SENTENCIA: 01271/2008 RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRTIVO REGIONAL DE ASTURIAS

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1 Id. Cendoj: Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Oviedo Sección: 1 Nº de Resolución: 1271/2008 Fecha de Resolución: 27/10/2008 Nº de Recurso: 1734/2006 Jurisdicción: Contencioso Ponente: LUIS QUEROL CARCELLER Procedimiento: Tipo de Resolución: Sentencia Resumen: HACIENDA ESTATAL T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO SENTENCIA: 01271/2008 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS Sala de lo Contencioso-Administrativo RECURSO: 1734/06 RECURRENTE: D. Millán y Dª Dolores PROCURADOR: Dª Cristina García Bernardo-Pendas RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRTIVO REGIONAL DE ASTURIAS REPRESENTANTE: Sr. Abogado del Estado CODEMANDADO: PRINCIPADO DE ASTURIAS REPRESENTANTE: Sr. Letrado del Principado SENTENCIA nº 1271 Ilmos. Sres.: Presidente: D. Luis Querol Carceller

2 Magistrados: D. Antonio Robledo Peña Dña. Olga González Lamuño Romay En Oviedo a veintisiete de octubre de dos mil ocho. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1734/06 interpuesto por D. Millán y Dª Dolores, representado por la Procuradora, actuando bajo la dirección Letrada de D. Juan Carlos Payer Ramírez, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS, representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado. Ha sido parte Codemanda el PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado y dirigido por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Luis Querol Carceller. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia por la que se acuerde declarar nula por no ser conforme a derecho la Resolución de fecha 2 de mayo de 2003 de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias en el expediente, y la resolución del TEARA de 5 de mayo de 2006, en el expediente nº, por los motivos expuestos en la demanda, determinándose el reintegro de todas las cantidades embargadas y puestas a disposición de la Administración Tributaria, con los intereses legales aplicables, con imposición de costas a la parte contraria. SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente. TERCERO.- Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con desestimación del recurso, confirmando la resolución recurrida, con imposición de costas al actor. CUARTO.- Por Auto de 15 de noviembre de 2007, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos. QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma. SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día 23 de octubre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

3 FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se impugna en este proceso la resolución del TEARA de fecha 5 de mayo de 2006, desestimatoria de la reclamación formulada contra el acuerdo dictado el día 2 de mayo de 2003 por el Jefe del Servicio de Inspección Tributaria de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, girando liquidación por el Impuesto sobre Sucesiones por un importe de ,82, para que se anule por no ser conforme a derecho, determinándose el reintegro de todas las cantidades embargadas a los demandantes y puestas a disposición de la Administración Tributaria, más los intereses legales aplicables. Se argumenta en defensa de la pretensión deducida que no nos hallamos ante un derecho hereditario derivado de la adición de bienes a la herencia que hace la Administración Tributaria, sino ante una donación nacida de un acto de disposición voluntaria, que se halla prescrita y el procedimiento inspector caducado, al tiempo que se invocan los principios de justicia impositiva, capacidad económica y de proporcionalidad del sistema impositivo. SEGUNDO.- Como primera consideración debemos determinar la naturaleza jurídica del hecho imponible, calificándolo como adquisición de un bien por herencia como lo entiende la Administración Tributaria o bien por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito intervivos, como pretenden los recurrentes, que surge como consecuencia de la inspección tributaria practicada sobre los bienes de la herencia de D. Mauricio, fallecido el 6 de febrero de 1998, de la que resultó haber omitido en dicha herencia el importe de una c/c de la que era titular, con un saldo al 27 de octubre de 2007, de pts-, cantidad que fue retirada en dicha fecha por D. Felipe, hermano del causante. Sobre este punto se dispone en el artículo 11.1 a) de la Ley 29/1987 de 18 de diciembre del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el artículo 25.1 del Real Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del referido impuesto que, para determinar el caudal hereditario y con ello la base imponible del impuesto sobre sucesiones, se presume que forman parte del caudal hereditario, adicionándose a la herencia, "los bienes de todas clases que hubiesen pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes de su fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquel y que se hallan en poder de persona distinta a un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la justificación suficiente de que en el caudal figuran incluidos el metálico y otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos con valor equivalente", añadiendo el artículo 25.2 del citado Real Decreto que "La adición realizada al amparo de esta presunción afectará a todos los causahabientes en la misma proporción con la que fuesen herederos, salvo que fehacientemente se acredite la transmisión a alguna de las personas incluidas en el Nº 1, en cuyo caso afectará sólo a éste que asumirá a efectos fiscales, si ya no la tuviese, la condición de heredero o legatario". TERCERO.- Las argumentaciones que se hacen en base a los preceptos anteriormente citados, impiden calificar el acto de disposición de los de pts., de la cuenta bancaria del causante, como si se tratase de una donación y, en base a ello, entender que ha caducado el procedimiento de inspección y prescrito el derecho a reclamar la deuda tributaria, pues no existe ninguna prueba en la que apoyar tal afirmación y, aunque así se entendiera, por hallarse autorizado para disponer de la cuenta del titular, los mencionados preceptos establecen como condición necesaria para poder eludir la obligación de adicionar los bienes a la herencia, no solo que los bienes fueron transmitidos por el causante, sino también que la transmisión se haya efectuado a

4 favor de personas distintas a los herederos, legatarios o parientes en el grado indicado o de sus cónyuges. En consecuencia, rechazada la posibilidad de calificar el acto de disposición como donación, decaen las argumentaciones que se hacen sobre la caducidad del expediente de inspección y la prescripción de la acción para reclamar, en base, a la supuesta donación del hecho imponible. CUARTO.- Examinadas las mismas cuestiones desde la esfera del derecho hereditario, el periodo de prescripción de cuatro años se inicia una vez transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la fecha del causante, es decir, el día 6 de agosto de 1998, por lo que cuando le notificaron el acuerdo de comienzo de las actuaciones inspectoras, el día 12 de marzo de 2002, no había transcurrido el indicado plazo de prescripción de cuatro años. Debemos pues de examinar si el inicio de las actuaciones inspectoras determinó la interrupción de la prescripción como preveía el artículo 66 de la Ley General Tributaria, lo que nos conduce a la segunda de las cuestiones suscitadas, en concreto, a la caducidad del expediente de inspección, respecto de la que el artículo 31 del Reglamento General de Inspección de Tributos, en la redacción dada por el Real Decreto 136/2000 de 4 de febrero, vigente a la fecha en que se llevó a cabo la actividad inspectora, establece un plazo máximo de duración de doce meses, si bien no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario, ni los períodos de interrupción justificada, produciendo como efectos el incumplimiento de dicho plazo que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de dichas actuaciones, según el artículo 31 quater del indicado Reglamento El procedimiento de inspección se inició el día 12 de marzo de 2002, con la notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones, cuando no había prescrito el derecho a reclamar por el Impuesto sobre Sucesiones, y concluyó, el 5 de mayo de 2003, con la notificación de la liquidación girada, cuando había transcurrido el plazo de caducidad de doce meses, así como el de cuatro años de prescripción de considerar que el inicio de las actuaciones inspectoras no interrumpió el plazo de prescripción por haber caducado el procedimiento de inspección. QUINTO.- El procedimiento de inspección se excedió del plazo máximo de doce meses por el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 5 de mayo de 2003, tiempo que media entre el plazo de doce meses desde que se inició el procedimiento de inspección y la fecha en que se notificó la liquidación, exceso que la Administración atribuye desde el 12 de febrero al 5 de mayo de 2003 a dilaciones imputables a los obligados tributarios. La controversia se reduce a determinar a quien son imputables las actuaciones practicadas de partir del 12 de febrero hasta el 5 de mayo de 2003, de las que resulta, según diligencia practicada por la actuaria el 25 de febrero de 2003 (folio 16 del expediente), sin que conste la firma del representante de los obligados tributarios, en la que se dice que, concluido el período de alegaciones se solicitó un retraso en las actuaciones del día 12 de al 25 de febrero. El mencionado día 25 de febrero se redactó el acta de disconformidad que tampoco fue firmada por el representante de los obligados tributarios al presentar el mismo día un escrito de revocación del poder de representación (folios 5 a 14 y 18 a 20 del expediente). Por correo certificado con acuse de recibo, de fecha 4 de marzo de 2003, se remitió requerimiento del día 28 de febrero para que comparecieran el día 19 de mayo para proceder a la firma del acta (folios 21 y 22), requerimiento que al no ser atendido, se reiteró por el mismo medio el día 21 de marzo, para que compareciera el día 7 de abril, siendo recepcionado por la esposa del contribuyente el siguiente día 22 de marzo /folios 24 y 25). El citado día

5 7 de abril se procedió a firmar el acta en disconformidad, y a hacer constar por medio de diligencia de la actuaria que todas las dilaciones del procedimiento de inspección desde el día 12 de febrero hasta la indicada fecha eran imputables a los contribuyentes, quienes se negaron a firmar la indicada diligencia. SEXTO.- De la narración de los indicados hechos, no cabe atribuir al obligado tributario el retraso que media entre el 12 y el 25 de febrero de 2005, pues se trata de una mera afirmación que hace la actuaria sin ningún otro apoyo probatorio que pudiera determinar la realidad de dicha afirmación. Por el contrario el período que media entre el citado día 25 de febrero y el 7 de abril de 2003, sólo cabe imputarlo a los obligados tributarios quienes con la revocación del poder que habrían otorgado a su representante impidieron que se firmara el acta el referido día 25, no logrando la Inspección de Tributos fijar nueva fecha para suscribir el acta hasta el señalado día 7 de abril, siguiendo a partir de entonces el expediente de inspección con su tramitación. Consecuencia de lo anterior es que, de los 54 días en que el procedimiento de inspección se excedió del plazo de doce meses, son imputables a los obligados tributarios el periodo de 41 días que media entre el 25 de febrero y el 7 de abril de 2003, por lo que debe entenderse caducado el procedimiento de inspección y por lo tanto no interrumpida la prescripción del derecho a reclamar por el inicio de la actividad inspectora, lo que conduce a la estimación del recurso interpuesto. SEPTIMO.- En materia de costas procesales, no se aprecian motivos o circunstancias para hacer una expresa condena como previene el art. 139 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, FALLO En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso interpuesto por la Procuradora Dª Cristina García Bernardo-Pendas, en nombre y representación de D. Millán y Dª Dolores, contra resolución del TEARA de fecha 5 de mayo de 2006, siendo partes demandadas el Sr. Abogado del Estado y el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, acuerdo que anulamos y dejamos sin efecto por no ser ajustado a derecho, sin hacer expresa condena en costas. Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, y contra la que cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, la pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

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