RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Nº 38

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1 JUNTA ARBITRAL DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Conflicto: 38/2011 Promotor: Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Administraciones en conflicto: Administración General del Estado y Comunidad Foral de Navarra Tipo de conflicto: Positivo Objeto: Propuesta de cambio de domicilio de NOMBRE Y APELLIDOS 1. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Nº 38 En sesión celebrada el 17 de septiembre de 2012, la Junta Arbitral establecida en el artículo 51 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, integrada por Antonio Cayón Galiardo (Presidente), D. Eugenio Simón Acosta y D. José-Antonio Asiáin Ayala (Vocales) y D.ª Isabel-María Ayo Benítez (Secretaria), en el conflicto de competencias nº NN, planteado por la Administración Tributaria del Estado frente a la Comunidad Foral de Navarra, en relación con la domiciliación del contribuyente D. NOMBRE Y APELLIDOS 1, adoptó el siguiente Acuerdo del que fue Ponente D. José-Antonio Asiáin Ayala: I.- A N T E C E D E N T E S 1.-Mediante escrito presentado en la Secretaría de esta Junta Arbitral el 6 de julio de 2011, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) promovió conflicto de competencias frente a la Hacienda Tributaria de Navarra (en adelante, HTN) para resolver la discrepancia surgida entre ambas Administraciones respecto de la domiciliación del contribuyente D. NOMBRE Y APELLIDOS 1. En el referido escrito, el Director General de la AEAT alegó que el 20 de abril de 2011 la AEAT, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.5 del Convenio Económico, había propuesto a la HTN la modificación del domicilio 1

2 fiscal del contribuyente D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 (que éste había situado en DOMICILIO 1 de Pamplona) a DOMICILIO 2, sita en MUNICIPIO 1 (Madrid), con efectos a partir del 1 de enero de El Director General de la AEAT alegó asimismo en dicho escrito de 6 de julio de 2011 que la mencionada propuesta de cambio de domicilio fiscal de 20 de abril de 2011 se fundamentó en sendos informes emitidos por la Dependencia Regional de Inspección de Navarra el 7 de marzo de 2011 y por la Dependencia Regional de Inspección de Madrid el 14 de abril de El Director General de la AEAT alegó, por último, en el referido escrito que habían transcurrido más de dos meses desde la notificación a la HTN de la citada propuesta de cambio de domicilio sin que esta se hubiera pronunciado expresamente sobre la misma; que, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento de esta Junta Arbitral, había que entender que la HTN rechazaba la mencionada propuesta; y que, por ello, la AEAT había decidido plantear el presente conflicto en solicitud de que esta Junta Arbitral declare que, desde el 1 de enero de 2006, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 tiene su domicilio fiscal en DOMICILIO 2, sito en MUNICIPIO 1 (Madrid). En el tantas veces citado escrito de 6 de julio de 2011, el Director General de la AEAT puso de manifiesto, entre otros extremos, que el 25 de marzo de 2011 D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 había trasladado su domicilio fiscal a DOMICILIO 2, sita en MUNICIPIO 1 (Madrid). 2.-Mediante Resolución de 11 de octubre de 2011, el Presidente de esta Junta Arbitral tuvo por planteado el conflicto promovido por la AEAT en el citado escrito de 6 de julio de 2011, dio traslado del mismo a la HTN y emplazó a ésta para que, en el plazo de un mes, formulara las alegaciones que considerara pertinentes y propusiera las pruebas necesarias para acreditarlas. 3.-La HTN no formuló en dicho plazo alegación alguna. 2

3 4.-Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2011, que fue notificada a las Administraciones en conflicto el siguiente día 23, el Presidente de esta Junta Arbitral declaró abierto el período de instrucción por un plazo de dos meses y designó Ponente al Vocal de esta Junta Arbitral D. José-Antonio Asiáin Ayala. 5.-Mediante un escrito presentado el 22 de febrero de 2012 en la estafeta de correos nº 36 de Madrid, que tuvo entrada en la Secretaría de esta Junta Arbitral el siguiente día 27, la AEAT propuso los medios de prueba que consideró oportunos para acreditar las alegaciones formuladas en el escrito de planteamiento del conflicto. 6.-Mediante un escrito presentado en la Secretaría de esta Junta Arbitral el 23 de febrero de 2012, la HTN propuso los medios de prueba que estimó oportunos para acreditar la improcedencia del cambio de domicilio instado por la AEAT. Entre tales medios de prueba, figura la Resolución 581/2011, de 4 de julio, del Director-Gerente de la HTN, en la que se rechaza dicho cambio de domicilio. 7.-Mediante un escrito presentado en la estafeta de correos nº 36 de Madrid el 10 de mayo de 2012, que tuvo entrada en la Secretaría de esta Junta Arbitral el siguiente día 14, la Directora General de la AEAT complementó la proposición de prueba formulada en su anterior escrito de 22 de febrero de Mediante Resolución de 15 de mayo de 2012, el Presidente de esta Junta Arbitral, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 17 de su Reglamento, puso de manifiesto el expediente a las Administraciones Tributarias en conflicto y a los interesados; y les emplazó a formular, en el plazo de quince días hábiles, cuantas alegaciones estimaran pertinentes. 3

4 9.-Mediante un escrito presentado en la Secretaría de esta Junta Arbitral el 4 de junio de 2012, la Directora General de la AEAT reiteró y complementó las alegaciones formuladas en el escrito de planteamiento del conflicto y solicitó a esta Junta Arbitral que declare que D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 ha tenido su domicilio fiscal en DOMICILIO 2, sito en MUNICIPIO 1 (Madrid), desde el 1 de enero de Mediante un escrito presentado en la Secretaría de esta Junta Arbitral el 6 de junio de 2012, complementado por otro escrito presentado el 20 de julio de 2012, la representante de D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 se opuso a la pretensión de la AEAT y alegó, para ello, que, hasta el ejercicio 2010 inclusive, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 tuvo su domicilio fiscal en Navarra. A mayor abundamiento, dicha representante puso de manifiesto que DOMICILIO 2, en la que la AEAT sitúa el domicilio fiscal del citado obligado tributario desde el 1 de enero de 2006, fue objeto de una rehabilitación integral que la hizo inhabitable como residencia. En el mencionado escrito de 6 de junio de 2012, la referida representante alegó asimismo la inadmisibilidad, por extemporáneos, de los documentos relativos a consumos eléctricos y de gas y a movimientos de tarjetas de crédito acompañados por la AEAT a su escrito de 10 de mayo de En el trámite de audiencia conferido en la Resolución del Presidente de esta Junta Arbitral de 15 de mayo de 2012, la HTN no formuló alegación alguna. I I.- N O R M A S A P L I C A B L E S 12.-Son de aplicación al presente conflicto las siguientes normas: 4

5 a).-el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, y modificado por la Ley 12/1993, de 13 de diciembre, por la Ley 19/1998, de 15 de junio, por la Ley 25/2003, de 15 de julio, y por la Ley 48/2007, de 19 de diciembre. b).-el Reglamento de esta Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo. c).-las demás disposiciones de general aplicación. I I I.- F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S 13.-En virtud de lo establecido en el artículo 51 del Convenio Económico, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/2003, de 15 de julio, esta Junta Arbitral es competente para resolver el presente conflicto. 14.-En el planteamiento y tramitación del presente conflicto, se han observado las normas de procedimiento contenidas en el Reglamento de esta Junta Arbitral, aprobado por el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo. 15.-Antes de entrar en el fondo del asunto, debemos pronunciarnos sobre la admisión de los documentos que la AEAT acompañó a su escrito de 10 de mayo de 2012; admisión ésta a la que se opuso expresamente la representante de D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 en su escrito de 6 de junio de Dicha alegación de inadmisibilidad debe rechazarse, ya que la AEAT aportó los documentos en cuestión antes de la apertura del trámite de alegaciones finales, por lo que tal aportación no generó indefensión alguna, ni a la HTN, ni al obligado tributario. 5

6 16.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, se entenderán domiciliadas fiscalmente en Navarra las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio navarro. Para la determinación de si una persona física tiene su residencia habitual en territorio navarro, establece el apartado 2 del citado precepto que deberán aplicarse sucesivamente las siguientes reglas: 1ª.-Cuando permanezcan en territorio navarro el mayor número de días (del período impositivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y del año inmediatamente anterior, contado de fecha a fecha que finalice el día anterior al del devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte). Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en territorio navarro cuando se ubique en él su vivienda habitual. 2ª.-Cuando tengan en territorio navarro su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excluyéndose, a estos efectos, los rendimientos e incrementos de patrimonio derivados del capital mobiliario. 3ª.-Cuando sea éste el territorio de su última residencia declarada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 17.-Como hemos señalado en Resoluciones anteriores, la exigencia legal de habitualidad o permanencia implica que la vinculación de una persona física con una parte del territorio no ha de ser exclusiva o única, sino que es compatible con estancias en otras partes del territorio. 6

7 Hemos dicho asimismo que ello deberá ser tenido en cuenta cuando hayan de examinarse las pruebas o indicios tendentes a acreditar la permanencia habitual de cualquier persona en un determinado lugar, pues, normalmente, habrá otras pruebas que demuestren su estancia en otros lugares. Y hemos dicho también que, por ese motivo, el material probatorio deberá ser apreciado por esta Junta Arbitral conjuntamente y de acuerdo con las reglas y criterios generales de valoración de la prueba. Hemos señalado igualmente que la determinación de la residencia habitual de las personas físicas debe hacerse de manera específica para cada ejercicio sin que, como regla general, las pruebas relativas a un determinado ejercicio puedan extenderse a otros ejercicios distintos. Hemos manifestado asimismo que la regla relativa al centro de intereses que se establece en el artículo 8.2 del Convenio Económico tiene carácter subsidiario de la regla de la permanencia en el territorio, por lo que dicha regla subsidiaria sólo resulta de aplicación cuando se haya acreditado la permanencia del contribuyente en ambos territorios pero no se haya acreditado que la permanencia en uno de ellos reúna los requisitos de duración establecidos en la regla primera del citado precepto. Y hemos señalado, por último, que en aquellos casos en los que, como sucede en el que ahora nos ocupa, los interesados han venido presentando sus declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio a la HTN, corresponde a la AEAT aportar las pruebas acreditativas de que aquellos no tenían en el período en cuestión su residencia habitual en territorio navarro. 18.-Conforme a las reglas generales que, sobre la carga de la prueba, establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 80 y 81 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corresponde a la AEAT, promotora del conflicto, acreditar que, a partir del 1 de enero de 2006, 7

8 D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 tuvo su residencia habitual en territorio común, más concretamente, en DOMICILIO 2, sita en MUNICIPIO 1 (Madrid). Pues bien, a juicio de esta Junta Arbitral, una valoración conjunta de la prueba practicada permite concluir que, en el citado período, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 tuvo su residencia habitual en dicha finca y no en los domicilios declarados, sitos en Navarra. 19.-En lo que respecta a estos últimos, la prueba practicada acredita que el inmueble declarado por D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 como domicilio fiscal (el señalado DOMICILIO 1, de Pamplona) es el despacho profesional de su asesora fiscal. El inmueble declarado por dicha asesora fiscal como domicilio efectivo constituye la vivienda habitual de su representante legal en el presente procedimiento que es, a su vez, la madre de la asesora fiscal. Además, para el portero del edificio en el que se ubica dicha vivienda, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 es un perfecto desconocido; y ni siquiera la esposa de éste, Dª NOMBRE Y APELLIDOS 2, pudo precisar el número que corresponde al citado edificio en la calle en la que se ubica. Hay que destacar, asimismo, que en la declaración que efectuó ante el actuario de la HTN el 14 de junio de 2011, NOMBRE Y APELLIDOS 1 no situó su domicilio efectivo en la vivienda declarada como tal por su asesora fiscal (y, aun sin precisar el número del edificio, por su esposa), sino que, desde el 1 de diciembre de 1999 hasta el 15 de agosto de 2007, lo situó en una vivienda arrendada en MUNICIPIO 2; y, desde el 15 de agosto de 2007 hasta el 25 de marzo de 2011, en una vivienda arrendada en MUNICIPIO 3. Pero no ha quedado acreditado en modo alguno que D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 haya efectivamente residido en los mencionados períodos ni en la vivienda de MUNICIPIO 2, ni en la de MUNICIPIO 3. 8

9 A mayor abundamiento, la falta de coincidencia entre los domicilios declarados por D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 como sede de su residencia efectiva y el declarado como tal por su asesora fiscal y por su esposa es sumamente significativa de que, a partir del 1 de enero de 2006, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 no ha residido habitualmente en ninguno de ellos. 20.-Ha quedado, sin embargo, acreditado que, en las declaraciones presentadas ante la Administración Tributaria y ante la Tesorería General de la Seguridad Social D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 situó, desde su inicio, la sede de sus actividades económicas en DOMICILIO 2 de MUNICIPIO 1 (Madrid); y que no modificó dicha sede durante el período en cuestión. Y ha quedado asimismo acreditado que la esposa de D. NOMBRE Y APELLIDOS 1, Dª NOMBRE Y APELLIDOS 2, ha tenido su residencia habitual en la referida finca (a la que aquél trasladó voluntariamente su domicilio fiscal el 24 de marzo de 2011), por lo que, a falta de prueba en contrario, hay que presumir, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código Civil, que D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 ha residido también en dicho domicilio. No enerva tal presunción el hecho de que en la mencionada finca se realizaran durante el citado período obras de rehabilitación, ya que no se ha acreditado fehacientemente la fecha inicial y final de las mismas. Las manifestaciones formuladas, a ese respecto, por el constructor no se corresponden con sus declaraciones tributarias. Y tampoco se ha acreditado fehacientemente qué parte de la finca se vio afectada por las obras en cuestión, ni que éstas impidieran totalmente habitar en la misma. Todo ello permite concluir que, en el referido período, D. NOMBRE Y APELLIDOS 1 tuvo su residencia habitual en el mencionado lugar del territorio común. I V.- A C U E R D O 9

10 En virtud de todo lo expuesto, esta Junta Arbitral acuerda: Primero.-Estimar la reclamación de cambio de domicilio fiscal de D. NOMBRE Y APELLIDOS 1, a partir del 1 de enero de 2006, formulada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Segundo.-Notificar el presente acuerdo, en la forma reglamentariamente establecida, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Comunidad Foral de Navarra y a los interesados. V.-FÓRMULA DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO Por ser el presente Acuerdo meramente declarativo, no procede establecer fórmula alguna para su ejecución. V I.-EFECTOS DE ESTE ACUERDO Y RECURSOS CONTRA EL MISMO El presente Acuerdo causa estado en la vía administrativa y tiene carácter ejecutivo. Contra el mismo, las partes y, en su caso, los interesados pueden interponer, en única instancia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Dicho recurso deberá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este Acuerdo. Pamplona, 17 de septiembre de 2012 EL PRESIDENTE LOS VOCALES LA SECRETARIA Antonio Cayón José-Antonio Asiáin Isabel-María Ayo 10

11 Eugenio Simón 11

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