Procuración General de la Nación

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Pascual Giménez Contreras
hace 5 años
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1 P. 20. XXXVIII. Procuración General de la Nación Suprema Corte: Los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvieron declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor porque no había cumplido con el depósito previo de la deuda determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos en concepto de diferencia de aportes, de acuerdo a lo exigido por el artículo 15 de la ley y el artículo 12 de la ley , ni había probado en forma fehaciente su imposibilidad de hacerlo. A tal efecto, tuvieron en cuenta que el hecho de eximirse del depósito previo era excepcional y sólo podía tener lugar en caso de que existiese prueba concreta respecto al desapoderamiento que ello implicaría para el interesado. Sobre esa base consideraron insuficientes los dichos del actor respecto a que la circunstancia de haber pedido la liquidación de la deuda a la demandada y ésta no haberla cumplido/lo eximía de abonarlo. En cuanto al pedido de inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley citada, remitieron a lo dispuesto por la Corte en Fallos: 312:2490. Contra lo así resuelto, el apelante interpuso recurso extraordinario, que denegado dio lugar a la presente queja. A fs. 156/158 la parte actora promovió el beneficio de litigar sin gastos que, previo traslado a la contraria y vista al Señor Fiscal, fue concedido por la Cámara. En lo que hace al recurso de hecho, cabe señalar, en principio, que V.E. tiene reiteradamente resuelto que las cuestiones como las aquí planteadas son ajenas, como regla y por su naturaleza, a la vía del artículo 14, de la ley 48, razón que habilitaría su desestimación. Más advierto que en el caso el recurrente se ha agraviado de temas que harían procedente el remedio federal por vía de la doctrina de la -1-

2 arbitrariedad, pues la garantía de defensa en juicio no solo comprende la posibilidad de ofrecer y producir pruebas, sino, también, la de obtener una sentencia que sea una derivación razonada del derecho vigente en relación a los hechos demostrados en el proceso (Fallos: 310:302, 319:2262, entre otros). En cuanto a la cuestión de fondo entiendo que si bien se ha aceptado reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio (Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753), también lo es que -con no menor reiteración- se ha admitido la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con protección constitucional (Fallos: 285:302; 322:337, entre otros). En este orden de ideas, considero que asiste razón al actor al tachar la sentencia de arbitraria. Ello es así dado que el monto del depósito que debería efectuar asciende a $ (conf. se desprende de la última liquidación presentada por la AFIP a fs. 120/126 del expediente judicial) cantidad que resulta exorbitante si se atiende a la capacidad económica del titular quien se desempeña como albañil hasta 1994-, vivía en un inmueble propiedad de la sucesión de su padre, no poseía bienes muebles ni vehículos y tenía que mantener una familia compuesta por esposa y tres hijos menores de edad con escasos $360 que percibía mensualmente a la fecha que se le imputó la deuda, pues con posterioridad a ese momento se encontró sin trabajo y tramitando el subsidio por desempleo (fs. 3/6, 8/11 Y 77/79 del expediente judicial), antecedentes cuya consideración omitieron los jueces, los que -2-

3 P. 20. XXXVIII. Procuración General de la Nación sin embargo le concedieron el beneficio de litigar sin gastos a fs. 176/vta. Con ello queda acreditada, a mi juicio, la imposibilidad de hacer frente a dicha suma, por lo que no cabe condicionar la procedencia del estudio de la apelación al aludido requisito, pues ello importaría afectar el derecho de defensa en juicio del interesado, con vulneración de lo dispuesto por el arto 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 321:1741,322:1284 y 328:2938). Por lo expuesto opino que corresponde hacer lugar a la queja y declarar procedente el recurso extraordinario para que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia de acuerdo a lo expresado precedentemente. Buenos Aires, 8 de febrero de ES COPIA MARTA A. BEIRÓ de GONCALVEZ -3-

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5 P. 20. XXXVIII Año del Bicentenario Buenos Aires, 23 de febrero de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Juan Alberto Pandolfi en la causa Pandolfi, Juan Alberto c/ Dirección General Impositiva", para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente tratadas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal, y a los que corresponde remitirse por motivos de brevedad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada, con costas. Agréguese la presentación directa a los autos principales. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento. CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI. ES COPIA Recurso de hecho interpuesto por Juan Alberto Pandolfi, por derecho propio, con el patrocinio del Dr. Jorge Alberto Dileo. Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia de San Nicolás. -5-

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