VOTOS RELEVANTES DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

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1 VOTOS RELEVANTES DE LA SALA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA. CENTRO EDUCATIVO EN CARTAGO NO CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA IMPARTIR LECCIONES. El recurrente adujo que, los alumnos del Liceo Occidental de Cartago entre quienes se encuentra su hija, reciben lecciones en un edificio, no apto para albergar un centro educativo, el cual compromete su seguridad, integridad física y salud. Reclamó que las autoridades del Ministerio de Educación Pública, no han intervenido para solucionar la problemática. Este Tribunal considera que las condiciones apuntadas afectan de forma negativa el desarrollo del proceso educativo tanto de la tutelada como de los demás alumnos, pues, no son las propicias para su desenvolvimiento claramente se indica que las instalaciones no fueron diseñadas para un centro educativo -y, la población estudiantil es mayor a la capacidad locativa. Se declara con lugar el recurso. Atendiendo a las particularidades del presente caso, se ordena al Ministro de Educación Pública, que lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, para que, no se exceda la capacidad locativa del Liceo Occidental de Cartago. CL CENTRO EDUCATIVO. RETARDO EN NOMBRAR PROFESORES PARA ESCUELA DE LOS CHILES POR FALTA DE PRESUPUESTO. Los recurrentes manifiestan, que tienen 3 hijas en la Escuela de Veracruz de Caño Negro, en el cantón de Los Chiles. Aducen que desde hace años han gestionado ante el Ministerio de Educación Pública, que en dicho centro educativo se impartan lecciones de inglés, educación física, educación artística, educación religiosa y educación musical; sin embargo, a la fecha no se han atendido sus requerimientos. Estiman que la omisión de la autoridad recurrida implica una violación a los derechos de los amparados. Se declara con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Educación Pública. Se ordena al Ministro, y al Director de Planificación Institucional, ambos del Ministerio de Educación Pública, realizar las acciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelvan las solicitudes presentadas por el Director de la Escuela de Veracruz de Caño Negro para el nombramiento de profesores de educación musical y educación artística en dicho centro educativo. CL CENTRO EDUCATIVO PRIVADO. EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES POR FALTA DE PAGO DE LA MENSUALIDAD. El recurrente manifiesta, que desde el 3 de setiembre de 2012, sus hijos de 17 y 14 años, estudiantes de quinto tercer año, fueron expulsados del Colegio Saint Michael School por falta de pago. Indica que ambos son estudiantes regulares desde hace más de diez años y que se encuentran suspendidos indefinidamente hasta que no se cancele la deuda que tiene pendiente con el centro educativo. Considera que el referido Colegio ha violentado los derechos fundamentales que le asisten a sus hijos, al no permitir que reciban lecciones. Esta Sala resolvió, con vista del informe rendido por el recurrido, no encuentra este Tribunal Constitucional que en los hechos acusados, el centro educativo recurrido haya dispuesto una medida contraria a derecho, intempestiva o insensible a la condición escolar particular de los menores amparados, máxime que, como la propia jurisprudencia emitida en este tipo de casos ha sostenido, aunque en forma paralela la Constitución Política también garantiza la iniciativa privada en el desarrollo del derecho a la educación, ello no implica que el centro educativo privado esté obligado a brindar el servicio educativo, si el padre de familia no ha cumplido con la contraprestación pecuniaria a la que se ha obligado. (Véase la sentencia número de las 15:15 horas del 13 de agosto de 1996). De manera que, tomando en cuenta que no se ha producido la alegada expulsión de los amparados, y que la suspensión de los servicios educativos que se aplicó a solo uno de ellos, se aplicó considerando el menor perjuicio escolar posible, conforme la normativa aplicable al caso, lo que en todo caso, no se ha ejecutado, procede la desestimación del amparo, como en efecto se declara. Se declara SIN LUGAR el recurso. SL

2 UNIVERSIDAD PRIVADA. RETIENEN TÍTULO UNIVERSITARIO A EGRESADO POR DEUDA PENDIENTE. El recurrente manifiesta que la Universidad Latina de Costa Rica, retiene su título universitario de la carrera de Licenciatura en Medicina y Cirugía y no quiere entregárselo, pese a estar incluso inscrito ante el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada debido a una discrepancia de criterio, lo anterior a pesar de que cumplió todos los requisitos académicos, económicos y legales correspondientes y ha requerido su entrega a través de todas las instancias competentes. Esta Sala resolvió, que la Universidad recurrida debe hacer valer su derecho a que se le paguen las sumas adeudadas por los mecanismos cobratorios previstos por el ordenamiento jurídico, no a través de la negativa de la entrega de documentación académica, lo que incluye el diploma del actor. En consecuencia, debe estimarse el amparo, ordenando al recurrido la entrega inmediata de ese documento. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al apoderado general de la Universidad U Latina Sociedad Anónima, disponer lo necesario para que se entregue el diploma universitario al actor, en la próxima entrega de títulos de la Universidad. CL POSTGRADO. EXPULSIÓN DE POSTGRADO EN ESPECIALIDADES MÉDICAS SIN DEBIDO PROCESO. El recurrente considera lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que según indica, fue expulsado del Programa de Postgrado en Especialices Médicas de la UCR-CCSS, con base en una evaluación de trabajo social del Hospital Nacional Psiquiátrico, cuyos criterios de evaluación y razones de descalificación le han sido negados a conocer. Aduce que como parte de dicha evaluación se tomó en cuenta su orientación sexual, lo que considera discriminatorio. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto a la alegada violación al derecho de defensa del amparado. En consecuencia, se ordena a la Jefa a.i de la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Nacional Psiquiátrico, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que de forma inmediata proceda suministrar por escrito al recurrente las razones y los criterios evaluados por Trabajo Social que motivaron Equipo Interdisciplinario de Selección del Hospital Nacional Psiquiátrico a declararle no elegible mediante boleta del 10 de febrero de 2012, y que además se permita a un profesional en Psicología Trabajo Social o materia afín contratado por el recurrente, tener acceso a toda la documentación para que pueda emitir un peritaje que permita al amparado ejercer su derecho de defensa. En lo demás se declara sin lugar el recurso. CL Parcial ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES MÚLTIPLES NO TIENEN LA ATENCIÓN ADECUADA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. La recurrente quien labora en la Escuela Campo Kennedy de Cariari de Pococí - indicó que atiende 12 estudiantes con discapacidades múltiples, tales como retardo mental leve, severo, moderado, síndrome de Down, autismo severo, y otras discapacidades. Acotó que el código en el que se le ubica es solo para atender casos de retardo mental, por lo que, inclusive, se ve obligada a dividir el grupo. Aseguró que con esto, se afecta negativamente el proceso educativo de los menores. Este Tribunal considera que la Administración está obligada a garantizar una educación de acceso a las personas que como los amparados, necesitan una atención individualizada que considere sus particularidades cognitivas. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena al Director de Recursos Humanos y Directora de Planificación Institucional, ambos del Ministerio de Educación Pública, que, DE MANERA INMEDIATA, coordinen y giren las órdenes necesarias que estén dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso educativo de los menores amparados, tomando en cuenta sus particularidades cognitivas. CL PELO LARGO. PROCEDIMIENTO SIN EL DEBIDO PROCESO. La pretensión de la recurrente es que esta Sala estime este recurso porque los recurridos no le han dado el derecho de defenderse en el procedimiento sancionatorio impuesto a su hijo por el hecho de que dicen que tiene el cabello largo. La Sala considera que que si bien es cierto el amparo se desestima por las razones citadas, deben darle al educando la asistencia necesaria para que en tiempo que se encuentre fuera de la institución no se atrase en las materias que cursa. Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota los recurridos del considerando III de esta sentencia. SL SUSPENSIÓN. COLEGIO SUSPENDE A ESTUDIANTE SIN EL DEBIDO PROCESO. La recurrente considera vulnerados los derechos fundamentales del amparado, por el

3 hecho de que ha sido suspendido del colegio en varias ocasiones, sin que se haya otorgado el debido proceso. Asimismo, se acusó al amparado de fue acusado de robo y se llamó a la policía, por lo que le pusieron las esposas sin la presencia del representante legal. Por último, afirma que el amparado recibe tratamiento psicológico desde que entró a preescolar; no obstante, la institución no brinda los servicios de apoyo en psicología, problemas emocionales y de conducta, como lo establece el artículo 83 inciso b) del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Esta Sala estima que no existió indefensión del menor y, por ende, se brindó la posibilidad de ejercer una apropiada defensa, en respeto de los derechos al debido proceso y de defensa del estudiante amparado. Se declara sin lugar el recurso. SL DISCRIMINACIÓN. NIEGAN MATRÍCULA DE MENOR EN ESCUELA LABORATORIO. Alega la recurrente que la Directora de la Escuela Laboratorio se niega a recibir a su hijo de 12 años de edad. Explicó que al niño se le diagnosticó bajo nivel intelectual y conductas disruptivas que ponen en riesgo su situación académica, por lo que requiere estar matriculado en un aula integrada. Actualmente está matriculado en la Escuela Domingo González Pérez, pero como allí no hay aula integrada, debe trasladarse a la Escuela Laboratorio, que es la más cercana a su casa de habitación. Al respecto, se desprende que, en realidad, las partes pretenden que esta Sala determine en cuál institución debe permanecer el niño. Sin embargo, esta decisión no le concierne a un Tribunal Constitucional. Para efectos de esta Sala lo importante es que al niño no se la ha afectado su derecho a la educación, puesto que se mantiene, y así lo ha estado desde el año 2010, matriculado en un centro educativo. Se declara sin lugar el recurso. SL INSTALACIONES FÍSICAS. SE RECLAMA BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL LICEO DE COSTA RICA. Alega el recurrente que por medio de la ley 5570 de 30 de agosto de 1974 se traspasó al Liceo de Costa Rica la manzana de terreno aledaña al edificio del Liceo; es decir, la finca del Partido de San José número 45513, con sus edificaciones, para ampliar la planta física del colegio. Explica que todos los terrenos traspasados están inscritos a nombre del Liceo de Costa Rica; con lo cual, a esa institución corresponde los derechos de posesión, usufructo y otros. No obstante, la única condición para que Liceo entrara en posesión material del referido inmueble es que se efectuara el traslado de los talleres y demás instalaciones del Ministerio Obras Públicas y Transportes, situación que no ha ocurrido en 38 años. De conformidad con las consideraciones esbozadas en la sentencia se declara con lugar el recurso, por violación al derecho a la educación. Se ordena al Ministro a.i. de Obras Públicas y Transportes, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, realizar y coordinar las acciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia para que el plazo de dos años contado a partir de la notificación de esta sentencia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes desocupe la finca del Partido de San José número que se halla inscrita a nombre del Liceo de Costa Rica Diurno, con el fin de que ese centro educativo pueda tomar plena posesión de dicho bien inmueble. Los Magistrados Jinesta Lobo y Castillo Víquez salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. CL QUEJA. ACUSA QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO FINCA LA CAJA, NO REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR LECCIONES. Alegan los recurrentes que los docentes de la Escuela Finca La Caja, ubicada en La Carpio, alegaron que la infraestructura de ese centro educativo pone en peligro la salud y la integridad de docentes y estudiantes y no garantiza su educación. Explicaron que las instalaciones de la escuela son estrechas, inadecuadas e insuficientes para el proceso educativo. La escuela consta de tres instalaciones separadas, por lo que es necesario trasladarse, con el riesgo consiguiente, por tratarse de una zona marginal. No hay espacios de recreación. El edificio principal está muy cerca de un relleno sanitario. La falta de espacio obliga a laborar en una tercera jornada, lo que implica que cada grupo recibe un máximo de cuatro horas diarias, lo que impide que completar el currículo completo. Se cita la sentencia Está fuera de duda que

4 el centro educativo Escuela Finca La Caja no reúne las condiciones necesarias para el normal desarrollo del proceso educativo. La infraestructura es muy limitada, de manera que se debe reducir el tiempo de lecciones y, de otra parte, pone en riesgo a los estudiantes y docentes al obligarlos a trasladarse entre las distintas edificaciones de la escuela. El Ministerio está obligado a ejecutar una solución que, aunque no sea definitiva, garantice el eficaz desarrollo completo del programa educativo en un ambiente que no ponga en riesgo la salud emocional o física de los estudiantes. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe ese cargo adoptar, dentro del ejercicio de sus competencias, las medidas que sean necesarias para dar solución a la situación en que se encuentra el centro educativo Escuela Finca La Caja, ubicada en La Carpio, dentro del plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia. CL SANCIÓN. ACUSA QUE LE ANULARON PRUEBA DE ESPAÑOL POR SUPUESTO FRAUDE SIN LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES. Alega el amparado que las autoridades del Instituto Educativo San Gerardo, le anularon el examen de español por supuesto fraude, sin previamente otorgarle la oportunidad de defenderse ni respetar los requisitos básicos del debido proceso. En ese sentido, la accionada en el informe rendido alega que el mismo día la madre del menor fue notificada de la situación que se presentó con el amparado, que la recurrente tuvo oportunidad de hacer efectivo su derecho de defensa y no lo hizo, por lo que se procedió a imponer la sanción del caso. Estima este Tribunal que los alegatos vertidos por el recurrido, no son de recibo, toda vez que, si bien es cierto el 26 de abril del 2012, a la madre del amparado se le informó el hecho supuestamente acaecido, por el cual se le estaba informando, lo cierto del caso es que ello no constituye más que una mera información, no un traslado de cargos, una imputación formalmente realizada, con los requisitos que ello exige, tales como individualizar el hecho, poner a disposición de la persona el expediente y las pruebas que en él obran, indicar que puede contar con patrocinio letrado, lo cual evidentemente no se realizó en la especie. Se declara con lugar el recurso. Se anula la sanción impuesta al amparado por la Profesora de Español del Instituto Educativo San Gerardo. CL SANCIÓN. MEDIDA CORRECTIVA SIN APLICAR EL DEBIDO PROCESO. Alega la recurrente que a la menor amparada se le abrió un procedimiento disciplinario por haber cometido supuestamente una falta grave de agresión contra otro estudiante de esa institución y no se le respetó el debido proceso. Al respecto, esta Sala tiene por acreditado, que a la estudiante se le inició un procedimiento disciplinario por aparente incumplimiento de deberes y obligaciones como estudiante -agresión a otro menor de la escuela- y finalmente fue sancionada con el rebajo de quince puntos de la nota de conducta en conformidad con el artículo 87 inciso c) del Reglamento Interno de Evaluación. En el caso bajo estudio, se logró demostrar que en el procedimiento disciplinario tramitado en contra de la estudiante, se han observado las reglas mínimas del debido proceso así como del derecho de defensa, pues en todo momento, la recurrente así como su representante han sido informados de la conducta reprochada, así como de la prueba en su contra y la eventual sanción a imponer. Se declara sin lugar el recurso. SL AULA INTEGRADA. ACUSA QUE AL MENOR AMPARADO NO SE LE BRINDA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA QUE REQUIERE. Alega la recurrente que el tutelado, quien padece retardo psicomotor y problemas de aprendizaje, es alumno regular del Servicio de Aula Integrada de la Escuela Naciones Unidas. Reclamó que al amparado casi no le dan lecciones e, inclusive, es mal atendido. Puntualizó que, se ha gestionado ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, se tomen las medidas pertinentes para solventar las anomalías, sin embargo, han hecho caso omiso a las mismas. Al respecto, ninguna de las autoridades recurridas alegaron y mucho menos acreditaron haber tomado las medidas para garantizar el adecuado desarrollo del proceso educativo del tutelado.

5 Independientemente, de las medidas técnicas y administrativas que correspondan adoptar, la Administración está obligada a garantizar una educación de acceso a las personas que como el amparado, precisan de una atención individualizada que considere sus particularidades cognitivas. Se declara con lugar el recurso. CL UNIFORME. ACUSA QUE DE FORMA INTEMPESTIVA SE LE OBLIGÓ A ADQUIRIR UNA CAMISA CON EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN. Alega el recurrente que, de forma intempestiva, se impuso a los estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Santo Domingo de Heredia la obligación de adquirir y utilizar una camisa, con el logo de la institución, para poder ingresar a sus instalaciones. Estima que tal situación infringe sus derechos fundamentales. Al respecto la autoridad recurrida explica que la referida medida obedece a una propuesta de los propios estudiantes del centro educativo y constituye una medida de seguridad, a fin de poder distinguir a los alumnos de la institución y controlar el ingreso de los mismos a sus instalaciones, en resguardo de la seguridad de los estudiantes y docentes. Se cita la sentencia y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se declara sin lugar el recurso. SL ADECUACIÓN CURRICULAR. ACUSA QUE EN LA UNIVERSIDAD NO SE APLICA ADECUACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA EN LAS MATERIAS DE LA CARRERA DE DERECHO. El recurrente pretende que esta Sala le ordene al Rector de la Universidad del Valle la aplicación de adecuaciones curriculares significativas, en vista de las alteraciones mentales crónicas e irreversibles que dice tener, a efecto de que el contenido de las asignaturas y de los exámenes se adecue a su condición intelectual, para así poder aprobar las materias correspondientes a la carrera de Derecho. Se cita la resolución Nº Una vez analizados los hechos, estima este Tribunal Constitucional que para el caso expuesto por el recurrente, son de recibo las mismas argumentaciones referidas en la resolución mencionada, por ende, y al no existir motivos para variar esos fundamentos, es que se debe proceder al rechazo del presente recurso, por improcedente. Se rechaza por el fondo el recurso. RF POLÍTICAS INSTITUCIONALES. ACUSA QUE SE LE APLICAN BOLETAS DE DISCIPLINA POR EL CORTE DE PELO QUE UTILIZA. Alega la recurrente que su hijo es estudiante regular de la Escuela Naciones Unidas y constantemente es sancionado con boletas por andar un peinado estilo Mohawk. Estima que ese corte de pelo no está prohibido en el Reglamento Interno correspondiente. Se cita la sentencia y con base en las consideraciones dadas en la sentencia, se rechaza por el fondo el recurso. RF BECAS. DENEGATORIA DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS DE FONABE. Alega la recurrente que la entidad bancaria recurrida rehusó dar apertura a nuevas cuentas a favor de la población beneficiaria de una beca de FONABE, al argumentar motivos de seguridad bancaria y requerimientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, en razón de lo cual, para el curso lectivo 2012 casi estudiantes beneficiados con becas del Fondo no se les cancelaron debido a que no contaba con cuentas bancarias. Esta Sala es conciente de las obligaciones legales y reglamentarias a las que se encuentra sujeto el Banco recurrido, así como su potestad de suscribir convenios con quienes les parezca procedente y que también hay otros bancos estatales que podrían prestar ese servicio, pero el hecho de que se hubiere comunicado tal decisión con tan poca anticipación, sin tomar en cuenta las repercusiones en la población destinataria, que como se indicó, es de especial vulnerabilidad, no hay duda que es violatorio de su derecho a la educación, pues tal ayuda estatal es fundamental para su permanencia y estudio en los centros educativos nacionales, máxime que el curso lectivo se encontraba

6 avanzado. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Presidente de la Junta Directiva y al Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica, que procedan de forma inmediata a abrir y mantener abiertas las cuentas de las personas beneficiarias del Fondo Nacional de Becas, conforme venían funcionando, hasta tanto se establezca otra alternativa que les permita retirar los dineros correspondientes al beneficio de becas, hasta tanto no se establezca otra alternativa que les permita retirar los dineros correspondientes al beneficio de becas. CL GUÍAS SEXUALES. DERECHO Y DEBER DE LOS PADRES DE VIGILAR LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Alegan los recurrentes, que el señor Ministro de Educación a inicios del mes de junio del presente año, aprobó los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad. Consideran que no se puede separar la educación sexual que les darán a sus hijos de las creencias religiosas, o los principios morales, que como padres de familia tienen derecho a transmitir a sus hijos e hijas. Aducen que como padres tienen el derecho natural, originario, primario e inalienable de educar a sus hijos. Consideran que la autoridad parental, también conocida como patria potestad, confiere a los padres de familia el derecho -deber, de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a sus hijos e hijas (artículo 143 del Código de familia de Costa Rica). Manifiestan su desacuerdo con la omisión cometida por el ministerio recurrido, al no consultar o pedir la opinión de los padres de familia sobre los programas de educación sexual, actuación que a criterio-, lesionas sus derechos legales y constitucionales. Por mayoría, se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la violación de la libertad de conciencia. Debe el Ministerio de Educación Pública establecer la forma en que los representantes del menor puedan hacer la respectiva objeción a través de un mecanismo ágil y sencillo. En lo demás se declara Sin lugar el recurso. El Magistrado Cruz Castro declara con lugar el recurso en todos sus extremos y da razones diferentes. La Magistrada Calzada y el Magistrado Rueda, con razones separadas, declaran sin lugar el recurso y aclaran, con base en el Principio del Interés Superior del Menor, que la opinión de las personas menores de edad siempre debe ser considerada. El Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos al considerar que no se infringe la libertad religiosa ni el principio de participación. CL Parcial CERTIFICACIÓN. DENEGATORIA DE ENTREGA DE CERTIFICACIÓN POR DEUDA. Los recurrentes reclaman que el centro educativo privado recurrido se niega a brindarles los documentos que acrediten que el amparado ya cursó el cuarto y parte del quinto grado. En aplicación del Principio del Interés Superior del Menor, esta Sala pondera la situación y resuelve a favor del niño afectado. El hecho de que la parte amparada haya tenido que acudir a un proceso jurisdicional para obtener las certificaciones requeridas y la aceptación de la aludida deuda pendiente con la institución educativa privada accionada, constituyen indicios suficientes para sostener una relación de causalidad entre la existencia de tal deuda y el hecho de que el amparado aún no tenga las certificaciones requeridas. En mérito de lo anterior, se constata la alegada lesión al derecho a la educación del amparado Se declara parcialmente CON lugar el recurso, únicamente contra el Complejo Educativo Royal S.A. Se ordena a Apoderada Generalísima del Complejo Educativo Royal, entregarles de inmediato a los representantes del menor amparado las certificaciones de notas obtenidas y toda la documentación requerida para continuar su proceso educativo. En cuanto al Ministerio de Educación Pública se declara sin lugar el recurso. Notifíquese en forma personal a Apoderada Generalísima del Complejo Educativo Royal, o a quien en su lugar ocupe el cargo. Comuníquese. CL EXAMEN. DENEGATORIA DE ENTREGAR EL EXAMEN DE CONVOCATORIA El recurrente, estudiante regular del Colegio Técnico Profesional Industrial José Figueres Ferrer, indica que en el curso lectivo 2011 perdió la materia de español; por ello, presentó la prueba de ampliación. Posteriormente, la docente informó vía telefónica que había aprobado la materia y el centro de

7 enseñanza recurrido emitió una certificación en donde se indicaba que el amparado se encontraba en duodécimo nivel de la educación diversificada para el curso lectivo No obstante, dos meses después se informó al amparado que su condición de estudiante era del grado académico de undécimo año; no obstante, nunca se entregó el examen, no se permitió ejercer el derecho de defensa y actualmente pretenden devolver al amparado al año inferior, sin brindar un debido proceso. Considera la Sala que el deber del docente consiste en entregar a los estudiantes y al Director del Centro Educativo, dentro de los tres días hábiles posteriores a su aplicación, las pruebas respectivas debidamente calificadas con el señalamiento de los errores cometidosse declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Director del Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer, disponer lo que corresponda, para que se entregue al amparado la prueba de convocatoria de español, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de esta resolución. CL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. JUEGOS DEPORTIVOS. Solicita el recurrente que este Tribunal le ordene al Jurado de los Juegos Deportivos Estudiantiles, Edición 2012 que disponga un calendario de juegos en donde exista igualdad de condiciones para todos los competidores. En este caso la Sala señala que no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de las diversas dependencias u órganos de la Administración y no puede reemplazarlos en la gestión de sus competencias. Se cita el artículo 9 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se rechaza de plano el recurso. RP ACCESO A LA EDUCACIÓN. NO NOMBRAN PROFESOR EN ESCUELA UNIDOCENTE BAJO DE LAS ESPERANZAS. Alega lesión al derecho a la educación de los estudiantes de la Escuela Bajo de las Esperanzas de Pérez Zeledón debido a que no reciben clases. Además alega lesión al debido proceso por la instauración de un procedimiento administrativo en su contra. El Derecho a la Educación o libertad de enseñanza comprende, en su contenido esencial, un haz de facultades que atañen a cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso educativo integral. En nuestro ordenamiento constitucional, el derecho de aprender, por lo menos hasta cierto estadio, se configura, como un poder-deber, dado que, la educación preescolar y la general básica son obligatorias. La Sala constata que durante cinco semanas los estudiantes de la Escuela Bajo de las Esperanzas de Pérez Zeledón no recibieron lecciones, situación que lesiona el derecho a la educación de esos estudiantes y la continuidad del servicio público. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso. La Sala rechaza la lesión al debido proceso de la amparada. CL MATRICULA. DENEGATORIA DE MATRICULA EN COLEGIO POR FALTA DE CUPO. Acusa la recurrente violación del derecho a la educación en perjuicio de su hijo pues para curso lectivo 2012 decidió enviarlo al Liceo Ricardo Moreno Cañas, mismo que se encuentra ubicado cerca de su casa. No obstante, cuando procedió a matricularlo le informaron que no era posible, pues el cupo era limitado. En vista de ello, se presentó al Liceo de Palmares, pero también le negaron la matrícula por haber perdido un año. Manifiesta que actualmente su hijo se encuentra sin ir a clases. Este Tribunal ha establecido que el derecho a la educación lo que garantiza es la posibilidad de acceso de todo ciudadano a la educación que estime conveniente, sin que por esto se establezca en forma automática, el derecho de todas las personas a ingresar al centro de enseñanza de su predilección. Así, no existe un derecho fundamental de ingreso a un determinado centro educativo sino que, para efectos de tutela constitucional, lo que importa es que los educandos tengan la posibilidad efectiva de ingresar a una institución para realizar sus estudios. Con base en las consideraciones anteriores no encuentra la Sala, en suma, arbitrariedad alguna en lo actuado, ni que se conculcara los derechos del tutelado, por lo que el amparo debe desestimarse. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, las autoridades del Ministerio de Educación Pública no habían dispuesto lo necesario para que el tutelado pudiera matricular en algún otro centro educativo donde sí quede algún espacio. De ahí, que resulta evidente que se ha incumplido con la obligación correspondiente, afectando en forma

8 directa, el derecho a la continuidad educativa del menor amparado, con lo cual, el recurso debe estimarse. CL PELO LARGO. ESTUDIANTES DE COLEGIO DEBEN ACATAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SOBRE PRESENTACIÓN PERSONAL. El recurrente alega que sus hijos son estudiantes de la Escuela Jesús Jiménez Zamora, y debido al uso del cabello largo han perdido puntos en la nota de conducta. Además, afirma que los tutelados sufren de maltrato por parte de los docentes del centro educativo recurrido, situación que estima lesiva de sus derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal Constitucional ha indicado que las regulaciones que dispongan las instituciones educativas sobre la apariencia personal no quebrantan ningún derecho fundamental, salvo, claro está, que sean discriminatorias o irrazonables. Se ha establecido que los estudiantes de secundaria están bajo la autoridad y vigilancia del Centro Educativo en el cual cursan sus estudios y están obligados a portar el uniforme y a cuidar su presentación personal en los términos en que se regule en la normativa correspondiente, sin que ello implique una vulneración a sus derechos fundamentales, pues precisamente por su situación de menoridad y la fase de formación en la que se encuentran, su apariencia personal debe ser acorde con las disposiciones que al respecto rigen en la Institución en la que se encuentran, a cuya orientación y autoridad han de someterse. Se declara sin lugar el recurso. SL EXPULSIÓN. DE CENTRO INFANTIL POR RAZONES DE CONDUCTA. Señala la recurrente que es madre de un menor de dos años de edad que ingresó a Centro Infantil, sin embargo según le han indicado las maestras y directora del Centro, se han presentado problemas con el menor ya que muerde a sus compañeros de clase en repetidas ocasiones, se le entregó un documento donde se le comunicó por escrito que esa institución no podrá brindar más servicio y atención a su hijo, debido a que su conducta persistió, lo anterior sin haberle otorgado su derecho de defensa y debido proceso. Según las consideraciones de esta Sala lo procedente es declarar el recurso sin lugar. Se declara sin lugar el recurso. La Magistrado Calzada Miranda y el Magistrado Cruz Castro Salvan el voto y declaran con lugar el recurso.- Con todas sus consecuencias. SL ACCESO A LA EDUCACIÓN. ACUSA QUE NO HAN NOMBRADO DOCENTE EN CENTRO EDUCATIVO. Alega el recurrente que en la Escuela Juana Dennis Vives; sin embargo, ahí no han nombrado a una docente en el aula integral, pese a que requiere una educación especializada. En este caso, la Sala señala que lleva razón el recurrente en el agravio alegado, toda vez que el no poder acceder a la educación que requiere, lesiona ineludiblemente la eficiencia, calidad, continuidad y eficacia de su educación. Se cita el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se cita el voto Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Viceministra Académica, la Directora de Desarrollo Curricular, la Directora Regional de la Dirección Regional de Educación de Turrialba y Jiménez, y al Supervisor de Centros Educativos del Circuito 02 de la Dirección Regional de Educación de Turrialba y Jiménez, todos del Ministerio de Educación Pública, o a quiénes en su lugar ocupen esos cargos, que, según el ámbito de sus competencias, de forma inmediata realicen las gestiones necesarias para garantizar que al menor amparado se le brinde el apoyo educativo necesario para que reciba la educación especializada que necesita, según sus necesidades y, así, garantizar el efectivo goce del derecho a la educación. Comuníquese. CL

9 MATRÍCULA. NIEGAN MATRÍCULA EN RAZÓN DE CUPO. Alega el recurrente que en diciembre de 2011 se presentó a matricularse en el Colegio Joaquín Gutiérrez Mangel; no obstante, en contra de su derecho a la educación, las autoridades recurridas le manifestaron que, por motivos de cupo, lo dejarían en lista de espera hasta el mes siguiente, por lo que en esa fecha se presentó nuevamente a la Institución, pero le informaron que debía buscar espacio en otro centro educativo. En este caso, la Sala señala que se verifica que el menor se encontraba matriculado, previamente, en otro centro educativo y que, existieron razones objetivas por las cuales el Colegio Joaquín Gutiérrez Mangel no pudo aceptar su matrícula de traslado, sea, la sobrepoblación estudiantil, con el consecuente detrimento en la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes. Se declara sin lugar el recurso. SL ACCESO A LA EDUCACIÓN. ACUSAN FALTA DE PROFESORES EN CENTRO PENITENCIARIO. Alegan los recurrentes que son policías penitenciarios del Centro de Atención Semi-institucional San Agustín y que, pese a que desde el 2009 ingresaron a la educación formal mediante un convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Paz, y el Ministerio de Educación Pública, durante el 2011 y lo que va del 2012 no han nombrado ni enviado al centro penal los profesores que requieren para continuar con su proceso educativo. En este caso, la Sala señala que es necesaria la autorización de la modalidad de Educación Abierta en la Sede Centro Penal San Agustín, a efecto de que sea llevada a la práctica y, en consecuencia, a los amparados se les continúe asegurando su derecho a la educación, toda vez que actualmente no se cuenta con elementos probatorios suficientes que acrediten si en el centro se aplican los cursos alegados. Se cita el voto de las 09:57 horas del 19 de agosto del Se cita el artículo 83 de la Constitución Política y 45 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Educación Pública y Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ejerzan esos cargos, que de inmediato tomen las medidas necesarias para que los recurrentes continúen su proceso de educación. Comuníquese. CL SANCIÓN. ACUSA QUE ESTUDIANTES DEBEN ESPERAR HASTA SIGUIENTE LECCIÓN EN CASO DE RETRASO DE DIEZ MINUTOS. Alega la recurrente que su hijo padece síndrome de down y que, en el centro educativo en el que su hijo estudia, existe una disposición que señala que en caso de atraso de diez minutos, el estudiante deberá esperar hasta la siguiente lección para ingresar, lo cual considera lesivo a los derechos fundamentales del menor, toda vez que no se están considerando aspectos ajenos a su responsabilidad, como por ejemplo el transporte. En este caso, la Sala que los centros educativos pueden establecer directrices que regulen la llegada tardía de estudiantes y que, el centro educativo es el responsable de los alumnos o estudiantes a su cargo, por lo que deberán establecer un programa que permita ocupar a los estudiantes en alguna actividad educativa cuando no les sea permitido el ingreso en el aula, de tal forma que se resguarde la seguridad de los menores. Se citan los artículos 77, 78 y 79 de la Constitución Política. Se declara con lugar el recurso. Se advierte a la Directora y a la docente recurrida, ambas del Centro de Integración San Felipe Neri, que deberán abstenerse de incurrir nuevamente en las acciones u omisiones que dieron mérito para que se acogiera el presente amparo. Tomen nota los recurridos del Considerando último de esta sentencia. Comuníquese al Ministro de Educación Pública. CL DISCRIMINACIÓN. NO PERMITEN A ESTUDIANTE UNIVERSITARIO INGRESO A CENTRO DE ESTUDIOS POR EL ESTILO DE SU PELO.Alega el recurrente quien es afrodescendiente, que es estudiante regular del la Universidad de Ciencias Médicas desde enero de dos mil once. Indican que, durante el periodo de vacaciones dos mil once-dos mil doce, el amparado decidió cambiar su estilo afro por un corte conocido en su cultura como dreadlooks. Señalan que las clases iniciaron el dieciséis de enero de dos mil doce, pero, el ocho de febrero de dos mil doce, el amparado fue abordado por la Coordinadora de Vida Estudiantil, quien delante de tres compañeros regañó al amparado y le dijo que su corte de cabello no era apto para la universidad y que ese peinado se encontraba en contra del Código de Vestimenta. Manifiestan que el viernes diez de febrero de dos mil doce, al salir de la universidad para almorzar, el oficial de seguridad de la entrada principal le indicó al amparado que el decano de la Carrera de Medicina había girado la orden de impedirle la entrada a la

10 universidad con ese corte de cabello. Afirma que lo amenazaron con no dejarlo ingresar de nuevo a clases hasta que tuviera un corte de cabello conforme lo exige el centro de estudios. Agregan que el amparado tiene el temor de ser nuevamente humillado por sus raíces étnicas y se rehúsa a tener que cambiar su corte de cabello, pues considera que eso implicaría cambiar también su tono de piel y su cultura, por lo que, consideran lesionados sus derechos fundamentales. Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Rector de la Universidad de Ciencias Médicas y Delegado Ejecutivo de la Fundación Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, abstenerse de impedirle al amparado la continuidad de sus estudios en la Universidad recurrida por las razones expuestas. La Magistrada Calzada Miranda y el Magistrado Jinesta Lobo ponen nota y dan razones adicionales. CL MATRICULA. SE ACUSA QUE NIEGAN MATRÍCULA EN CENTRO EDUCATIVO POR FALTA DE CUPO. Alega el recurrente que en el Colegio Mexico y Colegio Napoleón Quesada le niegan el derecho de continuar con su proceso educativo, puesto que no se le matriculó para este curso lectivo, bajo los argumentos de que no hay espacio en las aulas, así como la falta de capacidad de los profesores para atenderla y que, la menor no pudo continuar sus estudios en el Colegio Técnico de Calle Blancos toda vez que para este curso lectivo 2012 no abrieron la especialidad que cursaba. En este caso, la Sala señala que se descarta violación a los derechos fundamentales de la amparada, toda vez que se persigue que los educandos tengan acceso a la educación, sin que necesariamente sea el centro educativo de su predilección y que, en este caso se verifica que las autoridades del Colegio Técnico de Calle Blancos le ofrecieron la ayuda correspondiente con la salvedad de que la amparada debería elegir otra especialidad, puesto que en el centro no se imparte la especialidad que cursaba.. Se cita el voto de las 12:48 horas del 6 de febrero de Se declara sin lugar el recurso. SL BECAS. NIEGAN DEPÓSITO INCENTIVO DE FONABE PORQUE LA ENCARGADA NO TIENE CÉDULA DE RESIDENCIA. Alega el recurrente que el FONABE no ha depositado al amparado -quien sufre de parálisis cerebral- el monto de la beca que le fue otorgado. En este caso, la Sala señala que lleva razón la recurrente, toda vez que las autoridades condicionan el otorgamiento del incentivo a la vigencia de la cédula de residencia de la encargada del amparado. Se cita el voto de las ocho horas y cuarenta y nueve minutos del uno de octubre del dos mil diez. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a la Presidenta de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Becas del Ministerio de Educación Pública (FONABE) que, DE MANERA INMEDIATA, realice las gestiones pertinentes para que al tutelado se le otorgue, nuevamente, la beca que disfrutaba. Esto, siempre que alguna otra circunstancia no lo impida. CL DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. NO ADMITEN PELO LARGO EN COLEGIO PÚBLICO. Alega el recurrente lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que le está siendo negado el ingreso al Centro Educativo Liceo de Costa Rica en razón de su cabello largo. En este caso, la Sala señala que los estudiantes de secundaria están bajo la autoridad y vigilancia de la institución en la que cursan sus estudios y están obligados a portar el uniforme y a cuidar su presentación personal en los términos en que se regule en la normativa correspondiente, sin que ello implique una vulneración a sus derechos fundamentales y que, se demostró que al estudiante nunca se le ha aplicado una llamada de atención o boleta de conformidad con los registros que tiene el colegio, o en razón del largo de su cabello. Así se descarta el agravio señalado. Se cita el voto de las nueve horas y cinco minutos del veintisiete de noviembre del dos mil nueve. Se declara sin lugar el recurso. SL CENTRO EDUCATIVO. NIEGAN A ESTUDIANTES SALIR DE RECINTO EDUCATIVO. Alega la recurrente que es estudiante regular del Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), ubicado en Belén de Carrillo, Guanacaste y que la Directora de esa institución educativa ha dictado una serie de medidas administrativas en cuanto al egreso de estudiantes de la institución que son, en su criterio, arbitrarias, ilegítimas y violatorias de la libertad de tránsito. En este caso, la Sala señala que la medida adoptada por la administración no se consideran irrazonable toda vez que con ella se pretende garantizar la seguridad,

11 integridad física y patrimonial de los menores educandos y de las personas mayores de edad - estudiantes o no- que permanecen en el Centro Educativo y quedó demostrado, que existe un protocolo sencillo de salida de la institución, que no implica per se, una restricción arbitraria de la libertad personal de los estudiantes. Se cita el artículo 15 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Se cita el voto No de las 10:21 horas de 16 de julio de Se declara sin lugar el recurso. COMUNÍQUESE. SL SANCIÓN. POR MENSAJES EN FACEBOOK. Alega la recurrente que se lesionó su derecho al debido proceso, al imponerle la sanción de suspensión por el resto del curso lectivo, por haber enviado mensajes vía facebook a través de computadoras de sus compañeros, sin haberle dado audiencia previa, con sus padres y representante legal. En este caso la Sala señala que la recurrente no tuvo un traslado de cargos previo, ni oportunidad para que ella, su familia o su representante legal presentaran prueba de descargo o refutaran los hechos imputados. Se declara con lugar el recurso. Se anula la sanción impuesta a la actora el 13 de marzo de 2012 de interrupción del proceso educativo por el resto del período lectivo. CL EXAMEN. LE LIMITAN REALIZACIÓN DE EXÁMENES POR SUFICIENCIA. Alega el recurrente que en el Liceo Mauro Fernández no le permiten realizar la materia de matemáticas por medio de examen de suficiencia o tutoría, por lo que en el curso lectivo del 2013 únicamente tendrá que llevar esa materia. En este caso la Sala señala que ha sido debidamente acreditado que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No MEP, denominado Reforma Integral de las Normas Reguladoras de la Promoción y Repitencia dentro del Sistema Educativo Público Costarricense, Decreto No MEP no se observa lesión a los derechos del recurrente, toda vez que puede cursar materias de grados superiores simultáneamente con las pruebas que tenga pendientes. Se declara sin lugar el recurso. SL MATRICULA. SE NIEGA POR FALTA DE CUPO. Alega la recurrente que por razones personales, se tuvieron que ir a vivir a Pérez Zeledón y solicitó matrícula en dos centros educativos, y en ambos le negaron la matrícula a su hijo, aduciendo la supuesta falta de cupo. En este caso, la Sala señala que la falta de cupo es una razón objetiva para denegar la matrícula, sin embargo, dicha circunstancia se torna ilegítima cuando las autoridades del Ministerio de Educación Pública no le ofrecen al estudiante otra opción en la que pueda continuar con sus estudios. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena al Director Regional de Educación de Pérez Zeledón, o a quien ocupe su cargo, disponer, en forma inmediata, lo necesario a efecto que el amparado sea matriculado, de manera definitiva, en un centro educativo cercano a su domicilio y en el nivel que le corresponde. CL PRESUPUESTO. ELIMINAN LECCIONES DE MÚSICA EN CENTRO EDUCATIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO. Alega el recurrente que por razones presupuestarias del Ministerio de Educación Pública, en el centro educativo del amparado dispusieron no impartir más lecciones de música a los menores. En este caso, la Sala señala que la educación no sólo es un derecho fundamental, sino que además, constituye un servicio público a cargo del Estado, que como tal, reúne las características propias de éste, así bajo esa inteligencia, se ha reconocido que el Estado debe adoptar las medidas necesarias, a fin que la educación se brinde en forma continua y eficiente. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a al Director de la Dirección Regional de Educación de San José Central y a la Directora de la Escuela Granadilla Norte de la Dirección Regional de Educación San José Central, ambos del Ministerio de Educación Pública -cada uno dentro del ámbito de sus competencias- o a quienes ocupen los cargos, adoptar de inmediato las acciones administrativas necesarias para asegurar que en el curso lectivo 2012 se imparta la materia de Educación Musical y Artes Plásticas en la Escuela Granadilla Norte. CL MENOR CON DISCAPACIDAD. NO LE DAN ACCESO A EDUCACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO. La recurrente, madre del menor amparado, considera que a este se le están violentando sus derechos fundamentales (igualdad por ser persona discapacitada, y educación) por el hecho de que, fuera denegada la solicitud de la Directora del Centro de

12 Enseñanza Especial Lenin Salazar Quesada -donde su hijo cursa el kinder- de un código de deficiencias visuales, bajo el argumento de falta de presupuesto. Se declara CON LUGAR el recurso, en consecuencia se ordena al Viceministro Administrativa del Ministerio de Educación Pública y a la Jefe del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, proceder de inmediato, cada una dentro del ámbito de sus competencias, a girar las instrucciones del caso a efectos de que las necesidades especiales del menor amparado sean debidamente atendidas -y del resto de menores con discapacidad visual-, en especial las referidas a su discapacidad visual, ofreciéndole a la recurrente, la docente a cargo del menor y la Directora del Centro de Enseñanza Especial Lenin Salazar Quesada el apoyo requerido para su proceso educativo, sea personal especializado, apoyo curricular, ayuda técnica, material didáctico adaptado, asesoramiento, capacitación de la docente, entre otros. CL TÍTULOS. SE NIEGA LA ENTREGA DE TÍTULOS A CENTROS NO AVALADOS POR EL MEP. Alega el recurrente que como consecuencia de la falta de fiscalización del Ministerio de Educación Pública, matriculó a la amparada en un centro educativo privado donde le entregaron un título no avalado por el Ministerio de Educación Pública, lo que le impide continuar su proceso educativo. En este caso la Sala señala que la educación no solo se puede concebir como un derecho de los ciudadanos, sino también como un servicio público, entiéndase una prestación positiva que brindan a los habitantes de la república las administraciones públicas - en este caso el Estado a través del Ministerio de Educación Publica- y que, con base en los hechos expuestos es la menor, quien sufre las consecuencias de la inercia de las autoridades públicas y privadas en el proceso de acreditación y supervisión. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que atañe al derecho a la educación. Se le ordena a la Viceministra Académica y Jefe del Departamento de Centros Docentes Privados del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ejerzan esos cargos, disponer lo necesario para que se le permita a la menor amparada continuar su proceso educativo. CL Parcial SANCIÓN. SE ORDENA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN PARA QUE MENOR SEA MATRICULADA EN OTRO CENTRO EDUCATIVO. Alega la recurrente que debido a que su hija cometió una falta grave, las autoridades del centro educativo amparado le indicaron que debían indemnizar a la alumna afectada, limpiar y lijar pupitres. Sin embargo, se le puso una nota de 59 en conducta, con lo cual perdió el año, por lo que considera que existe una doble sanción. En este caso la Sala señala que cuando se trae a colación la prohibición de doble sanción, establecida en el artículo 42 de la Constitución Política, se refiere concretamente a no juzgar dos veces el mismo hecho e imponer dos sanciones distintas en dos procedimientos de la misma índole que tengan como base los mismos hechos y en este caso quedó demostrado que la amparada no fue obligada a realizar labores de limpieza, no obstante sí fue advertida del rebajo de puntos. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la falta de emisión de la documentación necesaria para que la amparada pueda ser trasladada a otro centro educativo. En consecuencia, se ordena a la Apoderada Generalísima sin límite de suma de la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora, o a quien en su lugar ejerza el cargo, realizar de forma personal E INMEDIATA, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, las acciones necesarias para asegurarse que la amparada sea matriculada en otro centro educativo en el nivel de octavo año y en caso de que debido al avance del curso lectivo no sea aceptada en otra Institución, deberá aceptarla en el Centro que dirige. PCL MATRICULA. SE NIEGA POR FALTA DE CUPO. Alega la recurrente que si bien su hija es alumna regular del Liceo de Heredia, fue rechazada para el presente curso lectivo, toda vez que, le indicaron que ella no era alumna de dicha institución y que tenían que darle oportunidad a otros estudiantes, por lo que, se trasladó al Liceo de los Lagos de Heredia, que es otra de las Instituciones donde también le corresponde a la amparada a estudiar, y después de tres semanas de espera para que le atendiera la Subdirectora, le manifestó que no tenían espacio disponible. En este caso la Sala señala que cuando una institución educativa presente limitaciones locativas para matricular estudiantes, corresponde al respectivo Supervisor en asocio con los directores de instituciones educativas de su jurisdicción, adoptar las medidas necesarias que garanticen el ingreso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y en caso de no resolverse, le corresponderá al Director Regional, por lo

13 que en este caso al comprobarse la negligencia de las autoridades recurridas se acredita el agravio alegado. Se declara con lugar el recurso. CL ADECUACIÓN CURRICULAR. NO SE TOMA EN CUENTA DIAGNÓSTICO MÉDICO. Alega la recurrente que no se aborda el caso de su hijo en el centro educativo donde estudia de acuerdo con la discapacidad que sufre y se le impuso una sanción de interrupción del proceso educativo sin indicarle cómo puede impugnarla. En este caso la Sala señala que se demostró que las autoridades recurridas no hicieron referencia respecto a si se ha tomado en consideración el diagnóstico del Hospital Nacional de Niños de retardo mental leve a efectos de establecer algún tipo de adecuación curricular que se ajuste sus capacidades, lo cual es contrario a su derecho a la educación y a la igualdad, en la medida en que no estaría siendo tratado de acuerdo con circunstancias personales que son relevantes para el proceso educativo. Se declara con lugar el recurso. Se anula la sanción impuesta al tutelado el 13 de marzo de 2012 de interrupción del proceso educativo por treinta días naturales. Asimismo, se ordena al Director de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith, y a la Directora Regional de Limón del Ministerio de Educación Pública, o a quienes ocupen sus cargos, disponer lo necesario para que se establezca, a la mayor brevedad posible, si al menor le corresponden adecuaciones curriculares y, de ser así, que sean implementadas de forma inmediata. CL CLASES DE INGLÉS. AUSENCIA DE CÓDIGOS NO PERMITAN LECCIONES DE INGLÉS. Alega el recurrente que a los estudiantes de la Escuela La Isla, ubicada en la comunidad del mismo nombre en San Vito de Coto Brus, se les violenta el derecho a la educación dado que, a diferencia del resto de centros educativos del cantón, no existe un código docente para la enseñanza del idioma inglés. En este caso la Sala señala que la enseñanza de la materia de inglés está relacionada con el derecho a la educación de los estudiantes del sistema educativo público, de modo tal que, cuando el Ministerio recurrido se ha negado a aprobar códigos para la enseñanza de dicho idioma se ha considerado que ha existido una violación al servicio público de educación. Se declara con lugar el recurso. CL CENTRO EDUCATIVO. FALTA DE NOMBRAMIENTOS HACEN QUE ESTUDIANTES NO RECIBAN CLASES EN AGUIRRE. Alega la recurrente que debido a la ausencia de nombramientos su hija, así como sus compañeros se ven perjudicados, puesto que no hay profesores que impartan lecciones. En este caso la Sala señala que se ha constatado que ha ocurrido una importante falta de nombramiento de profesores, así como de la oportuna aprobación de aumentos de lecciones en el Colegio Técnico Profesional de Matapalo de Aguirre, lo que ha tenido como consecuencia la interrupción del proceso educativo en los estudiantes de las materias que no cuentan con profesor. Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se ordena al Ministro de Educación Pública, al Director del Colegio Técnico de Matapalo y al Director Regional de Educación de Aguirre que adopten las medidas necesarias para que dentro de tercero día después de notificada esta sentencia, se realicen todos los nombramientos faltantes en el Colegio Técnico Profesional de Matapalo para lo cual, personalmente, el Ministro, el Director del Colegio, y el Director Regional de Educación de Aguirre deberán coordinar lo necesario, con el Departamento de Recursos Humanos. Además, deberán prever el rediseño de horarios y las horas adicionales de clase para los estudiantes, a fin de que repongan el tiempo perdido y completen adecuadamente su formación para el periodo correspondiente. CL MATRICULA. SE NIEGA POR FALTA DE CUPO. Alega la recurrente que por razones personales, se tuvieron que ir a vivir a Pérez Zeledón y solicitó matrícula en dos centros educativos, y en ambos le negaron la matrícula a su hijo, aduciendo la supuesta falta de cupo. En este caso, la Sala señala que la falta de cupo es una razón objetiva para denegar la matrícula, sin embargo, dicha circunstancia se torna ilegítima cuando las autoridades del Ministerio de Educación Pública no le ofrecen al estudiante otra opción en la que pueda continuar con sus estudios. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena al Director Regional de Educación de Pérez Zeledón, o a quien ocupe su cargo, disponer, en forma inmediata, lo necesario a efecto que el amparado sea matriculado, de manera definitiva, en un centro educativo cercano a su domicilio y en el nivel que le corresponde. CL

14 PRESUPUESTO. ELIMINAN LECCIONES DE MÚSICA EN CENTRO EDUCATIVO POR FALTA DE PRESUPUESTO. Alega el recurrente que por razones presupuestarias del Ministerio de Educación Pública, en el centro educativo del amparado dispusieron no impartir más lecciones de música a los menores. En este caso, la Sala señala que la educación no sólo es un derecho fundamental, sino que además, constituye un servicio público a cargo del Estado, que como tal, reúne las características propias de éste, así bajo esa inteligencia, se ha reconocido que el Estado debe adoptar las medidas necesarias, a fin que la educación se brinde en forma continua y eficiente. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a al Director de la Dirección Regional de Educación de San José Central y a la Directora de la Escuela Granadilla Norte de la Dirección Regional de Educación San José Central, ambos del Ministerio de Educación Pública -cada uno dentro del ámbito de sus competencias- o a quienes ocupen los cargos, adoptar de inmediato las acciones administrativas necesarias para asegurar que en el curso lectivo 2012 se imparta la materia de Educación Musical y Artes Plásticas en la Escuela Granadilla Norte. CL MENOR CON DISCAPACIDAD. NO LE DAN ACCESO A EDUCACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO. La recurrente, madre del menor amparado, considera que a este se le están violentando sus derechos fundamentales (igualdad por ser persona discapacitada, y educación) por el hecho de que, fuera denegada la solicitud de la Directora del Centro de Enseñanza Especial Lenin Salazar Quesada -donde su hijo cursa el kinder- de un código de deficiencias visuales, bajo el argumento de falta de presupuesto. Se declara CON LUGAR el recurso, en consecuencia se ordena al Viceministro Administrativa del Ministerio de Educación Pública y a la Jefe del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, proceder de inmediato, cada una dentro del ámbito de sus competencias, a girar las instrucciones del caso a efectos de que las necesidades especiales del menor amparado sean debidamente atendidas -y del resto de menores con discapacidad visual-, en especial las referidas a su discapacidad visual, ofreciéndole a la recurrente, la docente a cargo del menor y la Directora del Centro de Enseñanza Especial Lenin Salazar Quesada el apoyo requerido para su proceso educativo, sea personal especializado, apoyo curricular, ayuda técnica, material didáctico adaptado, asesoramiento, capacitación de la docente, entre otros. CL CENTRO EDUCATIVO. NO RECONOCEN TÍTULOS EMITIDOS POR CENTRO QUE NO ESTABA DEBIDAMENTE ACREDITADO. Alegan las recurrentes, que a los menores amparados se les está violentando su derecho a la educación, debido que en el 2011 matricularon a sus hijos en sexto grado en el centro educativo recurrido, los personeros de dicha institución les aseguraron que cumplían con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Pública para su acreditación y reconocimiento. Sin embargo, ello resultó no cierto y ahora no pueden matricularlos en otro centro educativo. En este caso, la Sala señala que no puede el Ministerio recurrido pretender que los estudiantes sufran las consecuencias de la inercia de las autoridades públicas y/o privadas en el proceso de acreditación, pues se encuentra en juego su derecho a la educación. Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la amenaza de no poder continuar el proceso educativo. En cuanto a la falta de firma de los títulos se declara sin lugar. CL Parcial TITULOS. LEGALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS. Alegan los recurrentes que por un conflicto entre la Universidad Panamericana con el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) en relación al ente auspiciador de la universidad recurrida, no les entregan sus títulos de graduación. Lo anterior, pese a que ya cumplieron todos los requisitos académicos correspondientes para que se realice la entrega formal de los mismos, que los acreditan como profesionales en las respectivas carreras cursadas. En este caso, la Sala señala que el atraso en la entrega de los títulos académicos de los amparados deviene producto de una omisión por parte de la Universidad recurrida, que fue sancionada por el CONESUP al no actualizar debidamente el registro y las autorizaciones del ente auspiciador que respalda al centro educativo en cuestión; no obstante, conforme se desprende de la relación de hechos probados, las autoridades del CONESUP ya aceptaron la documentación presentada por la Universidad recurrida y aceptaron el nuevo ente auspiciador de dicho centro educativo, con lo cual, según se informa, ya se normalizó la recepción de documentos y de cualquier otra solicitud de la Universidad, procediéndose, por ende, a refrendar los títulos expedidos a favor de los estudiantes amparados. Se declara

15 parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Universidad Panamericana. CL Parcial SANCIÓN. FALTA AL DEBIDO PROCESO. Alega el recurrente que se sancionó a la menor amparada por la supuesta comisión de una falta grave y las autoridades del Colegio recurrido le impusieron sanciones de rebajo de la nota de conducta y acciones correctivas, sin respetar el debido proceso. En este caso, la Sala señala que en materia disciplinaria, las autoridades de los centros educativos deben de iniciar los procedimientos mínimos establecidos para garantizarle el derecho al debido proceso al estudiante investigado, tal como lo dispone el artículo 69 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo MEP) y que lleva razón el recurrente en sus alegatos, por cuanto existe una violación a los derechos de la amparada. Se declara con lugar el recurso por violación al debido proceso. Se anula oficio CONOPAL del 27 de febrero de 2012 suscrito por la Directora del Colegio Nocturno de Palmares. CL TÍTULO. DIFERENCIA ENTRE EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y TÍTULO DE BACHILLER. La recurrente reclama violación al derecho a la educación de su hijo, pues él recibió un certificado de conclusión de estudios de III ciclo y ciclo diversificado vocacional de educación especial y no un título de Bachiller en Educación Media, lo cual considera discriminatorio, ya que ese certificado no le permite continuar con sus estudios universitarios. Sobre el tema se cita el voto y se indica que al no existir razón alguna que justifique modificar el criterio vertido en esa oportunidad, este Tribunal verifica que no se ha violentado el derecho de educación del amparado. Así, en el presente caso, al igual que la sentencia citada, al amparado se le entregó Certificado de conclusión de estudios de III ciclo y ciclo diversificado vocacional de educación especial en el Colegio de Gravillas de Desamparados, lo cual supone áreas curriculares diferentes al título de bachiller en educación media, cuyas particularidades específicas impone un tratamiento diverso y explica que se otorgue un título diferenciado, fundamentado el trato distinto en criterios técnicos. Por consiguiente, el presente recurso debe ser declarado sin lugar. Se declara sin lugar el recurso. SL ADECUACIÓN CURRICULAR. NEGATIVA A APLICAR LA ADECUACIÓN RESPECTIVA A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS. La recurrente manifiesta, que la amparada es estudiante de secundaria y sufre de una malformación en el corazón conocida como Tetralogía de Falob, la cual ha ocasionado un detrimento en su esfera neurológica. En virtud de tal afectación, la madre de la joven solicitó que se proceda a realizar las acciones pertinentes, que permitan determinar si ésta requiere o no, de una adecuación curricular significativa; no obstante, no se obtuvo el resultado de la evaluación de cita, en el cual se indicaban las directrices que se tomarían en cuenta para el proceso de enseñanza de la amparada y que recomendaban la aplicación de una adecuación de tipo no significativa. A pesar de lo anterior, la menor amparada no cuenta con el apoyo del personal docente, siendo que la institución recurrida no toma las medidas correspondientes en el caso concreto, lo que a su criterio, es la aplicación de una adecuación significativa. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Orientadora del Liceo de Poasito de Alajuela y al Director Regional de Alajuela, adoptar de manera inmediata, las medidas y ajustes que sean necesarios e indispensables para que la amparada reciba la educación apropiada a su condición, lo cual deberá coordinar con la Asesora Regional de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública. CL MENORES DE EDAD. HOSPITALIZADOS EN CENTRO PSIQUIÁTRICO NO CONTINÚAN CON SU PROCESO EDUCATIVO. El recurrente considera lesionado el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que requieren de hospitalización en el centro hospitalario recurrido, porque según su dicho no reciben educación de ningún tipo durante el período que se encuentran internados en ese lugar. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a la Directora Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico y al Ministro de Educación Pública, que de INMEDIATO procedan a brindarle a los amparados el acceso efectivo a la educación. CL MATRICULA. DESAUTORIZADA MATRICULA DE MENOR DE EDAD EN COLEGIO NOCTURNO POR DIRECTRIZ DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

16 La accionante manifiesta, que su hija cuenta con catorce años ocho meses de edad y reside en Palmares de Alajuela. Explica que les es más beneficioso realizar estudios de secundaria en el colegio nocturno del lugar, inclusive por razones de orden económico. No obstante, aduce que, según se le informó, autoridades del Patronato Nacional de la Infancia han ordenado no autorizar la matrícula de estudiantes de esa edad en dichos centros de estudio. Señala que el problema que enfrenta es que en otros colegios diurnos no hay cupo disponible para la amparada. Esta Sala, con vista de los informes rendidos por los representantes de la autoridades recurridas -dados bajo fe de juramento- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que la amparada es estudiante regular del Colegio Nocturno de Palmares. Se constata que no se ha interrumpido el proceso educativo de la tutelada y actualmente cursa el primer año en ese centro educativo. Se declara sin lugar el recurso. SL DISCAPACIDAD. DENEGADA MATRICULA A MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD EN ESCUELA ESPECIAL POR FALTA DE CUPO. La recurrente solicita el amparo de los derechos fundamentales de su hijo menor de edad, específicamente, su derecho a la educación. Indica que las autoridades del Hospital Nacional de Niños le diagnosticaron al menor un Trastorno de Espectro Autista y Retraso del Desarrollo Sicomotor, recomendando su matrícula en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, sin embargo, en dicho centro educativo lo colocaron en una lista de espera por falta de capacidad locativa. este Tribunal no puede incidir en los criterios de valoración correspondientes a fin de determinar si el caso del amparado es admisible o no en la institución recurrida, pero no resulta aceptable, desde ningún punto de vista, que el amparado haya sido colocado en una lista de espera desde el mes de julio del año pasado y no sea sino hasta el mes de marzo del año en curso que se le programen las valoraciones correspondientes, las cuales, incluso, de ser positivas, no le aseguran un cupo dentro del centro educativo por cuestiones presupuestarias, personal docente y de infraestructura, óbices que no son admitidos por este Tribunal en aras de hacer efectivos los derechos fundamentales de esta población. A mayor abundamiento, se considera que la conducta impugnada lesiona el derecho a la educación del menor de edad, pues de estimarse que los apoyos adicionales (estimulación pedagógica y terapia del lenguaje) que requiere el amparado se pueden brindar desde los centros de educación regular, el retraso apuntado ha incidido en el hecho que los padres no han buscado una segunda opción educativa para las necesidades del menor de edad, retrasando, de este modo, su ingreso al sistema educativo. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Directora de la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil y a la Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública, que tomen las medidas que están dentro del ámbito de sus competencias para que, de forma inmediata, se proceda a realizar la valoración del menor de edad, amparado y si cumple los requisitos para ser admitido en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil se proceda a matricularlo, también, de forma inmediata. CL CENTRO EDUCATIVO FALTA DE PRESUPUESTO NO ES UNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA NO BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO. Manifiesta la recurrente que su hijo se encuentra en edad de cursar el ciclo materno infantil, y el Centro Educativo más cercano a su comunidad es la Escuela de Cuesta Grande, la cual cuenta con la infraestructura apropiada y una proyección de matrícula de doce alumnos. No obstante lo anterior, en dicha Institución no existe ese servicio. Señala la Sala que, en este caso, se comprueba una violación al derecho a la educación del amparado, pues no se acredita una justificación objetiva para impedir el inicio del curso en preescolar, violentando el principio de continuidad del proceso educativo. El Ministerio de Educación Pública debe realizar todos los esfuerzos para garantizar a los estudiantes de las Instituciones Educativas la posibilidad de cumplir todos los estadios necesarios hasta concluir la educación general básica. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Viceministra de Educación Pública, que de forma urgente tome las medidas necesarias para que se abra el servicio de Educación Prescolar en el Centro Educativo Cuesta Grande de Nicoya. CL DOCENTES DEBER DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE NOMBRAR A DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Impugnan los recurrentes la omisión del Ministerio de Educación Pública de designar a los docentes de los servicios de apoyo de educación especial del Centro de Educación Especial de San Carlos, para el curso lectivo Señala la

17 Sala que, reiteradamente, ha indicado que el derecho y libertad de aprender es un derecho fundamental, en el que deben procurarse los medios y garantías para que aquélla sea excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población. Además, el disfrute de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias deja de ser para las personas con discapacidad una simple aspiración y se convierte en un derecho fundamental. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, disponer lo necesario para que se efectúen, de inmediato, los nombramientos de docentes de los servicios de apoyo de educación especial del Centro de Educación Especial de San Carlos para este curso lectivo que a la fecha no se hubieran efectuado y repercutan sobre la atención de los tutelados. CL MATRÍCULA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEBE PROCURAR UBICAR A ESTUDIANTE EN CENTRO EDUCATIVO CON CUPO. El recurrente acude en resguardo del derecho a la educación de su hijo amparado, ya que no se le permite la matrícula en el Liceo UNESCO de Pérez Zeledón. Señala la Sala que, la Constitución Política tanto por su propio texto como mediante la incorporación de los derechos fundamentales consagrados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconoce como un principio básico la existencia de un derecho fundamental o garantía a la libertad de enseñanza. Por otra parte, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha establecido que el derecho a la educación lo que garantiza es la posibilidad de acceso de todo ciudadano a la educación que estime conveniente, sin que por esto se establezca en forma automática, el derecho de todas las personas a ingresar al centro de enseñanza de su predilección. Así, no existe un derecho fundamental de ingreso a un determinado centro educativo sino que, para efectos de tutela constitucional, lo que importa es que los estudiantes tengan la posibilidad efectiva de ingresar a una institución para realizar sus estudios. De este modo, deviene razonable la regulación de la matrícula por parte de las autoridades educativas, siempre y cuando se utilicen criterios objetivos como el lugar de residencia de los educandos, la capacidad locativa del centro, entre otros. Sin embargo, en el caso en estudio, no se observó que las autoridades del Ministerio de Educación Pública hayan dispuesto lo necesario para que el menor tutelado pudiera ser matriculado en algún otro centro educativo donde sí quedara algún espacio. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se les ordena al Director Regional de Educación de Pérez Zeledón y Director del Liceo UNESCO de Pérez Zeledón, ambos del Ministerio de Educación Pública, disponer en forma inmediata lo necesario a efecto que el menor amparado sea matriculado en un centro educativo cercano a su domicilio, en el nivel y programa educativo que le corresponde. CL CENTRO EDUCATIVO. DENEGATORIA DE MATRICULA A MENOR ESTUDIANTE EN RAZÓN DE SU EDAD. Los recurrentes alegan que el 13 de febrero del año en curso, matricularon al amparado en el nivel de primer grado en la Escuela Miguel Obregón Lizano, en Tibás, y recibió lecciones, sin ningún inconveniente, del 13 al 21 de febrero del 2012; no obstante, el 22 de febrero, la docente encargada, les comunicó que por orden de la Dirección no lo puede recibir, toda vez que no cumple con el requisito de edad mínima establecida por el Ministerio de Educación Pública. En este caso, señala la Sala que si bien se recibió la matrícula del estudiante el 14 de febrero del 2012, en la revisión de documentos se encontraron algunas anomalías, como que éste no cumple con la edad de reglamento (seis años y tres meses) para ingresar al primer grado de educación básica, razón por la cual se le pidió a sus padres que aportaran una certificación del Kinder privado (Conejito Saltarín) de que el estudiante cursó la etapa de transición que lo faculte cognitivamente para ingresar al proceso de lecto-escritura de primer grado. Sin embargo, los padres del menor no aportaron ese documento prevenido y además, dicho Kinder no está reconocido por el Ministerio de Educación Pública. Refiere que se les indicó a los recurrentes que debían ubicar al menor en el nivel que le corresponde para respetar su derecho a escalar los diferentes niveles del sistema educativo que inicia en preescolar, pues en caso contrario, le afectaría, en razón de que no ha cursado transición. En virtud de ello, se considera que no llevan razón los recurrentes en su alegación. Además, la actuación de la autoridad recurrida no ha sido arbitraria ni antojadiza pues más bien han sido los padres del menor quienes no han podido demostrar que éste curso la denominada -etapa de transición- en otro centro de estudios, conforme se les previno. Aparte de no se le ha negado el acceso a la educación al amparado sino únicamente su ubicación en el ciclo que reglamentariamente por edad le corresponde. Se declara sin lugar el recurso. SL

18 CENTRO EDUCATIVO PRIVADO. CONDICIONAN MATRICULA DE MENOR ESTUDIANTE AL PAGO DE UNA ANUALIDAD POR ADELANTADO. El recurrente pretende que esta Sala ordene a las autoridades del Colegio Humboldt, permitirle cancelar por adelantado mes a mes el estudio de su hija, pues por tener antecedentes de morosidad se le exige cancelar todo el año por adelantado. En este caso, señala la Sala que si bien no está en discusión un problema de falta de pago por parte del recurrente, sí está siendo ventilado un asunto meramente contractual. Como parte del convenio de prestación de servicios educativos firmado por el Colegio recurrido y el recurrente, aquel se compromete a dar al amparado el servicio de enseñanza solicitado, en tanto que el segundo acepte someterse al régimen de pago que se le exige. Es claro que a cada institución de enseñanza privada le compete disponer sobre los requisitos y condiciones que formarán parte del contrato que suscriban la institución y los padres o encargados del educando. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, el Colegio tiene el deber, eso sí, de actuar en forma no intempestiva, no arbitraria, dando oportunidad al educando de acceder a otro centro de enseñanza, si así fuese necesario. En la especie, según lo refiere el propio recurrente, desde el curso lectivo anterior su hija fue trasladada de centro educativo, por lo que no se constata hecho alguno que se puede estimar contrario al derecho de la Constitución. Se rechaza por el fondo el recurso. RF ESTUDIANTE. DENEGATORIA DE MATRICULA A ESTUDIANTE POR PRESUNTA FALTA DE CUPO. Los recurrentes acusan el quebranto del derecho a la educación del menor amparado, por cuanto, aseguran que se le denegó la matrícula en el Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez por falta de cupo. En este caso concreto se demuestra que el menor no fue aceptado por falta de capacidad locativa; no obstante, debe el Ministerio buscar una solución para que continúe con su educación. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director Regional de Educación de Heredia y al Director del Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez, disponer, en forma inmediata, lo necesario a efecto que el amparado, sea matriculado en un centro educativo cercano a su domicilio, en el nivel y programa educativo que le corresponde. CL MENOR DE EDAD. NEGATIVA A BRINDAR ADECUACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA A ESTUDIANTE. Acusa la recurrente la violación del derecho a la educación de su hijo pues pese a que desde el 05 de julio del 2010, ha insistido con el apoyo de la Dirección Regional de Educación de San Ramón, para que el colegio recurrido le practicara al amparado la evaluación pedagógica y así descartar o determinar una adecuación curricular significativa; dicha prueba no se le aplicó, lo que provocó que el tutelado reprobara casi todas las materias y perdiera el curso lectivo 2010 y Acusa además que el Colegio recurrido le denegó la matrícula al afectado, pese a que, por ubicación geográfica le corresponde el centro educativo recurrido. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Director del Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas del Ministerio de Educación Pública, que adopte las medidas necesarias, para que de forma inmediata, si aun no se ha hecho, se ponga en ejecución la adecuación curricular significativa aprobada por las autoridades competentes para el menor amparado, en el nivel que le corresponde para el curso lectivo 2012 en el Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas. CL TITULO ACADÉMICO. NEGATIVA A HOMOLOGAR TÍTULO OBTENIDO EN EL EXTRANJERO. Los recurrentes acuden ante esta Jurisdicción Constitucional y exponen que son médicos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba, por lo que han solicitado ante la autoridad accionada el reconocimiento y equiparación de sus títulos de conformidad con la normativa de mayo de Indican que la Vicerrectoría de Docencia dispuso publicar los procedimientos que regirían a partir de su publicación, para la equiparación de grados y títulos obtenidos en otras instituciones de educación superior. Entre los requisitos, se establece que el oferente deberá realizar un internado rotativo universitario horizontal con al menos un 80% de homología en las características con respecto al que realizan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y consecuentemente la aplicación de un único EXAMEN ESPECIAL, que hay que aprobar para poder ser equiparados. Sin embargo, acusan que Con una nueva disposición y que empieza a regir a partir del año 2012 y que no puede ser aplicada a los RECURRENTES Y LA GENERACIÓN DE MËDICOS que han solicitado HOMOLOGACIÓN en el año 2011, se les obliga a realizar 10 exámenes

19 específicos y UN GENERAL, que dan inicio el próximo 20 de febrero del En este caso, señala la Sala que las cuestiones sobre la procedencia o improcedencia de un reconocimiento de título o equiparación de grados es materia de mera legalidad administrativa, que como tal, debe discutirse en esa sede o, en su caso, en la contencioso administrativa (ver, entre otras, las sentencias , y ). Además, determinar si el recurrente tiene derecho adquirido a que se aplique un procedimiento para el reconocimiento u homologación de título extranjero o si la nueva normativa o reglamento se aplica en forma retroactiva, no es materia de amparo, sino de legalidad, pues definir qué norma es la aplicable a su caso no es competencia de este Tribunal, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Se rechaza por el fondo el recurso. RF CENTRO EDUCATIVO. INFRAESTRUCTURA ESTA EN MALAS CONDICIONES AUNQUE FUE DECLARADO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. El recurrente alega que el estado de la infraestructura de la Escuela Nuestra Señora del Carmen en Puntarenas, se encuentra muy deteriorada (tapias, jardines, cometida eléctrica, salón de actos), se producen inundaciones en el salón de actos, todo lo cual pone en peligro la integridad física de los alumnos y docentes. Indica que dicho Centro Educativo fue declarado Patrimonio Arquitectónico Nacional, por lo que corresponde a varias entidades dar el mantenimiento adecuado para su buen funcionamiento y preservación. Sin embargo, pese a sus gestiones, los recurridos no se preocupan por restaurarla. Se declara CON lugar el recurso, en consecuencia se ordena al Ministro de Educación Pública, girar las instrucciones necesarias para que de inmediato se realicen las mejoras sanitarias e infraestructurales del caso a la Escuela de Nuestra Señora del Carmen de Puntarenas a efectos de que se respete el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de todos los que asisten, particularmente para solventar los problemas del sistema eléctrico, techos, cielos raso, pisos, paredes, marcos de ventanas, salón de actos, y otros. Asimismo se ordena a la Directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas del Ministerio de Salud, tomar todas las acciones pertinentes para ser vigilante y darle seguimiento a las acciones que se tomen al respecto. CL LIBERTAD DE CULTO. PROGRAMACIÓN DE EXAMEN DE BACHILLERATO LOS SÁBADOS AFECTA CREENCIAS RELIGIOSAS DE ESTUDIANTE. La recurrente manifiesta, que el 3 de marzo de 2012, se realizará la prueba de convocatoria para bachillerato en Biología, situación que le afecta, ya que, como parte de sus principios cristianos debe guardar el sábado, motivo por el cual, no puede presentar dicho examen esa fecha. Señala que se le negó la reprogramación de la fecha dispuesta para tal efecto, con el agravante de que con esta ocasión, sería el segundo año que pierde la oportunidad de presentar la prueba por haber sido fijada la fecha de realización en ambas ocasiones el día sábado, prueba que es la única que le hace falta para concluir sus estudios secundarios. Manifiesta que esta situación le ha ocasionado incluso perder oportunidades laborales, por no contar con el bachillerato. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Ministro de Educación Pública y al Director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, de manera inmediata, lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que se reprograme la prueba de Biología del programa de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia que debe de presentar la recurrente, de manera que no le sea efectuada un día sábado. CL EDAD. DENEGADA MATRÍCULA EN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO. La recurrente acusa que el Director recurrido le negó el derecho a la matrícula al menor amparado, alegando que tiene 15 años y que no califica para el sétimo año de colegio. Esta Sala resolvió, que no existe un derecho fundamental de ingreso a un determinado centro educativo sino que, para efectos de tutela constitucional, lo que importa es que los estudiantes tengan la posibilidad efectiva de ingresar a una institución para realizar sus estudios. De este modo, deviene razonable la regulación de la matrícula por parte de las autoridades educativas, siempre y cuando se utilicen criterios objetivos como el lugar de residencia de los educandos, la capacidad locativa del centro, entre otros. Además, reiteradamente ha manifestado este Tribunal que el cumplimiento de requisitos exigidos para ingresar o bien, optar por un

20 determinado sistema educativo, son aspectos que por su naturaleza, deberán ser alegados ante la propia autoridad recurrida para lo que en derecho corresponda, o en su defecto, ante la autoridad jurisdiccional competente, en defensa de sus derechos (Véase, entre otros, el voto No ). Se declara sin lugar el recurso. SL SODAS ESCOLARES. LIMITACIONES EN CUANTO A LA VENTA DE PRODUCTOS. El recurrente alega que por medio del Decreto número MEP-S publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de enero de 2012, dictado por la Presidencia de la República, el Ministro de Educación y la Ministra de Salud se imponen una serie de limitaciones a los concesionarios de sodas ubicadas en centro educativos públicos, al impedirles vender una cantidad considerable de productos. Lo anterior, pese a que cuentan con los permisos sanitarios y de funcionamiento respectivo. Agrega que tales medidas se dictaron sin llevar a cabo los procedimientos de consulta ante las diferentes Municipalidades del país de acuerdo con el artículo 190 de la Constitución Política, ni la anulación de los permisos y patentes que ostentan en la actualidad. Aunado a ello, señala que no se les ha permitido tener acceso a sus expedientes administrativos a su nombre. Sobre el tema, señala la Sala que del escrito de interposición de este amparo se comprueba que al momento de presentar este recurso, no existen actos de aplicación concreta de las normas cuestionadas por el recurrente, razón por la cual, el amparo resulta inadmisible. Por otro lado, el Estado se encuentra facultado en atención al interés superior de los menores, que están bajo su cuidado en los centros educativos durante el período lectivo, a procurar el mayor bienestar de las niñas y niños incentivándolos a consumir dentro de las escuelas y colegios, productos que sean más sanos y acordes a lograr un mejor crecimiento. De manera que, en la contratación que se hace con los proveedores que brindan estos servicios en los centros educativos resulta totalmente válido y es una cuestión meramente contractual que se regule el tipo de productos a ofrecer, atendiendo al objetivo señalado, lo que no resulta irrazonable, ni desproporcionado atendiendo al fin que se persigue, estar dentro del ámbito de su regulación; y habiéndose delimitado dicha regulación únicamente a lo que se deba vender dentro de la institución. De modo que, las limitaciones del caso, no trascienden en modo alguno, a la alimentación que los niños puedan llevar o comer en los centros educativos. En lo que concierne a la acusada falta de acceso a los expedientes administrativos a nombre de los amparados y de la entrega de la solicitud de copia certificada de dichos expedientes, este Tribunal estima que podría implicar una infracción a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Razón por la cual, se ordena darle curso al amparo interpuesto únicamente respecto a este punto concreto. Se rechaza de plano el recurso en cuanto a la acusada inconstitucionalidad del Decreto número MEP-S, Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros educativos públicos. Se ordena dar curso al amparo únicamente por la acusada falta de acceso a los expedientes administrativos a nombre de los amparados y de la entrega de la solicitud de copia certificada de dichos expedientes. El Magistrado Jinesta salva el voto parcialmente y ordena también dar curso al amparo por la eventual infracción de la libertad personal o libre autodeterminación de la personalidad, a la privacidad familiar, la libertad de comercio y el principio de reserva de ley en materia de regulación de los derechos fundamentales y, por consiguiente, dispone conceder plazo para interponer la respectiva acción de inconstitucionalidad, según consideraciones expuestas en el considerando VI. Los Magistrados Rueda y Piza ponen nota en el VII y VIII considerando de la sentencia, respectivamente. RP ADECUACIÓN CURRICULAR. NEGATIVA DE DOCENTES EN CENTRO EDUCATIVO PUBLICO A APLICARLA. El recurrente manifiesta que el amparado sufre de retardo mental leve y trastorno de atención con hiperactividad e impulsividad. En vista de lo anterior, goza de una adecuación no significativa para todas las materias, pero según los resultados arrojados por otras pruebas médicas realizadas, el amparado necesita de una adecuación curricular significativa en matemáticas y en ciencias, y en sus derivados. Añade que el caso del amparado ha sido puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, quienes enviaron las recomendaciones respectivas al liceo recurrido para que se le brinde al amparado la respectiva adecuación. No obstante lo anterior, el liceo recurrido le manifestó que el competente para ordenar la adecuación es el propio ministerio y no la institución. Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Director del Liceo Mauro Fernández, que gire las órdenes pertinentes para que al estudiante, le realicen la Evaluación Diagnóstico Pedagógica para que la misma sea enviada con el correspondiente informe, a la Asesora en Pedagogía de Ecuación Especial del Ministerio de Educación Pública, dentro del

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