RESUMEN (26) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

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1 RESUMEN (26) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. Centro Comercial Barcelona Una empresa presenta reclamación frente a un Acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona relativo a la declaración de improcedencia de un Proyecto de Reparcelación. Este Acuerdo es una actuación que resuelve expresamente, denegándola, una petición de la interesada que previamente había sido ya denegada por silencio administrativo y recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La denegación expresa se motiva en una denegación previa por Acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona de un Proyecto de Urbanización; actuación frente a la cual la interesada también ha presentado recurso contencioso-administrativo. La interesada considera que el Acuerdo del Ayuntamiento es susceptible de ser contrario a los principios de necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). El informe de la -SECUM- señala que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe respetar los principios de ésta norma. Así, las actuaciones de los Ayuntamientos que inciden sobre actividades económicas están sujetas a los principios de la LGUM. No obstante lo anterior, no cabe por parte de la SECUM la realización de ninguna valoración en relación al cumplimiento o no de los principios de necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas en este caso concreto. Ello es así, en la medida en que la actuación reclamada se fundamenta en la denegación contenida en un Acuerdo previo adoptado por el Ayuntamiento que actualmente se encuentra sub iúdice y que es, por tanto, materia en la que la SECUM en virtud del artículo 26.3 de la LGUM no puede entrar a conocer Informe SECUM

2 26/1608 I. INTRODUCCIÓN El 25 de febrero de 2016, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) reclamación de ( ), en representación de ( ), en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). El día 26 de febrero se recibió escrito de ampliación de información y corrección de erratas. La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por la realización de tres actuaciones del Ayuntamiento de Barcelona relativas a: En primer lugar (1º) el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del referido Ayuntamiento, adoptado en sesión de 28 de diciembre 2015, por el que se deniega la aprobación del Proyecto constructivo de urbanización de la zona verde del ámbito de la modificación puntual del ( ) promovido por ( ).. En segundo lugar (2º) la desestimación por silencio administrativo negativo de la solicitud de aprobación del Proyecto de Reparcelación del Polígono de actuación urbanística delimitado por la Modificación puntual del Plan General Metropolitano PGM- en ( ) promovido por la interesada, el 28 de diciembre de Y por último (3º) la declaración de improcedencia del mencionado Proyecto de Reparcelación acordado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 11 de febrero de 2016, y notificado a la interesada el pasado 24 de febrero. La interesada considera que las tres actuaciones decididas por el Ayuntamiento de Barcelona, resultan contrarias a los artículos 5 y 7 de la LGUM siendo que está haciendo una aplicación de sus potestades urbanísticas de manera desproporcionada, generando cargas administrativas innecesarias y exorbitantes respecto de lo que cualquier operador en la misma situación y en otro ámbito territorial se vería obligado a soportar. Asimismo la interesara considera que podría estar realizándose una actuación discriminatoria en contra de uno de los principios protegidos por la LGUM en la medida en que 2

3 podrían existir operadores a los que sí se les está reconociendo la aprobación de instrumentos urbanísticos por silencio urbanístico en supuestos similares al presentado. Con fecha 26 de febrero se remitió escrito de subsanación al interesado en el que se le requiere para que aporte documentación adicional y aclaratoria en relación a la tercera actuación del Ayuntamiento de Barcelona. Con fecha 2 de marzo se recibió escrito de subsanación con la información solicitada. El 3 de marzo se inadmitieron a trámite las reclamaciones relativas a las dos primeras actuaciones del Ayuntamiento, en aplicación del artículo de la LGUM, por haberse presentado en ambos casos recursos previos ante la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo se procedió a dar inicio al procedimiento del artículo 26 de la LGUM en relación a la tercera actuación del Ayuntamiento relativa a la declaración de improcedencia del Proyecto de Reparcelación acordado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 11 de febrero de II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN a) Marco normativo estatal. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. b) Marco normativo autonómico. Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Cataluña Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo. 1 Artículo 26. Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes. ( ) 3. El procedimiento previsto en este artículo tiene carácter alternativo. De no acogerse a él, el operador económico podrá interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que procedan contra la disposición, acto o actuación de que se trate. 3

4 III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO. a) Inclusión de la actividad en el ámbito de la LGUM. El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. La actividad de promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento y explotación por cualquier título o modalidad de bienes inmuebles (en este caso concreto, un centro comercial) que realiza la empresa reclamante, constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. b) Admisión a trámite de la reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la LGUM La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 25 de febrero de Se plantea frente a un Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona notificado a la interesada el 24 de febrero. La interesada declara en su escrito no haber presentado recurso alguno contra el citado Acuerdo. Procede la admisión a trámite, puesto que el Acuerdo es un acto expreso en sí mismo susceptible de recurso y la reclamación se produce dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 26.1 de la LGUM 2. 2 Con fecha 10 de marzo de 2016 se ha recibido en esta Secretaría informe procedente del Ayuntamiento de Barcelona. Este informe considera que hubiera procedido la no admisión a trámite de la Reclamación por parte de la SECUM en aplicación de lo establecido en el artículo 26.3 de la LGUM. El informe alega que el Acuerdo frente al cual se presenta la reclamación resuelve expresamente, denegándola, una petición de la interesada que previamente había sido ya denegada por silencio administrativo, recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa e inadmitida a trámite por la Secretaría. Así, considera el informe que el Acuerdo del Ayuntamiento reclamado es sustancialmente idéntico al del acto presunto impugnado (el 4

5 c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. La LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos principios en el Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación». En concreto el artículo 5 de la LGUM relativo al principio de necesidad y proporcionalidad en su apartado primero exige que las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o requisito establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. El artículo 7 de la LGUM recoge el principio de simplificación de cargas por el cual la intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores silencio administrativo) y en consecuencia se estaría conociendo de una actuación de la que ya conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. 3 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural. 5

6 cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. El artículo 9 establece que todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios establecidos en la LGUM. En consecuencia se hace extensible, entre otros, los comentados principios de necesidad y proporcionalidad y el de simplificación a todas las actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad económica, y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio. Así, cualquier intervención de las autoridades, incluidas las actuaciones de un Ayuntamiento, sobre el acceso y el ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe respetar los principios contenidos en esta norma. En el caso que nos ocupa, la reclamación se presenta contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona adoptado el 11 de febrero de 2016 que declara improcedente la petición de ( ) de inmediata continuación de la tramitación del Proyecto de Reparcelación del Polígono de actuación urbanística delimitado por la Modificación puntual del Plan General Metropolitano en ( ) promovido por la interesada, el 28 de diciembre de Esta denegación expresa de continuación del procedimiento se motiva en la denegación previa 4 de la aprobación definitiva del Proyecto constructivo de urbanización de la zona verde del ámbito de la modificación puntual del PGM ( ) promovido por ( ). adoptada por Acuerdo de la Comisión de Gobierno del referido Ayuntamiento, en sesión de 28 de diciembre Considera la interesada, entre otras cuestiones, que la denegación de estos instrumentos es desproporcionada al no haberse permitido la subsanación de los aspectos que se plantean por el Ayuntamiento como irregulares. Si bien, como se ha comentado, las actuaciones de los Ayuntamientos que inciden sobre actividades económicas deben respetar los principios de la 4 El artículo del Decreto 305/2006, de 18 de julio exige que en el caso de polígonos de actuación en suelo urbano la aprobación definitiva del proyecto de urbanización habrá de ser previa o simultánea a la del proyecto de reparcelación. 6

7 LGUM no cabe por parte de esta Secretaría la realización de ninguna valoración en relación al cumplimiento o no de los principios de necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas de la actuación reclamada en la medida en que ésta se fundamenta en la denegación contenida en un Acuerdo previo adoptado por el Ayuntamiento que actualmente se encuentra sub iúdice y es, por tanto, materia en la que esta Secretaría en virtud del artículo 26.3 de la LGUM no puede entrar a conocer. 5 Por último, la interesada alude a un posible incumplimiento del principio de no discriminación de la LGUM resultado del silencio negativo y, se entiende, posterior resolución denegatoria- frente al silencio positivo que podría haberse otorgado a otros operadores. En este sentido, esta Secretaría considera necesario aclarar que el principio de no discriminación del artículo 3 de la LGUM establece que la regulación no puede establecer, para los operadores económicos diferentes requisitos de acceso o ejercicio basados en alguna razón derivada de su lugar de residencia o establecimiento. Es decir, la no discriminación en términos de la LGUM no se establece con carácter general sino exclusivamente cuando las diferencias de trato entre operadores económicos se producen en relación al lugar de residencia o establecimiento del operador. IV. CONCLUSIONES Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe respetar los principios de ésta norma. Así, las actuaciones de los Ayuntamientos que inciden sobre actividades económicas están sujetas a los principios de la LGUM. No obstante lo anterior, no cabe por parte de esta Secretaría la realización de ninguna valoración en relación al cumplimiento o no de los principios de necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas de la actuación 5 Tanto la interesada en su escrito de reclamación como el Ayuntamiento de Barcelona en su informe remitido a esta Secretaría con fecha 10 de marzo presentan abundante información para valorar el cumplimiento o incumplimiento de la legalidad vigente, el carácter subsanable o no de las deficiencias identificadas (para valoración de la proporcionalidad de la actuación) y la motivación última en términos de necesidad y proporcionalidad- de la denegación del Acuerdo constructivo de urbanización. 7

8 reclamada en la medida en que ésta se fundamenta en la denegación contenida en un Acuerdo previo adoptado por el Ayuntamiento que actualmente se encuentra sub iúdice y es, por tanto, materia en la que esta Secretaría en virtud del artículo 26.3 de la LGUM no puede entrar a conocer. Madrid, 15 de marzo de 2016 LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 8