Ivan Gallego Garayalde Técnico de Administración General Departamento de Urbanismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

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1 2014 MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA MODIFICAR EL CAPÍTULO 4 LIMITACIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL TÍTULO IV RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL TOMO IV ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS Ivan Gallego Garayalde Técnico de Administración General Departamento de Urbanismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2 ÍNDICE 1 OBJETO DE LA PROPUESTA INICIATIVA DE LA PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA SENTENCIA N º 239/2014 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALORACIONES EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO CONCLUSIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO PROPUESTO TRAMITACIÓN...13 Departamento de Urbanismo 2

3 1 OBJETO DE LA PROPUESTA Este documento tiene como objeto la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para modificar su Capítulo 4 Limitaciones derivadas del régimen especial de protección del Título IV Régimen (artículos al ). 2 INICIATIVA DE LA PROPUESTA La iniciativa para la redacción y tramitación de esta modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 3.1 SENTENCIA N º 239/2014 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO (FJ 3) La cuestión esencial que se plantea en ese procedimiento judicial es la relativa a la determinación del dies a quo en el cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial en un eventual supuesto de vinculación y limitación singular impuesta por el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval que lleva consigo una restricción de edificabilidad no susceptible de distribución equitativa. La parte apelante alega que, conforme al artículo del plan general, el plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial se inicia cuando el propietario se vea directa e individualmente constreñido a la observancia de las limitaciones singulares que le afecten, es decir, cuando al ejercitar sus facultades dominicales de reforma, ampliación, cambio de uso o demolición, se encuentre sujeto Departamento de Urbanismo 3

4 a restricciones de aprovechamiento en superficie, en volumen o en uso por relación al régimen normal de la zona. Por el contrario, este Ayuntamiento alega que, conforme a la doctrina jurisprudencial, ese plazo se inicia cuando se publica en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval (es decir, el 24/02/2007), ya que desde ese momento se conocen las condiciones urbanísticas a las que está sujeto el edificio y, en concreto, la eventual limitación y vinculación singular (STS , RJ 2007\404). Finalmente, el Tribunal dictamina que lo dispuesto por el artículo del plan general no puede ser desconocido por el propio Ayuntamiento a la hora de resolver, aun siendo cuestionable desde la perspectiva de la habilitación competencial del planificador, puesto que la competencia de ordenación urbanística que el Ayuntamiento tiene conferida no le habilita para regular el régimen de responsabilidad patrimonial por limitaciones singulares, ni el procedimiento para exigirla, materia claramente reservada al legislador. Y concluye que no cabe por estrictas razones de seguridad jurídica y confianza legítima, oponer la prescripción, entendiendo, contra el propio plan general, que la efectividad del daño se produjo en el momento de la publicación del plan especial en el B.O.T.H.A. 3.2 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS El artículo de la Constitución Española establece que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El artículo ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer el sistema de responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones Públicas. El Estado ha regulado el sistema de responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones Públicas en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 139 y siguientes), desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de Departamento de Urbanismo 4

5 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Según el Tribunal Constitucional (STC 61/1997, FJ 33; STC 164/2001, FJ 47), el artículo ª habilita al Estado tanto para instituir supuestos indemnizatorios en sede urbanística, a pesar de que la competencia sustantiva sobre urbanismo recaiga en las Comunidades Autónomas 1. Así, el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo establece el catálogo de supuestos indemnizatorios en materia urbanística, entre los cuales, se encuentra: las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. Actualmente, las normas estatales citadas agotan la expresión legislativa del principio de indemnidad frente al actuar de la Administración Pública en la Comunidad Autónoma Vasca VALORACIONES Según el Tribunal Constitucional, el artículo ª otorga al Estado la competencia exclusiva para establecer los criterios de valoración del suelo. 1 El artículo ª CE dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir, entre otras, la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Esa competencia ha sido asumida y desarrollada por la Comunidad Autónoma del País Vasco en el artículo de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por el que se aprueba su Estatuto de Autonomía y en la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, respectivamente. 2 Las Comunidad Autónomas también pueden establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas normas estatales con las que, en todo caso, habrá de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada (STC 61/1997, FJ 33; STC 164/2001, FJ 47). Sin embargo, el parlamento vasco no ha hecho uso de ese espacio que le asiste en la definición de supuestos indemnizatorios vinculados al ejercicio de competencias urbanísticas. Departamento de Urbanismo 5

6 El Estado ha regulado los criterios de valoración del suelo en el Título III del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. El régimen de valoraciones dispuesto por esa ley se aplica, según su artículo 21, a la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 3.4 EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO La normativa de régimen local y la legislación urbanística vasca atribuyen a los ayuntamientos competencias en materia de ordenación urbanística. En el ejercicio de esa competencia, los ayuntamientos atribuyen a las parcelas edificabilidad y uso urbanístico, y establecen las construcciones o edificaciones catalogadas, protegidas por sus valores o sujetas a un régimen de protección integral. Por tanto, los ayuntamientos pueden imponer vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. 3.5 CONCLUSIÓN Los ayuntamientos, si bien tienen atribuida competencia en materia urbanística, no tienen competencia para regular: - El régimen y el procedimiento de responsabilidad patrimonial por vinculaciones y limitaciones singulares derivadas del régimen especial de protección. - Los criterios de valoración del suelo. Esa materia está claramente reservada al legislador, tal y como establece la Sentencia nº 239/2014 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. A resultas de cuanto antecede, procede suprimir, puesto que son disconformes a derecho, por invadir competencias estatales: Departamento de Urbanismo 6

7 - Los valores de referencia para fijar la cuantía resarcible del artículo b) del plan general. - La regla del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del artículo c) del plan general. - El artículo del plan general, por el que se establece la iniciación, tramitación y resolución conjunta del procedimiento de licencia urbanística y de responsabilidad patrimonial 3. 4 PLANEAMIENTO VIGENTE CAPÍTULO 4: LIMITACIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN. Artículo Limitaciones y vinculaciones. 1. Las limitaciones y vinculaciones impuestas por las Ordenanzas Especiales de Protección se considerarán singulares cuando concurran las siguientes condiciones generales: a) Que generen lesiones directamente imputables al cumplimiento de determinaciones obligatorias del propio régimen especial de protección. b) Que dichas lesiones se traduzcan en la restricción del aprovechamiento urbanístico de los predios en forma desigual a la que correspondería por la Ordenanza General del área en que el predio se encuentre ubicado; teniendo en cuenta a estos efectos los criterios de usos, localización e intensidad utilizados por el Plan con carácter general. Asimismo, habrán de tenerse en cuenta los criterios de valoración de los edificios catalogados, enunciados en la Sección 2, del Capítulo 5, del Título III de estas Normas. También deberán tenerse en cuenta los plusvalores derivados de las ventajosas condiciones especificadas previstas en este Plan, en sus desarrollos por Ordenanzas Municipales de carácter fiscal, y arbitradas por legislaciones o políticas sectoriales de otros organismos; tales como las del apartado de la Ordenanza OR-2: Primer Ensanche, las del artículo de Estas Normas y las del Decreto 214/1996 de Rehabilitación del Gobierno Vasco entre otras. c) Que el daño alegado sea efectivo, individualizado y evaluable económicamente. 3 Ambos procedimientos, el de licencia urbanística y el de responsabilidad patrimonial, aparte de independientes (el primero está regulado en la Ley 2/2006; el segundo, en la Ley 30/92 y en el RRP), su resolución está atribuida, por la normativa de régimen local, a órganos municipales diferentes (el primero, a la Junta de Gobierno Local; el segundo, al Alcalde). Departamento de Urbanismo 7

8 2. Los propietarios de inmuebles vinculados singularmente por el régimen especial de protección tendrán derecho al resarcimiento de las lesiones que aleguen y acrediten. 3. Dicho resarcimiento se deberá realizar en los términos del artículo 43 y concordantes de la Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del suelo y valoraciones. (B.O.E. núm. 89). 4. El Ayuntamiento, en uso de su autonomía financiera y para la formación de su presupuesto, tiene prevista en el estado de gastos del mismo partida presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones, que por responsabilidad patrimonial pudieran corresponderle. 5. Cuando el alegante de supuesta lesión demuestre fehacientemente la imposibilidad de su compensación equidistributiva, podrá ser indemnizada en metálico o en cualesquiera otras formas procedentes conforme a Derecho. En este caso la indemnización correrá a cargo del órgano urbanístico del actuante. Artículo Valoración de las lesiones derivadas del régimen de protección. En todo caso, para la acreditación de estas lesiones deberán tenerse cuenta las especificaciones y requisitos que a continuación se detallan, en desarrollo y concreción de las condiciones generales antes enunciadas: a) Respecto de la condición a) sobre causalidad o imputabilidad específica: - No serán tomadas en cuenta las vinculaciones o limitaciones impuestas por la legislación de patrimonio cultural vasco (Ley 7/1990 del Parlamento Vasco y disposiciones de desarrollo) ni las derivadas de otras calificaciones o catalogaciones declaradas por Administraciones públicas distintas de la Municipal, las cuales se regirán por sus ordenaciones sectoriales propias. - Tampoco serán computables o acumulables bajo este régimen las restricciones causadas por otras determinaciones de este Plan General o de sus instrumentos de desarrollo, que seguirán, en su caso, el procedimiento compensatorio común que corresponda. b) En cuanto a la determinación del efecto restrictivo y a su evaluación económica, a tenor de las condiciones b) y c): - El valor de referencia para fijar la cuantía resarcible será alternativamente: El aprovechamiento tipo del polígono o unidad de ejecución en que esté ubicado el predio o llegue a estarlo durante la ejecución del Plan. El aprovechamiento tipo atribuido según el Plan al conjunto del régimen normal de la zona de que se trate, cuando el predio no esté ubicado en un ámbito de ejecución. - La lesión resarcible será en cada caso la diferencia entre el valor de referencia aplicable conforme al apartado anterior y al que corresponda al predio afectado por causa de la restricción singular una vez efectuadas, si proceden, las siguientes compensaciones: Departamento de Urbanismo 8

9 En todo caso, el incremento efectivo de aprovechamiento asignable al inmueble afectado por razón de las dispensas contenidas en la Ordenanza especial respecto de la del régimen normal de la zona, en cuanto a las condiciones de edificabilidad y usos. Si la lesión viene causada, en todo o en parte, por la mayor onerosidad del deber de conservación, el importe de las aportaciones públicas a la conservación, mejora o rehabilitación, de que se hubiese beneficiado o pudiera beneficiarse el inmueble. - No habrá resarcimiento: Cuando se alegue la mayor onerosidad del deber de conservación en inmuebles catalogados en la Categoría C, (Rehabilitación/Renovación) habida cuenta de la alternativa de actuación que la propia categoría admite. Cuando la diferencia de valor resultante quedase compensada o superada por el valor real atribuible al inmueble protegido proponiendo su catalogación o inclusión en el régimen especial. c) La efectividad del daño exigida por la condición general c), consiste en que el derecho al resarcimiento no es ejercitable por la mera entrada en vigor del Plan General -o, en su caso, Especial- que impone la restricción, sino solo cuando el propietario se vea directa e individualmente constreñido a la observancia de las limitaciones singulares que le afecten, es decir, cuando al ejercitar sus facultades dominicales de reforma, ampliación, cambio de uso o demolición, se encuentre sujeto a restricciones de aprovechamiento en superficie, en volumen o en uso por relación al régimen normal de la zona, o cuando el cumplimiento del deber de conservación le imponga un coste más oneroso y no compensado por un mayor valor resultante. Artículo Lesiones, procedimiento y resolución. El reconocimiento de la existencia de una lesión resarcible será objeto de un expediente particular en cada caso, que se iniciará a instancia del interesado simultáneamente con el de la licencia municipal que requiera la ejecución concreta que se proponga realizar. En la tramitación de esta clase de licencias será preceptivo el reconocimiento del inmueble en cuestión por parte de los Servicios Técnicos municipales que emitirán informe sobre el estado del inmueble y propondrán las medidas que fuesen precisas para su adecuada conservación y ornato, cuando no se contuviesen en el proyecto presentado. La resolución de los expedientes será conjunta y se pronunciará separadamente sobre los siguientes extremos: a) Procedencia y otorgamiento en su caso de la licencia solicitada. b) Si se otorga la licencia, procedencia del reconocimiento de la lesión resarcible alegada, con precisión, en caso afirmativo, de su cuantía y del procedimiento que deberá aplicarse para hacerla efectiva. c) Imposición, cuando haya lugar, de las medidas precisas para la adecuada restauración, conservación y ornato del inmueble, que adoptarán la forma de órdenes de ejecución si no se hubieran previamente incorporado al proyecto objeto de la licencia o cuando ésta no se otorgue. El expediente contradictorio para la determinación y reconocimiento, en su caso, del derecho de resarcimiento, se instruirá cuando las medidas de restauración, conservación u ornato se impongan por parte del Ayuntamiento como órdenes de Departamento de Urbanismo 9

10 ejecución, sin mediar petición de licencia, o en el caso de denegación de ésta, en el caso previsto al final del párrafo c). Artículo Indemnizaciones. Cuando el derecho al resarcimiento se conozca bajo forma de indemnización, su abono se efectuará contra certificaciones parciales de obras conformadas por los Servicios Técnicos Municipales, o bien a la total terminación de las obras, previa, en ambos casos, la inspección y aprobación de las mismas. Si el resarcimiento debe hacerse efectivo con cargo a un ámbito de ejecución, el acuerdo municipal precisará su inclusión en el sistema de ejecución correspondiente. 5 PLANEAMIENTO PROPUESTO CAPÍTULO 4: LIMITACIONES DERIVADAS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN. Artículo Limitaciones y vinculaciones. 1. Las limitaciones y vinculaciones impuestas por las Ordenanzas Especiales de Protección se considerarán singulares cuando concurran las siguientes condiciones generales: a) Que generen lesiones directamente imputables al cumplimiento de determinaciones obligatorias del propio régimen especial de protección. b) Que dichas lesiones se traduzcan en la restricción del aprovechamiento urbanístico de los predios en forma desigual a la que correspondería por la Ordenanza General del área en que el predio se encuentre ubicado; teniendo en cuenta a estos efectos los criterios de usos, localización e intensidad utilizados por el Plan con carácter general. Asimismo, habrán de tenerse en cuenta los criterios de valoración de los edificios catalogados, enunciados en la Sección 2, del Capítulo 5, del Título III de estas Normas. También deberán tenerse en cuenta los plusvalores derivados de las ventajosas condiciones especificadas previstas en este Plan, en sus desarrollos por Ordenanzas Municipales de carácter fiscal, y arbitradas por legislaciones o políticas sectoriales de otros organismos; tales como las del apartado de la Ordenanza OR-2: Primer Ensanche, las del artículo de Estas Normas y las del Decreto 214/1996 de Rehabilitación del Gobierno Vasco entre otras. c) Que el daño alegado sea efectivo, individualizado y evaluable económicamente. 2. Los propietarios de inmuebles vinculados singularmente por el régimen especial de protección tendrán derecho al resarcimiento de las lesiones que aleguen y acrediten. 3. Dicho resarcimiento se deberá realizar en los términos del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Departamento de Urbanismo 10

11 4. El Ayuntamiento, en uso de su autonomía financiera y para la formación de su presupuesto, tiene prevista en el estado de gastos del mismo partida presupuestaria para hacer frente a las indemnizaciones, que por responsabilidad patrimonial pudieran corresponderle. 5. Cuando el alegante de supuesta lesión demuestre fehacientemente la imposibilidad de su compensación equidistributiva, podrá ser indemnizada en metálico o en cualesquiera otras formas procedentes conforme a Derecho. En este caso la indemnización correrá a cargo del órgano urbanístico del actuante. Artículo Valoración de las lesiones derivadas del régimen de protección. En todo caso, para la acreditación de estas lesiones deberán tenerse cuenta las especificaciones y requisitos que a continuación se detallan, en desarrollo y concreción de las condiciones generales antes enunciadas: a) Respecto de la condición a) sobre causalidad o imputabilidad específica: - No serán tomadas en cuenta las vinculaciones o limitaciones impuestas por la legislación de patrimonio cultural vasco (Ley 7/1990 del Parlamento Vasco y disposiciones de desarrollo) ni las derivadas de otras calificaciones o catalogaciones declaradas por Administraciones públicas distintas de la Municipal, las cuales se regirán por sus ordenaciones sectoriales propias. - Tampoco serán computables o acumulables bajo este régimen las restricciones causadas por otras determinaciones de este Plan General o de sus instrumentos de desarrollo, que seguirán, en su caso, el procedimiento compensatorio común que corresponda. b) En cuanto a la determinación del efecto restrictivo y a su evaluación económica, a tenor de las condiciones b) y c): - El valor de referencia para fijar la cuantía resarcible será alternativamente: El aprovechamiento tipo del polígono o unidad de ejecución en que esté ubicado el predio o llegue a estarlo durante la ejecución del Plan. El aprovechamiento tipo atribuido según el Plan al conjunto del régimen normal de la zona de que se trate, cuando el predio no esté ubicado en un ámbito de ejecución. - La lesión resarcible será en cada caso la diferencia entre el valor de referencia aplicable conforme al apartado anterior y al que corresponda al predio afectado por causa de la restricción singular una vez efectuadas, si proceden, las siguientes compensaciones: En todo caso, el incremento efectivo de aprovechamiento asignable al inmueble afectado por razón de las dispensas contenidas en la Ordenanza especial respecto de la del régimen normal de la zona, en cuanto a las condiciones de edificabilidad y usos. Si la lesión viene causada, en todo o en parte, por la mayor onerosidad del deber de conservación, el importe de las aportaciones públicas a la conservación, mejora o rehabilitación, de que se hubiese beneficiado o pudiera beneficiarse el inmueble. - No habrá resarcimiento: Departamento de Urbanismo 11

12 Cuando se alegue la mayor onerosidad del deber de conservación en inmuebles catalogados en la Categoría C, (Rehabilitación/Renovación) habida cuenta de la alternativa de actuación que la propia categoría admite. Cuando la diferencia de valor resultante quedase compensada o superada por el valor real atribuible al inmueble protegido proponiendo su catalogación o inclusión en el régimen especial. c) La efectividad del daño exigida por la condición general c), consiste en que el derecho al resarcimiento no es ejercitable por la mera entrada en vigor del Plan General -o, en su caso, Especial- que impone la restricción, sino solo cuando el propietario se vea directa e individualmente constreñido a la observancia de las limitaciones singulares que le afecten, es decir, cuando al ejercitar sus facultades dominicales de reforma, ampliación, cambio de uso o demolición, se encuentre sujeto a restricciones de aprovechamiento en superficie, en volumen o en uso por relación al régimen normal de la zona, o cuando el cumplimiento del deber de conservación le imponga un coste más oneroso y no compensado por un mayor valor resultante. Artículo Lesiones, procedimiento y resolución. El reconocimiento de la existencia de una lesión resarcible será objeto de un expediente particular en cada caso, que se iniciará a instancia del interesado simultáneamente con el de la licencia municipal que requiera la ejecución concreta que se proponga realizar. En la tramitación de esta clase de licencias será preceptivo el reconocimiento del inmueble en cuestión por parte de los Servicios Técnicos municipales que emitirán informe sobre el estado del inmueble y propondrán las medidas que fuesen precisas para su adecuada conservación y ornato, cuando no se contuviesen en el proyecto presentado. La resolución de los expedientes será conjunta y se pronunciará separadamente sobre los siguientes extremos: a) Procedencia y otorgamiento en su caso de la licencia solicitada. b) Si se otorga la licencia, procedencia del reconocimiento de la lesión resarcible alegada, con precisión, en caso afirmativo, de su cuantía y del procedimiento que deberá aplicarse para hacerla efectiva. c) Imposición, cuando haya lugar, de las medidas precisas para la adecuada restauración, conservación y ornato del inmueble, que adoptarán la forma de órdenes de ejecución si no se hubieran previamente incorporado al proyecto objeto de la licencia o cuando ésta no se otorgue. El expediente contradictorio para la determinación y reconocimiento, en su caso, del derecho de resarcimiento, se instruirá de oficio cuando las medidas de restauración, conservación u ornato se impongan por parte del Ayuntamiento como órdenes de ejecución, sin mediar petición de licencia, o en el caso de denegación de ésta, en el caso previsto al final del párrafo c). Artículo Indemnizaciones. Departamento de Urbanismo 12

13 Cuando el derecho al resarcimiento se conozca bajo forma de indemnización, su abono se efectuará contra certificaciones parciales de obras conformadas por los Servicios Técnicos Municipales, o bien a la total terminación de las obras, previa, en ambos casos, la inspección y aprobación de las mismas. Si el resarcimiento debe hacerse efectivo con cargo a un ámbito de ejecución, el acuerdo municipal precisará su inclusión en el sistema de ejecución correspondiente. 6 TRAMITACIÓN El artículo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (en adelante, LvSU) establece que a los efectos de su tramitación, la modificación de los elementos del contenido del plan general tendrá en cuenta la distinción entre determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada, y deberá ajustarse a las reglas propias de la figura de ordenación a que correspondan, por su rango o naturaleza, las determinaciones por ella afectadas conforme a lo dispuesto en el artículo 58. Por su parte, el artículo 58.2 de la LvSU dispone que las determinaciones pormenorizadas contenidas en el plan general tendrán el rango jerárquico propio del correspondiente planeamiento de desarrollo. Y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 30 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la LvSU, la ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento general podrá modificarse utilizando la figura de modificación de Plan General, otorgándole el procedimiento de tramitación previsto en los artículos 95, 96 y 97 de la LvSU. La presente modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria- Gasteiz, que consiste en modificar su Capítulo 4 Limitaciones derivadas del régimen especial de protección del Título VII Régimen especial de protección del Tomo IV Ordenanzas de las edificación y los usos, no afecta a ninguna de sus determinaciones de ordenación urbanística de carácter estructural 4, tal y como se definen en los artículos 53 y siguientes de la LvSU. Únicamente altera determinaciones de ordenación 4 El párrafo 2 del número 1 de la DT2ª de la LSUPV establece que la regulación establecida en la presente ley sobre determinaciones de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada será de aplicación, desde su entrada en vigor, a todos los planes e instrumentos de ordenación urbanística. Departamento de Urbanismo 13

14 pormenorizada integradas en él, y en consecuencia, la tramitación a la que ha de ajustarse es la misma que la del planeamiento de desarrollo. La competencia para la aprobación inicial corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos i) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases de Régimen Local, adicionados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que le atribuyen la aprobación inicial del planeamiento de desarrollo del planeamiento general. Una vez aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local deberá someterse a información pública, con publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el diario o diarios de mayor tirada en el territorio, por el plazo mínimo de 20 días a partir de la última publicación. Es cuanto informo en Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de Iván Gallego Garayalde Técnico de Administración General Departamento de Urbanismo Departamento de Urbanismo 14

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