TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Sección 2ª). -Recurso número 312 del año 2011-

Transcripción

1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Sección 2ª). -Recurso número 312 del año S E N T E N C I A Nº de 2013 ILUSTRÍSIMOS SEÑORES PRESIDENTE: D. Eugenio A. Esteras Iguácel MAGISTRADOS: D. Fernando García Mata D. Juan Carnicero Fernández En Zaragoza, a quince de mayo de dos mil trece. En nombre de S.M. el Rey. VISTO, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TRIBUNAL SUPE- RIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (Sección 2ª), el recurso contenciosoadministrativo número 312 de 2011, seguido entre partes; como demandante XXXXXXXX, abogada, representada por la procuradora Dª XXXXX; y como Administración demandada la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado. Es objeto de impugnación la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación económico-administrativa número 50/2458/10, interpuesta ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, contra la liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008.

2 Procedimiento: Ordinario. Cuantía: 1.762,74. Ponente: Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando García Mata. ANTECEDENTES DE HECHO: PRIMERO.- La parte actora en el presente recurso, por escrito que tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal en fecha 15 de junio de 2011, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución citada en el encabezamiento de esta resolución. SEGUNDO.- Previa la admisión a trámite del recurso y recepción del expediente administrativo, se dedujo la correspondiente demanda, en la que tras relacionar la parte recurrente los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables concluía con el suplico de que se dictara sentencia por la que, con estimación del recurso se anule la liquidación practicada. TERCERO.- La Administración demandada, en su escrito de contestación a la demanda, solicitó, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que, por su parte, estimó aplicables, que se dictara sentencia por la que se desestimase el recurso interpuesto. CUARTO.- Sin haber lugar al recibimiento del juicio a prueba quedaron los autos pendientes de señalamiento, celebrándose la votación y fallo el día señalado, 8 de mayo de FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO.- Se impugna en el presente proceso por la parte actora la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación económicoadministrativa número 50/2458/10, interpuesta ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Aragón, contra la liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008.

3 SEGUNDO.- La parte actora en apoyo de su pretensión señala que, como consecuencia de la disolución y liquidación en el ejercicio 2008 de la sociedad civil xxxxxxxx y la extinción del condominio de los inmuebles pro indiviso propiedad de los socios de la citada sociedad civil, integrada por la recurrente y D. xxxxxx xxx, éste se adjudicó el inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxx y la actora el inmueble sito en xxxxxxxxxxxx de forma que no hubo transmisión o compraventa, sino adjudicación resultante de la liquidación por extinción del condominio, añadiendo que, como el valor del inmueble asignado al Sr. xxxxxxera superior al adjudicado a la recurrente la valoración de los inmuebles se efectuó por TINSA, si bien el sito en Zaragoza se tasó por su valor hipotecario, más el importe de las facturas de reforma y acondicionamiento del mismo-, aquél compensó a esta con , lo que llevó a la Agencia Tributaria a estimar que la referida suma era un exceso de adjudicación a pesar de que en la resolución definitiva de 20 de mayo de 2010 concreta el valor de lo adjudicado al Sr. Xxxxxxxx en ,85 y el valor de lo adjudicado a la Sra. xxxxxxxxx en ,85 -, formulando la propuesta de liquidación y ulterior liquidación aquí impugnada. A la vista de lo expuesto señala que la cuestión se circunscribe a determinar si se produjo, como consecuencia de lo referido, un exceso de adjudicación o una compensación en metálico, señalando que los artículos 33 a 37 LIRPF, que regulan los incrementos patrimoniales excluyen de dicho concepto las extinciones del condominio, cuando a cada socio se le adjudica el 50 % de su valor, y que si bien la DGT estima que cuando en una extinción del condominio hay una compensación en metálico existe una compraventa o transmisión del dominio y que el que percibe en metálico ha vendido a otro u otros el importe de lo que recibe en metálico, afirma que dicha postura es contraria a lo razonado en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de juicio de 1999, dictada en un recurso en interés de ley, la cual es seguida por las sentencias de tribunales superiores que relaciona, y, en concreto, a la de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla León, con sede en Valladolid, de 10 de octubre de TERCERO.- Frente a ello la Administración demandada, tras citar el artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/1993, señala que es posible que exista un exceso de adjudicación en un supuesto en el que se adjudican dos lotes del mismo valor, bastando con que existan suplementos en metálico, señalando que la cuestión controvertida ha sido resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2010 y, aplicando la misma, por la del TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, 2485/2011, de 17 de junio, en sentido favorable a la tesis de la resolución impugnada, afirmando que en el presente caso se da el supuesto de la referida sentencia ya que los valores consignados en la escritura de extinción del condominio son distintos a los de adquisición.

4 CUARTO.- Del expediente administrativo resulta que en fecha 25 de enero de 2008 suscribieron la actora y D. xxxxxxxx acuerdo de disolución de sociedad profesional de actividad de abogado y nombramiento de arbitro, que efectivamente nombraron el 23 de marzo de 2007, en el que se hace constar que la valoración de disolución una vez fijadas por el árbitro las diferencias de valoración y de hipoteca de los inmuebles ( ) se valoran en una cantidad de que deberá abonar Don xxxxxx a Doña xxxxxxxxx, formalizándose escritura de extinción de comunidad en fecha 29 de febrero de 2008, en la que se hace constar que son dueños por mitades indivisas de los dos pisos antes referidos que se valoran respectivamente en ,85, el adjudicado al Sr. xxxxx y en ,85, el adjudicado a la Sra. xxxxxx, por lo que se constata que existe un exceso de adjudicación a favor de D. xxxxxxxxxx por importe de setenta y tres mil euros ( ), que lo abona en este acto, añadiendo que las adjudicaciones realizadas se producen en el marco del proceso de disolución y liquidación de la citada sociedad civil, a la cual se encontraban afectas las fincas, por lo que alegan la indivisibilidad de lo adjudicado y la imposibilidad de verificar las adjudicaciones sin la citada compensación y que cubren exactamente el importe de sus respectivos haberes en la comunidad extinguida. La liquidación impugnada, en su motivación, constata que la finca sita en xxxxx se adquirió con fecha 27/09/02 por un precio de ,54 euros y que en la escritura de extinción del condominio se valora en ,49 euros, y el mismo consta con una carga hipotecaria pendiente por un importe de 90041,60 euros y que el inmueble sito en xxxxxxxx se adquirió con fecha 25/05/06 por un precio de ,06 euros y en la escritura de extinción del condominio se valora por un importe de ,49 euros, y el mismo consta con una carga hipotecaria pendiente de ,64 euros, señalando a continuación que la valoración de lo adjudicado asciende, respectivamente, a ,85 y ,85, y que al existir un exceso de adjudicación, Dª xxxxxxxx recibe en metálico la cantidad de euros, concluyendo que en el presente caso se produce un exceso de adjudicación en uno de los copropietarios (D. xxxxxxxx), que compensa en metálico al otro (Doña xxxxxxxx), lo que originará a ésta, una ganancia patrimonial al haberse producido una variación en el valor de su patrimonio puesto de manifiesto por una alteración en su composición. QUINTO.- La regulación de las ganancias y pérdidas patrimoniales en la ley 35/2006, de 28 de noviembre se encuentra en el artículo 33, que dispone en su apartado 1 que son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen

5 como rendimientos, disponiendo el apartado 2 que se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio: a) En los supuestos de división de la cosa común; b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación; c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros, y añadiendo que los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos. SEXTO.- La interpretación de dicho precepto, en la redacción anterior dada por el artículo 20.1 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 79 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, la encontramos en la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2010, que desestima el recurso de casación 2040/2005, interpuesto contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional de 3 de febrero de 2005, recaída en el recurso 677/2002, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución del TEAC de 22 de marzo de 2002, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Resolución del TEAR Cataluña de fecha 03 de junio de 1998, desestimatoria de reclamación económico-administrativa interpuesta contra liquidación girada en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio El supuesto de hecho se relaciona en dicha sentencia indicando que en fecha 14 de marzo de 1991, según consta en tres escrituras a las que se hace referencia en la diligencia núm. 7 de 15 de diciembre de 1993, el sujeto pasivo y Dña. xxxxxx extinguieron la comunidad por cuota o copropiedad entre ellos existentes sobre tres fincas, a las que consideraron materialmente indivisibles, quedando una de ellas adjudicada a Dña. xxxxxx y las otras dos al sujeto pasivo. Los valores atribuidos a las fincas por los copropietarios provocan un exceso de adjudicación a favor de Dña. xxxxx, en pago del cual abona al sujeto pasivo la cantidad de de ptas., procedentes de una cuenta bancaria de la que aquélla es única titular, y en dicha sentencia, además de la cuestión de si la cantidad de de ptas. que le fue adjudicada a la extinción de la comunidad conyugal existente entre él y Dña. xxxxx formaba parte de la comunidad constituida entre ambos, cosa que rechaza la sentencia de la AN afirma que los datos expuestos permiten a la Sala concluir, en los términos que ya hiciera la Inspección y los Tribunales Económico-Administrativos, que la suma dineraria que le fue entregada al Sr. xxxx no pertenecía a la comunidad de bienes sino que era privativa de Dña. xxxxx, tal y como acertadamente consideró el actuario, y que dicha entrega dineraria se hizo como compensación del exceso resultante de las

6 adjudicaciones realizadas -, se hace constar, tras relacionar los preceptos aplicables artículo 20.1 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre y artículo 79 del Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, que del contenido de los referidos preceptos se desprende, sin dificultad, que para que exista incremento o disminución patrimonial deben concurrir dos requisitos, a saber, la variación de valor del patrimonio y la alteración en su composición, recogiendo la Ley y desarrollando el Reglamento una serie de supuestos en los que falta ese requisito de alteración en la composición, debido a que los bienes ya estaban en el patrimonio del contribuyente, tratándose, en su mayor parte, de supuestos de especificación de cuotas ideales de copropiedad en un elemento patrimonial. En estos supuestos, se aplaza las plusvalías o minusvalías al momento en que, disuelta la comunidad, se vende el bien adjudicado a otra persona, añadiendo que ahora bien, en todos estos supuestos división de la cosa común, disolución de la sociedad de gananciales y disolución de comunidades o separación de socios la norma exige que no se produzca una actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos «los bienes o derechos recibidos por el sujeto pasivo se incorporarán al patrimonio por el mismo valor por el que se hubiese computado el derecho enajenado o ejercitado», de tal forma que si al entregarse el bien o derecho el contribuyente lo incorpora a su patrimonio por un valor distinto al de adquisición, sí existirá una alteración en la composición del patrimonio y, en consecuencia, la renta estará sometida a tributación y que esto es lo acontecido en el supuesto que se enjuicia, en el que en las adjudicaciones los bienes se valoraron por el valor de mercado en el momento de la adjudicación y no por el valor de adquisición actualizado, lo que motivó que la Inspección sometiera a tributación la diferencia entre la compensación total recibida por el hoy recurrente esto es de ptas. y la cantidad que el sujeto pasivo hubiera recibido de haberse calculado la compensación por el exceso de adjudicación en función de los valores de adquisición debidamente actualizados de las fincas. En efecto, en el supuesto analizado, no se ha producido la incorporación de los bienes adjudicados al sujeto pasivo por el mismo valor por el que se hubiese computado el derecho enajenado o ejercitado, conforme exige el precepto transcrito, sino que se ha efectuado una actualización al valor de mercado de los referidos bienes para fijar la compensación entre ambos comuneros, quedando sus patrimonios en una situación distinta a aquella en la que se encontraban mientras estaba vigente la comunidad. En consecuencia, no se ha producido una especificación de la cuota del sujeto pasivo sobre la comunidad de bienes, sino una alteración en la composición del patrimonio del sujeto pasivo como consecuencia de la entrada de dinero que supone el pago de la compensación para ajustar las diferencias entre los valores de mercado de los bienes adjudicados, resultando de aplicación el art b) de la disposición reglamentaria que señala que la incorporación al patrimonio del sujeto pasivo supone una alteración en la composición de aquél, si bien la alteración patrimonial

7 sólo recaerá, tal y como señaló el actuario, sobre la parte de la compensación en metálico correspondiente al exceso respecto a los valores de adquisición actualizados fiscalmente determinados en el acta y en el informe ampliatorio, rechazando la postura de la parte recurrente señalando que frente a ello no cabe esgrimir la Sentencia dictada por la Sección Tercera de esta Sala en fecha 16 de mayo de 2001 rec. núm. 1031/1999, que la parte acompaña, toda vez que versa sobre un impuesto distinto, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, analizando si las operaciones realizadas son susceptibles de dar lugar al hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, cuestión distinta a la examinada en las presentes actuaciones y concluyendo que conforme a cuanto antecede, resulta conforme a Derecho la actuación de la Inspección al liquidar como incremento de patrimonio la diferencia entre la compensación total recibida y aquella cantidad que hubiese compensado el exceso de adjudicación si éste se hubiese calculado en función de los valores de adquisición de las fincas, debidamente actualizado en la forma prevista en la Ley del Impuesto. Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo confirma dicha sentencia añadiendo que, si bien es cierto que el artículo 20.1 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entiende que no se estimará que existen incrementos o disminuciones patrimoniales en los supuestos de división de cosa común, disolución de sociedades de gananciales y, en general, disolución de comunidades o separación de comuneros, el artículo 79 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, se preocupa de señalar que en estos casos, los bienes y derechos recibidos por el sujeto pasivo se incorporan al patrimonio por el mismo valor por el que se hubiese computado el derecho enajenado o computado, de tal forma que, si como aquí ocurre, la incorporación al patrimonio lo es por un valor superior al de adquisición actualizado fiscalmente, si que se habrá producido un incremento patrimonial susceptible de calificarse como renta, en el momento de la división de la comunidad, y no, como sería en el caso de que la incorporación lo fuese por el mismo valor, en cuyo caso el incremento quedaría deferido al momento en que adquirente enajenase el bien y que en último término, no es aplicable al caso de autos la doctrina sentada por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en las sentencias que se acompañaron con el escrito de interposición, y, en las que, con base en la sentencia de esta Sala de 28 de junio de 1999, no se considera, a los efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como efectiva transmisión la adjudicación de la cosa común a uno de los comuneros con pago por éste a los otros en dinero de la cuota que le correspondiera en la cosa indivisible. Y no es aplicable, porque en el caso del ITPAJD lo que se está determinando es si se ha producido o no el hecho imponible, esto es, una transmisión en los supuestos de división de cosa común indivisible con adjudicación a uno de los condóminos, hecho

8 imponible que no se produce porque, como se dice en esa sentencia, no hay una verdadera transmisión patrimonial propiamente dicha ni a efectos civiles ni a efectos fiscales sino una mera concreción de un derecho abstracto preexistente ; mientras que en el IRPF, el hecho imponible en los casos de incrementos patrimoniales tiene lugar por el propio incremento, que no se produciría si se diese a los bienes objeto de la división el mismo valor de adquisición, pero no cuando ese valor es superior, ya que en ese caso, es obvio, que ese aumento económico si ha alcanzado realidad, máxime cuando, como ocurre en el caso de autos, el exceso se cubre con dinero procedente de uno de los titulares. Dicha sentencia es seguida por sentencias posteriores de los tribunales superiores de justicia, como es, la citada por la Administración del Estado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Málaga, 2485/2011, de 17 de junio, o las más recientes de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid 730/2012, de 11 de Septiembre, o la de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana 1688/2012, de 10 diciembre, en la que se contemplaba la división de la cosa común mediante la disolución de la CB o disolución del condominio y adjudicarse la totalidad del pleno dominio a unos comuneros y recibiendo la parte actora compensación en metálico, que se estableció por un valor superior al de adquisición actualizado, de acuerdo con los datos y operaciones que figuran en el documento de fecha del expediente de gestión, que determina el valor catastral, el valor de transmisión y el coste de adquisición, aplicando las reglas de actualización, ello nos permite afirmar que el patrimonio de la parte actora queda en una situación distinta a la que tenía durante la vigencia de la comunidad, y lo que implica una alteración en la composición de su patrimonio que está sometida al impuesto, señalando que tras la citada STS, la doctrina del Tribunal Supremo, ha de ser la seguida por esta Sala, dada la posición institucional del Alto Tribunal y el valor de su jurisprudencia y doctrina legal (artículos de la Constitución, 53.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1.6 del Código Civil y 88.1.d) y de la vigente LJCA), por lo ya no resultan aplicables al caso sentencias que mantienen un criterio distinto al proclamado por el Tribunal Supremo, y en particular la doctrina jurisprudencial referida a otros tributos, en concreto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Pues bien, en aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, y dado que en el caso enjuiciado, y como hemos expuesto con anterioridad, en la liquidación recurrida se constata que los valores consignados en la escritura de extinción del condominio son distintos a los de adquisición, ha de concluirse que concurre el supuesto previsto por la jurisprudencia indicada, que justifica la existencia de una ganancia patrimonial, por lo que el recurso interpuesto ha de ser desestimado.

9 SÉPTIMO.- No hay motivos que determinen un especial pronunciamiento en cuanto a Costas. F A LL A M O S. PRIMERO.- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 312 del año 2011, interpuesto por DOÑA xxxxxxx, contra la resolución citada en el encabezamiento de la presente resolución. SEGUNDO.- No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas. Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario. Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA

10 DILIGENCIA.- Seguidamente se procede a notificar telemáticamente la anterior SENTENCIA a las partes, haciéndoles saber que es FIRME, sin perjuicio de ejercitar cualquier recurso que consideren procedente. Doy fe.