CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A. Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón

Transcripción

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón Bogotá, D.C., junio veinticuatro (24) de dos mil quince (2015). Radicación No.: (32.876) Actor: Demandado: Referencia: Asociación de las Comunidades de El Platero, La Platina y Samurindocito ACOPLASAN Nación Ministerio de Minas y Energía Apelación sentencia. Reparación directa. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Chocó, el 1 de diciembre de 2005, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de La Nación, Ministerio de Minas y Energía y se denegaron las pretensiones de la demanda respecto de la Empresa Nacional Minera MINERCOL. I.- A N T E C E D E N T E S 1.- La demanda El 27 de agosto de , la Asociación de las Comunidades El Platero, la Platina y Samurindocito, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación Ministerio de Minas y Energía y la Empresa Nacional Minera MINERCOL Ltda., con el fin de que se les declarara solidaria y administrativamente responsables por los perjuicios materiales causados a la actora por la extracción de materiales de construcción en unos bienes de su propiedad, por parte de 1 Fl. 10 c 1.

2 la sociedad GRODCO S.C.A. 2. Se solicitó en la demanda, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ Como hechos relevantes de la demanda se narró, en síntesis, que la comunidad demandante se encuentra asentada en la cuenca del río Samurindó desde hace más de 100 años y que es poseedora de un área de terreno sobre dicha cuenca, según títulos otorgados por el INCORA. Agregó que también es titular de unas minas de aluvión de oro corrido, llamadas El Platero y La Platina. Señaló que el Ministerio de Minas y Energía, por conducto de MINERCOL Ltda., le concedió una licencia temporal a la compañía GRODCO S.C.A., para la explotación de metros cúbicos de materiales de construcción, con el propósito de rehabilitar y pavimentar la vía Quibdó Yuto, tramos I y II, obra cuya ejecución se produjo por virtud del contrato 0042 de 2001, celebrado entre dicha sociedad y el INVIAS. Sostuvo que la sociedad GRODCO S.C.A., al ejecutar sus labores, excedió la cantidad de material de construcción que le fue autorizada, puesto que extrajo metros cúbicos en la parte alta del puente sobre el río Samurindó y metros cúbicos en la parte baja de dicho puente, para un total de metros cúbicos más de lo autorizado; adujo que se explotó un total de metros cúbicos, con lo cual se le irrogaron daños. 3.- La contestación de la demanda MINERCOL LTDA., por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte actora, para cuyo efecto señaló: i) Que si bien es cierto que la comunidad actora está asentada en la cuenca del río Samurindó, no lo es menos que el Estado es el titular de los minerales que se encuentren en el suelo y en el subsuelo y, por lo tanto, puede explorarlos y explotarlos; ii) que los títulos mineros aducidos por la demandante no están vigentes, pues al consultar el registro minero no se encontró la existencia de un título respecto de minas de aluvión de oro corrido El Platero y La Platina ; iii) que no está acreditado que 2 Fls. 3 a 10 c 1.

3 GRODCO S.C.A. hubiere excedido la extracción de materiales de construcción, por cuanto se efectuaron diversos informes tanto por MINERCOL como por la Corporación Autónoma Regional del Chocó y ello nunca se estableció; iv) que si la parte actora llegara a probar que GRODCO S.C.A. extrajo más de lo permitido, la demanda debía dirigirse contra dicha compañía y ante la Justicia Ordinaria, pues no existe responsabilidad alguna por parte del Estado por ese supuesto hecho; v) que la autorización que dicha compañía emitió para que GRODCO S.C.A. extrajera material de construcción del río Samurindó obedeció a que la petición reunía los requisitos legales y porque dicha extracción estaba destinada para la ejecución de una obra pública, esto es la rehabilitación de una carretera en el Departamento del Chocó La Nación, Ministerio de Minas y Energía interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, impugnación que no fue resuelta en primera instancia, pues ese escrito fue acogido por el Tribunal Administrativo a quo como la contestación de la demanda, sin que ese aspecto hubiere sido objeto de oposición por esa entidad demandada. En el aludido escrito La Nación adujo que era ajena a los hechos materia de proceso y que, por lo tanto, no podía considerársele como parte dentro del mismo, pues carecía de legitimación en la causa por pasiva, habida consideración de que MINERCOL Ltda., cuenta con personalidad jurídica propia y es dicha compañía, en virtud del ordenamiento jurídico, la que administra los recursos mineros y carboníferos, por cuya virtud expidió el acto administrativo que autorizó a GRODCO S.C.A. para extraer material de construcción del río Samurindó, sin que por ello, adujo, esté comprometida la responsabilidad de MINERCOL Ltda Alegatos de conclusión en primera instancia Tanto MINEROL Ltda., como La Nación, Ministerio de Minas y Energía reiteraron lo expuesto en sus contestaciones de la demanda 5. La parte actora guardó silencio. 3 Fls. 196 a 200 c 1. 4 Fls. 212 a 221 c 1. 5 Fls. 261 a 275 c 2.

4 5.- La sentencia apelada El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia de 1 de diciembre de 2005, adoptó las determinaciones expuestas en la parte inicial de este fallo, de acuerdo con lo siguiente 6 : el Ministerio de Minas y Energía, no está llamado a representar y responder por un ente dotado de su propia personalidad jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, como es la Empresa Nacional Minera Limitada, Minercol, que la extensión de la demanda hasta el Ministerio contraría el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva, al carecer todo vínculo con el objeto del litigio al no existir identidad entre ella como demandada y quien debería ser sujeto pasivo de la acción, es decir la Empresa Nacional Minera Ltda., Minercol Ltda. observa la Sala: 1.- que no se probaron los supuestos de hechos que pudieran hacer imputar responsabilidad alguna a Minercol Ltda., y que ni siquiera en virtud del fuero de atracción, fue llamado a juicio la persona jurídica, que en virtud de la situación fáctica planteada, realizó, en caso de que la haya realizado, la supuesta extracción de materiales susceptibles de indemnizar. 6.- El recurso de apelación Inconforme con la anterior sentencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación 7, en el cual hizo un breve recuento de la demanda y de la decisión del Tribunal de primera instancia, para luego exponer los puntos a los que se contrae su impugnación. Indicó que según el Tribunal, la persona llamada a responder sería la empresa GRODCO S.C.A., sin embargo, teniendo en cuenta que ésta no fue vinculada al proceso, la parte actora señaló que no existe quien responda por el daño que le fue irrogado, pues ella deriva su sustento del río Samurindó, en tanto que la referida sociedad se enriqueció de manera injustificada. 6 Fls. 279 a 283 c ppal. 7 Fls. 288 a 292 c ppal.

5 Agregó que en su criterio la persona que debe responder patrimonialmente en este asunto es MINERCOL Ltda., porque al expedir la resolución que autorizó la extracción del material de construcción, debía realizar el seguimiento y el control respecto de la actividad de GRODCO S.C.A., para evitar que superara la cantidad que le fue autorizada para extraer, lo cual no ocurrió. Y señaló: No compartimos con el Tribunal la afirmación que no se probaron los supuestos de hecho o fácticos de la demanda, pues con el documento arriba relacionado la comunidad contabilizó una explotación de metros cúbicos de material de arrastre del lecho del Río Samurindó, y dentro de la demanda se solicitó una inspección judicial con peritos expertos para que se observara el impacto y los perjuicios causados con esa licencia, prueba que según el magistrado ponente no era necesario (sic) y no se decretó ni practicó, luego entonces no entendemos cómo hoy se dice que los presupuestos de hecho no se probaron, y lo que es peor, en la sentencia se dice que no se pidió ninguna verificación por los demandantes, lo que a todas luces nos dice que no hubo objetividad en la apreciación de la prueba. 8.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia La Nación, Ministerio de Minas y Energía insistió en su falta de legitimación en la causa por pasiva MINERCOL Ltda., solicitó confirmar el fallo apelado, por cuanto no le asiste responsabilidad alguna en los hechos materia de proceso, ni mucho menos en relación con los perjuicios hipotéticos que aduce la parte actora. Añadió que de la revisión del proceso no se encuentra la solicitud probatoria a la que se alude en el recurso de apelación, por lo cual no existió ni siquiera un pronunciamiento judicial en tal sentido, de modo que no puede la parte actora alegar ahora que la ausencia de pruebas que demostrarían la veracidad de los hechos expuestos en la demanda no le son atribuibles a ella 9. 8 Fls. 304 a 308 c ppal. 9 Fls. 307 a 313 c ppal.

6 8.3.- La parte actora guardó silencio en esta etapa del proceso. II. C O N S I D E R A C I O N E S 1.- Competencia Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó, el 1 de diciembre de 2005, para lo cual el Consejo de Estado es competente, en segunda instancia, porque por perjuicios materiales a favor de la parte actora se solicitó la suma de $ y la cuantía para que un asunto de esta naturaleza acceda a la doble instancia debía exceder de $ Dado que la decisión del Tribunal Administrativo a quo, en el sentido de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de La Nación Ministerio de Minas y Energía, no fue objeto de la impugnación interpuesta por la parte actora, la Subsección no abordará el análisis de ese aspecto de la litis. 2.- Las pruebas recaudadas en el expediente Al proceso se allegaron las siguientes pruebas: A folios 12 a 18 obra un material fotográfico que carece de mérito probatorio, toda vez que sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, de las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar que representan, ni la época en que fueron 10 Equivalentes a 500 SMLMV para el año de presentación de la demanda (2002).

7 tomadas y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso Copia simple del acto administrativo proferido por MINERCOL Ltda. Gerencia Operativa Regional No. 10 de Quibdó, el cual dispuso, entre otras cuestiones, las siguientes: ARTICULO PRIMERO: Conceder AUTORIZACION TEMPORAL E INTRANSFERIBLE No. CC6-151, por el término de Diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, a la sociedad GUSTAVO RODRIGUEZ GRODCO S.C.A. INGENIEROS CIVILES GRODCO S.C.A., para la explotación de metros cúbicos de materiales de construcción en un área de 83 hectáreas y (sic) metros cuadrados, ubicada en jurisdicción del municipio de Atrato, departamento de Chocó, cuyos linderos P.A.: PUENTE SOBRE EL RIO SAMURINDO, VIA QUIBDO YUTO. ARTICULO TERCERO: Los minerales cuya explotación se autoriza mediante este proveído solo podrán utilizarse con destino a las obras del sector Quibdó Yuto, objeto de este pronunciamiento so pena de ser considerada como actividad minera ilícita Folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a un lote de terreno rural de 57 hectáreas denominado La Carmela, adjudicado por el INCORA a través de Resolución No de 1989 a los señores Gonzalo González Hinestroza y José Auro Torres Girón Original de la Resolución No de 1989, expedida por el INCORA, a favor de las personas descritas en el folio de matrícula inmobiliaria antes mencionado Folio de matrícula inmobiliaria de un lote de terreno urbano de 65 hectáreas denominado El Platero, adjudicado por el INCORA a través de Resolución No de 1990 a la señora Silvia Beatriz González Hinestroza En ese sentido se ha pronunciado la Sala en reiteradas ocasiones, tal como lo refleja, entre muchas otras providencias, la proferida el día 23 de junio de 2010, exp ; M.P. Dr. Enrique Gil Botero, reiterada por esta Subsección en sentencia de 25 de marzo de 2015, exp Fls. 19 a 21 c Fl. 22 c Fl. 23 c Fl. 25 c 2.

8 2.6.- Copia simple de la Resolución No de 1990, expedida por el INCORA, a favor de la persona mencionada en el folio de matrícula inmobiliaria antes descrito Folio de matrícula inmobiliaria de un lote de terreno rural, sin denominación pero en el cual aparece inscrito lo siguiente: TITULO DE LA MINA LLAMADA EL PLATERO, transferido por la Gobernación del Departamento del Cauca a los señores José Antonio Sánchez y Juan de Dios González Folio de matrícula inmobiliaria de un lote de terreno rural MINA DE ALUVION LA PLATINA ; allí consta la adjudicación de un título minero por parte de la Gobernación del Departamento del Cauca, provincia del Atrato, a favor de los señores Manuel Robledo Reyes y Rosendo Robledo Documento elaborado por la Asociación de las Comunidades de El Platero, La Platina y Samurindocito, el cual corresponde a una bitácora diligenciada a puño y letra se desconoce por quién ; allí se registran unas fechas, un número de cargas y un número de metros cúbicos por viaje que habrían sido extraídos del río Samurindó por vehículos al servicio de la compañía GRODCO S.A Documento elaborado por GRODCO S.C.A., por medio del cual se autorizó a una persona para retirar materiales de construcción de la quebrada Samurindó, a través de dos vehículos de carga pesada Oficio No de marzo 20 de 2002, por medio del cual la Gerencia Operativa Regional de MINERCOL Ltda., Quibdó, respondió un derecho de petición elevado por los señores Luis Enrique Robledo, Asael Rentería y Pablo González, en el siguiente sentido: 16 Fl. 26 c Fl. 29 c Fl. 37 c Fls. 42 a 76 c Fl. 177 c 2.

9 En atención a su solicitud en la cual nos pide establecer si el área de la Autorización temporal CC6-151 (resolución del 26 de abril de 2002), se encuentra ubicada aguas arriba o abajo del puente del río Samurindó, me permito responderle que de acuerdo al informe técnico REML, de la visita practicada al área, la misma se encuentra localizada en un 97% aguas arriba del puente del río Samurindó, en la vía que conduce de Quibdó a Yuto Municipio del Atrato Certificado de existencia y representación legal de la Asociación de las Comunidades de El Platero, La Platina y Samurindocito Original de la Resolución 011 de febrero 20 de 2002, por medio de la cual la Alcaldía Municipal del Atrato, Chocó, admitió la querella interpuesta por la compañía GRODCO S.C.A. en contra de la Asociación de las Comunidades de El Platero, La Platina y Samurindocito y ordenó el amparo provisional de un título minero a favor de dicha sociedad, con fundamento en lo siguiente: 1. La firma GRODCO S.C.A., Ingenieros Civiles, es beneficiaria de las autorizaciones temporales por materiales de construcción con placa CC y CCN-152, Títulos mineros expedidos por MINERCOL S.A., (sic), autoridad competente, en los términos del nuevo Código de Minas. 2. Con fundamento en dichos Títulos la firma que represento viene extrayendo material de construcción del lecho de los ríos ubicados en la jurisdicción de sus Municipios y comprendidos dentro de los Títulos Mineros 3. El día 13 de enero de 2002, los demandados construyeron cerramientos, muros y cadenas con el propósito de perturbar la actividad normal de explotación que a través de sus vehículos venía realizando la empresa contratista de la pavimentación de la vía Quibdó Yuto. 4. Con tal conducta los accionados están causando grave perjuicio a mis representados, pues les impiden la extracción de material de construcción, lo que conlleva en tiempo inmediato a la parálisis de las obras, con el consecuencial perjuicio tanto para el contratante, como para el contratista y la comunidad en general Fl. 178 c Fls. 180 a 182 c Fls. 184 a 187 c 2.

10 3.- El caso concreto En el presente asunto, se le atribuyó responsabilidad patrimonial a la compañía Minercol Ltda., porque no realizó el respectivo control sobre volumen de material concedido en la resolución No. 1200/012 de abril 26 de 2001, por tal razón fue que la Sociedad GRODCO S.C.A. abusó causando los daños a los bienes de la Asociación de Comunidades Platero, Platina y Samurindocito. En ese sentido, el daño deprecado por la parte actora habría provenido de la extracción desmedida de material de construcción del río Samurindó, por parte de la sociedad GRODCO S.C.A., con lo cual se habrían afectado los bienes de la comunidad demandante de los cuales, según la demanda, derivan sus sustento ya que éllos (sic) dependen económicamente de mazamorreo, y barequeo, siembran cultivos de pan de comer (sic) (plátano, yuca, guayaba, chontaduro, borojó, etc.) 24. Pues bien, la Sala confirmará el fallo apelado, toda vez que la parte demandante no acreditó el daño que dijo haber sufrido, pues lo expuesto en la demanda en el sentido de que producto de la mayor sustracción de material de construcción del río Samurindó se habrían afectado los bienes de titularidad de la comunidad actora, no pasaron de ser simples señalamientos, desprovistos de todo sustento probatorio. Al respecto, ha sido reiterada la Jurisprudencia de la Sala en el sentido de señalar que el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas; en cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, que deben concurrir en el plenario los elementos demostrativos de la existencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o a varios individuos; (ii) una conducta, activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, y (iii) cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada. 24 Fl. 6 c 1.

11 Así pues, el primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad dice relación con la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que este constituye un elemento necesario de la responsabilidad, de allí la máxima sin daño no hay responsabilidad y sólo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de su imputación al Estado. Así ha discurrido la Sala al considerar que: porque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público. La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión. Con anterioridad, el examen judicial de estas controversias, por lo general, enfocaba inicialmente la comisión de una falla del servicio, conducta consecuente con el concepto de daño que tradicionalmente se había venido manejando, según el cual la antijuridicidad del daño se deducía de la ilicitud de la causa 25. En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló: Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos. En efecto, en sentencias proferidas ( ) se ha señalado tal circunstancia precisándose ( ) que es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de Expediente No Consejero Ponente: Juan de Dios Montes.

12 libera de toda responsabilidad al Estado y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado 26 (se resalta). Ahora bien, de conformidad con la Jurisprudencia de esta Corporación, el daño antijurídico ha sido definido como la lesión, menoscabo, perjuicio o detrimento, patrimonial o extrapatrimonial, de los bienes o derechos de los cuales el titular no tiene el deber jurídico de soportar 27. Por manera que en cada juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde al demandante acreditar o demostrar cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico, esto es i) la lesión patrimonial o extrapatrimonial del bien jurídico del cual es titular; ii) que la lesión o el menoscabo no se encuentre en el deber jurídico de soportarlo antijuridicidad. Así las cosas, la sola inferencia o afirmación en la demanda en relación con la ocurrencia de un daño como ocurrió en el presente asunto, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que se requiere, de manera ineludible, que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio idóneo y suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo 28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y ante la inobservancia de la parte demandante 26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de Expediente No Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. 27 Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de mayo de Expediente No Consejero Ponente: Enrique Gil Botero; Sentencia del 7 de diciembre de Expediente No Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Sentencia del 6 de junio de Expediente No Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 28 Sentencia de 29 de enero de 2014, exp M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.

13 respecto de esa carga probatoria, se impone confirmar el fallo apelado, dado que no se allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar el daño que sirvió de fundamento a la acción indemnizatoria aquí ejercida. En efecto, el acervo probatorio que integra el proceso, descrito en precedencia, permite establecer que MINERCOL Ltda., autorizó a la sociedad GRODCO S.C.A., para que extrajera material de construcción del río Samurindó, con el propósito de que pudiera ejecutar una obra pública en la que esa misma compañía era contratista; que la referida sociedad autorizó a su personal para realizar dicha extracción y trasladarla hasta el lugar donde ejecutaba el contrato de rehabilitación de una carretera; que la Asociación de las Comunidades de El Platero, La Platina y Samurindocito se opuso a esa actividad, porque al parecer la empresa GRODCO S.C.A. superó la cantidad de extracción que le fue autorizada aspecto que, bueno es señalarlo, tampoco se demostró ; que ello dio origen a una querella por parte de la sociedad GRODCO S.C.A. en cuyo trámite administrativo se ordenó el amparo provisional del título minero que MINERCOL Ltda. le otorgó a esa sociedad para extraer materiales del aludido río. Del anterior panorama fáctico no es posible determinar cuál fue la afectación que habrían sufrido los bienes de la Asociación de Comunidades Platero, Platina y Samurindocito, producto de la supuesta extralimitación en la sustracción de material de construcción del río Samurindó. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 1 de diciembre de SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente a su Tribunal de origen.

14 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE HERNÁN ANDRADE RINCÓN CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA