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1 LA NORMATIVIDAD EN MATERIA SUCESORIA Y LA NECESIDAD DE UNIFICAR CRITERIOS, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE EXISYENCIA O INEXISTENCIA DE LA DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA Lic. Ernesto Granados Poblano DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COMPILACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPILACIÓN Y CONSULTA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL PANORAMA ACTUAL DE LA NORMATIVIDAD PROCESAL SUCESORIA Particularidades de la Primera Sección En nuestro país, en materia sucesoria, en especial para el trámite de un juicio intestamentario existe el criterio procesal de cuatro etapas sucesivas, la denominación de éstas es variada; sin embargo existe coincidencia respecto a los objetivos que deben alcanzarse para proseguir a la siguiente y la integración de una da cabida a la otra y no son alternativas, ni se pueden suprimir. En estas cuatro etapas se determina con precisión: Quiénes? Qué? Cómo? Cuánto? En la primera, se establece la certeza del De cujus, y quienes tienen acreditado el derecho a sucederlo en sus bienes y derechos. En la segunda, se determina el Quantum de la masa hereditaria y sus circunstancias 1

2 En la tercera, se ordena como debe administrarse el acervo hereditario y en la última cuanto le corresponde a cada uno de los herederos. Se puede resumir, que estas cuatro fases tienen como único origen, el conocimiento formal que se hace ante la autoridad judicial competente del fallecimiento de una persona y evidentemente, la denuncia formal implica un interés jurídico del actor y una vinculación necesaria con el difunto; en consecuencia, la primera sección tiene como finalidad establecer la certeza de la muerte de la persona y los nexos y grados de parentesco entre los actores y el De Cujus. Como su nombre lo indica, la denuncia de un intestado presupone la ausencia de un testamento, sin embargo para el juzgador no basta la presunción, es necesario establecer la convicción de la existencia o inexistencia de dicha expresión de voluntad, para tal fin, los jueces emiten oficios dirigidos a los titulares de los archivos de notarías o de los registros públicos de la propiedad y del comercio solicitando la información respectiva, independientemente de la denominación que éstas dependencias oficiales reciban en las entidades federativas y en el Distrito Federal. Usos y costumbres procesales En la mayoría de las entidades federativas, los códigos procesales civiles, no establecen expresamente respecto a las sucesiones, en la primera etapa, la necesidad procesal u obligatoriedad ineludible de emitir oficios a las autoridades titulares de los archivos en los cuales se registre la existencia de disposiciones testamentarias, sin embargo, la experiencia judicial ha establecido el trámite consuetudinario de emisión de oficios a los archivos judiciales, de notarías, de los registros públicos y a la Secretaría de Salud. Evidentemente esta práctica no solamente es una costumbre, sino tiene su fundamento en la facultad que tienen los jueces para utilizar todos los medios legales a su alcance para conocer la verdad, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia y por otra parte, en 2 Memoria del Encuentro Nacional para

3 materia familiar existe la suplencia de la deficiencia en los planteamientos de derecho. Sin embargo, existe la posibilidad de que el juzgador omita tal trámite, sin que tal carencia constituya una violación al procedimiento o un delito en la impartición de justicia, en virtud de la falta de obligatoriedad expresa, no podrá considerarse no aplicación de la norma, como tampoco inexacta aplicación Afortunadamente son escasos los casos de tales omisiones. CONSIDERACIONES SOBRE LA CONVENIENCIA DE UNIFICAR CRITERIOS Competencia Local De conformidad con los artículos 40, 41, 121 y 122 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas a través de sus congresos locales establecen su propia normatividad sustantiva y adjetiva, por lo tanto, existen similitudes en los códigos procesales, pero aún existen diferencias que originan divergencias inútiles y en muchos casos son aprovechadas por los abogados litigantes para volver farragosos y costosos los juicios sucesorios, con la consecuencia del incremento en los costos de la impartición de justicia a cargo del Estado, así como los honorarios y costas que deben cubrir los herederos Por la razón anterior, también la normatividad en materia notarial y registral es de competencia local, como ejemplo tenemos que en varias entidades federativas se requiere la indispensable presencia de testigos ante el notario para que una persona pueda otorgar sus testamento y en otros no es necesario tal requisito; por otra parte, el registro de los avisos de testamento, en once entidades lo realiza el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sus diferentes denominaciones y en el resto lo hace el Archivo General de Notarias de cada Estado. Ponencias Lic. Ernesto Granados 3

4 Precisamente el motivo de la presente ponencia hace referencia la normatividad procesal civil en materia sucesoria, en especial a la primera etapa del juicio intestamentario, pero además no debemos perder de vista que las testamentarías tramitadas por la vía jurisdiccional o notarial, requieren en ambos casos la información cierta de la existencia de la disposición testamentaria. Bien sea una testamentaría o un intestado, en ambas situaciones tanto los notarios públicos como los jueces de lo familiar deben tener la certeza de la existencia o inexistencia del otorgamiento de alguna disposición testamentaria, para iniciar el procedimiento, por ende, es determinante la solicitud de información a la autoridad competente. Ahora bien, por la soberanía de las entidades federativas y la normatividad local en materia sucesoria, tanto lo notarios públicos como los jueces, al recabar la información ante la autoridad administrativa que lleva el registro de avisos de testamento, hasta hace poco tiempo, únicamente recibían el resultado de una búsqueda en el archivo local de cada entidad; sin embargo, esta información resultaba parcial, en virtud de que en muchos casos el De Cujus, por múltiples razones había otorgado testamento en otra u otras entidades y hasta en el extranjero, además los posibles herederos frecuentemente ignoran la existencia de éstas disposiciones testamentarias, la magnitud de los negocios, bienes inmuebles, derechos reales, las deudas y la existencia de otros posibles coherederos. Certeza Jurídica en los juicios sucesorios Las circunstancias anteriores, limitan el alcance de los informes locales de la inexistencia de un testamento, y han provocado en numerosos casos que tanto los notarios públicos como los jueces de lo familiar, concluyeran los procedimientos o juicios respectivamente, formalizando la adjudicación a cada heredero acreditado y posteriormente apareciesen en diferente entidad otros coherederos, otro testamento, diferentes bienes, otros juicios 4 Memoria del Encuentro Nacional para

5 sucesorios, creando consecuencias jurídicas no previstas, implicaciones administrativas, confusiones familiares y elevando los costos de la impartición de justicia, amén de los conflictos familiares, es decir, el procedimiento testamentario o el juicio intestamentario realizados a partir de información exclusivamente local no conceden una certeza jurídica total, además tiene como efecto colateral las suspicacias de actuaciones dolosas, tanto de los litigantes como de las autoridades. En consecuencia, dada la amplitud, variedad y movilidad actuales de los negocios o empleos, que obliga al desplazamiento constante de los jefes de familias y a las familias mismas, para radicar temporalmente en diferentes ciudades de todo el país y en el extranjero, sin que los niveles socioeconómicos sean limitantes, ya que es precisamente la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, mejoramiento académico, expansión de los negocios, inversiones, etc. lo que vuelve obsoleta e incompleta la información local y requiere certeza y seguridad jurídicas con información más amplia, instantánea y confiable. Hasta hace dos décadas, la tecnología informática era considerada ajena a los procesos judiciales y en algunos casos, simplemente contaba como apoyo en el ordenamiento y almacenamiento de información o como procesadores de textos, sin embargo, actualmente se encuentra integrada no solamente como soporte de archivos y procesamiento de textos en el trabajo cotidiano de los tribunales, sino como fuente de información instantánea, medio de comunicación veloz y remota y además, es el motivo de litigios mercantiles, civiles, penales, administrativos, etc. Por lo tanto, es ineludible participar en la creación y evolución del Derecho Informático y en la transformación y aplicación de la informática jurídica, ya que la certeza y seguridad jurídicas se alcanzan con las evoluciones y actualizaciones del Orden Jurídico Nacional, acordes con la evolución social, los avances científicos y tecnológicos. En consecuencia, con respeto irrestricto a la soberanía de los Estados y del Distrito Federal, considero que es necesario que los colegios de nota- Ponencias Lic. Ernesto Granados 5

6 rios, barras de abogados, asociaciones profesionales, instituciones académicas, archivos de notarías, registros públicos de la propiedad y del comercio y quienes tengan interés al respecto, promuevan ante los Congresos de cada entidad federativa por los cauces que cada legislación señalen, las modificaciones necesarias para actualizar y adecuar la normatividad sustantiva y adjetiva civil EL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS Certeza y Seguridad Jurídicas. Como lo hemos comentado, por iniciativa de la Asociación del Notariado Mexicano, en el año de 1999, la Secretaría de Gobernación inicia la realización del proyecto denominado Registro Nacional de Testamentos, consistente en la constitución y operación de una gran base de datos que contendría todos los AVISOS de testamento generados en todo el país e inclusive en el extranjero y el día 23 de enero de 2004, da inicio la operación del mismo. Se ha subrayado la palabra AVISOS, porque en estricto sentido, esta base de datos, aún cuando se denomina Registro Nacional de Testamentos, no contiene el texto de ningún testamento, sino exclusivamente la información detallada del acto jurídico de la comparecencia de una persona, en pleno uso de sus facultades y capacidad de ejercicio de sus derechos civiles, ante un Notario Público para emitir formalmente su disposición testamentaria, por lo tanto, quienes han otorgado su testamento tienen y tendrán la certeza y seguridad absoluta que la secrecía del contenido de su testamento será celosamente conservada y solamente cuando se tramite post mortem su apertura se conocerá el contenido de su disposición voluntaria, ya que en la base de datos exclusivamente se contendrá la información necesaria para establecer con certeza que determinada persona, en una fecha, en un lugar y ante un reconocido notario otorgó su testamento, pero de ninguna manera se podrá tener acceso al texto de 6 Memoria del Encuentro Nacional para

7 dicho testamento, si no es precisamente hasta que los herederos reconocidos así lo soliciten ante el Notario Público o Juzgado de lo Familiar. Funcionamiento En el momento en que una persona voluntariamente acude ante un Notario Público para otorgar su testamento, el fedatario da aviso al Archivo General de Notarías o Registro Público de la Propiedad (según sea el caso en cada entidad), de la comparecencia de una determinada persona para formalizar su disposición testamentaria. El funcionario titular de la dependencia encargada de recibir tales avisos de testamento, además de realizar el correspondiente registro local, envía por vía electrónica en lenguaje encriptado a la base de datos Registro Nacional de Testamentos el mismo aviso de testamento, para integrar esa información a nivel nacional. La base de datos recibe la información y la almacena automática y sistematizadamente, sin la intervención de persona alguna, en consecuencia, ningún servidor público no autorizado tiene acceso a la información contenida en la base de datos. Cuando un juez en materia familiar recibe el escrito inicial de un intestado o testamentaría, de inmediato gira los oficios al funcionario titular del archivo o registro competente de la entidad, solicitando la información respecto de la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria, en dicho oficio se especifican con claridad los datos del De cujus, necesarios para lograr una búsqueda exitosa. Antes de la operación del Registro Nacional de Testamentos, el juez de primera instancia recibía únicamente el resultado de la búsqueda local; a partir de 23 de enero de 2004 el resultado de la solicitud de búsqueda comprende un informe de la existencia o inexistencia a nivel nacional. Ponencias Lic. Ernesto Granados 7

8 No se debe omitir el comentario siguiente: La consulta vía Internet a la base de datos no es abierta al público en general, exclusivamente permite el acceso a los funcionarios que en cada entidad federativa se acreditan para tal efecto y el acceso esta controlado mediante sistemas de seguridad para evitar la intrusión de personas ajenas; ahora bien, los informes del resultado de una búsqueda solo se aceptan y emiten si previamente se justifica, motiva y funda la razón lícita de tal consulta. Por otra parte, la persona que otorga su testamento, lo hace buscando la seguridad y certeza de que una vez muerto su voluntad será cumplida y la forma y proporción que determinó se ejecutará con la fuerza de una ley, de ahí que el Registro Nacional de Testamentos como fuente confiable, hermética e instantánea contribuye a alcanzar la seguridad jurídica; además, a reducir considerablemente los costos en la impartición de justicia e incrementar la confianza en los órganos judiciales, disminuye el riesgo y da certeza de que el destino de los bienes inmuebles pudiese ser distinto al que deseó el autor de la sucesión. Apoyo Normativo Sin embargo, como se ha comentado, la diversidad nacional en materia civil de los códigos procesales y en especial en lo relativo a la primera sección de los juicios intestamentarios y la variada normatividad notarial y registral de cada entidad federativa, más la posibilidad actual de consultar la base de datos Registro Nacional de Testamentos en tiempo real, es decir, instantáneamente; además, la utilización cada día más generalizada de equipos de cómputo en los tribunales, notarías públicas y registros públicos, hacen ineludible e impostergable reformas a la normatividad local tanto en los códigos procesales civiles, como en la reglamentación notarial y registral que adecue y actualice esa parte del Orden Jurídico Nacional a la realidad nacional en un contexto de progreso tecnológico y científico. En este orden de ideas y considerando intocable la soberanía de las entidades federativas para legislar en lo que toca a sus regímenes interio- 8 Memoria del Encuentro Nacional para

9 res y sin contravenir a las estipulaciones del pacto federal, se proponen las siguientes iniciativas legislativas en materia constitucional, civil, procesal, notarial y registral: Propuestas de iniciativas Constitucional Evidentemente la jerarquía normativa nos remite a la Carta Magna como principio y eje de un orden jurídico nacional; en consecuencia se propone que para unificar criterios legislativos, en el artículo 121 Constitucional, en la fracción IV podría establecer el sustento nacional, quedando así: Texti actual IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros; y Texto propuesto IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros; y en materia sucesoria los informes proporcionados por el Registro Nacional de Testamentos tendrán validez en todo el territorio nacional. Local Reiterando el respeto a la soberanía de las entidades federativas y acatando los procedimientos legislativos de cada uno de los congresos locales, se propone incluir en cada uno de los códigos adjetivos civiles, en los artículos relativos a la tramitación de los juicios sucesorios, el texto para que los Ponencias Lic. Ernesto Granados 9

10 jueces de lo familiar en la primera sección de los juicios sucesorios, por disposición expresa ordenaran la expedición de los oficios solicitando el informe respectivo al Archivo General de Notarías; para tal efecto, podría tomarse como ejemplos algunos artículos existentes en los Códigos de Procedimientos Civiles de los estados de Aguascalientes, ChiapasY Chihuahua, por citar solo algunos de los que ya presentan textos similares: TEXTOS ACTUALES DE ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Estado de Aguascalientes Artículo 687. Formulada la denuncia con los requisitos que expresa el artículo anterior, el Juez, una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes cuando así proceda, solicitará del C. Director del Registro Público de la Propiedad informe en el sentido de si existe, en esa oficina, constancia de testamento alguno otorgado por el autor de la sucesión, si el promoverte no exhibió este informe con su denuncia, si aparece el testamento, procederá en los términos de los artículos 680 al 685, si el informe es negativo, tendrá por radicado el intestado y. Estado de Chiapas Artículo Auto de radicación del interesado Si el juzgador encuentra apegada a derecho la denuncia y ésta se acompaña de los documentos necesarios, dictará auto de radicación en los términos del artículo 1050 de este código. En el auto de radicación se proveerá además lo siguiente: I. Mandará notificar la radicación a las personas señaladas como ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite o en su defecto parientes colate- 10 Memoria del Encuentro Nacional para

11 rales dentro del cuarto grado, para que justifiquen sus derechos a la herencia y designen albacea, haciéndoles saber el nombre del finado con las demás particularidades que le identifiquen y la fecha y lugar del fallecimiento. II. Mandará pedir informes a la Dirección de Notarías y al Registro Público sobre si aparece que el autor de la herencia hubiere otorgado testamento. III. Mandará recibir información testimonial supletoria cuando aparezca que solo existen herederos colaterales, o cuando Estado de Chihuahua De los interesados Artículo 559. El juez tendrá por radicado el juicio sucesorio, y mandará notificar en la forma legal a las personas señaladas como descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite, o en su defecto, a los parientes colaterales dentro del cuarto grado que se hubieren indicado, haciéndoles saber el nombre del finado y las demás circunstancias que lo identifiquen, y la fecha del lugar del fallecimiento, para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombre albacea, fijándoseles para este efecto un plazo que, atendidas las circunstancias que concurran, prudentemente señalará. Los jueces ante quienes se tramite una sucesión recabarán del Departamento del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y del la Oficina del Registro Público de la Propiedad del correspondiente Distrito, la información de si en sus registros tienen noticia de que el autor de la herencia haya otorgado testamento. (Adicionado mediante Decreto N publicado en el Periódico Oficial N 64 del 12 de agosto de 1995) Se debe hacer notar que en materia notarial y registral, actualmente en todas las entidades federativas, como en el Distrito Federal, los reglamentos en la materia, no hacen referencia, ni tácita ni expresa, respecto de los datos mínimos que se deben proporcionar con cada aviso de testamento. Por lo anterior, debe reglamentarse para hacer obligatoria la elaboración de un formato único, que contenga cierta información mínima respecto de Ponencias Lic. Ernesto Granados 11

12 la identidad del testador, para eliminar al máximo las homonimias; en consecuencia, se propone que se reglamente expresamente lo siguiente: Para agilizar la búsqueda en la base de datos y alcanzar altos niveles de precisión en los resultados, es menester la adopción de un formato único que deberán llenar cada uno de los notarios públicos de todo el país, para enviar los avisos de testamento a las oficinas de los registros de notarías o de la propiedad, según la entidad de que se trate; este formato ayudaría, en primer lugar a reducir las confusiones por las homonimias, en segundo lugar, daría certeza en la ubicación de diferentes testamentos, en el caso de que apareciesen varios otorgados por una sola persona en diferentes entidades, para los efectos de exhortos, oficios, etc. o la tramitación que fuese menester cumplir, y en tercer lugar, los notarios solicitarían a los comparecientes los datos necesarios para eliminar progresivamente el uso de sobrenombres o alias que las personas utilizan indiscriminadamente, porque consideran que es inocuo, ignorando que tal práctica en la mayoría de los casos crea confusión y hasta problemas a sus sucesores. Debe reglamentarse expresamente en materia notarial la periodicidad fatal para que cada uno de los notarios remita la información de los avisos de testamento a la autoridad facultada para su registro, con el objeto de que el Registro Nacional de Testamentos cuente su vez con información reciente, actualizada y confiable, porque pudiese darse la circunstancia que una persona otorgare su testamento ante un Notario Público y en pocas horas o días falleciese y sus sucesores promoviesen en breve tiempo el juicio intestamentario y por demora por parte del notario no se enviara el aviso de inmediato y en consecuencia al recabarse la información en el Registro Nacional de Testamentos no apareciese aún tal información de la existencia del testamento, con las consecuencias jurídicas ya comentadas. Además debe reglamentarse la cantidad de avisos que deberán remitirse, ya que es una práctica común que algunos Notarios Públicos consideren reunir un número determinado de avisos de testa- 12 Memoria del Encuentro Nacional para

13 mento para proceder a remitirlos, provocando efectos antes descritos; por lo anterior, también debe analizarse y discutirse en cada entidad, la pertinencia y conveniencia de que directamente los Notarios Públicos, por medios electrónicos pudiese enviar la información, tanto al archivo de notarias de la entidad, como al Registro Nacional de Testamentos; así no habría demora alguna en la captura instantánea de cada aviso de testamento y ambas fuentes de información contarían con una base de datos 100% confiable. Debe considerarse además que muchos códigos adjetivos son muy específicos respecto a la valoración de las pruebas y considerando que un juicio de intestado puede ser motivo de profundas controversias litigiosas, se propone para comentario, análisis y discusión del foro judicial, la procedencia y conveniencia de que en los artículos en comento, se citara el valor y alcance probatorio de los informes electrónicos emitidos por el Registro Nacional de Testamentos, ya que si bien es emitido por una autoridad competente, mediante un procedimiento debidamente establecido y con medidas de seguridad, no debe dar cabida a la impugnación frívola y notoriamente improcedente de los litigantes, que dilate, retrase y complique innecesariamente tales juicios con los perjuicios consiguientes para todas las partes. Es de sobra sabido que un juicio de intestado conlleva en un gran porcentaje la posibilidad de divergencias fraternales, filiales o familiares, y que tales rupturas en muchos casos son irreversibles y violentas; además, la magnitud del acervo hereditario no es el factor determinante de la gravedad o levedad de tales divergencias, ya que un inmueble de interés social o una gran hacienda representan potencialmente el mismo riesgo; en consecuencia, debe fomentarse la cultura de la previsión, en especial el otorgamiento de testamento en el momento mismo de la celebración de una escritura de compraventa, bien sea de un oneroso inmueble o tratándose de una habitación de interés social, estableciéndose tal trámite, invitación o sugerencia en los convenios para el otorgamiento de créditos, sobre todo en créditos a largo plazo y regular respecto de los testamen- Ponencias Lic. Ernesto Granados 13

14 tos ológrafos, simplificados y otorgados en el extranjero, siguiendo criterios consensuados. Conclusiones I. Actualmente en la mayoría de los Estados de la República y en el Distrito Federal, no existe en los códigos de Procedimientos Civiles, en la parte relativa a los juicios intestamentarios, en especial en el inicio de la primera sección, el mandamiento expreso al juez de primera instancia, de solicitar al titular del Archivo General de Notarías o Registro Público de la Propiedad, según el caso, el informe de la existencia o inexistencia de alguna disposición testamentaria del De Cujus. II. Respetando la soberanía de las entidades federativas y del Distrito Federal en cuanto la facultad constitucional de legislar en materia civil, además de reglamentar en materia notarial y registral; para alcanzar eficiencia, confiabilidad y certeza en el Registro Nacional de Testamentos, localmente es necesario legislar en las materias indicadas para que la información de avisos de testamento sea suficiente y uniforme. Propuesta I. En el artículo 121 Constitucional, que concede en materia civil, validez nacional a los actos formales, se propone adicionar lo siguiente: ; y en materia sucesoria los informes proporcionados por el Registro Nacional de Testamentos tendrán validez en todo el territorio nacional. II.En el ámbito local, en materia procesal civil y reglamentación notarial y registral se establezcan criterios uniformes para apoyar normativamente su operación y alcanzar altos niveles de eficiencia y seguridad en su operación, y solo se muestran tres ejemplos como sugerencia por respeto a la soberanía y autonomía legislativa. 14 Encuentro Nacional para

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