La Ley contiene 1 artículo, 6 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones transitorias, 1 Disposición derogatoria y 6 Disposiciones Finales.

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1 Núm. 12/2015 Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Barcelona, lunes, 9 de febrero de 2015 Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 314, de fecha 29 de diciembre de 2014, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de la Seguridad social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El objetivo de la nueva regulación, conforme a lo indicado en el Preámbulo, es mejorar el funcionamiento de la colaboración, que llevan a cabo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ahora denominadas Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Se prevén una serie de modificaciones de la Subsección 2ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I, reguladora del régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Además, se modifica la Ley de Prevención de Riesgos es, con el fin de impedir que las Mutuas puedan desarrollar, directa o indirectamente, las funciones de los Servicios de Prevención Ajenos, y se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto. La Ley contiene 1 artículo, 6 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones transitorias, 1 Disposición derogatoria y 6 Disposiciones Finales. La norma ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2015, no obstante, el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, será de aplicación a efectos de cálculo del tipo de cotización correspondiente al ejercicio 2016.

2 Ámbito de aplicación de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Se mantiene el ámbito de actuación de las Mutuas, aunque se prevén las siguientes particularidades: Corresponderá a las Mutuas el reconocimiento inicial de la contingencia de carácter profesional, aunque sus decisiones podrán ser revisadas por el INSS. Los actos dictados por las Mutuas que reconozcan suspendan, anulen o extingan derechos de Seguridad Social, ha de ser motivados y formalizados por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación debida al interesado 1. Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales se dispensarán a través de los medios e instalaciones adscritos a las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados. Las Mutuas, no podrán desarrollar las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención 2. No obstante lo anterior, se permite el desarrollo de otras acciones preventivas ligadas a la cobertura de riesgos profesionales, configurándose como prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Atribución al orden social del conocimiento de las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asistenciales, o se fundamente en la gestión de las mismas, como son las de carácter indemnizatorio. 1 En el caso de trabajadores por cuenta ajena, la notificación se extenderá al empresario. 2 Con base a ello, la Disposición Transitoria de la Ley 35/2014, establece lo siguiente: a) Las Mutuas que hubiesen aportado capital de su patrimonio histórico en sociedades mercantiles de prevención han de presentar las propuestas de ventas de las mismas antes del 31 de marzo de 2015 y proceder a la enajenación de todas las participaciones, antes del 30 de junio de 2015; si finalizado ese plazo las Mutuas no hubieran enajenado el 100% de sus participaciones en las sociedades, estas últimas entraran en causa de disolución, debiendo la mutua, durante el mes de julio de 2015, trasladar al Ministerio de Empleo y Seguridad social el acuerdo de disolución, junto con los documentos que requiera el departamento. b) Durante el tiempo que medie hasta la total desinversión, las Mutuas no pueden celebrar contratos con la sociedad de prevención propia ni de otra Mutua, ni realizar aportaciones a las mismas o contraer obligaciones a favor o en beneficio de aquellas, salvo autorización expresa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3 Constitución y organización de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social Los cambios que se prevén respecto a los requisitos de constitución se recogen en el siguiente cuadro: Materia Regulación anterior Ley 35/2014 vigente a 1 de enero de 2015 Nº mínimo de empresarios Nº mínimo de trabajadores empresas asociadas Importe fianza (millones de euros) 9 20 Autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Orden ministerial Orden ministerial Social Inscripción en el registro de Mutuas Colaboradoras Sí Sí Publicación de la Orden de autorización en el BOE Sí Sí Se mantiene el número y la denominación de los órganos de gobierno de la Mutua (Junta General, Junta Directiva y el Director Gerente), con las modificaciones siguientes: En cuanto a la Junta General, pasa a formar parte de la misma una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos. Respecto a la Junta Directiva, se regulan en la Ley determinadas previsiones recogidas en la actualidad en las disposiciones reglamentarias 3, como son: Materia Regulación anterior Ley 35/2014 Nº de miembros Los que establezcan los Estatutos. Entre 10 y 20 miembros, en función del tamaño de la entidad. Empresas representantes en la Junta Representantes de los trabajadores Necesidad de confirmación por la Administración Cualquier empresa asociada El trabajador que forme parte de la Junta General. Sí. Confirmación tácita por el transcurso de 15 días. Al menos, el 30% de los miembros representantes de las empresas que cuenten con mayor número de trabajadores. El trabajador que forme parte de la Junta General o un trabajador por cuenta propia adherido, designado por la Junta General. Sí. 3 Reglamento de colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de noviembre.

4 Materia Regulación anterior Ley 35/2014 Limitaciones para formar parte de la Junta Directiva Limitaciones para comprar o vender activos de la Mutua Formar parte del órgano de dirección o participación de otra Mutua o mantener relación laboral o de servicios con la Mutua, salvo el representante de los trabajadores. Entre otras, las sociedades en las que el miembro de la Junta Directiva tenga una participación social igual o superior al 25%. Formar parte del órgano de dirección o participación de otra Mutua o mantener relación laboral o de servicios con la Mutua, salvo el representante de los trabajadores. Entre otras, las sociedades en las que el miembro de la Junta directiva tenga una participación social igual o superior al 10%. El Director Gerente sigue siendo la figura central de la gestión de la Mutua, aunque se introducen las siguientes modificaciones con la regulación actual: Materia Regulación anterior Ley 35/2014 Regulación de dependencia con la Mutua Lo que establezcan los Estatutos. Relación laboral de alta dirección (RD 1382/1985) Limitaciones para ostentar el cargo de Director Gerente Necesidad de confirmación por la Administración Límite para las retribuciones del Director Gerente Quienes pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa, sean titulares de una participación igual o superior al del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquel, igual o superior al 25%. Sí. Confirmación tácita por el transcurso de 15 días. Con carácter general, no pueden superar las retribuciones de los Directores Generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Quienes pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa, sean titulares de una participación igual o superior al del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquel, igual o superior al 10%. Sí. Las retribuciones, vendrán limitadas en función de la clasificación de la Mutua, así como de lo establecido en la normativa de los directivos del sector público (RD 451/2012), sin que el conjunto de las retribuciones pueda ser superior al doble de la retribución básica. Las retribuciones se fijan por la Junta Directiva, en función del volumen de la Mutua, la gestión y los resultados obtenidos de la misma.

5 Por primera vez se regula la figura del Presidente y la posición que ocupa dentro de la Mutua. Se articula la participación de los agentes sociales a través de las Comisiones de Control y Seguimiento, a las que se incorpora una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Además, se modifica la regulación de las mismas, como se recoge en el siguiente cuadro: Representación Materia Regulación anterior Ley 35/2014 Número máximo de miembros Limitaciones para formar parte de la Comisión Organizaciones sindicales más representativas y las organizaciones empresariales de mayor representatividad. Entre 6 y 10, en función del tamaño de la Mutua. De ellos, el 50% corresponde a representantes de organizaciones sindicales y el otro 50% a las organizaciones empresariales de mayor representatividad. No podrá formar parte, ningún miembro de la Junta directiva, a excepción del representante de los trabajadores, ni quien forme parte de cualquier órgano de gobierno de participación de otra Mutua. Organizaciones sindicales más representativas y las organizaciones empresariales de mayor representatividad. Además, una representación de los trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones más representativas de los mismos. Máximo 12 miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. No podrá formar parte, ningún miembro de la Junta directiva, a excepción del Presidente, o persona que trabaje para la Entidad. La presencia de la representación de los trabajadores por cuenta propia se extiende de igual forma a la Comisión de Prestaciones Especiales, cuya composición se establecerá reglamentariamente. Gestión de la prestación de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes Con la entrada en vigor de la Ley 35/2014, se establece de forma expresa la competencia de las Mutuas de la declaración del derecho a la prestación económica por IT, derivada de contingencias comunes, así como la denegación, suspensión, anulación y declaración de la extinción de la prestación, si bien se mantiene el control sanitario de las altas y bajas por parte de los servicios públicos de salud y de los servicios médicos de la entidad gestora.

6 La legislación actual, prevé que una vez constatada la situación de baja médica, a través de la expedición del parte médico de baja, reconocido el subsidio por la Mutua y determinada su cuantía, durante los dos meses siguientes los pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las Mutuas regularizar los pagos provisionales, que pasarán a adquirir carácter definitivo cuando transcurra el plazo de dos meses. Igualmente, la Ley recoge la regulación que ya había anticipado el Real Decreto 625/2014, de 18 de junio, en cuanto a los partes médicos de alta, (Circular 29/2014), y que se recoge en el siguiente cuadro; PARTES MÉDICOS DE ALTA Órgano que lo expide Efectos del alta Entidad que efectúa las propuestas LEGISLACIÓN ANTERIOR Médico de Atención Primaria, Inspección Médica del Servicio de Salud, Inspección Médica del INSS o, en su caso, del ISM. Extinción de la prestación el día siguiente a la extinción a la expedición del parte de alta y reincorporación al puesto de trabaja el día que produzca sus efectos. Mutua, a través de los servicios médicos adscritos. LEGISLACIÓN VIGENTE Médico de Atención Primaria, Inspección Médica del Servicio de Salud, Inspección Médica del INSS o, en su caso, del ISM. Extinción de la prestación el día siguiente a la extinción a la expedición del parte de alta y reincorporación al puesto de trabajo el día que produzca sus efectos. Mutua, a través de los servicios médicos adscritos. Órgano ante el que se formula la propuesta de alta Plazo de contestación del facultativo Inspección Médica de los servicios públicos de salud, que deberá remitir a los facultativos o servicios médicos a los que corresponda la emisión de los partes de alta. 10 días Inspección Médica de los servicios públicos de salud, que deberán remitir a los facultativos o servicios médicos a los que corresponda la emisión de los partes de alta. 5 días 4, contados desde la fecha en que la propuesta haya tenido entrada en la Unidad de Inspección. Resolución de la propuesta Confirmación motivada de la baja. Admisión de la propuesta, expidiendo el parte de alta médica. Opciones de la Inspección Médica de los servicios públicos de salud: Confirmación motivada de la baja. Admisión, de la propuesta, expidiendo el parte de alta médica. Plazo para comunicar la confirmación de la baja 15 días desde la recepción de la propuesta en la Unidad de Inspección Médica. 5 días 5, contados desde la fecha en que la propuesta haya tenido entrada en la Unidad de Inspección. 4 Hasta el 31 de marzo del 2015, el plazo es de 8 días (disposición transitoria 2ª RD625/2014). 5 Hasta el 31 de marzo del 2015, el plazo es de 8 días (disposición transitoria 2ª RD625/2014).

7 PARTES MÉDICOS DE ALTA Consecuencias de la no contestación en plazo o desestimación de la propuesta de alta Plazo de la Entidad Gestora para contestar la solicitud de la Mutua de la expedición del alta Legislación anterior La Mutua puede: Reiterar la propuesta ante el Servicio de Salud. Plantear una iniciativa de alta ante los servicios médicos del INSS. No existe plazo expreso de contestación. Por lo que se estará a los plazos generales de 3 meses. Legislación vigente La Mutua puede instar ante la Inspección Médica de la Entidad Gestora (INSS o ISM) la expedición del parte de alta. 4 días 6, contados desde la recepción de la solicitud. Régimen económico-financiero de las Mutuas y aplicación de resultados económicos de la gestión Sobre los aspectos económicos que se regulan en esta Ley, se destacan los siguientes: Se establecen las distintas clases de recursos que se transfieren a las Mutuas por la Tesorería General de la Seguridad Social para su mantenimiento y el ejercicio de sus funciones. Estos recursos consisten en cuotas de la Seguridad Social, así como los rendimientos y plusvalías que aquellas generan, resultantes de su inversión en los activos autorizados. El resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de sus tres ámbitos de actuación, como son, de una parte, la gestión de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia. En el caso que los ingresos superen a los gastos y se origine un resultado económico positivo, el mismo ha de destinarse en primer lugar a la dotación de las correspondientes reservas en la forma siguiente: a) En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se ha de constituir una provisión para contingencias en tramitación, que ha de contener la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio. 6 Hasta el 31 de marzo del 2015, el plazo es de 8 días (disposición transitoria 2ª RD625/2014).

8 b) Se modifican las reservas obligatorias, así como los límites que existen en cada uno de ellos, a constituir por las Mutuas en cada uno de los ámbitos de actuación y dotadas con el resultado económico positivo obtenido anualmente, en la manera que se sintetiza en el siguiente cuadro: Clase de reserva De Estabilización de Contingencias Profesionales De Estabilización de Contingencias Comunes Regulación anterior Ley 35/2014 Cuantía mínima del 30% de la media anual de las cuotas ingresadas en los últimos tres años, pudiendo elevarse hasta el 45%. Cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio económico, que puede elevarse hasta el 25%. Cuantía mínima del 30% de la media anual de las cuotas ingresadas en los últimos tres años, pudiendo elevarse hasta el 45%. Cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio económico, que puede elevarse hasta el 25%. De Estabilización Por Cese de Actividad Hasta el 80% del resultado económico positivo obtenido en el ejercicio presupuestario. Reserva por Cese de Actividad en la TGSS El porcentaje de cuotas anualmente se establezca por la Administración, sin superar el 20% del resultado económico positivo. Cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio económico, que puede elevarse hasta el 25%. La diferencia entre el importe destinado a la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad y la totalidad del resultado neto positivo. Se define el destino del excedente resultante para cada una de las contingencias una vez descontadas las reservas correspondientes: El 80% del excedente proveniente de contingencias profesionales se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, anteriormente denominado Fondo de Prevención y Rehabilitación, situado en la Tesorería General de la Seguridad Social, y cuyos fondos se aplicarán, entre otras funciones, a actividades en investigación, desarrollo e innovación que mejoren las técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores para la recuperación de los trabajadores y a incentivar acciones en prevención. Del 20% restante, la mitad debe dirigirse a la Reserva complementaria y el otro 10% a la Reserva de asistencia social.

9 En cuanto al excedente por la gestión de las contingencias comunes, éste debe incorporarse íntegramente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Finalmente, se regulan los supuestos de medidas cautelares, su contenido y efectos, las causas que originan la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados y su forma de exigirse, así como las causas de disolución y liquidación de las Mutuas y los procedimientos correspondientes. Prestación por Cese de Actividad de los Trabajadores por Cuenta Propia La disposición final segunda modifica el régimen jurídico del sistema de protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad, regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, al objeto de flexibilizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen, así como ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo. Las principales modificaciones son: Se elimina la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección, serán las normas del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario u obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales. Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se modifica el sistema de financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financieras, situándolo entre un mínimo del 2,2 por ciento y un máximo del 4 por ciento, que no se podrá rebasar. Se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento. La situación de pérdidas a la que se refiere se acreditará mediante la entrega de la documentación contable, de la forma que se determine reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos preceptivos. Asimismo se amplía la cobertura a los autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los trabajadores económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto.

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