La introducción de la Mediación en el Proyecto de Ley de Reforma del Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de Octubre.

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1 La introducción de la Mediación en el Proyecto de Ley de Reforma del Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de Octubre. (El nuevo artículo 14 en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de Vehículos de Motor) JAVIER BEZANILLA SÁNCHEZ Abogado (Colegiado nº Ilustre Colegio de Abogados Madrid) Mediador (Asociado AEPJMA/APMP nº ) Máster en Mediación Penal Posgrado en Análisis de Conflictos y Resolución de Conflictos Julio

2 I. Introducción. Si en el Mes de Abril 1 me refería a la posibilidad de introducir la mediación, en la comparecencia del artículo 13 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, ahora parece que en el Proyecto de Ley que se está tramitando para la modificación de dicha Ley, en concreto el artículo 14, va en esa dirección. Sin embargo, lo que podría ser una buena noticia, queda empañada por el carácter que, en mi opinión, se le da a la mediación en la redacción del nuevo artículo 14, y por la insistencia del legislador en limitar la posibilidad de reclamación de las indemnizaciones debidas, a las víctimas de accidentes de circulación. Si la desaparición de los Juicios de Faltas ya suponía un evidente perjuicio para los perjudicados por accidentes de circulación, para acceder a un procedimiento sencillo a través del cual obtener un resarcimiento de sus lesiones, la limitación que se quiere introducir ahora, a la posibilidad del dictado del Auto de Cuantía Máxima, en los procedimientos penales, pone un palo más en la rueda a las posibilidades de reclamación de estas víctimas. El contenido de algunos de los aspectos de la reforma a la que hago referencia, evidencian la introducción de una modificación apresurada, defectuosa en su contenido por lo farragosa, y con el único fin de dar una alternativa a los extintos juicios de faltas, y evitar un posible colapso de la ya saturada jurisdicción civil. La desaparición de los Juicios de Faltas, sin proponer una solución alternativa, podrían conseguir una reducción de la carga de trabajo de los Juzgados de Instrucción, pero el riesgo de colapso de la jurisdicción civil, unido a la posibilidad de que se dictara el correspondiente Auto de Cuantía Máxima a favor de los perjudicados, no daba solución a lo pretendido por el legislador, que no es otra cosa que sacar a los perjudicados por accidentes de tráfico de los Juzgados y Tribunales. Ahora pretende culminar esas intenciones con la limitación de la posibilidad del dictado del Auto de Cuantía Máxima, reduciendo la posibilidad de su dictado a los casos en que concurra una sentencia absolutoria en el orden jurisdiccional penal excluyendo cualquier otra forma de terminación del proceso penal-, y con la inclusión de un farragoso procedimiento de ofertas y contraofertas entre el Perjudicado y la Aseguradora, como requisito de procedibilidad, para poder interponer una demanda en el orden civil. 1 BEZANILLA SANCHEZ J. El Auto de Cuantía Máxima y la Comparecencia del artículo 13 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor: Una Oportunidad para la Mediación. (Reflexiones tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal) 2

3 De este modo también se evita que los perjudicados acudan al orden jurisdiccional civil. Ya no habrá Auto de Cuantía Máxima salvo en los casos de sentencia absolutoria en el orden penal, que no serán muchos, debido a las limitaciones que impone el Código Penal que acaba de entrar en vigor-. Y frente a todo esto no se aprecia una apuesta definitiva por la mediación, que sí ofrecería una posibilidad a los perjudicados de acudir a una solución alternativa a la jurisdiccional, de forma sencilla. No hay en el artículo 14 una intención de apostar de forma definitiva por la mediación, lo que sería más sencillo que el farragoso procedimiento del artículo 7 que se incluye en el Proyecto de Ley. Es de esperar que en la Ley que se apruebe definitivamente se solucionen estas cuestiones, y se mejore la técnica legislativa, y se brinde una mejor protección a este tipo de víctimas que, en el espacio de unos meses, han quedado absolutamente desprotegidas, y muy limitadas en el acceso a cualquier procedimiento para el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan sufrir. II. Breve aproximación al estado actual de cosas. Con la entrada en vigor, el pasado 1 de Julio del 2.015, de la reforma del Código Penal, todo el libro dedicado a las faltas ha desaparecido de nuestra legislación. Esto determina que los perjudicados por un accidente de circulación, ya no pueden acudir al sencillo trámite del Juicio de Faltas, que garantizaba, las más de las veces, un procedimiento rápido, sin coste para el perjudicado que, en la mayoría de los casos, se veía resarcido en un plazo razonable, con la base de un informe médico forense. Únicamente en los casos de los nuevos delitos leves, para el caso de imprudencias menos graves, que causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 150 del Código Penal, podría haber lugar a la incoación de un procedimiento penal aspecto éste que aún está pendiente de ver como evoluciona, a la vista de las interpretaciones de los distintos Juzgados y Tribunales-. Incluso en estos casos, e incoado un procedimiento penal, por denuncia del perjudicado, aunque terminara con un auto de sobreseimiento, por no ser los hechos constitutivos de infracción penal, el lesionado podía asegurar el informe del Médico Forense, y el dictado del correspondiente Auto de Cuantía Máxima. Esto, como ya apuntaron algunos expertos en la materia, abocaba al posible colapso del orden jurisdiccional civil, ya que si todos los asuntos que se ventilaban por el procedimiento del juicio de faltas, terminaban en dicha vía, bien declarativa, bien vía ejecución de los autos de cuantía máxima, que pudieran dictarse en el orden penal, en 3

4 aquellos asuntos que se incoaran y no terminaran con resolución que declarara responsabilidad. Ahora, el legislador opta, en el Proyecto de Ley al que hacemos referencia, por eliminar, casi totalmente, la posibilidad del dictado del Auto de Cuantía Máxima, limitándolo a los casos de dictado de sentencia absolutoria en la vía penal, lo que, ya de por sí, y a primera vista, evidencia la dificultad de llegar hasta ahí, con el actual Código Penal. Esto supone que las víctimas de accidentes de circulación quedan en una situación de cierto desamparo. Primeramente se le impide acudir a la vía penal, prácticamente, con la reforma del Código Penal, y se le remite a la vía civil, que precisa de una serie de medios, y de profesionales que le encarecerán la reclamación, llegando a que le resulte antieconómica, en función del tipo de lesión de la que hablemos. Ahora, además, se estrecha el cerco sobre estas víctimas, porque van a quedar, de aprobarse el Proyecto de Ley en los términos actuales, sin posibilidad, casi total, de que se vean favorecidos por el dictado del auto de cuantía máxima. Sin duda, este estado de cosas vendrá en perjuicio de las víctimas de accidentes de circulación que, o bien aceptarán cualquier indemnización que se les pueda ofertar, por no entrar en la dinámica complicada que les ofrece el legislador e, incluso, opten, en el caso de lesiones leves, por no reclamar. Esta es la realidad que se vislumbra tras las reformas legislativas de estos meses. Es evidente que el legislador, más preocupado por solventar el atasco de los órganos jurisdiccionales, que en implementar soluciones alternativas, en defensa de los intereses de los perjudicados por accidentes de circulación, únicamente se ha ocupado de sacarlos del sistema. En compensación, se les plantea la utilización de farragoso procedimiento del artículo 7 del Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Un precepto de ocho apartados, y más de veinticinco párrafos descontado enumeraciones de requisitos- consistente en un cruce constante de reclamaciones, ofertas motivadas, contraofertas, traslados de documentación, con posibilidades opcionales para las partes para acudir al Instituto de Medicina Legal y, además, con un trámite a estos efectos, pendiente de desarrollo reglamentario. Un precepto confuso, excesivamente largo, de una deficiente técnica legislativa, con un trámite complejo y, además, imprescindible para poder interponer una demanda en el orden jurisdiccional civil, como requisito de procedibilidad. 4

5 III. El artículo 14 del Proyecto del Ley. El artículo 14 es el que se refiere a la posibilidad de acudir a la mediación. Mediación a la que se puede acudir sólo en el caso de disconformidad con la oferta motivada, o para el caso de controversia. Esto ya supone que al perjudicado le es necesario iniciar el complicado trámite del artículo 7, de modo que, si hay disconformidad con la oferta motivada, o si hay controversia de cualquier tipo, será el perjudicado quién podrá solicitar la celebración de la sesión informativa, cuya celebración está sujeta a la aceptación de la Aseguradora. Este precepto ya evidencia la necesidad de un perjudicado paciente hasta la extenuación, y creyente en las bondades de la mediación para que, después de pasar por el trámite del artículo 7, aún quiera acudir a una sesión informativa de mediación, con la Aseguradora aún a riesgo de no aceptar ésta acudir a la misma, o no llegar la misma a buen puerto-. Decimos esto porque, esta víctima, después de haber agotado las posibilidades del artículo 7 del Proyecto de Ley, no parece que le queden muchas ganas de acudir a una mediación. O bien ya habrá decidido aceptar lo que se le ofrezca, en concepto de indemnización o, en su caso, tendrá cumplido el trámite de procedibilidad exigido, y pasará a interponer la demanda en la vía jurisdiccional civil. Resulta llamativo, en primer lugar, el escaso desarrollo de este artículo 14, en comparación con el artículo 7, al que nos hemos referido antes. Pero, del tenor literal de este precepto, relativo a la mediación, hay que destacar que a) En el punto número 2 del precepto se limita la posibilidad de iniciar el procedimiento de mediación, y así se recoge de forma literal, que será el perjudicado quién podrá solicitar la celebración de la sesión informativa, en el plazo de dos meses, desde la oferta o respuesta motivada. No existe una explicación, ni un motivo, que se alcance a entender, por el cuál no pueda ser la Aseguradora la que solicite el inicio del procedimiento de mediación, pero el tenor literal del precepto no lo permite. Tampoco se dice nada de las características que deberá tener la persona que acudirá a las sesiones de mediación por parte de la Aseguradora, ya que resultaría del máximo interés que, además de exigírsele poder suficiente para poder alcanzar un acuerdo y suscribirlo, que se trate de una persona con capacidad de decidir, en el seno de la mediación, sobre el acuerdo, y poder para tomar decisiones. No parece tener sentido que la persona que acuda por la Aseguradora y éste es un problema generalizado en las Sociedades de gran envergadura- no tenga capacidad de decisión y precise, permanentemente, contactar con su principal para recibir instrucciones. 5

6 Tampoco se hace referencia a la posibilidad del perjudicado de acudir a la mediación con asistencia letrada, lo que debe entenderse como algo lógico, aunque al no existir prohibición alguna al respecto, debe entenderse como posible y, a nuestro entender, necesario en la mayoría de los casos. b) En el punto número 3, se recogen los requisitos que se exigen a los mediadores para que pueden intervenir en estos asuntos debiendo ser especializados en responsabilidad civil en el ámbito de la circulación y en el sistema de valoración previsto en esta Ley, y que cuenten con la formación específica para ejercer la mediación. Sin embargo al Perjudicado, que puede ser una persona física, sin asesoramiento legal porque el coste no se lo permita, o no lo desee- no tiene en el texto legal, ni una sola pista sobre dónde acudir a encontrar a un mediador que reúna los requisitos que exige el Proyecto de Ley. Así las cosas, se antoja más complicado que el perjudicado vaya a acudir a la mediación. c) En este mismo punto 3, en su parte final, se exige al mediador una conducta activa tendente a posibilitar el acuerdo. Este es un aspecto en el que me detendré más adelante, de forma específica. d) El punto 4 regula, de forma somera, la voluntariedad para las partes de acudir a la mediación, así como el plazo de tres meses como el máximo para poder alcanzar un acuerdo, los efectos del acuerdo de mediación respecto de su posibilidad de ser formalizado y tener la condición de título ejecutivo-, la interrupción de la prescripción de las acciones mientras dura el proceso de mediación, y el reparto del coste de la misma. Y hasta aquí llega la regulación de la mediación en este ámbito. Parece escasa, cuando este procedimiento pudiera tener mejores resultados, y efectos más beneficiosos para las partes, y para la consecución de un acuerdo, que el cruce de comunicaciones vía carta certificada, fax o burofax- entre la Aseguradora y el Perjudicado. 6

7 IV. El desarrollo, por parte del mediador, de una conducta activa tendente a posibilitar un acuerdo. La exigencia que plantea el artículo 14 del Proyecto de Ley, evidencia la instauración de una mediación encaminada a posibilitar un acuerdo, de modo que esta afirmación establece que estamos ante una mediación dirigida a la resolución del problema, es decir, de carácter directivo 2. Si bien es cierto que la cuestión en la que debe intervenir el mediador, está dirigida a la resolución de un conflicto, y el fin puede ser que las partes obtengan el mejor acuerdo posible, resulta peligroso pretender que el mediador, que intervenga en estos asuntos, tenga una predisposición a que las partes alcancen un acuerdo, lo que puede generar la intervención de una tercera parte en el conflicto, con intereses en el mismo, cuál es que las partes alcancen un acuerdo. En mi opinión no es aceptable esa exigencia legal que, con carácter previo, impone una predisposición del mediador, y que lo sitúa como una parte con interés en el conflicto, aunque éste sólo sea que las partes alcancen un acuerdo. Por el contrario, y según afirma OTERO PARGA 3 la posición del mediador se sitúa fuera del conflicto, en un plano de igualdad con las partes, pero con la misión de conducir el proceso, documentarlo, analizar opciones y sugerir alternativas, pero, en mi opinión, sin la finalidad predeterminada de que las partes alcancen un acuerdo. Es posible que las partes no puedan, o no quieran alcanzar el acuerdo, incluso que terminen de forma anticipada la mediación, porque no sea posible alcanzarlo, y esa puede ser la voluntad de las partes sobre la que no puede alzarse la exigencia legal a la que nos referimos. Además, es posible que se alcancen acuerdos parciales, en cuanto a la responsabilidad de las partes en los hechos, grados de concurrencia, pero no en los importes a indemnizar, y ese acuerdo no es desdeñable, ni es poca cosa, porque, si las partes llegaran a judicializar el asunto, el punto de partida no sería cero. Tampoco es de extrañar que las partes alcancen acuerdo parciales, sobre las partidas indemnizables -días de baja impeditiva o de curación-, o la/s secuela/s que debe ser objeto de indemnización, pero que no consigan alcanzar un acuerdo en la valoración indemnizatoria. Puede ocurrir que un concepto tan complicado de valorar como el lucro cesante, suscite problemas, que no permitan a las partes alcanzar un acuerdo total, pero sí pueda hacerse de forma parcial. 2 BARUCH BUSH R.A. y FOLGER J.P. La Promesa de Mediación. GRANICA, Barcelona Pág OTERO PARGA M. En La Ética del Mediador, en Mediación y Resolución de Conflictos: Técnicas y Ámbitos, Helena Soleto Muñoz (Coord.) Editorial TECNOS. Madrid Pág

8 Y con cualquiera de esos acuerdos, aunque sean parciales, ya se habrá conseguido mucho, y los términos de cualquier procedimiento judicial que pudiera iniciarse posteriormente, estarían limitados, y facilitarían la resolución definitiva de la controversia. Por otro lado no podemos olvidar que estamos ante un proceso de mediación que, a priori, participa de un evidente desequilibrio entre las partes, entre víctima y Aseguradora, de modo que se corre el riesgo de que una conducta del mediador tendente a alcanzar un acuerdo, ahonde en ese desequilibrio. Por ello, el contenido de la disposición legal que se quiere aprobar podría poner en entredicho la neutralidad del mediador, y generará dudas sobre la propia institución y su auténtica naturaleza. Es cierto que la mediación busca posibilitar y conseguir que las partes implicadas alcancen un acuerdo, y puedan dar solución a su conflicto, pero no a cualquier precio. La exigencia real que cabe exigir al mediador, y a la mediación en general, es que sea un proceso que da respuesta a la petición de ayuda que una persona en conflicto verbaliza ante una tercera parte en la gestión de los mismos, y ante ello lo que cabe exigir es una respuesta profesional con calidad técnica y humana, aún ampliando el prisma de los principios y de los límites de la intervención mediadora 4, pero nada más. Pretender otra cosa, y el texto de la reforma proyectada así lo fija, es intentar sustituir el procedimiento judicial limitando el acceso al mismo- por la mediación, olvidando que, como afirman BUSH y FOLGER, la mediación es un mediocre sustituto del proceso judicial 5. Por ello, entiendo que la previsión legal, recogida en el artículo 14 del Proyecto de Ley, debe ser modificada o matizada, para evitar convertir la mediación, en este tipo de asuntos, en una sustitución que no alternativa- del proceso judicial, en el que las partes, con la colaboración del mediador, vengan obligadas a alcanzar un acuerdo, a cualquier precio, desnaturalizando la mediación. El mediador no puede intervenir con la premisa, o exigencia previa, de hacer todo lo posible para que las partes alcancen un acuerdo, so pena de convertirse en un actor con intereses en el conflicto, en lugar de un tercero imparcial que deba generar opciones, y acompañar a las partes en la resolución del conflicto, sin ataduras previas. 4 ALZATE SAEZ DE HEREDIA R, MERINO ORTIZ C. y MENDEZ VALDIVIA M. En Generando opciones en mediación. En Mediación y Resolución de Conflictos: Técnicas y Ámbitos, Helena Soleto Muñoz (Coord.) Editorial TECNOS. Madrid Pág Obr. Citada. Pág

9 V. Otra oportunidad perdida para la mediación?. De nuevo el legislador, de aprobarse el Proyecto de Ley, en los actuales términos, habrá dejado pasar una oportunidad de introducir, de forma decidida, la mediación, como método de resolución de conflictos. En mi opinión, es el momento de a) Incluir la mediación, como requisito de procedibilidad, en lugar del requisito de cruce de comunicaciones y ofertas, que recoge el ya citado artículo 7 del Proyecto de Ley. Esto no supone ignorar el carácter voluntario de la mediación pero, en lugar de las reclamaciones escritas y sucesivas ofertas, y entregas de documentación, vía postal, o burofax, la posibilidad de incluir como requisito la asistencia de las partes, al menos, a la sesión informativa, servirá para mucho más que el alcance que pueda tener el artículo 7, en los términos recogidos en el Proyecto de Ley. Asistir a la sesión informativa, no exige aceptar la mediación e, incluso, aceptada ésta, no quiere decir que las partes vayan a tener que terminar la misma. Pero es cierto que, puestos a incluir un requisito de procedibilidad, para el inicio del procedimiento civil, la mediación consigue un mayor acercamiento de las partes, e incrementa las posibilidades de alcanzar acuerdos, siquiera parciales, entre ellas. Esto que propugnamos no es extraño a las legislaciones de nuestro entorno. Ya la legislación italiana incluyó, para una serie de controversias, la necesidad de acudir, con carácter previo, a la mediación, como requisito de procedibilidad, para instar una reclamación en vía judicial 6. Recientemente, el Código de Procedimiento Civil francés ha introducido una previsión muy interesante, que obliga al demandante, a aportar con la demanda las diligencias llevadas a cabo para tratar de conseguir una resolución amigable de la controversia, como requisito previo a la vía judicial 7. En España, en el Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, de 19 de Febrero del que no llegó a ver la luz-, ya se preveía la obligatoriedad de acudir a la mediación, en los seis meses 6 Artículo 5 del Decreto Legislativo 28/2010 de 4 de Marzo de la República de Italia. 7 Artículo 56 del Código de Procedimiento de Francia, tras la reforma operada por Decreto de 11 de Marzo. 9

10 inmediatamente anteriores a la interposición de cualquier demanda de Juicio Verbal, salvo en las materiales la expresamente excluidas. Además, es el propio Parlamento Europeo el que empieza a sugerir la posibilidad de introducir la mediación obligatoria, en los países miembros, para algunos asuntos 8, con el fin de asentar su implantación. Por tanto, no hay duda que estamos ante una posibilidad de mejorar la técnica legislativa de este Proyecto de Ley, al tiempo que de impulsar la mediación, sin que por ello se vea vulnerado, en modo alguno, el principio de voluntariedad que la preside. Al mismo tiempo se conseguirá que se tenga un mayor y mejor conocimiento, por parte de la ciudadanía, de la mediación y sus posibilidades. b) El mantenimiento del Auto de Cuantía Máxima, en los términos actuales, facilitando que, en su tramitación, vía comparecencia del artículo 13, pueda establecerse una derivación a una mediación intrajudicial. Este argumento ya lo defendimos en otro trabajo 9, y permitiría evitar el riesgo para los perjudicados por accidentes de circulación de enfrentarse a un trámite judicial, en la vía civil, muy costoso en tiempo y medios, siendo posible que, en la infrautilizada comparecencia del artículo 13 actualmente vigente-, el Juzgador pueda remitir a las partes, con suspensión del plazo para el dictado de dicha resolución, a una mediación. Dicha mediación podría dar lugar a que no hubiera que dictar el Auto de Cuantía Máxima, y sólo homologar el acuerdo de las partes, evitando el absurdo trámite de intercambio de notas, en que se ha convertido. c) Mejorar la accesibilidad al Perjudicado a la mediación. Cuando nos referimos a los lesionados por accidentes de circulación, estamos tratando un ámbito que, según la Dirección General de Tráfico, en el año 2.013, dio lugar a accidenten con víctimas, con personas fallecidas, personas heridas graves y heridas leves 10. Es decir, genera una cantidad importante de víctimas y afectados que, en la actualidad, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, y la 8 ry_en.pdf. 9 BEZANILLA SANCHEZ J. Obr, Cit

11 modificación del artículo 13 del Decreto Legislativo 8/2004, que se pretende llevar cabo, tendrán menos posibilidades de acudir a instancias judiciales, en reclamación de su debido resarcimiento. La víctima de accidente de tráfico, hoy ya no puede iniciar un sencillo procedimiento de juicio de faltas, mediante la interposición de denuncia, y que ello dé lugar a una forma sencilla y rápida de resarcimiento con escasos costes. También es posible que se vea privada de un título, como el Auto de Cuantía Máxima, que le permitía acceder a una reclamación de su resarcimiento, por una vía privilegiada, que le aseguraba una indemnización, salvo circunstancia excepcional, que permitiera a la Aseguradora oponerse a su pago. Y, como posibilidad real, para obtener una respuesta a su pretensión, le quedará acudir a un procedimiento civil, incurriendo en costes mayores, y teniendo que proveerse de un informe pericial de parte y, en su caso, con riesgo de tener que afrontar el pago de unas costas procesales. Es cierto que la doctrina del Tribunal Supremo 11 ofrece una salida a los perjudicados, para que puedan ver resarcidas sus expectativas indemnizatorias, por aplicación del principio de responsabilidad objetiva, amparado por el artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, en ausencia del Auto de Cuantía Máxima, pero ello ya habrá obligado a los perjudicados a entrar en la dinámica previa al inicio de una reclamación en la vía jurisdiccional civil, y a interponer la correspondiente demanda. Así las cosas, la víctima de accidente de circulación, si no se implementa la puesta en marcha de un medio alternativo de resolución de conflictos (MARC), como es la mediación, al que pueda acceder la víctima de forma fácil, rápida y barata, corre el riesgo de una evidente revictimización, derivada de las dificultades para iniciar la reclamación de la indemnización debida, y del largo camino que le queda por recorrer para acceder a la jurisdicción civil ya, de por sí, bastante congestionada. El Perjudicado verá agravada su condición de víctima por la dificultad de llevar a cabo su reclamación, por el tiempo de espera hasta que su caso se resuelva, por los costes que tenga que soportar para obtener el justo resarcimiento de sus daños y perjuicios, y esa posibilidad de revictimización puede ser un hecho con la aprobación de la reforma de los artículos 7 y 13 del Proyecto de Ley al que nos venimos refiriendo, si no se refuerza el papel de la mediación, a través del artículo Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de Septiembre del (Recurso nº 174/2009), de la que fue Ponente D. Juan Antonio Xiol Ríos. 11

12 VI. Conclusión. La entrada en vigor de la Ley 1/2015 de reforma del Código Penal, que despenalizó las faltas de imprudencia, vino en generar una situación por la que los procedimientos que se seguían en la vía penal, corrían el riesgo de trasladarse a la vía civil. La vigencia del Auto de Cuantía Máxima, y que todas reclamaciones derivadas de accidentes de circulación pasaran a ventilarse en la vía civil, aligeraba el trabajo de los Juzgados de Instrucción, a costa de los Juzgados de Primera Instancia. Es más, se sustituía un procedimiento, el del Juicio de Faltas, de sencillo inicio, y de rápida tramitación y resolución, por un escenario más complejo. La posibilidad de que los Juzgados de Instrucción tuvieran que seguir dictando el Auto de Cuantía Máxima, y que los procedimientos declarativos y de ejecución, desbordaran los Juzgados del orden civil, a mi entender, han llevado, de forma rápida y poco meditada cuando el Proyecto de Ley del Decreto Legislativo 8/2004, estaba terminando su tramitación parlamentaria- a las enmiendas de los artículos 7 y 13, en los términos que nos estamos refiriendo. 12 Sin embargo, la excusa de la reducción de la carga de trabajo de los Juzgados y Tribunales, y la falta de la implementación de otras soluciones, es más que probable que venga en perjuicio de los numerosas víctimas de accidentes de circulación, que pueden no ver satisfechas sus legítimas expectativas a ser indemnizadas debidamente, y en un plazo razonable. La situación que se plantea, dificultará el acceso a la indemnización de los perjudicados por accidentes de tráfico, que quedarán atrapados en un trámite administrativo, en el que se enfrentan en términos de evidente desigualdad con las Aseguradoras, como requisito previo de procedibilidad, para entrar en una reclamación en la vía civil, con un evidente incremento de costes, y con una clara vocación desincentivadora de la reclamación indemnizatoria. El artículo 14 del Proyecto de Ley es el que puede dar solución a la situación planteada, introduciendo la mediación, como requisito de procedibilidad, para el inicio de la reclamación por la vía jurisdiccional civil. Sin duda, la inclusión de la mediación, traerá mayores beneficios para la satisfacción de las víctimas y, debidamente articulado, permitirá un fácil acceso de éstas a un medio alternativo a la vía judicial. Servirá, aún en el caso de no alcanzarse un acuerdo total, para que las partes puedan realizar un acercamiento, cerrar acuerdos parciales sobre la controversia, e incluso 12 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados de 29 de Junio del

13 llevar a cabo la oferta motivada y, en su caso, dejar constancia de la postura de las partes, quedando expedita la vía judicial. Todo ello con la utilización de un único medio, alternativo a la vía judicial, y que permite un acceso rápido, barato y sencillo para los perjudicados. Se dejará pasar otra oportunidad para implementar la mediación como una alternativa real a la vía judicial? Tendrá alternativas la víctima de accidentes de circulación, a las barreras que se le imponen para el acceso a una vía rápida, económica y accesible para el resarcimiento de sus daños y perjuicios? Cabe esperar que el legislador aproveche la oportunidad que se presenta, y actúe con amplitud de miras superando el mero ánimo de desjudicializar, y aliviar la carga de trabajo de los Juzgados y Tribunales- en beneficio de todos las partes implicadas en los conflictos derivados de accidentes de circulación, implementado la mediación como alternativa real a la jurisdiccional. De no ser así, más pronto que tarde, tendrá que acometerse una nueva reforma pero que, hasta que llegue, habrá perjudicado a muchas personas que no habrán podido ver satisfecho su legítimo derecho a un resarcimiento indemnizatorio por sus lesiones y, de nuevo, el legislador llegará tarde. 13

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