EL CELS PRESENTO UN AMICUS CURIAE PARA QUE AVANCE LA CAUSA CONTRA EL EX JUEZ PEDRO HOOFT

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1 03/01/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 13 EL CELS PRESENTO UN AMICUS CURIAE PARA QUE AVANCE LA CAUSA CONTRA EL EX JUEZ PEDRO HOOFT Pedido contra un amicus de la dictadura El organismo de derechos humanos reclamó una "investigación seria y exhaustiva" sobre el rol del ex magistrado durante el terrorismo de Estado. Fue removido del cargo hace un año y el jury de enjuiciamiento podría empezar en marzo. El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó "una investigación seria y exhaustiva" sobre el rol del ex juez Pedro Federico Hooft durante el terrorismo de Estado en Mar del Plata. El organismo se presentó como amicus curiae ante el Juzgado Federal de Mar del Plata, donde Hooft presentó "numerosos planteos dilatorios" que hasta el momento le permitieron burlar las citaciones a declaración indagatoria, y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que el año pasado suspendió a Hooft y le embargó parte del sueldo, pero nunca concretó el juicio político que anunció hace un lustro. Hooft está imputado por rechazar hábeas corpus de familiares de desaparecidos y por encubrir a los grupos de tareas de Mar del Plata en al menos 17 casos de privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, incluidos los de los abogados laboralistas víctimas de la denominada "Noche de las Corbatas". Las denuncias en su contra las presentaron en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales locales. El mismo año se pidió su juicio político, al que luego continuó aportando pruebas la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata, Natalia Messineo. En marzo de 2009, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió iniciar el proceso, cuatro años después suspendió al juez y ahora promete comenzar el jury el 17 de marzo próximo, tres días antes de celebrar el primer lustro del anuncio original. En la causa penal, Casación le prohibió a Hooft salir del país, el juez federal Martín Bava lo citó a indagatoria cinco veces pero el acusado nunca se presentó y Bava no ordena su captura, con lo cual el proceso sigue estancado. El CELS, en su amicus curiae (figura que permite expresar opinión a terceros ajenos a la causa, pero con un interés justificado en su resolución), enmarca el caso Hooft en el contexto de profundización de las investigaciones sobre la participación de civiles en el terrorismo de Estado, en particular de ex miembros del Poder Judicial. Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, al día de hoy hay un solo magistrado condenado (Víctor Brusa, en Santa Fe), 24 procesados y otros 17 denunciados, en algunos casos con faltas de mérito apeladas por los fiscales.

2 El primer antecedente que cita el CELS sobre denuncias a jueces data de 2006, cuando pidió el juicio político de Guillermo Federico Madueño, que había sido juez de la dictadura en Bahía Blanca y entonces integraba el Tribunal Oral Federal 5 que hoy juzga a los represores de la ESMA. Madueño logró evitar el jury al presentar su renuncia, que le aceptó el entonces presidente Néstor Kirchner, y años después se profugó para no ser detenido. Gracias al auxilio de parientes y amigos de la corporación judicial, murió sin llegar a prestar declaración indagatoria. Del análisis de procesamientos de ex jueces y fiscales, el CELS distingue al menos dos momentos en que podían conocer la ilegalidad de la represión: cuando los familiares de las víctimas presentaban los hábeas corpus y cuando el secuestrado era "blanqueado" y denunciaba los delitos padecidos. En base a jurisprudencia autóctona, distingue a su vez dos tipos de delitos: la omisión de investigar crímenes de lesa humanidad o bien directamente la complicidad o participación secundaria en torturas, secuestros y allanamientos ilegales, entre otras figuras. El ex juez federal Luis Miret y el ex fiscal Otilio Romano, que serán juzgados este año en Mendoza, aparecen como figuras paradigmáticas del rol del Poder Judicial en la represión ilegal y del rechazo sistemático de hábeas corpus. "El aporte fue sustancial para los ejecutores", destacó al confirmar sus procesamientos la misma Cámara Federal que habían integrado hasta meses antes. "El acuerdo, expreso o tácito, pero existente a juzgar por sus acciones posteriores, fue el punto de partida para que el plan clandestino se desarrollara en la forma tan brutal en que se llevó a cabo", señaló la Cámara. En el caso del ex juez riojano Roberto Catalán, procesado como coautor de tormentos, varios sobrevivientes dieron testimonio de su presencia en interrogatorios en cautiverio. Cuando un secuestrado le dijo que lo torturaban y quiso mostrarle las marcas, el juez le respondió "para qué, si soy juez, no médico". El CELS destaca que el uso de la Ley fue "un instrumento más para la represión" que permitió ocultar detenciones ilegales, tratos vejatorios y tormentos, por lo que deben investigarse los delitos cometidos al amparo de esa norma. Finalmente destaca la importancia de los testimonios de las víctimas. Con citas de la Cámara Federal de Mendoza, recuerda que en un contexto de represión clandestina, destrucción de huellas y anonimato de los ejecutores se debe privilegiar el testimonio de las víctimas. "Es fundamental que los jueces valoren los dichos de los testigos, incluso si fuera lo único con que cuentan", destaca el organismo. 03/01/2014 Tiempo Argentino Busca ser amicus curiae en la investigación contra el suspendido juez marplatense

3 El CELS pide opinar en causa contra Hooft El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió participar como amicus curiae de la causa que investiga al suspendido juez federal marplatense Pedro Hooft por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. La organización se presentó ante el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata como amigo del tribunal en un caso que lleva años en instrucción por los "numerosos planteos dilatorios como nulidades, recusaciones y excepciones", explicó el CELS. En noviembre pasado, Hooft recusó por quinta vez consecutiva al juez que lleva la investigación, Martín Bava, y evitó una vez más la declaración indagatoria mientras espera que un demorado Jury del Consejo de la Magistratura bonaerense analice si debe ser destituido. Ante esta situación, el CELS decidió presentarse en la causa para acercar al tribunal "estándares sobre cómo se ha delineado la investigación de este tipo de hechos perpetrados por integrantes del Poder Judicial". La causa contra Hooft se inició en 2006 por una denuncia del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde por haber avalado los secuestros y asesinatos de un grupo de abogados laboralistas durante la llamada Noche de las Corbatas, en julio de El CELS recordó las dificultades que existieron en el país para que la justicia investigue a sus miembros. Según datos del organismo, hasta la fecha hay 24 funcionarios judiciales procesados y 17 denunciados, aunque sólo uno ha sido condenado, el ex juez santafesino Víctor Brusa. "Este avance en la investigación de las actuaciones del poder judicial se enmarca en un contexto de interpelación del rol de la justicia en su conjunto, con miras a su democratización", precisó el organismo. Según el CELS, durante mucho tiempo "primó una idea de jueces, fiscales y secretarios 'inhábiles' para poder enfrentar la maquinaria de terror puesta en marcha por los militares". En los últimos años con la "profundización en la investigación y análisis del modelo represivo" se pudieron "observar acciones concretas de esos funcionarios que implican complicidad, participación o autoría en crímenes de lesa humanidad" y la resistencia, directa o por inacción, de abrir investigaciones judiciales o realizarlas seriamente". 03/01/2014 BAE - Nota - Política - Pag. 20

4 CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES El CELS pide ser aceptado como amicus curiae en la causa contra el ex juez Hooft El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata un petitorio para ser aceptado como amicus curiae, en la causa que investiga por delitos de lesa humanidad al juez suspendido Pedro Federico Hooft. En el escrito, el CELS realizó una reseña del caso Hooft y señaló que el magistrado "durante el trámite judicial ha realizado numerosos planteos dilatorios como nulidades, recusaciones y excepciones". Ante esta situación, el CELS decide intervenir y presentarse como amicus curiae con el fin de acercar al tribunal "estándares sobre cómo se ha delineado la investigación de este tipo de hechos perpetrados por integrantes del Poder Judicial". La figura es la que autoriza a un tercero a dar su opinión ante un tribunal sobre determinado caso. Hooft fue suspendido con motivo de la causa penal en su contra que se abrió el 6 de mayo de 2006 por una denuncia del fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, quien lo acusó de avalar como juez de instrucción de Mar del Plata lo ocurrido en la llamada "Noche de las Corbatas", en julio de 1977, cuando se secuestró y asesinó a un grupo de abogados laboralistas. Según datos del CELS, en los últimos años con la "profundización en la investigación y análisis del modelo represivo" se pudieron "observar acciones concretas" de funcionarios judiciales "que implican complicidad, participación o autoría en crímenes de lesa humanidad". 02/01/2014 Télam - Cable de Noticias LESA HUMANIDAD-HOOFT CELS SE PROPUSO COMO "AMUCIS CURIAE" PARA AYUDAR EN EL CASO HOOFT Buenos Aires, 2 de enero (Télam).-El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ante el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata un petitorio para ser aceptado como "amicus curiae", en la causa que investiga por delitos de lesa humanidad al juez suspendido Pedro Federico Hooft. En el escrito, el CELS realizó una reseña del caso Hooft y señaló que el magistrado "durante el trámite judicial ha realizado numerosos planteos dilatorios como nulidades, recusaciones y excepciones".

5 Ante esta situación, el CELS decide intervenir y presentarse como "amicus curiae" con el fin de acercar al tribunal "estándares sobre cómo se ha delineado la investigación de este tipo de hechos perpetrados por integrantes del Poder Judicial". La figura del "amicus curiae" es la que autoriza a un tercero a dar su opinión ante un tribunal sobre determinado caso. Hooft fue suspendido con motivo de la causa penal en su contra que se abrió el 6 de mayo de 2006 por una denuncia del fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, quien lo acusó de avalar como juez de instrucción de Mar del Plata lo ocurrido en la llamada "Noche de las Corbatas", en julio de 1977, cuando se secuestró y asesinó a un grupo de abogados laboralistas. Según datos del CELS, hasta la fecha hay 24 funcionarios judiciales procesados y 17 denunciados. "A ocho de ellos se les ha dictado la falta de mérito o han sido sobreseídos, resoluciones que han sido apeladas por la fiscalía. Este avance en la investigación de las actuaciones del poder judicial se enmarca en un contexto de interpelación del rol de la justicia en su conjunto, con miras a su democratización", precisó. Según el CELS, durante mucho tiempo "primó una idea de jueces, fiscales y secretarios inhábiles para poder enfrentar la maquinaria de terror puesta en marcha por los militares". No obstante, en los últimos años con la "profundización en la investigación y análisis del modelo represivo" se pudieron "observar acciones concretas de esos funcionarios que implican complicidad, participación o autoría en crímenes de lesa humanidad". El escrito detalló antecedentes de la Justicia, como el caso de Víctor Hermes Brusa, único ex funcionario del Poder Judicial condenado a la fecha. También mencionó los casos de los jueces Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, procesados por la Justicia mendocina, que serán juzgados a partir del 17 de febrero. Para el CELS, los "funcionarios judiciales" procesados por delitos de lesa humanidad son aquellos que "habiendo conocido la implementación del plan clandestino de represión y la ilegalidad del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad mostraron la resistencia, directa o por inacción, de abrir investigaciones judiciales o realizarlas seriamente". (Télam)

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