ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE ESTATUTOS GENERALES DE LA PROFESIÓN ENFERMERA DEL ESTADO ESPAÑOL

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1 ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE ESTATUTOS GENERALES DE LA PROFESIÓN ENFERMERA DEL ESTADO ESPAÑOL Recibido el texto del Proyecto de Estatutos Generales de la Profesión Enfermera del Estado Español, previa lectura de su contenido, en tiempo y forma oportunos, los miembros del Ilustre Colegio Profesional de Enfermería de Segovia venimos a manifestar: Como cuestión previa destacar la argumentación justificativa establecida en el Preámbulo del Proyecto de Estatutos Generales, y que conforme ampliamente describe en el mismo, pretende adaptar a la normativa nacional que rija la Organización Colegial y justifique el carácter de Autoridad Competente del Consejo General, la transposición al Derecho Español y la normativa colegial, de las siguientes Directivas Europeas: la Directiva 2006/213CE, en cuanto al papel fundamental que tienen los Códigos de conducta profesionales para la mayor calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos; la Directiva 2005/36CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, redefiniendo las competencias que deben adquirirse por los enfermeros responsables de cuidados generales de cara al ejercicio profesional y el desarrollo profesional continuo; y la Directiva 2011/24UE a fin de introducir los Registros de Enfermería y la puesta a disposición de las Autoridades de otros Estados Miembros del contenido de los mismos, a los efectos de asistencia sanitaria transfronteriza. El reconocimiento de las funciones de enfermería y el ejercicio profesional, en cuanto a su aplicabilidad a la normativa de la Organización Colegial y la potestad del Consejo General, plasmada en sus Estatutos, queda justificada en el preámbulo con la invocación principalmente a las siguientes normas aprobadas con posterioridad a los Estatutos aún vigentes: la Ley 16/2003 de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Real Decreto Legislativo 1/2015, que aprobó el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud; la Orden CIN/2134/2008 en cuanto a la regulación del Grado de 1

2 Enfermería para implantar el Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro Territorio nacional. Destacando la especial relevancia del explícito reconocimiento de la colegiación obligatoria como elemento garante de la protección de los intereses de los usuarios del sistema sanitario, en aplicación conforme se dice en el Proyecto de Estatutos, de las Sentencias del tribunal Constitucional, nombrando a tales efectos, explícitamente, la STC 3/2013, de 17 de enero, que declaró la nulidad del precepto legal de Andalucía que exoneraba de la colegiación a los funcionarios públicos autonómicos, destacando la razón de atribuir a los Colegios Profesionales las funciones públicas sobre la profesión, constituyendo el principal exponente la deontología y ética profesional; de ahí la referencia a las Comisiones Deontológicas, explícitamente contempladas en el Proyecto. Es relevante en el preámbulo asimismo, la mención relativa a la incorporación al Proyecto de Estatutos Generales de la normativa referente al libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Ley 17/2009, y de la Ley 25/2009, la conocida como Ley Omnibus, que modificó la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, especialmente en lo referente a la ventanilla única, el registro de profesionales, la memoria anual o el servicio de atención a los pacientes y a los colegiados; así como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, e incluso la Ley 2/2007, de 13 de marzo, de sociedades profesionales, justificando la competencia del Consejo General en la organización y funcionamiento democráticos de la organización colegial y en las reglas de buen gobierno y transparencia en la gestión corporativa para apoyar su potestad de intervención en los Colegios Oficiales de Enfermería. Por último, la última competencia en materia de gestión para la tramitación y la gestión de datos de los Registros profesionales, que se irroga el Consejo General, viene dado en el proyecto de Estatutos Generales, en aplicación del RD 81/2014, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y que recoge esa competencia de los Consejos Generales de los colegios profesionales sanitarios con colegiación obligatoria de garantes de la información. 2

3 Tras esta declaración de intenciones, en el desarrollo de su articulado el Proyecto de Estatutos Generales de la profesión enfermera del Estado español, invade competencias que la normativa estatal y autonómica, atribuye a los Colegios Profesionales, incidiendo en los Estatutos que legítimamente han aprobado como establece el Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León, no respetando la capacidad de organización de los mismos ni sus competencias. Se procede, por tanto, a efectuar las siguientes alegaciones: PRIMERA.- En cuanto al Título I DE LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERIA Y SU EJERCICIO; en lo referente a su Capítulo I. de la Profesión Enfermera, incide especialmente en la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la profesión enfermera, con trasposición no censurable de la normativa citada extensamente con anterioridad tanto en su definición, valores, cualidad, misión y atribuciones. En el Capítulo II. Principios del Ejercicio Profesional enfermero. Buenas Prácticas para la protección de la salud de las personas y la garantía de la Seguridad de los pacientes, debemos realizar tres indicaciones, frente a los siguientes artículos correspondientes a su Sección Segunda; así y según refiere el artículo 17 se atribuye a la Organización Colegial de enfermería la ordenación de la actividad profesional de enfermería y se dispone que el Consejo General elaborará las normas y estándares de actuación profesional, vaciando de contenido, inmotivadamente, la competencia hoy atribuida a los Colegios Profesionales; así y respecto al artículo 18 se atribuye al Consejo General de Enfermería la competencia para regular el sistema y procedimiento para la acreditación regular de la competencia de los enfermeros, con base en la normativa que cita y que únicamente le habilita para certificar la acreditación de la cualificación profesional; por último y en relación al artículo 21, que establece la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por los enfermeros, contiene una redacción genérica, debiendo ser matizado en su contenido, redefiniendo en el proyecto el concepto del uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a cargo del enfermero. 3

4 En la Sección Tercera del referido capítulo, Los principios del ejercicio profesional, como ya se ha indicado, es acertado el enunciado del artículo 22; reflejando la obligatoriedad de la colegiación como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión enfermera, incorporándose al Colegio Oficial de Enfermería en cuyo ámbito territorial se pretenda ejercer la profesión, para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos de los pacientes. Si bien, el Proyecto, establece que la habilitación para ejercer la profesión enfermera solo la tienen quienes se hallen inscritos en el Colegio Oficial de Enfermería de su ámbito territorial y se encuentren debidamente incorporados en el registro correspondiente de Enfermeros, no precisa ni el alcance ni las competencias que el Consejo General se irroga para establecer los sistemas que promuevan al mantenimiento de la competencia profesional de los enfermeros a lo largo de la vida, articulados mediante la acreditación regular de la competencia establecida en la citada Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias, como tampoco define, delimita ni desarrolla la regulación del aseguramiento obligatorio para todo aquel que quiera ejercer la profesión de enfermero más allá del ámbito de la asistencia sanitaria privada que establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. SEGUNDA.- En lo que se refiere al Título II DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE LA PROFESION ENFERMERA DEL ESTADO ESPAÑOL, y en relación a su Capítulo I, de la naturaleza y estructura de la organización colegial; se considera que el texto sometido a examen contiene un aumento significativo de las competencias del Consejo General en detrimento de las competencias hoy atribuidas y llevas a cabo por los Colegios Oficiales de Enfermería, realizándose una más que abusiva intervención de los mismos. Primeramente, mostramos nuestra disconformidad con la redacción del artículo 29; considerando que cada Colegio Oficial de Enfermería es autónomo en sus decisiones para establecer las normas de gobierno de sus colegios, no cabe dirigir desde la Organización Colegial de Enfermería las condiciones de su proceso electoral interno. 4

5 Seguidamente y en lo que respecta al artículo 31 regulando la Ventanilla Única, incumple y modifica la literalidad del artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos., modificando los datos a establecer en los Censos de colegiados, ninguneando el registro a los Colegios Profesionales y Consejos Autonómicos y restando competencias estatutarias a los Colegios Profesionales. TERCERA.- En su Capítulo II, de los Colegiados, se regula la habilitación profesional, la adquisición de la condición de colegiado, su pérdida, la colegiación y los derechos y deberes de los colegiados, materias todas ellas competencia del Colegio Profesional respectivo, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 8/1997 de Colegios de Castilla y León, invadiendo competencias, por tanto atribuidas a los Colegios Profesionales de Enfermería y sembrando incertidumbres hoy inexistentes, como por ejemplo al regular el artículo 39 la Colegiación, que expresamente señala que siendo la misma requisito indispensable para el ejercicio de la profesión el hallarse incorporado al Colegio Oficial de Enfermería del ámbito territorial que corresponda al domicilio profesional, único o principal, bastará la incorporación a este Colegio Profesional para ejercer la profesión en todo el territorio del Estado. A estos efectos se entenderá como domicilio profesional el correspondiente al lugar efectivo de trabajo, sin embargo no aclara, como se puede regular el hecho de que, cursando un única alta se pueda ejercer en diversos territorios de modo temporal sin ser necesario comunicar al Colegio respectivo dicha circunstancia; siendo de indudable importancia en supuestos de responsabilidad profesional y garantías del seguro obligatorio, en tales supuestos; algo que obvia el texto sometido a debate. 5

6 Asimismo, con vulneración de los principios de presunción de inocencia y seguridad jurídica, se establece en su artículo 39.4, el registro de sanciones, que no se dicen firmes, y el registro de incoaciones de expedientes disciplinarios en el Registro de Enfermeros y Enfermeras del Consejo General, redacción que no podemos compartir y que censuramos expresamente. En lo que respecta al artículo 41, dentro de los derechos a los colegiados que establece en su puntos b) y c) que tendrán derecho a ser defendidos a petición propia, por el Colegio, por los Consejos Autonómicos o por el Consejo General, cuando sean vejados o perseguidos con motivo del ejercicio profesional; y a ser representados y asesorados cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, Tribunales y Entidades Oficiales o particulares, consideramos que, el texto de dicho artículo no especifica el modo y manera de discriminar que Corporación es la competente en cada supuesto ni los supuestos de esas reclamaciones fundadas, dejando a criterio, parece ser que del Colegiado la elección por una u otra, en el ejercicio de su derecho. CUARTA.- Dentro del Capítulo III de los Colegios Oficiales de Enfermería, consideramos una nueva muestra injustificada de intervención en las competencias de los Colegios Profesionales y de control en su ejercicio, la previa exigencia de aprobación de sus Estatutos por el Consejo General conforme delimita el artículo 43, párrafo tercero del Proyecto de Estatutos. Igualmente se produce la misma, cuando en su artículo 46 se prohíbe a los Colegios Oficiales de Enfermería, adoptar acuerdos para el establecimiento de normas sobre honorarios profesionales, cuando esta competencia se tiene atribuida por el artículo 12.f de la Ley 8/19997 de Colegios de Castilla y León. El artículo 50, Ejecutividad e impugnabilidad de acuerdos colegiales en su apartado 2, se remite al artículo 24.5 erróneamente, debiendo procederse a su modificación. 6

7 Asimismo, el articulado referente al régimen disciplinario, artículos 53, 54, 55 y 56, amén de adolecer de un exhaustivo listado de conductas punibles, con el establecimiento de calificaciones de gravedad excesiva y no siempre perfectamente tipificadas, debiera ser objeto de una nueva, ponderada y consensuada redacción, en el marco de no invadir, como así lo hace el Proyecto revisado, las competencias de los Colegios Profesionales de Enfermería. En cuanto al contenido del artículo 57 Régimen informativo, económico y financiero, entendemos no adecuadas ni eficaces en los términos en que se redactan las obligaciones del Colegio de remitir al Consejo General relación numeraria de los recibos emitidos, incluyendo el número de colegiados con los que cuenta y la aportación que el Colegio debe satisfacer al Consejo y menos aún la obligación de que el Colegio remita sus presupuestos anuales al Consejo General para su conocimiento e incorporación a la Memoria Anual correspondiente. Entendemos no procedente la intervención del Consejo General en la actuación de los Colegios regulada en el contenido del punto 5, del citado artículo. 57. Se muestra la oposición frontal al contenido de dicho artículo, entendiendo desproporcionado el intervencionismo del Consejo General, sin perjuicio del derecho del mismo a reclamar por la vía ordinaria las cantidades que hipotéticamente pudieren ser adeudadas por un Colegio Oficial, por los conceptos expresados, pero no siendo justificativa la intervención de la contabilidad de dicho Colegio, que no encuentra amparo legal. QUINTA.- En cuanto a lo que respecta al contenido del Capítulo IV del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el exhaustivo desarrollo de la Regulación contenida en el Proyecto, conduce a una más que evidente confusión en cuanto a la superposición de sus competencias a las de los Consejos Autonómicos de Colegios Oficiales así como a las funciones y competencias correspondientes a los Colegios Profesionales. 7

8 SEXTA.- En lo que respecta a la loable inclusión de la Mediación, como sistema de resolución de los conflictos institucionales, profesionales y personales que se originen, únicamente cuestionar la indefinición presupuestaria establecida en al artículo 79 del Proyecto, que contempla contar con un Instituto Superior de Investigación y Mediación para la Calidad Sanitaria (I.S.I.C.S.), con naturaleza de Fundación, sin delimitar ni desglosar su funcionamiento, dirección y gestión. Asimismo, y como propuesta de este Colegio Oficial de Enfermería de Segovia, y atendiendo a las controversias y disfunciones que el Proyecto de Estatutos Generales de la Profesión Enfermera del Estado Español, está generando, con la inseguridad jurídica que de la misma puede derivarse para el ejercicio de la profesión, venimos a proponer, la utilización previa de la Institución de Mediación, como fórmula de consenso en la elaboración final del Proyecto, atendiendo las alegaciones expuestas por todos y cada uno de los integrantes de la Organización Colegial. Estableciéndose en la Disposición Adicional Primera, Incidencia del Régimen Autonómico; que, los Estatutos, que hoy cuestionamos, se entienden sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y del régimen jurídico de los Consejos Autonómicos y Colegios Oficiales de Enfermería, no es de recibo que las competencias atribuidas al Consejo General, suplanten y dupliquen las actualmente existentes conforme a la normativa actual y no derogada correspondientes a los Consejos Autonómicos y a los Colegios Oficiales de Enfermería, en cuanto a su fiscalización e intervención económica, ámbito disciplinario, adopción de medidas en procesos electorales internos y procedimientos sancionadores a los miembros de sus Juntan de Gobierno, entendiendo finalmente que el Proyecto en la redacción dada a los artículos referenciados, no puede ser aprobado, siendo de tal trascendencia que queda afectado en su totalidad. Segovia, 9 de noviembre de 2015 Fdo. Secretario Vº Bº Presidente 8

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