NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS RESUMEN EJECUTIVO

Transcripción

1 NUEVAS PROPUESTAS PARA NUEVOS TIEMPOS RESUMEN EJECUTIVO

2 Presentación A lo largo de los dos últimos años, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Español (EAPN-ES), con la colaboración y participación de la Plataforma de ONG de Acción Social; la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), diversas universidades y otras entidades públicas y privadas de ámbito nacional, regional y local, ha elaborado diferentes propuestas a medio y largo plazo con el objetivo de contribuir tanto a la lucha contra la crisis, como a la erradicación de la pobreza y exclusión social en el conjunto del territorio nacional. Sin embargo, la intensidad, profundidad y extensión de la crisis actual sobrepasa enormemente la efectividad y alcance de las medidas que se han implementado. La consecuencia ha sido un incremento formidable de sus efectos sociales. Por otra parte, y desde un punto de vista estructural, se ha puesto en cuestión la función protectora del Estado: se han reducido las prestaciones básicas del Bienestar y ha aumentado su correlato, que es la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios. Todas estas cuestiones alimentan el bucle de la crisis y contribuyen a su reproducción. Aunque es reconocido que las medidas más efectivas deben ser pensadas a medio y largo plazo, las organizaciones sociales no pueden permanecer impasibles ante el deterioro de las condiciones de vida y el aumento enorme del número de familias que viven en condiciones extremas, ni esperar a que, tal como se asegura, la restitución del crecimiento económico resuelva los agudizados problemas de pobreza y exclusión. Por ello, además su trabajo corriente, las entidades que componen la EAPN-ES han puesto en marcha un completo proceso participativo de análisis y agregación de ideas para promover una posición conjunta del TSAS ante la situación actual, y proponer una respuesta multidimensional que permita detener la degradación en las condiciones de vida que ha supuesto la crisis para un creciente número de personas y familias. En líneas generales, se ha construido un análisis de las consecuencias de la crisis para el conjunto de la sociedad española; formalizado una encuesta a 87 redes y entidades, para obtener propuestas que se deben implementar a corto plazo para reducir y paliar las consecuencias sociales más directas de la crisis y, finalmente, convocado una conferencia para discutir y acordar las propuestas más importantes y necesarias. Todo este trabajo supuso la creación de una ingente cantidad de información que se pone ahora a disposición de la sociedad española. El informe se estructura en tres partes. La primera contiene un completo análisis sobre la crisis y las respuestas que han dado las instituciones públicas a la misma; la segunda parte desarrolla las líneas de reflexión que deben servir de herramientas para construir una alternativa y la tercera parte describe el contenido concreto de las propuestas que se han alcanzado. En conjunto, todo ello supone una valiosa contribución para detener las consecuencias más perversas de la crisis, sin embargo, el trabajo del TSAS no acaba aquí. Por una parte, es abierto, vivo, y se irá enriqueciendo con las propuestas que surjan en los próximos eventos; por otra, queda lo más importante: conseguir que se implemente El presente trabajo es un resumen por capítulos de su contenido. 2

3 Primera Parte El escenario actual: Crisis económica y respuestas institucionales 1. INTRODUCCIÓN La actual crisis económica ha puesto en primer plano a la pobreza y la desigualdad en el mundo desarrollado. Sin embargo, su carácter estructural, previo a la crisis, no ha sido resaltado con la misma fuerza. En España, a pesar de que el crecimiento económico experimentado desde mediados de la década de los noventa permitió reducir la brecha de renta respecto a los países europeos, se han mantenido los problemas estructurales que están en la base de la desigualdad: elevado desempleo, falta de cohesión social y territorial, deficiencias en la educación, escaso gasto social, y otros. Como consecuencia, la sociedad española presenta elevadas tasas de pobreza y exclusión social, ve incrementadas sus desigualdades de renta y los grupos desfavorecidos tienen más dificultades para acceder a determinados bienes y servicios. La crisis económica ha contribuido con un aumento de la pobreza y con la aparición de nuevos fenómenos de exclusión social, discriminación y pérdida de derechos 1. Qué impacto está teniendo la crisis sobre la pobreza en nuestro país? En qué punto nos hallamos ante un fenómeno que crece cada día a expensas de los datos económicos, sobre todo, del empleo? Quiénes son las personas más afectadas? Cómo es la respuesta de las políticas gubernamentales ante esta situación? Es sostenible a largo plazo esta situación? Es esta la sociedad que queremos construir? Dado que la situación actual pone en duda los procedimientos y políticas seguidas, los objetivos son responder a estas cuestiones, provocar el debate y la reflexión y contribuir a frenar la crisis y mejorar la eficiencia y eficacia de las respuestas institucionales. Esta primera parte se estructura en dos grandes bloques. El primero, se centra en el análisis de la situación y de la evolución reciente de la pobreza y sus componentes (renta, privación material severa y baja intensidad en el empleo) en España. Además, se explora la opinión social acerca de la desigualdad y la pobreza, y, finalmente, se estudian las características de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. 1 El Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, manifiesta el empeoramiento de la situación de personas y familias más vulnerables, y la cronificación de las dificultades sociales durante la crisis. Las demandas de ayuda social han pasado de a , fundamentalmente en alimentación, vivienda y empleo. 3

4 El segundo bloque indaga sobre la respuesta institucional a la crisis: se examina el sistema de protección social, especialmente en lo que se refiere a la protección frente al desempleo y las rentas mínimas de inserción, y se analizan las políticas laborales, en particular los efectos de la reforma del mercado laboral de julio EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2.1. CÓMO SE MIDE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN? El indicador que se utiliza es el AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Fue creado en el marco de la Estrategia Europa 2020, por lo que está armonizado a nivel europeo y permite comparar entre países. El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión. Así, el indicador combina factores de renta, privación material severa y baja intensidad del trabajo, de manera que una persona en riesgo de pobreza y exclusión social es aquella cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y/o sufre privación material severa y/o reside en hogares con baja intensidad de empleo. El umbral de pobreza se marca en el 60% de la renta mediana equivalente de cada país; la privación material severa alude a la población que no puede permitirse al menos 4 de 9 ítems seleccionados a nivel europeo 2 y la baja intensidad de empleo es la relación entre el número de personas que trabajan en un hogar y el de las que están en edad de trabajar, y su umbral se marca en 0,2 3. Otro aspecto importante es que el indicador AROPE toma como referencia el hogar, lo que implica todos su miembros tienen siempre el mismo riesgo de pobreza y exclusión DE DÓNDE VENIMOS Y EN QUÉ PUNTO ESTAMOS? Evolución de la Tasa AROPE En primer lugar, la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en España entre 2008 y 2001, creció desde el 23,1% de 2008 hasta el 26,7%. En términos absolutos, el crecimiento durante el período (impacto de la crisis) ha sido de personas y alcanza a 12,3 millones de personas en Este ascenso ha sido más intenso en el caso de los hombres cuyo crecimiento se cifra en 2,02 millones de hombres más (49,4%), frente a 1,72 millones de mujeres más en la pobreza (36,0%). 2 Ítems: pagar el alquiler o letra, mantener la casa a temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos, una comida de carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano) al menos 3 veces por semana, vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, coche, lavadora, televisor en color o teléfono (fijo o móvil). 3 Por ejemplo, en un hogar con dos adultos en el que sólo trabaja una persona a jornada completa, la intensidad del trabajo es de 0,5, mientras que si trabajan los dos, la intensidad del trabajo es de 1. 4 Datos provisionales 4

5 Por regiones, la tasa se redujo en Asturias (1,6 p.p.) Aragón (1,1 p.p.), Ceuta (4,2 p.p.) y Galicia (1,9 p.p.). Entre el resto, cabe resaltar los incrementos de la tasa AROPE, entre 2008 y 2010, en Murcia (8,8 p.p.), Islas Baleares (7,2 p.p.) y Canarias (6 p.p.). Gráfico 1. Tasa AROPE para la UE-27, UE-15 y España. (%). Años % %Tasa AROPE para el total de la población 27% 26% 25% 24% 23% 22% 21% 25,70% 24,20% 21,60% 25,30% 23,90% 21,90% 24,40% 23,60% 23,10% 22,90% 21,60% 21,50% 23,40% 23,10% 21,10% 23,40% 21,60% 25,50% 26,70% 20% Años UE-27-TOTAL UE-15 - TOTAL España - TOTAL Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Living conditions and social protection (varios años), Eurostat. Por otro lado, con relación a Europa, la situación de España ha empeorado ostensiblemente. Así, la tasa AROPE de España para el año 2010 es del 25,5% y el gap o brecha que la separa del indicador de la UE-15, que se venía acortando progresivamente (hasta los 1,3 p.p. en 2008), se ha disparado en los últimos años hasta una distancia de 3,9 puntos porcentuales. Por lo que se refiere a la UE-27, España que se había mantenido por debajo, ha superado la tasa AROPE en 2,3 p.p. Puede afirmarse, entonces, que la crisis económica ha tenido un claro impacto en la pobreza y en la exclusión social en España. Se puede adelantar que la causa, en gran medida, se debe al pronunciado ascenso de la tasa de desempleo que ha pasado del 11,3% al 20,1%. Además, la tasas de empleo se ha reducido en 5 p. p., hasta el 48% Componentes de la pobreza y la exclusión social La tasa de riesgo de pobreza Como se ha indicado, la tasa de riesgo de pobreza es un componente del indicador AROPE y mide el porcentaje de la población con una renta por debajo del 60% de la renta mediana equivalente. La tasa AROPE es siempre superior a la de pobreza. Sin embargo, durante el periodo la brecha entre estos dos indicadores se ha ampliado y alcanza en el momento actual los 4,6 p.p., lo que significa que la privación material severa y la baja de intensidad en el empleo han ganado peso en estos años. Por otra parte, la pobreza afecta más a las mujeres y las tasas masculinas son siempre inferiores. Para 2011, la pobreza masculina es del 21% y la de las mujeres del 22,5%. Sin embargo, la crisis ha impacto de manera más rotunda sobre la pobreza masculina. En particular, de 2009 a 2010 se incrementó en 1,8 p.p. y la femenina lo hizo en 0,7 p.p. 5

6 La pobreza muestra una gran diversidad regional. De cualquier forma, la estrecha correlación existente entre la tasa AROPE y el riesgo de pobreza explica que ambas medidas destaquen las mismas regiones. Por lo que se refiere a la privación y a la intensidad del empleo, expresadas por la brecha entre ambas medidas, sobresale Murcia, con una diferencia de 7 p.p., y Andalucía y Valencia donde esta distancia es de 6 p.p. En el otro extremo, Navarra, Cantabria y Aragón reducen la brecha a 2 p.p. En estas últimas, por tanto, la exclusión viene dada sobre todo, por razones monetarias. Finalmente, la media nacional es de 5 p.p. Sensibilidad de la pobreza: el umbral de la pobreza Para estudiar la dispersión alrededor del umbral de pobreza se construyen otras líneas alternativas de pobreza y se calcula la tasa de pobreza con umbrales que se fijan en el 40%, el 50% y el 70% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. El umbral de pobreza monetaria más utilizado en la Unión Europea es el calculado con el 60% de la mediana, en España en el año 2009 era de7.980 euros, y se redujo en 162 euros en el año 2010 (7.818 euros). Esta reducción es consecuencia de la merma de la renta mediana, esto es, el nivel de renta que divide a la población en dos mitades es ahora menor, un efecto asociado a la crisis económica y a la retracción de la economía. Los umbrales obtenidos con el 60%, 40% y 20% de la mediana son, respectivamente, euros, euros y euros y el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) con cada uno de esos umbrales es del 25,5%, 17% y 13,7%. Personas pobres y/o excluidas? Gráfico 2. AROPE según sus componentes. Año Riesgo de Pobreza Fuente: Elaboración de CEET a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2010), INE En 2010 había en 58,5% Privación Material Severa España personas en situación de ,7% Baja Intensidad de Empleo en el Hogar pobreza y exclusión 5,5% social. De ellas, casi el 3,6% % no sufrían privación 12,3% ,6% 5,9% material severa ni baja intensidad en el empleo. La peor situación posible la soporta un 3,6% de las personas pobres en las que se aúnan los tres componentes Comunidades Autónomas y desigualdad El crecimiento general de las tasas de pobreza y exclusión social en España tiene profundas diferencias regionales. Las tasas más altas corresponden a Andalucía (35,9%), Canarias (35,3%), Extremadura (41,5%) y la C. A. de Ceuta (37,7%). Por el contrario, 6

7 Navarra (9,7%), el País Vasco (15,6%) y Aragón (15,9%) son las que se hallan en mejor situación. Se destacan 32 p. p. de diferencia entre Navarra y Extremadura. Por otra parte, si se considera la renta mediana de cada comunidad autónoma en lugar de la renta mediana nacional para calcular el umbral de la pobreza, las tasas AROPE cambian. En general, usar distribuciones regionales de renta aumenta el número de pobres y, por tanto, de la población AROPE, en las regiones más ricas y los disminuye en las más pobres. Por ejemplo, en Navarra y Cataluña, la población AROPE varía en 8,7 y 4,1 puntos porcentuales según se utilice una u otra distribución. Por el lado contrario, Extremadura reduce su población ARROPE en 14, 5 puntos porcentuales al utilizar una distribución regional para determinar el umbral de pobreza Qué percepción se tiene de la desigualdad y la pobreza? El grado de apoyo a las políticas de redistribución y de lucha contra la pobreza depende de las percepciones de los individuos acerca de si éstas son justas o no. En este sentido, el Eurobarómetro de la Comisión Europea en 2010 sobre Pobreza y Exclusión social confirma la tesis de que la ciudadanía europea es muy consciente de la magnitud de la pobreza y exclusión y de la necesidad de intervenir para corregirlas. Por otra parte, el 75% de la población española considera, en 2010, que la pobreza es un fenómeno extendido en nuestro país, una percepción que aumentó en 9 puntos porcentuales respecto a Además, el 24% de la población cree que una de cada cinco personas es pobre y el 19% una de cada tres. Por lo que respecta a las causas, la pobreza se relaciona con el elevado coste de la vivienda, con los bajos salarios y con el desempleo. Este último es percibido en España como la principal explicación a la pobreza (69%). El riesgo de pobreza y exclusión social quién tiene más probabilidades? Más de la mitad de los españoles (56%) creen que las personas sin empleo tienen el mayor riesgo de pobreza y el 39% cree que son personas mayores. Aquí se incluyen también los que tienen trabajo precario, las personas con discapacidad o con algún tipo de enfermedad crónica y aquellas con nivel educativo bajo. La necesidad de adoptar medidas contra la pobreza y la exclusión social Se opina con práctica unanimidad que la pobreza es un problema nacional que requiere la acción gubernamental urgente. El 53% considera que la responsabilidad primordial de reducción o prevención de la pobreza recae en el gobierno. Sin embargo, se identifica a la propia ciudadanía (68%) como los actores de más confianza en la lucha contra la pobreza, seguido de las ONG e instituciones de beneficencia (64%). Por último, el 42% considera que no se hace lo suficiente para luchar contra la pobreza, y el 37% afirma que no se hace nada. 7

8 2.3. QUIÉNES Y CÓMO SON LAS PERSONAS POBRES Y/O EXCLUIDAS SOCIALMENTE? Variables a tener en cuenta: sexo, edad, nivel educativo El sexo, la edad, el nivel educativo o la relación con la actividad económica inciden en la probabilidad de ser pobre: la pobreza afecta más a las mujeres que a hombres (AROPE 2009 hombres 22,3%, y mujeres 24,4%); a las edades medias (38% del total AROPE se concentra entre los 25 y 50 años de edad); a las personas con bajo nivel educativo (tasa AROPE sin estudios 44,1%, con educación primaria 32% y con educación superior 11,9%) y a los que no tienen empleo, o tienen uno de baja calidad El empleo, factor determinante de pobreza y exclusión social Lejos de reducir el desempleo, la flexibilización de los mercados de trabajo impuesta en los Estados sólo ha conseguido una reducción de su calidad y un aumento, en muchos casos considerable, de la desigualdad. Así, el empleo ha perdido su papel de asegurador de bienestar y las personas que trabajan tienen, hoy, un mayor riesgo de pobreza. La relación entre pobreza, empleo y desempleo El apartado demuestra mediante técnicas estadísticas de regresión lineal la correlación entre pobreza y empleo en las CC.AA., de forma que 1) mayores tasas de empleo 5 llevan asociadas, por norma general, menores niveles de pobreza (coef. = -1,46), y 2) mayor porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro implica mayor tasa AROPE (coef. = 2,37). Como ejemplos opuestos, se citan Navarra y Extremadura. La actividad económica es clave sobre la probabilidad de ser pobre Se muestra que la relación con la actividad económica es clave para determinar el riesgo de pobreza y exclusión: las personas ocupadas tienen una tasa AROPE muy inferior (16,2% hombres y 12,3% mujeres) a la media (24,3% y 25,4%, respect.), y muy inferior a las desempleadas (AROPE, 50,2% y 43,4%, respectivamente). Trabajadores y trabajadoras pobres por qué? Una de cada cuatro personas (25,4%) en riesgo de pobreza y exclusión trabajan. Por otra parte, el porcentaje de población ocupada en riesgo de pobreza y exclusión social ha pasado del 13% en 2008 al 15,7% en 2010, es decir casi 3 p. p. en dos años. Las principales razones (Crettaz, 2011) que explican que una persona trabajadora sea pobre son la baja intensidad en el trabajo en el hogar, la composición de la familia, y los salarios bajos que se sitúen por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, es importante el tipo de contrato, fijo o temporal, y la duración de la jornada, completa o sólo parcial; sobre todo si se tiene en cuenta la diferente protección o regulación a la que está sometida cada una de estas clases de contratos. De hecho, la tasa 5 La tasa de empleo global según la metodología del INE pone en relación el número de personas ocupadas con respecto al total de la población. 8

9 de riesgo de pobreza para las personas con contratos temporales (13%) dobla el valor de la que corresponde a contratos fijos (6%). Para las personas ocupadas a tiempo parcial, la tasa es del 18%, 6 p. p. más que las que trabajan a tiempo completo. Por último, la existencia de una elevada economía sumergida mantiene a muchas personas muy por debajo de los mínimos laborales establecidos. Una aproximación de este número es la brecha entre el número de personas ocupadas según la EPA y aquellas afiliadas a la Seguridad Social. Esta brecha alcanzó los 1,2 millones de personas en 2008 y se ha acortado hasta llegar a personas en La vivienda: factor de peso en la definición de la pobreza La vivienda en propiedad está muy arraigada en la cultura española y supone el 83% de los hogares. No parece, además, que la pobreza sea determinante para esta opción, ya que el 74% de las familias (hogares) pobres residen en régimen de propiedad. No obstante, el porcentaje de hogares pobres con vivienda en alquiler es del 25,6%, esto es, 10,8 puntos porcentuales más que los hogares por encima de la renta mediana. Por otra parte, el 35,5% de los hogares propietarios de su vivienda tienen hipoteca pendiente, lo que significa afrontar un gasto regular de vivienda. Es evidente que los ingresos disponibles de las familias son muy diferentes en función del régimen de tenencia de su vivienda. Por esta razón, resulta importante examinar las tasas de riesgo de pobreza e inclusión con la perspectiva del método del alquiler imputado. Simular la elevación de la renta de los hogares que son propietarios de su vivienda (la mayoría), supone una reducción de las tasas de pobreza en 2,9 puntos, (25,5% al 22,6%) y, en términos absolutos, 1,34 millones de personas pobres menos. Esta variación es más o menos aguda según la edad. Los grupos de mayores de 65 años, en su mayoría propietarios, reducen considerablemente sus tasas de riesgo de pobreza y exclusión, en comparación a los jóvenes. Por tanto, considerar el alquiler imputado modifica la relación entre pobreza y edad (menos pobres mayores). Otro aspecto importante es el impago de la deuda hipotecaria o de alquileres y su efecto sobre la pobreza. Según el Banco de España, un tercio de la deuda hipotecaria podría resultar impagada. Reflejo de esta insolvencia es el crecimiento de las ejecuciones hipotecarias que, de acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial, crecieron un 126,2% en 2008, y un 59% en En 2010 y en la primera mitad de 2011 se mantuvieron relativamente estables. En concordancia con estas cifras, el número de desahucios también ha aumentado Hogares sin ingresos Entre 2007 y 2011 el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha multiplicado casi por cuatro, aumentando de a En términos porcentuales, ha crecido del 3,4% al 12,1% del total de hogares. El problema es aún más dramático en el subgrupo en el que no existe ningún perceptor de prestaciones. Efectivamente, el número de hogares con todos sus miembros activos y que 6 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos del primer trimestre de 2007 al cuarto trimestre de

10 no cuentan con ningún tipo de ingreso ha pasado de a comienzos de 2007 a a finales de Además, la crisis se agrava y el sistema de prestaciones por desempleo es limitado en el tiempo. Por tanto, ser prevé que el número de hogares con todos los miembros en desempleo aumentará y que también lo hará el subconjunto que no recibe prestaciones Los perfiles de pobreza y exclusión social En términos generales, la población perteneciente a hogares con hijos e hijas dependientes es la más habitual entre las personas pobres (56%), seguida de población adulta con estudios primarios o inferiores (32,7%) y jóvenes menores de 18 años (21%). Por otra parte, el 9,6% de la población AROPE está constituida por hombres entre 25 y 50 años que trabajan a tiempo completo y, en segundo lugar, por hombres desempleados de esta misma edad (6,8%). Las mujeres paradas de 25 a 50 años, constituyen el tercer perfil más numeroso (5,7%). 3. CÓMO RESPONDEN LAS INSTITUCIONES A LA CRISIS? 3.1. LOS EFECTOS DEL AJUSTE FISCAL El capítulo describe someramente y en términos cuantitativos el ajuste fiscal aplicado durante los años de crisis, mediante el estudio de la evolución de los Presupuestos Generales del Estado en sus diferentes políticas de gasto entre los años que median entre el comienzo de la crisis y el momento actual (2007 a 2012). Posteriormente, el análisis se centra en lo que sucede con aquellas partidas que tienen mayores efectos en la contención de la desigualdad y sus consecuencias sobre la pobreza y exclusión social. En términos generales, desde 2007 el presupuesto de gastos creció un 18,6% hasta el año 2009, ya bien entrada la crisis. Posteriormente, se inicia una política de ajuste que supone una reducción del 5,83% en el conjunto del periodo. Sin embargo, la gran disparidad en los recortes que afectan a las diferentes políticas, programas y partidas concretas refleja prioridades en las que el gasto social aparece claramente perjudicado. El capítulo detalla la evolución de los presupuestos en las áreas de gasto, políticas y programas que están más relacionados con el mantenimiento del Estado del Bienestar y con la reducción de la desigualdad y sus consecuencias sobre la pobreza y la exclusión social. Así, se dibuja un panorama de grandes recortes que durante los años de la crisis afecta progresivamente a aquellas partidas de gasto de carácter más social y que en algunos casos, especialmente en las políticas de Sanidad y Educación, no suponen un aporte significativo a la política de ajuste fiscal. Esto es así porque se recorta principalmente en programas y políticas de gran importancia social pero cuya participación en el conjunto del gasto es pequeña. Por poner un ejemplo de gran alcance mediático, la totalidad de las políticas de Sanidad suponen el 1,2% del presupuesto total del gasto del año Dado que han sufrido un recorte superior al 14% 10

11 durante el periodo de crisis, el resultado es una reducción en el total del gasto inferior a las 17 centésimas porcentuales en todo el periodo considerado. Así, se concluye que los recortes en el conjunto de todos los programas de contenido social o de desarrollo del Estado de Bienestar ha supuesto una reducción del 1,2% del presupuesto total de gastos. Por tanto, se revela claramente la gran desproporción entre los recortes realizados y el daño posible a la cohesión social, con los beneficios o ahorros económicos producidos EL PARAGUAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL HASTA DÓNDE LLEGA? El sistema de transferencias sociales (pensiones, prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales) permite paliar los efectos adversos asociados a algunas contingencias y, en consecuencia, atenuar la pobreza y la exclusión social. Si no existieran estas transferencias, la tasa AROPE subiría 12 puntos porcentuales, desde el 25,5% actual hasta el 35,9% de la población. Además, el las prestaciones por jubilación y supervivencia sólo suponen 2,3 puntos porcentuales de esta subida y, por tanto, el impacto principal sobre la pobreza viene de la mano de otras transferencias sociales. Por otra parte, existe gran variedad regional en la efectividad del sistema de transferencias sociales: alta reducción de la tasa AROPE en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco (entre 12,6 y 15,6 p.p.); media, en Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y Murcia (entre 10 y 12 p. p.) y baja en Canarias, Castilla La-Mancha, Ceuta, Islas Baleares y La Rioja (menos de 10 p.p.) Prestaciones por desempleo y renta activa de inserción En el contexto actual de crisis económica, las prestaciones por desempleo cobran especial importancia para reducir el riesgo de exclusión que asumen las personas en paro. En cifras, el paro ha alcanzado personas (24,44%) en el cuarto trimestre de 2012, y, de éstos, el 27,4%, (1,54 millones de personas), llevan desempleados más de 2 años. Instrumentos de apoyo a la pérdida de rentas por el desempleo El apartado describe los instrumentos de apoyo a la pérdida rentas por el desempleo, que son las prestaciones por desempleo y las rentas activas de inserción. Las primeras las paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y se subdividen en los niveles contributivo y no contributivo o asistencial (subsidio de desempleo). Ambas son limitadas en el tiempo y su recepción supone cumplir algunos requisitos. La cuantía se determina en función del periodo cotizado y de las bases de cotización en el nivel contributivo, y es fija (426 euros al mes) en el caso de los subsidios. La renta activa de inserción es una ayuda económica cuyo objetivo incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo de las la población desempleada con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. 11

12 Quién queda fuera del sistema? El sistema de prestaciones por desempleo no cubre a todas las personas desempleadas. El cálculo del número de personas en desempleo que no reciben prestación depende de de la cifra de paro que se considere (EPA o SEPE). Además, el concepto de persona parada, implica una búsqueda activa de empleo. Por esta razón, la Encuesta de Población Activa no cuenta como desempleadas a aquellas personas sin trabajo que han dejado de buscar empleo porque consideran que no lo van a encontrar. Cabe añadir que el número de estos parados desanimados ha ido en aumento durante el inicio de la crisis, para estabilizarse a partir de 2009 en torno a las personas. Tal y como ponen de manifiesto los datos, el número de personas en paro sin prestaciones por desempleo ha aumentado, de forma sustancial, a lo largo de la crisis. Así, a finales del año 2011, aproximadamente sólo una cuarta parte de los 5,3 millones de personas en desempleo existentes según la EPA, recibe la prestación contributiva de desempleo y algo más de otra cuarta parte recibe algún tipo de prestación asistencial o la renta activa de inserción. Es decir, cerca de 2,4 millones, no reciben ninguna prestación del sistema de protección por desempleo, sobreviviendo, por tanto, de rentas mínimas de inserción, ayudas de familiares u otras fuentes indeterminadas de ingresos. La evolución del gasto en prestaciones por desempleo Desde 2006 hasta 2010 el importe total del gasto público dedicado a las prestaciones por desempleo creció de manera considerable, con una tasa de variación del 49%, hasta llegar a los millones de euros. Sin embargo, en 2011 ha descendido a millones de euros, lo que supone una reducción del 6,9%. El gasto total se divide en prestaciones contributivas, subsidios por desempleo y rentas activas de inserción que, según el año, suponen respectivamente alrededor del 71%, 23% y 4% del total. Para el caso de las prestaciones contributivas, el comportamiento ha sido muy similar al del conjunto total del gasto, sin embargo, el subsidio por desempleo ha crecido de manera especialmente intensa en los últimos años (entre octubre de 2008 y 2009 creció un 60%), aunque el último año se redujo un 9%, y las rentas activas de inserción han mantenido un aumento medio anual del 38%, pero su importancia sigue siendo marginal en el total de la factura. Este cambio en los pesos, con reemplazo de prestaciones por subsidios más baratos, permite cierto alivio a las arcas públicas. Finalmente, el importe medio de la prestación contributiva se ha reducido desde 2007 (998 /mes) hasta los 858 en

13 Una mirada desde la perspectiva autonómica Tabla 1. Personas beneficiarias del sistema de protección por desempleo, por Comunidades Autónomas. Noviembre de Número de personas beneficiarias Comunidad Autónoma Prestación Contributiva Subsidio por desempleo (asistencial RAI Subsidio Eventuales Agrarios Total Gasto total (miles de euros) Cuantía media prestación contributiva Cobertura Parados/a s Registro Cobertura Parados/a s EPA ) (euros/mes) Andalucía ,2% 57,6% Aragón ,1% 59,6% Asturias ,5% 61,3% Illes Balears ,3% 63,3% Canarias ,3% 48,5% Cantabria ,2% 64,5% C. La M ancha ,6% 52,8% Castilla León ,2% 58,8% Cataluña ,0% 57,2% C. Valenciana ,0% 47,4% Extremadura ,0% 74,1% Galicia ,1% 63,4% M adrid ,3% 46,9% M urcia ,1% 42,7% Nav arra ,7% 68,7% País Vasco ,6% 61,4% La Rioja ,5% 50,9% Ceuta ,3% 46,4% M elilla ,3% 51,6% TOTAL ,4% 54,8% Fue ntes: Elaboración de CEET a partir de la EPA (datos del cuarto trimestre de 2011), INE y datos estadísticos del Registro de Empleo y Servicio Público de Empleo Estatal (noviembre de 2011), Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este comportamiento general muestra grandes variaciones a lo largo de las distintas regiones del país. Por ejemplo, todas las regiones han sufrido un aumento considerable de sus tasas de desempleo pero sus cifras concretas varían desde el 12,6% en el País Vasco hasta el 31,2% en Andalucía (finales de 2011). Como resumen del apartado, se muestra en la tabla anterior el número de personas que reciben diferentes prestaciones por desempleo en cada Comunidad Autónoma, detallado por tipo de prestación; el gasto total en prestaciones; la cuantía media de la prestación contributiva, y la cobertura total. El porcentaje de personas paradas que no recibe ningún tipo de prestación del sistema de protección por desempleo es el complementario de la cobertura. Por ejemplo, si se considera la Encuesta de Población Activa, los extremos están en Extremadura y Murcia, donde el 25,9% y el 57,3% respectivamente de las personas paradas no reciben prestaciones del sistema de protección por desempleo. En el caso de España, el 45,2% de las personas en desempleo no recibe prestación alguna. Si el sistema de protección social frente al desempleo deja a muchas personas fuera y, por tanto, sin recursos, con qué recursos económicos cuentan estas personas que no tienen ni trabajo ni prestación por desempleo? 13

14 Las rentas mínimas de inserción El sistema de rentas mínimas de inserción responde a la falta de ingresos de aquellas personas que no disponen ni de un empleo ni de una prestación por desempleo. El número de personas beneficiarias ha pasado de personas en 2007 a en 2010, es decir, un crecimiento del 87%. Paralelamente el gasto total es de 736 millones de euros en 2010, con un incremento del 84% en el periodo considerado. Por otra parte, el sistema es competencia de las comunidades autónomas, por lo que existen importantes diferencias en las características, requisitos y cuantía entre territorios. La evolución en el período considerado muestra un ascenso generalizado de las cifras, sin embargo, el incremento es muy elevado en Aragón (271%), Murcia (271%), La Rioja (250%), Cantabria (203%) y Castilla La-Mancha (228%) y muy bajo en Asturias (24%) y Galicia (20%). La excepción es la Comunidad Valenciana, donde se constata un retraimiento del número de personas perceptoras de las rentas mínimas del 20%. También existe gran variedad en su cuantía, que oscila entre los 300 mensuales de Murcia y los 640 del País Vasco. La media española era de 418, en 2010 y su el crecimiento medio en términos reales desde 2008 ha sido del 1,1%. A destacar Navarra, en la que creció un 20,4%. Desde otro punto de vista, las regiones en que las rentas mínimas de inserción cubren mayor proporción de la renta que marca el umbral de pobreza son Canarias (87%) y Extremadura (83%), mientras que el País Vasco, con elevada renta, cubre el 75%. La importancia de la renta mínima de inserción se refleja en la correlación inversa que mantiene con la tasa AROPE: cuanto mayor es la cobertura de las rentas mínimas de inserción, tanto menor es la tasa AROPE. Así, regiones como País Vasco y Navarra, con una amplia tasa de cobertura de las rentas mínimas disfrutan de las tasas AROPE más reducidas. En el lado opuesto, Ceuta o Extremadura tienen tasas de cobertura reducidas y elevadas tasas AROPE. Finalmente, indicar que la respuesta institucional viene determinada por la prioridad de restricción presupuestaria y esto ha llevado a algunas regiones a tomar medidas de contención del gasto, tal como, por ejemplo, el País Vasco o Madrid. Esta contención se ha basado, principalmente, en mayores requisitos para la concesión de prestaciones LA REFORMA LABORAL Y POLÍTICA LABORAL PARA CREAR EMPLEO: UNA FORMA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL El estado de bienestar ha dejado de centrar sus políticas en la inclusión social y en las transferencias sociales, para pasar a unas más centradas en el empleo y el mercado de trabajo con el objetivo declarado de reducir el paro. Sin embargo, las condiciones de trabajo influyen en la pobreza y en la inclusión social y, en este sentido, son importantes la Regulación de las condiciones de trabajo, recientemente modificada en la última reforma laboral, y la fijación del Salario Mínimo Interprofesional. 14

15 Efectos sobre el empleo de la reforma laboral de junio de La reforma laboral fue aprobada el 16 de junio de 2010 y refrendada por el Congreso y el Senado, el 9 de septiembre del mismo año, en forma de la Ley 35/2010. Esta reforma se planteó como una respuesta a las dificultades estructurales del mercado de trabajo y al principal problema del momento, el elevado desempleo. Sus objetivos declarados fueron reducir la segmentación en el mercado de trabajo, evitar la destrucción de empleo y promover oportunidades de empleo entre las personas desempleadas, especialmente entre los jóvenes. A pesar de estos objetivos, la evolución de los puestos de trabajo creados y de la tasa de desempleo desde la aprobación de la reforma laboral, ha sido claramente negativa. Entre el segundo trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011 la tasa de paro subió en 2,8 puntos porcentuales, del 20% al 22,8%, aumentando en personas. Por su parte, la ocupación descendió en personas en el mismo periodo (EPA). No obstante, no sería justo asignar a la reforma laboral la causa de la evolución negativa del número de personas ocupadas; los datos y el contexto sugieren que otros factores, como las políticas de austeridad y la incertidumbre, han sido más determinantes. Lo que sí es posible afirmar es que la reforma laboral no ha sido capaz de crear empleo. Por otra parte, la tasa de temporalidad desde el segundo trimestre de 2010 hasta el cuarto de 2011 no ha mostrado cambios importantes y se ha mantenido entre el 23% y el 26%. Tampoco se puede afirmar que la reforma laboral haya tenido un impacto positivo sobre la contratación indefinida. Desde junio de 2010, el número de contratos indefinidos aumentó ligeramente en otoño de 2010 y disminuyó de forma rotunda en el cuarto trimestre de 2011, en línea con el agravamiento de la crisis. Por su parte, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contrataciones se ha mantenido entre el 6% y el 8%, reduciéndose de manera profunda al final de En cuanto al objetivo de combatir el elevado desempleo de los vulnerables, especialmente la población joven, tampoco se han observado mejoras. Por el contrario, desde junio de 2010 se han perdido empleos de jóvenes, más que en el conjunto de la economía ( ), lo que muestra que la reciente destrucción de empleo se ha centrado en ellos, mientras que en otras franjas de edad se ha creado empleo. Se puede concluir, por tanto, que la reforma laboral no ha conseguido ninguno de sus objetivos y no ha contribuido a reducir la pobreza y la exclusión social El nuevo escenario social a partir de la reforma laboral de 2012 El Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral significa una reforma global y de profundo calado. Es importante, entonces, resaltar aquellas modificaciones que tendrán, de manera previsible, consecuencias en el ámbito de la pobreza y la desigualdad. 1. Se autoriza a las empresas de trabajo temporal para operar como agencias de colocación (art. 1). Dado que los colectivos en riesgo de exclusión social tienen menor empleabilidad, va, acaso, una ETT, con objetivos empresariales y ánimo de lucro, a dedicar su tiempo y recursos a personas con baja tasa de inserción laboral? 15

16 2. El nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores (art. 4) responde a ciertas características y proporciona un conjunto de incentivos y bonificaciones si se mantiene el empleo de la persona por tres años. Sin embargo, pasados tres años de bonificaciones, es posible concatenar el contrato con uno de carácter temporal. Por tanto, este nuevo contrato no solventa el problema de la precariedad laboral. Por otro lado, se aprueba una reducción fiscal a las empresas que contraten personas que reciben una prestación por desempleo. Dado que la cuantía está en función del derecho que le queda por percibir al contratado, se introduce un importante elemento de desigualdad: se perjudica a aquellas personas que llevan desempleadas más tiempo, porque han consumido una mayor parte de su derecho y, por tanto, la cuantía de la deducción fiscal a la empresa será menor. 3. Se permite modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo por razones económicas (pérdidas o reducción de ingresos durante tres trimestres seguidos), técnicas, organizativas o de producción (art 12). Por tanto, se pueden modificar jornadas, horarios, régimen, remuneración, funciones y acuerdos o pactos. 4. Se establece la prioridad del convenio de empresa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior, entre otros elementos, en la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa y el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. Los colectivos más vulnerables tienen escaso poder de negociación y, por tanto, serán los más indefensos ante la empresa. Todo ello redundará en un incremento de la pobreza si, por ejemplo, la modificación del contrato implica una reducción del salario o la persona empleada no logra unas condiciones económicas mínimas. Por otra parte, y al margen de todas estas consideraciones, se tiende a sobrevalorar la capacidad de generación de empleo de esta reforma. El tiempo ha demostrado que ninguna reforma crea puestos de trabajo, ya que se limita a definir el marco jurídico que regula el mercado de trabajo y, por sí misma, no genera actividad ni crecimiento económico que son las claves para generar empleo Asegurando unos mínimos: el salario mínimo interprofesional El salario mínimo juega un importante papel en la incidencia en la pobreza, en tanto que establece un suelo salarial por ley. Entre 2007 y 2012, el SMI ha descendido un 0,1% en términos reales. Ha sido especialmente significativa la merma de poder adquisitivo en 2011 y 2012, en que el SMI ha crecido sólo un 1,3%, con una inflación del 5,4% en el conjunto del periodo 7. Esta reducción es especialmente importante en un contexto en el que existen muchos hogares que dependen de un único salario. En resumen, cabe afirmar que la respuesta institucional a la grave situación en materia de inclusión social ha sido limitada y poco ambiciosa. 7 El aumento del salario mínimo interprofesional para un año se decide teniendo en cuenta la inflación que efectivamente ha tenido lugar sobre el año previo. 16

17 Segunda Parte Líneas de reflexión para el diseño de acciones 4. INTRODUCCIÓN El siguiente capítulo desarrolla las líneas de reflexión y pensamiento expuestas en la conferencia convocada para discutir, unificar, validar y llegar a un acuerdo sobre las medidas sugeridas por las entidades que se deben implementar a corto plazo para reducir y paliar las consecuencias económicas y sociales más directas de la crisis. La conferencia se celebró el jueves 15 marzo 2012, y fue inaugurada por Mª Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asistieron altos directivos, expertos y personal técnico de las entidades que conforman la nueva Plataforma del Tercer Sector, catedráticos de varias universidades y, también, representantes y técnicos de distintos niveles de la Administración pública. Después del acto de bienvenida, Víctor Renes Ayala, Sociólogo y Ex Director del Servicio de Estudios de Cáritas, presentó la Ponencia Marco titulada Nuevas propuestas para nuevos tiempos: un documento de debate y reflexión y, posteriormente se celebró una Mesa redonda, titulada " Es la política social la "Cenicienta" de la crisis? Retos y políticas para la inclusión social", en la que intervinieron Luis Ayala Cañón, Catedrático en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos; Begoña Pérez Eransus, Profesora de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra; Luis Sanzo González, Responsable del Área Estadística del Dpto. de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas y Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. A continuación, los asistentes se organizaron en seis grupos de debate en los que se discutió la situación actual, problemática asociada y posibles soluciones para aliviar la situación de la población afectada en cada uno de los temas que les correspondían. Finalmente, los relatores, avalados por su profundo conocimiento de la situación actual de las personas vulnerables, redactaron diferentes propuestas de actuación que fueron resumidas en el Plenario por Carlos Susías, Presidente de EAPN-ES. A continuación se presenta un resumen con las principales ideas de la Ponencia marco y las intervenciones en la Mesa redonda. Las principales propuestas obtenidas en la conferencia se incluyen en la tercera parte. 17

18 5. LA CRISIS PERMANENTE La crisis pone de manifiesto las debilidades históricas de la economía española, que se explican por la precariedad de su base productiva primaria y secundaria, insuficiente para sostener un impulso adecuado del sector servicios. En congruencia, el mercado laboral es frágil, muy dependiente del sector Construcción y con serias dificultades para competir en la economía globalizada y, por tanto, para generar y mantener empleo. En segundo lugar, el desarrollo de los servicios públicos es insuficiente y está muy alejado de los niveles europeos. Por una parte, las políticas de protección social son débiles y se encuentran fuertemente vinculadas al requisito de cotización previa, lo que genera fuertes desigualdades entre pensionistas y desempleados en función del sector y de la trayectoria laboral. Por otra parte, desde comienzos de los años 90, no se ha mejorado visiblemente la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias por causa, entre otras, de la escasa voluntad de impulsar el esfuerzo fiscal necesario. Por el contrario, se ha pretendido consolidar el modelo de bienestar como subproducto del crecimiento económico, renunciando al mayor compromiso fiscal que se requería de la sociedad, para poder converger en lo social con los países más avanzados de Europa 8. Ambas cuestiones son independientes de la crisis y explican el fuerte diferencial de paro, desigualdad y pobreza que se observa en España en comparación al conjunto de la UE desde En conclusión, a pesar de su papel destacado, la burbuja inmobiliaria y la crisis de empleo en la construcción no constituyen el origen principal de los problemas sociales y económicos de España. En otras palabras, la desigualdad es estructural, no está causada por la crisis, y suponer lo contrario reduce la cuestión a retomar el crecimiento 10 y obviar, así, las causas que la originaron 11. Sin embargo, la crisis acrecienta el persistente problema de la desigualdad y sus secuelas. Como diversos estudios muestran, actualmente la desigualdad ha aumentado 12 y la pobreza y la exclusión se extienden, se intensifican y son más difíciles de revertir. Todo ello se manifiesta en el aumento de la fragilidad personal y familiar que se deriva de una pluralidad de combinaciones en función de la pérdida de diversos soportes: de necesidades básicas (alimento, abrigo), de bienes básicos 8 España ocupa el lugar número 22 de la UE 27 en porcentaje de carga fiscal sobre el PIB. 9 Es importante destacar aquí la persistencia de fuertes desigualdades económicas y de esfuerzo social entre territorios. Mientras en 2010, el País Vasco destinaba por persona en riesgo de pobreza a políticas de garantía de ingresos, por 891 en Navarra, la cifra se reducía a 192 en Cataluña y a 103 en Madrid. Aunque se trata de un debate que debería considerar muchos otros factores, es evidente que existe una relación positiva entre política social y desarrollo económico y que las zonas que han realizado mayor esfuerzo social han sufrido menos el impacto económico de la crisis, han tenido una dinámica más cercana a la de los países europeos y se sitúan en la actualidad con las tasas de empleo más elevadas de España. 10 Existe la creencia generalizada, sobre todo entre la clase política, en que la recuperación del crecimiento económico supondrá la reducción de la desigualdad y la pobreza. Al respecto, es necesario tener en cuenta que los aumentos de desigualdad y la pobreza no son transitorios y que los ciclos de expansión y recesión tienen un efecto asimétrico sobre ellos. Esto es así porque la pobreza es mucho más sensible al descenso del empleo que a su crecimiento. 11 Por esta razón el crecimiento económico y el aumento de las tasas de empleo, manifestados desde mediados de los años 90 hasta 2007, no sólo no consiguieron reducir las desigualdades, sino que las agravaron en relación con la media europea. Ver EAPN-ES, PVE, POAS: Propuestas del Tercer Sector de Acción Social. Madrid Índice de Gini: 31,2 en 2008; 32,3 en 2009; 33,9 en Fuente, INE. 18

19 (vivienda), de vinculaciones estructurales (empleo protección), de posibilidades de integración (inmigración). Además, existe un riesgo sistémico evidente, puesto que las consecuencias pueden alcanzar a cualquier persona o sector social. El proceso se inicia con la reestructuración de relaciones sociales a partir de la desestabilización de los estables, es decir, la pérdida de la base social y económica de la clase media, decisiva en el mantenimiento de los servicios públicos mediante su imposición fiscal, y base del contrato social resultante de la 2ª gran guerra, y la ruptura de la cohesión, correlato del debilitamiento social, de la convivencia insegura y de la socialización dual. Así, el desbordamiento producido por la crisis tiene significado en gran parte de la estructura social, y, por tanto, la pobreza y, paradójicamente, la exclusión, dejan de estar vinculadas a grupos, características o condiciones: todos podemos ser excluidos. Muchos son más pobres, pero la crisis también ha empobrecido al país en su conjunto: El incremento sostenido del PIB, que avanzó desde el 98% de la media del PIB comunitario el año 2001 hasta el 105% en 2007, se ha liquidado en tres años y España ha vuelto a los niveles de 2002 (100% de la media EU27). Además, el desbordado incremento del gasto público entre 2005 y 2009, ha introducido un problema añadido a la economía española: la crisis de la deuda pública que, agravada por la falta de solidaridad europea, que niega una política monetaria anticíclica y carga el acceso al crédito con intereses desproporcionados, ha supuesto pasar de una cifra real de millones de euros en 2007, a una estimada en casi un billón de euros a finales de Pero estas grandes cifras no deben ocultar lo pequeño. A veces es el bosque el que no deja ver los árboles, y llama sobremanera la atención el escaso seguimiento político y social de los efectos de la crisis en la sociedad española. Frente a la gran atención sobre los indicadores macroeconómicos como la prima de riesgo, o el déficit, apenas se cuenta con indicadores ni información que permita, por un lado, seguir el impacto social de la crisis, más allá de las grandes cifras de desempleo y pobreza y, por otro, conocer quiénes son las personas y familias más afectadas y de qué manera su situación ha sufrido un empeoramiento progresivo. Sólo el tercer sector, con todas sus limitaciones, se ha puesto a ello. Precisamente debido a esta falta de información, también llama la atención la puesta en marcha de estrategias de austeridad que no llevan consigo estudios de impacto, ni han sido sometidas a debates políticos o públicos en lo que se refiere a su eficacia y, también, a sus consecuencias sociales. Las políticas de austeridad presupuestaria no son eficaces para reducir la vulnerabilidad de las personas. Por el contrario, amenazan con destruir buena parte de los avances sociales conseguidos en la democracia, con enormes consecuencias sobre la desigualdad, pobreza y exclusión. España se arriesga a mantener durante varias décadas tasas muy altas en todos los indicadores de vulnerabilidad, no sólo en el contexto comparado, también con respecto a su trayectoria de los últimos 40 años. Por esta razón es necesario establecer límites, líneas que no se pueden traspasar si se quiere evitar que la desigualdad y sus consecuencias sobre la pobreza y la exclusión perduren durante las próximas décadas. Estas líneas rojas deben levantarse, sobre todo, en defensa de las pensiones mínimas, de la protección a los desempleados y de las prestaciones en sanidad, educación y dependencia. Ante este panorama, se dibujan dos maneras de responder, dos visiones. Una que considera indispensable una estrategia de austeridad que limpie el sistema de ineficiencias y siente las bases para un crecimiento futuro, y otra que apuesta por una intervención pública activa y solidaria. 19

20 La primera se apoya en dos ideas que se retroalimentan. Por una parte, se asume que el sector público provee servicios de bienestar de manera lenta, ineficaz y cara, mientras que el mercado, por el contrario, ofrece servicios de más calidad, más ágiles y a mejor precio y, por otra, se insiste en que no hay más solución que reducir el sobrepeso del Estado mediante la restricción de prestaciones y derechos. La evidencia de procesos de descentralización llevados a cabo en sectores como el de servicios sociales, educación o sanidad en determinadas regiones muestra que ambas afirmaciones son erróneas. El sector público provee servicios de elevada calidad, con procesos de contratación basados en la capacidad de los profesionales, y sus servicios están sometidos a elevada vigilancia pública, mientras que el mercado no siempre funciona correctamente cuando se trata de la provisión de servicios de bienestar. Por otra parte, la insistencia en la reducción del Estado dispensa a la economía y a la política de su responsabilidad, y remite al individuo a buscar su propia salida. En otras palabras, agrega al escenario una nueva crisis asistencial y de desprotección que supone una rebaja del principio de ciudadanía, asistencializa derechos, genera servicios pobres para pobres, y culpabiliza del gasto a los asistidos. En otros términos, se erosiona el ámbito de los derechos como elementos definitorios del modelo social. Por otra parte, incluso en el hipotético caso de que se consiguiera activar una recuperación, la experiencia muestra que la nueva oferta de puestos de trabajo no iría a parar a los colectivos más necesitados sino a aquellos desempleados con mayor cualificación, experiencia y mejor capital relacional. De este modo, es probable que la situación de las personas más vulnerables sea más duradera que la propia crisis económica. Finalmente, la estrategia de austeridad ignora el comportamiento contracíclico del empleo público, que supone en España un importante papel redistributivo debido a la menor dispersión de las remuneraciones y a la tendencia a igualar las rentas de los individuos que cuentan con la misma antigüedad y cualificación. La segunda opción, supone la necesidad de concretar una estrategia estatal por la Inclusión social, que tome en cuenta las medidas contenidas en este documento y que incorpore planteamientos de equidad e inclusión en todas las políticas. Todas las reformas que se han emprendido y que quedan por llegar tienen amplios márgenes de mejora en estos términos 13. Esa estrategia no se puede quedar en un nivel genérico sino que debe tener muy presente el nivel local que priorice la acción cerca de las personas y las medidas urgentes de carácter preventivo que eviten el deterioro de las familias más afectadas. Además, es importante potenciar el sector de servicios sociales a las personas, que ha demostrado un alto rendimiento económico en muchos países europeos y atender al reto que plantean los trabajadores pobres, de manera de asegurar su protección y seguridad, junto a la activación y la capacitación para el empleo. Finalmente, en cuanto al futuro, se espera un gasto público en 2014 similar al de 2007, el año de mayor desarrollo del Estado de Bienestar en España. Sin embargo, el presupuesto vendrá marcado por la necesidad de afrontar un volumen extraordinario de gasto derivado de la propia crisis económica: entre las principales partidas destacan las relacionadas con la participación de España en los fondos de rescate europeos, el incremento asociado a la amortización e intereses de la deuda, una factura muy elevada de prestaciones de desempleo y las aportaciones a fondos de 13 En el ámbito del sistema financiero, por ejemplo, ha habido algunos avances, como la contención de las remuneraciones de directivos o, muy tímidamente, en la dación en pago. Otro ejemplo es la reforma laboral, que está plagada de desigualdades y de asimetrías. 20