VII.- REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

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1 VII.- REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (VII.- 1) REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. EL REGISTRADOR NO ESTA FACULTADO PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL MANDATO JUDICIAL QUE LE ORDENA LA INSCRIPCION DENEGADA. De la lectura del artículo 14 del Reglamento del Registro Público de Comercio, no se advierte que el registrador tenga facultades para calificar la legalidad del mandato judicial que le ordena la inscripción de un acto o documento, toda vez que el citado artículo sólo autoriza al funcionario aludido, a verificar que los requisitos formales del documento o de la inscripción se encuentren satisfechos, pero no le autoriza a cuestionar si es correcta o no la actuación del juzgador que le ordena realizar un registro. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2794/90.-ICM de Mexico S. C.-14 de febrero de Unanimidad de votos.-ponente: David Delgadillo Guerrero.- Secretaria: Clementina Flores Suárez. Volumen: VII JUNIO Clave: I.4o.A.337A Página: 395 (VII.- 2) REGISTRO PUBLICO, NEGATIVA DE INSCRIPCIONES EN EL (AMPARO IMPROCEDENTE). Contra la negativa del Director del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, a registrar una escritura privada de compraventa de un inmueble, no procede el amparo si previamente no se agota el juicio previsto en el artículo 3013 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, mediante el cual puede obtenerse que se ordene al registrador la inscripción del contrato privado de que se trata. Amparo en revisión 3853/57.- Modesto Rivera Mata.- 2 de octubre de votos.- Ponente: Felipe Tena Ramírez. Segunda Sala Volumen: IV Página: 243

2 efectos son solamente declarativos de ese derecho. Por tanto, no puede sostenerse que porque un contrato privado no estaba inscrito, no pueda surtir efectos contra el tercero que embarga el bien objeto del contrato no inscrito, toda vez que no puede admitirse que sea válido un derecho derivado de un crédito quirografario sobre bienes ajenos al demandado, sólo porque los títulos de propiedad de los mismos no se encuentren registrados. Siendo la venta, por naturaleza, traslativa de dominio y el derecho de propiedad un derecho real absoluto y, por lo mismo, oponible a todos, y teniendo, por otra parte, la tercería excluyente de domino por finalidad excluir la afectación de los bienes resultantes del embargo, previa la declaración de que el dominio de los mismos corresponde al tercer opositor excluyente, si éste ha dejado acreditado su derecho de propiedad sobre el bien que trata de excluir, con el testimonio de la escritura del contrato de compraventa por el que lo adquirió, no puede admitirse que por el hecho de no estar inscrito el mencionado testimonio en el Registro Público de la Propiedad y en el de Comercio, sólo puede surtir efectos entre las partes contratantes y no en relación a terceros. Amparo directo 2852/57.- Francisco Cepeda Cruz.- 10 de marzo de Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen: IX Página: 102 (VII.- 4) REGISTRO PUBLICO. SUS CERTIFICACIONES NO DEMUESTRAN LA PROPIEDAD. Las certificaciones del Registro Público de la Propiedad no son aptas para demostrar la propiedad de un inmueble; únicamente prueban la existencia de la inscripción en los libros del registro y no la del contrato u otro acto jurídico, porque la comprobación de éstos se logra con el testimonio de la escritura respectiva, o con el documento privado en que se extendió. Amparo directo 5673/54.-Margarito Zagal.-15 de noviembre de votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Volumen: V Página: 115 (VII.- 5) CREDITOS QUIROGRAFARIOS INSCRITOS REGISTRALMENTE CON ANTELACION A LA FECHA FEHACIENTE DE LA CELEBRACION E

3 personal, respecto de dichos bienes, con anterioridad a la fecha en que de manera fehaciente consta la celebración del mutuo con garantía prendaria, y de su inscripción registral, y el ejecutante, en tales condiciones, si puede exigir la prelación del embargo debidamente registrado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 100/89.-Inocencio Carpio Carpio.-29 de agosto de Unanimidad de votos.-ponente: Gloria Tello Cuevas.- Secretario: J. Jesús Luis Lerma Macías. Volumen: IV -1 Página: 184 (VII.- 6) REGISTRO PUBLICO. SUS CERTIFICACIONES NO DEMUESTRAN LA PROPIEDAD. Las copias certificadas de inscripciones en el Registro Público de la Propiedad no son aptas para demostrar la propiedad de un inmueble, pues si bien es cierto que son instrumentos públicos, ya que se trata de documentos auténticos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, prueban ciertamente por sí mismas su carácter de tales, pero con relación a su contenido sólo demuestran la existencia de la inscripción en los libros de registro y no la existencia del contrato u otro acto jurídico, en virtud del cual se haya adquirido la propiedad, ya que la prueba de la existencia del contrato es el testimonio de la escritura respectiva, o bien el documento privado en que se extendió. Amparo directo 1135/57.- María Espinosa Palacios, sucesión. 27 de febrero de Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Precedente: Volumen V, Cuarta Parte, pág. 115 (segunda tesis). Volumen: VIII Página: 212 (VII.- 7) SOCIEDAD, ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA. NEGATIVA A SU REGISTRO POR REPRESENTACION ILEGAL DE SOCIOS MENORES DE EDAD. Para que el contrato de sociedad reúna las condiciones normales de existencia y validez, precisa que haya consentimiento y objeto, que el fin sea lícito y que se cumplan los requisitos de forma que la ley dispone. Con relación al consentimiento,

4 previa entre las personas que pretenden concertarlo, para obtener un acuerdo común acerca de las bases que regirán dicho contrato, siendo obligado el deducir que en la asamblea constitutiva de una sociedad anónima existen intereses opuestos entre las personas que la constituyen, toda vez que al establecer las bases sobre las cuales descansará la sociedad que se vaya a constituir, cada socio velará porque sus intereses no resulten menoscabados al celebrar tal contrato social, ya que el iniciar una empresa implica diversos riesgos. En consecuencia, al pretender ser socios de una sociedad padre e hijos menores, resulta ilegal que en la escritura por la que se constituye la sociedad, los menores sean representados por su padre, en ejercicio de la patria potestad, ya que en la situación considerada se pone de manifiesto la hipótesis prevista en el artículo 440 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que en todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan interés opuesto al de los hijos, éstos serán representados en juicio y fuera de él por un tutor nombrado por el juez para cada caso, cuestión que al no ser observada en la escritura constitutiva, origina que correctamente se niegue la solicitud que se formule para que se ordene su inscripción en el Registro de Comercio del Registro Público de la Propiedad. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO Amparo en revisión 61/82.-Arturo Rendón Bolio.-29 de julio de Unanimidad de votos.-ponente: Luis Tirado Ledesma. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 64/82.-Arturo Rendón Bolio.-29 de julio de Unanimidad de votos.-ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Volumen: Sexta Parte Página: 149 Séptima Epoca (VII.- 8) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD O DE CREDITO AGRICOLA. OMISIONES SUBSANABLES. Cuando algún Registrador, ya sea del Registro Público de la Propiedad o del de Crédito Agrícola, omita autorizar las escrituras correspondientes, debe subsanarse la omisión de oficio, siempre que el testimonio o documento materia del oficio tenga la nota respectiva autorizada por el propio Registrador. Amparo directo 5369/58. Banco de Comercio, S. A., Fiduciario de Almacenadora, S. A. 26 de octubre de Mayoría de 3 votos. Ponente: Gabriel García Rojas. Disidente: José Castro Estrada. Volumen: XXVIII Página: 272

5 (VII.- 9) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS. ILEGAL NEGATIVA A LA SOLICITUD DE EXPEDICION DE UN TESTIMONIO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA). La aplicación del Código Adjetivo Civil está reservada a las autoridades judiciales en la tramitación de los asuntos, por lo tanto teniendo la citada autoridad el carácter de administrativa, la esfera de sus atribuciones no se rige por el cuerpo legal mencionado, sino por leyes y reglamentos ajenos al citado cuerpo legal, por lo que no es correcta la cita del artículo 53 del propio cuerpo legal para fundar su negativa a expedir el testimonio solicitado. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 676/88.-Hugo Hernández García.-10 de febrero de Unanimidad de votos.-ponente: Agustín Romero Montalvo.- Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. Volumen: III -2 Página: 655 (VII.- 10) CONDOMINIO, DERECHOS DE REGISTRO EN EL. De acuerdo con los artículos 5o. y 17 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal y 11 del Código Fiscal de la Federación, las normas hacendarias que imponen cargas a los particulares serán de aplicación restrictiva, y no puede, por lo mismo, exigir prestación tributaria alguna sino cuando se realizan circunstancias que caben exactamente dentro de la hipótesis prevista por las Leyes, para el nacimiento de la obligación en favor del Fisco. Siendo ello así, y como la inscripción del título constitutivo del condominio no está prevista en la invocada fracción II, ni cabe exactamente dentro de la hipótesis que esta disposición establece, no procede exigir el pago de los derechos de registro con fundamento en la mencionada norma. Amparo directo 938/58.- Condominio, S. A.- 20 de agosto de votos.- Ponente: Felipe Tena Ramírez. (VII.- 11) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. LOS PARTICULARES PUEDEN ELEGIR SI ADMINISTRATIVA O JURIDICAMENTE SOLICITAN LA INSCRIPCION DE UN INMUEBLE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- El artículo 2948 del Código Civil del Estado dice: "El registrador hará la inscripción, si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse, llena las formas extrínsecas exigidas por la Ley y contiene los datos a que se refiere el artículo En caso contrario, devolverá el título sin registro, siendo necesaria resolución judicial para que se haga el registro". La correcta interpretación de dicho numeral destaca que el registrador tiene la facultad para negar una inscripción en el procedimiento administrativo, decisión que podrá controvertirse judicialmente. Lo que revela que no estuvo en lo correcto la responsable, al argumentar que el actor se anticipó a su demanda al no existir prueba de que el registrador hubiera rechazado la

6 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 583/90.-J. Jesús Landeros Franco.-25 de octubre de Mayoría de votos.-disidente: Jorge Figueroa Cacho.-Ponente: Jorge Figueroa Cacho.-Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves. Voto particular: Son infundados los conceptos de violación hechos valer. Al dar respuesta al primero de ellos conviene tener presente: que J. Jesús Landeros Barba, a cuyo nombre aparece inscrito el inmueble en el Registro Público de la Propiedad, vendió el bien a J. Ascensión Landeros Franco, y éste, a su vez, al ahora quejoso J. Jesús Landeros Franco; que la demanda se intentó, aparte del registrador, contra el referido Landeros Barba, en virtud de que como se extravió la escritura de J. Ascensión sin haberse inscrito, en la dependencia indicada el terreno continúa a favor del aludido Landeros Barba, y que, en fin, el objetivo de la acción ejercitada es el de que se cancele la inscripción del susodicho Landeros Barba para que se haga en beneficio del agraviado. Pues bien, aunque es verdad que el ahora quejoso ejercitó dos acciones simultáneamente (la de cancelación de la inscripción que aparece en favor del multicitado Landeros Barba y la de inscripción del bien a su nombre), es inexacto que para que prospere la de inscripción a su favor se necesite que primero se cancele la que existe a nombre del vendedor de la persona que le vendió. Porque, independientemente de que la situación en que se ve envuelto el amparista (la pérdida de la escritura por la que adquirió su causante), no encuadra en ninguna de las hipótesis de cancelación total o parcial de inscripciones previstas por los artículos 2974 y 2975 del Código Civil del Estado, basta con que el registrador acepte inscribir la escritura del ahora quejoso para que automáticamente quede obligado a cancelar la inscripción de Landeros Barba, de acuerdo a lo previsto por el artículo 2971 del ordenamiento citado. Se corrobora lo anterior por la circunstancia de que cuando se demanda a un registrador por su negativa a inscribir determinada escritura ni siquiera se ocupa que se reclame la cancelación de la inscrpción del causante, sino que es suficiente con que prospere dicha acción para que en vía de consecuencia, se decreta la cancelación ante la prohibición que existe de la duplicidad de las inscripciones (artículo 2944 del ordenamiento invocado). Por las razones que la informan es aplicable la ejecutoria consultable en la página 46 de la cuarta parte del penúltimo Apéndice al, que dice: "NULIDAD DE ESCRITURAS Y CANCELACION DE INSCRIPCION, PERSISTENCIA DE LA ACCION DE, CUANDO EN JUICIO REIVINDICATORIO SE DECLARA PROCEDENTE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION. (LEGISLACION DEL ESTA DO DE TABASCO).-A pesar de que en el juicio reivindicatorio, el demandado no haya pedido la nulidad del título de propiedad del reivindicante ni la cancelación del mismo, en el Registro de la Propiedad, no perdió su derecho, porque el artículo 2917 del Código Civil, según su texto literal se refiere al actor, ejercitante de una acción contradictoria del dominio y no al demandado que sólo puede oponer excepciones, como porque ni aun suponiendo aplicable la omisión del demandado, podría significar en el posterior juicio civil, la extinción de la acción que hace valer, ni la extinción del derecho que dicha acción representa, en virtud de que, conforme al artículo 2941, fracción II, del Código Civil, deberá ordenarse la cancelación de una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, cuando se extinga por completo el derecho inscrito, lo que ocurrió en el caso, merced a la sentencia firme que tuvo por demostrada la excepción de prescripción positiva del inmueble, además de que tampoco podría subsistir, frente a lo fallado en tal sentido porque también se dispone en el artículo 2918, que los bienes raíces, no pueden aparecer inscritos a la vez en favor de dos o más personas distintas, y en el artículo 2911, fracciones I y IX se impone la inscripción en el registro, de los títulos por los cuales se adquiere, modifica o extingue el dominio, la posesión o los derechos reales sobre inmuebles, y la inscripción de las resoluciones judiciales que produzcan algunos de dichos efectos". Asiste entonces la razón al ad quem cuando afirma que previamente a demandar al registrador por la inscripción del título, debió el agraviado habérselo presentado directamente pues que, añadió, sólo ante su negativa procede el juicio para que la respectiva resolución judicial lo obligue a efectuar el registro (artículo 2950) del Código Civil de Jalisco, sin que importe la aseveración referente a que "de antemano sé que no procede el registro de las mismas y para evitar trámites innecesarios y burocráticos y en base a la simplificación administrativa que ha venido siendo la política del Presidente de la Repúllica no presenté mis documentos objeto de la demanda para su calificación y en su caso su registro", toda vez que se conjeturaría si se pensara como lo hace el quejoso". Ninguna trascendencia acarrea el hecho de que los demandados no se hubieran excepcionado diciendo que previamente a presentar la demanda, el actor debió de haber exhibido el título para su inscripción ante el registrador, y que sólo ante su negativa procedía la reclamación judicial, pues como los elementos de la acción se estudian oficiosamente, bastaba con que uno de ellos no quedara satisfecho, como ocurrió para que ya ni siquiera se analizaran las defensas que hubieran hecho valer. Como en primera instancia la sentencia fue desfavorable al agraviado, es obvio que los demandados no estaban legitimados para apelar (artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles del Estado). Por tanto, aun cuando hayan sido deficientes los razonamientos del fallo del primer grado, el ad quem estaba facultado para confirmar dicha sentencia apoyándose en argumentos diferentes de los invocados por el a quo, habida cuenta que con motivo del efecto

7 que decidió la tercería promovida en su contra, por ello no tenía por qué recurrir ese fallo que sólo le beneficiaba, y en todo caso la existencia en dicho fallo de algún fundamento del a quo, adverso a la parte apelada, obviamente carece de importancia para ésta cuando dicho fundamento no influye en el sentido de los decisorios, todos ellos favorables a la apelada susodicha. Precisamente en tal hipótesis debe insistirse en que en la alzada procede suplir la falta de agravios de la parte que no apeló, naturalmente en aspectos que, por no llenarse esa suplencia podría afectársele sin ser oída, con infracción de su garantía individual pública de previa audiencia, prevista por el artículo 14 constitucional". Igualmente constituye una conjetura estimar que por no haber contestado la demanda el registrador, esa abstención deba considerarse como una negativa para inscribir el título del actor, pues no existe precepto alguno que sancione en tal forma dicha omisión. Finalmente, el rechazo por un registrador a inscribir una escritura no encaja en ninguna de las hipótesis de procedencia de la acción de jactancia, por lo que el artículo 28 del enjuiciamiento civil del Estado carece por completo de aplicación en la especie. Volumen: VII ENERO Clave: III.3o.C.169C Página: 419 (VII.- 12) PRESCRIPCION ADQUISITIVA. SI SE PRETENDE RESPECTO A UNA FRACCION MENOR, QUE FORMA PARTE DE OTRA MAYOR QUE APARECE INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO, DEBE ENTENDERSE QUE ESA FRACCION MENOR ESTA REGISTRADA A FAVOR DE AQUEL A QUIEN SE DEMANDA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De conformidad al numeral 1185 del Código Civil del Estado de Jalisco, el juicio de prescripción debe promoverse contra la persona que aparezca como propietaria del bien en el Registro Público de la Propiedad. Luego, si la fracción que se pretende prescribir forma parte de una mayor que, dice el fedatario que extendió la escritura presentada por la promovente, está inscrita en el Registro Público a nombre de la demandada, ello es suficiente para tener por justificada la existencia de tal inscripción con base en el artículo 77 de la Ley del Notariado del Estado, que dice, en lo conducente, que cuando se trata de documentos públicos que deban invocarse en un testimonio, bastará con que el notario autorizante precise la inscripción relativa, o sea, justo como sucedió en el caso. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 499/91.-Rocío del Carmen Herrera Cuéllar y otros. 27 de agosto de Mayoría de votos de María de los Angeles E. Chavira Martínez y Jorge Figueroa Cacho, contra el voto de Carlos Hidalgo Riestra.-Ponente: Jorge Figueroa Cacho.-Secretario: Luis Rubén Baltazar Aceves. Voto particular del magistrado Carlos Hidalgo Riestra: Me permito disentir de la mayoría, por considerar que en el caso los conceptos de violación son infundados y por tanto, debe negarse el amparo solicitado. En efecto, al darse respuesta a los dos primeros conviene tener presente que el allanamiento de la demandada no llega a tener el efecto que la agraviada pretende, porque si ésta ejercitó en el natural la acción de prescripción positiva, es de orden público para el juzgador verificar si

8 Propiedad en favor de Roca Materiales y Construcciones, S.A. de C.V.,pues lo único asentado en el contrato de fideicomiso, porque contrario a lo que dice la quejosa no basta que en el testimonio 41748, se mencione que el terreno que adquieren forma parte de otro de mayor magnitud, si no existe otra probanza que corrobore que la excedencia controvertida está incluida también en esa propiedad y que ésta a su vez pertenece a dicha persona moral y de ahí el porqué lo inatendible de su argumento doliéndose de la justipreciación dada a tales elementos de convicción. Finalmente las opiniones jurisprudenciales que como apoyo se transcriben son inaplicables porque ninguna de éstas en su contenido trata de aspectos relacionados con la omisión sancionada a los demandantes respecto de uno de los elementos de la acción que intentaron, pues las tres primeras aluden al alcance que tiene la admisión de los hechos por el demandado y las restantes tratan de aspectos relacionados en el juicio de garantías, lo que de ninguna manera puede reforzar los planteamientos con los que los agraviados refutan lo dicho por el tribunal de apelación. Como debe negarse la protección federal respecto de los actos que se reclaman de la responsable señalada como ordenadora, procede hacer lo mismo por cuanto a los que se atribuyen a la ejecutora, con base en la tesis jurisprudencial 298, de la Segunda Parte, del último Apéndice al, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Volumen: IX ENERO Clave: III.3o.C. 212C Página: 217 (VII.- 13) REGISTRO PUBLICO. PUBLICIDAD A TRAVES DE OTROS MEDIOS DIVERSOS A LA INSCRIPCION EN EL. Es criterio jurisprudencial, que los efectos de la inscripción en el registro público no son constitutivos del derecho de propiedad, sino que sirven únicamente para darle publicidad al acto inscrito; sin embargo, ello puede lograrse a través de otros medios; y si en el caso justiciable tal conocimiento se colige de lo manifestado por el demandado en el juicio natural y la exhibición de la escritura de compraventa del inmueble embargado, se pone de manifiesto que el requisito de publicidad se surtió; lo anterior, con independencia de que el escrito de contestación del enjuiciado haya sido presentado en forma extemporánea, porque el juzgador debe tomar en consideración todas las constancias que obren en autos. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 540/90.-Mauro Rodríguez Trigueros.-25 de octubre de Unanimidad de votos.-ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.-Secretario: José Vicente Peredo. Volumen: VI -1 Página: 254

9 en la oficina del registro público de la propiedad a nombre del deudor de un juicio ejecutivo mercantil, sólo porque un tercero acredite que adquirió dicho bien con anterioridad a la fecha del secuestro; pues conforme al Código Civil de Quintana Roo (artículos 2459,2598 y 3159) la compraventa de inmuebles en un contrato formal que se perfecciona hasta que la operación respectiva es inscrita en el registro público de la propiedad. Así, es inconcuso que las tesis de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion que sostiene que es ilegítimo el embargo que recae sobre inmuebles que ya salieron del patrimonio del deudor, aunque no se hubiere registrado la escritura de compraventa, no resulta aplicables tratándose de la legislación de aquella entidad, ya que están basadas en las legislaciones en donde el registro público sólo tiene efectos declarativos. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 213/90.-Luis Felipe Campos Castillo.-11 de julio de Unanimidad de votos.-ponente: Froylán Guzmán Guzmán.- Secretario: German Escalante Aguilar. Precedente: Amparo en revisión 235/85.-María de Jesús Ramírez de Villanueva.-2 de abril de Unanimidad de votos.-ponente: Martín Borrego Martínez.-Secretario: Santiago Méndez Valencia. Volumen: VII MAYO Clave: XIV.11C Página: 165 (VII.- 15) COMPRAVENTA, LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ EN LOS CONTRATOS DE. La inscripción en el Registro Público de la Propiedad no constituye un elemento esencial de validez en los contratos de compraventa ni en los actos solemnes como los testamentos, a virtud de los cuales se opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque como lo sostiene la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias entre las que puede citarse la pronunciada en el diverso amparo número 9643/949/1a., promovido por Felipa Vélez Fuentes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad según la legislación mexicana, no significa traslación de dominio como acontece en Alemania y en Suiza, donde se considera la inscripción como constitutiva de derechos, siendo en México puramente declarativa, ya que la traslación de dominio se hace por el acto jurídico celebrado entre las partes y la inscripción no es más que la declaración de lo que se realizó en ese acto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 322/89.-Vicente Aguirre González.-25 de abril de Mayoría de votos de Gustavo Calvillo Rangel y Arnoldo Nájera Virgen, contra el voto de José Galván Rojas.-Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.-Secretario: Nelson Loranca Ventura. Sostiene la misma tesis:

10 decretado por el juez de lo cividel Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 471/89, seguido por Publio Pompeyo Limn Moreno, en su carácter de endosatario en procuración de Carlos Ramírez Cernichiari en contra de Cesáreo Mora Guerrero, para acrditar su interés jurídico, dichos quejosos acompañaron a su demanda de amparo copia fotostática certificada del contrato privado de compraventa, ratificado notarialmente, de fecha trece de abril de mil novecientos ochenta y ocho, respecto de la casa ubicada en predio denominado "Tiopanicán", ubicado en la población de Cuzalán, Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, en la que apaecen como vendedores, en su calidad de copropietarios del inmueble referido los señores Cesáreo Mora Guerrero y Eufrosina Gutrrez Mora y como compradores los señores Sigfrido Fuentes Bolla y Gloria Vázquez Moranchel Ahora bien, debe decirse que ese contrato privado de compraventa no puede ser de ninguna manera eficaz para acreditar el interés jurídico de los quejosos, porque la ley (artículo 1491 del Código Civil para el Estado de Puebla) imperativamente ordena que deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles, y que (artículo 2182 del mismo ordenamiento) la venta de un inmueble, cualquiera que sea el valor de éste, se otorgará en escritura pública, por tanto, si el aludido contrato no reviste esa formalidad de escritura pública, el mismo es nulo (artículo 1493 del mismo Código); si en el caso, la prueba para acreditar la compraventa, se hizo consistir en un contrato privado, es indiscutible que no se cumplió con la formalidad legal y por tanto, atendiendo a esta falta de formalidad resulta nulo y, por ende, ineficaz para demostrar el interés jurídico de los quejosos, pues no cabe conceder eficacia alguna a un simple documento privado para tener por cumplida la exigencia del requisito de forma, lo que implicaría la contravención a mandatos especiales, claros y terminantes de la ley que este tribunal no puede en forma alguna auspiciar. Volumen: IX ABRIL Clave: VI.2o.616C Página: 455 (VII.- 16) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS INSCRIPCIONES O LA NEGATIVA DE EFECTUAR ANOTACIONES EN EL. Como se observa de los artículos 1o. y 22, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 1o, 56, 57, 58 y 64, fracción III, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, 2935 del Código Civil y 2o. del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, todos para el estado de Jalisco, contra la negativa del registrador a anotar un aviso preventivo, en la que se incluye su devolución, y contra la incorporación definitiva de una escritra pública que contenga un acto traslativo de dominio de un inmueble, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, ya que tales actos son emitidos por una autoridad dependiente del Ejecutivo y, por tanto, son materialmente administrativos, y porque ni el Código Civil ni el Reglamento del Registro Público de la Propiedad establecen recurso administrativo alguno para esos casos. Además, el aludido medio de defensa prevé la suspensión de los actos, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley Reglamentaria del Amparo para conceder la suspensión definitiva; por ende, el juicio de amparo es improcedente contra los referidos actos, según lo dispuesto por el artículo 73, fracción XV, de la Ley que lo reglamenta. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

11 Parte del último Apéndice al, es del tenor literal siguiente: "Improcedencia del amparo. Debe probarse plenamente y no apoyarse en presunciones.-las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones". En el caso concreto, se reclaman del Director del Registro Público de la Propiedad y del Subdirector encargado de la segunda oficina.- Los actos que en seguida se describen: la negativa de anotar preventivamente el aviso que se dio para darse a conocer que un inmueble registrado a nombre de Antonio Ramírez Ruíz se transmitió al aquí quejoso Enrique Torres Rodríguez; y, la incorporación definitiva de un testimonio por el cual Antonio Ramírez Ruíz transmitió el mismo inmueble en favor de tercera persona. Y, en el proyecto se considera pertinente sobreseer por falta de definitividad por considerarse que, previamente a acudir al amparo, debió agotarse el juicio de nulidad previsto por la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Ahora bien, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Jalisco, en lo conducente, establece: "De la improcedencia y del sobreseimiento: Artículo 28.-Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, contra los actos:...iv.- Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito, entendiéndose que hay consentimiento tácito, únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa, en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los plazos que señala y;...viii.-que hayan sido materia de resolución en un procedimiento judicial...". Y, el Código Civil del estado, en lo conducente, establece: " Podrán pedir la cancelación de un registro las partes que hayan intervenido directamente en el acto o contrato de cuya inscripción se trate, y cualquiera otra persona que resulte perjudicada por esta inscripción; debiendo tramitarse judicialmente la solicitud respectiva en forma de incidente, cuando la cuestión surja entre las partes y lo inscrito sea una demanda, un embargo o cualquier otro acto judicial, que no sean una sentencia; y en un juicio sumario en todos los demás casos, salvo que alguna disposición establezca otra cosa". Atento a lo anterior, se considera que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado es improcedente respecto del acto reclamado que se hizo consistir en: "La incorporación definitiva con fecha 30 de enero de 1989 del testimonio mediante el cual el señor Antonio Ramírez Ruiz indebidamente transmitió el dominio del inmueble, que después se describirá al señor Guillermo Orozco Castellanos." (Fojas 1, vuelta del proyecto.) En efecto, por medio del juicio civil sumario es susceptible que la inscripción registral impugnada pueda modificarse, revocarse o nulificarse; y, así se reitera, en contra de dicho acto reclamado es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, precisamente, porque para ocurrir a dicho juicio administrativo es menester que previamente se promueva "algún medio de defensa, en los términos de las leyes respectivas" y, como se indicó, las inscripciones registrales pueden impugnarse a través del juicio civil sumario. Volumen: IV -1 Página: 446 (VII.- 17) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO, EL JUICIO SUMARIO PREVISTO POR EL ARTICULO 2987 DEL CODIGO CIVIL, NO ORIGINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS INSCRIPCIONES EN EL. El Código Civil del Estado de Jalisco, que en su artículo 2987 prevé el juicio civil sumario, para solicitar la cancelación de una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, cuando la cuestión surja entre las partes que intervinieron en el acto o contrato de cuya inscripción se trate y un tercero, no suspende con la promoción del juicio ese registro; por ende, no se da la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria del Amparo, ya que para que ésta opere se requiere precisamente que mediante la interposición del medio de defensa se suspendan los efectos del acto reclamado, sin que se exijan mayores requisitos que los que la referida Ley

12 Solís y José Manuel Mójica Hernández, contra el voto particular del magistrado Tomás Gómez Verónica.-Ponente: José Manuel Mójica Hernández.- Secretaria: Emma Ramos Salas. Voto particular: La tesis de jurisprudencia número 160, publicada a páginas 266 de la Octava Parte del último Apéndice al, es del tenor literal siguiente: "Improcedencia del amparo. Debe probarse plenamente y no apoyarse en presunciones.-las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones". En el caso concreto, se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad y del Subdirector encargado de la segunda oficina, los actos que enseguida se describen: la negativa de anotar preventivamente el aviso que se dio para darse a conocer que un inmueble registrado a nombre de Antonio Ramírez Ruiz se transmitió al aquí quejoso Enrique Torres Rodríguez; y, la incorporación definitiva de un testimonio por el cual Antonio Ramírez Ruiz transmitió el mismo inmueble en favor de tercera persona. Y, en el proyecto se considera pertinente sobreseer por falta de definitividad por considerarse que, previamente a acudir al amparo, debió agotarse el juicio de nulidad previsto por la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado. Ahora bien, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Jalisco, en lo conducente, establece: "De la improcedencia y del sobreseimiento: Artículo 28.-Es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, contra los actos:...iv.- Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito, entendiéndose que hay consentimiento tácito, únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa, en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los plazos que señala esta ley;...viii.-que hayan sido materia de resolución en un procedimiento judicial...". Y, el Código Civil del estado, en lo conducente, establece: " Podrán pedir la cancelación de un registro las partes que hayan intervenido directamente en el acto o contrato de cuya inscripción se trate, y cualquiera otra persona que resulte perjudicada por esta inscripción; debiendo tramitarse judicialmente la solicitud respectiva en forma de incidente, cuando la cuestión surja entre las partes y lo inscrito sea una demanda, un embargo o cualquier otro acto judicial, que no sean una sentencia; y en un juicio sumario en todos los demás casos, salvo que alguna disposición establezca otra cosa". Atento a lo anterior, se considera que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado es improcedente respecto del acto reclamado que se hizo consistir en: "...La incorporación definitiva con fecha 30 de enero de 1989 del testimonio mediante el cual el señor Antonio Ramírez Ruiz indebidamente transmitió el dominio del inmueble que después se describirá al señor Guillermo Orozco Castellanos." (Fojas 1, vuelta de proyecto.) En efecto por medio del juicio civil sumario es susceptible que la inscripción registral impugnada pueda modificarse, revocarse o nulificarse; y, así, se reitera, en contra de dicho acto reclamado es improcedente el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, precisamente, porque para ocurrir a dicho juicio administrativo es menester que previamente se promueva "algún medio de defensa, en los términos de las leyes respectivas" y, como se indicó, las inscripciones registrales pueden impugnarse a través de juicio civil sumario. Volumen: IV -1 Página: 447 (VII.- 18) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCION EN EL, DE TERRENOS COMUNALES EN FAVOR DE PARTICULARES. AMPARO IMPROCEDENTE. La inscripción de terrenos comunales en el Registro Público de la Propiedad, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, por lo que no afecta los intereses jurídicos del comisariado de bienes comunales quejoso, pues el acto que los afectaría sería el relativo a la constitución del derecho relativo, siempre y cuando dentro del área de los bienes comunales se encontraran comprendidos los inmuebles que fueron inscritos, pero atendiendo a los artículos 52 y 53 de la Ley Federal de la

13 sobreseer en el juicio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 286/88.-Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia de Santiago Comaltepec, Ixtlán Oax.-13 de julio de Unanimidad de votos.-ponente: Robustiano Ruiz Martínez.-Secretaria: Ruth Ramírez Núñez. Véase: Jurisprudencia 255,, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen: II -2 Página: 466 (VII.- 19) REGISTRO PUBLICO, INSTITUCION EN BENEFICIO Y PROTECCION DE LA BUENA FE. El Registro Público de la Propiedad es una Institución en beneficio y protección de la buena fe de que haya una notificación pública y auténtica de los derechos que se inscriben, y es evidente que en el caso tal finalidad se alcanzó, porque los ahora recurrentes, tuvieron conocimiento directo del juicio hipotecario en cuestión desde el momento en que pretendieron inscribir la escritura de compraventa y fue regresada sin inscribir porque dicho predio se encontraba afectado por cédula hipotecaria a favor de Banpaís". TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 226/87.-Roberto Romero Navarro, Yolanda Navarro Pérez y otros.-9 de octubre de Unanimidad de votos.-ponente: José Refugio Raya Arredondo. Volumen: Sexta Parte Página: 528 Séptima Epoca (VII.- 20) TESTIMONIO NOTARIAL. SU NO INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD NO LO INVALIDA. La finalidad de la inscripción de un instrumento notarial consiste sólo en la publicidad de éste, toda vez que el acto en él consignado surte efectos desde el momento de su celebración y los derechos ahí establecidos provienen del acto jurídico declarado, es decir, los efectos de esa inscripción son declarativos, no constitutivos de derechos; luego, si en la especie la parte actora acreditó su personalidad en el juicio con la exhibición del testimonio notarial número 1219, la falta de su inscripción en el Registro Público de

14 Volumen: Sexta Parte Página: 664 Séptima Epoca (VII.- 21) REGISTRO PUBLICO, NO TIENE EL CARACTER DE DEFINITIVA LA NEGATIVA A INSCRIBIR UNA ESCRITURA EN EL (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). La negativa por parte del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Chiapas, a registrar una escritura pública, no tiene carácter definitivo, pues de acuerdo con los artículos 2985, 2986 y 2987 del Código Civil para el Estado de Chiapas, el quejoso pudo obtener la revocación o modificación a través de un medio de defensa, esto es, con la resolución que emita el Juez ante el cual se impugna ese acto, ya que los efectos de éste quedan en suspenso, a virtud de la anotación preventiva que ordena el segundo de los preceptos citados. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 379/84.-Jesús Sánchez Caballero.-25 de octubre de Unanimidad de votos.-ponente: Carlos A. González Zárate. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 511/84.-Manuela Aceituno Viuda de Tomas.- 8 de noviembre de Unanimidad de votos.-ponente: Carlos A. González Zárate. Volumen: Sexta Parte Página: 139 Séptima Epoca (VII.- 22) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. ILEGALIDAD DE ANOTACION MARGINAL RECTIFICADORA DE SUPERFICIE Y LINDEROS, QUE AFECTA LA PROPIEDAD DE INMUEBLE DEBIDAMENTE INSCRITA. Tramitando los quejosos juicio ordinario civil de nulidad de inscripción, en el que fue demandado también el Registrador Público de la Propiedad, carece de legitimidad una anotación marginal originada por acta rectificadora notarial fuera de protocolo, que se refiere a medidas y colindancias del inmueble de los quejosos y la expedición del consiguiente certificado de libertad de gravámenes, que se empleó posteriormente para el otorgamiento de la escritura de compraventa por la que el tercero perjudicado recurrente, adquirió parte de dicho bien, perteneciente a los quejosos. La inscripción marginal contraviene los artículos 59 a 63 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad del Estado de Nuevo León, por ser notoriamente infundada, sin que además exista error material o de concepto; y, porque el certificado registral expedido, contiene asimismo datos

15 Sexta Parte Página: 71 Séptima Epoca (VII.- 23) SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES QUE LO CONSTITUYEN. DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS. Basta que el inmueble rnateria de la litis haya sido adquirido durante la vigencia del matrimonio, para estimar que éste pasó a formar parte de la sociedad conyugal, pero ello no implica que tal situación sea oponible a terceros de buena fe, pues para acreditar que el inmueble pertenece en un cincuenta por ciento a cada uno de los cónyuges, es necesario que ellos manifiesten su voluntad de incluir ese bien a la sociedad en la escritura respectiva, y que ésta quede debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 57/89.-Martha Garduño Calva.-23 de febrero de Unanimidad de votos.-ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. Amparo en revisión 415/91.-Marbella Ríos Núñez.-22 de enero de Unanimidad de votos.-ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. Amparo en revisión 122/92.-Reyna Espinoza de Pérez.-28 de mayo de Unanimidad de votos.-ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier Rebolledo Peña. Amparo en revisión 184/92.-María Teresa Martínez Covarrubias.-14 de julio de Unanimidad de votos.-ponente: José Angel Mandujano Gordillo.-Secretaria: Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra. Amparo en revisión 149/93.-María Rosario Chávez Barrios.-9 de junio de Unanimidad de votos.-ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Gaceta del SJF Volumen: 70 Clave: II.3o.J/61 Tercera Parte Página: 59 (VII.- 24) SOCIEDAD LEGAL, AUNQUE UN BIEN INMUEBLE SE ENCUENTRE REGISTRADO A NOMBRE DE UNO SOLO DE LOS CONSORTES, SI ADEMAS SE ANOTA ENTRE PARENTESIS LA PALABRA "CASADO", O "SOCIEDAD LEGAL", SE CONSIDERA LA INSCRIPCION A FAVOR DE

16 sociedad legal, pero para ésta, la inscripción respectiva se hace anotando entre paréntesis la palabra "casado" o "casada" o bien "sociedad legal". Luego, si la inscripción aparece hecha a nombre del marido de la quejosa, pero seguida de la palabra "casado", no queda duda de que se hizo a favor de la sociedad legal formada entre ambos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 876/91.-María González Ramírez.-5 de diciembre de Unanimidad de votos.-ponente: Jorge Figueroa Cacho.- Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara. Volumen: IX ABRIL Clave: III.3o.C.234C Página: 639 (VII.- 25) REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCION PREVENTIVA. AMPARO PROCEDENTE CONTRA SU NEGATIVA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA). Si bien el artículo 2892 del Código Civil dispone que cuando el título no reúna los requisitos que en él se señalan, se devolverá sin registrar, siendo necesaria resolución judicial para que se haga el registro. El artículo 2893 del propio Código prescribe que el registrador en esa hipótesis tiene la obligación de hacer la inscripción preventiva, a fin de que si la autoridad judicial ordena la inscripción del título rechazado, la inscripción definitiva surta efectos desde la primera vez que se presentó el título que en caso contrario, se cancelará la inscripción, lo que permite concluir que debe hacerse la inscripción preventiva sin perjuicio del trámite del juicio correspondiente para ordenar la inscripción definitiva. Por tanto, si para la inscripción preventiva no es indispensable que se agote el juicio contradictorio correspondiente, es obvio que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 346/92.-Concepción Niño de Rivera Ramírez.-23 de octubre de Unanimidad de votos.-ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez.-Secretaria: Araceli Cuéllar Mancera. Volumen: XI ENERO Clave: XIII.1o.82 A Página: 320

17 agotar aquél, el amparo contra ella es improcedente. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO Amparo en revisión 320/83.-Patricia de los Santos Castañón.-10 de noviembre de Unanimidad da votos.-ponente: Isidro Gutiérrez González. Volumen: Sexta Parte Página: 180 Séptima Epoca (VII.- 27) REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA A EFECTUAR UNA INSCRIPCION, ANTES DE AGOTAR EL MEDIO CORRESPONDIENTE. Cuando el Registrador Público de la Propiedad se niega a hacer la inscripción de una escritura, el quejoso para cumplir con el principio de definitividad que rige el acto, antes de acudir a la instancia constitucional, deberá hacer uso del juicio o medio de defensa legal, que establece el artículo 3050 del Código Civil del Estado de Puebla, porque si no lo hace el jucio de amparo resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo en revisión 443/81.-María Vélez Torres.-16 de junio de Unanimidad de votos.-ponente: J. Jesús Duarte Cano. Sostienen la misma tesis: Amparo en revisión 446/81.-Librada Cruz Cabrera.- 16 de junio de Unanimidad de votos.-ponente: J. Jesús Duarte Cano. Amparo en revisión 447/81.-Porfirio Escudero Casados.-16 de junio de Unanimidad de votos.-ponente: J. Jesús Duarte Cano. Volumen: Sexta Parte Página: 233 Séptima Epoca (VII.- 28) REGISTRO DE DOCUMENTOS EN LOS QUE SE CONSIGNA LA CONSTITUCION O EL AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADES

18 sobre el capital (tratándose de la constitución de la sociedad) o del aumento de capital (si ese es el caso), son contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues para determinar el monto de los derechos se toma en cuenta el capital en giro de las sociedades y no tanto el costo del servicio que presta la administración pública, de tal suerte que los causantes pagarán una mayor o menor cantidad dependiendo siempre de su capital en giro, provocándose que por los mismos servicios se causen cantidades distintas. Es cierto que el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder con exactitud matemática al costo del tercio prestado, pero sí debe fijarse en relación con dicho costo, pues si a fin de cuantificar su monto se toman en cuenta elementos completamente extraños como lo sería el capital de cada una de las distintas sociedades, de tal manera que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas, debe concluirse que la tarifa correspondiente es desproporcional e inequitativa. Amparo en revisión 1127/83.-Banco Nacional de México, S.A.-6 de febrero de Unanimidad de 17 votos de los señores ministros: López Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Palacios Vargas, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Olivera Toro y Presidente Iñárritu.-Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos.-Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Séptima Epoca, Volúmenes , Primera Parte, página 120. Amparo en revisión 2345/84.-Inmuebles Banamex, S.A. de C.V.-15 de octubre de Unanimidad de 18 votos de los señores ministros: López Aparicio, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Río Rodríguez, Schmill Ordóñez, Olivera Toro y presidente Jorge Iñárritu.-Ponente: Ernesto Díaz Infante.-Secretario: Herminio Huerta Díaz. Séptima Epoca, Volúmenes , Primera Parte, página 45. Amparo en revisión 886/85.-General Popo, S.A.-29 de octubre de Unanimidad de 16 votos de los señores ministros: López Aparicio, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez y presidente: Jorge Iñárritu.-Ponente: Fernando Castellanos Tena.-Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Séptima Epoca, Volúmenes , Primera Parte, página 46. Amparo en revisión 3757/83.- Bancomer, S.A.-19 de agosto de Unanimidad de 17 votos de los señores ministros: López Contreras, Cuevas Mantecón, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Ortíz Santos, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez.-Ponente: Luis Fernández Doblado.-Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Amparo en revisión 9184/87.-Siemens, S.A. de C.V.-31 de mayo de Unanimidad de 19 votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez.- Ponente: Atanasio González Martínez.-Secretario: Guillermo David Vázquez Ortiz. Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y ccho.-unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Raúl Cuevas Mantecón, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón

19 Volumen: I Clave: P.9 Primera Parte-1 Página: 158 (VII.- 29) INSCRIPCION O CANCELACION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CARECE DE FACULTADES PARA ORDENAR LA. De una interpretación a contrario sensu del artículo 2881 del Código Civil del Estado de México, se concluye que cuando existe controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad sólo por orden de una autoridad puede cancelarse. De esa manera, como la inscripción o cancelación de mérito está vinculada con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles de la entidad y el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del propio estado, los actos atinentes a la inscripción de referencia deben plantearse ante ese órgano judicial, por lo que un Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene facultades en ese aspecto y por lo tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 596/94.-Juana Mendoza García.-20 de septiembre de Unanimidad de votos.-ponente: Víctor Ceja Villaseñor.-Secretario: José Luis Flores González. Volumen: XIV DICIEMBRE Clave: II.1o.P.A.176 C Página: 391 (VII.- 30) COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES CON RESERVA DE DOMINIO. PARA QUE PRODUZCA EFECTOS CONTRA TERCERO, ES NECESARIO QUE EL CONTRATO DE, SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PUBLICO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). Si del contrato de compraventa con reserva de dominio de un vehículo automotor, no se advierte ninguna razón de la que se desprenda que el mismo hubiera sido presentado para su inscripción ante el

20 efectos contra tercero, es necesario que se inscriba en el Registro Público. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 495/94.-Centro Mueblero Placencia, S.A. de C.V.-31 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Julio López Beltrán.-Secretario: Rafael Quiroz Soria. Volumen: XIV NOVIEMBRE Clave: III.2o.C.418 C Página: 425 (VII.- 31) PATRIMONIO FAMILIAR. ES NECESARIO LA DECLARACION JUDICIAL Y QUE ESTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE UN INMUEBLE PERTENEZCA AL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 721 del Código Civil para el Estado de Chiapas, para que un inmueble pertenezca al patrimonio familiar, se requiere declaratoria judicial para conformarlo y que se hagan las inscripciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 399/94.-Edna Noemí de León Barrionuevo. 25 de agosto de Unanimidad de votos.-ponente: Francisco A. Velasco Santiago.-Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. Volumen: XV ENERO Clave: XX.421 C Página: 280 (VII.- 32) REGISTRO PUBLICO, INSCRIPCIONES EN EL. NO SON REQUISITOS DE CONSTITUCION DE LOS ACTOS JURIDICOS INSCRITOS. El hecho de que en el Registro Público de la Propiedad no se efectúe, en el folio de derechos reales respectivo, la anotación relativa a la transmisión de la propiedad en favor de quien adquiere por compraventa, y por esa razón, en dicha institución aún aparezca la

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