La Reforma Electoral y la Autonomía de los Organismos Públicos. Autónomos

Transcripción

1 La Reforma Electoral y la Autonomía de los Organismos Públicos Autónomos La reforma político electoral de 2014 es una pieza más de una larga cadena de modificaciones que han venido adaptando y reestructurando las instituciones electorales, sus atribuciones, su funciones, su fisonomía y, en general, el entramado institucional que fue construyéndose desde 1977 y que dio inicio a lo que muchos denominamos la transición a la democracia en México. Esta transición arribó con la alternancia en la presidencia de la república. Después de dos décadas de avances significativos, llegó otra nueva problemática: la de tratar de consolidar la de por sí joven y frágil democracia. Particularmente, ese engranaje histórico reflejó un momento culminante para la vida democrática en México, precisamente cuando el viejo sistema electoral dio paso a la creación del Instituto Federal Electoral en 1991 y con ello a un periodo sucesivo de reformas electorales cuya última creación desemboca hoy en la transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el antiguo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que regulaba únicamente las elecciones federales y también a los partidos políticos, fue dividido y transformado para crear la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). Ahora estas leyes, de observancia general, no sólo tocan al ámbito federal sino que norman, en buena medida, las elecciones locales. Sin embargo, si la intención original fue la de construir un órgano nacional Página 1 de 10

2 que centralizara todo el quehacer electoral eso no terminó por dibujarse por completo. En la actualidad persiste, al mismo tiempo, normatividad en materia electoral nacional, federal, pero también local. Las entidades federativas han tenido que ajustar sus leyes para adecuarlas a la normatividad nacional que desapareció, de hecho, a los institutos estatales electorales para dar paso a los Organismos Públicos Locales en materia electoral. Aunque muchos de ellos mantienen sus nombres de antaño, en realidad han sido transformados a fondo. En concreto, como acontecimiento inédito en la joven democracia mexicana, ya no serán los congresos estatales quienes designarán, en un juego de fuerzas políticas, como deben ser estos órganos, al árbitro electoral. Por primera ocasión en México, es una autoridad administrativa, el INE, a quien correspondió conformar a los equipos que dirigen los órganos superiores de dirección de los organismos electorales encargados de organizar las elecciones en sus respectivas entidades. Esta decisión debe ser vista como una oportunidad para pavimentar una ruta de normalidad electoral, en la cual la calificación o descalificación de las elecciones no empiece el día en que se designa al árbitro en medio de la disputa política. La designación que realizó el INE, se trató de una decisión compleja porque los 11 Consejeros Electorales del Consejo General sustituimos Página 2 de 10

3 la decisión que tomaban 18 congresos locales habitados por fuerzas políticas enfrentadas y con sus propios intereses y agendas. Y encaramos esa responsabilidad asumiendo la importancia de la decisión que tomaríamos, y por lo mismo, con la serenidad que da pertenecer a esta institución. Así, la reforma político - electoral de 2014 supuso la instauración de un nuevo modelo al que me he referido como una especie de federalismo concurrente en nuestro país. El recién creado Instituto Nacional Electoral fue reformado en sus atribuciones y, sobre todo, en la relación que mantiene con las autoridades electorales de las distintas entidades. Lejos de los que se dijo, insisto, la reforma no significó, ni significa, la centralización en materia electoral ni el fin del federalismo en México. Significa, eso sí, la instauración de un nuevo sistema electoral de carácter nacional y ese tipo de federalismo que busca dotar de mayor independencia (de un sinnúmero de poderes) a la organización de las elecciones locales. El legislador no tuvo la intención de anular el sistema federal de nuestro país sino de garantizar la plena imparcialidad, independencia, legalidad, certeza, objetividad y máxima publicidad de los órganos encargados de la organización de elecciones. El Constituyente se pronunció por asegurar que los intereses políticos no incidieran en los Página 3 de 10

4 comicios o, dicho de otra forma, que los gobernadores y legisladores, pero también los poderes fácticos, sacaran las manos del juego electoral. Actualmente, las elecciones convergen o concurren en dos planos. Por un lado, el INE atiende directa y exclusivamente las elecciones contempladas en la Constitución Federal y, por el otro, los OPLES, como se les menciona a estos organismos electorales, atienden las elecciones definidas por las constituciones de los 31 estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Además, hoy en día el INE puede asumir todas o algunas de las actividades de la función electoral local, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLES, o bien, delegarles alguna atribución nacional. De hecho, bajo ciertas circunstancias, podría asumir la organización completa de una organización estatal. Más aún, en el próximo proceso electoral de 2015, el 60% de las casillas serán mesas de casilla única. Es decir, en estados que celebren elecciones concurrentes ya no habrá una mesa de votación para los comicios locales y otra para los federales, sino que en un mismo sitio se recibirá la votación para ambas elecciones. La autoridad electoral imparcial y autónoma que construyó el tránsito político de México, hoy está llamada a oxigenar y a dar algo de luz en Página 4 de 10

5 este momento tan delicado que vive nuestro país. Está llamada a cumplir cabalmente con sus obligaciones y responsabilidades. Las elecciones en México las organizan el INE y los OPLES en esta suerte de federalismo electoral concurrente. Es decir, las organizan instituciones del Estado mexicano, el INE y los OPLES son parte del Estado; sí, y así debe ser porque el derecho al sufragio efectivo es un derecho político fundamental y el Estado debe garantizar los derechos humanos, incluyendo este derecho político. Quizá es el derecho humano a cuyo cumplimiento más nos hemos acercado como sociedad, en un país donde los demás lejos están de cumplirse: al empleo digno, a la educación, a la salud. Pero por no haber alcanzado aquellos no debemos renunciar al ejercicio de éste, la posibilidad de que se empiece a construir un Estado democrático de derecho en México pasa, necesariamente, por no echar a la basura el sufragio efectivo. Y claro, lo organizan instituciones de Estado aunque, paradójicamente en México, tengamos unas elecciones muy ciudadanizadas. Los consejeros electorales locales, del INE, que a su vez designan a los distritales, conforman la estructura electoral desconcentrada a nivel federal. En las entidades, además, existen los Institutos Electorales Locales, los OPLES, quienes operan con sus propios Consejos Electorales y quienes, a su vez, designan a sus Consejos Locales y Distritales. En el ámbito federal, el INE organiza las elecciones federales y, en el local, los Organismos Públicos Locales tienen la responsabilidad de garantizar los comicios estatales. La ciudadanización pasa, además, por los funcionarios de casilla, que Página 5 de 10

6 son sorteados, capacitados y son los vecinos de los ciudadanos quienes se hacen cargo del momento clave de la jornada electoral. Son ciudadanos de a pie quienes hacen las elecciones en México. Los que tienen la responsabilidad fundamental el día de la jornada electoral. Y no creo que haya contradicción entre decir que el Estado tiene la obligación de organizar las elecciones, de garantizarlas a través de una estructura tan compleja, y que a la vez sean elecciones muy ciudadanizadas. Es una combinación única entre las instituciones del Estado y los ciudadanos que difícilmente se repite en nuestro país. La idea de que Estado y sociedad civil se dan la espalda y hay un juego de suma cero es equivocada. Un Estado democrático fuerte pasa por una sociedad civil fuerte. Vean los casos internacionales. Y una sociedad civil fuerte también necesita un Estado democrático fuerte que garantice los derechos fundamentales. Actualmente, no sólo es que haya signos ominosos en la realidad mexicana, lo que a veces busca uno y quiere resaltar son signos venturosos; las cosas están saliendo mal, se nos están complicando como país. A los añejos problemas de la pobreza, la desigualdad, sobre los que se reproducen la corrupción y la impunidad, ahora hay que sumar la violencia. Y uno no puede pensar que el mundo electoral es una burbuja independiente aislada de la sociedad y cuando vemos que las cosas están mal y que -incluso, yo diría- hay una indignación de la que uno no puede separarse, lo que tenemos que preguntarnos es: para qué estamos como autoridades electorales. Página 6 de 10

7 En este momento de crisis, creo que así le podemos llamar a nuestro presente político- social, habría que preguntarnos qué autoridades electorales necesitamos. Y creo que la respuesta la encontramos con la brújula que nos da la Constitución y los principios rectores a los que están obligados todas las autoridades electorales, federales y locales: Independencia. Tenemos que estar al servicio de la democracia, del sistema de partidos en plural, ir más allá de la lógica Gobierno- Oposición, no estamos para servir a ningún Gobierno, partido político o poder fáctico, ni para colmar la agenda de las oposiciones, estamos para que una función de Estado al servicio de la ciudadanía, se cumpla. Los funcionarios electorales no somos representantes ciudadanos ni miembros de una ONG: son funcionarios de primer nivel del Estado mexicano. Tenemos la responsabilidad de aplicar los principios rectores de la materia electoral, de ejercer sin cortapisas y sin temor su autonomía frente a los actores políticos. Imparcialidad. La imparcialidad en las decisiones no va a ser el resultado de las sumas de parcialidades, todos y cada uno de nosotros está obligado a la imparcialidad, y quien renuncie, allá él, pero está incumpliendo con el mandato constitucional. La única manera en que nosotros podamos servir a la ciudadanía y al sistema de partidos, en plural, es no servir a ninguno en particular. Tenemos que ser implacables en el ejercicio del principio de imparcialidad y en la defensa de nuestra autonomía. Página 7 de 10

8 Certeza. En las elecciones sólo debe haber incertidumbre en el resultado. Sin embargo, la certeza en el procedimiento debe estar absolutamente garantizada. Y por qué incertidumbre en el resultado? Porque quien decide es la gente votando en secreto. Y tenemos que garantizar ese derecho, dar certeza en que el voto se debe hacer en libertad y secrecía. Ese es nuestro trabajo: estamos obligados a que autoridades, partidos políticos, candidatos, ciudadanos, medios de comunicación y en general todos los sujetos públicos y privados conozcan con la debida antelación y con seguridad lo que las autoridades electorales haremos y hasta dónde podemos actuar. Todas nuestras actividades deben ser completamente verificables, fidedignas y confiables. Legalidad. Estamos obligados a hacer lo que la ley nos dice y nos permite. No podemos ir más allá de nuestras funciones pero tampoco nos debe temblar la mano en aplicar nuestras atribuciones, en ejercerlas, en atajar cualquier intento por tratar de manipular, de desvirtuar o de alterar la voluntad ciudadana. Yo lo resuelvo así: el árbitro electoral no debe ser temerario, pero tampoco temeroso. Tenemos que ceñirnos a la ley, ese es nuestro piso y es nuestro techo de actuación y es lo que nos da claridad en el actuar. Nosotros somos parte del Estado pero no somos todo el Estado, a veces se pide que la autoridad electoral casi haga averiguaciones previas sobre los candidatos, no. Los consejeros electorales y los funcionarios electorales no somos agentes del ministerio público. Yo decía coloquialmente antes: el IFE no es la AFI. Hoy puedo decir: el INE y sus consejeros no somos parte de la Gendarmería Nacional. Página 8 de 10

9 Objetividad. Es el actuar de la autoridad de manera imparcial y sin prejuicios. Representa la capacidad para mantener una actuación libre de todo sesgo y para tratar todos los asuntos que sean de su competencia de igual manera, sin que se subordine su criterio a la opinión de alguna otra entidad o autoridad. La objetividad conlleva una disciplina de ejercicio democrático consistente en generar la capacidad de reconocer errores y procurar aciertos, se expresa en el quehacer de todos los funcionarios que integran las instituciones y por ende, en los resultados que ofrece a la ciudadanía, de tal manera que no exista duda sobre el actuar de la autoridad respecto de las funciones que tiene encomendadas. Debemos documentar cada paso, tomar cada decisión en sus propios méritos, en sus propios términos. Nuestras decisiones no pueden ser producto de negociaciones con ningún actor político y ninguna autoridad. En nuestro quehacer cotidiano debemos sobreponer la racionalidad a cualquier discrecionalidad o fanatismo, la búsqueda de la verdad debe ser un eje orientador de nuestras tareas, que deben explicarse detalladamente día con día y paso a paso en una labor pedagógica con la ciudadanía. Máxima publicidad. La reforma también trajo consigo este nuevo principio rector basado en la premisa que enuncia que toda la información en posesión de los órganos del estado mexicano es pública. Así, se rompe radicalmente con las concepciones patrimonialistas o cerradas de la información y se confirma un principio democrático básico: todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público. El INE y los OPLES son instituciones vigiladas qué Página 9 de 10

10 bueno!, observadas qué bueno! No lo veamos como un problema, al contrario es un instrumento para actuar con mayor libertad. Existen, sí, límites. Como todo derecho fundamental su ejercicio no es absoluto, sin embargo, la naturaleza de las restricciones establecidas en la ley deben ser temporales y estar debidamente fundadas y motivadas. Las autoridades electorales debemos darle toda transparencia a nuestras decisiones, a nuestro trabajo. Los amigos de la opacidad no son amigos de la democracia. *** Las autoridades electorales, federales y locales, no nos podemos dar el lujo de que las elecciones sean de lo que no sirve en este país, de lo que se hace mal, de eso estamos llenos de ejemplos. Lo que está en juego es la democracia y el Estado mexicano. Para llegar a buen puerto, parte del mando, del timón, está en las manos del INE, de las autoridades electorales locales y de la coordinación y colaboración que se establezca entre ambas instituciones. Sin lugar a dudas, se debe respetar la autonomía y los ámbitos de competencia de cada una, pero también se requiere, ahora, de la creación de sinergias. Podemos decir que, cuando ocurre una contienda de alta calidad, quien es el árbitro se vuelve un mero dato. El árbitro no celebra triunfos ni llora derrotas. El árbitro no tiene hinchas, suele tener, sí, detractores, pero siempre pasajeros y al mero calor de la contienda. A eso debemos aspirar, a un árbitro no protagonista pero indispensable. Muchas gracias Página 10 de 10