RESOLUCION No. 13 de diciembre de 2013

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1 RESOLUCION No. 13 de diciembre de 2013 Dentro del juicio ordinario No GNC que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sigue HECTOR HUGO CHAMBA BENAVIDEZ contra SEGUNDO VIRGILIO TAPIA RAMOS, ANGELITA NOEMÍ BADILLO NARANJO, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ALOMOTO Y MARÍA FREDESLINDA BETANCOURT, se ha dictado lo que sigue: Razón: Siento como tal que el presente juicio fue estudiado en relación por los señores doctores, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr. Wilson Andino Reinoso, JUECES N ACIONALES; y, Dra. Consuelo Heredia Yerovi, CONJUEZA NACIONAL de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico.- Quito, a 13 de diciembre de ff) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora Juez Ponente: Dr. Eduardo Bermúdez Coronel CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, 13 de diciembre de 2013, las 10h00.- VISTOS ( ): 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de que los Jueces y Jueza Nacionales que suscribimos hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución No de 25 de enero de 2012 y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en Resolución No de 22 de julio de 2013, dispuso reestructurar la conformación de las Salas Especializadas, con sujeción a lo previsto en el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, sustituido por el artículo de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, nos ratificó en la integración de esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo que obra del cuaderno de casación, tenemos jurisdicción y somos competentes para conocer esta causa, en armonía con los artículos 14.1 de la Constitución de la República, del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación. 2. ANTECEDENTES: En lo principal, sube el proceso a esta Sala en virtud del recurso de casación interpuesto por Segundo Virgilio Tapia Ramos, Angelita Noemí Badillo Naranjo, Miguel Ángel Fernández Alomoto y María Fredeslinda Betancourt Cruz contra la sentencia proferida por la Segunda Sala de Lo Civil, Mercantil, Inquilinato y

2 Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, misma que revoca la sentencia de primer nivel proferida por el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha que desechó la demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, propuesta por el señor Héctor Hugo Chamba Benavidez.- 3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Los recurrentes alegan como infringidas en la sentencia impugnada las disposiciones de derecho contenidas en los Arts. 2434, 2435, 232, 734, 2403, 239 del Código Civil; Arts y 75 de la Constitución de la República del Ecuador, fallos de triple reiteración II-A, II-B, II-C, G.J.S, XVI, No. 14, pp ; y, si bien fundamenta el recurso en las causales primera y segunda, del Art. 3 de la Ley de Casación, la Sala de Conjueces de esta Sala Especializada lo admitió parcialmente, desde que inaceptó los Arts. 2434, 2435, 232, 734 del Código Civil; y los Arts y 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en referencia con la falta de aplicación de normas, en la causal primera, en auto de 21 de octubre de 2013, a las 09h00. Concluido el trámite de sustanciación, para resolver, se puntualiza: 4. CONSIDERACIONES RESPECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN: La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de derecho estricto; es recurso limitado desde que la Ley lo contempla para impugnar, por su intermedio, sólo determinadas sentencias. La casación es recurso formalista, es decir, impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que lo sustenta, el inexorable deber de observar todas las exigencias que exige la técnica de casación, a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo (Humberto Murcia Ballén, Recurso de Casación Civil, Bogotá, 2005, p. 71). El objetivo fundamental de la casación es atacar la sentencia que se impugna para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que puede adolecer, hecho que se verifica a través del cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, lo que permite encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Este control de legalidad está confiado al más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, que en el ejercicio de ese control así como el de constitucionalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se sustenta el Estado constitucional de derechos y justicia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. La casación es recurso riguroso, restrictivo y formalista por lo que su interposición debe sujetarse necesaria e invariablemente a los requisitos previstos en la ley.- 5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 5.1. PRIMER CARGO, CAUSAL SEGUNDA: Por la proposición y fundamentación del recurso resulta evidente iniciar su examen por la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación que textualmente dice: "2. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado

3 convalidada legalmente;...". La actividad de jueces así como de los sujetos procesales se encuentran reguladas por normas prestablecidas que determinan lo que debe hacerse en todo proceso y desde su inicio hasta su culminación. El ordenamiento legal establece la nulidad de un acto procesal y de todos los que dependen de él cuando se ha inobservado dichas normas, nulidad que se encuentra condicionada, entre otros, a los principios de especificidad y trascendencia. Por el primero de estos principios, no hay defecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley que expresamente la establezca. Por cuanto se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas, los motivos de nulidad, ora sean los generales para todos los procesos o ya los especiales que rigen sólo en algunos de éstos, resultan, pues, limitativos y, por consiguiente, no es posible extenderlos a informalidades diferentes (Humberto Murcia Ballén, op. cit., p. 574). Ninguna actuación del proceso puede ser declarada nula si la causal no está expresamente prevista en la ley; las causales de nulidad, son taxativas, limitativas por lo que no cabe extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Se adiciona que para la declaratoria de nulidad procesal no es suficiente que medie violación de norma jurídica, sino que además es necesario que ese quebranto sea determinante de lo resuelto, que es lo que la doctrina llama la eficacia causal de ese quebranto. Las causas de nulidad procesal se encuentran señaladas en fórmula de numerus clausus en el Art. 346 del Código de Procedimiento Civil y que conciernen a la omisión de solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias; y, en el Art.1014 del mismo Código en lo relativo a la violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se está juzgando. Este Código contempla también solemnidades especiales para el juicio ejecutivo, Art. 347 y para el juicio de concurso de acreedores, Art. 34. Por el principio de la trascendencia, para provocar la nulidad procesal, la omisión de solemnidad o la violación del trámite, Arts. 349 y 1014 del Código Procesal Civil, tiene que influir en la decisión de lo resuelto. En el evento de que en la tramitación de un proceso se incurra en irregularidades, los medios para su corrección son diferentes, según la naturaleza y la gravedad de las mismas, por lo que el de la nulidad lo reserva la ley para los caso que, por omitirse un elemento esencial para la idoneidad del acto con detrimento de los principios que gobiernan el ordenamiento jurídico y el derecho de defensa de los litigantes, revisten mayor gravedad. (Humberto Murcia Ballén, op. cit., p. 574). Entre las garantías del debido proceso se encuentra el principio de obligatoriedad de las normas procesales, es decir, los actos procesales están reglados por la ley en cuanto al tiempo, al lugar y al modo En la especie, el recurrente con sustento en la causal segunda afirma que existe: Errónea interpretación de los fallos de triple reiteración II-A, II-B, II-C, G.J.S. XVI, No. 14, pp ; por cuanto esas jurisprudencias refieren, como indica en la propia sentencia impugnada 1) que el inmueble que pretende adquirir por prescripción extraordinaria está en el comercio humano (sic). Pero no motiva en la sentencia indicando si al existir una prohibición de enajenar inscrita en el Registro de la Propiedad, del inmueble que demanda la nulidad

4 (en el que está dentro o incluido el bien materia del presente juicio) de escrituras las señoritas Carmen Borja Peña y Lourdes Pérez Guarderas, en contra de Virgilio Tapia Ramos y Miguel Ángel Hernández. Se puede comercializar pese a dicha orden judicial emanada por el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha dentro del juicio No MG. Por tanto es una aplicación errónea para favorecer a la parte actora. El fin del derecho procesal es garantizar la tutela del orden jurídico y en consecuencia la armonía y paz sociales a través de la realización imparcial del derecho objetivo abstracto en el caso concreto que se resuelve a través del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. La lógica consecuencia es que solo en el evento de violación de la norma procesal que afecte a la aplicación de ese derecho sustantivo, en forma tal que impida esa aplicación, determina que la sentencia deba ser casada por vicios in procedendo. (Ex Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 473 de 07 de septiembre de 1999, R.O. 332 de 03 de diciembre de 1999). Por tanto, cuando el recurrente atribuye a la sentencia el cargo de errónea interpretación de una norma procesal, para que el recurso prospere no basta citar el artículo cuestionado, sino que además, es indispensable precisar la forma cómo esa errónea interpretación ha dado lugar a una nulidad insanable del proceso o ha provocado la indefensión del recurrente, explicar la razón por la cual la infracción que alega ha influido en la decisión de la causa en los términos y forma que corresponde al recurso extraordinario de casación. Sin embargo, nada de esto se observa en el caso que se estudia. No es suficiente, entonces, limitarse a decir que el fallo le ha causado perjuicio al no encontrase motivado, argumentando que el inmueble que se pretende adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, se encuentra fuera del comercio humano, al existir una prohibición de enajenar ordenada por el Juez Octavo de lo Civil de Pichincha. En consecuencia al no haberse producido el quebranto sostenido por el recurrente, no existe nulidad insanable y tampoco se ha provocado la indefensión prevista en la segunda causal de casación SEGUNDO CARGO, CAUSAL PRIMERA: Por esta causal se imputa la violación de normas de derecho sustantivo y de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. En efecto, el Art. 3 de la Ley de Casación, expresa que: El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva. Por la causal primera, se imputa al fallo de hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, porque no se han subsumido adecuadamente los elementos fácticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis normativa correspondiente, sea por que se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque, finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo. (Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito-2005., p. 12). El vicio de juzgamiento contemplado en esta causal puede ocurrir en tres eventos:

5 a) Cuando el juzgador inaplica en el caso controvertido normas sustanciales que debió aplicar, que de haberlo hecho, hubiesen determinado que lo resuelto en la sentencia sea distinto a lo acogido. b) Cuando el operador jurisdiccional entiende rectamente la norma, pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético previsto en ella, en este caso se incurre en error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, c) Cuando el juzgador incurre en yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no los tiene. Manuel de la Plaza, citado por Hernando Devis Echandía, al respecto explica estas maneras de violación directa de la Ley así: a) Inaplicación de la ley: por absoluto desconocimiento de la norma y por desconocerse el rango o preferencia que tiene en relación con otras; por ignorancia acerca de su naturaleza propia y la posibilidad de que pueda omitirse o modificarse por voluntad de las partes. b) Interpretación errónea: es un error acerca de su contenido, del pensamiento latente en ella, por insuficiencia o exceso en el juicio del juzgador; de acuerdo con las doctrinas sobre interpretación de las leyes, interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito; c) Aplicación indebida: el error ocurre al subsumir los hechos establecidos en la norma, puede ocurrir al precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para que la norma entre en juego (yerro de diagnosis jurídica) o puede ser al establecer la diferencia o semejanza que media entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. En ambos casos se llega a una aplicación indebida de la norma. (Hernando Devis Echandía, Estudios de Derecho Procesal, Víctor P. DE ZAVALIA S.A. Editor, 195, Buenos Aires, pp. 30 y 31) En el caso in examine, los recurrentes puntualizan, respecto de la causal primera que: existe una falta de aplicación del Art del Código Civil, que establece: Interrupción Civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor, que en el presente caso existe por cuanto los que se creen verdaderos dueños del bien de mayor extensión donde se encuentra el inmueble materia del presente enjuiciamiento, esto es de las señoritas Carmen Borja Peña y Lourdes Pérez Guarderas demandaron la nulidad de escrituras en contra de Tapia y de Hernández, que se tramita en el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha en la causa No MG, por tanto opera la interrupción civil, cuando más no se ha demandado a dichas personas que tienen interés en el presente enjuiciamiento por tener interés en el bien de mayor extensión donde se encuentra inmerso el materia del presente enjuiciamiento. Señalan además que: existe falta de aplicación del Art. 239 del Código Civil, ya que solo opera la prescripción adquisitiva de los bienes que están en el comercio humano; y en el presente caso el inmueble materia del presente enjuiciamiento no está en el comercio humano por prohibición expresa de enajenar ordenado por el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha dentro del juicio No MG, seguido por las señoritas Carmen Borja Peña y Lourdes Pérez Guarderas, en contra de Virgilio Tapia Ramos y Miguel Ángel Hernández, misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad como consta en el certificado del Registro de la Propiedad La prescripción adquisitiva supone la

6 posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, la no reclamación de éste. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil. Puede definirse, pues la interrupción de la prescripción, siguiendo a Planiol, como: todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Éste queda definitivamente perdido y no se puede computar en el cálculo del plazo de prescripción. 1) Para que se produzca la interrupción civil no basta una gestión privada o extrajudicial, es preciso que se entable una acción ante los tribunales de justicia, cualquiera que ella sea, pues los términos de la ley son amplios, como quiera que se refieren a todo recurso judicial, a todo medio de hacer valer judicialmente el derecho que cree tener; 2) es necesario que el reclamo del pretendido dueño sea notificado al actual poseedor; 3) Para que se produzca la interrupción civil de la prescripción es necesario, finalmente, que la demanda judicial se entable y notifique antes de que haya transcurrido el plazo de la prescripción. La Corte Suprema ha dicho: para que una prescripción se interrumpa es menester que esté corriendo el plazo legal necesario para producirla, porque sólo puede interrumpirse lo que está en desarrollo o continuándose, ya que interrumpir, según el léxico, importa o significa estorbar o impedir la continuación de una cosa (Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, Los Bienes y los Derechos Reales, Tomo II, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 197, pp. 54, 550 y 551). La interrupción es el advenimiento de un hecho o acto jurídico que hace perder el tiempo de prescripción corrido, desde que se inició la computación correspondiente hasta el instante, en que el hecho o acto se presentó. Posesión no ininterrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil, esto es no existe atentado por parte de terceros al goce de la posesión. El reconocimiento del dominio ajeno interrumpe la prescripción en cualquier momento que se produzca, más aún si se trata de una acción o excepción que de modo eficaz se oponga a la posesión del que pretende prescribir; de esta manera corresponde al demandado que se opone a la prescripción, probar la existencia de la interrupción, hecho que en el caso sub lite no ha sido demostrado por los recurrentes, pues no consta que hayan deducido acción alguna contra quien es el actor en este proceso, por lo que dicha argumentación carece de sustento legal Respecto a la falta de aplicación del Art. 239, señalan los recurrentes que: solo opera la prescripción adquisitiva de los bienes que están en el comercio humano; y en el presente caso el inmueble materia del presente enjuiciamiento no está en el comercio humano por prohibición expresa de enajenar ordenado por el Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha dentro del juicio No MG, seguido por las señoritas Carmen Borja Peña y Lourdes Pérez Guarderas, en contra de Virgilio Tapia Ramos y Miguel Ángel Hernández, misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad como consta en el certificado del Registro de la

7 Propiedad. El Art del Código Civil expresa: "Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.- Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción".- Concordante, el artículo 239 ibídem, prevé que: "Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o muebles que están en el comercio humano, y que se han poseído con las condiciones legales".- De las expresiones de la ley, aparecen con claridad los requisitos esenciales para que proceda la prescripción adquisitiva: 1.- Que el inmueble que se pretende adquirir esté en el comercio humano, las cosas que no están en el comercio no son susceptibles de dominio ni de posesión, en efecto, si una cosa no puede ser poseída ni apropiada no puede ni debe tampoco ser objeto de enajenación o transferencia, cuanto más si la ley las declara de comercio ilícito, tales cosas son las comunes a todos los hombres, los bienes nacionales de uso público, los bienes fiscales... Cabe tener presente que la regla general es la comerciabilidad de los bienes, en tanto que su incomerciabilidad la excepción y sólo cuando una ley o resolución administrativa o judicial expresamente los declare no comerciables. La doctrina moderna distingue la incomerciabilidad en absoluta y relativa, la primera, cuando permanentemente afecta a cierta clase de bienes y con respecto a toda persona; la segunda, cuando únicamente incide en determinadas personas, por lo que viene a ser más bien una incapacidad limitada de éstas respecto a ciertos actos que se refieren a determinados bienes, a los que por motivos especiales la ley les afecta su característica comercial. Ejemplo del primer caso: la venta de un sector de playa del mar, del segundo: la venta de una casa de propiedad particular pero que se halla judicialmente embargada (Leonardo Rivas Cadena. Derecho Civil. Estudios del Libro IV del Código Civil Ecuatoriano. Tomo IV. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera Edición. Quito. 199). Al respecto el art del Código Civil se refiere a ambas clases de incomerciabilidad. El derecho de propiedad puede estar sujeto a determinadas modalidades limitativas de las facultades del propietario, restricciones que son consecuencia de negocios jurídicos ó del imperio legal y que tiene que ver con la facultad de disposición en cuanto la más caracterizada y destacada de este derecho. En este contexto, la resolución judicial que decreta el embargo de un bien o la prohibición de enajenarlo constituye forma temporal limitativa de esta facultad de disposición jurídica del propietario, y que correspondería, en esa clasificación, a la relativa. Se puntualiza que la comerciabilidad de las cosas significa la posibilidad legal de ser intercambiadas por ser susceptibles de apropiación y de derecho de dominio y posesión por los particulares, razón por la que se hallan inmersas en el comercio social, pero al estar prohibida la enajenación, Art del Código Civil, esto es la tradición, la transferencia efectiva del dominio a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad, es éste el hecho que vuelve incomerciable el inmueble, pero que de ninguna manera afecta el derecho del poseedor a

8 adquirirlo si cumple los requisitos legales de caso, pues que la prescripción adquisitiva constituye modo originario de alcanzar la propiedad y se configura y vale solamente por sí mismo y porque en nada encuentra asidero en el derecho del propietario sino de un medio independiente de la voluntad de éste y es precisamente la posesión. En esta misma línea el Dr. Carlos A. Arroyo del Río, (Estudios Jurídicos de Derecho Civil, Tomo I, página 0) reproduce al respecto la opinión del español Clemente de Diego en su libro, Curso Elemental de Derecho Civil Español Común y Foral, Tomo III Pág. 21 en la que expresa: " sólo las cosas susceptibles de apropiación y de dominio particular pueden ser objeto de prescripción, y como opera un cambio de dominio habrá de ser susceptible también de cambiar de dueño, en cuyo supuesto las cosas inalienables, mientras lo sean, no serán prescriptibles..." 2.- Que se haga una completa y cabal descripción del bien que se pretenda prescribir, y si este se trata de un inmueble, la debida singularización con la indicación de sus linderos, extensión o circunstancias que lo determinen: 3.- Que el titular del dominio del inmueble cuya adquisición se pretende es el demandado, porque no se puede usucapir contra cualquiera o contra nadie, sino contra el verdadero y real dueño del bien, de lo contrario el fallo que la declare no surtirá el efecto de perder el dominio, en razón del principio del efecto relativo de la sentencia, de recibo en el Art. 301 (ahora 297) del Código de Procedimiento Civil" (R. O. 23 del 11-IX-96) y el verdadero y real dueño no es otro que aquél que aparece como tal en el Registro de la Propiedad. Se concluye que los recurrentes no han probado que el bien materia de la demanda esté fuera del comercio humano y afectado por la imprescriptibilidad. En definitiva, ninguno de los cargos invocados por los recurrentes es procedente, sea porque no se determina concretamente cómo se ha vulnerado la norma en cuestión ora porque los cargos son por demás indeterminados, ya porque son completamente confusos o repetitivos. 6. DECISIÓN EN SENTENCIA: Por la motivación que antecede, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia proferida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Notifíquese y devuélvase.- ff) Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr. Wilson Andino Reinoso, JUECES N ACIONALES; y, Dra. Consuelo Heredia Yerovi, CONJUEZA NACIONAL.- Certifico. ff) Dra. Lucía Toledo Puebla.-SECRETARIA RELATORA.- RAZON:- Siento por tal que la copia que antecede es igual a su original. Certifico. Quito, a 13 de diciembre de Dra. Lucía Toledo Puebla SECRETARIA RELATORA

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