Llamada Internacional (extracto de The Wire) Julio de 2003

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1 Índice AI: NWS 21/006/2003/s Llamada Internacional (extracto de The Wire) Julio de 2003 Myanmar: Estudiantes encarcelados por celebrar un acto pacífico de protesta El 18 de agosto de 2002 se detuvo a dos estudiantes de Derecho, Thet Naung Soe y Khin Maung Win, por celebrar un acto pacífico de protesta en la capital de Myanmar. Los estudiantes se manifestaban ante el ayuntamiento de Yangón, donde 14 años antes, el 8 de agosto de 1988, soldados del ejército de Myanmar había abatido a disparos a cientos de personas, entre las que había estudiantes y monjes, que se manifestaban de forma pacífica contra el régimen de partido único. Según los informes, la víspera de la manifestación los estudiantes habían distribuido una declaración en la que se pedía la excarcelación de los presos políticos y el avance en el diálogo político entre las autoridades militares en el gobierno y la Liga Nacional para la Democracia (partido al que, pese a ganar las elecciones en 1990, las autoridades no entregaron el poder); en la declaración se anunciaba además que Thet Naung Soe iba a celebrar un acto de protesta al día siguiente en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Thet Naung Soe y Khin Maung Win fueron detenidos durante el citado acto de protesta. Thet Naung Soe y Khin Maung Win fueron condenados a 14 y 7 años de prisión, respectivamente, tras ser sometidos a un juicio injusto. Los condenaron en aplicación de la Ley sobre Disposiciones de Excepción, de 1950, ley de ambigua formulación a la que se recurre con frecuencia para silenciar la disidencia en el país y que, de hecho, penaliza la actividad política pacífica. Los dos estudiantes forman parte ahora de los al menos presos políticos que hay en el país, muchos de los cuales han sido condenados por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Escriban cartas solicitando la liberación inmediata e incondicional de Thet Naung Soe y Khin Maung Win e instando a las autoridades a que revisen la legislación en virtud de la cual se les ha condenado con el objeto de derogar o reformar las disposiciones contrarias a las normas internacionales. Envíen sus llamamientos al presidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo de Myanmar: Senior General Than Shwe, Chairman, State Peace and Development Council, Ministry of Defence, Dagon Post Office, Yangon, Myanmar. Fax: Perú: Todavía hay presos encarcelados en aplicación de la caduca legislación «antiterrorista» Amnistía Internacional pide la liberación inmediata en incondicional de 19 presos de conciencia, algunos de los cuales ya han figurado en ediciones anteriores de la Llamada Internacional. Los 19 presos han sido acusados injustamente de delitos de «terrorismo» y no son más que una pequeña fracción de los hombres y mujeres que permanecen recluidos en cárceles peruanas acusados de cargos falsos de «terrorismo». Las leyes promulgadas en 1992 por el entonces presidente Fujimori, en un intento por erradicar al grupo armado de oposición Sendero Luminoso, dieron lugar al encarcelamiento de cientos de personas acusadas injustamente de cargos falsos de «terrorismo». Transcurridos 10 años, ni el posterior gobierno de transición ni el actual gobierno han cumplido su promesa de respetar los derechos humanos fundamentales al no haber ordenado la excarcelación de las personas acusadas de cargos falsos. AI ha documentado al menos casos de este tipo. Muchos presos han quedado en libertad merced a la intervención de Comisiones de Indulto. AI pide a las autoridades que doten de recursos

2 suficientes a la actual Comisión de Indulto para que revise sin demora todos los casos pendientes. La organización pide asimismo al gobierno que revise la legislación «antiterrorista» a fin de garantizar su conformidad con las normas internacionales de justicia procesal. Si desean más información sobre este asunto, consulten el informe de AI titulado Perú: La legislación «antiterrorista» y sus efectos: una asignatura pendiente de la transición a la democracia (AMR 46/001/2003/s). Escriban cartas pidiendo la liberación inmediata e incondicional de todas las personas acusadas injustamente de cargos falsos de «terrorismo», haciendo especial hincapié en la excarcelación de: Justo Alvarado Alva, Teodoro Campos Quispe, Francisco Carhuallay Cruz, Felipe Carrasco Luque, Walter Cubas Baltazar, Marcos Espinoza Ayhua, Elmer Gutiérrez Vásquez, Gregorio Hilario Quispe, Jaime Huamaní Díaz, Carlos Jorge Garay, Benjamín Masgo Dueñas, Víctor Palma Suarez, Herminio Palomino Soto, Carlos Ortega López, Zenón Osnayo Tunque, Julia Rodríguez Suárez, Iván Ruiz García, Lucio Vilca Galindo y Apolinario Vilcapuma Huamán. Envíen sus llamamientos al presidente de Perú: Alejandro Toledo Manrique, Presidente de la República del Perú, Palacio de Gobierno, Plaza Mayor Scipión Llona 350, Lima 1, Perú. Fax: Serbia y Montenegro (Kosovo): [Secuestro y homicidio de un miembro de una comunidad minoritaria] Petrija Piljeviæ, mujer serbia de 57 años de edad residente en Priština (Kosovo), fue secuestrada en la tarde del 28 de junio de 1999 por tres hombres vestidos de uniforme. Sus vecinos vieron cómo se la llevaban, llorando y gritando, de su apartamento. Tras el secuestro de la mujer, sus dos hijos huyeron a Serbia. En agosto de 2001, uno de ellos, Dragan, pudo ver unas fotografías de prendas de vestir pertenecientes a cadáveres exhumados en Kosovo. Así reconoció el pantalón de chándal azul, los calcetines azul marino, la blusa color crema y la chaqueta negra de su madre. La prensa difundió la noticia de que Petrija Piljeviæ había muerto como consecuencia de dos impactos de bala a quemarropa. El cadáver fue entregado a su familia y enterrado en Serbia. Al parecer, esta muerte no ha sido investigada. Según informes, los hombres que la secuestraron llevaban uniformes del Ejército de Liberación de Kosovo. Se cree que miembros de dicho ejército han secuestrado y matado hasta a serbios, romaníes, musulmanes bosnios y miembros de otros grupos minoritarios en Kosovo antes, durante y después del conflicto librado en la región en 1998 y Se han recibido informes que indican que desde el fin de la guerra en julio de 1999, muchos otros miembros de grupos minoritarios han sido secuestrados. Pocos han sido los autores de hechos así que han sido puestos en manos de la justicia. Transcurridos cuatro años del conflicto, la libertad de circulación de los grupos minoritarios depende de la protección de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), bajo el mando de la OTAN. Los miembros de grupos minoritarios sufren discriminación a la hora de acceder a un puesto de trabajo, a la atención médica y a la educación. Sólo un reducido número de miembros de estos grupos que huyeron del país para escapar del conflicto han regresado a los hogares que ocupaban antes de la guerra. Pregunten a las autoridades si se ha abierto una investigación sobre el secuestro y homicidio ilegítimo de Petrija Piljeviæ y, en caso de que así haya sido, pidan que les comuniquen los resultados de la misma. Expresen su preocupación ante el escaso número de presuntos implicados en el secuestro de miembros de comunidades minoritarias llevados ante la justicia en Kosovo. Envíen sus llamamientos al Representante Especial Adjunto sobre cuestiones de Policía y Justicia de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK): Jean-Christian

3 Cady, Deputy Special Representative of the UN Secretary General (Police and Justice), UNMIK HQ, Room 215, Priština/Prishtinë, Kosovo. Fax: (Ext. 2099). Correo-E: Marruecos y el Sáhara Occidental: [Campaña contra activistas de la sociedad civil] Activistas de la sociedad civil del Sáhara Occidental han sido juzgados y encarcelados por cargos supuestamente impuestos por motivos políticos. Varios de ellos han denunciado haber sufrido torturas o malos tratos durante su detención. Es el caso de Dkhil Moussaoui y Bazid Salek, que han sido acusados de atentar contra el orden público, concretamente, de incitar a la violencia en El Aaiún (Sahara Occidental), en el periodo comprendido entre 2000 y El 12 de marzo de 2003, Bazid Salek fue condenado a 10 años de prisión. Su condena se basó exclusivamente en unas «confesiones» que más tarde retiró en juicio, alegando que le habían sido extraídas mediante coacción. Dkhil Moussaoui fue condenado el 25 de junio a un año de cárcel. Pero hay otros casos, como, por ejemplo, el de Ahmed Nasiri, condenado el 27 de noviembre de 2002 a 18 meses de prisión. Según informes, los agentes lo golpearon estando bajo custodia policial para intentar obligarlo a firmar declaraciones policiales en las que admitía haber instigado a la violencia en el curso de una protesta contra el gobierno que había tenido lugar en Pese a que Ahmed Nasiri se negó a firmar tales declaraciones, éstas se emplearon como único fundamento de su condena. No se tiene noticia de que se haya realizado investigación alguna sobre las denuncias de tortura y malos tratos formuladas por Bazid Salek y Ahmed Nasiri. Hasta su procesamiento, AI no tenía razón alguna para creer que Bazid Salek, Dkhil Moussaoui y Ahmed Nasiri hubiesen recurrido a la violencia ni propugnado su uso. La única prueba que vinculaba a Bazid Salek y Ahmed Nasiri con actos de violencia era su confesión, que según parece les fue extraída mediante coacción. AI considera a los tres hombres posibles presos de conciencia. Bazid Salek, Dkhil Moussaoui y Ahmed Nasiri son miembros de la delegación saharaui del Foro para la Verdad y la Justicia, asociación independiente creada en 1999 para defender los derechos de las víctimas y familiares de tortura, «desaparición» y otras violaciones de derechos humanos. Muchos miembros de esta asociación han sido perseguidos por las autoridades marroquíes. En los últimos meses, activistas de la sociedad civil saharaui han sido objeto de creciente acoso e intimidación por parte de las autoridades marroquíes. Algunos han sido detenidos para interrogarlos sobre su apoyo a la independencia del Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos aunque también reclamado por el Frente Polisario, movimiento que se ha autoproclamado gobierno en el exilio Si desean más información al respecto, consulten la Llamada Internacional de diciembre de Escriban cartas pidiendo a las autoridades marroquíes que investiguen las denuncias de tortura y malos tratos formuladas por Bazid Salek, Dkhil Moussaoui y Ahmed Nasiri, que los liberen de inmediato, a menos que vayan a someterlos sin demora a un juicio con las debidas garantías procesales, y que dejen de acosar a otros activistas saharauis por su labor pacífica de defensa de los derechos humanos. Envíen sus llamamientos al ministro de Justicia de Marruecos: M. Mohamed Bouzoubaa, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, Place Mamounia, Rabat, Marruecos. Fax: ó ó Actualización de casos incluidos en anteriores Llamadas Internacionales Rusia: La Campaña de AI surte efecto

4 «Incluso niños de Londres han enviado mensajes por fax al gobernador.» El 25 de abril de 2003, un grupo de entre 50 y 60 adolescentes entró en un club nocturno del pueblo de Kholmsky, en el territorio de Krasnodar, y agredió a personas cuyo aspecto parecía indicar que procedían de la región del Cáucaso. Estos hechos movieron a AI a emprender una campaña a través de Internet. En un principio, las autoridades locales guardaron silencio sobre esta agresión deliberada contra minorías étnicas, hasta que la presión ejercida a través de los llamamientos de miembros de AI y de organizaciones rusas de derechos humanos y la posterior atención de los medios de comunicación les obligaron a tomar medidas. Desde entonces, cinco personas han sido detenidas en relación con la agresión y las autoridades están reuniéndose con dirigentes mesjetios locales para hablar sobre el incidente. Si desean participar en la campaña, visiten la página web de AI: o bien, conéctense al sitio web de EDAI: Malaisia: Activistas liberados A principios de junio del presente año quedaron en libertad seis activistas del movimiento Reformasi, grupo que lucha por la reforma política y social en el país. Cumplían penas de dos años de prisión en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Todos ellos, Saari Sungib, Tian Chua, Hishamuddin Rais, Mohd Ezam Mohd Nor, Badrulamin Bahron y Lokman Noor Adam, estaban recluidos en el Centro de Detención de Kamunting y fueron excarcelados entre el 1 y el 12 de junio. No obstante, cuatro de los seis activistas tienen otros cargos o recursos pendientes. AI cree que la decisión del Ministro del Interior de Malaisia de no renovar la orden de detención de estos activistas se vio fuertemente influida por la campaña internacional en favor de su liberación. Si desean más información, consulten la Llamada Internacional de abril de Kuwait: Una presa de conciencia vuelve con su familia En abril del presente año, Ibtisam al-dakhil fue liberada del centro de expulsión de Kuwait y volvió con su familia que se encontraba en Francia. Ibtisam al-dakhil transmitió su agradecimiento a todos los miembros de AI que se habían movilizado en torno a su caso. Por otra parte, Intisar Khallati y Zannuba 'Abd al-khadr 'Ashur quedaron en libertad el 1 de junio y fueron expulsados a Basora, en Irak. Si desean más información, consulten la Llamada Internacional de noviembre de 1996.

5 Arabia Saudí: Un preso es liberado y expulsado del país sin cumplir condena El 7 de mayo de 2003, las autoridades saudíes excarcelaron y expulsaron al Reino Unido a Gary Dixon, también conocido como Gary O Nions. Gary había sido sometido a un juicio sin las debidas garantías en el que se le había condenado a recibir 800 latigazos, a pagar una multa de libras esterlinas (equivalentes a unos dólares estadounidenses) y a cumplir ocho años de prisión por la producción y venta de alcohol. Tras pasar un año en prisión quedó en libertad sin haber recibido los 800 latigazos ni haber pagado la multa.