Causa N : 43115/ NUÑEZ EDUARDO DANIEL c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO SA s/accidente - LEY ESPECIAL

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Patricia Ruiz Ríos
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1 Causa N : 43115/ NUÑEZ EDUARDO DANIEL c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DELTRABAJO SA s/accidente - LEY ESPECIAL Buenos Aires, 13 de diciembre de se procede a votar en el siguiente orden: El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo: I La sentencia de grado anterior, mediante la cual se admitió el reclamo, es apelada por el actor y la demandada según los términos de fs. 203/204vta. y 207/217, que fueron replicados a fs. 219/222 y 224/vta. A fs. 204vta. y 205 el letrado del actor y el perito médico, respectivamente, apelan sus honorarios por estimarlos reducidos. II Respecto de la queja deducida por la aseguradora, adelanto que no tendrá favorable recepción. En tal sentido, advierto que los argumentos que expone carecen de trascendencia, pues no rebaten debidamente los fundamentos del fallo apelado, que se aprecian sustentados en una valoración en sana crítica de las constancias de la causa. Al respecto, considero que no existe controversia acerca de que el actor efectuó la denuncia del siniestro el 08/10/13, como da cuenta de ello la documental agregada a fs. 114/ y 119, según el informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Además, en lo concerniente al rechazo de dicha denuncia que postula en su crítica, cabe destacar que en modo alguno acreditó haber comunicado la suspensión del plazo de 10 días que contempla el art. 22 del decreto 717/96 a los fines de considerar tácitamente admitido el siniestro, ni tampoco demostró la autenticidad de la misiva del 07/11/13 (cfr. fs.23) mediante la cual habría comunicado el rechazo del siniestro, a lo cual se encontraba obligada atento el

2 desconocimiento de dicha documental efectuado por el actor a fs. 54). Sin perjuicio de ello, advierto que mediante la prueba testifical (cfr. fs. 177/178 y 179/180) tenida en cuenta en el fallo recurrido, se acreditó las labores de esfuerzo -con posiciones antiergonómicasllevadas a cabo por el actor que le provocaron las dolencias físicas denunciadas en el escrito de inicio, sin que al respecto la apelante efectuara una crítica concreta respecto de la entidad probatoria otorgada a esas declaraciones, lo cual debilita la crítica. Tampoco ha cuestionado la recurrente la prueba pericial médica en cuanto a las circunstancias generadoras de la incapacidad verificada en el organismo del actor como consecuencia de las labores cumplidas para la asegurada de la apelante, todo lo cual contribuye a ratificar la conclusión a la que arribó la magistrada que me precede, lo cual sella la suerte del cuestionamiento efectuado respecto de la relación causal otorgada a las labores cumplidas por el demandante (cf. arts. 377; 386 y 477 del CPCCN y art. 116, L.O.). Por otro lado, en lo atinente a la aplicación del art. 3º de la ley (B.O.: 26/10/12), cabe destacar que atendiendo a la fecha del siniestro dicha norma se encontraba vigente y, por lo tanto, se encuentra justificada tal decisión, pues se trata de un accidente ocurrido mientras el actor prestaba servicios y no un accidente in itinere como incorrectamente invoca la apelante. En consecuencia, por todo lo expuesto precedentemente, aconsejo confirmar lo resuelto. III En cuanto al disenso que expone el actor, tampoco tendrá acogimiento. Ante todo, considero necesario destacar que como ya lo adelantara, en atención a la fecha de ocurrencia del siniestro, esto es el 08/10/13, el mismo se encontró regulado por las previsiones de la ley

3 Ahora bien, dado que el demandante cuestiona que no se aplicaran las disposiciones del nuevo art. 12 de la ley según modificación introducida por la ley (cf. art. 11), a cuyo fin invoca la inconstitucionalidad de la aplicación temporal que contempla el art. 20 de este último plexo legal, considero que dicho planteo de inconstitucionalidad que efectúa el apelante, carece en esta oportunidad de la fundamentación mínima exigible a toda pretensión de descalificación de una norma dentro del sistema jurídico, si se lo aprecia a la luz de la invariable doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del cuidado y gravedad que implica dicha descalificación. En efecto, cabe recordar que el Máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (Fallos 324:3345; 325:645) y procede en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquélla contraría la norma fundamental, causándole gravamen. Para ello es preciso que se demuestre el perjuicio concreto que le causa la aplicación del dispositivo y no una mera mención de agravios genéricos y conjeturales, tal como surge de la exposición desarrollada por el trabajador en el escrito de agravios; por lo que corresponde desestimar la referida tacha de inconstitucionalidad. Sentado ello, no cabe entonces adecuar el IBM a las directivas del nuevo art. 12 de la ley , modificado por la citada ley (art. 11), ni la aplicación de los intereses de conformidad con lo normado por el art. 770 del Código Civil incorporados por tal modificación a la mencionada norma, por no encontrarse vigente el cuestionado art. 20 de este último plexo legal a la época del siniestro de autos. Por todo ello, entonces, aconsejo confirmar lo resuelto. IV Con relación a las apelaciones de honorarios deducidas por la demandada, el letrado del

4 actor y la perito médica, teniendo en cuenta la calidad, mérito y oficiosidad de las tareas llevadas a cabo en aquella instancia por los profesionales cuyas regulaciones se cuestionan, evaluadas en el marco del valor económico en juego y contemplando la ley vigente a la época en que esos trabajos fueron realizados (cf. Fallos: 321:146; 328:1381, entre otros), considero que dichos emolumentos lucen acordes con esos parámetros y respetuosos de los aranceles legales vigentes, razón por la cual aconsejo confirmarlos, con excepción de los asignados a letrado del actor que por resultar insuficientes sugiero elevarlos al 16 % (cf. art. 38, L.O. y demás normas arancelarias aplicables). En cuanto al límite y prorrateo regulados en la ley , invocados por la aseguradora, cabe destacar que no resulta aplicable al acto regulatorio de honorarios sino al oportuno reclamo de las costas a quienes resultaren responsables de ellas, quien o quienes podrán solicitar la aplicación de aquella limitación o prorrateo, por lo que corresponde desestimar el planteo para esta oportunidad. V - Por la forma en que se resuelven los recursos, sugiero imponer las costas de alzada a cargo de la aseguradora demandada (cf. art. 68, 1º párr., CPCCN) y regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia (cf. art. 14, ley ). El Dr. Roberto C. Pompa dijo: que antecede. Por compartir los fundamentos adhiero al voto El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125, L.O.). A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en lo que fue materia de apelación, con excepción de los honorarios regulados al letrado del

5 actor que se elevan al 16 %; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la aseguradora demandada; 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia y 4) Hágase saber a las partes y peritos que rige lo dispuesto por la Ley y Ac. C.S.J.N. Nro. 38/13, Nro. 11/14 y 3/15 a los fines de notificaciones, traslados y presentaciones que se efectúen. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. Roberto C. Pompa Alvaro E. Balestrini Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: HEW

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