejó que el Tribunal dispusiera los términos del examen y diera á los interesados el correspondiente título. Esta última facultad reconocida al Tribunal Superior de Justicia local significó por primera ocasión de forma expresa que fuera el propio Estado el que legitimara el ejercicio de la profesión (Tomo I, Téllez, 2006). Poco menos de tres años después, en junio de 1830, se emitió un nuevo decreto (el núm. 124) que dio una vuelta más en el control ejercido por la entidad: Sobre las circunstancias precisas que se requieren para ser abogado, señalaba el encabezado de dicho decreto. Allí quedó establecido que al aspirante se le aplicaría un examen más al que ya se tenía establecido. El primer examen sería realizado por tres letrados designados anualmente por el gobernador, con una duración de entre dos y hora y media; el segundo, era el que aplicaba el Tribunal, pero ahora con la condición expresa de que el primero fuera aprobado. El segundo examen debía ser aplicado por el Pleno del Tribunal (seis ministro y un fiscal), con la misma duración que el primero (Tomo I, Téllez, 2006). Bajo esta condiciones permanecería más o menos la situación jurídica de la formación y legitimación de los abogados mexiquenses hasta octubre de En los años que median entre ambos momentos, 1830 a 1872, las autoridades locales sólo se dedicaron a decretar dispensas sobre la legislación vigente. Así, para 1872, el Congreso local decretó (núm. 42) una nueva Ley Orgánica del Instituto Literario del Estado de México y en ella se establecieron nuevas y más

7 complejas etapas que debían ser transitadas por quienes quisieran licenciarse de abogado. En el artículo 11 se determinó que la carrera de jurisprudencia duraría cuatro años de teoría y dos de práctica. 6 Sería el gobernador quien expediría el título para el ejercicio profesional (art. 28). El aspirante debía presentar, conforme a los artículos 32-34, tres exámenes que no durarían más de dos horas cada uno, y para pasar de uno a otro el anterior tenía que aprobarse al menos por mayoría: dos exámenes serían frente a igual número de sínodos compuestos por cinco miembros cada uno y elegidos cada dos años por el gobierno, y conforme a los cursos que llevaban, un sínodo lo examinaría de las cuestiones teóricas y el otro de las prácticas. El tercer examen lo aplicaría el Tribunal de acuerdo con las formas establecidas antaño (Tomo X, Téllez, 2006). 7 6 Las materias a cursar eran derecho natural y de gentes é historia de los derechos. Derecho romano y patrio comparados. Tratado de matrimonio por derecho canónico. Elementos de derecho constitucional, administrativo, internacional y marítimo. En los dos años de práctica se hará el estudio de los Códigos de procedimientos, civil y criminal; de principios de legislación y de legislación comparada en una academia teórico práctica, y asistirán los concursantes á uno de los juzgados de 1ª instancia para la práctica (decreto 42, Tomo X, Téllez, 2006). 7 En decretos 25, 31 y 80 se piden dispensas a la ley de octubre de 1872 (Tomo XIX, Téllez, 2006). En septiembre de 1886, por decreto núm. 83, el Congreso expidió una nueva ley que estableció el Instituto Científico y Literario pero no señaló nada sobre la carrera de jurisprudencia, por lo que podría interpretarse que la dejó sin sustento jurídico; esta laguna fue colmada hasta febrero de 1889 por un decreto s/n que expidió el Ejecutivo por facultad delegada y restableció las clases de Jurisprudencia y Legislación. Y aunque hace algunas precisiones respecto de las materias a cursar y otras cuestiones sobre la estancia de los alumnos en el Instituto no modificó sustancialmente lo dispuesto desde 1872 (Tomo XX, Téllez, 2006).

8 Es decir, con respecto a la legislación de la década de los treinta, los cambios más relevantes fueron que sería el Ejecutivo quien otorgaría el título y no el Tribunal como antaño, la presentación de un examen más para obtenerlo así como el aumento sustancial del período de estudio y por tanto del número de materias. [Aquí se continuará hablando de los matices y precisiones que hace esta ley respecto de las formas y continuidades existentes en la legislación de la década de los treinta].

9 BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR Arenal, Jaime del Los abogados en México y una polémica centenaria, ( ), México, Escuela Libre de Derecho, [ELD, H R4543] De abogados y leyes en Indias hasta la recopilación de 1680, Francisco de Icaza (coordinador), Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Estudios históricojurídicos, México, Porrúa, Los juristas de la libertad: bibliografía de abogados de la Escuela Libre de Derecho, , México, Escuela Libre de Derecho, [ELD, A6813j] Carpizo, Jorge El abogado mexicano, México, UNAM, [ELD, PEN] Estudios Estudios jurídicos conmemorativos del setenta y cinco aniversario de la Barra Mexicana, México, Barra Mexicana - Colegio de Abogados, [ B268e] Icaza, Francisco de La abogacía en el Reino de la Nueva España , México, Porrúa, Manual

10 Manual del abogado y del funcionario judicial: con una extensa introducción sobre el concepto, fundamento é historia de la abogacía, Madrid, Centro editorial de Góngora, [ELD, FR M294d] Mayagoitia, Alejandro De real a nacional: El ilustre Colegio de Abogados de México, La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente, México, s/e, [ELD, S959d] Schroeder, Francisco El abogado mexicano, historia e imagen, México, UNAM-IIJ, [ELD, S3812a] López, José y Mario Téllez Escribanos y abogados del siglo XIX mexiquense , DVD, México, Microformas - LV Legislatura, s/f. Valdés, Clemente Sobre los abogados: bases para un estudio comparativo, México, Universidad Veracruzana, [ELD, V1457s]

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