RSE. Cultura, Políticas y Prácticas de. Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35. mano a mano Por tus derechos

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1 Cultura, Políticas y Prácticas de RSE Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 Cultura, políticas y prácticas de responsabilidad de las empresas del IBEX 35 mano a mano Por tus derechos I N F O R M E Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas

2 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas ESTUDIO 2011 RSE 2

3 3 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35

4 ESTUDIO 2011 Culturas, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35

5 ESTUDIO 2011 Tomás G. Perdiguero y Andrés García-Reche EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Análisis: Víctor Fuentes Prosper Coordinación: Misericordia Martí Pera Francisco Marco Serrano y Cristina Cuevas Meiriño Observatorio RSE, 2011 Grup d Investigació sobre la Responsabilitat Social de les Empreses. Universitat de Valencia, Diseño gráfico: Mirta Ferriccioni

6 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1. Introducción 7 2. El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Tendencias y otras cuestiones de actualidad 2.1. Las críticas al principio de voluntariedad El debate europeo sobre las responsabilidades empresariales, la transparencia y la rendición de cuentas Las decisiones de la UE sobre los informes sociales: Un proceso confuso y fragmentario Europa como problema 27 PARTE I Los informes sociales, las prácticas de buen gobierno y las políticas responsables 3. Los informes sociales publicados en 2011 por las empresas del IBEX Hacia un modelo de informe social integrado Verificación y confiabilidad de la información 3 4. El buen gobierno en las empresas del IBEX Los IAGC y la evaluación de los enfoques y prácticas de buen gobierno de las empresas del IBEX La estrategia y políticas de RSE El sistema de gestión de las políticas responsables Parte I: Conclusiones y evaluación 61 PARTE II. Políticas y resultados de gestión 7. Políticas responsables y resultados de gestión La contribución de la empresa a la cohesión económica, social y territorial La calidad del trabajo La inversión en I+D y el desarrollo de innovaciones para contribuir a los objetivos de sostenibilidad de las políticas públicas Las responsabilidades internacionales de las empresas Parte II. Conclusiones y evaluación final 113 ANEXO La metodología del Estudio

7 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 1 INTRODUCCIÓN El informe de conclusiones del Estudio Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 es publicado por sexto año consecutivo por el Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas de la Unión General de Trabajadores, UGT. La primera conclusión del Estudio 2011 es que se ha producido una discreta evolución de signo positivo en la mayoría de las empresas y en los distintos apartados evaluados. En cuanto a los resultados de la evaluación, la situación, en términos generales, apenas ha cambiado en relación al ejercicio anterior, aunque el signo de los pequeños cambios que se han producido es positivo. Así, sólo dos empresas (ACS y Amadeus) han obtenido una calificación por debajo del nivel que se considera satisfactorio de acuerdo con los criterios metodológicos adoptados (ninguna en 200); otras diecisiete se sitúan en el umbral considerado satisfactorio de 41 a 60 puntos, mientras que en ocho casos la calificación alcanza el notable (3 en 200). El dato de mayor relevancia es que el 3 por ciento de las empresas evaluadas alcanzan una calificación satisfactoria o notable (27 en 2010, 23 en 200, 16 en 2008 y 12 en 2007) y sólo el 7 por ciento tienen una calificación insatisfactoria. Sin embargo, como también ha sucedido en las ediciones anteriores del Estudio, más allá de los resultados generales de la evaluación, el dato de mayor significación sigue siendo que en los ámbitos más críticos de las responsabilidades empresariales la información que las empresas someten al escrutinio público es todavía parcial e incompleta y los resultados, en los casos en los que puede realizarse la evaluación, son mucho menos satisfactorios. Es el caso de la creación de empleo, como un objetivo esencial que debería inspirar las políticas empresariales para contribuir al esfuerzo colectivo y a los objetivos de la estrategia europea y española de crecimiento y de empleo, las políticas relacionadas con el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación, 7

8 Introducción la equidad en la participación económica o la inversión en capital humano. En este sentido, resulta verdaderamente significativo que nueve de las veintisiete empresas que finalmente han sido evaluadas en las dos partes del Estudio más del treinta por ciento obtengan una calificación negativa en el indicador referido a los esfuerzos de creación de empleos de calidad. Asimismo, en el indicador dos sobre la igualdad de oportunidades y no discriminación sólo obtienen una calificación satisfactoria cuatro empresas Banco Popular, Bankinter, Gas Natural e Iberdrola y son evaluadas negativamente el ochenta y cinco por ciento de las empresas analizadas. Unos resultados que son también negativos en el indicador sobre la inversión en capital humano, en el que cinco empresas no pueden ser evaluadas al publicar informaciones incompletas, y en otros once casos la calificación se sitúa por debajo del umbral considerado satisfactorio. Es decir, cerca del sesenta por ciento de las empresas son suspendidas o no han podido ser evaluadas por insuficiencias en la información publicada. Las prácticas de buen gobierno y la rendición de cuentas son también muy deficientes, en ámbitos esenciales que afectan a la voluntad de cambio de los modelos y enfoques de gestión para adaptarse a los requerimientos del desarrollo sostenible y la responsabilidad. Así, el análisis de los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) publicados en 2011 nos presenta una visión de las prácticas de buen gobierno en la que los intereses sociales más amplios que convergen en las empresas, más allá de los intereses de sus accionistas y de los primeros niveles ejecutivos, son considerados sólo de una manera marginal, mientras que en ámbitos como la igualdad entre hombres y mujeres o los que afectan a la transparencia de las retribuciones, la influencia de las recomendaciones del Código Unificado sigue siendo mínima. La presencia de mujeres en los consejos de administración de nuestras mayores compañías, por ejemplo, ha pasado del 10.2% en 200 al 10.6% en 2010, y según el análisis realizado por la CNMV el 42.4% (40,6 en 200) de las sociedades en las que la presencia de consejeras es escasa o nula no han adoptado las medidas que recomienda el Código Unificado para corregir tal situación. Los datos que afectan a la alta dirección de las compañías son aún peores. De las 4 mujeres que están presentes en los consejos de las 32 empresas incluidas en el Estudio solo en dos casos son consejeras ejecutivas Bankinter y Santander-, mientras que el número de mujeres que forman parte de la alta dirección, sin incluir a los consejeros ejecutivos, es inferior al 6 por ciento, y en once de las empresas no existen mujeres con responsabilidades ejecutivas Acerinox, BBVA, BME, Banco Popular, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Mapfre, OHL, Sacyr Vallehermoso y Telefónica. Tomás G. Perdiguero y Andrés García-Reche Enero de

9 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 2 EL DEBATE SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Tendencias y otras cuestiones de actualidad Tomás G. Perdiguero. Universidad de Valencia Una posición bastante extendida en la investigación y la literatura académica es que la publicación de informes sociales o memorias de sostenibilidad es un indicador relevante de la existencia de una mayor conciencia de las empresas sobre su responsabilidad social y sobre la necesidad de un mayor compromiso con la sociedad y con los objetivos de avance hacia un modelo de desarrollo con mayores equilibrios entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales del crecimiento. Garz y Volk han estudiado los procesos de elaboración de los informes sociales en 540 empresas europeas y concluyen que estos procesos internos son verdaderos catalizadores del cambio organizacional y de los enfoques de gestión. Asimismo, en el excelente trabajo publicado en 2011 por Ioannou y Serafeim, en el que se ha analizado la legislación existente sobre los informes sociales en cincuenta y siete

10 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas Aproximadamente empresas europeas publican informes sobre la RSE o la sostenibilidad, lo que sitúa a la Unión Europea en una posición de liderazgo mundial, aunque se trata de una pequeña proporción de las grandes empresas que operan en la UE. Estrategia renovada de la UE para sobre la responsabilidad social de las empresas, COM (2011) 681 final, de 25 de octubre de países, así como distintas variables que afectan a la competitividad empresarial utilizando bases de datos nacionales e internacionales, han encontrado que la publicación de este tipo de informes o memorias de sostenibilidad no solo aumenta la transparencia de las empresas sobre el impacto social, ambiental y sus prácticas de buen gobierno, sino que además constituye un incentivo interno para el cambio de las prácticas y enfoques de gestión, así como para la mejora del diálogo y de sus relaciones con sus partes interesadas, la opinión pública y el conjunto de la sociedad. Sin embargo, el número de empresas que a nivel mundial explican, justifican y someten al escrutinio público sus políticas y el impacto social y ambiental de sus actividades y decisiones es todavía muy bajo, como se refleja en la mayoría de las investigaciones. El número de informes sociales registrado en Global Reporting Initiative, GRI, a finales de 2010 era de 1.73, y en investigaciones como la realizada por Wensen et al en por encargo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea se ha estimado que en Europa se publicaron este año informes y un total de a nivel mundial. En la Comunicación de la Comisión Europea de 25 de octubre de 2011 sobre la responsabilidad social de la empresas se estima también que aproximadamente empresas europeas publican informes sobre la RSE o la sostenibilidad, lo que sitúa a la Unión Europea, se afirma en la Comunicación, en una posición de liderazgo mundial, aunque se reconoce que se trata de una pequeña proporción de las grandes empresas que operan en la UE. Aun tomando como referencia las estimaciones internacionales más generosas, lo cierto es que se trata de unas cifras verdaderamente insignificantes si tenemos en cuenta que existen empresas mundiales o transnacionales, con más de empresas filiales y más de dos millones de empresas de proveedores estratégicos, de acuerdo con los cálculos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Es decir, la gran mayoría de las grandes empresas no han asumido compromisos con las nuevas exigencias de transparencia y de rendición pública de cuentas, ni con los esfuerzos de la comunidad internacional para mejorar el control de los impactos que las actividades económicas y productivas tienen sobre la sociedad, así como para mejorar las prácticas de gobierno y cambiar los modelos de gestión 2. 1 Conf. Wensen, K., Broer, W., Klein, J. y Knopt, J The state of play in Sustainability Reporting in the EU European Unión, January. 2 No obstante, debe anotarse también que en algunas investigaciones se detecta que el número de empresas que conceden algún grado de importancia a las cuestiones sociales y ambientales es mucho más alto, aunque no publiquen informes sociales o memorias de sostenibilidad. En 2007, por ejemplo, Berger, Cunningham y Drumwright, localizaron empresas que en sus sitios Web hacen referencia a las cuestiones sociales y ambientales y destacan la importancia de considerar el impacto de sus decisiones en estos ámbitos. Conf. Berger, I., Cunningham, P. y Drumwright, N Mainstreaming Corporate Social Responsibility: Developing Markets for Virtue. California Management Review. Vol 4, 4. Summer 2007,

11 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 La crisis financiera, económica y de empleo mundial es, en última instancia, una crisis de responsabilidad que ha mostrado la inexistencia de compromisos firmes del sector financiero y de las grandes empresas mundiales con los objetivos internacionales y nacionales del desarrollo sostenible. Discutir sobre responsabilidades que van más allá de lo que dictan las leyes carece de sentido, ya que resulta absurdo esperar que la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo social y ambiental puede producirse al margen de las exigencias de los países apoyadas en políticas públicas adecuadas, así como en las leyes y regulaciones. Peter Newell Por otra parte, como muestran los análisis que hemos realizado en las sucesivas ediciones de este Estudio desde 2006 sobre los informes sociales publicados por las grandes empresas españolas, así como los resultados de las investigaciones independientes realizadas en otros países, la información que someten al escrutinio público las empresas no nos proporcionan los suficientes datos significativos para conocer su contribución concreta a los objetivos económicos, sociales y ambientales que han sido definidos en los procesos democráticos de elaboración de las políticas públicas de los países en los que las empresas desarrollan sus actividades LAS CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD 1.1. LAS CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE VOLUNTARIEDAD En el informe del estudio 2008 publicado en enero de 200, calificamos de abiertamente decepcionante el balance de resultados de los últimos años y en este último período hemos defendido la necesidad de revisar a fondo algunos de los presupuestos de la Agenda de RSE, como el excesivo peso que se ha otorgado a las políticas voluntarias y a los procesos de autorregulación, los códigos y las normas que no tienen un carácter legalmente vinculante para las empresas. Hemos considerado que la crisis financiera, económica y de empleo que había estallado en 2008 era, en última instancia, una crisis de responsabilidad que mostraba la inexistencia de compromisos firmes del sector financiero y de las grandes empresas mundiales con los objetivos internacionales y nacionales del desarrollo sostenible. Una crisis internacional que, por otra parte, mostraba también que la legislación, las regulaciones económicas y una supervisión más estricta por parte de los cuerpos públicos era el único camino que podía hacer posible la adopción de prácticas y las conductas empresariales responsables. De hecho, la posibilidad de que las empresas realicen voluntariamente cambios en sus modelos de gestión para adaptar sus estrategias, políticas y actividades a los requerimientos de sostenibilidad y responsabilidad definidos por los cuerpos públicos ha merecido fuertes críticas durante los últimos años por parte de la comunidad de investigación más comprometida con los objetivos de la Agenda de RSE. En 2004 Gray y Milne, investigadores del Centre for Social & Environmental Accounting Research de la Universidad de Glasgow, afirmaban que sin nuevas obligaciones normativas existe una imposibilidad objetiva para que las empresas de manera voluntaria consideren de forma equilibrada los factores económicos, sociales y ambientales, y que con los actuales criterios de funcionamiento de los mercados antepondrán de manera inevitable los objetivos financieros y económicos a otras consideraciones en sus decisiones. Peter Newell ha señalado también que hablar de responsabilidades que van más 11

12 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas allá de lo que dictan las leyes carece de sentido y que resulta absurdo esperar que la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo social y ambiental puede producirse al margen de las exigencias de los países apoyadas en las políticas públicas adecuadas, en las leyes y regulaciones. Los principios que en los que se inspira el funcionamiento de los mercados son inseparables de unos incentivos distorsionados que conducen a que los individuos y las empresas actúen de manera racional a título individual, pero con unos efectos enormemente negativos a nivel colectivo y sobre el conjunto de la sociedad. Una posición crítica sobre el alcance de la voluntariedad que en 2007 había sintetizado de manera enormemente expresiva Edwin M. Epstein: la ley es el único instrumento que permitirá modificar las actuaciones y conductas de las grandes empresas, y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, había planteado en términos similares cuatro años antes, al señalar las limitaciones de un proceso de cambio basado exclusivamente en las decisiones voluntarias de las empresas, así como la necesidad de modificación de las reglas del juego económico, el desarrollo de buenos modelos de control y un sistema eficiente de sanciones, como el único camino que puede garantizar la eficacia de las políticas de los Estados y las organizaciones internacionales multilaterales para promover un nuevo modelo de desarrollo. 3 Asimismo, en el excelente texto de revisión de la literatura académica sobre la RSE publicado por Donna J. Wood en 2010, se considera que aunque muchas empresas pueden estar haciendo esfuerzos honestos para mejorar la información que someten al escrutinio público sobre el impacto social y ambiental de sus actividades y decisiones, en la mayoría de los casos la ausencia de regulaciones y de sistemas de control es una buena razón para justificar la opacidad y, en algunos casos, para que las empresas recurran a la manipulación y al engaño respecto a la información más relevante. En el mismo sentido, el economista John Cassidy ha destacado que la crisis iniciada en 2007 ha puesto de manifiesto que los principios que hoy son dominantes en la concepción del funcionamiento de los mercados son inseparables de unos incentivos distorsionados que conducen a que los individuos y las empresas actúen de manera racional a título individual, pero con unos efectos enormemente negativos a nivel colectivo y sobre el conjunto de la sociedad. Cassidy dice que los mercados alientan a las compañías energéticas a saquear el medio ambiente y causar el calentamiento global, a las aseguradoras sanitarias a excluir a los enfermos de su cobertura, a los fabricantes de ordenadores a obligar a sus clientes a comprar programas de software que no necesitan, y a los consejeros delegados a llenarse los bolsillos a cuenta de sus accionistas. El fenómeno de la opacidad o de la información oculta es un problema que ha sido estudiado ampliamente en la ciencia económica. Para explicar el papel que desempeña la información oculta en las transac- 3 Conf. Les approches volontaires dans les politiques de l environnement. Efficacité et combinaisons avec d autres instruments d intervention. OCDE. Octobre

13 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 ciones que se realizan en los distintos ámbitos del mercado, el Premio Nobel de Economía George A. Akerlof denominó en sus primeros trabajos de los años setenta mercado de los limones a los productos cuya calidad y fiabilidad suscitan una escasa confianza, aunque no se disponga de la información que permita contrastar ese sentimiento. Para poder dar una respuesta satisfactoria a estas dudas razonables y facilitar el funcionamiento ordinario de los intercambios se institucionalizaron las garantías sobre la calidad de los productos y servicios ofertados y el mercado desarrolló otros mecanismos complementarios para la reducción de la incertidumbre, como las marcas que tienen también esta función de refuerzo de la confianza. En el mismo sentido, la importancia de la transparencia y la necesidad de la rendición de cuentas sobre las decisiones y resultados de las empresas no constituye en modo alguno una novedad. Berthelot, Cormier y Magnan han explicado de manera convincente que la finalidad de las estrictas regulaciones sobre la información económica y financiera existentes en todos los países es precisamente reducir la incertidumbre de los accionistas, los inversores y los mercados sobre la posible existencia de información oculta relacionada con los resultados de las empresas. En este sentido, no resulta en ningún modo casual que los administradores de las sociedades cotizadas en las bolsas y mercados de valores estén obligados a someter al escrutinio público aquella información que resulta pertinente para poder analizar y comprender la situación y perspectivas de las empresas a corto y medio plazo. Sin embargo, como se afirma en el informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos, las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el de abril de , mientras la información económica y financiera que deben publicar las empresas está sometida a regulaciones estrictas a nivel mundial y que, en general, las empresas están obligadas a revelar toda la información que es significativa para sus operaciones y proporcionar una imagen fiel de su situación económica y financiera, los factores no financieros, en particular los que afectan a las cuestiones sociales y a los derechos humanos, no son generalmente considerados como información significativa que deberían revelar las empresas. Aunque en el informe se dice también que los reguladores tienden cada vez más a reconocer la importancia de determinados riesgos no financieros, sin embargo en el estudio de las jurisdicciones de cuarenta países no se ha encontrado que la identificación de los 4 Conf. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. Business and Human Rights: Further steps toward the operationalization of the protect, respect and remedy framework. United Nations. General Assembly. Distr.: General. april

14 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas riesgos relacionados con las cuestiones sociales y los derechos humanos sean un factor clave en la determinación de los requerimientos de información que se exigen a las empresas. Al mismo tiempo, en el apartado 3 del informe se afirma que existe una escasa coordinación internacional sobre estas materias y que la mayoría de los gobiernos se encuentran todavía en una fase incipiente de desarrollo de políticas en este ámbito. La legitimidad y la aceptación social de las organizaciones económicas dependerá cada vez más de la voluntad de las empresas de incorporar de manera decidida a sus elecciones estratégicas y enfoques de gestión las cuestiones sociales, ambientales y de buen gobierno. Una situación que hoy resulta verdaderamente paradójica, ya que existe un amplio reconocimiento en el debate público internacional sobre la responsabilidad social de las empresas y el desarrollo sostenible de la necesidad de la ampliación de la información, la transparencia y la rendición de cuentas más allá de la información económico financiera, por entenderse que además de los accionistas shareholders el resto de los individuos y grupos que están implicados o se ven afectados por las actuaciones, decisiones y resultados de las empresas stakeholders deben también conocer cual es la situación y las perspectivas de futuro de la empresa. Asimismo, la crítica a la excesiva orientación a corto plazo de los enfoques de gestión empresarial, así como la reivindicación del papel estratégico que desempeñan los factores no financieros o extra-financieros en el desarrollo de las empresas, como el capital intelectual, las marcas, la tecnología, la capacidad de innovación, los sistemas de información, las relaciones con los clientes, los valores de la cultura empresarial, la imagen o la reputación, suscitan un consenso teórico cada vez más amplio, en el debate sobre las capacidades y competencias que es necesario que desarrollen las empresas para poder competir con éxito en las economías abiertas de principios del siglo XXI. Un consenso que se ha extendido también durante este último período a la necesidad de considerar en los enfoques y modelos de gestión y en las elecciones estratégicas de las empresas los factores ESG Enviromental, Social and Governance, no solo para que puedan desempeñar con mayor eficacia sus funciones en los procesos de creación de riqueza, sino también porque la legitimidad es un factor inexcusable para el desarrollo y la aceptación social de las organizaciones económicas en las sociedades democráticas complejas de nuestro tiempo EL DEBATE EUROPEO SOBRE LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Las deficiencias en la coordinación entre los países y a nivel internacional sobre las normas relativas a la información social y los derechos humanos que se critican en el informe Ruggie, ha sido también la nota más característica de las decisiones que se han adoptado en la Unión Europea durante los últimos años sobre la responsabilidad social de las empresas que, por otra parte, no han estado exentas de contradicciones y paradojas. 14

15 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 La RSE puede contribuir a la consecución de los objetivos del Tratado de la Unión Europea de alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente competitiva, así como a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en la que la responsabilidad social de las empresas es considerada fundamental para promover la confianza entre los principales actores del desarrollo. Estrategia renovada de la UE para sobre la responsabilidad social de las empresas, COM (2011) 681 final, de 25 de octubre de Aunque las decisiones de política pública sobre la responsabilidad social de las empresas corresponde adoptarlas inicialmente a cada Estado miembro, el método de coordinación abierto adoptado por la Unión Europea, con el que se combinan la legislación comunitaria con los acuerdos de cooperación de los Estados en los ámbitos que son de su exclusiva competencia, ha permitido definir objetivos comunes que han inspirado la mayoría de las iniciativas institucionales que se han desarrollado durante los últimos años. En este sentido, las instituciones europeas han manifestado en diversas ocasiones la voluntad de impulsar reformas que favorezcan una mayor unidad de criterios de los países miembros sobre el tratamiento de los problemas de información, transparencia y rendición de cuentas de las empresas en materia social, ambiental y de buen gobierno. En la Comunicación de la Comisión Europea de 27 de octubre de 2010 Hacia un acta del mercado único. Por una economía social de mercado altamente competitiva, COM (2010) 608 final, por ejemplo, se considera que el mercado único europeo es un factor determinante de la competitividad de las empresas y que la diversidad de normativas nacionales perjudica el buen funcionamiento de las empresas y es un obstáculo para la libre circulación de bienes y servicios en el mercado europeo. En las propuestas contenidas en la Comunicación se anuncia que se adoptarán medidas para establecer una metodología europea común para la evaluación del impacto ambiental de los productos, incluidas las emisiones de CO2, entre otras. Asimismo, se proponen iniciativas en el ámbito del buen gobierno y de la responsabilidad social de las empresas cuyo objetivo, se afirma en la Comunicación es redefinir el papel de la empresa en la economía actual. En la propuesta número treinta y seis se anuncia que la Comisión Europea propondrá una consulta pública sobre las posibles opciones existentes de cara a aumentar la transparencia de la información de las empresas en los ámbitos sociales medioambientales y de derechos humanos y se añade que esta consulta podrá dar lugar a iniciativas legislativas. En el mismo sentido el 5 de abril de 2011 la Comisión ha publicado un Libro Verde sobre las normas de buen gobierno de las empresas en la Unión Europea, COM (2011) 164 final, con el carácter de consulta pública, en el que se afirma que la calidad de la información publicada por las empresas, así como las explicaciones públicas que ofrecen en los casos de incumplimiento de los códigos nacionales de buen gobierno son, en la mayoría de los casos, insatisfactorias, y como se había adelantado en la Comunicación sobre el acta del mercado único, la consulta puede lar lugar también a una iniciativa legislativa europea. Igualmente, en la nueva Comunicación de la Comisión sobre la RSE de 25 de octubre de 2011 Estrategia renovada de la UE para

16 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas 2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, COM (2011) 681 final, se ha recogido que la RSE puede contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos del Tratado de la Unión Europea de alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente competitiva, y que contribuye también a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en la que la responsabilidad social es considerada fundamental para promover la confianza entre los principales actores del desarrollo. En la Comunicación de la Comisión se ratifica el anuncio realizado en el Acta de Mercado Único de 2010, comprometiéndose la Comisión a presentar una propuesta legislativa sobre la transparencia de la información social y medioambiental que dan las empresas de todos los sectores. Sin duda, los avances que se han producido en este último período en el consenso sobre la necesidad de nuevas decisiones en materia de regulación tienen una gran importancia. En un contexto general del debate público marcado de manera significativa por los efectos de la crisis financiera, económica y de empleo mundial iniciada en 2007, resulta poco discutible que la estabilidad del sistema económico y de los mercados en todo el mundo dependen en buena medida de un comportamiento responsable por parte del sector financiero y de las grandes empresas, como hemos argumentado en la edición anterior de este Estudio. En este sentido resulta poco discutible que un punto crítico fundamental es, precisamente, la capacidad de los cuerpos públicos para orientar los cambios en los modelos de negocio y de gestión de las empresas, así como para establecer unas reglas de juego precisas y un marco regulatorio y de supervisión de las actividades económicas y productivas, así como de la rendición de cuentas por parte de las empresas que sean más efectivas. Los resultados de las investigaciones más recientes en las que se han analizado las opiniones de los distintos actores del desarrollo sobre estas cuestiones son, en este sentido, verdaderamente elocuentes. En la investigación realizada en 2010 por encargo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea y que ya ha sido citada, se concluye que la regulación, la delimitación de los contenidos y la verificación por terceros puede contribuir a mejorar de forma significativa la calidad, credibilidad y posibilidades de comparación de los informes sociales que publican las empresas. Igualmente en el estudio realizado por Ioannou y Serafeim publicado en se afirma que las decisiones de regulación de la información social, ambiental y de buen gobierno que deben hacer pública las empresas refuerza el compromiso de los líderes empresariales con los objetivos del desarrollo sostenible. Se afirma también que el conjunto de las empresas tienden a conceder una mayor importancia a las polí- 5 En la investigación se han analizado las disposiciones legales que afectan a los informes sociales en 58 países, incluidos veintiún países miembros de la Unión Europea. 16

17 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 La posición adoptada por la Unión Europea sobre la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas ha estado atravesada por demasiadas contradicciones y paradojas. ticas responsables en los países donde existen obligaciones legales de transparencia y rendición pública de cuentas, y se aportan datos que demuestran que la regulación de los informes sociales y memorias de sostenibilidad 6 es una decisión eficaz que favorece el cambio en los modelos de gestión, al mismo tiempo que mejora la percepción de la empresa que tienen las distintas partes interesadas y la opinión pública. Sin embargo, aunque los argumentos a favor de nuevas decisiones normativas en materia de transparencia y rendición de cuentas son cada vez más consistentes y que en los últimos pronunciamientos de la Comisión Europea se recogen también este tipo de preocupaciones, lo cierto es que la posición adoptada por la Unión Europea sobre estas materias desde la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000 ha estado atravesada por demasiadas contradicciones y paradojas. De hecho, la insistencia en la idea general de voluntariedad ha convertido en muchos momentos a las políticas públicas europeas sobre la responsabilidad social de las empresas en simples discursos bienintencionados, con los que se esperaba persuadir a las empresas para que realicen de manera voluntaria cambios en sus modelos de negocio y enfoques de gestión, situando en un plano mucho más secundario la adopción de medidas efectivas con las que puedan hacerse posibles los cambios, que si tomamos como referencia la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único tendrían como objetivo, nada menos, que la redefinición del papel de la empresa en la economía actual. Paradójicamente la idea de voluntariedad sigue siendo una de las principales referencias en los discursos de las instituciones europeas, como se ha recogido en el último compendio sobre las políticas públicas nacionales de responsabilidad social de las empresas publicado en En la introducción del compendio publicado por la Comisión Europea se afirma que con el concepto de RSE se designa la integración voluntaria por las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus actuaciones comerciales y sus relaciones con las partes interesadas. La RSE, se dice también en el compendio, ofrece una aproximación voluntaria complementaria a la reglamentación tradicional estricta, de forma que puede contribuir a persuadir a las empresas privadas par-a que aborden los problemas nacionales e internacionales y, por tanto, indirectamente a favorecer los objetivos públicos y a reducir el impacto potencialmente negativo de las actuaciones empresariales sobre la sociedad y el medio ambiente. 6 No obstante, Ioannou y Serafeim consideran que una regulación excesivamente prolija del contenido de los informes podría resultar menos eficaz, ya que existe el riesgo, se dice en el informe, de que las empresas limiten el desarrollo de sus políticas al estricto cumplimiento formal de los requerimientos legales, en detrimento de una actitud más abierta y creativa en el desarrollo de las políticas responsables y en la contribución de la empresa a los objetivos generales de sostenibilidad. 7 Conf. Responsabilité sociale des entreprises. Politiques publiques nationales dans l Union européenne. Comisión européene. Direction generale de l emploi, des affaires sociales et de l inclusion. Unité C

18 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas La estabilidad del sistema económico y de los mercados en todo el mundo dependen en buena medida del comportamiento responsable del sector financiero y de las grandes empresas. Una posición sobre la idea de voluntariedad que se mantiene en la Comunicación de la Comisión de 25 de octubre de 2011 que ya ha sido citada, en la que se define la RSE como la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad apartado 3.1 y aunque se anima a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico a largo plazo sobre la RSE, y a estudiar las oportunidades de desarrollar productos, servicios y modelos empresariales innovadores, que contribuyan al bienestar social y a la creación de empleos de mayor calidad y más productivos, se mantiene el principio de voluntariedad y se remite a las empresas a los principios y directrices reconocidas internacionalmente para el desarrollo de las políticas responsables. Unas directrices promovidas por las instituciones internacionales multilaterales como Naciones Unidas, la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no son vinculantes legalmente y cuya aplicación y alcance es una decisión voluntaria de las empresas. El hecho más llamativo es que esta lectura sorprendente del sentido y significado general de las responsabilidades del sector privado de la economía y del papel que corresponde a las políticas públicas en la definición y control de las reglas del juego económico resulta escasamente congruente con el espíritu constitucional y el corpus normativo europeo. En el artículo tres del Tratado de Lisboa se establece que el objetivo a más largo plazo de Europa es un modelo de desarrollo y de progreso social capaz de combinar el dinamismo económico, el progreso y la justicia social, la equidad y un alto nivel de protección del medio ambiente 8, por lo que carece totalmente de sentido el establecimiento de límites (voluntariedad de los actores del desarrollo) a la capacidad del Parlamento europeo y los parlamentos de los Estados miembros para promulgar nuevas normas y regulaciones de las actividades económicas, así como las medidas legislativas que permitan alcanzar los objetivos constitucionales de desarrollo y progreso social. La formulación de un principio general de voluntariedad respecto a las responsabilidades, actuaciones y decisiones del sector privado de la economía es una pretensión verdaderamente descabellada 8 Artículo 3 (antiguo artículo 2 TUE): (3) La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. En el apartado (5) del artículo 3 se dice también que en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. 18

19 Cultura, Políticas y Prácticas de Responsabilidad de las Empresas del IBEX 35 que contradice los fundamentos mismos del funcionamiento de los sistemas democráticos y que, por otra parte y de manera paradójica, ha sido puesto en cuestión constantemente por la actuación y decisiones de las propias instituciones europeas durante estos últimos diez años de debate sobre la RSE. De hecho, en este período se han desarrollado un gran número de iniciativas institucionales, se ha definido nuevas obligaciones legales y se han promulgado nuevas regulaciones de la actividad económica que amplían de manera significativa las responsabilidades de las empresas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la dimensión económica, la social y la ambiental, orientadas a garantizar la protección del entorno natural y a preservar los valores de cohesión social, justicia y solidaridad del modelo social europeo. Se han promulgado un gran número de directivas que han sido traspuestas a la legislación de los Estados miembros. El Informe Winter publicado en 2002 favoreció el desarrollo de nuevas normas para el reforzamiento de las regulaciones y los mecanismos de control de las prácticas de buen gobierno de las empresas, así como para la mejora de la transparencia y la ampliación de los procesos de rendición de cuentas sobre las políticas y resultados de la gestión empresarial, como la ley de transparencia aprobada en España en 2003 y el Código Unificado de Buen Gobierno aprobado en mayo de La directiva 2002/14/CE de 11 de marzo, por la que se establece un marco legal relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, transpuesta a la legislación española en 2005, tiene también un objetivo general de mejora de los procesos de diálogo en la empresa con la finalidad de favorecer la consideración de las expectativas e intereses de los trabajadores en las decisiones de gestión. En diversos estudios comparativos se ha destacado la relación virtuosa entre una legislación europea cada vez más exigente en materia social y ambiental y el desarrollo de las políticas empresariales responsables. Asimismo, la directiva europea de responsabilidad ambiental aprobada en 2004, así como el establecimiento del registro europeo de emisiones adoptado en 2006, cuya transposición a la legislación española ha dado lugar a el Plan Nacional de asignación de emisiones de 2004 (protocolo de Kioto) y la ley sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y la reparación de desastres ambientales aprobada por el Parlamento en 2007 han contribuido, sin duda, a mejorar el control del impacto ambiental de las actividades productivas. También se han ampliado en el caso de España las responsabilidades de las empresas con la ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios aprobada en 2006 y con la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres promulgada en Además, de acuerdo con la concepción del presente y futuro de Europa que se establece en el Tratado de Lisboa, los objetivos de las políticas públicas europeas de crecimiento y empleo -Agenda de Lisboa y Estrategia Europa 2020, desde julio de así como las políticas y decisiones que se adoptan en otros ámbitos, deben ser evaluados en 1

20 El debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas el marco más general que se define en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible adoptada en Gotemburgo en 2001 y renovada en 2006 como, por otra parte, se ha señalado en distintos documentos europeos. Así se establece, por ejemplo, en el Documento del Consejo, 10117/06 de de junio de 2006 sobre la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (EDS) Examen de la estrategia de la Unión Europea a favor del desarrollo sostenible (nueva estrategia), en el que se afirma la naturaleza complementaria de la estrategia de crecimiento y empleo y la EEDS, o en la Comunicación de la Comisión Europea: Incorporación del desarrollo sostenible en las políticas de la Unión Europea: Informe 200 sobre la estrategia de la UE para el desarrollo sostenible. COM (200) 400 final, en la que se afirma que la EEDS es una política a largo plazo que proporciona el marco para la evaluación de los avances realizados en las distintas políticas de la Unión Europea. Por otra parte, la relación virtuosa entre una legislación europea cada vez más exigente en materia social y ambiental y el desarrollo de las políticas empresariales responsables ha sido también destacada en diversos estudios comparativos. Ya en 16 Gray, Owen y Adams habían destacado que el factor determinante que explicaba la mayor responsabilidad de las empresas europeas era precisamente la legislación promulgada por la Unión Europea. Igualmente, en investigaciones como la realizada en 2007 por la organización británica Ethical Investment Research Services, EIRIS, sobre los enfoques de gestión de 16 compañías de 23 países, en la que se analizan factores como los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, las responsabilidades ambientales o las prácticas de buen gobierno, las empresas europeas son las más valoradas en la mayoría de los puntos examinados. Los investigadores responsables del estudio atribuyen, en buena medida, este liderazgo de las empresas europeas a las exigentes regulaciones existentes en la Unión Europea en materia ambiental, social y laboral LAS DECISIONES DE LA UE SOBRE LOS INFORMES SOCIALES: UN PROCESO CONFUSO Y FRAGMENTARIO Después de diez años de debate público sobre la responsabilidad social de las empresas, la ausencia de una legislación europea en la que se establezcan criterios precisos sobre el alcance de la transparencia En el estudio se analiza la información publicada por empresas de Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y países miembros de la Unión Europea como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Bélgica y España. Conf. The Estate of Responsible Business: Global Corporate Response to Environmental, Social and Governance, ESG, Challenges. Ethical Investment Research Services, EIRIS

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