AL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO)

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1 AL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO) Escrito de interposición de Recurso Contencioso Administrativo contra el Real Decreto 1068/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Supremo a don Ángel Juanes Peces. DOÑA MARÍA JOSÉ BUENO RAMIREZ, Procuradora de los Tribunales (Col. núm. 1725), actuando en nombre y representación del GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) en el Congreso de los Diputados, constituido en legal forma en virtud de la resolución de la Mesa de la Cámara de fecha 15 de diciembre de 2011, que acompañamos como Documento núm. 1, así como de su Portavoz, Dª ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, en virtud de escritura de poder que se acompaña como Documento núm. 2, otorgada en su propio nombre y en el del propio Grupo Parlamentario, por medio del presente escrito, y bajo la dirección letrada de D. Andrés Herzog Sánchez, colegiado núm del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DICE: Que interpone RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el siguiente Real Decreto: Real Decreto 1068/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Supremo a don Ángel Juanes Peces, publicado en el BOE el día 8 de enero de 2014, que acompañamos como Documento núm. 3. Y todo ello sobre la base de los siguientes,

2 PRESUPUESTOS LEGALES DEL RECURSO PRIMERO.- SOMETIMIENTO AL CONTROL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA DEL REAL DECRETO OBJETO DE IMPUGNACIÓN. El Real Decreto 1068/2013, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Supremo a don Ángel Juanes Peces, publicado en el BOE del día 08 de enero de 2014, es una disposición de derecho objetivo o norma jurídica, de rango inferior a ley y, por lo tanto, sometido al principio de legalidad y susceptible de ser fiscalizado por la jurisdicción contencioso administrativa, tal como expresamente prevé el art de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que reproducimos: «Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El conocimiento de estos asuntos corresponderá a una sección integrada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás Presidentes de sección de dicha Sala». En cuanto a su forma jurídica, tal y como establece el art de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial El Vicepresidente del Tribunal Supremo será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo.. Debe ser señalado, además, que el nombramiento como Vicepresidente del Tribunal Supremo implica, a su vez, responsabilidad en el seno del Consejo, puesto que el Vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente y hasta el nombramiento de un nuevo Presidente (art. 590 LOPJ). El nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo por Real Decreto es una norma jurídica de rango inferior a ley, susceptible de ser fiscalizado por la jurisdicción contenciosa-administrativa. Es un acto adoptado en el primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial posterior a la elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (art LOPJ)

3 SEGUNDO.- LA VULNERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DE LA DOCTRINA EMANDA DE SU MÁXIMO INTERPRETE EN RELACIÓN AL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Sin perjuicio de que en el correspondiente escrito de demanda desarrollaremos los motivos que justifican el presente recurso, no queremos dejar de indicar en este momento que el mismo no se dirige a impugnar ni combatir el vigente sistema de nombramiento de los integrantes del CGPJ así como otros procedimientos de designación de cargos como pueda ser el de Vicepresidente del Tribunal Supremo regulado por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su redacción dada por la reciente Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. Consideramos que el referido sistema de nombramiento del CGPJ debilita la democracia, destruye la separación de poderes, contraviene el espíritu de la Constitución y compromete la independencia y autonomía del poder judicial, pero la constitucionalidad del mismo fue ya valorada por la conocida Sentencia núm. 108/1986, de 29 de julio, del Tribunal Constitucional. Ahora bien, en la referida Sentencia, el Tribunal Constitucional fue muy claro al condicionar la validez del sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas, pues ello supondría frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional. Así se expresaba el máximo intérprete de la Constitución en el apartado 13 de los Fundamentos Jurídicos de la indicada Sentencia: «Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial». Los motivos por los que un reparto y designación estrictamente partidista de los miembros del CGPJ supondrían una vulneración de la Constitución y un peligro para la independencia de la Justicia y, por ende, para la propia Democracia se indican en la referida Sentencia un poco antes, en el apartado 7 de los referidos Fundamentos Jurídicos, cuando se indica lo siguiente: - 3 -

4 «Así, las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado. Es, desde luego, una solución posible en un Estado de Derecho, aunque, conviene recordarlo frente a ciertas afirmaciones de los recurrentes, no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al menos con relevancia constitucional, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales» Pues bien, como tendremos ocasión de explicar pormenorizadamente en el escrito de demanda, la forma en que las distintas fuerzas políticas se han repartido el recientemente nombrado Consejo General del Poder Judicial, y por ende de otros nombramientos como el de su Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidista como el denunciado por el Tribunal Constitucional, que alcanza no solo a los veinte vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también, insistimos, al nombramiento del Presidente del CGPJ y el Vicepresidente del Tribunal Supremo, acordado igualmente con carácter previo a la elección de los vocales, que en la práctica, y por más que se empeñen en negarlo, han actuado en dicha designación como meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado. Ese reparto partidista por cuotas de los integrantes del CGPJ no sólo supone una extralimitación de las funciones asignadas a los partidos políticos en nuestra Constitución (art CE) y conculca, como decimos, el principio de la independencia de la Justicia, sino que conlleva una vulneración del derecho fundamental de participación política del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (art. 23 CE). En efecto, al convertir el examen de los candidatos por las Cámaras en una farsa carente de contenido real (los grupos parlamentarios que han pactado el reparto y los candidatos acordados ya sabían con carácter previo a quién iba a corresponder el nombramiento), al eliminar cualquier posibilidad de acuerdo posterior tras la proclamación de la candidaturas en los términos previsto en la Ley (art. 567 LOPJ y concordantes de los Reglamentos de las Cámaras) se ha privado de facto al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) de cualquier posible intervención en el procedimiento, impidiendo de raíz la propia finalidad de la norma que, como bien indica el propio Tribunal Constitucional en la Sentencia mencionada no es otra que la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial

5 TERCERO.- LA VULNERACIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES ESTABLECIDOS EN LA LOPJ PARA EL NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO. Además de lo anterior, debe señalarse que en aquello que concierne al referido nombramiento por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Vicepresidente del Tribunal Supremo según el procedimiento establecido en el artículo 589 LOPJ, es claro el tenor literal de la ley al señalar como requisito ineludible para acceder a dicho cargo que para figurar en la propuesta será preciso tener la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo (589.2 segundo inciso). Se puede dividir, por tanto, dicho requisito en los tres siguientes planos de verificación: 1) Tener categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, 2) Estar en servicio activo y 3) Reunir los requisitos para ser Presidente de Sala del mismo. Sobre el primero de estos puntos se fundamenta la pretensión de este Recurso. Esta parte no niega que D. Ángel Juanes Peces tuvo la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo como Magistrado de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo entre los años 2003 y Este hecho no implica, en cambio, afirmar que dicha categoría, stricto sensu, se retenga indefinidamente en el tiempo una vez se abandona dicha función, por cuanto el art de la LOPJ señala que sólo adquirirán la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo quienes efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de este Tribunal. Es decir, mantener la categoría exige mantener el ejercicio de funciones jurisdiccionales como miembro del Tribunal Supremo, condición que no se cumplía en el momento de su nombramiento, pues es conocido que en el momento de dicho nombramiento como Vicepresidente del Tribunal Supremo, D. Ángel Juanes Peces ocupaba como destino la Presidencia de la Audiencia Nacional. Cabe imaginar que pudiera interpretarse que al señalar el artículo 63.2 de la LOPJ que el Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo, es el Presidente nato de todas sus Salas dicha consideración suple la falta de categoría anteriormente referida. Sin embargo discrepamos radicalmente de esa posible interpretación

6 La recta interpretación del Derecho debe exigir un rigor y una delimitación de cada concepto jurídico, y por ello, parece adecuado afirmar que la actual redacción de la LOPJ crea dos situaciones bien diferentes: estas son las de ostentar la categoría de, frente a la de ostentar la consideración de : (i) (ii) En primer lugar, porque las categorías que establece la LOPJ son tasadas y bien delimitadas, es decir es un concepto mucho más restringido. No sólo eso, la propia ley se encarga, con especial cuidado, de señalar algunos requisitos para acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo (art. 299 LOPJ). En segundo lugar, porque a diferencia de las categorías, la consideración es una situación recurrente en la redacción de la ley, y de mucha mayor amplitud. Se puede entender, por tanto, que el legislador tuvo bien claro cuando elegía como reseñable la posición de consideración frente al rango o categoría (arts , 335.3, y otros LOPJ) Incluso, si nos acercamos al significado semántico de cada una de las dos expresiones, la propia Real Academia viene a señalar que la consideración es tratar a alguien con urbanidad o respeto, mientras que por categoría se entiende cada una de las clases establecidas en una profesión, carrera o actividad. Es decir, si bien pueden tener significados parecidos, no son lo mismo, y como conceptos diferentes parece que deban ser entendidos e interpretados. Equiparar dichos conceptos vacía de contenido el requisito de categoría profesional, puesto que como ha quedado expuesto, existen muchos cargos, de diferente naturaleza, que ostentan la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo, si bien su categoría, ciertamente, no lo es. CUARTO.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la LJCA, el presente recurso contencioso-administrativo se interpone dentro del plazo de 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, producida el día 8 de enero de 2014 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). QUINTO.- COMPETENCIA El Tribunal al que nos dirigimos es competente para conocer del presente recurso contencioso-administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece que el conocimiento de estos asuntos [los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente del CGPJ] - 6 -

7 corresponderá a una sección integrada por el Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, que la presidirá, y por los demás Presidentes de sección de dicha Sala». Por su parte, el apartado b) del art de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa prevé que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LOS RESTANTES REQUISITOS LEGALES Tal y como hemos indicado anteriormente, se acompaña al presente escrito tanto el documento que acredita la representación (Doc. núm. 1 y 2) así como la propia disposición recurrida (Doc. núm. 3), todo ello en cumplimiento de lo establecido en el art. 45 LJCA. El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia en el Congreso de los Diputados ostenta capacidad y legitimación procesal, ya que los diputados que conforman el mismo tienen un interés legítimo en que el proceso de nombramiento del Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial se realice de forma compatible a la Constitución Española y el resto de leyes, especialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como las mismas ha sido interpretadas por el Tribunal Constitucional, siendo además dicho Grupo Parlamentario directamente perjudicado por la forma en que se ha desarrollado todo el proceso de nombramiento. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.2.d) de la LJCA se aporta, como Documento núm. 4, la certificación expedida el día 24 de febrero de 2014 respecto de los acuerdos adoptados el día 19 anterior por el Grupo Parlamentario de Unión de Unión Progreso y Democracia (GP UPyD), acordando la interposición de los recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 1068/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Supremo a don Ángel Juanes Peces. En su virtud, de esta Sala de lo Contencioso Administrativo, - 7 -

8 SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que citados se acompañan y copia de todo ello, se sirva admitirlo y, en la representación acreditada, me tenga por comparecida y parte y por interpuesto en tiempo y forma RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra el Real Decreto 1068/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidente del Tribunal Supremo a don Ángel Juanes Peces, publicado en el BOE el día 8 de enero de RECLAMANDO, conforme al procedimiento establecido por el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el expediente administrativo tramitado por la Administración Pública demandada a fin de que, a su vista, pueda esta parte formalizar el escrito de demanda y solicitar las pruebas que juzgue convenientes para la defensa de su derecho. Así procede y es de hacer en Justicia que pido en Madrid, a 27 de febrero de 2014 OTROSÍ DIGO: Que, a efectos de lo establecido en el artículo 40 en relación con el artículo 42.2º de la LJCA, esta parte considera la cuantía del presente recurso como indeterminada. Por todo lo expuesto, de la Sala, NUEVAMENTE SUPLICO: Tenga por efectuada la antecedente manifestación a los oportunos efectos legales, pues así procede y es de hacer igualmente en justicia que solicito en lugar y fecha arriba indicados. OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que, a los efectos de su eventual acumulación, expresamente indicamos que mediante escrito de interposición presentado el día 18 de diciembre de 2013 ante la Excma. Sala del Tribunal Supremo a la que nos dirigimos, esta parte procedió a impugnar los Reales Decretos núm. 979/2013, de 10 de diciembre, 931/2013 y 930/2013, de 29 de noviembre, por el que se nombran al presidente y a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial; recurso que fue admitido a trámite mediante Diligencia de Ordenación de 21 de enero de 2014 que acompañamos como Documento núm

9 Por todo lo expuesto, de la Sala, NUEVAMENTE SUPLICO: Tenga por efectuada la antecedente manifestación a los oportunos efectos legales, habida cuenta de la evidente conexidad existente entre el presente recurso y el ya interpuesto frente a los nombramientos del Presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en su caso por interesada la ampliación de dicho recurso a la disposición que es objeto de impugnación en el presente escrito, pues así procede y es de hacer igualmente en justicia que solicito en lugar y fecha arriba indicados. Letrado: D. Andrés Herzog Procuradora: María José Bueno Ramírez - 9 -

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