JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALENCIA

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1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALENCIA N.I.G.: Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2013-F S E N T E N C I A Nº76/14 JUEZ QUE LA DICTA: JUAN CARLOS MOMPO CASTAÑEDA. Lugar: VALENCIA. Fecha: once de marzo de dos mil catorce. Demandante: XXX Abogado: MONER ROMERO, ANA ISABEL. Procurador: MONER GONZALEZ, CRISTINA. Demandado: BANKIA SA Abogado: ESCRIG MAROTO, VICTOR. Procurador: GIL BAYO, ELENA y GIL BAYO, ELENA. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda de juicio ordinario contra la expresada demandada en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimo de aplicación terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de los contratos u órdenes de suscripción de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas celebrado entre las partes, que se declare que las partes deben restituirse recíprocamente las cosas que han sido objeto del contrato y el precio con los intereses, y en consecuencia se condene a la entidad demandada a reintegrar a la actora la cantidad de euros de principal más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción de las ordenes de compra pero del mismo modo deberá el actor reintegrar a la parte demandada la totalidad de los importes abonados rendimientos y todo ello con imposición de costas a la parte demandada. SEGUNDO.- Admitido a trámite la demanda se dio traslado a la parte demandada que contesto oponiéndose a la demanda por lo que a continuación se convocó a las partes a la audiencia previa en el que tras desestimar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario se recibió el pleito a prueba convocando a juicio para el 11 de marzo del 2014 donde que quedaron finalmente conclusos los autos para sentencia. TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se ejercita en la demanda por la referida parte actora como acción principal, la declaración de nulidad o anulabilidad del contrato de participaciones preferentes emitidas por BANCAJA hoy BANKIA suscrito en fecha 19 de septiembre del 2005 por , de obligaciones subordinadas el 27 de octubre del 2003 por y el 24 de octubre del 2005 por asi como el canje posterior en acciones con los efectos legales

2 inherentes a tal declaración. Consta que vendió y recupero el 8 de marzo del por lo que en total reclama la devolución de Se fundamenta la demanda en la existencia de vicio en el consentimiento prestado para el otorgamiento del contrato por causa de error y dolo, con fundamento en los artículos 1261, 1265 y 1266 del Código Civil, pues la demandada no cumplió con la diligencia exigida y por tanto incumplió la exigencia legal de transparencia diligencia y deber de información sobre las características y riesgo del producto pese a su perfil minorista y conservador. La representación de la parte demandada se opuso alegando con carácter previo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y de defecto legal en el modo de proponer la demanda y en cuanto al fondo del asunto opuso en primer lugar la caducidad de la acción y a continuación negando lo manifestado de adverso alegando que la calificación como minorista de la demandante no le convierte en persona no apta para operar en el tráfico jurídico y económico no existiendo incumplimiento por parte de Bancaja de sus obligaciones normativas o comerciales concluyendo en la inexistencia de vicios en el consentimiento al tiempo de la contratación, en definitiva que: 1.- No hay prueba que acredite que el error padecido en la formación del consentimiento resulte excusable y en el presente caso la demandante no puso el más mínimo medio para evitar el error pues como dice no reviso la documentación; 2.- La doctrina de los actos propios pues firmo el contrato de depósito y administración de valores y ha estado percibiendo rendimientos; 3. Que la infracción de normas administrativas no puede conllevar la nulidad del contrato en el orden civil; 4.- Inexistencia de dolo por su parte. SEGUNDO.- La demanda se opuso alegando en primer lugar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario que fue desestimada en la Audiencia previa. Simplemente añadir a lo ya resuelto recientes sentencias de La reciente sentencia nº 20 de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia 23 de enero de 2014 o de SAP, Cáceres sección 1 del 15 de Enero del 2014 ( ROJ: SAP CC 1/2014) que precisamente desestima la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y de defecto en el modo de proponer la demanda. A continuación alegó LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN en base al art CC a la que se opuso la contraparte. Excepción que se desestima pues como dice la reciente sentencia nº 308 de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia treinta de diciembre de dos mil trece que la fecha que hay que partir no es la de adquisición de las subordinadas (en este caso serían participaciones preferentes) sino la de 21 de marzo de 2012, resultando obvio que no ha transcurrido el plazo de cuatro años. La Sala debe rechazar el argumento de la parte apelante y volver a reiterar el razonamiento expuesto en la sentencia de 11/7/2011 (Pnte.Sra Martorell) donde recoge la doctrina jurisprudencial y asi dice: conviene señalar que la Sentencia del 11 de junio de 2003 (Tol ) declara que: "Dispone el art del Código Civil que en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de acuerdo con el art del citado Código. En orden a cuando se produce la consumación del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que "es de tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de compraventa, con más

3 precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones(sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928 ), y la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que "el art del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr "desde la consumación del contrato ". Este momento de la "consumación" no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes ", criterio que se manifiesta igualmente en la sentencia de 5 de mayo de Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el sentido, no que la acción nazca a partir del momento de la consumación del contrato, sino que la misma podrá ejercitarse hasta que no transcurra el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato que establece el art del Código Civil.".>> Y concluye más adelante: Al caso nos encontramos ante un contrato de inversión que no se consuma en el momento de la orden de compra de los valores, tal como pretende la parte apelante al decir consumado con la adquisición del producto que pasa al patrimonio del cliente, pues tal inversión tiene una plazo (hasta el 4/7/2022) a lo largo del cual la entidad demandada tiene que cumplir sus obligaciones informativas sobre su evolución y desarrollo y de gestión (así el abono de cupones de forma anual) y custodia dado el contrato de gestión entre litigantes. TERCERO.- Resumidas las alegaciones de las partes comenzar por exponer cual RÉGIMEN JURIDICO DE LAS PARTICIPACIÓNES PREFERENTES y su FUNCIÓN FINANCIERA, así como de las OBLIGACIONES SUBORDINADAS. Las participaciones preferentes se encuentran reguladas en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias sección 7ª de 29 de julio de 2013, que a su vez recoge la doctrina de la sentencia de fecha 18 de julio de 2013 de la sección 5ª de la misma Audiencia, realiza un interesante estudio del contrato objeto del presente litigio, que podemos resumir en las siguientes notas características de las participaciones preferentes: a) se trata de un instrumento financiero en virtud del cual las entidades de crédito pueden constituir recursos propios, cumpliendo una función financiera de la propia entidad que las emite. De este modo, el dinero que se invierte en participaciones preferentes no constituye un pasivo en el balance de la entidad. b) no otorgan a sus titulares derechos políticos. c) no atribuyen al titular de las mismas un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que es un valor de duración perpetua.d) el pago de la remuneración al inversor está condicionado a la existencia de beneficios por parte de la entidad de crédito emisora.e) la liquidación de las participaciones preferentes sólo puede producirse mediante su venta en el mercado secundario, dado que no cotizan en bolsa.f) en caso de liquidación de la entidad emisora el titular de la inversión se coloca

4 prácticamente al final del orden de prelación de los créditos, por detrás de todos los acreedores de la entidad, y sólo delante de los accionistas ordinarios. Las anteriores notas distintivas de este producto de inversión determinan que la Comisión Nacional del Mercado de Valores los haya definido como instrumentos complejos y de riesgo elevado, pues pueden generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido. Respecto de las obligaciones subordinadas comenzar por señalar que los bonos y obligaciones son títulos que representan una parte de una deuda a favor de su tenedor, y son emitidas por una entidad para la financiación de un proyecto. Cuando dichos títulos son emitidos por empresas privadas se denominan "renta fija privada". Su rentabilidad y riesgo previstos tienen que ver con la calificación crediticia del emisor, así como con el plazo de reembolso y los tipos de interés. En España, cuando estos títulos se emiten a menos de cinco años se denominan bonos y cuando se emiten a plazo superior se denominan obligaciones. El plazo de reembolso es la única diferencia entre un bono y una obligación. La emisión litigiosa se adecua a la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en la redacción dada a la misma por la Ley 13/1992 de 1 de junio de Recursos Propios y Supervisión en Bases Consolidadas de las entidades financieras que contempla en su art. 7 que " los recursos propios de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de entidades de crédito comprenden (...) las financiaciones subordinadas." Las obligaciones subordinadas son productos de renta fija a largo plazo, que pueden clasificarse como un instrumento financiero complejo de riesgo alto. Es un producto híbrido entre la deuda y las acciones. La deuda subordinada es pasivo para el banco y su denominación apela a su carácter subordinado en el orden de cobro en caso de una hipotética quiebra y, aunque tiene un vencimiento determinado, esto es, posee una fecha de emisión y de cierre determinada, si se quiere amortizarlas antes de vencimiento habrá que ponerlas a la venta como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado secundario, por lo que existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital. No obstante, el principal problema radica en que, a diferencia de otros productos bancarios, existe un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad emisora, pudiendo perder no solo los intereses pactados sino también el capital invertido. Las Obligaciones Subordinadas son un producto complejo con riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional, por lo que el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado, y con conocimientos financieros, e invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir perder. CUARTO.- DOCTRINA JURISPRUDENCIAL ACERCA DEL ERROR COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.- El consentimiento válidamente prestado es un requisito esencial de la validez de los contratos y así el artículo 1265 del Código Civil declara la nulidad del consentimiento prestado por error, en los términos que establece el artículo 1266 que dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer - además de sobre la persona, en determinados casos - sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de ella que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo -sentencias de, 4 de enero de 1982, 295/1994, de 29 de marzo, entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato - artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil. La jurisprudencia del

5 TS, en relación a los requisitos que ha de reunir el mismo para ser invalidante, tiene declarado en doctrina reiterada, recogida entre otras muchas en su sentencia de 17 de julio de 2006 con amplia cita de precedentes, que " es preciso, por una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste (Sentencias de 12 de julio de 2002, 24 de enero de 2003 y 12 de noviembre de 2004 ); y, además, y por otra parte, que sea excusable, esto es, no imputable a quien los sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración (Sentencias de 18 de febrero y de 3 de marzo de 1994, que se citan en la de 12 de julio de 2002, ycuya doctrina se contiene, a su vez, en la de 12 de noviembre de 2004 ; también, Sentencias de 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005 ).Las recientes sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2012 y del 29 de Octubre del 2013 ( ROJ: STS 5479/2013)reiteran la doctrina jurisprudencial recogida también en la sentencia AP, Valencia sección 9 del 12 de Junio del 2013 ( ROJ: SAP V 3372/2013) y la más reciente de 30 de diciembre del QUINTO.- NORMATIVA APLICABLE AL REGIMEN DE INFORMACIÓN EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN.- La trasposición de la Directiva 2004/39/CE ( conocida como MIFID ) a nuestro derecho mediante la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que reformó la LMV al efecto, y por el RD 217/2008, de 15 de febrero, ya existían normas que hacían hincapié en la obligación del información -de mayor importancia, cierto es, en la fase precontractual-que debía de mantenerse en todo momento de la vida del contrato.en tal sentido es predicable: 1.-El art de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que con el fin de proteger los legítimos intereses de la clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, sienta como una de las bases que deben presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su clientela que los correspondientes contratos se formalicen por escrito debiendo los mismos reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes contratantes y los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación, lo que está en directa relación con la propia normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación ( Ley 7/1998, de 13 de abril), que rechaza todas aquellas que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, al punto de poder ser decretada su nulidad de pleno derecho si ocasionan un perjuicio a la parte adherente del contrato.2.-en esta línea, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ya con anterioridad a su reforma por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, imponía la exigencia en sus arts. 78 y siguientes, a todas cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores (con mención, de

6 forma expresa, a las entidades de crédito), de una serie de normas de conducta tales como, entre otras, las de comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado y asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados. 3.-Es en desarrollo de dicha ley cuando el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y Registros obligatorios -en la actualidad derogado por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero-vino a disciplinar un código general de conducta de los mercados de valores, en el que, en el apartado relativo a la información a los clientes, cabe resaltar como reglas de comportamiento, que las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos. Y a ello se añadía que la información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo. Con ello se trata de lograr que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata, debiendo cualquier previsión o predicción estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. Y, en definitiva, ello es lo que se predica a través de los arts. 45.3y 72 del RD 217/2008, que imponen la prestación de información de una forma que le permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicios de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, en consecuencia, tomar decisiones fundadas sobre sus inversiones. En cuanto a la CARGA DE LA PRUEBA del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos financieros debe pesar sobre el profesional financiero respecto del cuál la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica de un ordenado empresario y representante leal en defensa de sus clientes ( Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2005 ), lo cual es lógico por cuanto desde la perspectiva de éstos últimos (los clientes) se trataría de probar un hecho negativo como es la ausencia de dicha información (AP Valencia ). La SAP, Valencia sección 9 del 16 de Mayo del 2013 ( ROJ: SAP V 2821/2013) reitera la doctrina jurisprudencial y más recientemente en sentencias de 23 de enero y 24 de febrero del SEXTO.- APLICACIÓN AL CASO DE LA DOCTRINA ANTERIOR. Procede a continuación analizar la prueba practicada que ha consistido en la documental aportada por las partes. La demandante aporto como documentos: cartillas de escolaridad de la actora y su esposo (documentos uno y dos), orden de compra de participaciones preferentes de 19 de septiembre del 2005 (documentos tres y cuatro), orden de compra de obligaciones subordinadas (documento cinco), libretas en las que se reflejan las operaciones de compra (documentos seis y siete) recorte de periódico (documento ocho) historial de productos adquiridos (documento nueve)como documento diez carta de bankia informándole del canje por acciones, como documento once y doce informaciones sobre FIDENZIS, como documentos trece y catorce cartas reclamación de AVACU y contestación de Bankia (documento quince) y como documentos dieciséis y

7 diecisiete informes del Defensor del Pueblo. La demandada por su parte aportó testimonio de la escritura de segregación (documento uno), documento para acreditar productos contratados (documento dos) y certificado de rendimientos brutos obtenidos por la demandante por la cantidad de La demandada incumplió el requerimiento efectuado en la audienci previa La primera conclusión que se extrae de la prueba obrante en autos es que la demandada no ha traído a ningún testigo para corroborar que dio la información respecto a las características y riesgos del producto financiero, prueba que como se ha indicado anteriormente incumbía a la entidad financiera. En la fecha en que se suscribieron las orden de compra no eran preceptivos los test de conveniencia y de idoneidad pero como se ha indicado ello no significa que no se tuviera que informar adecuadamente de las características y riesgos del producto. Por tanto procede analizar la documental aportada y de la misma tampoco se desprende que le diera la información correcta. De la documental aportada no se desprende que el demandante fuera un inversor siendo su perfil de minorista y consumidor y sin conocimientos financieros. Se han aportado la orden de compra de 19 de septiembre del 2005 en el que se identifica a las participaciones preferentes con las letras PPF BEF sin referencia alguna a su carácter perpetuoy lo mismo ocurre con la orden de compra de obligaciones subordinadas de 27/10/2003 que refiere OBS BANCAJA, sin que se hayan aportado ni siquiera las de las otras ordenes de compra con lo que difícilmente puede la demandada acreditar que información les dió. Respecto a las aportadas. En este sentido citar el fundamento derecho quinto número 3) de la reciente sentencia de 23 de enero del 2014 de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia cuando para corroborar la falta absoluta de información y consiguientes vicio del consentimiento dice que: no consta en tales ordenes la nominación de "participaciones preferentes pues el valor se nomina PPF BEF S/b ni su carácter perpetúo. No consta entregada la ficha a que se refiere tales ordenes sobre la descripción completa de las características y riesgos del producto als e una cláusula impresa y de mera complacencia que carece de firma de la actora". En la sentencia nº 308 de 30 de diciembre del 203 de la misma sección se recoge: "Siendo carga de la entidad demandada justificar la pretensión de ese deber de la entidad demandada no hay prueba alguna siquiera de una mínima información. La orden de compra siquiera habla de obligaciones subordinadas y la clase de valor dice OBS BANCAJA; no hay explicación del producto no se mencionan en nada sus características sus riesgos vencimiento, etc.." Estas conclusiones son aplicables al presente caso en el que en las ordenes de compra aportadas no hay referencia alguna en la orden de compra al caracter perpetuo ni consta entregada la ficha a que refiere tales ordenes sobre la descripción de las características y riesgos del producto". En definitiva como recoge una reciente sentencia de la AP, Cáceres sección 1 del 15 de Enero del 2014 ( ROJ: SAP CC 1/2014): dicho perfil inversor, no concuerda en absoluto con las características del producto ofrecido y colocado a los actores, un producto que se califica por la propia entidad como complejo y perpetuo, características que no encajan de ninguna manera con el escaso

8 riesgo que quiere asumirse por el inversor y que consta a la entidad. El informe pericial aportado como documento ocho corroboró lo expuesto. Resultan aplicables al presente caso las conclusiones de la sentencia nº 308 de 30 de diciembre del 2013 de la Secc. 9ª la Audiencia Provincial de Valencia y de la sentencia nº 20 de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia 23 de enero de 2014: La absoluta falta de información y la justificada ignorancia de la demandante, conlleva a que la actora no sabe ni conoce el producto que se le ha colocado, por lo que al desconocer su propia esencia es evidente que se justifica sobradamente que el consentimiento se presta con un error-vicio determinante de la corrección en la aplicación del artículo 1265 y 1266 del Código Civil. Además no concurre el requisito de inexcusabilidad pues tal ignorancia deviene fundamentalmente porque la entidad demandada trasgrede su obligación legal informativa y la demandante, además, carece de los conocimientos mínimos necesarios para entender un producto complejo como el que se le colocó. Invoca en sus fundamentos la doctrina de los actos propios que se desestima por los fundamentos antes expresados a los que cabe añadir los recogidos en SAP, Madrid sección 10 del 27 de Junio del 2012 ( ROJ: SAP M 8935/2012): Esa falta de información vicia de forma irrefutable el contrato marco sin que pueda aducirse con consistencia suasoria la teoría que impide ir contra los actos propios por el hecho de haber guardado mutismo a las liquidaciones de intereses efectuadas desde principios de 2008, si, cual se ha expuesto, difícilmente podría atisbar que dimanasen de un producto financiero no contratado, además de que la prohibición del venire contra factum propium exige que esos actos propios vinculantes causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, lo que no puede predicarse de los supuestos en que hay error, ignorancia, o conocimiento equivocado, no pudiendo invocarse esta doctrina, según profusa jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cuando tales actos propios están viciados por error ( SSTS , y ), que es lo que acontece en el casus datus, como tampoco puede alegarse que se ha podido evitar el error activado con la debida diligencia. Aplicando la doctrina jurisprudencial al presente caso de, la valoración de la prueba practicada por el juzgador pone de manifiesto:1º) que el demandante tenía la condición de consumidor en el momento en que suscribió las participaciones preferentes ; 2º) que carecía de experiencia previa en materia de productos de inversión; 3º) que la entidad bancaria demandada no se limitó a informar a los demandantes sobre las características de la inversión, sino que fue asesorado sobre la conveniencia de la suscripción de las participaciones preferentes en orden a su alta rentabilidad, pues le ofreció este producto ocultando los riesgos que podían derivarse de su adquisición, tales como la pérdida del capital invertido, u otras características esenciales como su carácter perpetu; 4º) que la información y la posterior suscripción de las participaciones preferentes se realizó sin conceder a los demandantes un periodo de tiempo suficiente para que pudieran reflexionar sobre la naturaleza y riesgos del producto de inversión que les era ofrecido por la entidad bancaria. En definitiva la demandada incumplió su obligación de dar una información imparcial, clara y

9 no engañosa, incumplió el deber que le incumbía de identificar la cualificación y conocimientos del inversor, incumplió el deber de abstenerse de recomendar este producto habida cuenta el perfil del solicitante de comprobar realmente sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o y de la obligación de advertir al cliente que el instrumento financiero no es adecuado para él. SEPTIMO.- Resta por resolver los EFECTOS DE LA NULIDAD declarada. La consecuencia de la nulidad es la de restituirse recíprocamente las prestaciones que fueron objeto de contrato. Los efectos de la nulidad que se declara se residencian en el art CC, que impone que deben restituirse recíprocamente las cosas del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses, sin que al caso le afecten los artículos siguientes. En consecuencia, el precepto define la "restitutio in integrum", con retroacción "ex tunc" de la situación, es decir, se intenta que las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al evento invalidador. En este sentido citar reciente sentencia de 17 de septiembre del 2013 de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia que al respecto ha resuelto que: "En relación con los efectos de la nulidad de los contratos suscritos, que se declara, han de concretarse, como solicita el demandante, en la mutua restitución de lo percibido por ambas partes, con sus intereses legales, desde las fechas de las liquidaciones correspondientes", y que "dichas cantidades devengarán, desde las fechas de las correspondientes liquidaciones parciales, el interés legal correspondiente".. Finalmente, debe indicarse que la declaración de nulidad de los contratos de adquisición de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas debe extenderse también al negocio jurídico de canje por acciones, de haberse producido de acuerdo con la doctrina de la propagación de los efectos de la nulidad a los contratos conexos por lo que no se aprecia tampoco la novación extintiva que se alegaba. Nuestra Jurisprudencia, desde la STS de 10 de noviembre de 1964, admite que es posible la propagación de la ineficacia contractual a otros actos que guarden relación con el negocio declarado inválido «no sólo cuando exista un precepto específico que imponga la nulidad del acto posterior, sino también cuando presidiendo a ambos una unidad intencional, sea el anterior la causa eficiente del posterior, que así se ofrece como la consecuencia o culminación del proceso seguido». En consecuencia, siendo declarado nulo el contrato de adquisición de valores por vicio del consentimiento, la declaración de nulidad debe extenderse al negocio jurídico subsiguiente de canje por acciones, por desaparición de su causa ( art CC ). El Tribunal Supremo ha admitido la propagación de los efectos de la nulidad de un contrato de inversión sobre el contrato realizado posteriormente para enjugar las pérdidas iniciales en casos muy similares. Se trata de las SSTS de 17 de junio de 2010 y STS de 22 de diciembre de A la misma conclusión de la propagación de los efectos de la nulidad al negocio jurídico de canje, se llega a partir de lo dispuesto en el art CC, para el supuesto de novación extintiva de los contratos, según el cual «la novación es nula si lo fuera también

10 la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen». La sentencia de 30 de diciembre del 2013 de la Secc. 9ª de la AP Valenciatras analizar la oferta de Bankia señala que nos encontramos ante una oferta personalizada que la entidad bancaria dirige a una clase concreta y muy especifica de clientes conforme al artículo 56 de la Directiva 2006/73 interpretada en la sentencia del T.J. de la Comunidad Europea ded 30 /05/2013 al decirse entenderá que una recomendación es personalizada si se dirige a una persona en su calidad de inversor o posible inversor y si se presenta como conveniente para esa persona o se basa en una consideración de sus circunstancias personales concurriendo al caso todos esos requisitos, pues no es el cliente quiuen motu proprio interesa el cambio de su producto por acciones de Bankia sino que fue la entidad actora la que recomienda a este concreto cliente que convierat sus obligaciones subordinadas en acciones de Bankia por las mejoras que va a lograr y más adelante concluye que si bien el producto tenido se conveirte en otro diferente, la causa de ofertar la compra de acciones reside enla tenencia de las subordinadas, y sila adquisisicón de esas es nula no concurre causa enla adquisición de las acciones tal comoha fundamentado la sentencia recurrida con la cita jurisprudencial del TD de 22/12/2009 y 17/06/201)". En el presente caso la obligación de la parte demandada es a la devolución de la suma reclamada de más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción de las órdenes de compra de esos productos financieros pero del mismo modo deberá el actor reintegrar a la parte demandada los rendimientos abonados con sus intereses desde sus respectivas liquidaciones. Respecto a estos rendimientos la demandada aportó certificado para acreditar que los ingresos brutos habían ascendido a Si bien la demandante no lo acepto, hay que decir que muy bien pudo aportar las cartillas donde le ingresaban dichos ingresos no habiendo aportado prueba alguna para acreditar que estos ingresos no son correctos, por lo que aún siendo cierto que la demandada no ha aportado el desglose que le feu requerido considero que la certificacion aportada es suficiente para estimar como hecho probado que percibió estos rendimientos. OCTAVO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC se imponen las costas a la parte demandada, sin que quepa apreciar dudas de hecho ni de derecho. En este sentido se pronunció la SAP, Castellón sección 3 del 16 de Abril del 2012 ( ROJ:SAP CS 446/2012). aplicación, Vistos los artículos citados, concordantes y los demás de general FALLO Que ESTIMANDO la demanda formulada a instancia PILAR PRIMO IZQUIERDO, que ha estado representado por el Procurador de los

11 Tribunales CRISTINA MONER GONZALEZ contra la entidad BANKIA, S.A que ha estado representado por el Procurador de los Tribunales ELENA GIL BAYO DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes así como del canje por acciones por la existencia de error esencial relevante y excusable en el consentimiento ordenándose la restitución recíproca de prestaciones que fueron objeto del contrato por tanto DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a la devolución de la suma reclamada de más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción de las ordenes de compra pero del mismo modo deberá el actor reintegrar a la parte demandada la totalidad de los importes abonados rendimientos brutos por la cantidad de más intereses legales desde sus respectivas liquidaciones parciales; y todo ello con imposición de costas a la parte demandada. MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación en el plazo de VEINTE días, desde la notificación de esta resolución, ante este tribunal, mediante escrito en el que deberá exponerse las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Así lo acuerda y firma SSª. EL/LA JUEZ/MAGISTRADO,

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALENCIA. S E N T E N C I A nº 95/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALENCIA. S E N T E N C I A nº 95/14 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE VALENCIA N.I.G.:46250-42-2-2014-0001575 Procedimiento: JUICIO VERBAL - 000062/2014-C S E N T E N C I A nº 95/14 JUEZ QUE LA DICTA: JUAN CARLOS MOMPO CASTAÑEDA.

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