J3ooW'acti:h JJe/ZeFa/ de h Q/VactOn (Recurso de Hecho)

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1 Defensor del Pueblo de la Provincia de Chubut cl Estado Nacional y otros si medida cautelar ~OCtlfao/M. g&/z8fai' &,& o/vaow/z- (Recurso de Hecho) Suprema Corte: -1- A fs. 207/211 de las actuaciones principales (a las que me referiré en adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, al confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, resolvió suspender el cobro de facturas de gas ya emitidas a los usuarios residenciales R 3.4 de esa provincia, no efectuar cortes de servicio por falta de pago de dichas facturas y refacturar las boletas emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior sin el cargo establecido en virtud del decreto 2067/08. Para así decidir, en lo que aquí interesa, los magistrados consideraron que el Defensor del Pueblo estaba legitimado para iniciar la acción de. amparo destinada a proteger derechos de incidencia colectiva, en virtud de las disposiciones de la ley V 81 de creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del.chubut( ex ley 4518) y lo previsto en los arts. 42, 43 Y 86 de la Constitución Nacümal. -II- Contra dicho pronunciamiento, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dedujo el recurso extraordinario de fs. 229/251, el que denegado por la Cámara a fs. 297/298 --en razón de dirigirse contra una sentencia que no es definitiva;-,da lugar a la presente queja. El recurrente desarrolla los siguientes agravios: (i) la cámara omite examinar sus planteo s sobre litispendencia y falta de legitimación del Defensor del Pueblo de la provincia para cuestionar actos de autoridad nacional; (ii) la acción se dirige contra actos de esta última y no contra actos de las empresas concesionarias de servicios públicos; (iii) no se encuentran configurados los requisitos para mantener la medida cautelar dictada; (iv) se dio un incorrecto tratamiento a las nolmas cuestionadas y se invadió la órbita de competencia del poder administrador; (v) se omite considerar que el cargo para la importación de gas --que surge del decreto 2067/08- se establece para llevar a cabo la política energética nacional en resguardo de la correcta prestación de un servicio público; (vi) se desconoce el principio de presunción de legitimidad de los actos administrativos; (vii) no existe peligro en la demora, pues no se ha acreditado que se hubiera intimado a algún usuario del corte del

2 servicio y (viii) se transgredió el principio de igualdad en las cargas públicas, el cual es predicable también respecto del modo en que debe distribuirse el sostén de la prestación de los servicios públicos en la sociedad. int~rés individual de lks partes y afectan de manera directa el de la comunidad (conf. Fallos: 327:1603 y 328:900). Tal situación se configura en el caso, toda vez que la decisión recurrida, al: suspender la aplicación de normas dictadas por autoridades naéionales -quegoian de presunción de legitimidad-, afecta la regularidad y eficacia de la prestación de un servicio público esencial, en un sector crítico como es el de suministro de gas. -III- Es menester poner de resalto, en forma preliminar que la cuestión sometida a la consideración de la Corte no se relaciona con la valoración desde el punto de vista constitucional del decreto 2067/08 Y sus normas complementarias, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos. Así delimitada la pretensión, el recurso extraordinario es formalmente admisible, en la medida que se discute la interpretación de normas federales (arts. 42, 43 Y 116 de la Constitución Nacional; arto 14, inc. 3 de la ley 48) y por el otro, porque si bien.1os pronunciamientos atinentes a medidas cautelares son regularmente extraños a esta instancia revisdra por no tratarse de sentencias definitivas, cabe hacer excepción cuando tales medidas pueden enervar el poder de policía del Estado o exceden el -IV-. Considero que de los agravios que esgrime el recurrente, debe examinarse, en primer lugar, el dirigido a cuestionar la legitimación del Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut para iniciar estas actuaciones, pues tal recaudo es ineludible para la existencia de un caso o controversia que habilite la intervención de un tribunal de justicia (art. 116 de la Constitución Nacional) y de prosperar tal planteo hará innecesario el tratamiento de los restantes. Cabe recordar que en la doctrina de la Corte, la existencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio, en la medida en que su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia (Fallos: 330:5111). Así pues, el Tribunal ha sostenido en tal sentido que, aun cuando las normas otorguen legitimación procesal al defensor del pueblo (tanto nacional como 2

3 Defensor del Pueblo de la Provincia de Chubut cl Estado Nacional y otros si medida cautelar J3ooW'acti:h JJe/ZeFa/ de h Q/VactOn (Recurso de Hecho) locales), ello no significa que los jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde asignarle el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso judicial, pues dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal del actor constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que debe ser resuelto por la Corte (Fallos: 323:4098). Cabe recordar que V.E. en dos juicios que involucraban a defensores del pueblo provinciales donde -en uno de ellos rechazó in limine la acción interpuesta por él (Fallos: 326:663) y en otro (Fallos: 329:4542) hizo lugar al recurso planteado por el demandado- concluyó que dichos órganos carecían de legitimación para entablar la demanda, porque tanto las constituciones provinciales como las leyes del mismo carácter que regulaban su actuación local circunscribían su accionar a la. protección de derechos individuales y de la comunidad frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial, circunstancia que consideró.relevante para determinar que la promoción de las acciones judiciales contra otra.. provincia o el Estado Nacional -tal como sucedía en aquellos casos- excedía su ámi:>ito de actuación. Por tal motivo, considero que asiste razón al apelante cuando sostiene que el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut carece de legitimación para cuestionar judicialmente actos emanados de una autoridad nacional, toda vez que su desempefio se encuentra limitado al control de la actividad administrativa de los órganosloc~les. Así lo pienso, porque del examen de las disposiciones legales y constitucionales que rigen su competencia cabe concluir que su ámbito de actuación se circunscribe al ámbito provincial, en lo que respecta a los sujetos de los que provienen los actos, hechos u omisiones cuestionados. En efecto, el arto l de la ley V 81 (ex 4518) dispone que el objetivo fundamental de la Defensoría del Pueblo local "es el de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la sociedad trente a los actos. hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y de las empresas prestatarias de servicios públicos con actuación en el territorio de la Provincia mediante concesiones otorgadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales, tal como se establece en el arto 14 de la presente ley" (el subrayado no es del original). A su vez este último artículo establece "el Defensor del Pueblo debe iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al 3

4 esclarecimiento de los actos. hechos u omisiones de la Administración Pública provincial. sus agentes y de las empresas concesionarias de servicios públicos aludidas en el arto 10 de esta ley, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus fonciones y/o prestaciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos. Los legisladores podrán recibir quejas de los interesados, de las cuales darán traslado inmediato al Defonsor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal" (el subrayado es agregado). En ta1es condiciones, las referidas atribuciones de la Defensoría del Pueblo surgen de la legislatura local, que carece de facultades para reglar lo atinente a los procedimientos seguidos en los juicios tramitados ante los Tribunales de la Nación. Conviene recordar, al respecto, que en las condiciones que expresan los arts. 1 'y 123 de la Constitución Nacional, el Estado federal garantiza a las provincias el pleno goce y ejercicio de sus instituciones. Pero "ello debe entenderse dentro del orden provincia1 respectivo y sin extender el imperio de las instituciones de una al " " : territorio de la otra, porque entonces ésta vendría a quedar regida, no por sus propias ins'tituciones,.. ;sino por las extrañas" (cfr. doctrina de Fallos: 329:4542 y sus citas). A la inversa, tampoco s~ría aceptable sostener que el Defensor del Pueblo de la N ación est~ facultado para chestionar en juicio los actos de los órganos del gobierno local dictados en virtud de lo dispuesto en sus propias leyes, toda vez que su competencia está limitada a la protección de derechos e intereses de los individuos y de la colnunidad frente a los actos, hechos u omisiones de las autoridades nacionales (arts. 1 0,14,16 y 17 de la ley ).! Como expresó la Corte en el precedente antes citado, los actos del gobierno nacional y de sus órganos son cuestionables ante los tribuna1es de ese mismo carácter, de conformidad con las reglas que al respecto dicte el Congreso de la Nación, que rigen lo atinente a los procedimientos, a la capacidad de estar en juicio como parte, y el modo de configurarse las controversias para ser susceptibles de resolución judicial (cfr. considerando 8, Fallos: 329:4542). Por lo tanto, un órgano de control de la Provincia del Chubut, cuyas atribuciones derivan de la legislatura local y que, por los criterios esgrimidos por la Corte en el pronunciamiento señalado, no constituye el representante de aquélla, carece de competencia constituciona1 para objetar los actos de autoridades nacionales y, eventualmente, obtener su anulación. En virtud de las consideraciones precedentes, cabe concluir en que el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut no es parte legitimada para solicitar que se suspenda la 4

5 Defensor del Pueblo de la Provincia de Chubut el Estado Nacional y otros si medida cautelar rfj9,octu'acm J1e/l8J tú & oaíacm (Recurso de Hecho) aplicación del decreto 2067/08 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y de sus disposiciones complementarias emitidas por autoridades nacionales. revocar el pronunciamiento apelado. -V- Opino, por lo tanto, que corresponde hacer lugar a la queja y Buenos Aires, 2 de septiembre de ES COPIA LAURA M. MONTI 5

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