Resolución Nº SETENA

Transcripción

1 Ministerio del Ambiente y Energía Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA Tel: fax: y Resolución Nº SETENA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 08 HORAS 20 MINUTOS DEL 13 DE ENERO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº D SETENA Conoce esta Secretaría el Recurso de Nulidad Absoluta contra la Resolución Administrativa No SETENA del 25 de junio del 2014, interpuesto por el señor David Patrick Maher, ciudadano Norteamericano con pasaporte , actuando en calidad de representante legal de la SUNRISE ADVENTURES IN RENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, desarrolladora esta última del expediente de marras. RESULTANDO PRIMERO: El día 13 de febrero del 2014, se presenta en esta Secretaría el formulario D2 del proyecto denominado Construcción de Tendido Eléctrico, mismo al que se le asigna el número de expediente administrativo D , a nombre de SUNRISE ADVENTURES INC RENTAL S.A., número de cédula jurídica , representada por el señor DAVID PATRICK MAHER (de un apellido en razón de su nacionalidad Estadounidense), portador del número de pasaporte , actuando en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma. SEGUNDO: Que mediante resolución RVLA SETENA, del 17 de febrero del 2014, e le otorga la Viabilidad Ambiental al proyecto de marras, únicamente aplicable para la construcción de tendido eléctrico que abarca un área de 131 metros lineales. TERCERO: Que el día 06 de mayo del 2014, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante oficio , solicita aclaración sobre la resolución RVLA SETENA, las cuales son: 1. Las coordenadas del plano de construcción de la red eléctrica indican que la ubicación del proyecto es entre las 354º -355º y 217º -218º, mientras que en el plano catastro presentado a nuestra oficina indican 355º -356º y 213º -214º, de su ubicación geográfica. 2. La localización del proyecto, según la secretaría indica que se desarrollará en la finca , plano G , pero no es en esa propiedad donde se construirá la red eléctrica, sino sobre una servidumbre que inicia en la calle principal de Nosara y llega a dicha finca. 1

2 3. No se indica en la resolución de la viabilidad ambiental que cuenta con la autorización de los propietarios con derecho a la servidumbre de paso de que se instale la red eléctrica y se han recibido quejas y correos electrónicos de los propietarios de los lotes aledaños a la servidumbre, manifestando no estar de acuerdo a la construcción de la red. CUARTO.- Que mediante Resolución No SETENA, del 25 de junio del 2014, notificada el 10 de julio 2014, se le solicita al desarrollador presentar la siguiente documentación: 1. Permiso Municipal o similar, emitido por la instancia de parte. 2. Autorización del o los propietarios por donde pasaría el tendido eléctrico, (entiéndase servidumbre de paso). 3. En consecuencia al punto anterior deberá presentar todas las certificaciones notariales o registrales y planos catastros de la o las propiedades que se verán afectadas por la instalación del tendido eléctrico, con vigencia máxima de tres meses, con sus respectivos timbres. 4. En caso que las propiedades estén a nombre de una persona jurídica, presentar las certificaciones de personería jurídica correspondientes. 5. Para todos los casos; presentar copia de la cédula de identidad de cada propietario del bien inmueble y bien del representante legal según corresponda, documento que deberá venir certificado o en su defecto; copia fiel y documento original para que un funcionario de esta Secretaría proceda a confrontarlo con el original. Con base a lo señalado (Considerando Séptimo), se establece en el Por tanto PRIMERO la suspensión de la Viabilidad Ambiental y paralización de cualquier obra construida y operativa del proyecto; y en el Por Tanto SEGUNDO, se le otorga un plazo de 30 días hábiles al desarrollador para el cumplimiento de lo anterior. QUINTO.- Que el 19 de agosto del 2014, el señor David Patrick Maher interpone el presente recurso de NULIDAD ABSOLUTA contra la resolución No , alegando las siguientes razones: Que Sunrise Adventures Inc Retal S.A. es la propietaria registral de la finca plano catastrado G la cual se localiza administrativamente en la comunidad de Esperanza, del Distrito Nosara, Cantón Nicoya, Provincia de Guanacaste. Que de previo a entrar sobre el fondo del presente recurso el actor considera oportuno aclararle a los señores miembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que el señor Justo Avilés Barrantes registra a su nombre la finca Folio Real, plano catastro G la cual se localiza administrativamente en la comunidad de Esperanza, Distrito Nosara, Cantón Nicoya, Provincia de Guanacaste. Que de la citada propiedad el señor Avilés Barrantes segregó un loto de diez mil metros cuadrados y se lo vendió a Sunrise Adventures Inc Rental S.A. inscribiéndose dicho lote en el Registro Público Folio Real número plano catastro G Que el lote vendido no tenía acceso a la vía pública; por tal motivo el señor Avilés Barrantes constituyó una 2

3 servidumbre de acceso hacia dicho lote tal y como se establece en el citado plano pero a favor de la finca número Acusa el autor que el mecanismo que utilizó la Comisión Plenaria (Resolución SETENA) para dictar dicha medida cautelar es contraria con los principios del debido proceso que establece el artículo 39 y el derecho a la defensa del artículo 41 ambos de la Constitución Política. Así las cosas, y en tratándose del debido proceso tenemos que el inciso a) del artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) establece que si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos e intereses legítimos. Por su parte, el inciso 1) del artículo 309 de dicho cuerpo normativo establece que el procedimiento ordinario se tramita mediante una comparecencia oral y privada, ante la Administración, en el cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes. Asimismo la Sala Constitucional en el voto número del 15 de diciembre de 1999 indicó. Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal aplicable a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda la prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria. De esa manera y de conformidad con lo anteriormente expuesto, queda claro que desde el momento en que la SETENA aprobó la Viabilidad Ambiental mediante resolución RVLA SETENA le otorgó derechos al actor. Que ante esa situación y al decretar dicha Secretaría una medida cautelar en contra de la citada resolución le causa un perjuicio grave al actor ya que le está suprimiendo y consecuentemente denegándole derechos subjetivos, esto al no haber instaurado el procedimiento ordinario y tomar el acuerdo de suspensión mediante resolución directamente. Alega que la resolución adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta (en aplicación de los artículos 148 y 173 de la LGAP). Finalmente manifiesta, que permitir la ejecución de un acto absolutamente nulo, al tenor de los artículos 169 y 170 de la LGAP, produce responsabilidad civil, administrativa y eventualmente penal para los servidores que permitan su ejecución, o si la ejecución llega a tener lugar. Por otro lado, respecto al acto de notificación, acusa el actor que es un ciudadano Norteamericano y no habla ni entiende el idioma español y que pese a esa situación la SETENA le notificó la resolución SETENA pero que ninguno de sus funcionarios le explicó los alcances y efectos jurídicos del acto notificado y por tal motivo no pudo oponerse dentro de los plazos fijados. Que por las razones expuestas y estando el actor en franca desventaja interpone el presente recurso con fundamento en el inciso (1) del artículo 183 de la LGAP, el cual establece: La Administración conservará la potestad de anular o declarar de oficio la nulidad del acto sea absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, siembre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos. Por último el actor reitera que no habla ni entiende el idioma español y por tal motivo la Comisión Plenaria tenía la obligación y el deber de explicarle al actor los alcances de la supracitada resolución ya que el 3

4 artículo 03 de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales número 8142 establece que Las instituciones públicas requerirán la traducción oficial de todo documento emitido en un idioma diferente al español, con miras a producir efectos legales en Costa Rica, o de todo documento en español a otro idioma, cuando así se requiera. Así las cosas y al ser dicha norma una ley de la República de Costa Rica todas las Instituciones públicas tienen que cumplirlas por estar sometidas al principio de legalidad según lo establece el artículo 11 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Anexo al recurso de nulidad, se aportan otros documentos, los cuales corresponden: a) una carta presentada por el Licenciado Otto Naén Castillo Hernández, donde indica que la servidumbre se constituye a favor del recurrente y aporta los números de finca de las propiedades que alega colindantes a la servidumbre; y b) tres croquis de las propiedades en discusión. CONSIDERANDO SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL PLAZO PARA RECURRIR El presente Recurso de Nulidad (incidente) es interpuesto por el señor David Patrick Maher (firma autenticada por abogado) actuando en calidad de representante legal de Sunrise Adventures in Rental S.A. que funge como desarrolladora del proyecto, y que dicha personería se encuentra aportada al folio 03 del expediente de marras, por lo que, se tiene por legitimado al señor Maher para presentar el recurso. Además, la nulidad se presenta el 19 de agosto del 2014, mientras que la resolución recurrida se notifica el 28 de julio del 2014, razón por la que a la fecha de interposición del recurso, el plazo para interponer recursos ordinarios se encontraba extinto, razón por la cual no se puede conocer sobre argumentos propios del recurso de revocatoria. Por otro lado, respecto a los alegatos de nulidad, conforme al artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública, El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa o la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación, por lo que se tiene por presentada la nulidad dentro de este plazo y se conocen los alegatos sobre la nulidad del acto. Esta salvedad anterior, se debe a que los argumentos presentados por el recurrente se encuentran revestidos del carácter propio de los recursos ordinarios, y no sobre defectos en los elementos propios del acto administrativo, que constituirían los supuestos para la nulidad. SOBRE LA NULIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR Acusa el recurrente que la resolución adolece de nulidad absoluta, ya que la misma establece como medida cautelar la suspensión de la Viabilidad Ambiental y la construcción de obras hasta tanto no se cumpla con lo solicitado en su Considerando Séptimo, sin establecer de previo el proceso ordinario. Se reitera en este punto que el plazo para presentar los recursos ordinarios (revocatoria y apelación 345 LGAP) se encuentra vencido al momento de presentar el recurso de nulidad absoluta, por lo que no es posible conocer sobre el fondo de la resolución recurrida, ya que de lo contrario, se violaría el principio de preclusión procesal, y en razón de ello, lo único que es atendible en el recurso de 4

5 nulidad absoluta presentado, es verificar el debido proceso y que no exista vicios en el procedimiento administrativo. Así, este alegato afectaría el motivo de la resolución, lo que podría constituirse en una causal de nulidad, por lo que, se analiza a continuación la potestad de dictar medidas cautelares (suspensión) por parte de la Administración. El artículo 14 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública legitima a la Administración Pública para que dicte la suspensión de actos administrativos, tal que: Artículo Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos administrativos de duración. 2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular. 3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la Administración dentro de este tipo de relaciones. En concordancia con la norma anterior, el artículo 146 del mismo cuerpo legal que dispone Artículo La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar. 2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía. 3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes. 4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder. Además, el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública establece que Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. Asimismo, el Título Tercero del Código Procesal Contencioso Administrativo contempla un apartado de la Medidas cautelares a partir del artículo 19. Al respecto, la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen C del 04 de octubre del 2010, ha dicho: La cesación temporal de la eficacia por suspensión cautelar. Como manifestación de la potestad de autotutela declarativa o decisoria, la Administración define derechos y crea obligaciones de forma unilateral y ejecutoria; así sus decisiones, pero especialmente aquellas que, como declaraciones de voluntad, conceden únicamente 5

6 derechos a favor de los administrados, son inmediatamente eficaces, pues se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten (art. 140 LGAP). Ahora bien, la eficacia de aquellos y otros actos, entendida como su capacidad para producir efectos jurídicos previstos por el ordenamiento (ejecutividad), puede cesar temporal o definitivamente. No obstante, para el presente caso interesa abordar únicamente aquella cesación con carácter temporal, provisional o transitorio, también denominada suspensión del acto ; medida cautelar o preventiva por antonomasia, que puede darse tanto en la vía administrativa (artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública) como en la jurisdiccional (artículos 19 y ss. Del Código Procesal Contencioso Administrativo y 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); ambas indiscutiblemente son manifestación de lo que en doctrina se denomina tutela cautelar, como parte integrante del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva (arts. 41 y 49 constitucionales) Al respecto, la doctrina nacional ha señalado: La suspensión del acto es la paralización temporal de sus efectos. La suspensión se da cuando hay un hecho posterior que exige detener la eficacia a fin de satisfacer debidamente el interés público. Su fundamento normal está en una desadaptación del acto a ese interés y en una razón de oportunidad. Si este desajuste es temporal, conviene suspender el acto en lugar de revocarlo en forma definitiva. Se trata en todo caso de una medida cautelar y preventiva, llamada a desaparecer una vez definida la situación que motivó el desajuste con el interés público, y puede dictarse en su lugar la revocación definitiva o la de la suspensión misma. Normalmente, la potestad de revocar comprende la de suspender, en virtud del principio de que el que puede lo más puede lo menos, salvo expresa disposición en contrarío. Los límites de la potestad revocatoria (...) son los mismos que los de la potestad para suspender y son ante todo los derechos adquiridos. La suspensión corresponde al órgano capaz para revocar, salvo diversa norma expresa en contrarío. Quiere decirse: al mismo órgano que dictó acto (sic) o a su superior jerárquico. Son estos los que tienen competencia para juzgar de la oportunidad de su conducta y los que, consecuentemente, están llamados a acomodarla al interés público cuando lo exijan los hechos. Excepcionalmente tal potestad corresponde a otro órgano, si la ley expresamente lo permite (...) La potestad de suspender -como la de revocar- es de principio, y existe aunque no haya ley expresa que la otorgue. Para eliminarla debe existir norma expresa que la deniegue (...) La suspensión puede ser reglada o discrecional en cuanto al motivo (...) (ORTIZ ORTIZ, op. cit. págs. 392 y 393). (Citado en el pronunciamiento OJ de 27 de setiembre de 2005). Indudablemente la Administración Pública puede suspender temporal y excepcionalmente la ejecución de un acto administrativo por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado (suspensión por vía de recurso), o en el tanto se produce una decisión definitiva sobre la validez del mismo (como medida de tutela o de control frente a eventuales vicios originarios). Pero una vez que aquella decisión se produce la situación de provisionalidad creada por el acuerdo de suspensión cesa, de forma que si el acto resulta válido reaparece su eficacia temporalmente suspendida y si, por el contrarío, resulta inválido o es revocado, la eficacia cesa definitivamente. 6

7 Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, (ley con la que se crea a la SETENA), establece en lo que nos interesa en el artículo 20 y 99. Artículo 20.- La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen. Artículo 99.- Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones: ( ) d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia. ( ) En concordancia el decreto Ejecutivo MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, establece en su artículo 105, la potestad de esta Secretaría para ordenar la clausura de actividades obras o proyectos. Por lo anterior, queda claro que en ejercicio de su auto-tutela, la Administración Pública para resguardar un interés mayor de la colectividad (de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) ostenta la potestad para dictar medidas cautelares (suspensiones) cuando lo amerite, sin necesidad de recurrir de previo a un proceso ordinario, razón por la cual, SE RECHAZA ESTE ARGUMENTO COMO MOTIVO DE NULIDAD. SOBRE LA NULIDAD POR FALTA DE TRADUCCIÓN Alega el recurrente que se produce una indefensión hacia el desarrollador, toda vez que virtud a su nacionalidad, este no es hispano-parlante, razón por la cual se encontraba imposibilitado de presentar los recursos ordinarios dentro del plazo legal; alega además, que en aplicación supletoria de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, la Administración se encontraba en la obligación de y el deber de explicarle al actor los alcances de la supracitada resolución. Esta nulidad debe revisarse bajo la eficacia de la resolución No SETENA, todo que, por la imposibilidad del desarrollador de leer un documento en un idioma distinto del propio, alega que se le produce una indefensión, sin embargo, lo que se analiza no es la supuesta indefensión, sino más bien, si el acto cumple o no con las formalidades de ley, o sea, si el acto es eficaz con respecto al desarrollador. A nivel constitucional, se ha establecido el idioma español como el idioma oficial, tal que: 7

8 Artículo 76.- El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. La Constitución Política es clara en el artículo anterior la naturaleza que reviste la lengua materna, reconociendo en igual medida la importancia de proteger las lenguas indígenas (autóctonas), por lo que las notificaciones que se realizan al amparo de la legislación, se hacen en el idioma español. A este respecto la Sala Constitucional ha manifestado: El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que pueda existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad, como lo ha dicho la Sala, sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que deba existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, como tratamiento diverso. Todo lo expresado quiere decir, que la igualdad ante la ley no puede implicar una igualdad material o igualdad económica real y efectiva (véanse los votos n y ). En el caso del los documentos emitidos por la Administración Pública, en aplicación de los artículos 4, 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública somete a la actividad administrativa al ordenamiento jurídico (y en mayor medida a la norma constitucional), así que, conforme al principio de legalidad, en donde no subsista una desigualdad no puede el acto administrativo hacer distinción, siendo que dicha desigualdad, debe estar habilitada por una norma legal (como en el caso de la Ley 7600), siendo que ausencia de esta, se estaría ante un acto discrecional, el cual se encuentra vetado por la Ley General de la Administración Pública: Artículo El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso. Por todo lo anterior, queda claro que la notificación de la resolución impugnada por el recurrente, NO ES NULA POR ESTE SUPUESTO, todo que inclusive, los documentos aportados en el mismo expediente administrativo se encuentran en el idioma español, además, tanto el formulario D2 como el D1, son hechos en el idioma español, siendo que en este último en particular, conforme al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo No MINAE), establece que los estudios técnicos deben presentarse en idioma español. ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SETENA 8

9 Revisada toda la documentación aportada por el recurrente, lo propio por esta Secretaría es RECHAZAR por inadmisible los argumentos de nulidad. Pese a lo anterior, el recurso es interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles otorgados en la resolución SETENA, y de su lectura se desprende que el recurrente malinterpreta lo solicitado por la resolución, razón por la que considera necesario esta Secretaría aclarar los alcances de la resolución recurrida. La resolución SETENA solicita al desarrollador, que con el fin de levantar la suspensión y continuar con el proyecto, debe aportarse documentación adicional que no consta en el expediente, señalada en el CONSIDERANDO SÉTIMO: 1. Permiso Municipal o similar, emitido por la instancia de parte. 2. Autorización del o los propietarios por donde pasaría el tendido eléctrico, (entiéndase servidumbre de paso) 3. En consecuencia al punto anterior deberá presentar todas las certificaciones notariales o registrales y planos catastros de la o las propiedades que se verán afectadas por la instalación del tendido eléctrico, con vigencia máxima de tres meses, con sus respectivos timbres. 4. En caso que las propiedades estén a nombre de una persona jurídica, presentar las certificaciones de personería jurídica correspondiente. 5. Para todos los casos; presentar copia de la cédula de identidad de cada propietario del bien inmueble y bien de su representante legal según corresponda, documento que deberá venir certificado o en su defecto; copia fiel y documento original para que un funcionario de esta Secretaría proceda a confrontarlo con el original. Sobre estos puntos (principalmente del 2 al 5), con base en lo argumentado por el recurrente, este interpreta que los afectados a que se refiere en el punto 3 son los quejosos mencionados en el oficio ICE (folio 27), sin embargo, la suspensión dictada y los requisitos solicitados se deben a que el proyecto, en los términos en que fue aprobado, NO consideró los propietarios de otros fundos por donde se desarrolla el proyecto, todo que, el formulario D2 presentado no indica en la casilla 41 que el proyecto se desarrolla TAMBIÉN en otras propiedades, siendo que este en realidad, pasa por una servidumbre de paso no contemplada originalmente. Sobre este punto, las servidumbres de paso (voluntaria o forzoso) son constituidas a favor de un fundo dominante, sin embargo, esto no significa que el propietario del fundo sirviente (terreno donde se crea la servidumbre) pierde el derecho de propiedad sobre la franja de terreno comprometida a este régimen. Por otro lado, también es importante indicar que este tipo de servidumbre puede constituirse a favor de uno o varios fundos. Así, el Tribunal Segundo Civil, Sección I, Sentencia 0098 del Expediente CI del 26 de marzo del 2014, determinó: Aun cuando no se expresa con claridad qué relación podría tener el artículo 379 del Código Civil que se invoca con el caso en estudio, es evidente, de acuerdo con la explicación dada en el libelo de contestación, que los accionados están pretendiendo asegurar que adquirieron el derecho a utilizar la servidumbre de paso, gracias a un acuerdo entre vecinos, mediante el 9

10 cual se amplió el ancho de la servidumbre de cuatro a cinco metros hace aproximadamente unos seis o siete años, al momento de contestarse la demanda (contestación al hecho octavo de la demanda a folio 78). Al respecto vale decir, siguiendo al jurista español Manuel Albaladejo, en su libro Derecho Civil, Tomo III, Derecho de Bienes, Volumen segundo, Derechos reales en cosa ajena (Reimpresión, Librería Bosch, Barcelona España, 1977, página 94 y siguientes), que la servidumbre es el poder real que una persona tiene sobre un predio ajeno para servirse de él parcialmente en algún aspecto. Desde el punto de vista del dueño del predio, tal derecho constituye un gravamen que, al pesar sobre la finca, pone una limitación a su propiedad y reduce el poder que normalmente le corresponde sobre su cosa. Por esa razón, las disposiciones legales relativas a la servidumbre y a los negocios jurídicos que las establecen son de interpretación restrictiva. Es decir, en caso de duda, hay que inclinarse por el menor alcance del texto que establezca el gravamen y la menor extensión de este. Al recaer sobre predios o fincas, la servidumbre es un gravamen predial real- y su titular será la persona física o jurídica, o personas, dueñas del fundo dominante. Para su establecimiento y continuidad, ese gravamen debe responder a una utilidad y cuando se constituyen por voluntad de los interesados, sea en negocio jurídico mortis causa o inter vivos, le corresponde al propietario del bien sobre el que se establecen, constituirla. En esa línea de pensamiento podemos decir, que el único que puede variar los alcances de la servidumbre de paso constituida voluntariamente, en cuanto a su dimensión y beneficiarios, es el propietario del fundo sirviente, pues a pesar de que la limitación a su propiedad está legalmente constituida, la franja de terreno sobre la cual discurre la servidumbre, le sigue perteneciendo. Por consiguiente, no pueden los propietarios de los fundos dominantes otorgar derechos de los que carecen, puesto que la interpretación de los derechos que les concede la titularidad de esos fundos dominantes, debe limitarse a lo estrictamente acordado en el contrato que le dio origen y si en la escritura de constitución de la servidumbre, el dueño del fundo sirviente no autorizó a los beneficiarios de ese acto de disposición a ceder o modificar en modo alguno esa servidumbre, es claro que el acuerdo de voluntades de los vecinos no puede modificar lo que legalmente está establecido, por no ser ellos los titulares del derecho sobre el cual están negociando, es decir no son dueños del fundo sirviente y propietario de la franja de terreno destinada a servidumbre. Se tiene que para el proyecto de marras, el término empleado por la resolución recurrida de afectados, alude a los posibles afectados por el proyecto en virtud de la relación legal especial creada por la servidumbre, esto es, entre los propietarios del o los fundos sirvientes y del o los fundos dominantes, ya que con respecto a los propietarios de fundos sirvientes, se afectaría su derecho de propiedad, mientras que con los propietarios de fundos dominantes, se podría afectar su derecho de paso. Lo que señala la resolución recurrida sobre los afectados, es en los términos señalados en la presente resolución, por lo que se tiene que demostrar cuales son los fundos afectados y presentar las respectivas autorizaciones de sus propietarios, todo teniendo en consideración que el proyecto de marras no puede desmejorar los derechos adquiridos por los demás beneficiarios de la servidumbre. En este sentido y con el fin de no causar un perjuicio derivado de una malinterpretación de lo solicitado por esta Secretaría en la resolución SETENA, se le otorga al desarrollador un nuevo plazo de 30 días hábiles para presentar TODO lo solicitado 10

11 originalmente, incluyendo además, testimonio o copia certificada de la escritura pública donde se crea la servidumbre de paso, con el fin de poder discernir a los beneficiarios. Se advierte al desarrollador que la documentación aportada debe tener la validez legal suficiente para que sea aceptada por este ente evaluador, y que a efecto de presentar actos por medio de un representante, debe aportarse el poder suficiente y conforme con el Código Civil. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº de esta Secretaría, realizada el 08 de enero del 2015, en el Artículo No. 18 acuerda: PRIMERO: Conforme a las razones expuestas en el CONSIDERANDO, se resuelve: Se RECHAZA EL RECURSO (incidente) de Nulidad interpuesto por el desarrollador contra la Resolución No SETENA. SEGUNDO: Respecto a la ACLARACIÓN, se le otorga al desarrollador un plazo de 30 días hábiles para presentar TODO lo requerido en la resolución SETENA en los términos de la presente resolución. TERCERO: Conforme con la ACLARACIÓN, se debe presentar dentro del mismo plazo anterior, testimonio o copia certificada de la escritura pública que crea la servidumbre de paso por donde se desarrolla el proyecto. CUARTO: Se mantiene la medida cautelar de suspensión impuesta por la resolución SETENA, hasta tanto no haya cumplido con lo señalado en los dos puntos anteriores de este Por Tanto. QUINTO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG SETENA del 23 de junio de 2014, visible en la página web: Atentamente, ING. FREDDY BOLAÑOS CESPEDES SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 11

12 En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó copia de la Resolución Nº_ SETENA de las 08 horas 20 minutos del 13 de ENERO NOTIFÍQUESE: David Patrick Maher Correo Electrónico: Firma: cédula A las horas y minutos del de del Notifica 12