RELATORIA SEMINARIO REGIONAL DERECHO A LA TIERRA Y LA RESTITUCION EN LA REGION CARIBE 1

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1 RELATORIA SEMINARIO REGIONAL DERECHO A LA TIERRA Y LA RESTITUCION EN LA REGION CARIBE 1 CNRR Regional Bolívar, ACNUR Barranquilla, Defensoría del Pueblo de La Guajira, Gobernación del Cesar y Alcaldía de Cartagena Miércoles 6 de abril de 2011 PLENARIA I DERECHO A LA TIERRA EN LA REGION CARIBE: ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS Derecho a la tierra y al territorio en Colombia, diagnóstico de la situación de acceso y restitución de la tierra en la Región Caribe. 1. REFLEXIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE TIERRA Y TERRITORIO CARLOS VARGAS Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Informe de Desarrollo Humano Abstract: La ponencia aborda algunos obstáculos estructurales que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los procesos de restitución de tierras en Colombia y en la Región Caribe. Estos obstáculos, se relacionan con la concentración de la propiedad, los conflictos de uso y de ocupación del territorio, que pueden afectar en el mediano y largo plazo la restitución a los pobladores rurales, debido a que aumentan la presión de diferentes actores por la tierra y el territorio. Finalmente, se realizan algunas reflexiones sobre el proyecto de ley de restitución y sus vínculos con la política de tierras y de desarrollo rural. De la presentación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, podemos resaltar los siguientes puntos: La tierra es el bien más preciado para la sociedad rural y en consecuencia para la población campesina. Hoy, este elemento, aparece como desafío para romper con las inequidades. La estructura actual de la propiedad rural es un elemento central en la dinámica del conflicto armado que obstaculiza el acceso a la tierra y favorece la ocupación y el despojo. Adicionalmente la concentración de la propiedad y el control del territorio promueven los conflictos de uso, acaparamiento de suelo; restringen el 1 Agradecemos a los estudiantes del Consultorio Jurídico Derecho y Desplazamiento de la Universidad de Cartagena, quienes nos apoyaron en la elaboración de la presente relatoría.

2 libre acceso a la propiedad rural lo que no permite el desarrollo de la producción e impiden la superación de la pobreza. Según datos de la Comisión de Seguimiento entre 1980 y 2010 han sido despojadas o abandonadas 6,6 millones de hectáreas, de las cuales el 34, 6% pertenecen a los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico y Córdoba, y el 26, 9% a Magdalena, Cesar, La Guajira y Norte de Santander. De lo anterior se puede inferir que el costo del desplazamiento ha sido de alrededor 20 billones de pesos, en materia de daño emergente. Adicionalmente según el índice de GINI, la concentración de la propiedad en Colombia ha crecido. Sucre, Bolívar, Cesar y Córdoba han elevado su índice de GINI de tierras, lo cual ha traído ciertas implicaciones en la concentración de la propiedad, como el obstáculo al acceso libre y equitativo de la tierra, ya que dificultan su acceso, así como también conflictos de uso del suelo, haciendo énfasis en que la actividad ganadera usa mayores extensiones de área que su vocación real. El uso del suelo en la región Caribe se ha concentrado más en el área pecuaria y excede su uso al promedio nacional, también se presenta la subutilización de las tierras en la explotación agrícola, en relación con su capacidad productiva. Actualmente se presentan conflictos por nuevas actividades en el territorio, como la minería y los agrocombustibles. Según INGEOMINAS, actualmente están destinadas 8 millones de hectáreas a la actividad minera; esta actividad tiene serios interrogantes en cuanto a la afectación al medio ambiente, el desarrollo humano y la generación de empleo. Teniendo en cuenta el contexto anterior, la formulación de una política pública de tierras, debe contemplar un cambio en la estructura de la propiedad y promover su formalización, organizar el uso del suelo rural e incluir una política de desarrollo rural. Dentro de las fortalezas del proceso de restitución de tierras, se resaltan las disposiciones que invierten la carga de la prueba, privilegiando el derecho de los despojados; las medidas encaminadas a la formalización de la propiedad y el acceso a los bienes públicos como créditos, subsidios etc. De otro parte se requiere un mayor número de mecanismos para que las personas que recuperan sus tierras no sean nuevamente despojadas, acompañamiento permanente del Estado y que se promueva la creación de un fondo de tierras, entre otras medidas. 2. SITUACIÓN DEL DERECHO A LA TIERRA EN LA REGIÓN DE LOS MONTES DE MARÍA JOSE MACARENO Mesa Campesina de los Montes de María

3 Abstract: En esta ponencia se aborda la situación de la garantía y acceso a la tierra de la población campesina en los Montes de María, desde la perspectiva de una organización de base de gran relevancia regional como es la Mesa Campesina de los Montes de María. De la presentación de la Mesa Campesina de los Montes de María, podemos resaltar los siguientes puntos: Recorriendo los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y la región de los Montes de María se encuentran procesos alentadores, sentimientos de esperanza y libertad y resurgir de sus habitantes quienes esperan la reconstrucción de su tejido social, y la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. La región de los Montes de María ha sufrido en los últimos años sequias, que han afectado considerablemente sus cultivos, y más recientemente en el año 2010, la cruda ola invernal, despojó a mucha más población de sus tierras. A lo anterior, se suma la compraventa indiscriminada de tierras y los megaproyectos empresariales que atentan contra el ecosistema, como por ejemplo la tala de árboles y la minería, entre otros. A su vez estas poblaciones han sido afectadas por falta de inversión social y de incentivos para la producción, falta de interés y permisividad de las instituciones que permiten la venta de la tierra y falta de canales de participación y el uso indebido de los existentes. Frente la problemática de la tenencia y el uso de la tierra resalta que las tierras de la región de los Montes de María están siendo desaprovechadas a lo que se suma el hecho de que no hay estudios que indiquen la vocación de suelos para su uso ordenado. Uno de los ejemplos de la problemática del uso de la tierra es la explotación de los agrocombustibles, tal es el caso del municipio de María La Baja, donde luego de producir arroz de manera permanente, ahora se siembra palma, lo cual genera el vertimiento de residuos en las aguas, que son de uso de campesinos y pescadores. Frente a este contexto, la Mesa Campesina de los Montes de María confía en que las propuestas gubernamentales, como la ley de víctimas y restitución de tierras, y en general los programas de desarrollo rural y democratización de la propiedad, contribuyan a la garantía del derecho a la tierra. Finalmente, afirma que la propuesta del Gobierno de crear una zona de reserva campesina en la región de los Montes de María, constituye una esperanza que puede propiciar la revisión de las compras masivas de tierra en los últimos años, la propagación de los latifundios, la concentración injustificada de tierras por pocos propietarios y promover el uso de territorios baldíos para el aprovechamiento por parte de campesinos.

4 3. VIOLENCIA, DESPLAZAMIENTO Y DESPOJO FRENTE A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN SOBRE LA TIERRA Y LAS ESTRATEGIAS ADOPTADAS POR LA MESA DE TIERRAS DEL CESAR PARA SU RESTABLECIMIENTO NELSÓN SILVA Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada Regional Cesar. Abstract: Con el fin de contextualizar la situación del departamento frente a temas como violencia, desplazamiento y despojo, se presentará una breve reseña de la incursión de los paramilitares como factor determinante del problema de tierras en el departamento del Cesar. Esta información presentada de manera grafica, dará cuenta de la espacialización del conflicto, señalando algunas de las principales acciones de este grupo armado y mostrando la intensidad del desplazamiento por municipio, para posteriormente abordar los problemas generados con los retornos y los usos del suelo. Finalmente se presentarán las acciones de la mesa departamental de tierras del Cesar, en la cual se ha trabajado sobre una estrategia para lograr la sustracción de las Zonas de Reserva Forestal de ley 2 del 59 con el fin de conformar una Zona de Reserva Campesina en los territorios afectados por el desplazamiento. De la presentación del Proyecto de Protección de Tierras Regional Cesar, podemos resaltar los siguientes puntos: En el departamento del Cesar se presentó un despliegue de los bloques Norte de las AUC, Resistencia Tayrona, Mártires de Valledupar y Autodefensas Campesinas del Cesar, que entre otras acciones de violencia perpetraron masacres, asesinatos, desplazamientos forzados, despojo de tierras y quema de viviendas. En este contexto de violencia, se dio un proceso de despojo por parte de los grupos armados, con fines de consolidar corredores estratégicos para el transporte de drogas y zonas de cultivos ilícitos. El despojo se dio mediante diferentes formas, donde se resaltan las siguientes: o Mediante títulos ejecutivos, donde la garantía de estos títulos ejecutivos era la tierra, tal es el caso de los municipios de El Toco, y San Diego. o Mediante prescripción adquisitiva de dominio, en los municipios de Copey y Bosconia. o Compra de tierras a bajos precios para favorecer la entrada de megaproyectos de agrocombustibles y el desplazamiento como mecanismo para auspiciar la explotación minera. o Revocatoria de títulos por parte del INCORA sobre predios abandonados por la violencia. o Vulneración de derechos sobre la tierra en comunidades indígenas y negras. Adicionalmente, el territorio ha sufrido numerosos cambios en su dinámica social, que trae como consecuencia el ejercicio de actividades agrícolas en las Zonas de Reserva Forestal.

5 Frente a este contexto en el marco de la Mesa de Tierras del Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada del Cesar se ha elaborado una propuesta de intervención en la zona de reserva forestal de la ley 2 de Esta mesa cuenta con la participación instituciones estatales, organismos de cooperación internacional y de representantes de las comunidades afros e indígenas. Señala que las acciones que se adelanten para el restablecimiento del derecho a la tierra no tendrán el impacto deseado, sino van acompañadas de proyectos productivos que promuevan el autosostenimiento. Algunas de las variables a tener en cuenta en el proyecto de intervención en la zona de reserva forestal son su aplicación en zonas tradicionalmente explotadas por campesinos sin orientaciones técnicas de conservación de la reserva y el reordenamiento del suelo. Se resaltan las siguientes conclusiones de su intervención: o Es prioritario adelantar acciones para la reivindicación y restablecimiento de los derechos a la tierra, con el fin de garantizar el desarrollo productivo y la seguridad alimentaria de la población. o Se deben investigar los delitos relacionados con el despojo de tierra y establecer mecanismos para brindar protección a las personas. 4. QUÉ IMPLICACIONES TIENE EN LA VIDA REAL EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA EN COLOMBIA? EVELIO DAZA Secretario de Gobierno, Gobernación del Cesar Abstract: En la intervención se pretende establecer diferencias entre el Estado Social de Derecho y el Estado Formal de Derecho existente antes de la Constitución de 1991 y las implicaciones de este transito con respecto al derecho a la tierra. De la presentación de la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Cesar, podemos resaltar los siguientes puntos: Señala dos (2) casos que cuentan con jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los cuales se garantizo el derecho a la tierra. Uno es el caso de los indígenas U wa del Casanare y la multinacional de Petróleo OXI, los primeros argumentaban la defensa de su territorio como elemento fundamental para su cultura. En primera y segunda instancia se falló a favor de la multinacional, y en instancia de revisión ante la Corte Constitucional se amparo el derecho a la identidad cultural. El segundo caso es la política de vivienda del UPAC que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, por violación del derecho a la vivienda digna.

6 Se resalta que la Constitución de 1991 al consagrar el Estado Social de Derecho, busca promover y garantizar los derechos fundamentales en un marco de igual social. PLENARIA II RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN REGIÓN CARIBE: AVANCES Y DESAFIOS Ley de víctimas y restitución de tierras, plan de choque y Zonas de Reserva Campesina 1. DESPOJO Y RESTITUCIÓN EN EL CARIBE ARTURO ZEA Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Regional Cartagena Abstract: En la intervención se realizará una presentación del proyecto piloto de restitución de tierras del corregimiento de Mampuján, a través de una aproximación a la dimensión del despojo en la zona, el estado del proceso de restitución y finalmente se presentaran algunas recomendaciones frente al proyecto de ley de víctimas. De la presentación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Regional Cartagena, podemos resaltar los siguientes puntos: Señala que el departamento de Bolívar ha sido uno de los más afectados por el impacto del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, lo que se evidencia en cerca de hectáreas abandonadas 2 y cerca de personas desplazadas. De los 150 municipios más afectados a nivel nacional, El Carmen de Bolívar es el segundo municipio con mayor número de tierras abandonadas, cerca hectáreas que representan un 90% de su área municipal. La concentración de la tierra en la Región Caribe llega a proporciones alarmantes, tal es el caso del departamento de Córdoba donde el 74% de la población tiene menos de 20 hectáreas y el del municipio de Tolú Viejo en Sucre donde el 75% de la población posee el 25% de las tierras, mientras el 15% de la población que ostenta el poder económico posee el 85% de las tierras. Se presenta el caso del piloto de restitución de tierras del corregimiento de Mampuján, municipio de Maria La Baja, departamento de Bolívar, bajo la coordinación de la CNRR y el apoyo de la Cámara de Comercio de Cartagena, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Bolívar. Adicionalmente se contó con un equipo interdisciplinario, compuesto por entidades como el INCODER, el Proyecto de 2 Registro Único de Predios y Tierras Abandonadas - RUPTA

7 Protección de Tierras y Patrimonio - Regional Bolívar, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y entidades territoriales y por supuesto de la comunidad de Mampuján. En el proceso se documentaron diferentes tipos de despojos y se encontró que el 95% equivalente a 246 predios se encuentran abandonados, tres (3) vendidos (1%) y ocho con problemas de deudas (3%) 3. El estudio arrojo que toda la infraestructura del corregimiento de Mampuján fue destruida (Colegio, Iglesia, etc.). Adicionalmente se encontró que de los predios del municipio 127 están dedicados a actividades de explotación económica con menos de una (1) hectárea de explotación por predio, 41 se encuentran totalmente abandonados y los demás están siendo usados en una mínima proporción. En cuanto al uso de la tierra la agricultura se redujo en un 13%, mientras la ganadería aumento a un 54%, generando una baja productividad de las tierras e impactando en la generación de empleos. Se resalta que un modelo mixto de explotación frutal y de ganadería genera mayor número de empleos por hectárea frente a un modelo de ganadería tradicional. En junio de 2010 el Tribunal de Justicia y Paz profirió sentencia contra alias Juancho Dique y alias Diego Vecino, por los hechos de violencia ocurridos en los corregimientos Mampuján y San Cayetano. El fallo del Tribunal tiene un enfoque de reparación integral y de reconocimiento del impacto del desplazamiento forzado, por cuanto para efectos de la reparación, se tuvieron en cuenta todos los derechos referenciados en la sentencia T-025 del En la sentencia se contempla una reparación integral para los daños individuales y colectivos de la población desplazada. Dentro de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se encuentran: o Las medidas de protección jurídica de bienes de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento cumplen con un objetivo primordial dentro del contexto colombiano. Estas medidas, además, son restricciones legítimas y proporcionadas a la facultad de disposición de los bienes, pues permiten ejercer medidas excepcionales y transitorias de protección y de prevención del desplazamiento y del despojo. o En razón de ello, la Corte podría aprovechar la oportunidad para exhortar a las autoridades correspondientes para que, en ejercicio de sus responsabilidades de atención y reparación a las víctimas que han perdido 3 Estas estadísticas fueron tomadas de los estudios realizados por los investigadores de la Universidad de Cartagena, Amaranto Daniels y Daniel Menco.

8 sus tierras por deudas, diseñen e implementen un programa de saneamiento de pasivos que subsane de manera general esta situación. o La experiencia de algunas instituciones del sistema de protección de bienes muestra que para proteger la inversión que el Estado ha hecho en años anteriores con el objetivo de lograr una mejor distribución de la tierra en zonas como los Montes de María, y evitar que las transacciones autorizadas sean incompatibles con disposiciones legales como las de la Ley 160 de 1994, es conveniente que los Comités de Atención Integral a Población Desplazada estudien la posibilidad de crear mesas de sustanciación para verificar la plena voluntariedad de las transacciones y realicen un control de legalidad sobre las solicitudes de enajenación que se le presenten. 2. LA APUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL POR LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS: CASOS DEL CARIBE JENIFER MOJICA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Abstract: La política integral de tierras del Gobierno Nacional, contiene múltiples componentes que pueden llegar a beneficiar a la región Caribe; especialmente, un énfasis en el componente de restitución de tierras tiene plena vigencia las regiones del Magdalena, Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Para profundizar se expondrán los principales aspectos del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, como la medida transicional adecuada para dar solución al fenómeno del despojo de tierras en Colombia. En este marco de iniciativa gubernamental, surgió el Plan de Choque y otras acciones que junto con entidades como el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, se vienen implementando en diferentes zonas de la región. En estos esfuerzos se han venido involucrando diversas entidades, por lo que es importante resaltar lo que se está trabajando, y vincular a otros actores institucionales en esta misma dinámica. De la presentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, podemos resaltar los siguientes puntos: Dentro de los ejes fundamentales de la restitución, no sólo se encuentra la política de tierras, hay otros elementos que hay que desarrollar de una mejor manera para lograr la sostenibilidad del proceso, estos elementos se encuentran en el proyecto de ley de desarrollo rural. La ley de víctimas creará figuras jurídicas favorables para las víctimas, como es la presunción del despojo, la figura de los magistrados especiales y las salas para restitución de tierras con múltiples facultades para resolver cuestiones de predios. La meta que se pretende alcanzar con la ley de víctimas es la restitución de más de dos (2) millones de hectáreas de tierra.

9 El Gobierno ha tenido en cuenta que no sólo la restitución es suficiente, sino que se requiere también de otras medidas como el acompañamiento a los procesos de retorno, y la adopción de medidas de seguridad para líderes y comunidades. Dentro de las instituciones que participarán en la ejecución de esta apuesta por la restitución, se encuentran el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, el Instituto de Desarrollo Rural INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Justicia y Paz. 3. ESTRUCTURA, EVOLUCION, AVANCES Y ALCANCE DE LA POLITICA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LA ZONA CARIBE. ALEXANDRA LOZANO Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER Abstract: El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, junto con el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de Acción Social, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentra ejecutando desde el mes de Noviembre del año 2010, el Proyecto Piloto denominado: Acciones administrativas para el restablecimiento de derechos, otorgados por el extinto INCORA o INCODER, sobre las tierras de la población campesina desplazada. Este proyecto tiene como objeto principal, identificar el mecanismo legal para restablecer jurídicamente, dentro de las competencias del Instituto, los derechos constituidos por el extinto INCORA o INCODER, a los beneficiarios sujetos de reforma agraria que por causa del desplazamiento forzado abandonaron sus parcelas y fueron despojados de sus derechos; que en la Región Caribe comprende los departamentos de: Magdalena en los municipios de Chivolo (Predios El Encanto, Bejuco Prieto, Las Planadas, El Mulero, Las Mulas Altamaceras, Parapeto, La Boquilla, Santamartica y Las Planadas) y el municipio de Ciénaga (Predio La Sevillana); Bolívar en los municipios del Peñon, Carmen de Bolívar y María la Baja; finalmente Cesar en el municipio de San Diego (Predio el Toco). De la presentación del Instituto de Desarrollo Rural, podemos resaltar los siguientes puntos: El primer paso es que la población conozca cuáles son y cómo se realizan los procedimientos, tratando de solucionar los problemas con las actuales normatividades mientras se expide la ley de víctimas. El proyecto tiene por objetivo identificar la ruta legal aplicable a los 19 casos establecidos en el plan choque, para restituir los derechos a las personas que por actuaciones de INCODER facilitaron el despojo. 4. AVANCES Y RETOS DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL CARIBE HERNANDO TORO

10 Defensoría del Pueblo Abstract: La Defensoría del Pueblo en esta ponencia llama la atención sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección en el marco del proceso de restitución de tierras al identificar los riesgos asociados al mismo, y realiza algunas recomendaciones a las instituciones encargadas de diseñar y promover esta política. De la presentación de la Defensoría del Pueblo, podemos resaltar los siguientes puntos: Se necesita un engranaje institucional y la satisfacción de derechos para que se pueda llevar a cabo una verdadera materialización del derecho a la restitución de tierras. Por lo anterior, sugirieron las siguientes recomendaciones: o Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior no son suficientes frente a la magnitud del riesgo del desplazamiento, por lo cual deben establecerse programas específicos de protección individual y colectiva de líderes y comunidades que se encuentren adelantando procesos de restitución de tierras, fundados en análisis de riesgos. o Las investigaciones penales contra miembros de grupos armados ilegales deben avanzar. o Investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos que por acción o por omisión en sus funciones se hayan visto involucrados en la comisión de hechos de desplazamiento forzado y de despojo de tierras. o Promover condiciones de dignidad en el proceso de retorno. o La participación de las comunidades es un eje transversal en la formulación e implementación de una política integral. PLENARIA III DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 1. IDENTIDADES EMERGENTES Y PROCESOS DE AUTONOMÍA TERRITORIAL EN EL CARIBE COLOMBIANO JOHANA HERRERA Observatorio de territorios étnicos de la Universidad Javeriana Abstract: Antes de los discursos y las políticas sobre tierras y restitución, en el Caribe Colombiano, las comunidades rurales empezaron una reflexión en torno al autoreconocimiento de lo afrocolombiano. Estos procesos identitarios emergentes, están en clave de la recuperación de territorios tradicionales que, en muchos casos coinciden espacial y temporalmente con las zonas donde se presentó el desplazamiento forzado. En este sentido, el Observatorio de territorios étnicos quiere llamar la atención de no homogenizar la política de restitución, para ello se requiere analizar situaciones regionales particulares y reivindicaciones territoriales colectivas que coexisten en espacios interculturales.

11 De la presentación de la Universidad Javeriana, podemos resaltar los siguientes puntos: Los procesos de auto reconocimiento étnico en clave de luchas territoriales, son de reciente surgimiento en el marco de la Constitución de Geográficamente tiene más incidencia en la región del Pacífico, a través de la implementación de la Ley 70, sin embargo en el Caribe se viene implementando también. El reconocimiento de los territorios étnicos genera un nivel alto de institucionalización para la participación de estas comunidades en las decisiones y espacios locales. Actualmente existen 42 Consejos Comunitarios. Se ha identificado que los entes territoriales han generado obstáculos para el reconocimiento de estos Consejos, lo que se evidencia en el hecho de no otorgarles la inscripción, impidiendo el posicionamiento de estas organizaciones a nivel local, tal es el caso de los Consejos Comuitarios de San Jacinto, Mahates y Palenque. El reconocimiento ante el Ministerio del Interior y de Justicia tampoco se ha logrado. Este reconocimiento es fundamental pues permite la posibilidad de acceder de manera rápida a procesos de consulta previa en casos donde se ventilan asuntos sobre los procesos de tierras de las negritudes. Los procesos de etnización se presentan en lugares como San Basilio de Palenque que están por fuera de una normalidad sociopolítica, y que han sufrido hechos de desplazamiento forzado, y compras masivas de tierras. Los procesos de titulación colectiva de tierras también han tenido dificultades. Ha sido complicado su trámite ante el INCODER. Existen comunidades a las que se les ha negado el curso de un proceso de titulación colectiva de tierras. En el Caribe, en Valledupar las comunidades están en terrenos baldíos de propiedad de la Nación. En estos casos no puede haber proceso de titulación, sin embargo hay que pensar en flexibilizar estos procesos, de otra manera no hay posibilidad de formalización de la propiedad, que debemos entender como una medida de protección de los derechos territoriales. Las comunidades y las agrupaciones están trabajando en ejercicios de recuperación de la historia local, la apropiación del territorio y de la información sobre el territorio, como es la recuperación de la cartografía de esos lugares. Se ha evidenciado un confinamiento de estas comunidades causado por los modelos de desarrollo, lo cual limita las posibilidades de acceso y uso del territorio, a lo que se suma la clara distancia que existe entre las propuestas comunitarias de apropiación territorial y las propuestas de las empresas. Estos procesos de desarrollo agroindustrial limitan los procesos de titulación colectiva. Se resaltan las siguientes conclusiones:

12 o No se deben abandonar los procesos de estabilización socioeconómica, los cuales no se han vuelto a abordar en la agenda pública, pues constituyen un elemento clave en la restitución y el retorno de las víctimas del conflicto. o Se requiere que la restitución trascienda el enfoque predial. o Deben existir mecanismos claros, públicos y transparentes de procesos de consulta previa. o Los modelos de desarrollo deben ir acompañados de procesos de restitución legal, material y del manejo de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. 2. EL SIGNIFICADO DEL TERRITORIO Y LOS AVANCES DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LOS AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR JAVIER PARDO KUSUTO Abstract: En la ponencia se realiza una aproximación al significado del territorio para las comunidades afrocolombianas y un análisis del marco constitucional que sustenta este significado. Finalmente se argumenta la importancia de contar con una política de tierras que garantice el derecho a la tierra para las comunidades afro. De la presentación de Kusuto, podemos resaltar los siguientes puntos: Manifiesta que para ellos en su condición de pueblo negro en el Departamento del Cesar, resultado de la Diáspora, su pensamiento, quehacer, cultura, la religiosidad e historia, están ligadas al territorio. Muy a pesar de haber perdido su territorio, este es el medio natural en el cual se encuentran como comunidad, han vivido como sujetos históricos por más de cuatrocientos años y han logrado construir una identidad propia, en un referente distinto al de la Madre Patria, como consideran al Continente Africano. Afirmó que el territorio es el medio del cual se obtiene un aprovechamiento racional de los recursos naturales. Es el espacio inmaterial (pensamiento) propio de la nostalgia en la lejanía. Este pensamiento da cuenta de la necesidad por el territorio del vínculo inquebrantable que los une a él y les permite ser un pueblo con unas condiciones culturales e identitarias propias. Cómo pueblo negro les cobija el bloque de constitucionalidad del cual es necesario afianzarse, pues es el marco de referencia para el logro de sus aspiraciones y reivindicaciones como pueblo y de los consejos comunitarios como estructuras Étnicas territoriales. Sin embargo, consideran que las instituciones del Estado no han adelantado medidas para garantizar estos preceptos constitucionales, como el expresado en el artículo 7 de la Constitución Política del 91 en el cual el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Como resultado de los avances en los procesos organizativos de la comunidad afro, en el departamento del Cesar contamos con 11 Consejos Comunitarios

13 constituidos y reconocidos por sus respectivas alcaldías. Esta labor ha resultado importante y necesaria, pero para su logro, existen hoy día algunos aliados estratégicos con mayor o menor grado de participación como son: la Gobernación del Cesar, el PNUD, el PDPC, ACNUR a través de su proyecto Observatorio de Territorios Étnicos, que de manera acertada acompaña la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, algunas alcaldías municipales y por último la Organización que ha sido gestora de esa construcción colectiva como es la Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar Kusuto, que ha venido trabajando de manera ininterrumpida por más de 16 años. La Región Caribe y en especial las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y los Consejos Comunitarios como expresión organizativa étnico territorial, requieren de la puesta en marcha de una política de tierras que subsane las inequidades históricas que ha sufrido la comunidad afrocolombiana. 3. SAN BASILIO DE PALENQUE - IDENTIDAD Y TERRITORIO ENRIQUE MARQUEZ Miembro de la comunidad afrocolombiana de San Basilio de Palenque Corporación Jorge Artel Abstract: Palenque de San Basilio es una comunidad fundada por los esclavos que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV. El término Palenque se define como aquel lugar poblado por cimarrones o esclavos africanos fugados del régimen esclavista durante el período colonial. De ahí que se convirtió en sinónimo de libertad ya que toda persona que llegaba a formar parte de un Palenque era automáticamente libre. De los numerosos palenques existentes en la Colonia, San Basilio es el único que ha permanecido hasta nuestros días librando permanentes batallas para conservar su identidad y sus elementos culturales propios. De ahí que Palenque de San Basilio sea cuna y testimonio de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano. De la presentación de Palenque Libre, podemos resaltar los siguientes puntos: Para entender el arraigo de los lideres y comunidades afro a nuestro territorio es fundamental remitirse a la historia, porque es así como el Gobierno Nacional puede entender porque las políticas de restitución de tierras deben avanzar en su desarrollo desde el seno de las organizaciones de base y de las autoridades étnicas. San Basilio ejerce una fuerte influencia en toda la región del Caribe colombiano y simboliza la lucha de las comunidades afrocolombianas por la abolición de la esclavitud, la reivindicación étnica, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. Tanto el Estado Colombiano como la comunidad de Palenque han formulado y desarrollado varias acciones en favor de la preservación, conservación y protección de la autonomía del territorio, así como de las diferentes expresiones y

14 saberes que constituyen la base de la identidad palenquera. Sin embargo, fenómenos tales como la discriminación racial, la aculturación, el desplazamiento forzado y la falta de planes de transmisión cultural, han afectado la continuidad del uso de la lengua, de las expresiones rituales y musicales propias, la transmisión del saber en medicina tradicional, en detrimento tanto de la estabilidad social y cultural de la comunidad como de la diversidad cultural del país. Las actividades y estudios realizados acerca de la investigación del territorio ancestral no son muy numerosos. Sin embargo entidades como el Observatorio de territorios étnicos de la Universidad Javeriana, La Corporación Jorge Artel, el Proyecto de Protección de Tierras, Casimba territorial y la comunidad en general, vienen desarrollando, a través de los Consejos Comunitarios, reglamentados por la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, acciones dirigidas a la preservación de la territorialidad como fuente primaria para el fortalecimiento y conservación de una identidad cultural autentica. Debido al impacto del conflicto armado en la comunidad, sé generó un movimiento interno con la intensión de proteger la autonomía del territorio, y en ese marco se logró: o La declaratoria de Palenque como zona de convivencia pacífica y territorio étnico cultural, por parte de la Asamblea Departamental de Bolívar, mediante la ordenanza No. 07 del o La Declaratoria de Palenque como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad: Por la UNESCO en el o El proceso administrativo de titulación colectiva, que inició como efecto de una declaratoria de protección de tierras realizada por el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada del municipio de Mahates en julio de 2006, por los combates y amenazas que se dieron en el año 2001 y que forzaron el desplazamiento masivo de los habitantes del sector rural de la Bonga y los obligaron a abandonar esa parte del territorio y refugiarse en el casco urbano del poblado de Palenque. Entre la solicitud de titulación del año 2006 y el contexto del año 2011, se vienen presentando transformaciones de la región que amenazan al territorio tradicional de Palenque, como las ventas masivas de tierras que se han presentado en los Montes de María y las nuevas agroindustrias de bosques maderables y palma aceitera que buscan tierras aptas para sus cultivos y han hecho propuestas a la comunidad para el arriendo o compra de tierras para dedicarlas a estos monocultivos. Esta situación ha obligado a iniciar por parte de la comunidad campañas de protección del territorio, concientizando a los palenqueros sobre el riesgo de vender o arrendar sus tierras a foráneos para la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta campaña recibió el apoyo del Observatorio de Territorios Étnicos, la Corporación Jorge Artel y la Asociación de Gestores Ambientales. Todas las estrategias mencionadas, encabezadas por la titulación colectiva de tierras se presentan como una alternativa de protección del territorio y en buena hora han animado a más personas de la comunidad a integrar al título sus herencias familiares. En el año 2011 los palenqueros aspiran a una titulación

15 colectiva de cerca de hectáreas, sin embargo hasta el momento sólo se han realizado los estudios sobre Entre las metas más fuertes del presente y futuro del pueblo palenquero y afro en el Caribe Colombiano, esta la protección del territorio como base fundamental para la conservación de la memoria colectiva, porque para el palenquero perder el derecho o autonomía sobre el territorio ancestral es volver a ser esclavo. 4. DERECHO A LA TIERRA PARA LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS JACKELINE MOGUEA Mesa Afro de los Montes de María Abstract: En esta ponencia se aborda la situación de la garantía y acceso a la tierra de las comunidades afro en los Montes de María, desde la perspectiva de una organización de base como es la Mesa Afro de los Montes de María. De la presentación de la Mesa Afro de los Montes de María, podemos resaltar los siguientes puntos: Menciona el gran número de población afro proveniente de los Montes de María. La Ley 70 de 1993 visibiliza a la población afro del pacifico, por lo cual se requieren medidas para el reconocimiento de la población afro en todo el territorio nacional. No hay una política clara para la población afro caribeña, por esta razón es tan complicado un proceso de titulación colectiva, similar al que se realizó en el pacifico. Dentro de las causas del desplazamiento forzado de las comunidades afro descendientes de los Montes de María se encuentra el conflicto armado y los megaproyectos empresariales. Son los grupos al margen de la ley, los que le abren campo a los megaproyectos, pues éstos constituyen su fuente de financiación. Los grupos armados ilegales empezaron comprando tierras a las comunidades o despojándolos, pero actualmente los megaproyectos empresariales están explotando dichos territorios. Su mayor interés en la actualidad es la titulación colectiva; aunque reconocen que es difícil adelantar un proceso de titulación cuando no hay voluntad política, consideran que es lo única medida que puede proteger el territorio. Un caso de gran preocupación es del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, donde persiste la presencia de grupos armados al margen de la ley, lo que se evidencia en la muerte de dos (2) líderes que adelantaban procesos de reivindicación de tierras, por lo cual se necesita el acompañamiento de las entidades para que se brinde seguridad a los líderes y comunidades.

16 En la comunidad de San Onofre se han venido adelantando procesos retorno a pesar de no tener ninguna garantía de seguridad, esto se da por la necesidad de las comunidades de cultivar en sus tierras por la fertilidad de las mismas y por ser las que le proporcionan el sustento. San Onofre hace parte de la región de los Montes de Maria y del Golfo de Morrosquillo. Se amenaza con un proyecto de ley en el que se busca declarar una parte de este territorio como turística, esto no nos beneficia porque no se capacita al nativo sino que los desplazan con la compra masiva del corredor de las playas. PLENARIA IV DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1. TERRITORIO WAYUU ARRAIGO Y DESARRAIGO NELLYS EPIEYÚ y ALBERTO MENDOZA Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Suliwou Laulayu Abstrac: El territorio ancestral Wayuu es sinónimo de poder y garantía de paz, estabilidad familiar y gloria. Desde la perspectiva indígena la tierra y el territorio son conceptos que se relacionan entre sí. Para los pueblos indígenas el territorio es el lugar se satisfacen necesidades espirituales y culturales sagradas y se da la organización política. De la presentación de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu, podemos resaltar los siguientes puntos: Los pueblos indígenas han sido afectados por diferentes problemáticas, tales como el conflicto armado, la explotación de recursos económicos e incluso las políticas del Gobierno. Para el pueblo indígena el territorio es un conjunto de conceptos que se relacionen entre si, es el lugar donde desarrollan sus actividades religiosas, culturales, sociales y económicas. No es un bien material sino que tiene un contenido espiritual, es contenedor de vida, con recursos naturales. El pueblo indígena Wayuú depende de sus tierras celosamente, puesto que son parte de ella y su subsistencia depende de la misma, y si no la cuidan corren riesgo de desaparecer. Para los no indígenas el territorio es por el contrario material, es visto como un bien que solo produce, de contenido económico, para el Estado es el espacio de soberanía jurídica, donde se aplican las leyes colombianas, es un asunto de negocio, se vende, se arrienda, se hipoteca, etc. Para los indígenas vender es sinónimo de desaparición, por eso en todas partes del mundo hay indígenas luchando por la protección del territorio.

17 Para el pueblo indígena Wayuu, el territorio es visto como sinónimo de poder, es la posibilidad para las familias de expandirse sin causar daño a nadie, se sienten poderosos porque pueden tener lo que quieran, familia, recursos etc. No se cerca el territorio y la extensión no tiene limitaciones mayores a los accidentes geográficos, arboles y en algunos casos puntales con trupillos o madrinas. El Arraigo de los Wayuu con el territorio es profundo, es espiritual, por la relación con los cementerios y sus muertos. Sólo hay tranquilidad en sus corazones cuando hay territorio. La población Wayuu se encuentra dividida en dos, los resguardados y los no reguardados. No todos están en reguardados, en Riohacha por ejemplo la mayoría no lo son. El problema radica en que cuando las personas no se encuentran resguardadas, no suelen aparecer en estadísticas, por lo que se encuentran desprotegidas de muchos de sus derechos por parte del Estado y fuera de programas esenciales para su existencia. El desarraigo de las comunidades indígenas se ha dado por la penetración del narcotráfico. También se han dado tierras a personas no indígenas, puesto que estos territorios no se encuentran en zonas protegidas, lo cual ha ocasionando la desaparición de varias comunidades asentadas en esos territorios, como sucede en Riohacha, donde la expansión urbana del municipio ha vulnerado a las comunidades tradicionales. De lo anterior se concluye que el pueblo indígena Wayuu sufre el flagelo del desplazamiento forzado dentro de su propio territorio, no sólo por las mismas causas que producen el desplazamiento en otras regiones del país, sino también por fenómenos propios como los ya expuestos, en los cuales se desarraiga al indígena de su territorio, no necesariamente a través de la violencia física. 2. CONCEPCIÓN DEL TERRITORIO Y PROBLEMÁTICA ACTUAL ENTRE LOS WAYUU GUILLERMO JAYARIYU Junta Mayor Autónoma de Palabreros Abstract: La ponencia aborda el tema de la violencia y ocupación del territorio ancestral Wayuu por parte de grupos armados ilegales, que actúan bajo los intereses del narcotráfico y la explotación de los recursos naturales y turísticos de la península de La Guajira. De la presentación de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros, podemos resaltar los siguientes puntos: El territorio ancestral Wayuu está asociado a la mujer y a sus funciones sociales sagradas de preservar la vida cultural de la comunidad.

18 Existe una gran preocupación por la vulnerabilidad y el devenir histórico de los pueblos indígenas, que están siendo penetrados e involucrados directamente en el conflicto de intereses de paramilitares y narcotráfico. Exalta el papel fundamental de la mujer y del PÜTCHIPÜ ÜI (palabrero) dentro de la cultura Wayuu, así como de la población infantil y preocupa el maltrato que estos han sufrido por parte de los grupos armados, ya que dentro de su cultura la mujer, los ancianos y los niños son sagrados. La cultura Wayuu posee su propio sistema ancestral de justicia y en este sentido las disputas interclaniles se resuelven bajo el procedimiento y aplicación de este sistema propio. Los grupos armados ilegales han irrumpido y manipulado el orden de la organización social propia, con lo cual quebrantan los principios del sistema de control social y espiritual de los miembros de la comunidad. De hecho, existen claras violaciones de los derechos culturales fundamentales de la nación Wayuu. El quebrantamiento de la estructura social de la comunidad conlleva a la grave situación de conflicto intraclanil e interclanil que sufre actualmente la comunidad Wayuu. Preocupa la poca penalización y visibilidad de los grupos armados ilegales que operan y tienen diversos intereses en el departamento de La Guajira. La indiferencia de los gobiernos locales, regionales y nacionales para atender la problemática del conflicto, conlleva a que los diversos intereses políticos y los proyectos de explotación de los recursos naturales y turísticos del territorio agraven profundamente la situación de la población. La ocupación paulatina del territorio ancestral wayuu por parte de grupos armados ilegales trae como consecuencia alianzas macabras que promueven acciones violentas entre miembros de la etnia. Se recuerda con tristeza la impunidad en los casos de las masacres de Bahía Portete en la Región Alta Guajira, y otras muertes selectivas de miembros Wayuu que se resisten a las diversas pretensiones de grupos armados. La presencia de nuevos conflictos y la irrupción de actores que promueven acciones violentas en nuestro territorio atentan la vida cultural de nuestra comunidad. La forma irracional en que son violentados niños, mujeres y ancianos, no constituye un hecho aislado sino que es consecuencia de la fuerte influencia y penetración de grupos armados ilegales que actúan en nuestro territorio ancestral, compartido entre las Repúblicas de Colombia y Venezuela. 3. CÓMO GARANTIZAR EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA? GABRIEL MUYUY Programa de la Presidencia de la República para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas Abstract: En la ponencia se explican las funciones y propuestas del Programa de la Presidencia de la República para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, como un

19 mecanismo para garantizar el goce efectivo del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas de Colombia. De la presentación del Programa de la Presidencia de la República para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas, podemos resaltar los siguientes puntos: El Estado colombiano sigue trabajando con las mismas instituciones que antes de la constitución del 91, lo que dificulta que se materialice un concepto de democracia dentro del Estado Social de Derecho. El Estado colombiano reconoce 102 pueblos indígenas, con una gran riqueza cultural milenaria, ubicados a lo largo y ancho del país, con personas, que representan el 3.4% de la población nacional y son propietarios colectivos de 735 resguardos indígenas, que constituyen el 29% del territorio nacional y que son territorios de gran riqueza en recursos naturales renovables y no renovables. El Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia se creó mediante decreto presidencial No del 17 de Diciembre de 2010 y tiene como funciones principales asesorar al Presidente de la República, a los Ministros, Gobernadores y Alcaldes en la formulación de acciones y estrategias para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia; promover ante las entidades estatales del orden nacional y territorial la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral con identidad y cultura de los pueblos indígenas; proponer lineamientos de diseño y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que conciernen a las regiones habitadas por los pueblos indígenas para la formulación de políticas en esta materia. Dentro de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas encontramos: o Identidad Cultural: Memoria histórica del pueblo aparte del lenguaje, usos y costumbres de las mismas comunidades. o Tierra y Territorio: Resguardo y derechos colectivos. El 25% de la población indígena no tiene garantizado el derecho a la tierra y territorio. o Autonomía Cómo garantizar el goce efectivo del derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas de Colombia? o Mediante la implementación de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. o Garantizar efectivamente el derecho fundamental a la Consulta previa, libre e informada. o Apoyo y acompañamiento al proceso de construcción y consulta previa del Decreto Ley sobre Victimas del Conflicto y Restitución de Tierras en el marco de la metodología acordada en la Mesa Nacional de Concertación Indígena.

20 o Concreción e implementación del Programa Nacional de Garantías en el marco del Auto 004 de o Construcción e implementación consultada y concertada de los Planes de Salvaguarda Étnica en el marco del Auto 004 de Jueves 7 de abril de 2011 CONVERSATORIO No. 1 PANORAMA DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES Y MINEROS EN LA REGIÓN CARIBE 1. PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA REGIÓN CARIBE Y LOS CONFLICTOS POR EL USO DEL TERRITORIO MARINO - COSTERO JUNE MARIE MOW INDEPAZ Abstract: La situación actual del territorio marino - costero en el contexto nacional muestra que la conservación de la diversidad biológica y cultural de este ambiente muestran serias limitantes y vacíos. El territorio marino - costero ancestral de varios pueblos en el país, adquiere en pleno siglo XXI relevancia para la puesta en marcha de un modelo de desarrollo agotado, cortoplacista y excluyente de las poblaciones costeras mayormente comunidades étnicas basado en la explotación minera y los combustibles fósiles. De esta manera, la tendencia clara es la pérdida no solo de derechos territoriales de estas comunidades, sino también de los derechos de uso. De la presentación de INDEPAZ podemos resaltar los siguientes puntos: San Andrés ha sido desplazada de su economía tradicional, muchos de los jóvenes raizales han sido reclutados para realizar actividades de narcotráfico por ser esta una isla que esta ubicada en una de las rutas principales para el paso de la droga. San Andrés inicialmente se planteó como una zona de desarrollo comercial a través de la implementación del puerto libre, sin embargo este fue reemplazado por uno turístico y actualmente por un modelo de desarrollo petrolero, lo que ha generado que los habitantes de San Andrés no se hayan adaptado. El territorio marino es denominado común, sin embargo no hay tierras para titular a las comunidades pero si para privatizar. La adjudicación de los cayos a las multinacionales petroleras es privatizar la tierra de los isleños. Los arrecifes juegan un papel muy importante en los ciclos de los nutrientes y en especial en el crecimiento de diversas especies asociadas, por lo tanto si no se preservan va tener graves consecuencias.