Juzgado, Tribunal o Fiscalía. (Ejemplos: Dependencias policiales, embajadas, ayuntamientos, etc.)

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1 Conclusiones de la reunión organizada por el CEJ y la Fiscalía General del Estado en relación con el uso de la videoconferencia en los procedimientos penales y en cooperación judicial internacional Durante los días 28 y 29 de Mayo de 2012, tuvo lugar en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia una reunión destinada al examen de la videoconferencia como técnica de comunicación apta para su uso en la práctica procesal penal. Se analizó como la videoconferencia puede sustentar la comparecencia del Fiscal en los actos procesales en los que deba participar y como puede ser medio apto para la deposición de testigos, peritos y acusados tanto en la investigación como el juicio oral cuando se den circunstancias que impidan su presencia física o aconsejen el uso de esta técnica como medio de protección de victimas, menores u otros sujetos que deban prestar declaración o que quieran estar presentes en las sesiones de juicio oral. Atendiendo a las normas nacionales e internacionales vigentes así como a las diversas guías de uso y buenas prácticas de esta técnica y teniendo en cuenta el gran número de experiencias prácticas, los asistentes han llegado a las siguientes conclusiones: 1. Se reconoce el valor de la videoconferencia y de otros medios técnicos de comunicación bidireccional de la imagen y del sonido, para la práctica de diligencias procesales cuando se den las circunstancias previstas en las normas(utilidad, seguridad u orden público); o bien cuando la asistencia física de un perito o testigo resulte gravosa o perjudicial, especialmente cuando se trate de un menor u otras personas especialmente vulnerables. 2. Conforme a nuestra legislación y jurisprudencia y siempre que se realice con las debidas cautelas, la videoconferencia es compatible con el pleno respeto a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, publicidad y concentración que exige el cumplimiento a un proceso con todas las garantías. Igualmente la videoconferencia es compatible con la prestación de una asistencia letrada efectiva. 3. Se reconoce la utilidad del establecimiento de protocolos de colaboración entre las Autoridades Judiciales, el Ministerio Fiscal y las Administraciones Públicas con competencias en relación con los medios de la Administración de Justicia, en los que se concreten los pasos a seguir para la práctica de diligencias por videoconferencia y se establezcan pautas uniformes de coordinación.

2 4. Aunque la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo no lo exija expresamente, sería deseable y conveniente que el acuerdo de la práctica de las diligencias por videoconferencia se realizara siempre mediante resolución escrita y fundamentada, en la que se relacionen las circunstancias por las que se justifica la sustitución de la comparecencia personal por la presencia virtual. Resultaría además aconsejable que la resolución haga mención a las formalidades y cautelas que serán adoptadas para salvaguardar los derechos de cualquiera de las partes que pudiesen verse afectados, particularmente en lo que se refiere a las garantías del derecho de defensa y a los principios de inmediación y contradicción. 5. La videoconferencia es un medio apto para la practica de la diligencia de reconocimiento en rueda, aunque debe admitirse que se produce cierta merma de las condiciones de visibilidad y la relativización de las dimensiones que permiten hacer comparaciones para la identificación. Ello aconsejaría que esta diligencia solo se realice por videoconferencia en casos excepcionales previa valoración de las circunstancias concurrentes por el Juez Instructor. 6. Cuando se trate de comparecencias de imputados o acusados en el juicio oral, deberá ser el órgano jurisdiccional competente el que realice un juicio de proporcionalidad y razonabilidad para el empleo de la videoconferencia en el supuesto concreto, en atención a las circunstancias del caso. Estas circunstancias deberán ser suficientes para legitimar la sustitución de la presencia física del imputado por la comparecencia virtual, garantizando que con ello no se vulnera ninguna de las garantías del derecho de defensa. En todo caso, la medida habrá de ser adoptada de forma motivada por resolución judicial que deberá ser notificada a las partes permitiendo así su control y posible impugnación. 7. Se consideran casos justificables de la presencia del imputado por videoconferencia en el juicio cuando él mismo y su defensa lo hayan solicitado razonadamente, especialmente cuando se trate de acusaciones en las que se pidan penas que permitirían la celebración en ausencia. También sería claramente admisible el uso de la videoconferencia para la ratificación de conformidades en el juicio oral. 8. Para cualquier declaración del imputado o acusado por videoconferencia debe garantizarse debidamente la asistencia letrada y la efectividad de la misma, lo que incluye la debida comunicación reservada entre imputado o acusado y letrado. Para ello se considera preferente la presencia del letrado junto al imputado o acusado y se entiende útil, en su caso, la presencia de un segundo letrado ubicado donde se encuentre el declarante. 9. Aunque la jurisprudencia no lo exige expresamente, sería conveniente que la comparecencia del sujeto que declara por videoconferencia se efectúe desde un local de la administración pública, sin que éste deba ser necesariamente un

3 Juzgado, Tribunal o Fiscalía. (Ejemplos: Dependencias policiales, embajadas, ayuntamientos, etc.) 10. La identificación de los comparecientes en caso de diligencias judiciales corresponderá al Secretario del Juzgado o Tribunal. En el caso de diligencias de investigación del Fiscal, será éste el encargado de constatar la identificación. 11. La fe pública y la preparación del acta corresponden al Secretario Judicial en actuaciones judiciales. El Fiscal levantará acta que goza de las presunción de autenticidad en las actuaciones que practique en sus diligencias y actuaciones. Pero en todo caso sería conveniente que estas diligencias en las actuaciones orales en vistas y las comparecencias, se registren en soporte apto para la grabación y reproducción como prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil. 12. La videoconferencia es también un medio útil para permitir el acceso de las victimas al juicio oral, especialmente cuando no tengan que prestar declaración pero quieran estar informadas y conocer lo que sucede en el acto del juicio oral, o incluso ser notificadas del resultado y la decisión judicial personalmente. Es especialmente útil en caso de victimas extranjeras. 13. La videoconferencia es un medio útil para la protección de testigos especialmente en casos de delincuencia organizada. El uso de esta técnica está mencionado también en el protocolo de actuación de Coordinación entre Policía, Ministerio Fiscal u órganos judiciales, que contempla medidas de información y protección de víctimas y testigos en desarrollo del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos. 14. La videoconferencia se presenta como un medio idóneo para la protección de todas aquellas victimas cuya declaración deba prestarse sin la presencia física del acusado y en condiciones que garanticen un alejamiento incluso del local del juicio oral, especialmente los menores. 15. Debe potenciarse la declaración de víctimas de violencia de género a través de la videoconferencia, puesto que se evita el contacto físico y visual con el presunto maltratador y las posibles consecuencias psicológicas negativas derivadas de aquél. Se aleja también a la victima de la presión ambiental y del uso indiscriminado del Art. 416 de la LECRIM, especialmente cuando se trata de víctimas que tengan una especial situación de riesgo. El uso de esta técnica ya está mencionado también en el protocolo de actuación de Coordinación entre Policía, Ministerio Fiscal u órganos judiciales, que contempla medidas de información y protección de víctimas y testigos en desarrollo del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos.

4 16. Cuando el propio testigo, perito o victima consideren que hay razones para comparecer por videoconferencia y no presencialmente, sería conveniente que se lo hicieran saber al Fiscal de forma que éste, valoradas las circunstancias, pudiera plantear esta cuestión al Tribunal. De esta forma se asegura la respuesta fundada y la notificación de la resolución al Fiscal y a las demás partes personadas, con la consiguiente posibilidad de recurso ante la negativa, si procediera. 17. La Videoconferencia como forma de prestar o solicitar una declaración en ejercicio de la asistencia judicial internacional deberá sustentarse en los Convenios multilaterales o bilaterales suscritos por España y el país de que se trate. La ausencia de los mismos no constituye un obstáculo insalvable puesto que, de conformidad con las normas generales en cooperación internacional, podrá suplirse con el principio de reciprocidad, 18. Conviene recordar la utilidad de la prolija regulación de la videoconferencia en el art 10 del Convenio de Asistencia Judicial entre los países miembros de la UE (Convenio 2000), así como de las normas específicas que se contienen en los Convenios de Naciones Unidas y en los bilaterales, especialmente en los firmados por España a partir del año 2001, los cuales recogen la utilización de esta herramienta como medio de declaración de peritos y testigos. Algunos de estos convenios prevén también la declaración de imputados y acusados por esta vía. 19. Es altamente recomendable el establecimiento de un contacto directo entre la autoridad de emisión y de ejecución para acordar tanto los aspectos jurídicos de la práctica de la videoconferencia como los aspectos técnicos. Para la realización de estos contactos resulta útil acudir a los mecanismos de cooperación internacional, Magistrados de Enlace, Red Judicial Europea, IberRed, o Eurojust en casos excepcionales. Siempre debería hacerse una prueba técnica previa para asegurar la compatibilidad y el funcionamiento correcto de los sistemas técnicos. 20. El segundo protocolo al Convenio de Cooperación Penal del Consejo de Europa de 1959 de 8 de Noviembre de 2001, incorpora buena parte de los avances contenidos en el Convenio 2000, incluyendo también esta técnica, por lo que sería muy recomendable su ratificación por España. 21. Para maximizar los efectos prácticos de la videoconferencia en el ámbito del auxilio judicial internacional, ofrecen pautas útiles las Guías elaboradas por el Consejo de la UE, el Convenio Iberoamericano para el Uso de la Videoconferencia y la Guía de Buenos Prácticas de IberRed. El portal e-justice

5 (www.e-justice.europa.eu), mantenido por la Comisión Europea y la web de IberRed (www.iberred.org), ofrecen una plataforma de acceso a buena parte de las herramientas útiles en esta materia. Igualmente las páginas del prontuario (www.prontuario.org) contienen información útil a estos efectos. 22. Especial atención habrá de prestarse no sólo al texto de los Convenios sino también a las reservas o declaraciones al mismo, atendiendo especialmente a la fase procesal de Instrucción o de Juicio Oral, con especial cuidado cuando la videoconferencia se refiera a imputados o acusados. 23. En todo caso, la invocación del principio pro asistencia o pro conventionis que declara el Art. 1º del Convenio de 1959, en el que los Estados se comprometen a prestar la asistencia de la forma más amplia posible, debe entenderse como título suficiente para solicitar la cooperación con uso de la videoconferencia invocando la aplicación de este Convenio. 24. En la ejecución en España de una solicitud de asistencia internacional para la declaración de un imputado o acusado, deberá hacerse constar el consentimiento del imputado o acusado a declarar por esta vía. A la inversa, cuando la autoridad española solicite asistencia judicial internacional para la declaración de un imputado o acusado por videoconferencia, debería solicitar que conste previamente el acuerdo del acusado. 25. Cuando España actúa como Estado requerido, la autoridad actuante debe asegurar el cumplimiento de los principios generales del derecho español y especialmente la asistencia letrada para quien declare como imputado o acusado, por lo que en el caso de que la legislación del Estado requirente no lo exija y por tanto se solicite la declaración sin abogado, la autoridad española debe comunicar a la autoridad requirente la necesidad de que el imputado o acusado declaren con asistencia letrada. 26. Conforme a lo dispuesto en el Art. 10 del Convenio 2000, sin perjuicio de las informaciones que la autoridad requirente dé sobre las dispensas a declarar conforme a su propia legislación, la autoridad requerida debe informar al declarante de las dispensas a declarar que rigen también en el Estado requerido. 27. Aunque los Convenios internacionales sólo hacen referencia a la videoconferencia y habida cuenta que los avances tecnológicos permiten otras vías de comunicación bidireccional simultanea de la imagen y el sonido, debería ser igualmente aceptable el uso de esas otras técnicas cuando la videoconferencia no esté disponible. *********************************************************************

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