Iniciamos este artículo señalando unas consideraciones previas al informe del Defensor del Menor.

Transcripción

1 federació d ensenyament federació d ensenyament de comissions obreres del país valencià secretaria de E. Privat Al hilo del Informe del Defensor del Pueblo sobre Centros de Protección de Menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. La intervención sindical en el sector: convenio autonómico en el País Valencià y no duros a cuatro pesetas. Iniciamos este artículo señalando unas consideraciones previas al informe del Defensor del Menor. El absoluto rechazo de esta Federació d Ensenyament de CC.OO.-P.V. a cualquier tipo de acción que atente a los derechos de los menores internados en cualquier tipo de centro, ya sea de acogida, de reforma y, la defensa del principio del Interés Superior del Menor en cualquier proyecto de vida en el que esté participando. La estancia de los menores en centros debe ser el ultimísimo recurso que se debe adoptar con cualquier menor, nunca debe ser un fin en sí mismo; por ello, las administraciones y, en concreto la valenciana, deben apoyar y dotar con mucha mayor intensidad proyectos y programas preventivos que faciliten la vida del menor en su entorno más próximo, tanto a su familia como a las redes sociales más cercanas. Por ello, se precisan un número mayor de programas y servicios en los barrios y pueblos de nuestro País, que permitan un apoyo real a los menores y sus familias. Una mayor dotación en los Servicios Sociales de Base Municipales, equipos de intervención con el menor, un mayor número de profesionales (Educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, integradores sociales, animadores culturales ) y con mayor dedicación en los SEAFIs servicios especializados de atención a la familia y la infancia-, Centros de Día, centros abiertos de actividades en el tiempo libre o cualquier programa diseñado por los ayuntamientos que sitúen la respuesta real al conflicto en el medio donde se está produciendo. También, es muy importante la dotación a los programas de acogimiento familiar como una alternativa fundamental al internamiento. Un desarrollo real y efectivo de la ley 12/2008, de 3 de julio, de protección integral de la infancia y la adolescencia, sobre todo en aquello que afecta a coordinación real y efectiva entre las Consellerias y administraciones que inciden sobre la vida del menor y las familias, especialmente las de Educación, Benestar Social, Sanidad y los ayuntamientos de toda nuestra comunidad. Que, a pesar de las informaciones que se han ido publicando y emitiendo en diversos medios de comunicación, donde se han resaltado malos tratos en centros de menores, el propio informe resalta que son hechos puntuales producidos en algunos centros; lo que no quiere decir que no se haya de ser

2 escrupuloso en el control y la denuncia de cualquier hecho que se pudiera producir en el presente y en el futuro. El propio informe indica en sus conclusiones finales 52 y 53 lo siguiente: La implicación y entrega del personal que trabaja en estos centros, cuya tarea merece el debido reconocimiento social, es primordial para el éxito de una intervención pedagógica con los menores ( ). Por ello, se aprecian resultados mucho más favorables en aquellos centros que tienen un equipo estable y bien coordinado, que se implica afectivamente con los menores y constituye un referente para ellos esto es importante, ya que prima un estilo de intervención desde la cercanía pedagógica, el afecto y el humanismo, sobre aquellos modelos educativos que se enmarcan en algo parecido a la distancia pedagógica, la imposición de la norma y reglamento por delante de relación humana y afectiva. En muchos casos, el personal se encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total, un salario no especialmente motivador ( ). Eso da lugar a numerosas bajas temporales y ceses voluntarios {despidos} con la consiguiente rotación continua de la plantilla. Pues bien, considerando estos aspectos, vamos a intentar reflejar lo que la Federació d Ensenyament de CC.OO.PV ha venido realizando en los últimos diez años a través de la negociación colectiva y que precisamente va en la línea de lo que el informe del Defensor del Pueblo ha señalado: Dice la conclusión 54, que la firma del Primer Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social a nivel de Estado convenio declarado extraestatutario recientemente- podría contribuir al mantenimiento de equipos estables y bien coordinados en los centros de menores. Se olvida el informe que en el País Valencià se ha venido negociando y aplicando el primer convenio colectivo autonómico para empresas de atención especializada en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud de la C.V., desde el año 2002 y recientemente se ha publicado el IIIer Convenio (DOGV. 20-I-2009), que es de obligado cumplimiento para las entidades que operan en el sector. Las organizaciones sindicales, entre ellas CC.OO. mayoritario en el sector, y la organización Patronal APIME quisieron abordar muchos de los problemas que han venido a confirmarse por el Defensor del Pueblo: La necesidad de personal cualificado y formado. Seguridad en los centros, tanto para usuarios y trabajadores. Salarios y condiciones laborales dignas que permitan equipos estables. Infraestructuras suficientes y medios adecuados. Participación de los trabajadores en la organización de los centros, a través de los delegados y delegadas. Horarios y jornada laboral estable y ordenada. Figuras profesionales adecuadas. Regulación de los descansos, vacaciones La premisa que establecimos es la de que si un trabajador no está en buenas condiciones, difícilmente las personas que tiene a su cargo podrán estar adecuadamente atendidas, aun más sí son chicos y chicas con unas características específicas que requieren intervenciones educativas muy cuidadosas y delicadas. Queremos indicar que la mayoría de organizaciones que nacieron en el País Valencià que trabajan en estos centros están aplicando este convenio, habiéndose incorporado recientemente otras que operan aquí, pero que proceden de otros lugares del Estado. Pero todavía se nos da la paradoja de que hay algunas entidades que o bien tienen su

3 propio convenio de empresa o que no teniéndolo intentan sortear la aplicación del convenio. La razón es obvia, abaratamiento de costes: a sus trabajadores se les paga por debajo de este convenio, o realizan más horas hay casos flagrantes con media de horarios de más de 60 horas a la semana- con la excusa de que hay periodos que se duerme, imposibilidad de pactar calendarios laborales, falta de formación interna y de participación real, etc. Se ha dicho de este convenio que es un convenio de máximos, de su inaplicabilidad y de irracional. Para cualquiera que quiera consultarlo verá que es de una racionalidad absoluta e, incluso, puede decirse que está aun muy lejos de otros convenios del ámbito educativo: enseñanza concertada, atención a personas con discapacidad Y, viene ahora, el Informe del Defensor del Pueblo a darnos la razón en la necesidad de una regulación adecuada en este sector. Nuestra Federació d Ensenyament de CC.OO.PV continúa demandando a todas estas entidades para una aplicación rigurosa del convenio del País Valencià además, de su obligado cumplimiento y eficacia general en nuestra comunidad-, creemos que es racional y está muy bien planteado para poner un grano de arena más de cara a los proyectos educativos que con los menores se realizan aquí, proyectos que han de ser realistas, adecuados y positivamente innovadores. Queremos reflejar un problema que existe y que incide en la dinámica cotidiana de los centros: el derecho de los usuarios a denunciar prácticas abusivas por parte de algún adulto, sea este el que sea, y en este sentido deseamos que se facilite en todos los centros dicho derecho, pero también el derecho a la presunción de inocencia que toda persona tiene y los trabajadores y trabajadoras son personas que también lo tienen. Se nos ha dado el caso, de trabajadores denunciados por presuntos malos tratos o abusos que han sido despedido fulminantemente, siendo luego absuelto por el juzgado. Si un trabajador está en una entidad privada y ha sido despedido, ya no vuelve más. Lo único que gana es la posible indemnización por despido improcedente. Pero el mal está hecho. Conjugar estos derechos es el reto que tenemos todos y en los que hemos de profundizar, tanto las organizaciones patronales como sindicales y la propia Administración. La otra cuestión, es lo que CC.OO.P.V. ha venido demandando a la Administración Valenciana sobre estos temas, especialmente a las Consellerias de Justicia de la que dependen los centros y programas de la Ley Penal del Menor- y a la de Bienestar Social de la que dependen los programas de Protección -: - Una mejora en las ratios y plantillas que sean suficientes y adecuadas y permitan estabilidad de las mismas (difícilmente podremos crear referentes positivos hacia los menores, si por bajo sueldo, estrés, bajas laborales la gente se ausenta o se va del trabajo, ya que encuentra otras ofertas mejores). - Un modelo que permita, tanto la atención cotidiana a los usuarios de los centros como a sus profesionales. Contemplando figuras profesionales formadas y con perfiles idóneos. - Establecimiento de protocolos de actuación para las diversas situaciones que puedan suponer riesgo para las personas, medidas hacia los menores, intervenciones tipo registros, aislamientos Sobre estas cuestiones es necesario un control judicial efectivo y real. - Como sugiere el Defensor del Pueblo, se hace necesario un control profesional y protocolarizado para los temas de medicación. Indica, también, la necesidad de la preceptiva autorización y vigilancia del juez.

4 - Crear los mecanismos de inspección y evaluación suficientemente dotados. La función de éstos no sólo es de control y penalización, sino que pueden proponer mejoras y adecuar los protocolos de la Administración a la realidad. - Mejora de las instalaciones y medios suficientes para los centros. - Es necesario establecer en los pliegos de condiciones una valoración a proyectos de calidad que primen elementos innovadores y con metodologías que partan de la realidad de los menores y de la situación del centro y no modelos educativos estandar de aplicación rutinaria. Esto supone más peso del reglamento y la norma, que de la participación creativa de todos los que intervienen en el proceso educativo. En definitiva, la protección de los menores es responsabilidad de la Administración Pública y se ha de garantizar la calidad de los centros y programas. No es de recibo, que la Administración Valenciana regatee presupuestos para la marcha cotidiana de los diferentes centros y que la mayoría de entidades se estén quejando continuamente de que al final de cada ejercicio tienen que poner dinero propio o pedirle a sus trabajadores esfuerzos suplementarios, porque no les llega con los que la Conselleria de Benestar Social o Justicia les dota. Otra de las recurrentes quejas es la tardanza en el pago por parte de la Administración, lo que conlleva gastos en los créditos bancarios a aportar por parte de las entidades. Para concluir, esta Federació d Ensenyament de CC.OO.PV. rechaza cualquier tipo de actuación que atente contra los derechos de los menores y de las personas, que manifestamos que el maltrato puede ser directo y, por tanto, se habrán de establecer mecanismos de denuncia del mismo, pero que existe un peligro de maltrato institucional cuando no se dan los recursos necesarios para que en la práctica diaria se puedan ofrecer alternativas educativas liberadoras, con referentes positivos en los proyectos de vida de los chicos y chicas dentro de unos parámetros de calidad educativa, también afirmamos que a los trabajadores y trabajadoras hay que cuidarlos, que en este tipo de centros se han de establecer protocolos claros de actuación para la resolución de los conflictos que pudieran producirse y que los centros estén bien dotados. CC.OO.PV. solicita una mayor inversión en programas y servicios alternativos y de prevención reales que dificulten la entrada de cualquier menor en centros de acogida que estigmatizan y establecen proyectos artificiales en la vida de un niño o adolescente. En definitiva, la Federación Enseñanza de CC.OO., insta al Defensor del Pueblo para la realización de un informe más exhaustivo sobre el conjunto de los servicios de protección de menores y de reforma juvenil que clarifique las necesidades reales de este sector Antonio Jiménez Galván Febrero de 2009 F.E.CC.OO.-P.V. ajimenez@pv.ccoo.es

5 La actual tipología de centros que la Administración establece: Centros de acogida y hogares funcionales. Sistema de protección. Financiados según estos tipos: - Centros Públicos gestionados por la propia Administración. - Sistema de conciertos: las propias entidades conciertan con la Administración Valenciana la estancia de los niños. - Contratación de los propios centros públicos con entidades privadas: es según este sistema el contrato del centro de atención especializada de Vinarós. - Subvención dada a las entidades para la gestión de programas. En algún caso, bajo esta vía se ha gestionado algún centro. Centros de Internamiento de Menores en aplicación de la Ley Penal de Menores: - La gestión es privada y los centros son de titularidad de la propia Administración. La vía es la de licitación pública, Contratación. - Los programas de ejecución de medidas judiciales en medio abierto. Vía Subvención. Se lleva años denunciando que este no es el mejor sistema. Un detalle significativo: la ratio que establecían las órdenes de ayudas hasta el año 2004 prefijaban 15 menores máximo por educador y de repente desaparece esa ratio, encontrándonos en estos momentos sin ratio específica y por tanto las entidades que llevan este programa pueden exigir a sus trabajadores llevar muchas más.