REF.- EMPLEOS. Facultad para nominar el jefe de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Rad.

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1 1 Departamento Administrativo de la Función Pública República de Colombia Bogotá, D.C., marzo 6 de 2009 Doctor: ANGEL MARIA FONSECA COREA Jefe Oficina Asesora de Control Interno Universidad Distrital Francisco José de Caldas Cra. 7 No Piso 10 Ciudad REF.- EMPLEOS. Facultad para nominar el jefe de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Rad.: Respetado doctor. 1. Con relación a la competencia para crear el cargo de Censor Universitario me permito señalar lo siguiente La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley 30 de 1993, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia, en reiteradas oportunidades, 1 el postulado constitucional de que Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley tiene alcance limitado, pues la premisa que la Constitución asume es que la Universidad para cumplir su misión requiere autonomía y ésta se manifiesta básicamente en una libertad de auto organización -darse sus directivas- y de auto regulación - regirse por sus propios estatutos- prerrogativas todas que deben desarrollarse dentro de las directrices generales señaladas por la ley. 1 Ver entre otras los conceptos 609 del 25 de mayo de 1994, 787 del 11 de marzo de 1906 y del 30 de octubre de 1997 de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado. Igualmente lo ha hecho la Corte Constitucional en sentencias tales como la C-109 de1994,c- 195 de1994, C-420 de1995, T 5l5 de1995,c-188 de l996 y C-220 de1997.

2 2 Frente al tema, en sentencia C-368 de 1999, la Corte constitucional, señaló lo siguiente: La autonomía universitaria tiene por fin garantizar la libertad de cátedra y de investigación, y para ello es necesario que sean los mismos centros de educación superior los que decidan sobre lo relacionado con su personal, con el fin de evitar injerencias externas que podrían hacer mella en la libertad académica que debe prevalecer en las universidades. (...). En la sentencia C-506/99, la Corte constitucional, en estudio de la clasificación dada en la Ley 443 de 1998 a los empleos de Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior distinta a los Entes Universitarios Autónomos, señaló lo siguiente: Cabe a este respecto, además, anotar que en la Sentencia C-475 de julio 7 de 1999, con ponencia de la H. M. Martha Sáchica, que constituye su último pronunciamiento sobre cargos de libre nombramiento y remoción a la luz de la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Carta, la Corporación señaló: De conformidad con ese mandato constitucional y según la interpretación que del mismo se ha hecho por la jurisprudencia ya sentada por esta Corporación, se tiene que la inclusión de los empleos de Rector. Vicerrector y Decano de los institutos de educación superior constituidos como establecimientos públicos, dentro de la categoría de cargos de libre nombramiento y remoción, riñe con el principio constitucional que consaqra para ellos una autonomía administrativa que implica la facultad de darse sus directivas y reqirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La esencia misma de la universidad exige pues que se le reconozca el derecho a su autonomía; pero lo anterior no equivale a desconocer la presencia necesaria del Estado, que debe garantizar la calidad de los estudios e investigaciones, así como las labores de extensión, que se imparten en las diversas entidades universitarias. Igualmente, nada obsta para que, en virtud de la misma autonomía universitaria, se establezca que los cargos directivos puedan ser de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando -se repite- dicha determinación emane de la comunidad universitaria. Esa es la razón por la cual el inciso primero del artículo 69 superior expresa: podrán darse sus directivas como una facultad. no como una imposición constitucional. Además, en desarrollo de la misma autonomía universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción.. (Subraya la Sala).

3 3 Estos mismos argumentos son aplicables al caso sub examine, de suerte que la clasificación como del nivel directivo de los empleos de Decano de Escuela Tecnológica, Decano de Institución Universitaria, Decano de Universidad, Director de Escuela, o de Instituto, o de Centro de Universidad, Rector de Institución Universitaria o Escuela Tecnológica, Rector de Universidad, Vicerrector de Institución Universitaria y Vicerrector de Universidad, que el legislador extraordinario efectuó en la norma demandada, ignora la prerrogativa especial de estas entidades para definir, a través de las directivas de estos institutos de educación superior, sobre la categorización de los empleos de sus respectivas funciones. De este modo, el principio constitucional que aboga por la autonomía universitaria, actúa como límite en la actuación de los poderes públicos, a fin de evitar cualquier forma de injerencia indebida en la libertad de acción y autodeterminación de estos institutos de educación superior en la consecución de sus fines, la cual debe de todas formas darse dentro de los parámetros constitucionalmente establecidos. (...) (Sentencia T-492 de 1.992, M. P., Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Por lo expuesto, los cargos aquí examinados serán declarados inexequibles. Conforme a las transcripciones anteriores, es posible concluir que la autonomía permite que el ente universitario establezca sus propias directivas, pues, el señalamiento de las mismas por autoridades externas, contrarían dicha característica consagrada por el constituyente, como un mecanismo eficaz de independencia, libre de ingerencias requerida por las universidades para un cabal cumplimiento y desarrollo de su misión. Bajo este contexto, en criterio de esta Dirección Jurídica es procedente que mediante el estatuto general la Universidad cree la figura de Censor Universitario ubicándolo en el nivel directivo, conforme se establece en el artículo 7 del Acuerdo 005 de Respecto de los mecanismos para el nombramiento y remoción de los Jefes de Oficina de Control Interno en las Universidades, en atención a su autonomía, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, señaló lo siguiente: Conforme al artículo 69 de la Constitución Política, en virtud de la autonomía universitaria, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, la cual establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. La Ley 30 de 1992 desarrolló el régimen de autonomía de las universidades estatales y en su artículo 28 expresó que esta autonomía reconoce a las

4 4 universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Igualmente, el artículo 57 de la misma ley establece que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con dicha ley. El artículo 79 de la citada ley expresa que el estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo. Conforme a las normas de carrera administrativa vigentes, las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal, contenidas en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, se aplicarán a los empleados que prestan sus servicios en las entidades con régimen especial mientras se expide dicho régimen. La Corte Constitucional, en Sentencia C-547 de 1994, expresó que las universidades oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política, al igual que el Banco de la República y la CNTV, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público y por tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente. De igual manera, la misma Corte, en Sentencia N C-475 de 1999, precisó que nada obsta para que, en virtud de la misma autonomía universitaria, se establezca que los cargos directivos puedan ser de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando dicha determinación emane de la comunidad universitaria. Esa es la razón por la cual el inciso primero del artículo 69 superior expresa: podrán darse sus directivas, corno una facultad, no como una imposición constitucional. Además, en desarrollo de la misma autonomía universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre nombramiento y remoción.

5 5 De estos elementos de juicio puede concluirse, en relación con la designación del Jefe de la Oficina de Control Interno en las Universidades, que como al Consejo Superior de cada universidad le corresponde establecer, en el estatuto general, el régimen del Personal Administrativo, incluida la naturaleza de cada cargo y forma de la designación de su titular, será en dicho Estatuto general donde estarán contenidas las condiciones y procedimiento para la designación del Jefe de la Oficina de Control Interno, quien es un funcionario administrativo (no docente). Igualmente, teniendo en cuenta que las universidades tienen la facultad de darse sus directivas administrativas y académicas, y que el jefe de la oficina de control interno, por las funciones que le son propias, en lo posible debe ocupar un cargo del nivel directivo, la autoridad nominadora en la misma universidad es competente para nombrar y remover a este funcionario, en las condiciones señaladas en el Estatuto General de la Universidad, expedido por el Consejo Superior. ( ) 2 (Se subraya y resalta) Atendiendo a los elementos anteriores y en virtud del artículo 269 de la Constitución Política y 95 de la Ley 30 de 1993, en criterio de esta Dirección Jurídica, corresponde al Consejo Superior a través de los estatutos de la universidad, señalar la facultad nominadora respecto del empleo de Jefe de control interno. Revisado el Acuerdo 05 de 2008, por el cual se modifican los estatutos general, se encuentra que la facultad nominadora en relación con el Jefe de Oficina de Control Interno se le asignó al Censor Universitario. El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Cordialmente, CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ LEON Directora Jurídica Mónica Ivón Escalante / CPH GCJ ER Compilación actualizada y complementada de conceptos sobre control interno a junio de 2002.

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