Lima, 18 de febrero de ANTECEDENTES Hechos materia de denuncia

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1 DENUNCIANTE : JUSTO DANIEL VILLAGÓMEZ ACOSTA (EL SEÑOR VILLAGÓMEZ) DENUNCIADO : LA BOLICHERA MOTORS S.A.C. (LA BOLICHERA) MATERIA : IDONEIDAD INFUNDADA ACTIVIDAD : VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROCEDENCIA : LIMA SUMILLA: en el procedimiento iniciado por el señor Justo Daniel Villagómez Acosta en contra de la Bolichera Motors S.A.C. por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor 1, la Comisión ha resuelto: (iii) (iv) Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor, en el extremo referido al presunto incumplimiento de lo pactado. No ha quedado acreditado que la Bolichera se negara a celebrar el contrato definitivo con el denunciante. Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor, en el extremo referido a la devolución de lo abonado por concepto de cuota inicial. Ha quedado acreditado que corresponde aplicarle al señor Villagómez la cláusula cuarta del contrato, la cual establece un descuento del 20% de lo abonado por la cuota inicial. Declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 13º inciso c) de la Ley de Protección al Consumidor. No ha quedado acreditado que la Bolichera modificara unilateralmente el precio pactado con el denunciante. Declarar infundado el pedido de medidas correctivas, así como el del pago de costas y costos presentado por el denunciante, toda vez que no ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa de la denunciada. Lima, 18 de febrero de ANTECEDENTES 1.1. Hechos materia de denuncia El 26 de agosto de 2008, el señor Villagómez denunció a la Bolichera por presuntas infracciones a los artículos 8º y 13º inciso c) de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que la denunciada se habría negado a firmar el contrato definitivo y a devolverle el dinero abonado por concepto de cuota inicial sin efectuar descuento alguno. Asimismo, señaló que la Bolichera habría modificado unilateralmente el precio pactado por el vehículo objeto de compraventa Fundamentos de la denuncia 1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº /ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor. 1/10

2 En su denuncia, el señor Villagómez señaló lo siguiente: Con fecha 4 de mayo de 2008, el señor Villagómez y su hija se apersonaron a las oficinas de la denunciada para consultar la compra al crédito de un vehículo para el servicio de taxi, pagando US$ 120,00 por la separación de un vehículo. El día 6 de mayo de 2008, el señor Villagómez se acercó al local comercial de la denunciada con la finalidad de adquirir el vehículo con un motor de 1,500cc cuyo precio era de US$ 8 500,00. (iii) Ese mismo día, celebró con la denunciada el Contrato Preparatorio Nº , pagando US$ 3 000,00 por concepto de cuota inicial y pactando que la firma del contrato definitivo se realizaría en un plazo no mayor a 20 días útiles, toda vez que el vehículo objeto de compraventa aún no se encontraba en planta. (iv) (v) (vi) El 21 de julio de 2008, se acercó al local de la denunciada para celebrar el contrato definitivo, toda vez que ya había vencido el plazo estipulado. Sin embargo, le informaron que no se podía celebrar el contrato, debido a que el Banco Continental no había aprobado el crédito. La Bolichera le formuló dos alternativas: el ofrecimiento de una garantía prendaria o hipotecaria; o, la realización de la compraventa al contado. El 1 de agosto de 2008, se acercó a la empresa denunciada, a fin de concretar la operación de compraventa, toda vez que ya había reunido el dinero requerido para tal efecto. Sin embargo, personal de la denunciada le informó que el precio ya no era US$ 8 500,00 sino US$ ,00, desconociendo así lo pactado en el Contrato Preparatorio. Le ofrecieron dos opciones: el pago de los US$ ; o, la devolución de su dinero con un descuento del 20%, según la cláusula cuarta del contrato. Mediante Carta Notarial de fecha 4 de agosto de 2008, el denunciante requirió a la empresa denunciada el cumplimiento del Contrato Preparatorio Cargos Imputados Mediante Resolución Nº 2 de fecha 28 de octubre de se admitió a trámite la denuncia, considerando como hechos infractores los siguientes: (iii) La Bolichera no habría respetado lo pactado con el denunciante negándose a celebrar el contrato definitivo de compraventa, hecho que constituye una presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor; La Bolichera modificó unilateralmente el precio pactado inicialmente; hecho que podría constituir una infracción al artículo 13º inciso c) de la Ley de Protección al Consumidor; La Bolichera no habría cumplido con devolverle lo abonado por concepto de cuota inicial sin considerar el descuento del 20%; hecho que constituye una presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor. 2 Ver a fojas 20 a 24 del expediente. 2/10

3 1.4. Descargos de la Bolichera En el presente caso, la Bolichera fue declarada en rebeldía, toda vez que no cumplió con presentar sus descargos. 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN La Comisión considera que corresponde determinar lo siguiente: (iii) si la Bolichera infringió lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor; si la Bolichera infringió lo dispuesto en el artículo 13º inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor; las medidas correctivas que corresponden ordenar; (iv) la sanción a imponerse; y, (v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento. 3. NORMA APLICABLE AL CASO La Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor publicada el 26 de junio de 2008 establece que en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de la vigencia del Decreto Legislativo, el Poder Ejecutivo expedirá el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor que estará conformado por el Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor, incluyendo todas las modificaciones y sustituciones legislativas que han operado sobre dicho decreto legislativo. No obstante que las modificaciones de la Ley de Protección al Consumidor entraron en vigencia a partir de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1045, las infracciones cometidas bajo la ley anterior se seguirán procesando bajo dicho régimen legal, por tratarse de la norma sancionadora vigente al momento en que éstas se configuraron. En el presente caso, los hechos imputados a título de cargo en contra de la Bolichera se originaron durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1045, motivo por el cual se deben tomar en consideración los alcances de dicha norma a efectos de resolver la presente denuncia. 4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 4.1 Sobre la infracción al deber de idoneidad El Artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los bienes servicios que ofrecen en el mercado, por lo que debe entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente. 3/10

4 El proveedor sólo podría eximirse de responsabilidad si acreditara que existió un causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad económica que sea calificada como caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero o negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo establecido. Es decir, una conducta distinta a la suya que determinó que no pudiera brindarse un servicio idóneo al consumidor 3. La Sala de Defensa de la Competencia precisó que el Artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa 4, los cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren. Por ello, se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que éste recibe; ello, tomando en consideración la información previa que haya recibido del proveedor y lo que un consumidor razonable esperaría en la adquisición de un determinado bien o el desarrollo de un servicio específico. La Comisión utiliza el estándar del consumidor razonable como aquel criterio de interpretación según el cual se analiza qué es lo que esperaría un determinado tipo de consumidor en la circunstancia controvertida. El consumidor razonable no es aquel experto o excesivamente exigente sino aquel que actúa con la diligencia ordinaria que le es exigible a cualquier persona que realiza la adquisición de un bien o la contratación de un servicio en el mercado. 3 DECRETO LEGISLATIVO Nº 716, LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. El proveedor se exonerará de responsabilidad únicamente si logra acreditar que existió una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor. (Párrafo incorporado por el Artículo 3º Del Decreto Legislativo Nº 1045, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor, publicado el 26 de junio de 2008) 4 Mediante Resolución N TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L. la Sala de Defensa de la Competencia estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: a) De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, se presume que todo proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. b) La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo. 4/10

5 Este criterio de interpretación posee un doble efecto. Por un lado, asegura el adecuado funcionamiento del mercado, al proteger exclusivamente a los consumidores que actúan con una diligencia ordinaria esperable en determinadas circunstancias y no a todos los posibles comportamientos que puedan ser encontrados en la adquisición de un bien o servicio; generando así un límite a la posibilidad de intervención estatal en las relaciones económicas de consumo, las mismas que deben establecerse en función de la oferta y demanda de productos y servicios, así como de la información que el propio mercado genera. El estándar del consumidor razonable promueve la formación de consumidores cuidadosos y responsables, los mismos que deben informarse previamente a la realización de una decisión de consumo y que deben hacer valer sus derechos y exigir las obligaciones que el sistema de protección al consumidor en su conjunto les proporciona. Asimismo, la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba. Así, la Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones 5. En ese sentido, la actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera: acreditación del defecto: corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; y, imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor. Dicho análisis se realizará en función a lo aportado por las partes y del principio de verdad material 6. En el presente caso, el señor Villagómez señaló que la denunciada no habría brindado un servicio idóneo, en la medida que se habría negado a firmar el contrato definitivo de compraventa y no habría cumplido con devolverle lo abonado por concepto de cuota inicial sin efectuar descuento alguno. 5 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo 162º.- Carga de la prueba (...) Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 6 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo ( ) 11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. ( ) 5/10

6 Al respecto, analizaremos por separado cada uno de los hechos denunciados por el señor Villagómez. De la negativa de la denunciada de firmar el contrato definitivo Obran en el expediente, los siguientes medios probatorios: Contrato Preparatorio 002 Nº de fecha 6 de mayo de , en el cual se establece lo siguiente: PRIMERA.- EL PROMITENTE VENDEDOR se compromete a celebrar un contrato definitivo de Compra Venta o Arrendamiento - Venta a favor del PROMITENTE COMPRADOR del vehículo (usado) Marca TOYOTA Modelo PROBOT, Año 2002, Placa Rodaje... o Póliza... Motor 1.5, Chasis... en un plazo de veinte (20) días útiles contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato. EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SOLICITADO FUESE A PEDIDO DE IMPORTACIÓN, POR LA DEMORA DE SU RESPECTIVO ACONDICIONAMIENTO Y REVISIONES DE GARANTÍA QUE EXIGEN LOS CETICOS Y SU TRASLADO DEL PUERTO DE MATARANI A LIMA, EL PLAZO SERÁ DE HASTA (30 DÍAS ÚTILES). MARQUE EN EL RECUADRO SI ES A PEDIDO (X) SEGUNDA.- A su vez el PROMITENTE COMPRADOR se compromete a suscribir, también, el contrato definitivo de Compra-Venta o Arrendamiento-Venta en el plazo estipulado en la cláusula precedente y en este acto entrega en calidad (...). La carta notarial de fecha 4 de agosto de remitida por el denunciante a la Bolichera, en la cual le señala lo siguiente: (...) POR LO QUE LE SOLICITO QUE EN EL TÉRMINO DE 24 HORAS DE RECIBIDO LA PRESENTE CARTA, CUMPLA CON CELEBRAR EL CONTRATO DEFINITIVO DE COMPRAVENTA DEL VEHÍCULO POR EL PRECIO DE US$ 8 500,00 DÓLARES AMERICANOS, AL CONTADO (...). De los citados medios probatorios se desprende lo siguiente: denunciante y denunciado se comprometieron a firmar el contrato definitivo de compraventa de un vehículo a los 30 días útiles de firmado el contrato preparatorio, esto es, aproximadamente el 17 de junio de 2008; después de un mes y medio el denunciante envía una carta al denunciante solicitando la firma del contrato definitivo. Sobre el particular, la Comisión considera que dichos medios probatorios no causan convicción respecto a la negativa de la firma, por parte de la denunciada, del contrato definitivo. No obra en el expediente medio probatorio - adicional a la carta remitida por el denunciante que recoge su mera declaración - que acredite que el 17 de junio de 2008 (o días cercanos) el denunciante haya solicitado la firma del contrato a la Bolichera, cumpliendo los requisitos necesarios, y ésta se haya negado a ello. 7 Ver a fojas 9 del expediente. 8 Ver a fojas 10 a 13 del expediente. 6/10

7 Este órgano colegiado considera que el señor Villagómez, en la medida que le corresponde acreditar el defecto alegado, debió generar los medios probatorios pertinentes que demuestren la negativa de la denunciada de firmar el contrato definitivo en la fecha pactada por las partes; por ejemplo, con una constatación policial, algún recibo o documento emitido por el personal de la denunciada o hasta una carta en la fecha del vencimiento del plazo o días cercanos. No es posible amparar como medio probatorio ni indicio idóneo de lo alegado por el señor Villagómez, la carta notarial de fecha 4 de agosto de 2008 citada en los párrafos precedentes, toda vez que la misma recoge la sola declaración del denunciante y fue enviada un mes y medio después de vencido el plazo para la firma del contrato, siendo que es válidamente razonable que se alegue exceso de tiempo cuando, supuestamente el incumplimiento se produjo por la denunciada y que no se haya dejado constancia adicional de la presunta negativa. En consecuencia, no existe en el expediente medio probatorio alguno que acredite que la Bolichera se negó a firmar el contrato definitivo de compraventa. Por ello, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia por presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor. De la no devolución de lo abonado por concepto de cuota inicial El denunciante señaló que la Bolichera quería descontarle, en aplicación a la cláusula cuarta del contrato preparatorio, el 20% de lo abonado por concepto de cuota inicial. Sin embargo, no estaba de acuerdo con ello, pues el incumplimiento se presentó por parte de la denunciada. Sobre el particular, obra en el expediente, el Contrato Preparatorio 002 Nº de fecha 6 de mayo de , en el cual se señala lo siguiente: CUARTA.- En caso que el PROMITENTE COMPRADOR solicite la devolución del dinero por cualquier circunstancia, no cumpla con los requisitos solicitados para el Crédito o tiempo que no celebre el contrato definitivo de Compra-venta o Arrendamiento-Venta el PROMITENTE VENDEDOR, dará por resuelto de pleno derecho el presente compromiso de venta quedando sin efecto el mismo, haciendo suyo el 20% de la suma que entregó el PROMITENTE COMPRADOR, indicando en la Cláusula Segunda o Tercera a modo de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el compromiso incumplido y la venta definitiva frustrada, así como por los pagos en que se incurriera para tramitar el crédito. En consecuencia, de lo señalado en el contrato se desprende que las partes pactaron que en el supuesto que no cumpla con los requisitos para el crédito o transcurra el tiempo sin la celebración del contrato definitivo, el proveedor retendría el 20% de lo abonado por concepto de cuota inicial. En el presente caso, el propio denunciante ha manifestado que no se le aprobó el crédito bancario y como se ha señalado en los párrafos precedentes se venció el plazo para la firma del contrato definitivo, siendo que no ha quedado acreditado que ello se deba a causas imputables a la empresa denunciada. 9 Op. cit. 7/10

8 Por ello, la Comisión considera que la reducción del 20% a los US$ 3000,00 abonados por concepto de cuota inicial es aplicable al caso concreto, pues no ha quedado acreditado que el incumplimiento en la celebración del contrato definitivo fuera un hecho imputable a la empresa denunciada. Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este extremo de la denunciada por presunción infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor. 4.2 Sobre la presunta modificación unilateral del precio del vehículo objeto de compraventa El inciso d) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor consigna de manera general el derecho de los consumidores a la protección contra la utilización por parte de los proveedores de métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios 10. Por otro lado, el artículo 13º de la referida Ley tipifica algunos de los supuestos específicos que podrían calificarse como una práctica o método comercial coercitivo 11. Entre ellos, la modificación de manera unilateral de las condiciones en las cuales se adquieren los productos o servicios. En el presente caso, el señor Villagómez señaló que la denunciada modificó unilateralmente el precio del vehículo objeto de compraventa pactado inicialmente. Sobre el particular, obra en el expediente el Contrato Preparatorio citado en los párrafos precedentes donde se señala que el precio pactado por las partes es US$ 8 500,00. Sin embargo, no obra medio 10 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 5º.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: d) Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial; y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios. 11 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Artículo 13º.- De manera enunciativa, aunque no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no podrán: a) en relaciones contractuales de duración continuada o tracto sucesivo donde haya dependencia o subordinación entre las acciones de consumo, tomar ventaja indebida del oportunismo post contractual, es decir, condicionar la venta de un bien o la prestación de un servicio a la adquisición de otro, salvo que por su naturaleza sean complementarios, formen parte de las ofertas comerciales o, por los usos y costumbres sean ofrecidos en conjunto; b) obligar al consumidor a asumir prestaciones que no haya pactado o a efectuar pagos por bienes o servicios que no hayan sido requeridos previamente. En ningún caso podrá interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo hubiese autorizado, de manera expresa; c) modificar sin el consentimiento expreso de los consumidores, las condiciones y términos en los que adquirió el producto o contrató un servicio. No se puede presumir el silencio del consumidor como aceptación, salvo que éste así lo hubiere autorizado expresamente y con anterioridad. d) Completar los títulos valores emitidos incompletos por el consumidor, de manera distinta a la que fuera expresamente acordada al momento de su suscripción; e) Establecer limitaciones injustificadas o no razonables al derecho del consumidor de poner fin a un contrato, así como la forma como éste puede hacerlo; u, f) Ofrecer bienes o servicios a través de visitas, llamadas telefónicas o métodos análogos de manera impertinente. (Párrafo incorporado por el Artículo 3º Del Decreto Legislativo Nº 1045, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor, publicado el 26 de junio de 2008) 8/10

9 probatorio alguno que acredite que la Bolichera modificó unilateralmente el precio, aumentándolo a US$ Como se ha señalado en los párrafos precedentes, la obligación de acreditar el defecto alegado le corresponde al denunciante, por lo que el señor Villagómez debe acreditar la modificación unilateral del precio; sin embargo, ello no ha sucedido. Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 13º inciso c) de la Ley de Protección al Consumidor De la medida correctiva solicitada por el denunciante En la medida que no se ha verificado una infracción a la Ley Protección al Consumidor por parte de la Bolichera, corresponde declarar infundada la solicitud de medidas correctivas planteada por el señor Villagómez. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Bolichera deberá devolver al denunciante el monto abonado por concepto de cuota inicial, descontando el 20% correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Contrario Preparatorio celebrado entre las partes Costas y costos del procedimiento Teniendo en cuenta que la denuncia ha sido declarada infundada en tanto que no se ha comprobado una infracción a la Ley de Protección al Consumidor por parte de la denunciada, se debe denegar la solicitud del pago de las costas y costos del procedimiento. 2. DECISIÓN DE LA COMISIÓN PRIMERO: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Justo Daniel Villagómez Acosta en contra de la Bolichera Motors S.A.C. por presunta infracción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor. SEGUNDO: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Justo Daniel Villagómez Acosta en contra de la Bolichera Motors S.A.C. por presunta infracción al artículo 13º inciso c) de la Ley de Protección al Consumidor. TERCERO: declarar infundada la solicitud de medidas correctivas presentada por el señor Justo Daniel Villagómez Acosta. CUARTO: denegar la solicitud para el pago de costas y costos presentada por el señor Justo Daniel Villagómez Acosta. QUINTO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación 12. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser 12 DECRETO LEGISLATIVO N 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 9/10

10 presentado ante la Comisión en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación 13, caso contrario, la resolución quedará consentida 14. Con la intervención de los señores Comisionados: Dr. Alonso Morales Acosta, Dra. Lorena Masías Quiroga, Ing. Jaime Miranda Sousa Díaz y Dr. Giovanni Priori Posada. ALONSO MORALES ACOSTA Presidente Artículo 38º.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado. 13 LEY N 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL DECIMOTERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único Para efectos de lo establecido en el artículo 38 del Decreto Legislativo N 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, modificado por Ley N 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles. 14 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo Acto firme Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. 10/10

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