SOBRE LA CONVENIENCIA DE ATRIBUIR LA INSTRUCCIÓN PENAL AL MINISTERIO FISCAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOBRE LA CONVENIENCIA DE ATRIBUIR LA INSTRUCCIÓN PENAL AL MINISTERIO FISCAL"

Transcripción

1 SOBRE LA CONVENIENCIA DE ATRIBUIR LA INSTRUCCIÓN PENAL AL MINISTERIO FISCAL Profesor Titular de Derecho Procesal Universidad de Valladolid La eventual asunción de las funciones instructoras por el Ministerio Fiscal es uno de los aspectos más sobresalientes y debatidos de la futura reforma integral de la Administración de Justicia Penal. Sin embargo, la falta de idoneidad orgánica y funcional de esta institución a tales fines hace recomendable el mantenimiento de la vigente jurisdiccionalidad de esta fase del proceso. SUMARIO 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. 2. LOS ARGUMENTOS PRO-FISCALISTAS El argumento incomparado Los defectos de la instrucción judicial La naturaleza inquisitiva de la instrucción judicial La pérdida de imparcialidad del Juez de instrucción La lentitud de la instrucción judicial La imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente. 185

2 NÚMERO MONOGRÁFICO 3. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES DE LA REFORMA Los presupuestos orgánicos Los presupuestos funcionales La justicia negociada La intervención del resto de los sujetos procesales y otros factores. 4. A MODO DE CONCLUSIÓN Las medidas legales complementarias ante la Reforma Desde un punto de vista estructural Desde un punto de vista funcional Una propuesta de contrarreforma. 5. NOTA BIBLIOGRÁFICA. Listado de abreviaturas utilizadas: Art. artículo. CE Constitución española de CGPJ Consejo General del Poder Judicial EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981, de 30 de diciembre. L. Ley Ordinaria. LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882 LO Ley Orgánica. LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. LOTJ Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. MF Ministerio Fiscal. Op. cit. Obra citada. P. Página. Pp. Páginas. S. Sentencia. TC Tribunal Constitucional. TS Tribunal Supremo. 186

3 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Se avecina una reforma procesal penal, o cuando menos existe una fundada expectativa al respecto. Y es que, tras casi 120 años y 63 reformas parciales, la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal no admite más remiendos, y ya sea por su ancianidad, ya lo sea por una política legislativa errática y escasamente armónica en la gestión de esas fragmentarias actualizaciones, se nos muestra como un texto caduco y poco apto para afrontar los retos de la sociedad actual. De ahí que la teórica renovación habrá de ser superlativa, esto es, completa, concluyendo en la instauración de un nuevo código procesal penal, cuya trascendencia, no sólo técnica sino también estructural, es difícilmente mensurable al incidir en la propia esencia del Estado de Derecho. Presente la enormidad de semejante labor, esta reforma, una de las más anheladas y postergadas de la democracia, no tendrá lugar en la casi agotada VIII Legislatura. Más aún, a pesar de la urgencia, aquella magnitud y la deseable perdurabilidad de los resultados requerirán de un amplio consenso político, hoy por hoy inexistente. No son ni escasos ni insignificantes los aspectos que la futura reforma deberá abordar cumplidamente. Desde el papel de la Policía Judicial, pasando por la incidencia de las innovaciones tecnológicas en la investigación de los delitos y en la producción de pruebas, a los procedimientos sumarios o el sistema de recursos, buena parte de los elementos cardinales de la Justicia penal han de ser sometidos a revisión. Pues bien, entre ellos, la asunción por el Ministerio Fiscal de la dirección de la fase de investigación de las causas penales en régimen de exclusividad ha venido siendo considerado como uno de los puntales de la futura reforma integral del enjuiciamiento penal. Consecuencia directa de esta concreta reforma sería una merma de las facultades del Juez de instrucción, que pasaría a convertirse en Juez de garantías en orden a decidir acerca de cualquier medida limitativa de los derechos fundamentales de los sujetos o cuando fuera procedente la práctica anticipada de 187

4 NÚMERO MONOGRÁFICO cualquier medio de prueba. Pero los efectos de esta reforma no serán meramente funcionales. Esto es, si la reforma en su conjunto tiene un marcado sesgo político pues se trata de una de las dimensiones más trascendentes del poder del Estado, la aplicación del ius puniendi, ese carácter resulta aún más acusado cuando se pretende la reasignación de la función instructora, ya que esta particular innovación comportará en último término un desplazamiento de esa tarea desde la órbita del Poder Judicial a la del Poder Ejecutivo (1). Esa pretendida y puntual novedad no plantea problema alguno desde un punto de vista constitucional, como tampoco hay cuestión si de lo que se trata es de mantener la actual distribución de poderes (2). Otra cosa es que la implantación del Fiscal-instructor no se anuncia como una reforma aislada, siendo más bien la punta visible de un movimiento reformista de más amplio espectro que comporta un replanteamiento general del papel de esta institución en la Justicia penal, conectándose fundamentalmente con el eventual reconocimiento de la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, así como con una ruptura, aunque fuera limitada, con el principio de legalidad, en pro del principio de oportunidad en la formulación de la acusación. Las últimas acciones relatadas sí tendrán incidencia constitucional, hasta el punto de que serán inviables al afectar principios y derechos fundamentales proclamados en nuestra Carta Magna. Conviene advertir que no es la primera vez que esta proposición se plantea. En este sentido ya se recogía en el Proyecto de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1980 (art. 3.4), así como en la Propuesta de Anteproyecto de la Ley del procedimiento abreviado (art. 781 a 789 LECrim.), allá por el año 1988, no ultimándose por diversas razones, entre ellas por la negativa respuesta de los operadores jurídicos (3). Las reflexiones del movimiento refor- 1. Suscribimos pues la tesis de MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal (A favor del imperio de la ley y de las garantías de las partes en la preparación y evitación del juicio oral)», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 41 a Acerca de esto último, el Tribunal Constitucional ha sido claro en sus SS. 41/1998, de 24 de febrero, y 87/2001, de 2 de abril. 3. Aun así, la LO 5/1995, del Tribunal del Jurado, comporta un reforzamiento de la posición del Fiscal toda vez que asume, bajo control judicial, la formulación de la imputación. La propia Exposición de Motivos de la Ley del Jurado se hace eco de esa tendencia: «si bien debe corresponder al Juez la realización de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciación de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta 188

5 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mador de entonces se reproducen en la actualidad, como también las objeciones de la doctrina que podemos calificar como contrarreformista. Examinaremos esta materia atendiendo a los siguientes aspectos: los argumentos de la reforma, incluyendo una puntual referencia a la situación vigente en los países de nuestro entorno; para, a continuación, abordar cuáles serían realmente los presupuestos orgánicos y funcionales de la misma y, en consecuencia, qué otros cambios deberían acompañar a la reforma; y, adelantando en este punto nuestras conclusiones, formular una propuesta de contrarreforma. 2. LOS ARGUMENTOS PRO-FISCALISTAS En el impulso del Fiscal-investigador hemos asistido a una verdadera «campaña de imagen», «montada ( ) sobre la denuncia sesgada de los incuestionables defectos y sólo defectos del (Juez de instrucción); y sobre el apologético sobredimensionamiento de las virtudes y sólo virtudes del (primero)» (4). Estas palabras de ANDRÉS IBÁÑEZ lo resumen a la perfección, al mismo tiempo que anticipan el desenlace de este apartado. Por supuesto, los testimonios pro-fiscalistas vienen encabezados por una reseña incompleta del derecho comparado, y, en particular, de los países donde se ha impuesto ese modelo, contraponiendo a modo de reclamo la supuesta modernidad de estas corrientes reformistas con la figurada decrepitud del sistema vigente en España. Evidentemente, y en la línea de lo afirma- forma, la incoación y su adaptación al nuevo procedimiento, así como la constitución del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputación, en los términos previstos en los arts. 24 y 25 de la Ley, tienen también su marco procesal mediante la incorporación de sendas previsiones en el art. 309, para el procedimiento ordinario, y en los arts. 780 y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el abreviado». MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, Bolonia, 2005, pp. 33 a 108, lleva a cabo un pormenorizado estudio de la evolución normativa e incluso político/institucional que ha experimentado esta materia. 4. ANDRÉS IBÁÑEZ, P.: «El Fiscal en la actual regresión inquisitiva del proceso penal», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, p. 18. El mismo autor, ya hacía hincapié en esta circunstancia hace años en «El Ministerio Fiscal entre el «viejo» y «nuevo» proceso», en AA.VV., La reforma del proceso penal, Madrid, 1990, pp. 110 a

6 NÚMERO MONOGRÁFICO do en el primer párrafo, si algo caracteriza a tales menciones es un enfoque panegírico y escasamente crítico EL ARGUMENTO INCOMPARADO A pesar de las apariencias, los modelos de instrucción fiscal vigentes en derecho comparado no son demasiado coincidentes entre sí. Excluyendo ab initio los sistemas de corte anglosajón, fundamento último de este replanteamiento del papel del Ministerio Público en la justicia penal pero más en los aspectos atinentes al impulso del principio de oportunidad que en la redirección de la fase de instrucción, los movimientos reformistas se mueven entre el modelo alemán y su decisivo Fiscal, pasando por el portugués, asimilable al anterior desde un punto de vista orgánico por su dependencia gubernamental mas no desde una perspectiva funcional, hasta llegar al modelo italiano, destacado por la independencia judicial que caracteriza a su Ministero Pubblico. En cualquier caso, advertimos que la orientación seguida por los ordenamientos de nuestro entorno jurídico es un argumento demasiado frágil para sustentar per se la pretendida reforma. El carácter decano en el panorama europeo del modelo procesal de la República Federal Alemana (5) y la perdurabilidad de la solución que propugna, unido a la proximidad estructural al Ministerio Fiscal español al regirse por los mismos principios funcionales legalidad [ 152 de la Ordenanza Procesal Penal alemana (StrafprozeBordung, StPO) e imparcialidad ( StPO)] y orgánicos unidad de actuación y dependencia jerárquica ( 145 y ss. de la Ley Orgánica de los Tribunales alemana, GVG), bajo el patrocinio del Fiscal General Federal, han propiciado su consideración como paradigma de la instrucción fiscal al resultar plenamente confrontable con nuestro sistema. Todo ello sin perjuicio de que su dependencia gubernamental sea comparativa- 5. Véase GÓMEZ COLOMER, J.L.: El Tribunal Penal Internacional: Investigación y acusación, Valencia, 2003, pp. 87 a 93; MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 113 a 127; PERRON, W. y LÓPEZ BARAJAS PEREA, I.: «El Ministerio Fiscal-Director de la investigación en el proceso penal alemán», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 75 a 96; REBMANN, K.: «La oficina del Fiscal General, su dimensión constitucional y su relación con las distintas ramas del Gobierno», en El Poder Judicial en Europa, v. I, Madrid, 1989, pp. 497 a

7 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mente mayor dado el sistema de nombramiento del Fiscal General y de todos los Fiscales Federales, designados por el Presidente Federal pero siempre a propuesta del Ministro Federal de Justicia, quien además asume las funciones de inspección y dirección de los miembros de la institución (art. 147 GVG). Partiendo de esos presupuestos orgánicos, el Ministerio Público alemán no sólo ostenta la dirección de la investigación penal con el apoyo del denominado Juez investigador como Juez de garantías ( 160 y ss. StPO (6) ), sino una posición hegemónica incontestable dentro del proceso penal considerado en conjunto. Menos aprovechable para nuestro sistema resulta la circunscrita intervención de la defensa en la investigación oficial y, particularmente, en las diligencias conducidas por la Policía o el Fiscal, con la única salvedad del interrogatorio del imputado ( 163.ªIII.2 y 168c.I StPO). En ese contexto de limitadísimo margen de participación, la defensa únicamente podrá concurrir a las actuaciones acordadas por el Juez, tales como el examen de testigos o la inspección ocular, si no se considera que su asistencia pondría en peligro el éxito de la investigación ( 168c.II, 168c.V.2 y 168d.II StPO). Evidentemente, la defensa no tendrá otro remedio que desarrollar una indagación propia. El atractivo del ejemplo germano se intensifica al reconocerse al Ministerio Público amplias facultades de archivo de la causa con arreglo al principio de oportunidad, entre las que se cuenta la posibilidad de sobreseerla sin condiciones y prácticamente sin supervisión judicial por delitos que lleven aparejada una pena de prisión inferior a un año cuando entienda que no concurre interés público alguno en la persecución ( 153 StPO). El control jurisdiccional de esa decisión pasará por que el ofendido la impugne ante el Juez competente, previo recurso de queja ante el Fiscal General Federal, y éste o aquél estimen fundada la solicitud, obligando al Fiscal a ejercer la acusación (7). La substancial hegemonía del Fiscal en el sistema procesal penal alemán se pone de manifiesto también en orden a la adopción de cualquiera medida limitativa de derechos fundamentales, sometida a un mero control de legalidad por el Juez de garantías, sin que en ningún caso se verifique su conveniencia 6. Ley de Reforma del Proceso Penal alemán de 9 de diciembre de La acusación particular se limita a muy pocos delitos ( 374 StPO). 191

8 NÚMERO MONOGRÁFICO ( StPO), además de que en supuestos de urgencia podrá ordenar motu proprio la práctica de diligencias reservadas en principio a la autoridad judicial, tales como secuestros o registros ( 98, 105, 111, etc., StPO). Ni que decir tiene que ello deviene en un sistema profundamente inquisitorial, en que el derecho de defensa se ve notablemente postergado, amén de encarecido en términos económicos. Asentado sobre un principio de eficiencia en la persecución del delito, combinado con un amplio grado de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, su eventual traslación a España exigiría cambios, y no sólo estructurales, tan profundos que esta vía en su conjunto sería difícilmente trasplantable a España. Desde un punto de vista orgánico, en Portugal nos encontramos con un Ministério Público bastante similar al español o alemán, puesto que proclamada su sumisión al principio de legalidad, gozará de autonomía funcional moderada por la dependencia jerárquica de sus miembros integrados en una estructura piramidal (arts y Constitución portuguesa Cp y arts. 1, 2 y 76 Estatuto del Ministerio Público portugués, Ley 47/86, de 15 de octubre), en cuyo marco se hace presente la influencia gubernamental por la misma vía del nombramiento del Procurador Geral da República, cargo eminentemente político cuyo titular será designado por el Presidente a propuesta del Gobierno [art. 136.l) Cp], así como por las facultades de ordenación del Ministro de Justicia (art. 80 del Estatuto). La atribución de la investigación de los delitos al Ministerio Público que propugnaba la reforma portuguesa de 1987 (8) no fue una cuestión pacífica en el plano jurídico, habiendo padecido serios avatares constitucionales fundados en la reserva jurisdiccional para la instrucción de las causas penales (art º Cp). A la postre, fue el Tribunal Constitucional portugués (9) quien salvó ese escollo distinguiendo entre dos fases dentro del período preliminar: la investigación (inquérito), siempre necesaria y encomendada al Fiscal (arts. 262 y ss. Código Procesal Penal portugués CPPp ), y la instrucción (instruçao), eventual y a cargo del Juez, que sólo se materializa a instancia del imputado o del ofendido y que tendrá como fin comprobar la decisión del anterior (arts. 8. Decreto-Ley 78/1987, de 17 de febrero, por el que se aprobó el Código del Proceso Penal portugués. 9. «Acordao» 7/1987, de 17 de febrero. 192

9 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal 286 y ss. CPPp), lo que en gran medida rebajaba las expectativas iniciales (10). Este mismo Juez, el denominado Juez de Instrucción, actuará siempre que sea preciso adoptar alguna medida que comporte la limitación de los derechos fundamentales de los sujetos, ya sea con carácter cautelar o instrumental a la investigación (arts Cp y 17 CPPp). Las facultades de disposición con arreglo al principio de oportunidad del Ministerio Público portugués se alejan del modelo alemán viéndose limitadas a la «suspensao provisória do proceso» o el «processo sumaríssimo» (arts. 281 y 282 y 392 y ss., respectivamente, CPPp) de forma similar a la conformidad del ordenamiento español. El mismo criterio atributivo impera en Italia (11), asumiendo el Ministerio Público la investigación de las causas penales (arts. 326 y 327 del Codice di Procedura Penale CPPi ), aunque diversamente a los anteriores sus miembros gozan de un estatus similar a los jueces ex articulo 104 y ss. de la Constitución Italiana Ci (y 4.1 del Ordenamiento Judicial OJi ), estando representados en el Consejo Superior de la Magistratura (art. 105 Ci). Todo ello a pesar de que recientemente se haya reforzado la dependencia jerárquica dentro de cada Fiscalía, donde se integran los Fiscales agregados, de quien haría las veces de Fiscal Jefe, el Procurador de la República afecto a cada Tribunal (art. 2.4 de la L. 150/2005, de 25 de julio). Por el contrario, el poder de avocación de una causa por el superior (normalmente desde la Fiscalía de la Corte de Apelación a la de Primera Instancia) se limitó, ya en 1987, a los supuestos de inactividad del segundo (art de la L. 81/1987). También en Italia se regula la figura del Juez de garantías, el Juez de investigaciones preliminares, aunque a diferencia del sistema alemán será el órga- 10. Sobre el reparto de papeles en la instrucción portuguesa véase el clásico trabajo de CARVALHO MAR- TINS, A.: O debate instructorio no Código de Processo Penal portugues de 1987, Coimbra, 1989; y recientemente, MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit.., pp. 150 a 163; y MIRANDA RODRÍGUES, A. y CALAZA LÓPEZ, S.: «El Ministerio Fiscal-Director de la investigación en Portugal», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 209 a Acerca de este sistema véase CHIAVARIO, M.: «El Ministerio Público en Italia como responsable de la investigación preliminar», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 97 a 128; y MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 127 a

10 NÚMERO MONOGRÁFICO no judicial quien acuerde, si procede, el archivo de la causa (arts y en relación con el CPPi), así como, en su caso, la adopción de medidas cautelares, la interceptación telefónica o telemática o la práctica anticipada de medios de prueba, a instancia del Ministerio Público (arts. 291 y 267 y 292 CPPi, respectivamente). El principio de oportunidad tiene tan sólo la operatividad que le permite el instituto de la conformidad (patteggiamento), muy parecido a nuestro diseño (12). Mayor interés presenta el tipo de diligencias de investigación que puede acordar el Fiscal italiano, e incluso en casos de urgencia la propia Policía, entre las que se cuentan no sólo la inspección ocular de personas, cosas y lugares (las ispezioni del art. 244 CPPi), sino también la entrada y registro o el cacheo y otras intervenciones corporales (las perquisizioni previstas en los arts. 352 y 370 CPPi, entre otros), la intervención de la correspondencia postal (art. 353 CPPi) o el secuestro de efectos e instrumentos del delito (art. 253 CPPi). La naturaleza pseudo-judicial del Ministero Pubblico juega a favor del reconocimiento de facultades que comportan una sustancial restricción de los derechos fundamentales. Paralelamente a la investigación fiscal, la defensa también podrá desarrollar su propia investigación con el apoyo del Juez de investigaciones preliminares (art. 391 y ss. CPPi). Para terminar este apartado, por lo que se refiere a los países anglosajones la investigación de los hechos delictivos se deposita en manos de la Policía, ostentando el órgano público una facultad revisora de los méritos del caso a fin de instar la apertura del juicio oral. Así acontece en Gran Bretaña con el Crown Prosecutor Service, creado en 1985 en virtud de la Prosecution of Offences Act, y en los Estados Unidos, con mínimas diferencias y tanto por lo que se refiere a la Administración Federal como a la Estatal (13). Habida cuenta lo precedente, de entre los países de nuestro entorno cultural tan sólo Francia, Bélgica y España se mantienen en el error de una instrucción judicial. 12. Vid. la regulación del «patteggiamento sul rito» o «sulla pena» en los arts. 444 a 448 CPPi. 13. Debe subrayarse que el Crown Prosecutor Service se limita a verificar la viabilidad procesal del asunto, pero, al contrario del Prosecutor norteamericano, ni presenta los cargos, ni sostiene la acusación, aspectos que se encomiendan a Abogados contratados por la Administración a ese fin. 194

11 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal 2.2. LOS DEFECTOS DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL La literatura favorable a la instrucción fiscal suele hacer hincapié en un cúmulo de imperfecciones que descalifican la intervención jurisdiccional, sintéticamente resumidas en las siguientes: su naturaleza inquisitiva, la pérdida de imparcialidad del Juez, la lentitud judicial en el desempeño de esta función y la imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente (14) La naturaleza inquisitiva de la instrucción judicial En un primer nivel argumentativo, la doctrina pro-fiscalista se sitúa en el plano de los principios. En este sentido, se asevera que la atribución al Fiscal de la investigación de los hechos propiciaría un reforzamiento del principio acusatorio, dada la actuación «inquisitorial» del instructor (15). Según esta tesis, 14. Estos reproches se encuentran reiteradamente presentes en autores como FLORES PRADA, I.: El Ministerio Fiscal en España, Valencia, 1999, pp. 496 a 534; GIMENO SENDRA, V.: «Algunas sugerencias sobre la atribución al Ministerio Fiscal de la investigación oficial», en Justicia 88, núm. IV, pp. 829 a 834; «El Ministerio Fiscal», en AA.VV., El nuevo proceso penal, Madrid, 1989, pp. 65 a 106; «El nuevo Código Procesal Penal portugués y la anunciada reforma global de la Justicia española», en Estudios de Derecho Procesal (En honor de Víctor Fairén Guillén), Valencia, 1990, pp. 241 a 250; y más recientemente en «La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posición del Ministerio Fiscal en la investigación penal», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 37 a 39; y «La reforma de la LECrim. y la posición del Ministerio Fiscal en la investigación penal», en AA.VV., El Ministerio Fiscal Director de la instrucción, Madrid, 2006, pp. 35 a 39; MORENO CATENA, V.: «La Justicia Penal y su reforma», en Justicia 88, núm. II, pp. 313 a 318; y más recientemente en «La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 54 a 56; en «El papel del Juez y del Fiscal durante la investigación del delito», en Hacia un nuevo proceso penal (Manuales de formación continua de la Escuela Judicial), Madrid, 2005, pp. 55 a 92; y en «El Ministerio Fiscal, Director de la investigación de los delitos», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 80 y ss; VIVES ANTÓN, T.S.: «Doctrina constitucional y reforma del proceso penal», en Poder Judicial, núm. especial II (Jornadas sobre la Justicia Penal), 1987, pp. 93 a 128; y acerca de la imparcialidad en «Sobre la imparcialidad del Juez y la dirección de la investigación oficial del delito», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 99 a Ya en 1982, ARMENTA DEU, T., «El Fiscal instructor», en Cuadernos de Derecho Público, núm. 16 (mayo/agosto, 1982), pp. 216 a 218, planteaba serías dudas al respecto. En el mismo sentido se manifiesta BLAS- CO SOTO, M.C., «El sistema acusatorio formal y el principio inquisitivo», en Documentos Penales y Criminológicos, V. I (2001), pp. 465 a 470. Desde una perspectiva diversa MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., sostiene que la fase instructora será necesariamente inquisitiva, prescindiendo de a quién se encomiende la investigación, pues su contenido principal será inquirir, esto es: «investigar, averiguar el hecho delictivo y sus responsables» (p. 362). 195

12 NÚMERO MONOGRÁFICO con el actual reparto de papeles la defensa debe hacer frente a dos acusadores: el Ministerio Fiscal y el Juez de instrucción, quien, además, tendría la posibilidad de generar en esta fase actos de prueba de modo anticipado. En suma, lo que se pretende es llevar a la instrucción una composición acusatoria similar a la vigente en el juicio oral (16), estimando que la actividad investigadora del instructor quiebra una de sus manifestaciones, el principio de igualdad de armas entre las partes. Pero ni se aporta justificación alguna al respecto, ni es ésta la conclusión que se desprende de los resultados estadísticos relativos al número de archivos del total de diligencias previas incoadas (17). Es más, aun admitiendo como artículo de fe semejante objeción cabe que nos preguntemos si ese supuesto desequilibrio no sería mas patente de encomendar la investigación a un órgano cuya actuación tiene tradicionalmente una tan acentuada tendencia incriminatoria y que, asimismo, está investido de unos poderes netamente superiores a los de la defensa (18). Por otro lado, resulta evidente que un uso inmoderado de las facultades de anticipación probatoria repercutirá negativamente en la plena vigencia del principio acusatorio por muchas salvaguardas que se dispongan (19). Pero este comportamiento puede y debe ser rectificado del mismo modo que cualquier otra corruptela procesal, toda vez que la LECrim. es clara en la reglamentación de los supuestos excepcionales en que es viable esa quiebra del principio de normalidad probatoria [arts y 781 en relación con el 730 LECrim. y 37.d) LOTJ]. 16. Así interpreta, y nosotros suscribimos, esta línea argumental MARTÍN PASTOR, J.: El Ministerio Fiscal como director de la investigación oficial en el proceso penal, op. cit., pp. 363 y De las diligencias previas en tramitación en el año 2004 en España tan sólo terminaron en juicio oral, siendo la relación aplicable al 2005 de aperturas de juicio oral sobre diligencias previas en tramitación. Fuente Memoria de la Fiscalía General del Estado (Años Judiciales 2005 y 2006), Madrid, 2005 y 2006, respectivamente. 18. En esta línea, BLASCO SOTO, M.C., «El sistema acusatorio formal y el principio inquisitivo», en Documentos Penales y Criminológicos, V. I (2001), p. 469; y DÍAZ-PICAZO, L.M.: «Siete tesis sobre la idea del Fiscal investigador», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp y 32-33, quien a priori niega esa supuesta ruptura del principio de igualdad entre las partes en un contexto de instrucción judicial, habida cuenta la vigencia de las garantías constitucionales. 19. Aunque también es evidente que no existe un único modelo de proceso acusatorio, siendo natural la combinación de rasgos inquisitivos y acusatorios, incluso en los ordenamientos procesales de raíz anglosajona donde la vigencia del proceso acusatorio se ha mantenido casi inalterada a lo largo de la historia. Acerca de los sistemas procesales véase, entre otros, VERGÉ I GRAU, J.: La defensa del imputado y el principio acusatorio, Barcelona, 1994, pp. 15 a

13 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal La pérdida de imparcialidad del Juez de instrucción Según se manifiesta, la atribución de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal permitiría soslayar los riesgos de pérdida de imparcialidad en el instructor, resultante de que se concentre en el mismo órgano la investigación del delito y la decisión sobre medidas limitativas de los derechos fundamentales. Mas, salvo en una tortuosa interpretación de los fines de la instrucción, reconducida meramente a preparar la acusación, no alcanzo a entender cómo podría cristalizar este supuesto peligro. Antes al contrario, creo que es, precisamente, ese conocimiento de los hechos lo que cualifica al instructor para tomar una decisión más informada desde su posición de independencia. No podemos obviar que el instructor, cuando se trata de acordar las medidas limitativas más graves, como la prisión o la libertad provisional, no actuará ex officio, sino a instancia de las partes (art. 504 y ss. LECrim.). Pero es más, el mismo razonamiento podría emplearse para cuestionar la imparcialidad de un órgano que en la hipótesis reformadora concentraría dos tareas a priori menos compatibles: la de investigar unos hechos y la de acusar con base en esos mismos hechos investigados, o, en su caso, acordar el sobreseimiento de la causa (20). No obstante, la cuestión es susceptible de otra lectura si retomamos el propio concepto de imparcialidad, que bien puede definirse con MONTERO AROCA como la «exigencia de desinterés subjetivo en la persona determinada que ha de conocer de un caso concreto para adoptar en él la necesaria decisión» (21). Desde esta perspectiva, la imparcialidad sería predicable tanto de los Jueces como de los Fiscales o incluso de cualquier otro funcionario público, y difícil- 20. El «Fiscal prevenido», consecuencia de los prejuicios que generaría la instrucción de la causa, a decir de DE LA OLIVA SANTOS, A.: Jueces imparciales, Fiscales investigadores y nueva reforma para la vieja crisis de la Justicia penal, Barcelona, Considera DÍAZ-PICAZO GIMÉNEZ, L.M.: «Respuestas a la encuesta. Primera pregunta: Debe encomendarse al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal? Por qué razones?», en AA.VV., La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, p. 93, que «un Fiscal que no sólo acusa sino que antes también ha investigado se halla en una posición psicológica e, incluso, institucional mucho más «involucrada» en el asunto que un Fiscal que se limita a sostener la acusación pública. Este último está más distanciado del resultado del caso, lo que resulta más en consecuencia con las ideas de imparcialidad y legalidad». Para GÓMEZ COLOMER, J.L.: El Tribunal Penal Internacional: Investigación y acusación, op. cit., pp. 122 y 123, se incurriría en una «contradicción insalvable». 21. MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal», op. cit., p

14 NÚMERO MONOGRÁFICO mente se vería comprometida salvo que entendiéramos que la previa intervención en el procedimiento condicionaría per se la aparición de un interés subjetivo, y por lo tanto inadmisible, en la causa, en cuyo caso tan necesaria sería la diversificación de funciones entre el Juez instructor y el Juez de garantías como entre el Fiscal-instructor y el Fiscal-acusador. Si lo primero es eventualmente posible, lo segundo resultaría ilusorio ya que los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica impedirían que ese reparto de tareas cumpliera el fin pretendido. Este supuesto no debe confundirse con la existencia o inexistencia de un interés objetivo en la propia causa, siendo que este último se encuentra siempre presente en la actuación del Fiscal como promotor del interés público (art. 124 CE) y habida cuenta su vinculación con el Ejecutivo (22), mientras que la Jurisdicción siempre estará desinteresada en los asuntos que decide (23). La administración de la Justicia ni debe ni puede someterse a un interés parcial, aunque fuera público o general, sino tan sólo a la Ley, siendo su mayor garantía la actuación jurisdiccional La lentitud de la instrucción judicial Una Justicia tardía no es Justicia. La preocupación por la celeridad y por la eliminación de trámites superfluos o redundantes y su identificación como factores determinantes para la consecución de una Justicia eficaz es un sentimiento que late de antiguo en buen número de las reformas parciales del enjuiciamiento penal y no sólo en España (24). Pues bien, en este punto los reformadores argumentan que la asunción por el Fiscal de las competencias instructoras permitirá agilizar y simplificar un trá- 22. Vid. supra. En este sentido, MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal», op. cit., p. 55, destaca que «no existe una pretendida parte imparcial (contradictio in terminis)». 23. Ibidem. 24. Aunque por nuestra parte suscribimos la opinión de PEDRAZ PENALVA, E.: «Medidas procesales para la agilización de la justicia española», en AA.VV., VII Jornadas de la Fe Pública Judicial, Santiago de Compostela, 1995, p. 120, en el sentido de que «el imperativo de la eficacia no se agota en la celeridad», y de ahí que rechazamos a priori el intento de sacralizar esos objetivos en detrimento de otros intereses de dimensión constitucional, cuando menos de similar, casi siempre de superior relevancia, como puede ser el propio debido proceso. La mendacidad del argumento economicista es puesta de relieve también por MONTERO AROCA, J.: «Investigación», op. cit., p

15 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal mite que en manos de los órganos jurisdiccionales discurre torpemente, prolongándose de manera generalizada e injustificada más allá del plazo razonable, entendiendo por tal no tanto el de un mes legalmente previsto (art. 324 LECrim.), como aquel otro prorrogado que resulta de la valoración de todos los elementos en juego, incluso factores para-jurisdiccionales, como puede ser la propia acumulación de asuntos en el Juzgado. Esa dilación instructora, sostienen estos autores, sería directamente imputable a los propios Jueces y, en particular, a su ánimo de exhaustividad, escasa preparación investigadora en comparación con la Policía o a la propia independencia judicial que impide, en igual medida, apremios o correcciones disciplinarias por dilaciones indebidas. Aquella figurada sencillez de la instrucción fiscal se conectaría con el principio de unidad de actuación y la natural colaboración entre las Fiscalías de las distintas Audiencias. Con algunos matices, el posicionamiento de los reformistas es una muestra más de la apologética alocución de las virtudes Fiscales que denunciábamos al inicio de este apartado sin base empírica alguna, inclusive obviando la realidad. En primer lugar, porque se carece de datos que avalen el resultado presupuesto, esto es, la aceleración procedimental que comportaría la reforma. En segundo, porque se descalifica directamente al Juez atribuyéndole carencias que, con la salvedad de la escasa, o nula, preparación investigadora, perfectamente predicable de los Fiscales, son meras conjeturas (25). Y, finalmente, por cuanto se obvian otros factores que, estos sí, necesariamente condicionan el retraso de las instrucciones judiciales, entre los que se cuentan la carencia de medios y la sobrecarga de trabajo o determinados «desajustes procesales» auspiciados por el modelo de nuestra propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el orden de ideas expuesto, la supuesta presteza de una instrucción fiscal soslaya situaciones actuales perfectamente verosímiles que indefectiblemen- 25. Aunque sería deseable que tanto instructores como Fiscales tuvieran algún tipo de preparación específica en técnicas de investigación, lo cierto es que su tarea principal tiene más que ver con dirigir la investigación que propiamente con investigar, función que es desempeñada realmente por la Policía ya fuera motu proprio, ya en cumplimiento de las órdenes de los jueces o, en su caso, de los Fiscales. De ahí que MONTERO ARO- CA, J.: «Investigación», op. cit., pp. 56 a 61, diferencie nítidamente entre la realización material de los actos de investigación, esto es, investigar, e instruir, que comporta la dirección de la anterior actividad y en su conjunto el resto de diligencias ordenadas a preparar el juicio oral. 199

16 NÚMERO MONOGRÁFICO te tendrán un efecto retardador. A modo de apunte tan sólo sugerimos que se valore las consecuencias dilatorias que tendrá el ejercicio de sus derechos por parte de los sujetos particulares a los que la Constitución y las Leyes confieren la facultad de intervenir en los procesos, que deberán ser atendidos por el Fiscal-instructor, y cuyas decisiones al respecto en ningún caso quedarán exentas de control judicial. Actuación jurisdiccional que en la propuesta reformista no se detiene ahí, como es lógico, sino que alcanza a todas aquellas diligencias que comporten una limitación de los derechos fundamentales de los sujetos, incluida la eventual adopción de medidas cautelares o de aseguramiento anticipado de la prueba, así como la propia decisión de apertura del juicio oral, que no depende sólo de la iniciativa del Fiscal. El fragmentado conocimiento de la instrucción por parte del denominado Juez de garantías y su distanciamiento de la causa se convertirá en un factor más de demora (26). Por otro lado, si analizamos de cerca las mencionadas premisas de la actividad instructora jurisdiccional encontramos que lo que se nos presenta como deméritos fácilmente se torna en excelencias. De manera que ese supuesto perfeccionismo judicial (27) que lleva al instructor a prolongar la investigación penal hasta la extenuación puede tener otras explicaciones distintas a la fatua ostentación de sus aptitudes, como sería el cumplir debidamente con los fines de esta fase que, recordemos, no son tan sólo comprobar el hecho e identificar a los sujetos que participaron en su comisión a efectos de fundar la acusación, sino también recabar aquellos elementos exculpatorios de que se pudiera servir la defensa, depurando las causas que no merecen su continuación (28). Es más, resta por demostrar apropiadamente que esa misma intensidad no per- 26. Con base en esta diversificación de funciones MONTERO AROCA, J.: «Investigación e instrucción en el proceso penal (A favor del imperio de la ley y de las garantías de las partes en la preparación y evitación del juicio oral)», en Teoría & Derecho, I, junio/diciembre de 2007, pp. 47 y 48, aclara que la reforma pretende la atribución de la investigación de los hechos punibles al Fiscal y no de la instrucción propiamente dicha. Una vez concretado ese reparto de roles, optaremos por utilizar indistintamente las expresiones «Fiscal-investigador» y «Fiscal-instructor» toda vez que de esta es la línea seguida por la mayor parte de la doctrina especializada. Sobre este mismo aspecto véase también TORRES-DULCE LIFANTE, E.: «La reforma de la instrucción en el proceso penal y el Fiscal investigador», en La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, pp. 82 y Algunos autores hacen hincapié no tanto en un supuesto comportamiento virtuoso, aunque equivocado, como en una cierta actitud desidiosa. 28. Precisamente la satisfacción de todos esos fines inhabilitan al Fiscal para dirigir la investigación de los delitos, como sostiene TORRES-DULCE LIFANTE: «La reforma de la instrucción en el proceso penal y el Fiscal investigador», op. cit., p

17 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal sistiría con el Fiscal instructor (29). Mientras que considerar la independencia judicial fuente de dilaciones presupone eludir su reverso y nota caracterizadora de la jurisdicción, la responsabilidad de Jueces y Magistrados. Concedemos que los sistemas de control son mejorables, pero de ahí a afirmar que esa independencia puede instrumentalizarse para encubrir una supuesta indolencia judicial dista mucho. Sin perjuicio de la necesidad de incrementar los medios humanos y los recursos económicos destinados a la Justicia, sobre todo la penal, dada la inflacionaria actuación legislativa en la penalización de conductas (30), hemos de valorar la incidencia de factores estructurales, derivados de las peculiaridades del modelo procesal vigente en España, en la probada dilatación que sufre habitualmente la instrucción de las causas. El potencial retardador de instituciones procesales tales como la intervención de una pluralidad de partes en el proceso con intereses muy diversos, ya antes aludida, quienes lejos de permanecer inactivos confiados del criterio del instructor son una fuente continua de peticiones atinentes tanto a la práctica de diligencias como también a la adopción o revocación de cautelas; un sistema de recursos profundamente garantista, del que se hace un uso abusivo; o la eventual acumulación de acciones civiles y penales en la misma causa, son algunos de los ejemplos que queremos destacar (31). Especial atención merece el argumento relativo a la contribución del principio de unidad de actuación al objetivo de simplificar la colaboración investigado- 29. Como sostiene ANDRÉS IBÁÑEZ: «El Ministerio Fiscal entre el viejo y nuevo proceso», op. cit., p. 112, «se da por supuesto lo que habría que acreditar, a saber: que el Fiscal tendrá menor interés en la condena del imputado que el Juez instructor; que será ajeno a cualquier condicionamiento psicológico derivado del afán de que sus peticiones de apertura de juicio y de condena encuentren eco en el Juez». 30. Algunos datos de la Provincia de Valladolid: en el año 2003 se incoaron diligencias previas, mientras que en el 2004 fueron , y en el ; además de juicios de faltas en el 2003, en el 2004 y en el 2005; para una planta de 5 Juzgados de Instrucción en Valladolid, uno más desde el 2005, más otros tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Medina del Campo (2) y Medina de Rioseco. Fuente Memoria de la Fiscalía General del Estado (Años Judiciales 2005 y 2006), Madrid, 2005 y 2006, respectivamente. 31. En esta línea BACIGALUPO, E.: «La posición del Fiscal en la investigación penal», en AA.VV., La posición del Fiscal en la investigación penal: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Pamplona, 2005, sostiene que «la cuestión (de la celeridad) no consiste en quién conduce la investigación previa al juicio, si el Ministerio Público o un Juez de Instrucción, sino en cómo se estructura normativamente esta investigación» (p. 22). 201

18 NÚMERO MONOGRÁFICO ra entre distintas Fiscalías, pues aceptando este argumento como uno de los más plausibles los procedimientos tradicionales de auxilio judicial suelen adolecer de una lentitud exasperante cabe que nos cuestionemos si no estaría perdiendo actualidad en la misma medida que se generaliza el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, y, en particular, sistemas informáticos tales como INTER-IUS, que entre sus aplicaciones comprende una precisamente orientada a facilitar el auxilio entre Juzgados y Tribunales (32). No se valora en relación con este aspecto la predisposición a colaborar por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales requeridos, como tampoco se hace tratándose de distintas Fiscalías. Sin perjuicio de lo anterior, es obligado reconocer que la previsible mayor agilidad de la instrucción fiscal tendría mucho que ver con una devaluación de las garantías procesales para todos los sujetos intervinientes que comporta la actuación jurisdiccional La imposibilidad de desarrollar una política criminal coherente Este argumento toma forma desde una posición favorable a la consolidación, o cuando menos el reconocimiento legal, de la vinculación del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo. De este modo y partiendo de que el Gobierno asume constitucionalmente la responsabilidad de dirigir la política interior (art. 97 CE), en cuyo marco se ubica la política criminal, la preeminencia judicial durante la fase de investigación, dada su encomiable independencia, es valorada como un grave inconveniente que condiciona precisamente esa política en todo lo que comporta de selección y prelación de objetivos. Cierto es que esas facultades directivas no se agotan en la asignación de recursos y en la ordenación de los medios sino que conllevan algo tan trascendente como la propia iniciativa le- 32. Acerca de las NTI s en la Administración de Justicia véase mi trabajo publicado en esta misma revista «La Administración de Justicia ante las innovaciones tecnológicas. Del entusiasmo a la desconfianza pasando por el olvido legal», en Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 7, 2005, pp ; así como el editado por Thomson/Civitas, Pamplona, 2006, «Las nuevas tecnologías en las actuaciones judiciales», AA.VV. (Coor. Fernando Galindo Ayuda), Gobierno, Derecho y Tecnología: Las actividades de los poderes públicos, pp

19 Sobre la conveniencia de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal gislativa del Ejecutivo, pero también que la transferencia de las facultades instructoras al Ministerio Fiscal desplazará el centro de decisión hacía una institución más afín a los postulados de este Poder del Estado, facilitando la aplicación uniforme de una concreta línea política. Late en esta tesis una comprensible preocupación por dar respuesta a un creciente índice de delincuencia con unos recursos necesariamente limitados, particularmente para solventar la denominada criminalidad de bagatela, donde se concentra buena parte de la actividad delictiva. Pues bien, se considera que la instrucción fiscal puede ser un instrumento especialmente adecuado para afrontar este problema, más aún si esa reforma se acompaña de una suerte de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, por supuesto más allá de la actualmente en vigor. Esta tesis engarza con el principio economicista que ha animado algunas de últimas reformas por las que se pretende una simplificación, y a la postre abaratamiento, de los procedimientos penales, cuando no su mero abandono en favor de otras vías alternativas de carácter transaccional, como es la conformidad. La funcional interrelación entre la asunción por el Ministerio Fiscal de la instrucción de las causas y la potenciación de la justicia negociada en orden a la satisfacción de ese objetivo será objeto de análisis más adelante. Obviando la cuestión relativa a la vinculación gubernamental del Ministerio Fiscal, es factible analizar este aspecto desde otra perspectiva, trasladando el foco de atención hacia el Legislador y una política expansiva en la tipificación penal de conductas como única alternativa de tratamiento de problemas sociales cuya solución acaso se encontraría en otra sede (33). Corolario de esa actitud es la creciente dificultad para perseguir eficazmente la totalidad de los hechos delictivos que se cometen con pleno respeto hacia el debido proceso y la consecuente necesidad de priorizar la represión de algunos en menoscabo de otros. Desde luego no es en el trance de aplicar la Ley cuando se deben reconducir esas desviaciones. 33. ANDRÉS IBÁÑEZ: «El Fiscal en la actual regresión inquisitiva del proceso penal», op. cit., p. 15, habla con razón de la «impropia y masiva utilización del derecho punitivo como instrumento de gestión de (las consecuencias de) graves problemas sociales no afrontados en sus sedes específicas; que hace de él la única y no la última ratio en tales contextos». 203

20 NÚMERO MONOGRÁFICO 3. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Y FUNCIONALES DE LA REFORMA 3.1. LOS PRESUPUESTOS ORGÁNICOS Desde su aparición como Procurador Real hasta su diseño actual y de una forma más o menos explícita, el Ministerio Fiscal siempre se ha configurado a modo de agente del Ejecutivo ante la Administración de Justicia (34). Sin embargo, para una parte significativa de la doctrina jurídica la Constitución de 1978 habría supuesto un cambio en ese hasta entonces inmutable principio, hasta el punto de que los miembros de esta institución habrían adquirido una naturaleza para-judicial, desvinculándose del Ejecutivo (35). Desde luego, esta opinión ni era ni es compartida por otro sector doctrinal (36). Sobre este deba- 34. El «representante del Gobierno» en sus relaciones con el Poder Judicial (art. 763 de la Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870, reproducido en el art. 1 del Estatuto de 1926 y del Reglamento Orgánico de 1958), el «órgano de comunicación» entre el Gobierno y los Tribunales (art. 35.I de la Ley Orgánica del Estado de 1967 y el art. 1 del Reglamento Orgánico de 1969). Acerca de la historia de esta institución no debe olvidarse el clásico trabajo de FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: El Ministerio Fiscal en España, así como, más recientemente, FLORES PRADA: El Ministerio Fiscal en España, op. cit., pp. 29 a Sustentaron y sustentan esta línea interpretativa entre otros: CALVO RUBIO, J.A.: «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en AA.VV., Primeras Jornadas de Derecho Judicial: El Poder Judicial, Madrid, 1983, pp. 627 a 651; también en «El Ministerio Fiscal, su dimensión constitucional y sus relaciones con los distintos poderes del Estado», AA.VV., El Poder Judicial en Europa (Conferencia de los Presidentes y Fiscales de los Tribunales Supremos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas), v. I, Madrid, 1989, pp. 523 a 548; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1981, pp. 583 a 595; también en «El modelo post-constitucional del Ministerio Fiscal en España», en Poder Judicial, núm. 27, pp. 9 a 20; en «Naturaleza y principios rectores del Ministerio Fiscal en la Constitución y en el nuevo Estatuto Orgánico», en AA.VV., Poder Judicial, v. I, Madrid, 1983, pp. 845 a 890; y en El Ministerio Fiscal, Pamplona, 1999, pp. 45 a 57; GIL-ALBERT VELARDE, J.M., «El Ministerio Fiscal en la Constitución», en AA.VV., Poder Judicial, v. I, Madrid, 1983, pp. 109 a 124; JIMÉNEZ VILLAREJO, J.: «El Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial», en Poder Judicial, núm. 3 (junio 1982), pp. 81 a 83; LOR- CA NAVARRETE, A.M.: Organización judicial española en el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica del Poder Judicial, San Sebastián, 2005, pp. 497 a 499; MUÑOZ CALVO, J.L.: «La independencia del Ministerio Fiscal en España. Su problemática. El llamado Consejo Fiscal», en AA.VV., El Poder Judicial, v. III, Madrid, 1983, pp a Donde se ubican autores como, entre otros: ANDRÉS IBÁÑEZ, P.: «El Ministerio Fiscal entre el viejo y nuevo proceso», op. cit., pp. 81 a 83; COBO DEL ROSAL, M. y BOIX REIG, J.: «El Ministerio Fiscal», en AA.VV., Comentarios a las Leyes Políticas (Dir. por Óscar ALZAGA), t. IX, Madrid, 1987, pp. 571 a 593; FAIRÉN GUILLÉN, V.: «El Ministerio Fiscal en la reforma procesal de 1988 (y II)», en Tapia, marzo/abril de 1989, pp. 63 a 72; GARCÍA GARCÍA, M.A.: «La dependencia del Ministerio Fiscal y la investigación oficial», en Jueces para la democracia, núm. 8 (diciembre de 1989), pp. 17 y 18; GONZÁLEZ-CUÉLLAR GARCÍA, A.: «El Ministerio 204

PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL (6 créditos) INTRODUCCIÓN

PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL (6 créditos) INTRODUCCIÓN PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL PENAL (6 créditos) INTRODUCCIÓN LECCIÓN 1.El proceso penal. 1. Derecho penal y Derecho procesal penal.- 2. El enjuiciamiento de los hechos punibles: sistema acusatorio, sistema

Más detalles

Tema II. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES.

Tema II. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. Tema II. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. I. PRINCIPIOS PROCESALES EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL. En el estudio del Derecho procesal resulta determinante el análisis

Más detalles

http://www.westlaw.es/westlaw/verficheroimpresion.do;jsessionid=a06b6443817f4a3b8ad99f8b958...

http://www.westlaw.es/westlaw/verficheroimpresion.do;jsessionid=a06b6443817f4a3b8ad99f8b958... Página 1 de 5 RCL 2003\1048 Legislación (Disposición Vigente a 9/2/2006) Instrucción 3/2003, de 9 abril CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL BOE 15 abril 2003, núm. 90, [pág. 14756]; ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Más detalles

LECCIÓN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES.

LECCIÓN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES. LECCIÓN 11. LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y SUS FASES. INTRODUCCIÓN. El proceso penal tipo responde a una estructura compleja en la que pueden identificarse hasta tres fases, de las que, como consecuencia

Más detalles

5.3 Actividad inspectora 5.3.1 Visitas de la inspección de la Fiscalía General del Estado Uno de los instrumentos principales aunque no único para el

5.3 Actividad inspectora 5.3.1 Visitas de la inspección de la Fiscalía General del Estado Uno de los instrumentos principales aunque no único para el 5.3 Actividad inspectora 5.3.1 Visitas de la inspección de la Fiscalía General del Estado Uno de los instrumentos principales aunque no único para el ejercicio de la actividad inspectora, lo constituyen

Más detalles

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 9 MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 3173/2013. AL JUZGADO.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 9 MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 3173/2013. AL JUZGADO. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 9 MADRID. DILIGENCIAS PREVIAS 3173/2013. AL JUZGADO. EL MINISTERIO FISCAL, habiendo sido notificado en el día de ayer del auto de 5 de junio del 2013 dictado en las diligencias previas

Más detalles

XII Jornadas de Inspección de Servicios en las Universidades

XII Jornadas de Inspección de Servicios en las Universidades ES PRECISO UN REPLANTEAMIENTO DE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA A LA LUZ DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES? José Manuel Chozas Alonso José Crespo Alía de la http://www.ucm.es/inspeccion-de-servicios

Más detalles

Cuáles son las principales características del nuevo Proceso Penal?

Cuáles son las principales características del nuevo Proceso Penal? Cuáles son las principales características del nuevo Proceso Penal? Material de difusión elaborado por la Dirección Provincial de Formación Cívica y Capacitación de los Operadores Judiciales, del Ministerio

Más detalles

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 TÍTULO III. PROCESO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES. CAPÍTULO 1º. EL SUMARIO O FASE

Más detalles

DERECHO PROCESAL PENAL Programa Curso 2012/2013

DERECHO PROCESAL PENAL Programa Curso 2012/2013 ASIGNATURA: Derecho Procesal Penal CURSO: Tercero DERECHO PROCESAL PENAL Programa Curso 2012/2013 PROFESORADO: Dr. D. Juan Antonio Robles Garzón Dra. Dª Itziar Giménez Sánchez CORREO ELECTRONICO: jar@uma.es

Más detalles

LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO

LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO 1 LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO I.-Presentación: La presente exposición se estructura en base a algunos planteamientos o hipótesis de trabajo aisladas y aparentemente

Más detalles

Ser juez en Marruecos y en España.

Ser juez en Marruecos y en España. Fundación CIDOB - Calle Elisabets, 12-08001 Barcelona, España - Tel. (+34) 93 302 6495 - Fax. (+34) 93 302 6495 - info@cidob.org Ser juez en Marruecos y en España. Sistemas jurídicos en Marruecos y en

Más detalles

PROTOCOllZACION. fecha: ;I ~I.J JII"'" Al.; 10 ~~ Resolución PGN N 136/ O o, Buenos Aires, 4l.j de octubre de 2009.- VISTO:

PROTOCOllZACION. fecha: ;I ~I.J JII' Al.; 10 ~~ Resolución PGN N 136/ O o, Buenos Aires, 4l.j de octubre de 2009.- VISTO: PROTOCOllZACION Al.; 10 ~~ fecha: ;I ~I.J JII"'" Resolución PGN N 136/ O o, VISTO: La solicitud efectuada por la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires en el

Más detalles

LOS PRINCIPIOS EN EL NCPP ARSENIO ORÉ GUARDIA

LOS PRINCIPIOS EN EL NCPP ARSENIO ORÉ GUARDIA LOS PRINCIPIOS EN EL NCPP ARSENIO ORÉ GUARDIA Moyobamba, 2010 Esquema de conferencia I. Introducción II. El sistema del CPP de 2004, como elemento determinante de los principios del nuevo modelo 1. El

Más detalles

Las modificaciones introducidas en el ámbito de la competencia judicial y su repercusión en el derecho interno

Las modificaciones introducidas en el ámbito de la competencia judicial y su repercusión en el derecho interno Comentarios al nuevo Reglamento comunitario de insolvencia Las modificaciones introducidas en el ámbito de la competencia judicial y su repercusión en el derecho interno Faustino Javier Cordón Moreno Catedrático

Más detalles

REGLAMENTO NÚMERO 2/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LA ESCUELA JUDICIAL 1

REGLAMENTO NÚMERO 2/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LA ESCUELA JUDICIAL 1 Página 1 REG.2-95 REGLAMENTO NÚMERO 2/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LA ESCUELA JUDICIAL 1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, reformada en este punto por la Ley Orgánica

Más detalles

Guía Docente ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CURSO: SEMESTRE: GRADO: SEGUNDO PRIMERO CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD CURSO: 2015/2016 FACULTAD:

Guía Docente ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CURSO: SEMESTRE: GRADO: SEGUNDO PRIMERO CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD CURSO: 2015/2016 FACULTAD: I Guía Docente ASIGNATURA: DERECHO PROCESAL CURSO: SEMESTRE: GRADO: CURSO: 2015/2016 FACULTAD: SEGUNDO PRIMERO CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y DE LA SEGURIDAD DERECHO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 1.- ASIGNATURA:

Más detalles

Programa de Derecho Procesal I. 2. Análisis de las condiciones sociológicas, psicológicas, tecnológicas, geográficas, etc. del Proceso.

Programa de Derecho Procesal I. 2. Análisis de las condiciones sociológicas, psicológicas, tecnológicas, geográficas, etc. del Proceso. NOCIONES PRELIMINARES 1. Sociedad. Derecho y Proceso. 2. Análisis de las condiciones sociológicas, psicológicas, tecnológicas, geográficas, etc. del Proceso. TEMA I EL PROCESO 1. Noción y elementos que

Más detalles

Juzgado, Tribunal o Fiscalía. (Ejemplos: Dependencias policiales, embajadas, ayuntamientos, etc.)

Juzgado, Tribunal o Fiscalía. (Ejemplos: Dependencias policiales, embajadas, ayuntamientos, etc.) Conclusiones de la reunión organizada por el CEJ y la Fiscalía General del Estado en relación con el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales y en cooperación judicial internacional Durante

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Los Juicios Rápidos Graduado en Ciencias de la Seguridad Curso 2009-2010 Profª. Dra. Alicia Armengot Vilaplana

GUÍA DOCENTE. Los Juicios Rápidos Graduado en Ciencias de la Seguridad Curso 2009-2010 Profª. Dra. Alicia Armengot Vilaplana GUÍA DOCENTE Los Juicios Rápidos Graduado en Ciencias de la Seguridad Curso 2009-2010 Profª. Dra. Alicia Armengot Vilaplana 1 ESQUEMA GENERAL I. Datos iniciales de identificación. II. Introducción de la

Más detalles

EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACION DEL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN: (A propósito del caso General Electric Co.: Exp. N 8125-2005-HC/TC)

EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACION DEL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN: (A propósito del caso General Electric Co.: Exp. N 8125-2005-HC/TC) EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACION DEL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN: (A propósito del caso General Electric Co.: Exp. N 8125-2005-HC/TC) Jorge M. Meléndez Sáenz 1 Este artículo, tiene por objeto

Más detalles

Guía Docente DERECHO PROCESAL II CURSO: CUARTO SEMESTRE: SEGUNDO GRADO: CURSO: 2015/2016 FACULTAD: DERECHO DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Guía Docente DERECHO PROCESAL II CURSO: CUARTO SEMESTRE: SEGUNDO GRADO: CURSO: 2015/2016 FACULTAD: DERECHO DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Guía Docente DERECHO PROCESAL II CURSO: CUARTO SEMESTRE: SEGUNDO GRADO: CURSO: 2015/2016 FACULTAD: DERECHO DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 1.- ASIGNATURA: Nombre: Derecho

Más detalles

1. PROGRAMA de Derecho Procesal II

1. PROGRAMA de Derecho Procesal II 1. PROGRAMA de Derecho Procesal II DERECHO PROCESAL II CÓDIGO: 2929 GRUPO: 11 Profesor responsable: ELISA ROSSELLÓ MAYANS Correo electrónico: elsrm@yahoo.es Horario de tutorías: lunes de 17:00 a 18:00

Más detalles

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PROPOSICIÓN DE LEY Proposición de ley por la que se regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional

Más detalles

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Con la reforma del Código Penal, las empresas tienen la obligación de implantar medidas de prevención y detección de delitos

Más detalles

Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 50115 (R 446/2015)

Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 50115 (R 446/2015) MINISTERIO ABOGACÍA GENERAL. DEL DIRECCIÓN DEL SERVICIO IURÍDICO DEL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CONSULTIVOS Ref.: A.G. ENTES PÚBLICOS 50115 (R 446/2015) Examinada, al amparo del Convenio de

Más detalles

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES 2015 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. PENAL...3 3. SOCIAL...4 4. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO... 6 5.

Más detalles

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2013

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2013 APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2013 En primer lugar, quiero agradecer a todos los presentes su asistencia a este solemne acto de conmemoración de la apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid, una

Más detalles

Órganos jurisdiccionales penales

Órganos jurisdiccionales penales Órganos jurisdiccionales penales AMBITO NACIONAL AMBITO COM. AUTÓNOMA AMBITO PROVINCIAL AMBITO PARTIDO JUDICIAL AMBITO MUNICIPAL TRIBUNAL SUPREMO AUDIENCIA NACIONAL JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL JUZGADO

Más detalles

DERECHO PROCESAL II (4. º Curso, anual) Derecho procesal penal

DERECHO PROCESAL II (4. º Curso, anual) Derecho procesal penal DERECHO PROCESAL II (4. º Curso, anual) Derecho procesal penal A) Introducción. TEMA 1.- DERECHO PROCESAL PENAL. 1. Concepto. Evolución histórica: Los sistemas procesales penales. 2. Fuentes del Derecho

Más detalles

Ponente Excmo. Sr. MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA

Ponente Excmo. Sr. MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA Se ha producido la prescripción de un supuesto caso de "bebé robado" que fue declarado muerto en el hospital en 1961 Se desestima el recurso interpuesto por la acusación particular contra el auto que acordó

Más detalles

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012 PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012 OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID El artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Más detalles

Gabinete Jur?dico. Informe 0392/2011

Gabinete Jur?dico. Informe 0392/2011 Informe 0392/2011 I La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado

Más detalles

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA JUICIOS DE CONFORMIDAD SUSCRITO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA Madrid, a 1 de abril de dos mil nueve REUNIDOS De una parte,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 81 Martes 5 de abril de 2011 Sec. I. Pág. 34827 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE JUSTICIA 6096 Instrucción 1/2011, de 31 de marzo, de la Secretaría General de la Administración de Justicia,

Más detalles

Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia Pamplona, 20 a 23 de noviembre de 2011

Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia Pamplona, 20 a 23 de noviembre de 2011 Conclusiones de la Reunión de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia Declaración institucional Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía,

Más detalles

VOTO PARTICULAR EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011

VOTO PARTICULAR EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011 VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011, SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FALLADA

Más detalles

Aprobación para que el Ayuntamiento asuma los gastos de Abogado y Procurador originados en su defensa

Aprobación para que el Ayuntamiento asuma los gastos de Abogado y Procurador originados en su defensa ASUNTO: IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Aprobación para que el Ayuntamiento asuma los gastos de Abogado y Procurador originados en su defensa 331/2010 de 12 febrero 010 de 12 febrero Tribunal Superior de Justicia

Más detalles

DECRETO NÚMERO 7-2011 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y

DECRETO NÚMERO 7-2011 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y DECRETO NÚMERO 7-2011 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y resueltas con medidas oportunas, de aplicación inmediata

Más detalles

Cómo funciona el sistema de sanciones a los agentes públicos

Cómo funciona el sistema de sanciones a los agentes públicos Cómo funciona el sistema de sanciones a los agentes públicos Mucha gente piensa que si llega al gobierno un político honesto (y decidido), y echa a los ladrones, se arregla el problema de la corrupción

Más detalles

CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA

CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo, tal y como desarrollaremos, para que se adopte el régimen de guarda y custodia compartida,

Más detalles

Encuesta de ámbito nacional a todos los jueces o magistrados en servicio activo. 2015 Cuestiones relativas al Orden Jurisdiccional Penal

Encuesta de ámbito nacional a todos los jueces o magistrados en servicio activo. 2015 Cuestiones relativas al Orden Jurisdiccional Penal Encuesta de ámbito nacional a todos los jueces o magistrados en servicio activo. 2015 Cuestiones relativas al Orden Jurisdiccional Penal Estudio realizado por Imagina T Europa, S.L. INDICE Introducción...

Más detalles

ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL

ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN

Más detalles

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEY DEL JURADO. 19ª Edición 2012 ACTUALIZACIÓN (XI)

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEY DEL JURADO. 19ª Edición 2012 ACTUALIZACIÓN (XI) LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LEY DEL JURADO 19ª Edición 2012 ACTUALIZACIÓN (XI) La Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los siguientes términos: *. Se

Más detalles

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRDENES JURISDICCIONALES PENAL Y CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRDENES JURISDICCIONALES PENAL Y CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRDENES JURISDICCIONALES PENAL Y CIVIL PARA LA PROTECCIÓN

Más detalles

Entrada de la inspección tributaria en sede de sociedad mercantil: Persona legitimada para conceder la autorización (y II)

Entrada de la inspección tributaria en sede de sociedad mercantil: Persona legitimada para conceder la autorización (y II) Entrada de la inspección tributaria en sede de sociedad mercantil: Persona legitimada para conceder la autorización (y II) Eduardo Barrachina Juan Magistrado por oposición de lo Contencioso-Administrativo.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 218 Viernes 11 de septiembre de 2015 Sec. I. Pág. 80097 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 9768 Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de

Más detalles

DERECHO PROCESAL III (Proceso Penal)

DERECHO PROCESAL III (Proceso Penal) DEPARTAMENTO DE CIENCIA JURÍDICA Y DERECHO PÚBLICO ÁREA DE DERECHO PROCESAL DE TOLEDO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES GUÍA DE LA ASIGNATURA DERECHO PROCESAL III (Proceso Penal) LICENCIATURA EN

Más detalles

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren. Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía JUAN

Más detalles

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONFORMIDADES PENALES. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN. FISCALÍA PROVINCIAL DE CASTELLÓN.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONFORMIDADES PENALES. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN. FISCALÍA PROVINCIAL DE CASTELLÓN. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONFORMIDADES PENALES. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLÓN. FISCALÍA PROVINCIAL DE CASTELLÓN. I.-Ámbito territorial. El ámbito territorial se circunscribe a la provincia

Más detalles

PONENCIA MIGUEL ANGEL PEREZ DIEPA-LETRADO 1082 ICALPA EL ABOGADO Y SU ACTUACIÓN EN DEFENSA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

PONENCIA MIGUEL ANGEL PEREZ DIEPA-LETRADO 1082 ICALPA EL ABOGADO Y SU ACTUACIÓN EN DEFENSA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. PONENCIA MIGUEL ANGEL PEREZ DIEPA-LETRADO 1082 ICALPA EL ABOGADO Y SU ACTUACIÓN EN DEFENSA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 1.- INTRODUCCIÓN Buenas tardes, primero que nada quisiera agradecer al Colegio

Más detalles

El Ministerio Fiscal en el concurso de acreedores

El Ministerio Fiscal en el concurso de acreedores El Ministerio Fiscal en el concurso de acreedores Diego Fierro Rodríguez El Ministerio Fiscal, conforme al art. 124.1 de la Constitución Española de 1978, tiene por misión promover la acción de la justicia

Más detalles

1. Objeto del informe. 2. Fundamentos de derecho

1. Objeto del informe. 2. Fundamentos de derecho Informe sobre los gastos de representación y defensa judicial de los miembros de Equipo de Gobierno y personal de los entes locales en los procedimientos penales. 1. Objeto del informe 1.1. Sucede con

Más detalles

PROYECTO DE LEY EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE:

PROYECTO DE LEY EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE: PROYECTO DE LEY EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE: ARTÍCULO 1 : La Policía Judicial es un órgano del Ministerio Público Fiscal en todo lo relacionado

Más detalles

STC 89/2008, de 21 de julio de 2008

STC 89/2008, de 21 de julio de 2008 STC 89/2008, de 21 de julio de 2008 La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez,

Más detalles

INADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN DE AUTOS POR INCONCURRENCIA DEL APELANTE? ALDO FGUEROA NAVARRO RESUMEN PALABRAS CLAVE

INADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN DE AUTOS POR INCONCURRENCIA DEL APELANTE? ALDO FGUEROA NAVARRO RESUMEN PALABRAS CLAVE INADMISIBILIDAD DE LA APELACIÓN DE AUTOS POR INCONCURRENCIA DEL APELANTE? ALDO FGUEROA NAVARRO SUMARIO: I. Introducción. II. Audiencia y apelación. III. Oralidad y contradicción. IV. Principio dispositivo

Más detalles

MEDIACIÓN UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA EN CHILE.

MEDIACIÓN UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA EN CHILE. MEDIACIÓN UNA NUEVA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA SANITARIA EN CHILE. ADEHEMIR CASTRO JARA RAUL MANRIQUEZ VILLOUTA ABOGADOS Santiago, Marzo de 2005. 1 º.- Si bien es cierto la ley 19.966

Más detalles

Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Los tipos penales están pensados para el delito consumado y para el autor singular. Sin embargo, lo habitual es que en la realización de un hecho delictivo intervengan

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS FACULTAD DE DERECHO Programa de Derecho Procesal

UNIVERSIDAD DE BURGOS FACULTAD DE DERECHO Programa de Derecho Procesal UNIVERSIDAD DE BURGOS FACULTAD DE DERECHO Programa de Derecho Procesal Curso 2014-2015 Prof. Dr. D. Julio Pérez Gil Catedrático acreditado de Derecho Procesal perezgil@ubu.es Programa de Derecho Procesal

Más detalles

I. Planteamiento 486 ARARTEKO. INFORME 2002

I. Planteamiento 486 ARARTEKO. INFORME 2002 486 ARARTEKO. INFORME 2002 4. LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR CORREO EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁ- FICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGU- RIDAD VIAL: REQUISITOS PARA ENTENDERLAS

Más detalles

Proc.: APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN

Proc.: APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 1 Avda Pedro San Martin S/N Santander Teléfono: 942346969 Fax.: 942322491 Modelo: C1910 Proc.: APELACIÓN AUTOS INSTRUCCIÓN Nº: 0000407/2014 NIG: 3907543220120010469 Resolución:

Más detalles

-1- Si bien en pnmera instancia se rechazó formalmente la acción, por entender que su dilucidación requiere mayor debate y prueba (v. fs.

-1- Si bien en pnmera instancia se rechazó formalmente la acción, por entender que su dilucidación requiere mayor debate y prueba (v. fs. FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS el EN - PlN - CONSEJO MAGISTRATURA - JURADO DE ENJUICIAMIENTO RESOLUCIÓN 317/06. RECURSO EXTRAORDINARIO S.c., F. 75, L. XLIV. r:fjlj.o-oufaoúf/v :ffe/zéjfa/

Más detalles

Juzgado de Paz Juzgado de Menores Juzgado Central Instrucción. Tribunal Supremo (Sala 2ª de lo Penal)

Juzgado de Paz Juzgado de Menores Juzgado Central Instrucción. Tribunal Supremo (Sala 2ª de lo Penal) www.terra.es/personal2/pl.coet 1 ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 1. Orgánica judicial 2. Estructura de los procesos penales 3. Funciones delas diferentes fases del proceso. 4. Principios del

Más detalles

Actualización al Tema 11

Actualización al Tema 11 Actualización al Tema 11 El tema 11 pasa a llamarse Noción de Derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación

Más detalles

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 20. El recurso de casación; consideraciones generales.- Resoluciones impugnables.-

Más detalles

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento JUICIO DE FALTAS Nº4 COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1ª Qué es el juicio de faltas?

Más detalles

ANTECEDENTES CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES CONSIDERACIONES CN10-034 DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACION CON LA CONSULTA FORMULADA POR XXXXX RESPECTO A LA ADECUACION A LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS DE LA IMPLANTACION EN UNA ADMINISTRACION PUBLICA VASCA DE UN

Más detalles

FUNCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS. TRATAMIENTO Y CONFIDENCIA- LIDAD DE DATOS DE SALUD

FUNCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS. TRATAMIENTO Y CONFIDENCIA- LIDAD DE DATOS DE SALUD FUNCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS. TRATAMIENTO Y CONFIDENCIA- LIDAD DE DATOS DE SALUD Jesús Rubí Navarrete Adjunto Director Agencia Protección de Datos Jesús Rubí Navarrete LA AGENCIA DE

Más detalles

I.- INTRODUCCIÓN la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

I.- INTRODUCCIÓN la responsabilidad penal de las personas jurídicas. CORPORATE DEFENSE El nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas Propuesta de actuaciones preventivas y resolución de crisis 1 I.- INTRODUCCIÓN En fecha 23 de diciembre de 2010 entró

Más detalles

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE FISCALES ESPECIALISTAS EN SINIESTRALIDAD LABORAL.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE FISCALES ESPECIALISTAS EN SINIESTRALIDAD LABORAL. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE FISCALES ESPECIALISTAS EN SINIESTRALIDAD LABORAL. ÁVILA, 26 Y 27 DE JUNIO DE 2005 Los días 26 y 27 de junio de 2006, se celebró en Ávila, organizada por el Centro de Estudios

Más detalles

Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos

Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos 1 Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos En primer término entiendo necesario felicitar a las autoridades y funcionarios de la Dirección General Impositiva por estas jornadas, que sé

Más detalles

La entrevista del detenido con su letrado en dependencias policiales

La entrevista del detenido con su letrado en dependencias policiales 1 La entrevista del detenido con su letrado en dependencias policiales Javier de Pedro Peinado La asistencia de abogado al detenido se encuentra reconocida con carácter genérico en el artículo 17.3 de

Más detalles

I. Control efectivo de la sociedad.

I. Control efectivo de la sociedad. ENCUADRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL EN LA SEGURIDAD SOCIAL: PROBLEMÁTICA EN LA DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA. La composición de los órganos

Más detalles

Índice. Abreviaturas... 25 Introducción... 27. PArte PrImerA

Índice. Abreviaturas... 25 Introducción... 27. PArte PrImerA Índice Índice Abreviaturas... 25 Introducción... 27 PArte PrImerA LA tasación de CoStAS CAPítulo I. Las costas procesales... 33 Comentario... 35 1. Notas generales... 35 2. Obligación de pago... 37 3.

Más detalles

LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO Juan Carlos Sánchez Rubio Abogado SUMARIO: I Introducción; II Regulación

Más detalles

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO LEY 4/2011, DE 24 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA («BOE

Más detalles

CURSO SUPERIOR ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL RECONOCIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

CURSO SUPERIOR ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL RECONOCIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID RECONOCIDO POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID C/ Santa Cruz de Marcenado nº 31 1º 19. 28015. Telf. 91 549 03 09. Fax: 91 549 04 72. E-mail: info@ceij.org. www.ceij.org El Centro de Estudios e

Más detalles

EN EL ORDEN PENAL. Los actos procesales deben ser realizados, con carácter general en castellano, al ser este el idioma oficial del Estado.

EN EL ORDEN PENAL. Los actos procesales deben ser realizados, con carácter general en castellano, al ser este el idioma oficial del Estado. EN EL ORDEN PENAL Las actuaciones judiciales Los actos del proceso penal, como todas las actuaciones judiciales, están sometidas a una serie de formalidades legales, como por ejemplo, deben practicarse,

Más detalles

LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE.

LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE. LA REPARACION DEL DAÑO. JURISPRUDENCIA CUESTIONABLE. El artículo 21 de la Constitución General de la República, establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

Más detalles

CONFORMIDAD DEL ACUSADO Y CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL

CONFORMIDAD DEL ACUSADO Y CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL CONFORMIDAD DEL ACUSADO Y CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL IDA MAURELIA VALVERDE ESPINOZA ABOGADA POST GRADO MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES UIGV LA CONFORMIDAD El artículo 5 de la Ley número 28122 incorporó

Más detalles

La Instrucción se ha enviado, a este Consejo General, por parte de la propia Secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional.

La Instrucción se ha enviado, a este Consejo General, por parte de la propia Secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional. Nº Registro: RS-10310 Of. Registro: Recoletos 14/09/2015 13:52:36 Página: 1 de 11 REGISTRO SALIDA CIRCULAR 81/2015 Madrid, 14 de septiembre de 2015 EXCMO SR. CONSEJERO DEL Querido Consejero: Adjunto remito

Más detalles

El recurso de casación en la jurisdicción civil

El recurso de casación en la jurisdicción civil El recurso de casación en la jurisdicción civil Fernando María Alejandre Economist and Jurist, nº 176/2013 (diciembre-enero) A) INTRODUCCIÓN. La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de Enero (en adelante,

Más detalles

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO CONSEJO FISCAL

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO CONSEJO FISCAL A D D E N D A El Consejo Fiscal aboga por que se aproveche la iniciativa que se materializa en este Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica

Más detalles

INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO.

INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C. A. INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. La Corte Suprema

Más detalles

ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA COLEGIATURA OBLIGATORIA PARA ABOGADOS. Heraclio Fernández Sandoval Académico de Número

ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA COLEGIATURA OBLIGATORIA PARA ABOGADOS. Heraclio Fernández Sandoval Académico de Número ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA COLEGIATURA OBLIGATORIA PARA ABOGADOS Heraclio Fernández Sandoval Académico de Número La Colegiatura Obligatoria para Abogados, esto es, para profesionales litigantes,

Más detalles

PÁGINAS JURÍDICAS Actualidad Jurídico Laboral. Doctrina Judicial Libertad Sindical

PÁGINAS JURÍDICAS Actualidad Jurídico Laboral. Doctrina Judicial Libertad Sindical Actualidad Jurídico Laboral Número 34/2014 Octubre 2014 Doctrina Judicial Libertad Sindical Sentencia del Tribunal Supremo 18 Julio 2014, Rec. 91/2013 Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el ámbito

Más detalles

VISTO: El expediente N 253/2010, caratulado Cardinale Miguel Angel c/dr. Guillermo A. Carvajal (Juez de Instrucción), del que

VISTO: El expediente N 253/2010, caratulado Cardinale Miguel Angel c/dr. Guillermo A. Carvajal (Juez de Instrucción), del que RESOLUCIÓN N 347/10 En Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil diez, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación Dr. Lino E. Palacio,

Más detalles

Juan Fernández Baños. Área de Derecho Procesal DJV Abogados. Septiembre, 2010.

Juan Fernández Baños. Área de Derecho Procesal DJV Abogados. Septiembre, 2010. Novedades introducidas por el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado. Juan Fernández

Más detalles

DEBIDO PROCESO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

DEBIDO PROCESO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DEBIDO PROCESO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Cedric Mac Farlane Leupin Abogado Fiscal Regional (S) Región de Valparaíso Junio 2012 I.- LA NOCION DE DEBIDO PROCESO Un concepto que ha ido ganando terreno

Más detalles

REGLAMENTO DEL ACADEMICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA

REGLAMENTO DEL ACADEMICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA REGLAMENTO DEL ACADEMICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Art. 1º : Un académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile es una persona nombrada por

Más detalles

CONSULTA NÚM 1/1995, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE RECURSOS PROCEDENTES CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE CONDENA CONDICIONAL. I.

CONSULTA NÚM 1/1995, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE RECURSOS PROCEDENTES CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE CONDENA CONDICIONAL. I. CONSULTA NÚM 1/1995, DE 16 DE FEBRERO, SOBRE RECURSOS PROCEDENTES CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE CONDENA CONDICIONAL I. Antecedentes Los hechos que motivan la Consulta pueden resumirse del

Más detalles

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 23-2013 Inconstitucionalidad Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil trece. Analizada la demanda,

Más detalles

RESEÑA JURISPRUDENCIAL: Nueva interpretación jurisprudencial del intrusismo en las especialidades médicas. STS de 1 abril de 2003.

RESEÑA JURISPRUDENCIAL: Nueva interpretación jurisprudencial del intrusismo en las especialidades médicas. STS de 1 abril de 2003. RESEÑA JURISPRUDENCIAL: Nueva interpretación jurisprudencial del intrusismo en las especialidades médicas. STS de 1 abril de 2003. Paz Lloria García Profesora Titular de Derecho penal de la Universitat

Más detalles

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá 1 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá Conferencia pronunciada el día 11 de agosto de 2009, en la Escuela Judicial. 2 I.

Más detalles

Entre más justo, simple y cercano sea el Derecho de una nación, más oportunidades habrá de entenderlo y seguirlo, de prosperar y vivir en paz.

Entre más justo, simple y cercano sea el Derecho de una nación, más oportunidades habrá de entenderlo y seguirlo, de prosperar y vivir en paz. Entre más justo, simple y cercano sea el Derecho de una nación, más oportunidades habrá de entenderlo y seguirlo, de prosperar y vivir en paz. 2010 Fundación Derecho Justo. Todos los derechos reservados.

Más detalles

COLEGIO DE ABOGADOS CONSEJO GENERAL REGLAMENTO DISCIPLINARIO

COLEGIO DE ABOGADOS CONSEJO GENERAL REGLAMENTO DISCIPLINARIO COLEGIO DE ABOGADOS CONSEJO GENERAL REGLAMENTO DISCIPLINARIO 2011 1 Texto aprobado en la Sesión Ordinaria del 4 de abril de 2011 Vigencia a partir del 1 de agosto de 2011 Consejo General del Colegio de

Más detalles

C L A D Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

C L A D Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo C L A D Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CÓDIGO IBEROAMERICANO DE BUEN GOBIERNO PREÁMBULO Los Gobiernos abajo firmantes, conscientes de la necesidad de acercar a representantes

Más detalles

ANTECEDENTES. El texto de dicho Borrador de Decreto es del siguiente tenor literal:

ANTECEDENTES. El texto de dicho Borrador de Decreto es del siguiente tenor literal: ASUNTO: INFORME AL BORRADOR DE DECRETO DE LA CONSELLERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE CREACIÓN DEL SERVICIO COMÚN PROCESAL DE ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL PARA LA COMUNITAT VALENCIANA. ANTECEDENTES

Más detalles

LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL.

LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL. LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL. Con la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo

Más detalles