AACNI LEX. Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria. cuatrimestral Enero-Abril 2006

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1 AACNI LEX Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria Publicación Cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2007

2 AACNI LEX Índice: 1. En portada Pág Repertorio de casos 2.1. Marítimo & Transportes Pág Comercio & Distribución Pág Energía & Medioambiente Pág Novedades legislativas 3.1. Del transporte y el mar Pág Del comercio y la distribución Pág De la energía y el medioambiente Pág Eventos, incorporaciones y otras novedades Pág. 12 Han colaborado en este ejemplar Dolores Pérez, Valentine de Callatay, José Ignacio Navarro, Alfonso Carmona, Riccardo Malacalza, David Gatell, Felipe Arizón y Albert Badia. Fotografía de portada: Buque "Sierra Nava" varado el 29/01/2007. Salvamento Marítimo rescata a los 14 tripulantes de un buque encallado por el temporal en Algeciras. Fotografia cedida por SASEMAR. Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria, S.L. es un despacho colectivo provisto de NIF no. B e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona (T-35885, F-210, H-B269805). Es miembro exclusivo en España de Shiparrested.com y de ForwarderLaw. También es asesor permanente de la Asociación Española de Empresas Consumidoras de Energía Eléctrica, la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga y l Associació d Agents Logístics de Barcelona. La empresa no se responsabiliza de las opiniones expresadas por sus colaboradores. Esta publicación es de uso meramente divulgativo y queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita.

3 1. EN PORTADA El auge de las grandes esloras: megayates y superyates Egipcios, Fenicios, Griegos y Romanos usaban ya la vela como medio de propulsión para sus barcos con fines comerciales o militares. La fuerza motriz del viento era crucial para el éxito de la aventura marítima. En la actualidad, la mayoría de los navegantes que surcan nuestros mares lo hace con fines hedonistas. M/Y Phoenix, de 201 pies de eslora, fabricado por Lürssen. En la foto aparece atracado en el puerto de Kotor (Montenegro) en Agosto del 2007 y consignado por uno de los clientes de AACNI durante su estancia en dicho puerto. El sector y la industria de la náutica han experimentado en los diez últimos años un desarrollo extraordinario. El número de clientes o usuarios de alto nivel adquisitivo ha aumentado exponencialmente con la apertura de economías como la de Rusia o China y, con ello, la demanda de grandes esloras se ha disparado. Se trata éste de un segmento de lujo formado por megayates y superyates. Un megayate generalmente se refiere a cualquier yate (de vela o a motor) que tiene una eslora de más de 34 metros y el término superyate se reserva para el giga yate, es decir, cualquier yate con una eslora de más de 70 metros. Muchos astilleros que tradicionalmente se habían dedicado a la fabricación de buques de marina mercante se han pasado a la construcción de megayates. En España, tenemos un caso paradigmático: el del astillero Factoría Naval de Marín. Con anterioridad, este astillero se había dedicado a la construcción de buques de carga y a la reparación naval y, en los últimos años, ha apostado por el segmento de grandes yates hasta lanzar este año el Pentium, el mayor yate construido y diseñado íntegramente en España con 40 metros de eslora. Existen voces respetadas en el sector que apuntan que este astillero va camino de convertirse en uno de los grandes a nivel internacional, como son los alemanes Lürssen y Abeking & Rasmussen, los holandeses Feadships y Heesen, los italianos Ferretti, Azimut-Benedetti y Rodriguez, el ingles Kingship o los americanos Westport y Trinity. 1

4 La eslora de los últimos modelos está siendo cada día rebasada por nuevos modelos cada vez más cerca de la de los buques mercantes. Así, un famoso astillero alemán, Blohm & Voss, ayudado por la tecnología de Thyssen Krupp Marine System, está construyendo en Hamburgo, un yate cuya eslora vendrá a superar a los 160 metros. La construcción de cada una de estas embarcaciones es distinta. No existen dos megayates iguales. Como se suele decir en el sector, están diseñados y construidos "custom made". El 70% del valor económico del yate está en su interior y en los equipos, dejando menos de un tercio del precio para el casco y los motores, que son más estándares. Según el gusto de su futuro propietario, la embarcación de lujo tendrá tres o cuatro cubiertas por encima del agua y, probablemente, estará provista de la más moderna tecnología, así como de lujosos tenders para alcanzar la orilla. Otros accesorios completaran el producto tales como la lancha, jet-skis, instrumentos de buceo, un submarino o - incuso- una plataforma de aterrizaje de helicópteros. El aumento de la demanda de yates de lujo conlleva un incremento del chartering. Un gran número de yates es de propiedad privada, pero sus dueños los dejan en régimen de charter cuando los tienen en desuso. Así, estos barcos funcionan todo el año: en verano se encuentran en el Mediterráneo y en invierno por los Mares del Caribe. El precio del alquiler semanal de un yate de lujo rebasa los euros y puede llegar a rondar el medio millón de euros. La falta de astilleros especializados hace que el tiempo de construcción pueda ser de hasta 3 años. Ello explica que muchos yates sean revendidos durante su construcción y cambien de manos varias veces antes incluso de su botadura. Enero-Abril Durante mi visita 2006 al Fort Lauderdale Boat Show en Miami, me dijeron que durante el año 2008 dos nuevos grandes yates serán construidos cada día y que se espera que la industria siga esta tendencia, con ya más de 700 megayates construidos cada año en todo el mundo. Estamos, -qué duda cabe-, en un sector en plena expansión. Según un reciente estudio, hay más de 90 mil personas en el mundo que podrían permitirse adquirir superyates. No será Usted uno de ellos? Valentine de Callatay. BA (Bruselas). GDL (Londres). El M/Y Sunflower en construcción por los astilleros Lürssen en Bremen (Alemania). Actualmente es el segundo yate más grande del mundo. 2

5 2.1. Marítimo & Transportes: 2. REPERTORIO DE CASOS Salvamento y auxilio marítimo. Remuneración del servicio. El a las 11:15 se recibió una llamada de socorro desde el yate Tahoma comunicando que, como consecuencia de una colisión contra un bajo, había sufrido una vía de agua en las proximidades de Platja d'en Bossa (Ibiza). Debido a la gran cantidad de agua embarcada, los motores del Tahoma habían dejado de funcionar. La embarcación de salvamento Salvamar Pitiuses acudió a su auxilio a escasos 40 metros de la Isla Negra del Oeste. Enero-Abril La arboló con 2006 el fin de sacarla de la línea de deriva contra la isla, luego embarcó una motobomba de achique y, finalmente, le dio remolque. A las 14:10 la embarcación de salvamento desenganchaba al Tahoma en el cajón del travelift para su izado en el varadero de Marina de Botafoch. La distancia navegada fue de 4 millas y la duración del servicio de 40 minutos. Instado el correspondiente expediente de asistencia marítima, al mismo comparecieron Remolcadores Marítimos S.A., como demandantes, y el propietario del Tahoma y su asegurador inglés, como demandados. Frente a la demanda de salvamento y en proporción del 25% del valor del Tahoma en concepto de remuneración, el Tribunal consideró que la asistencia no constituía un salvamento sino un mero auxilio marítimo, y que correspondía únicamente una remuneración del Playa d En Bossa. Ibiza 5% del valor de lo salvado, es decir, la cifra de ,67 Euros. Ni la duración del servicio ni el esfuerzo que requirió la asistencia, permitieron a los demandantes llegar al 25%. De la resolución hemos destacado el siguiente fragmento: Los hechos objeto del presente expediente constituyen un auxilio marítimo de los previstos en el artículo de la Ley 60/62 porque la embarcación asistida se encontraba en situación objetiva de peligro, con riesgo de pérdida, que aún cuando no alcanzaba la gravedad de los supuestos que tipifican el salvamento, sí hacían imposible que hubiese podido salir de la misma con sus propios medios y la intervención del buque de salvamento, prestando servicios que cabe entender como excepcionales de conformidad con el artículo 4 de la Ley 60/62, más allá del simple cumplimiento de un contrato de remolque fue decisiva para resolverla. Resolución del Tribunal Marítimo Central de Albert Badia (Socio). Actuó para los demandados. 3

6 Sexta Directiva IVA. Exención del artículo Concepto de fletamento de buques marítimos. Compatibilidad de ley nacional. Navicón, S.A. y la Compañía Transatlántica Española, S.A., formalizaron un contrato de fletamento parcial por el cual la primera ponía a disposición de la segunda una parte de la superficie de carga de sus buques para transportar contenedores entre varios puertos de la Península Ibérica y las Islas Canarias, que constituyen un territorio extracomunitario según el artículo 3.3.2º de la Sexta Directiva. Navicón S.A. no aplicó el IVA en las facturas Enero-Abril correspondientes 2006 a dicho contrato, porque consideró que la operación de fletamento se hallaba exenta. Sin embargo, la Administración fiscal española practicó la liquidación del IVA correspondiente al considerar que no procedía aplicar la exención prevista en el artículo 22.1 de la Ley del IVA ya que se trataba de un fletamento parcial y no total. Tras impugnar Navicón S.A la liquidación ante el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid y recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, éste elevó las siguientes cuestiones prejudiciales al TJCE: (1) Si la expresión fletamento que contiene la exención prevista en el art de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que incluye únicamente el fletamento de la totalidad del espacio del buque (fletamento total) o si también incluye el fletamento constituido sobre una parte o porcentaje del espacio del buque (fletamento parcial). (2) Si se opone a la Sexta Directiva una ley nacional que sólo permite la exención del fletamento total. El Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declaró lo siguiente: El artículo 15, punto 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 92/111/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, debe interpretarse en el sentido de que se refiere tanto al fletamento total como al fletamento parcial de los buques dedicados a la navegación en altamar. Por lo tanto, esta disposición se opone a una ley nacional, como la controvertida en el litigio principal, que sólo concede la exención del impuesto sobre el valor añadido en el supuesto de fletamento total de tales buques. Sentencia del TJCE de (Asunto C-97/06). Transporte por carretera. Robo de mercancías. Culpa grave. Responsabilidad ilimitada del transportista. Tras indemnizar al propietario de las mercancías, la aseguradora The Tokio Marine and Fire Insurance Company (UK) Ltd. repitió contra el transportista TLM Transportes Le Mouee Roger reclamando el importe de aquellas cifrado en ,96 Euros. Al parecer, el chofer del camión en el que viajaba la mercancía había estacionado el vehiculo a las 01:00 para pernoctar en la cabina del mismo. El lugar escogido fue el área de aparcamiento del restaurante California, el p.k. 709 de la N-II en Fornells de la Selva (Girona). La única medida de cierre que tenía el camión era un tornillo en la cerradura que podía quitarse fácilmente con las manos. A las 07:00, cuando despertó, gran parte de la mercancía (aparatos de sonido de alta fidelidad) había sido sustraída. La Sala entendió que el la actuación del chofer fue gravemente negligente y equiparable al dolo al haber expuesto conscientemente la carga al riesgo de que fuera sustraída, como de hecho lo fue, pues el camión fue aparcado en una zona de fácil acceso, no vigilada ni cerrada, y el remolque donde se ubicaba la mercancía transportada carecía de las mínimas medidas de seguridad, como pudiera ser una cerradura con llave o un candado. En virtud de ello, al transportista no se le permitió gozar de la limitación de responsabilidad de 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso que prevé el artículo 23.1 del Convenio CMR. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de David Gatell. Abogado. Actuó para el demandado. 4

7 Transporte por carretera. Renuncia del cargador a reclamar al transportista. Validez y eficacia de la renuncia frente a la acción de la aseguradora subrogada. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación formulado por la firma Transportes Boyacá S.L., contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 16 de mayo de Al contratar el transporte Midesa había renunciado por escrito a toda indemnización de Ttes. Bocayá S.L., por daños o pérdida de mercancía durante el transporte. A cambio, Ttes. Boyacá S.L. le había anulado el cargo del 0,8% que aplicaba en concepto de seguro. Durante el transporte las mercancías se dañaron y Midesa fue indemnizada por su aseguradora, Winterthur S.A., quien luego interpuso acción contra Ttes. Bocayá S.L. La cuestión era determinar la validez de la renuncia hecha por Midesa, y su eficacia frente a Winterthur, S.A. Entiende la Sala que no cabe confundir la renuncia al derecho del aseguramiento voluntario, con la renuncia al derecho que trae la causa de la responsabilidad legal del transportista, responsabilidad civil que sería asegurable por el propio porteador. La renuncia de Midesa se ha de entender limitada al reclamo de la mayor indemnización a que daba derecho el mencionado aseguramiento voluntario, siendo el mismo un plus renunciable, pero no extingue la responsabilidad legal del transportista. Sentencia del Tribunal Supremo de

8 2.2. Comercio & Distribución: Responsabilidad del administrador por deudas de la sociedad. Inexistencia. Cese del cargo no inscrito en el Registro Mercantil. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por cuatro accionistas integrantes de la entidad recurrente, Galatzó S.A., contra dos particulares frente a la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Mercantil como administradores en el momento en que aquéllas fueron contraídas mediante la perfección de los contratos en nombre de la sociedad, aún cuando el nombramiento de dichos administradores esté afectado por el transcurso del plazo de caducidad de cinco años establecido en el artículo 126 de la Ley de Sociedad Anónima y éstos hayan efectivamente cesado con anterioridad. Según reiterada jurisprudencia, la falta de inscripción del cese de los ejercicio eficaz de las funciones de administración desde la fecha en que se produce. Además, la inscripción carece de carácter constitutivo y la imposibilidad de oponer a terceros los efectos del cese del administrador cuando no ha sido inscrito no es suficiente para la soportar la responsabilidad de los mismos. Don Álvaro interpuso demanda en contra de la empresa Textil Planas Oliveras, para la cual trabajaba como agente, tras la resolución anticipada del contrato por parte de ésta. La cuestión básica es la de si existe responsabilidad personal y solidaria respecto de determinadas obligaciones sociales por parte de quienes aparecen en el Registro administradores en el Registro Mercantil no puede ser determinante de la prolongación de su responsabilidad más allá de su cese efectivo, dado que éste impide un El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, condenando a Textil Planas Oliveras a una indemnización que incluía las comisiones debidas, la indemnización por clientela y la 6

9 omisión del periodo de preaviso legal y contractualmente estipulado para extinguir la relación contractual. La Audiencia Provincial de Valencia, si bien con algunas matizaciones relativas a la base de calculo de las comisiones debidas, confirmó la sentencia de primera instancia, dictando que la cuantía de la indemnización tenía que fijarse en ejecución de sentencia. Textil Planas Enero-Abril Oliveras decidió 2006 recurrir al Supremo porque la sentencia había interpretado el artículo 29 de la Ley de Contrato de Agencia de manera que la protección al agente por los gastos de confianza específica de dicho artículo se había extendido de manera arbitraria transformándose en una indemnización por falta de preaviso en general, sin que se hubiera demostrado en concreto algún daño relacionado con este supuesto. La Sala, admitiendo en este punto el recurso de Textil Planas Oliveras, dijo que sí, que como regla, los daños efectivamente causados al agente por no haberle avisado anticipadamente el empresario de su voluntad de denunciar la relación contractual pueden ser indemnizados conforme a las normas generales de los contratos -y, claro está, tras probar su realidad, dado que la omisión del preaviso no los genera de modo necesario, conforme a reiterada jurisprudencia relativa a todo incumplimiento de obligaciones contractuales: sentencias de 28 de diciembre de 1.999, 26 de julio de y 30 de abril de 2.002, entre otras muchas-, esas reglas no pueden ser evitadas con la aplicación del artículo 29 de la Ley 12/1992, previsto para otro supuesto, tanto más si ello se hace cual si dicha norma contemplase el abono de una indemnización como una consecuencia necesaria de la falta de preaviso. Sentencia del Tribunal Supremo de Extinción de contrato de agencia. Falta de preaviso. Necesidad de probar daños para la indemnización. En esta sentencia se condena a un matrimonio al pago del precio de una compraventa en la que intervino el marido como comerciante, respondiendo del mismo los bienes gananciales de ambos cónyuges. La Sala considera que la deuda está acreditada por el impago del precio de la compraventa y que la esposa, a pesar de no haber intervenido personalmente en la operación comercial, sí tenía, sin embargo, conocimiento de las operaciones de su marido, en calidad de comerciante, y no se opuso a las mismas. La doctrina reiterada de esa Sala establece que los bienes gananciales quedan sujetos a la actividad de comercio conocida y consentida por el cónyuge no comerciante. Además, la compraventa mercantil fue suscrita con anterioridad a la liquidación de la sociedad ganancial que posteriormente pasó ser de separación de bienes. En consecuencia, los bienes gananciales debían responder por aplicación del artículo del Código Civil, que previene que la modificación del régimen económico durante el matrimonio no puede perjudicar en ningún caso los derechos adquiridos por terceros. Sentencia del Tribunal Supremo de

10 Compraventa mercantil. Deuda contraída por un cónyuge. Responsabilidad de la comunidad ganancial. En esta sentencia se condena a un matrimonio al pago del precio de una compraventa en la que intervino el marido como comerciante, respondiendo del mismo los bienes gananciales de ambos cónyuges. La Sala considera que la deuda está acreditada por el impago del precio de la compraventa y que la esposa, a pesar de no haber intervenido personalmente en la operación comercial, sí tenía, sin embargo, conocimiento de las operaciones de su marido, en calidad de comerciante, y no se opuso a las mismas. La doctrina reiterada de esa Sala establece que los bienes gananciales quedan sujetos a la actividad de comercio conocida y consentida por el cónyuge no comerciante. Además, la compraventa mercantil fue suscrita con anterioridad a la liquidación de la sociedad ganancial que posteriormente pasó ser de separación de bienes. En consecuencia, los bienes gananciales debían responder por aplicación del artículo del Código Civil, que previene que la modificación del régimen económico durante el matrimonio no puede perjudicar en ningún caso los derechos adquiridos por terceros. Sentencia del Tribunal Supremo de

11 2.3 Energía & Medioambiente Sobretensión en el suministro de energía eléctrica. Legitimación para reclamar daños. El Tribunal Supremo desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por el particular, D. Clemente, contra la Comunidad Autónoma de Madrid y Unión FENOSA, S.A, confirmando las sentencia dictada por la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Labores de limpieza del vertido procedente del buque Sierra Nava, varado en Algeciras a mediados del con el único objeto de que se inicie un expediente sancionador contra la Compañía Suministradora de energía eléctrica, FENOSA. La recién inaugurada planta de Entabán Biocombustibles del Guadalquivir, S.A. en Sevilla, de la que son accionistas unos clientes de AACNI. La Sala entiende que el actor carecía de legitimación, ya que ya había sido indemnizado anteriormente en su reclamación a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la CAM como consecuencia de unos reiterados cortes de suministro eléctrico en su vivienda. Dicha reclamación, tras las deficiencias observadas y el compromiso de FENOSA, dio como resultado el abono al recurrente del importe de la reparación de su aparato de video, estropeado como consecuencia de los cortes. El actor, sin embargo, impugna la Resolución Administrativa El Tribunal Supremo, examinando el requisito de la legitimación, declara reiteradamente: que salvo en los ámbitos en que está reconocida la acción pública, la mera defensa de la legalidad no proporciona la legitimación necesaria para desencadenar la actuación de los Tribunales, dado que el éxito de la acción habría de generar un beneficio para el recurrente o por lo menos la eliminación de un perjuicio que derivase del mantenimiento del acto impugnado. Sentencia del Tribunal Supremo de

12 Imposición de precios de Repsol-YPF a gasolineras. Defensa de la competencia. Esta sentencia trae causa de la sanción de 3 millones de Euros que el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso a Repsol-YPF el 11 de julio de 2001 por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la los contratos de Repsol no son de comisión o agencia y que, por lo tanto, la petrolera no puede imponer los precios a sus gasolineras. Éstas no son meras comisionistas, ya que asumen riesgos, y por lo tanto no se les pueden imponer los precios. El motivo, según la sentencia, es que los propietarios de las estaciones de servicio asumen riesgos, tanto financieros como por la posible pérdida o deterioro de los productos. contratos no pueden acogerse a las exenciones que fija la normativa de la Unión Europea (UE). Aunque la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Repsol YPF, el TDC concluyó en julio de 2006 que la petrolera había cumplido en sus términos la resolución de El fallo del TDC fue recurrido por la CEEES ante la Audiencia Nacional y se está a la espera de la sentencia. Esta sentencia permitirá a la mayoría Competencia, al fijar los precios de venta de los combustibles a las gasolineras que actúan en régimen de comisión o agencia. La resolución fue recurrida por la petrolera por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. La sentencia considera probado que La Sala de lo Contencioso- Administrativo señala, por ejemplo, que los titulares de las gasolineras están obligados a pagar la mercancía entregada con independencia de que se venda o no. De acuerdo con estas consideraciones, la sentencia concluye que los de las gasolineras de Repsol YPF comprar carburantes a otros operadores y fijar libremente sus precios. Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de

13 3. NOVEDADES LEGISLATIVAS Del Transporte y el Mar: Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo (BOE de ). Decisión del Consejo de relativa a la firma en nombre de la Comunidad del Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes en el ámbito de los transportes (Protocolo de Transportes) (2007/799/CE) (DOCE de ). Resolución de 25 de septiembre de 2007, Enero-Abril de la Dirección 2006 General de la Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo XVIII del Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores (BOE de ). Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público (BOE de ). Normas para la inspección y mantenimiento de las tapas de escotilla de graneleros por parte del propietario, adoptadas el 9 de diciembre de 2004, mediante Resolución MSC 169(79) (BOE de ). Directrices sobre la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los servicios de transporte marítimo - Proyecto (2007/C 215/03. (DOCE de ). Enmiendas de 2004 al Código Internacional de Seguridad para las naves de gran velocidad, 2000 (Código NGV 2000) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 301, de 17 de diciembre de 2002), adoptadas el 10 de diciembre de 2004 mediante Resolución MSC. 175(79) (BOE de ). Del Comercio y la Distribución: Reglamento (CE) no. 1214/2007 de la Comisión de 20 de septiembre de 2007 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no. 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DOCE de ). Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (BOE de ). De la Energía y el Medioambiente: Real Decreto 1261/2007, de 24 de septiembre, por el que se establece la prima al consumo de carbón autóctono para los años comprendidos entre 1999 y 2006 (BOE de ). Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE de ). Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (BOE de ). Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de ). 11

14 4. EVENTOS, INCORPORACIONES Y OTRAS NOTICIAS Recientes incorporaciones José Ignacio Navarro se ha incorporado a nuestra oficina en Málaga. José Ignacio es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, especializado en Derecho de la Unión Europea. Es miembro ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Estuvo preparando Oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal durante cuatro años y, antes de incorporarse a AACNI, trabajó en los Juzgados de instrucción de Marbella y, más tarde, para una firma de abogados local asesorando en las materias de Derecho Inmobiliario, Derecho Hipotecario, Derecho Contencioso-administrativo, Derecho Penal y Responsabilidad Civil. Habla inglés y español. Riccardo Malacalza se ha incorporado a AACNI en Barcelona. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Milán (Italia) y de Castilla-La Mancha (España). Cursó un Master en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Ricardo es miembro como abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y ha desarrollado su experiencia profesional en la oficina de Bruselas de una prestigiosa firma de abogados española y luego ha ejercido la abogacía en Milán. Está familiarizado con el Derecho comunitario y de la Competencia, Derecho Procesal y Derecho de Transportes. Habla italiano, inglés, español y sueco. Alfonso Carmona se ha incorporado a AACNI en la oficina de Málaga. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y colegiado en ejercicio. LL.M en Derecho Marítimo por Tulane University (EUA). Con anterioridad cursó un semestre completo en la Universidad de Texas, Facultad de Derecho, y ha tomado parte en los cursos de verano de 2006 en la Facultad de Derecho de Tulane University. Ha desarrollado su experiencia profesional en el ámbito del Derecho Marítimo en todo lo relacionado con conocimientos de embarque, pólizas de fletamento, limitación de responsabilidad, mercancías y seguros. Habla inglés y español. 12

15 AACNI Abogados Inauguración de una nueva oficina en Málaga: El pasado 16 de Noviembre 2007, AACNI inauguró nuevas oficinas en la ciudad de Málaga. El nuevo emplazamiento se encuentra en la finca no. 43 del Paseo Reding, en cuya planta baja se aloja un equipo de 11 profesionales del derecho, 1 graduado social y 2 administrativos. La ubicación actual cuenta con unos 200 metros de superficie y desde la misma se prestan servicios de asesoramiento legal en las ramas mercantil, administrativo, laboral y fiscal. El edificio se sitúa frente al Palacio de la Tinta de 1908 y es una emblemática construcción de 1922, obra del arquitecto Guerrero Strachan, quien fuera también Enero-Abril 2006 artífice del antiguo Palacio de Justicia. Al acto inaugural acudieron más de 70 clientes y amigos. Con la apertura de esta oficina AACNI consolida su crecimiento en la ciudad de Málaga y en la zona de influencia del sur de España. 13

16 AACNI LEX Abogados Asociados para el Comercio, la Navegación y la Industria Via Augusta 143, 2º Paseo Reding 43, Bajos Izqda. Maestro Lasalle, BARCELONA MALAGA MADRID Tel Tel Tel Fax Fax Fax En colaboración con GTL,S.A.

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