LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LAS ACTIVIDADES MINERAS, ESPECIALMENTE LA TRIBUTACIÓN EN ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA Y BRASIL

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1 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, EXTENSIÓN Y PUBLICACIONES LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LAS ACTIVIDADES MINERAS, ESPECIALMENTE LA TRIBUTACIÓN EN ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA Y BRASIL DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XIII, Nº 281 SANTIAGO DE CHILE SEPTIEMBRE DE 2003

2 TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN...1 I. LEGISLACIÓN EXTRANJERA....3 A. ARGENTINA Normativa Dominio Régimen de concesión....4 a) Obligaciones generales del titular de la concesión minera...5 b) Obligaciones especiales del régimen de minerales nucleares....5 c) Caducidad de la concesión Régimen Tributario....7 a) Ley de Inversiones Mineras....7 b) Impuesto a las Ganancias....8 c) Avalúo de Reservas....9 d) Otras Exenciones de la Ley de Inversiones Mineras...10 e) Regalías f) Financiamiento y Devolución Anticipada del Iva Regulación de la Inversión Extranjera...14 B. BOLIVIA Normativa Dominio Régimen de Concesión a. Obligaciones del titular de la concesión minera b. Derechos del titular de la concesión minera...16 c. Caducidad de la concesión Régimen Tributario a. Régimen Impositivo General, Ley Nº 1606 modificatoria del Código Tributario (1994) b. Impuesto Complementario. Regalías. Código de Minería c. Deducciones (Código de Minería) Regulación de la Inversión Extranjera...19 C. COLOMBIA Normativa Dominio Régimen de concesión a. Obligaciones del concesionario b. Terminación y Caducidad de la Concesión Régimen Tributario Regulación de la Inversión Extrajera...25 D. BRASIL Normativa....26

3 2. Dominio Régimen de Concesión Régimen Tributario Regalía o Royalty Regulación de la Inversión Extranjera...30 CONCLUSIONES SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA...32

4 LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LAS ACTIVIDADES MINERAS, ESPECIALMENTE LA TRIBUTACIÓN EN ARGENTINA, BOLIVIA, COLOMBIA Y BRASIL Estudio elaborado por Patricia Canales con la colaboración de Virginie Loiseau de la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. INTRODUCCIÓN. La cuestión sobre la propiedad y atribución de dominio de los recursos minerales existentes y conocidos, como de los potenciales o desconocidos que se presentan en la naturaleza en forma de depósitos, yacimientos-minas del planeta se ha originado, definido y atribuido (en el pasado y hasta el día de hoy) en el marco de tres grandes sistemas: El primero, el del derecho fundiario, en cuya virtud el dueño del terreno superficial tiene y le corresponde, por distintas razones y conceptos, el dominio de los recursos minerales donde están ubicados y situados sea en el suelo superficie o en el subsuelo. Al propietario o dueño, se le atribuye el dominio de aquellos, cualquiera que sea la naturaleza y características del recurso salvo las excepciones establecidas en la respectiva ley, quienes pueden tener la calidad de particulares, o ser el propio Estado, representado por determinadas autoridades, o por otros entes y organismos legales, como Municipalidades, etc. Es el sistema que actualmente rige y se aplica en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, República de Sudáfrica (mixto), Irlanda del Norte. Asimismo, se aplica a determinadas sustancias minerales usualmente no metálicas (denominados áridos: rocas, arena y algunas otras de uso industrial), respecto de las cuales, en numerosas legislaciones mineras de países de Europa, Africa, Asia y en casi todos los países de América Latina y el Caribe, su dominio es atribuido también al dueño del suelo; en otros países el dueño de los terrenos tiene preferencia para explotarlos y aprovecharlos, pero si no lo hace y otros terceros lo solicitan se les otorga permiso y /o licencia o concesión, según el caso, para explotarlos.

5 2 El segundo, es el sistema en que se le atribuye al Estado el dominio de los recursos naturales a título inalienable e imprescriptible como atributo de la soberanía, en el marco del dominio eminente, ubicados en sus territorios continentales o marítimos, sea que se encuentren en la superficie o en subsuelo, considerados jurídicamente desvinculados del dominio de personas sobre los terrenos superficiales, cualesquiera sea la calidad jurídica de ellas. Durante la Edad Media, el derecho minero romano crea la institución jurídica de la regalía minera, que representa por una parte, la estratificada estructura de pueblos, reyes, príncipes, señores feudales, representantes de la Iglesia que se atribuían la propiedad de las minas o el derecho a participar de una regalía respecto de los productos obtenidos en la explotación de aquellas, y por la otra, la creación del llamado dominio minero eminente cuya raíz se encuentra básicamente en el usufructo. En la actualidad, este sistema lo suscriben prácticamente todas las legislaciones mineras del mundo, no comprendidas en el sistema fundiario con excepción de algunos casos. El tercero, fundado en las teorías de los res nullius y de la ocupación, sostiene que las sustancias minerales existentes en el suelo y en el subsuelo no pertenecen a nadie (res nullius) ni tampoco puede atribuirse su dominio originariamente a nadie, incluso sea el Estado. Este sistema se aplicó desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo se centra en el ámbito latinoamericano, del cual Chile es parte, dando preferencia a Bolivia, Colombia, Brasil por su mayor tradición minera y también Argentina por su gran potencial. El análisis se estructuró a partir de la descripción de la normativa de cada país, el dominio de los recursos, el régimen de concesión, el régimen tributario y la regulación de la inversión extranjera.

6 3 I. LEGISLACIÓN EXTRANJERA. A. ARGENTINA. 1. Normativa. Constitución Política de 1994, artículo 122; Código de Minería (1886); Ley Nº de Inversiones Mineras (1993); Ley Nº de Reordenamiento Minero (1993); Ley Nº Acuerdo Federal Minero (1993); Ley Nº de Actualización Minera (1995); Ley Nº de Protección Ambiental Minera (1995); Ley Nº 21382, de Inversión Extranjera (1976) modificada por Decreto Nº 1853 (1993). 2. Dominio. De acuerdo con su sistema federal, el dominio es ejercido tanto por las Provincias como por el Estado Nacional, correspondiendo a estas últimas el otorgamiento de concesiones. Al efecto el artículo 122 de la Constitución Política señala que: Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Por su parte el Código de Minería establece que sin perjuicio de este dominio originario, la propiedad particular (desde 1980 el dominio útil de ellas) se establece por la concesión legal o por concesión de explotación. El Código agrega que el Estado no puede disponer de las minas sino en los casos en que el Código lo autoriza. Gran parte de los autores argentinos entienden que el dominio originario del Estado preexiste, coexiste y subsiste a la propiedad minera o al derecho de explotación en cuanto a que antes del otorgamiento de la concesión (se le denomina propiedad), el dominio originario faculta al Estado a concederla y después a exigir el cumplimiento de las obligaciones de amparo; y si opera la caducidad por incumplimiento, a recuperarla.

7 4 Otro aspecto destacable es el contenido en el artículo 13 del Código de Minería que señala que las actividades mineras tienen carácter de utilidad pública. El Código de Minería (artículos 2 al 15) se establece tres categorías de minas atendiendo a la capacidad de aprovechamiento por los particulares: Aquellas donde el suelo es un accesorio y pertenecen exclusivamente al Estado y se explotan en virtud de concesión legal, (substancias metalíferas). Aquellas que se conceden preferentemente al dueño del suelo o al aprovechamiento común (salitres, piedras preciosas en lechos de ríos). Aquellas que pertenecen únicamente al propietario del suelo y cuya explotación requiere de su consentimiento (materiales de construcción). Por otra parte, se prohibe la división material de las minas, tanto en relación a los dueños como a terceros, la explotación de una parte o región independiente de la explotación general (artículo 14). Sobre una misma mina, pueden existir dos o más pertenencias y las partes pueden solicitar la separación, la que será otorgada si previa pericia no resulta perjudicial para la explotación independiente de cada una de ellas (artículo 15). La exploración y explotación del torio y el uranio, por declararse minerales nucleares, se rigen por las disposiciones del Código de Minería referentes a las minas de primera y segunda categoría en todo lo que no se oponga a las normas especiales que señala el Apéndice de la Ley de Actualización Minera de Régimen de concesión. Las minas de la primera categoría sólo pueden explotarse en virtud de una concesión legal otorgada por autoridad competente, o mediante contratos efectuados conforme a las normas del Código de Minería en los casos específicos que este establece. La extensión dentro de cuyos límites el minero puede explotar su concesión se llama pertenencia.

8 5 Las sustancias de la segunda categoría pueden ser de aprovechamiento común o bien se atribuye su dominio al propietario del terreno donde están ubicadas, pero si éste no aprovecha esta preferencia y no las explota, la autoridad minera las concederá al primer solicitante para que las explote. Las sustancias de aprovechamiento común pueden ser de cualquiera y se puede solicitar una pertenencia para su uso exclusivo. Las minas de la tercera categoría sólo pueden ser explotadas con el consentimiento del dueño del suelo, salvo que se declaren susceptibles de explotación por la autoridad minera por razones de utilidad pública. En cuanto a las sustancias aún no comprendidas en estas tres categorías, se requiere una ley especial para determinar su categoría según su naturaleza e importancia. a) Obligaciones generales del titular de la concesión minera. Deben pagar un canon anual por pertenencia. Están eximidos por 3 años de este pago los descubridores de nuevos minerales. De acuerdo con el artículo 273 de Código de Minería dentro del plazo de un año contado a partir de la petición de mensura, el concesionario debe presentar a la autoridad minera una estimación del plan de operaciones y del monto de las inversiones de capital fijo en: ejecución del laboreo minero; construcción; adquisición de maquinaria. Las inversiones deberán efectuarse íntegramente en el plazo de 5 años a partir de la presentación anterior. El concesionario puede en cualquier momento introducir modificaciones que no reduzcan la inversión global prevista, dando cuenta a la autoridad minera. La inversión minera no podrá ser inferior a 300 veces el canon anual que corresponda. En cada uno de los dos primeros años, no podrá ser inferior al 20% del total. b) Obligaciones especiales del régimen de minerales nucleares. Quienes exploten las minas que contengan materiales nucleares quedan obligados a presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio natural afectado por los

9 6 residuos minerales y a neutralizar, conservar y preservar los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de procesamiento que posean elementos radiactivos o ácidos. Los productos no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin autorización. El incumplimiento será sancionado según los casos con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión o autorización obtenida y multas progresivas. c) Caducidad de la concesión. La concesión caduca cuando no se cumpla con el pago del canon, se falsee información, se reduzca el monto de las inversiones exigidas en el artículo 273 del Código de Minería. La mina vuelve al dominio del Estado y es inscrita como vacante. En el caso de falta de pago del canon, el concesionario tendrá un plazo de 45 días para rescatar el monto abonando el canon más un 20% de recargo. Los acreedores hipotecarios o privilegiados registrados, pueden abonar el canon y solicitar la concesión de la mina en el plazo de 45 días de notificados, teniendo prioridad respecto de los demás titulares de derechos registrados. Quien se adjudique la mina inscrita como vacante abonará lo adeudado por dicho concepto hasta el momento de operada la caducidad. De acuerdo con el artículo 280 del Código de Minería, cuando la mina hubiere estado inactiva (ausencia de trabajadores regulares) por cuatro años, la autoridad minera podrá exigir la presentación de un proyecto de activación, cuyos plazos no podrán exceder de cinco años. En estos casos la caducidad opera si el titular no cumple con presentar el plan en el plazo de seis meses. El incumplimiento de las obligaciones ambientales (artículo 19), cuando las infracciones no estén comprendidas dentro del ámbito penal, se sanciona con: clausura temporal, en el caso de tres infracciones graves con el cierre definitivo; inhabilitación. En el caso que se trate de la exploración o explotación de minerales nucleares, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación del plan requerido y la autorización para la reutilización o destino a otro fin de los productos, será sancionado según

10 7 los casos con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la caducidad de la concesión o autorización obtenida y/o multas progresivas. 4. Régimen Tributario. De acuerdo con el artículo 270 del Código de Minería, se exige el pago de un canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión, contados a partir del registro, no se impondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución que el canon, ni sobre los productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehículos destinados al laboreo o explotación. Esta exención fiscal alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere su denominación ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera. Quedan excluidas de esta exención las tasas por retribución de servicios y el sellado de actuación, el cual, en todo caso, será el común vigente en el orden administrativo o judicial. a) Ley de Inversiones Mineras. Ahora bien, la Ley de Inversiones Mineras de 1993 establece en el artículo 7, que a las personas que desarrollen las actividades mineras y que estén registradas para ser comprendidos en esa Ley, están sujetos al régimen tributario general pero con las modificaciones que se señalan en este capítulo y en el Reglamento (Decreto 2696/93): Estabilidad Fiscal. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley, los emprendimientos mineros comprendidos gozarán de estabilidad fiscal por el término de 30 años contados desde la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. La estabilidad fiscal significa que las empresas que desarrollen actividades no verán aumentada la carga tributaria total determinada al momento de su presentación, como consecuencia de aumentos en las contribuciones impositivas y tasas, cualquiera que sea su denominación, en los ámbitos nacional, provinciales y municipales, o la creación de otras nuevas que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Esto se aplicará también a los regímenes cambiario y arancelario, con exclusión de la

11 8 paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de tributos con motivo de la exportación. Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal por parte de las provincias y municipios que se hayan adherido al Régimen de Inversiones, dará derecho a los perjudicados a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales, que se retengan las cantidades pagadas en exceso para proceder a practicar la devolución al contribuyente (artículo 11). b) Impuesto a las Ganancias. Señala el artículo 12 de la Ley, que las personas acogidas al Régimen de la Ley de Inversiones podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico-económica de los mismos. Las deducciones podrán efectuarse sin perjuicio del tratamiento que, como gasto o inversión amortizable, les corresponda de acuerdo con la ley de impuestos a las ganancias. En cuanto a las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de nuevos proyectos mineros y para la ampliación de la capacidad productiva de las operaciones mineras existentes, como también aquellas que se requieran durante su funcionamiento, el artículo 13 dispone que tendrán el siguiente régimen de amortización del Impuesto a las Ganancias (amortización acelerada): Las inversiones que se realicen en equipamiento, obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, tales como accesos, obras viales, obras de captación y transporte de aguas, tendido de líneas de electricidad, instalaciones para la generación de energía eléctrica, campamentos, viviendas para el personal, obras destinadas a los servicios de salud, educación, comunicaciones y otros servicios públicos como policía, correos y aduanas, se amortizarán de la siguiente forma: el 60% del monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se

12 9 produzca la habilitación respectiva y el 40% restante en partes iguales en los dos años siguientes. Las inversiones que se realicen en la adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas en el inciso anterior se amortizarán un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. En lo concerniente a las utilidades provenientes de minas y de derechos mineros, como capital social, en empresas que desarrollen actividades mineras, el artículo 14 señala que estarán exentas del impuesto a las ganancias. El aportante y las empresas receptoras de tales bienes deberán mantener el aporte en sus respectivos patrimonios por un plazo no inferior a cinco años, contados a partir de su ingreso, excepto que por razones debidamente justificadas se autorice la enajenación. La ampliación del capital y emisión de acciones a que dé lugar la capitalización de los aportes estarán exentas del impuesto de sellos. Por su parte, el artículo 23 establece que con el fin de prevenir y subsanar las alteraciones ambientales que pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una provisión especial para este fin. La fijación del importe anual de esta provisión quedará a criterio de la empresa, pero se considerará como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias, hasta una suma equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y beneficio. Los montos no utilizados por la previsión establecida deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto a las ganancias al finalizar el ciclo productivo. c) Avalúo de Reservas. En esta materia, el artículo 15 dispone que, el evalúo de las reservas de mineral, económicamente explotables, practicado y certificado por un profesional responsable, podrá ser capitalizado hasta en un 50% y el saldo no capitalizado constituirá una reserva por avalúo. La capitalización y la constitución de la reserva tendrá efectos contables exclusivamente, sin tener incidencia en la determinación del impuesto a las ganancias. La emisión y liberación de acciones provenientes de esta capitalización, estarán exentas de todo impuesto nacional, incluido el de sellos. Igual exención se aplicará a las capitalizaciones o distribuciones de

13 10 acciones recibidas de otras sociedades con motivo de la capitalización que hayan efectuado últimas. d) Otras Exenciones de la Ley de Inversiones Mineras. Impuesto a los activos. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley, quienes se acojan al régimen de inversiones estarán exentos del impuesto sobre los activos, a partir del ejercicio fiscal en curso al momento de su registro. De realizarse simultáneamente actividades mineras y otras no comprendidas en el régimen de inversiones (ej. hidrocarburos líquidos y gaseosos), la exención se limitará a las actividades comprendidas por el régimen. Importaciones. Los registrados en el régimen de inversiones estarán exentos del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o parte o elementos componentes de dichos bienes y los insumos determinados por la autoridad de aplicación, que fueran necesarios para la ejecución de las actividades mineras. Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes, se extenderá a los repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la actividad; las que estarán sujetas a la respectiva comprobación de destino, el que deberá responder al proyecto que motivó dichos requerimientos. Los bienes a que se refiere esta disposición sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del permiso, una vez concluido el ciclo de la actividad que motivó su importación o su vida útil si fuera menor (artículo 21). e) Regalías. Según los tratadistas argentinos, en el ámbito minero, el término regalías ha sido empleado con referencia a dos instituciones de estructura obligacional de distinto origen, una de ellas proveniente de la decisión unilateral del Estado establecida en una ley y la otra de un contrato en que las partes las pactan a modo de contraprestación.

14 11 Las primeras, esto es, las que son establecidas por una ley llamada regalías mineras y consisten en una contribución creada por un Estado mediante una ley, que se impone al propietario y/o explotador de un yacimiento minero ubicado en el territorio de ese Estado y que se implementa mediante una obligación del propietario y/o explotar y entregar una parte de los minerales extraídos al fisco o abonarle una suma de dinero proporcional a la extracción realizada. Históricamente se ha caracterizado por varios elementos: su aplicación a la actividad extractiva de minerales regulada por el Código de Minería, su justificación como contraprestación por el agotamiento de los minerales de propiedad del Estado, su cálculo en forma proporcional al mineral extraído, la valuación del mineral a valor boca mina y su pago en especie. Además, los autores recuerdan aplicaciones de este tipo a la extracción de madera de bosques naturales y a la obtención de cueros. Consideradas como una subespecie de las anteriores, las regalías petroleras, están establecidas en las leyes que regulan la explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, presentan características jurídicas particulares en su origen y se distinguen por su alcance restringido al petróleo y al gas natural. Las segundas, las regalías establecidas por contrato, se refieren a la prestación pactada en que un sujeto se obliga a abonar a otro a cambio de la trasferencia de un derecho de propiedad, uso o goce de un bien material o inmaterial, que se caracteriza por su periodicidad y por su monto variable a determinar en proporción a la actividad o los resultados del obligado al pago. En tal sentido, la Corte Suprema 1, sostiene que la regalía, para ser tal, ha de consistir en una retribución cuyo monto total no sea determinado ad initio, sino que está subordinado al resultado de la actividad en que se emplee el bien o derecho que da contenido al contrato; lleva insita una especie de comunidad de intereses entre la empresa que otorga el uso de la patente, know how, etc., y su organización empresarial. Se trata de una retribución aleatoria propia de un negocio en participación. Ahora bien, las regalías contractuales están previstas en el artículo 337 del Código de Minería, que prevé los llamados contratos de regalías como un negocio por el cual el 1 En: Las Regalías Mineras, p. 5.

15 12 propietario de una mina cede a un tercero la explotación a cambio de una participación porcentual en su producido. A estos contratos aplica las reglas del arrendamiento de minas reguladas a partir del artículo 329 del mismo Código. Por su parte, el artículo 29 del Apéndice del Código de Minería, se refiere a esta acepción de regalías cuando establece que: Las explotaciones existentes pagarán una contribución igual, pero si comprobaran que abonaron una regalía anterior, el Estado fijará la proporción que corresponda pagar al titular de la explotación y al de la regalía, dentro del porcentaje establecido en este título, donde la palabra contribución apunta a las regalías petroleras establecidas en esa legislación y el vocablo regalía a las regalías contractuales, entendidas como contraprestación proporcional a la extracción de hidrocarburos que mediante un contrato el explotador se obliga a pagar al propietario del pozo a cambio del derecho a explotar el mismo. En cuanto a su régimen impositivo el artículo 22 de la Ley dispone que las provincias que se adhieran al régimen de inversiones y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento sobre el valor boca de mina del mineral extraído. El artículo 22 bis (Texto según ley ): Se considera mineral boca mina el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación. Se define el valor boca mina de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de extracción. Los costos a deducir, según corresponda serán: a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la boca mina. b) Costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la operación minera. c) Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado.

16 13 d) Costos de administración hasta la entrega del producto logrado, menos los correspondientes a la extracción. e) Costos de fundición y refinación. Queda expresamente excluido de los costos a deducir todo importe en concepto de amortizaciones. En todos los casos, si el valor tomado como base de cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor de dicho producto en el mercado nacional e internacional, se aplicará este último como base de cálculo. f) Financiamiento y Devolución Anticipada del Iva. Existe un régimen de financiamiento destinado al pago del impuesto al valor agregado que grava la compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos y las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera. Son beneficiarios los sujetos acogidos al régimen de la Ley de Inversiones Mineras que realicen inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación y los adquirentes o importadores de bienes destinados al proceso productivo orientado al mercado externo. El sistema se implementa a través de una línea de crédito que entidades financieras otorgan a las personas acogidas al mismo para ser destinados al pago del Impuesto del valor agregado. Estos créditos deben cancelarse en los plazos que se establezcan en listados que confeccione la autoridad de aplicación, según las características de las inversiones y los distintos tipos de bienes que resulten comprendidos. Las inversiones que se realicen y den lugar al reintegro previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, este será afectado al crédito otorgado mediante la imputación al saldo pendiente de cancelación, en la forma y condiciones que establece la Dirección General Impositiva, la que reglamenta la instrumentación de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado en un plazo no superior a 60 días posteriores a la realización de la inversión, compra o importación de bienes de capital nuevos, siempre y cuando se trate de nuevos proyectos mineros incluidos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras.

17 14 5. Regulación de la Inversión Extranjera. La Ley Nº 21382, Ley de Inversiones Extranjeras, de 1976, modificada por el Decreto Nº 1853 de 1993, establece la no diferenciación entre inversionistas nacionales y extranjeros y les garantiza el derecho a transferir al exterior las utilidades líquidas provenientes de sus inversiones, así como la inversión misma. Se considera inversión extranjera todo aporte de capital realizado por personas naturales o jurídicas domiciliadas fuera del territorio argentino aplicado en actividades económicas en Argentina. B. BOLIVIA. 1. Normativa. Ley Nº 1777, Código de Minería de 1997; Ley Nº 1182 de Inversiones de 1990; Ley Nº 1606, modificatoria del Código Tributario, de Dominio. De acuerdo con el artículo 1 del Código de Minería, pertenecen al dominio originario del Estado todas las sustancias minerales en estado natural, cualquiera sea su procedencia, se encuentren en el interior o en la superficie de la tierra. Por su parte, el artículo 4, señala que la concesión minera constituye un derecho real distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra. Es un bien inmueble, transferible y transmisible. Puede constituirse sobre ella hipoteca y ser objeto de cualquier contrato que no contraríe las disposiciones del Código de Minería. Las disposiciones del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se aplican en el sector minero.

18 15 Las actividades mineras son proyectos de interés nacional, tienen carácter de utilidad pública cuando constituyen parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador minero. Las actividades mineras deberán realizarse de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, en sujeción a la Ley del Medio Ambiente y el Código de Minería (artículos 24 y 84 del mismo Código). 3. Régimen de Concesión. En materia de capacidad, la regla general, es que cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera puede realizar actividades, prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros; la excepción se refiere a las personas individuales y colectivas extranjeras, dentro de los 50 kilómetros de las fronteras internacionales, excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa. Pueden suscribir contratos de servicios, de riesgo compartido u otros con personas naturales o colectivas bolivianas, titulares de concesiones mineras en dichas zonas, pero con prohibición expresa de transferencia o arrendamiento total o parcial de las concesiones, bajo sanción de nulidad. El Código de Minería en su artículo 25 clasifica las actividades mineras en: prospección, exploración, explotación, concentración, fundición y refinación y comercialización. Las cuatro últimas, se consideran actividades minera únicamente cuando se realizan como parte integrada del proceso de producción del concesionario u operador minero (artículo 27). En cuanto a su duración, el artículo 10 del Código, señala que la concesión otorga a su titular un derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las sustancias minerales que se encuentren en ella, incluidos los desmontes, escorias, relaves y cualquier otro residuo minero o metalúrgico.

19 16 a. Obligaciones del titular de la concesión minera. Los concesionarios para mantener vigente sus derechos mineros deben pagar una patente anual, bajo sanción de caducidad. El pago se hará en forma adelantada y será progresiva de acuerdo a las siguientes reglas: concesiones de 1 a 5 años de antigüedad $125; concesiones de 6 o más años de antigüedad $250; las constituidas antes de la vigencia del Código de Minería, con una extensión de hasta de pertenencias mineras 2, pagarán una patente fija anual adelantada de $5.00 por pertenencia; en el mismo caso, con una extensión mayor de pertenencias pagarán patente adelantada de acuerdo a la siguiente escala: de 1 a cinco años de antigüedad, 5.00 por pertenencia (el año uno se entiende 1997), de 6 o más años de antigüedad, por pertenencia. El Poder Ejecutivo actualizará anualmente el monto de las patentes. El Código señala otras obligaciones relacionadas con el cuidado de la salud y vida de los trabajadores y del medio ambiente. b. Derechos del titular de la concesión minera. El concesionario tiene derecho a prospectar, explorar y explotar minerales dentro del perímetro de su concesión y de realizar las otras actividades mineras dentro o fuera del perímetro de su concesión. Pueden efectuar y establecer dentro y fuera de sus concesiones las construcciones, instalaciones y medios de comunicación y transporte que consideren necesarios para la realización de sus actividades. Tienen derecho al uso de los terrenos de dominio público para la realización de dichas actividades y si fueran terrenos de dominio privado podrán ejercer su derecho de construir servidumbres o a expropiar de no llegar a acuerdo con el propietario (artículos 34 y 35). La expropiación minera no requiere, en ningún caso, de declaración de necesidad y utilidad públicas; el propietario recuperará total o parcialmente el suelo expropiado cuando no se haga uso minero en el plazo de dos años (artículos 60 y 61). 2 La concesión de explotación se llama también pertenencia.

20 17 Los concesionarios pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural. Las aguas de dominio privado pueden usarlas previo acuerdo con su titular o después de cumplidos los trámites de servidumbre o expropiación. No procede la constitución de estas dos últimas figuras cuando interrumpan o perjudique la provisión de agua potable a las poblaciones. Ninguna autoridad no judicial o persona individual o colectiva puede impedir u ordenar la suspensión de actividades mineras, bajo sanción de resarcimiento de daños y perjuicios al concesionario, además de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, salvo los casos de emergencia ambiental, o cuando así lo exijan y vida del personal. Los concesionarios mineros pueden renunciar en cualquier momento a sus derechos siempre que no afecten derechos de terceros. c. Caducidad de la concesión. La única causal de caducidad es el no pago de la patente anual en plazo establecido, opera por imperio de la ley, no requiere declaración administrativa expresa o judicial alguna y produce la reversión de la concesión minera al dominio originario del Estado. 4. Régimen Tributario. De acuerdo con el artículo 96 del Código de Minería quienes realicen actividades mineras están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y al Impuesto Complementario de Minería. a. Régimen Impositivo General, Ley Nº 1606 modificatoria del Código Tributario (1994). El régimen impositivo general aplicable a las actividades mineras es el siguiente:

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