La seguridad pública es un tema reciente en la agenda de investigaciones

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1 La seguridad pública como tema de investigación de la universidad y las organizaciones de derechos humanos 1 R Sofía Tiscornia R Doctora en Antropología (UBA). La seguridad pública es un tema reciente en la agenda de investigaciones académicas. Hacia fines de los años 90 la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica convocó a una reunión de expertos nacionales y en 1999 se incluyó el tema Violencia y seguridad ciudadana como tema prioritario en el Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología Me interesa reflexionar acerca de cómo a mi entender esta área de investigación aparece en nuestro país íntimamente vinculada a la cuestión de los derechos humanos y por ello, a la acción política y reflexiva de algunas organizaciones de derechos humanos en convenio con universidades para la investigación. Sin duda esta afirmación puede evocar las necesarias vinculaciones entre los procesos políticos locales y la emergencia y desarrollo de determinados temas de investigación. Quiero decir, temas como el de la seguridad pública tan cercano a cuestiones de políticas de Estado por una parte, y a la experiencia cotidiana de las personas por la otra no pueden ser abordados sin comprender cuál es la clave, o las claves locales, para su interpretación y desarrollo. Por ello quiero hacer una afirmación que puede resultar provocadora. Esta dice que entre nosotros, la cuestión de la seguridad pública como tema de investigación aparece a comienzos de los años 90, como preocupación de ONG s de derechos humanos relacionadas sí con investigadores universitarios pero básicamente interesadas en poner en el debate público el problema de la vinculación local entre inseguridad y policía. Así, la seguridad pública como tema de investigación académica y también como tema en el que es fundamental incidir política y socialmente, es una preocupación de un sector social comprometido en nuestro país con la vigencia de los derechos humanos, que demanda al Estado políticas públicas. Por eso quiero referirme a esta cuestión en particular, que implica entonces también reflexionar sobre la incidencia de los ONG s de derechos humanos y/o antirrepresivas en materia de seguridad y violencia policial. Se trata de organizaciones que han consolidado un trabajo sostenido en la materia en los últimos años y cuyo trabajo puede ser reconocido en políticas y acciones y en las que, en buena medida, la intervención de investigadores y académicos en ellas, ha sido importante. Veamos: La relación seguridad ciudadana / violencia policial como problemas 63 1 Este trabajo es una versión revisada de la presentación realizada en el Panel La seguridad pública como área de investigación en la Argentina en el marco del Seminario internacional: La seguridad pública como área de investigación, formación y capacitación. Consejo de Seguridad Interior y Embajada Francesa en Buenos Aires. Alianza Francesa, Buenos Aires, 1 y 2 de octubre de 2007.

2 Sofía Tiscornia 64 vinculados y, por lo tanto materia de trabajo de organizaciones de derechos humanos, aparece como tal a comienzos de los 90 y organizaciones como Centro de Estudios Legales y Sociales tuvieron una fuerte incidencia en la instalación de esa relación, tanto en la agenda de los derechos humanos en el país, como en la agenda de los centros de investigación 2. No puedo por razones de espacio dar cuenta de todos los trabajos y acciones realizadas sobre el tema. Pero baste recordar el título del informe que publicara en 1998 el CELS conjuntamente con Human Rigth Watch: La inseguridad policial. Violencia de las fuerzas de seguridad en la Argentina (Eudeba, 1998). Este informe en el que participaron activamente varios científicos sociales se proponía relacionar los dos temas, esto es, demostrar que la inseguridad pública estaba en íntima relación con las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad en la Argentina y que a su vez, buena parte de éstas estaban condicionadas por leyes orgánicas, reglamentos internos y formas consuetudinarias de formación y entrenamiento en los que el uso abusivo de la violencia era una forma de relación habitual, tanto hacia fuera como dentro de las instituciones. Así, pensar la seguridad pública era pensar en forma paralela las múltiples formas en que se estructura y desarrolla la violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Ello supuso pensar la cuestión no sólo desde las leyes y las normas, sino fundamentalmente desde las prácticas y costumbres para comprender, por una parte, cómo éstas dan forma y reproducen la violencia en estas instituciones, y por otra, cómo es aceptada e invisibilizada por los tribunales cuando tienen que investigarla o limitarla. Ahora bien, entre aquel entonces y hoy, el panorama ha cambiado en muchos sentidos. A mi entender, entre los dos términos de la relación seguridad pública / violencia de las instituciones de seguridad, el primero ha logrado desprenderse del segundo. Por un lado, porque la hegemonía de la ideología de la seguridad que no es exactamente lo mismo que la seguridad pública ha desplazado el cuestionamiento serio de la violencia policial como productora eficaz de inseguridad pública. Son muchas las razones por las que ello ocurre. Así, por un lado, el mercado de la seguridad es un mercado en franca expansión que se alimenta de la exhibición de la violencia, y que además se teje con el pánico y el miedo que obtura con increíble eficacia la reflexión sobre el tema. Por otro, cada vez más, la seguridad pública es menos una cuestión de policía estatal y más una cuestión de agencias privadas de seguridad o seguridad pública privatizada valga la contradicción de los términos. Así, nos encontramos 2 Ver Tiscornia, Sofía: Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio. Editores del Puerto /CELS Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos, Buenos Aires, Para más información ver la sección de reseñas.

3 La seguridad pública como tema de investigación de la universidad y las organizaciones de derechos humanos con inmensas zonas grises en las que es complejo dirimir competencias. Se nos aparece, antes bien, una trama de relaciones de poder en la que la gestión de la seguridad y la expansión del delito pueden ser dos caras del mismo fenómeno. Quiero decir, nos encontramos con agentes del Estado que producen inseguridad para vender servicios privados de seguridad, o con empresarios de la seguridad que venden programas de seguridad al Estado, y así, múltiples y multifacéticas combinaciones. Por otro lado, porque el problema se expande también continuamente a través de la emergencia de movimientos y colectivos de demanda de justicia y seguridad, que también producen políticas y acciones coyunturalmente esto es, no como resultado de la planificación de políticas públicas, sino como resultado de los trágicos hechos que desencadenan reacciones populares. Así, las muertes resultado de secuestros extorsivos, robos, venganzas, etc. Y estos movimientos reactivos plantean continuos desafíos a la investigación en el tema, y estoy pensando particularmente en las multitudinarias marchas por más seguridad antes que en las puebladas contra comisarías involucradas en crímenes y desidia o en las denuncias por casos de gatillo fácil, para las que sí, tanto las organizaciones de derechos humanos, como la universidad, han propuesto políticas y acciones como resultado de la construcción de conocimiento experto sobre el fenómeno. Y éstos son, a mi entender, problemas para la construcción de conocimiento e investigación en el tema. En relación a estas cuestiones es que me interesa caracterizar dos tipos de políticas y/o acciones que las organizaciones de derechos humanos y anti-represivas activan hoy en el trabajo sobre seguridad y violencia policial. Voy a esbozarlas esquemáticamente y si bien para quienes conocen la realidad argentina resultará sencillo imaginar a cuáles organizaciones representa cada una de las políticas, quiero advertir que no estoy describiendo ONG s ni evaluando sus acciones. Por un lado, me parece, nos encontramos con políticas y acciones que han construido un espacio de crítica radical y alteridad. Esto es, enfrentamiento abierto, denuncia y litigio contra la violencia policial y por extensión, acciones de enfrentamiento y denuncia contra el Estado. Es un tipo de construcción que puede imaginarse como una batalla infinita. Para este tipo de políticas los logros se miden como en las batallas según números de condenas a policías y agentes de fuerzas de seguridad acusados de crímenes y violaciones a los derechos humanos, en cantidad y persistencia de actos de organización de la resistencia a la violencia policial a través de marchas, escraches a jueces y policías, actos públicos, ceremonias recordatorias de 65

4 Sofía Tiscornia 66 los muertos por la violencia policial y, también en la capacidad de organización del apoyo solidario entre familiares de las víctimas. En algún sentido podemos decir que éste tipo de políticas y acciones tiene frente a sí, como contrincante principal, un poderoso Leviatán. Un Estado que es Uno, con mayúsculas y sin fisuras. No hay matices entre las diferentes administraciones del Estado, ni entre las diferentes formas de gestión de la seguridad. Todas son el enemigo. No estoy evaluando esta representación del problema. Solo trato de describirla y de plantear que esas acciones construyen actores políticos con incidencia en la cuestión. Y se trata también de una forma de construir conocimiento sobre el tema. Por otro lado, nos encontramos con otra forma de construcción de políticas y conocimiento casi en el extremo opuesto al descrito que podemos caracterizar como un espacio de crítica argumentativa y logro de consensos parciales con el Estado y organizaciones de la sociedad civil, en estos temas. Esto es, acciones de cabildeo, búsqueda de consensos progresivos sobre temas puntuales, asesoramiento a oficinas del Estado y litigio estratégico si pensamos esto como litigio que habilite, o que sea una puerta para abrir discusiones parlamentarias, de reforma de legislación, etc.. Este tipo de políticas y acciones reconoce que tiene frente a sí un Estado complejo en comparación a la imagen del Leviatán. Es un Estado en el que hay que buscar y encontrar la oficina y el funcionario adecuado para la discusión de cada tema. Es un Estado al que se reconoce como un conjunto de burocracias mal integradas, que responde a diferentes intereses y que reacciona por muy diversas causas. Es un Estado en el que el actor de la ONG s y de este tipo de política, actúa en el pleno sentido de la palabra. Para ser eficaz tiene que tener conocimiento del campo, haber tejido redes de sociabilidad, conocer las intrigas que movilizan a uno y a otro, tener un mapa de quién es quién en diferentes circunstancias. Tener incidencia en políticas de seguridad y violencia policial, en ese tipo de Estado, en esas áreas sensibles, caracterizadas por la intensa movilidad de los funcionarios, por el continuo cambio de planes y políticas de seguridad, por la fragilidad de las decisiones que se toman al respecto, es una tarea ardua. No es una tarea que pueda llevarse a cabo según la coyuntura, aunque debe enfrentarla. Quiero decir, para lograr incidencia debe tener, previamente, una agenda. Y además, esa agenda tiene que ser el resultado de investigaciones concretas, alimentada con datos empíricos, debatida y legitimada en distintos escenarios: académicos, centros de estudios, fundaciones especializadas, áreas sensibles del Estado nacional y los estados provinciales.

5 La seguridad pública como tema de investigación Es más, para ser eficaz debe ser el resultado de una tarea reflexiva, quiero decir, que haya acumulado trabajo y conocimiento sobre el tema. Todos estos requisitos a su vez, pueden poner en peligro la coherencia de la acción política pensada como control al Estado y denuncia propositiva. Las redes de sociabilidad pueden ser cooptación, la participación puede ser aquiescencia. Y, además, porque se está frente a un Estado que suele ser particularmente sensible ante las reacciones de colectivos sociales que reclaman en marchas Considerar el Estado como una unidad enemiga nos enfrenta a otros problemas de los cuales el más preocupante es socavar en forma progresiva la legitimidad del Estado como garante de la seguridad pública. multitudinarias más seguridad como más castigo y más penalidad. Y éste es un problema en particular, al tiempo que es importante pensar en la incidencia de las organizaciones de derechos humanos en estos temas, es fundamental re-pensar a qué Estado se están enfrentando y con cuál Estado están participando. Sin duda que no es el Leviatán. Antes bien, creo que el trabajo en políticas que privilegian la crítica argumentada y los consensos parciales con oficinas del Estado están reconociendo que el Estado es tanto funcionarios y estructuras que trabajan por el interés común como en muchas ocasiones por intereses privados y particulares, pero que en cualquiera de los casos, porque están investidas de autoridad estatal, pueden producir y producen políticas de Estado. Entiendo que es interesante pensar estas cuestiones en esa clave. Porque también ayuda a pensar qué se demanda al Estado en estos temas. Qué límites a su acción se le exige. En cambio, considerar el Estado como una unidad enemiga nos enfrenta a otros problemas de los cuáles el más preocupante es socavar en forma progresiva la legitimidad del Estado como garante de la seguridad pública. El Estado como representante del interés común, por más contradictorio que este sea puede llegar a existir cada vez menos. Puede haber sí infinitas oficinas, cientos de miles de funcionarios, expansión desmesurada de programas e iniciativas estatales, pero ello no quiere decir que haya necesariamente más estatalidad. De la misma forma que hay cada vez más policías en las calles, más control administrativo y rutinario, más invasión a la autonomía de las personas y no necesariamente más seguridad. Por ello, cuando la progresión del vigilantismo sobre las personas parece no encontrar límites, si parece urgente pensar las políticas y acciones de derechos humanos como acciones estratégicas en busca de estatalidad y entonces sí, de seguridad pública y común. Por ello, una agenda de 67

6 Sofía Tiscornia investigaciones propositivas, que reconoce la complejidad del Estado y de sus políticas, una agenda anclada en la defensa de los principios de los derechos humanos ha de ser el compromiso político de las relaciones entre la academia, las organizaciones de derechos humanos y el Estado. 68

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