GUINEA ECUATORIAL RESUMEN EJECUTIVO

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO GUINEA ECUATORIAL Guinea Ecuatorial es, nominalmente, una república constitucional pluralista. Desde el golpe militar de 1979, el presidente Obiang Nguema Mbasogo ha dominado todas las ramas del gobierno en colaboración con su clan y su partido político, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). En 2009, los votantes reeligieron al presidente Obiang, que alegaba haber obtenido el 95,37 por ciento de los votos emitidos. La desproporción de los resultados y la débil supervisión independiente del proceso electoral despertaron sospechas de fraude electoral sistemático. Los observadores diplomáticos extranjeros tomaron nota de numerosas irregularidades y la presencia de personal militar en todas las urnas. Hubo casos en que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil. Entre los principales abusos de derechos humanos denunciados durante el año cabe mencionar el desacato del estado de derecho y las garantías procesales; la denegación de derechos políticos básicos, incluidos la libertad de palabra y de prensa; y la corrupción oficial generalizada. Otros abusos de derechos humanos incluían la incapacidad de los ciudadanos de cambiar su gobierno; la detención, la detención incomunicada y el arresto arbitrarios; las deplorables condiciones de las prisiones y los centros de detención; el acoso y la deportación de residentes extranjeros con limitadas garantías procesales; las restricciones a la independencia judicial; la corrupción oficial en todas las categorías del gobierno; las restricciones al derecho a la intimidad; las restricciones a las libertades de reunión, asociación y circulación; la violencia y discriminación contra la mujer; la trata de personas; la discriminación de las minorías étnicas; y las restricciones a los derechos laborales. El gobierno no adoptó medida alguna para procesar o sancionar a los funcionarios que cometían abusos de derechos humanos y él mismo cometía dichos actos con impunidad. No mantuvo mecanismos internos ni externos eficaces para investigar los abusos de las fuerzas de seguridad.

2 GUINEA ECUATORIAL 2 Sección 1 El respeto a la integridad de la persona, incluido el derecho a no estar sometido a: a. Privación arbitraria o ilícita de la vida A diferencia del año anterior, no hubo denuncias de muertes arbitrarias o ilícitas imputables al gobierno o a sus agentes. No hubo, ni se esperaban, novedades en el caso de las ejecuciones sumarias, en agosto de 2010, de cuatro ex oficiales de las fuerzas militares. No hubo, ni se esperaban, novedades en el caso del inmigrante maliense Bakary Konate, a quien mataron en diciembre de 2009 hombres uniformados en un control policial de Bata, tras haberse negado a pagar un soborno. b. Desapariciones A diferencia del año anterior, no hubo denuncias de sustracciones o raptos por motivos políticos imputables al gobierno o a sus agentes. c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes Si bien la ley prohíbe dichas prácticas, oficiales de seguridad abusaron de diversas personas durante el año. En algunas ocasiones, agentes de policía y personal militar usaron fuerza excesiva para obtener información sobre los supuestos delitos de un individuo. Los jefes de la oposición y organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG) siguieron criticando al gobierno por su uso sistemático de la tortura, pero no se recibieron denuncias verosímiles de que ésta ocurriera. Durante el año, no se adoptaron medidas contra oficiales de seguridad de la cárcel de Playa Negra quienes, según se ha informado, torturaron a cuatro ex militares para que confesaran su participación en el atentado de 2009 contra el palacio presidencial. Los extranjeros, principalmente inmigrantes ilegales de otros países africanos, eran acosados, intimidados, y arrestados y detenidos arbitrariamente. Los diplomáticos extranjeros, sobre todo los de países africanos, también se quejaron de haber sido víctimas, tanto ellos como miembros de su familia, de acoso y malos tratos a manos de la policía, aun después de mostrar documentos que los acreditaban como diplomáticos.

3 GUINEA ECUATORIAL 3 Condiciones en cárceles y centros de detención Las condiciones en las cárceles de la policía y otros centros de detención eran muy duras y, con frecuencia, un peligro para la vida. El gobierno ha renovado recientemente tres prisiones, en Bata, Evinayong y Malabo y, aunque las condiciones han mejorado, siguen siendo inadecuadas. Se ignoraba si algún preso o detenido había muerto en prisión o algún centro de detención preventiva. Las celdas estaban abarrotadas y sucias, y presos y detenidos raramente recibían atención médica, hacían ejercicio o disponían de colchones. El saneamiento, la ventilación, el alumbrado y el acceso a agua potable eran inadecuados. Enfermedades tales como la malaria y el VIH/SIDA eran graves problemas. El gobierno prestaba atención médica a algunos presos y detenidos, pero el acceso a esos servicios no era normal. El gobierno empezó a dar comidas básicas en las tres prisiones principales y algunos centros de detención, pero solían ser insuficientes y de mala calidad. La comida tenía que ser proporcionada, con frecuencia, por familiares de los presos o detenidos, o por otros presos y detenidos, y las autoridades restringían el acceso al agua potable. Algunos presos y detenidos no tenían acceso a inodoros. Los inmigrantes indocumentados detenidos en espera de ser deportados, permanecían encerrados en calabozos de la policía durante largo tiempo. Las embajadas extranjeras informaron que el gobierno no se ponía en contacto con ellas cuando eran arrestados sus nacionales y que, en algunas ocasiones, los inmigrantes legales eran arrestados con los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, a finales de mayo, la policía hizo una redada en Malabo en la que detuvo a varias docenas de africanos, a los que acusó de falsificación de documentos, los tuvo detenidos en la Comisaría central de policía de Malabo y los puso en libertad a los pocos días, después de la intervención de miembros del cuerpo diplomático. Aunque no se dispone de estadísticas fidedignas del número total o la composición de la población penitenciaria, datos facilitados por los medios controlados por el gobierno indicaban que había 269 reclusos en la prisión más grande del país, Playa Negra. Según fuentes de la oposición, aproximadamente 15 de los 269 eran mujeres. No se disponía de datos sobre el número de jóvenes, ni sobre las otras dos prisiones, 12 centros de detención y otras celdas. Las mujeres solían estar separadas de los hombres, pero los jóvenes no estaban separados de los adultos. Los jóvenes en general sólo eran condenados a penas de prisión por los delitos más graves; en otros casos, se les concedía la libertad provisional y se los vigilaba. Los reclusos en detención preventiva estaban juntos

4 GUINEA ECUATORIAL 4 con los condenados. Según fuentes de la oposición, un niño de menos de dos años estuvo recluido mientras su madre estuvo presa. En la mayor parte de los casos, los presos tenían acceso razonable a visitantes y podían observar sus prácticas religiosas. El gobierno nombró a un juez local defensor de los derechos de los presos, encargado de oír sus quejas por las sentencias, pero en general, las autoridades no permitían a presos y detenidos presentar denuncias a las autoridades judiciales o solicitar una investigación. Los días 29 y 30 de marzo, el fiscal general Carlos Mangue Elunku se reunió con 90 por ciento de los reclusos de la cárcel de Playa Negra para informarse de la fecha de su ingreso en prisión, su situación legal, la fecha de su sentencia y su estado de salud. Ni el sistema judicial ni la policía tenían un sistema adecuado y eficaz de registro de casos o seguimiento de presos. Las cárceles suministraban al Ministerio de Justicia un informe mensual que indicaba el número de presos, así como información acerca de la liberación de presos, con su nombre completo, las condenas cumplidas y las fechas de liberación. No obstante, esas listas no siempre eran dignas de crédito. El 25 de enero, el gobierno firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por el que concedía a la organización internacional presencia permanente en el país. En octubre, el representante regional del CICR se reunió con el presidente de la Cruz Roja local y otros oficiales para tratar de cuestiones de logística y dotación de personal a la nueva sede. Al finalizar el año, el CICR no había solicitado permiso para visitar las prisiones locales. En marzo, el fiscal general nombró a un juez local defensor de los derechos de los presos, encargado de oír sus denuncias por las sentencias. El gobierno no consideró la posibilidad de imponer sentencias distintas de la privación de libertad a los infractores no violentos. d. Arresto o detención arbitrarios La detención y el arresto arbitrarios están prohibidos por ley; no obstante, las fuerzas de seguridad efectuaron arrestos o detenciones de manera arbitraria y sin las debidas garantías procesales. Tanto la policía como los gendarmes ordenaron con frecuencia arrestos o detenciones sin autorización legal.

5 Función de la policía y del aparato de seguridad GUINEA ECUATORIAL 5 En general, la seguridad corre a cargo de la policía en las ciudades y de la gendarmería fuera de ellas y en ocasiones especiales; ambas están bajo la jurisdicción del Ministro de Seguridad Nacional. El personal militar también desempeña funciones policiales en zonas fronterizas y de mucho tráfico, así como en sitios neurálgicos. Ese personal está bajo la jurisdicción del Ministro de Defensa. Además, elementos de la policía están adscritos a los Ministerios del Interior (policía de fronteras y de tráfico), Hacienda (policía de aduanas) y Justicia (policía judicial y de investigación). Los agentes encargados de la seguridad presidencial también ejercían funciones policiales en la vecindad del Presidente e instalaciones presidenciales. Los contratistas extranjeros continuaron trabajando con el gobierno para consolidar y organizar las estructuras de seguridad en el interior del país. La corrupción y la impunidad siguieron siendo un problema. Las fuerzas de seguridad extorsionaban a ciudadanos e inmigrantes para obtener dinero en los puestos de control de policía. No había unidad de investigación interna en la policía, y los mecanismos de investigación de las denuncias de malos tratos eran muy deficientes. No obstante, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que se había requerido su comparecencia ante la legislatura para responder de abusos cometidos por agentes de la policía individuales y que, como resultado, habían sido despedidos varios de ellos. Ni el Ministerio de Seguridad Nacional ni el Ministerio de Defensa ejercían control real sobre las fuerzas de seguridad que, a veces, cometían abusos impunemente. El gobierno no disponía de mecanismos internos o externos eficaces para investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El gobierno continuó invirtiendo en profesionalizar sus fuerzas de seguridad. En enero, seis oficiales de las fuerzas militares asistieron a una sesión de formación en derecho internacional financiada por el CICR en Congo-Brazzaville. En agosto, se graduó la primera promoción de cadetes de la nueva academia naval regional. La academia es la primera de su género establecida en suelo africano y aspira a ser un centro regional de excelencia. Los cadetes de Guinea Ecuatorial y otros 10 países africanos estaban preparándose para ejercer diversos cargos técnicos que profesionalizarán las fuerzas militares y apoyarán la lucha contra la trata de personas.

6 GUINEA ECUATORIAL 6 Un contratista extranjero continuó capacitando a agentes de policía y sus superiores en derechos humanos, prevención de la trata de personas, estado de derecho, uso apropiado de la fuerza y código de ética. Las pruebas y la información facilitada por expatriados y dirigentes comunitarios indicaban que han mejorado el respeto a los derechos humanos y la conducta profesional, en particular entre los oficiales jóvenes que han recibido la formación. Procedimientos de arresto y trato durante la detención Aunque la Constitución exige que se dicten órdenes de arresto, salvo en casos en los que el sospechoso sea sorprendido en flagrante delito, el gobierno arrestó a personas con frecuencia sin una orden judicial. Los detenidos tienen el derecho a que un juez decida la legalidad de la detención en un plazo de 72 horas a partir del arresto, excepto en fines de semana y días feriados; no obstante, la duración de dichas detenciones solía ser más larga, a veces de varios meses. Si bien la ley dispone que los detenidos sean informados sin dilación de los cargos que se les imputan, las autoridades no respetaban este derecho en la práctica. Algunos detenidos extranjeros se quejaron de que se los detuvo y luego se los deportó sin que supieran cuáles eran los cargos en su contra. Aunque existen servicios de caución y de abogados defensores públicos facilitados por el colegio de abogados, que reciben fondos del gobierno y prestan servicios previa solicitud, en general el público ignoraba su existencia, y no funcionaban debidamente. A los detenidos, en particular los detenidos políticos, a veces se les negaba el acceso a la asistencia letrada. La ley prevé las visitas de familiares y prohíbe la detención incomunicada. En la práctica, a veces se permitía a presos y detenidos recibir visitas de familiares a discreción del jefe de policía. El arresto arbitrario: Los abogados no tenían acceso a las comisarías y no podían ponerse en contacto con los detenidos mientras permanecían en ellas; los comisarios entrevistados declararon que no veían la necesidad ni la conveniencia de dicho acceso. Las redadas policiales en barrios, tiendas y restaurantes locales de inmigrantes aumentaron inmediatamente antes de la Cumbre de la Unión Africana en junio. Según fuentes dignas de crédito, los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, eran maltratados, extorsionados o detenidos durante esas redadas. A menudo, la policía hacía uso excesivo de la fuerza para detener y deportar a los detenidos, y casi todas las embajadas extranjeras en el país criticaron al gobierno durante el año por el hostigamiento, abuso y extorsión de ciudadanos

7 GUINEA ECUATORIAL 7 extranjeros así como su detención sin representación legal. Muchos detenidos se quejaron de los sobornos que se les exigía para ponerlos en libertad. Hubo varios informes de que empresarios internacionales habían sido detenidos arbitrariamente con relación a controversias de carácter comercial. Varios miembros del principal partido de oposición, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), fueron arrestados, detenidos brevemente y puestos en libertad. Entre ellos, Juan Manuel Nguema Esono, secretario nacional de las juventudes del CPDS, y otro miembro del partido, Vicente Nze, el 25 de abril, y Marcial Abaga Barril, director de la campaña, el 2 de noviembre. Durante el año, el gobierno detuvo arbitrariamente, por un breve período, a un equipo de fotógrafos extranjeros (véase la Sección 2.a.). La detención preventiva: La prolongada duración de la detención preventiva siguió siendo problemática, y muchos reclusos estaban sometidos a dicho régimen, aunque no se dispone de cifras exactas. Si bien las autoridades penitenciarias presentaban listas mensuales de presos y detenidos al Ministerio de Justicia, éstas no eran de fiar. La ineficacia de las diligencias judiciales, la corrupción, la falta de supervisión, y la insuficiencia de personal contribuyeron al problema. Amnistía: El 4 de junio, el gobierno indultó a 22 presos que habían sido condenados por conspirar contra el régimen y estaban cumpliendo largas penas de cárcel. Entre los indultados figuraban cinco miembros del proscrito Partido Popular de Guinea Ecuatorial, que habían sido declarados culpables de participar en la conspiración de 2004 para derrocar al gobierno. Dos de ellos eran antiguos oficiales del ejército que se habían rebelado contra el régimen. Los restantes presos liberados eran antiguos soldados, condenados en 2004 por un tribunal militar en un juicio sumario y sentenciados a penas de 10 a 20 años de cárcel por conspirar con el ex coronel del ejército Cipriano Nguema Mba para derrocar al gobierno. También fueron indultados Florencio Ela Bibang y Antimo Edu Nchama, que habían sido mencionados específicamente por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. e. Denegación de juicio público imparcial La Constitución y las leyes prevén la independencia del poder judicial; sin embargo, según los funcionarios de las Naciones Unidas y defensores locales e internacionales de los derechos humanos, el gobierno no respetaba esta disposición

8 GUINEA ECUATORIAL 8 en la práctica, y el poder judicial no era independiente. Los jueces ejercían sus funciones a discreción del presidente, y eran designados, trasladados y cesados en el cargo tanto por razones políticas como de competencia. Circularon numerosos informes de corrupción judicial, y los casos se decidían a veces por motivos políticos. El régimen de justicia militar, basado enteramente en el sistema de la España de Franco, no otorgaba a los acusados los mismos derechos que los tribunales civiles de justicia. El código de justicia militar dispone que todo el que desobedezca a una autoridad militar, o presuntamente haya cometido un delito considerado "delito contra el Estado", debe ser juzgado por un tribunal militar, con limitadas salvaguardas y garantías procesales, independientemente de su condición civil o militar. Un acusado puede ser juzgado en ausencia, y la defensa no tiene ningún derecho garantizado a contrainterrogar al demandante. Estas diligencias no son públicas y los acusados no tienen derecho de apelación a un tribunal superior. Según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, "los jueces y los defensores en los tribunales militares no son abogados ni juristas, sino oficiales militares sin formación jurídica". Los sabios tribales emitieron fallos en causas civiles y asuntos penales de menor importancia en tribunales tradicionales de las zonas rurales. Estos fallos se emitieron con arreglo a la tradición y sin tener en cuenta los mismos derechos y privilegios que prevé el régimen de justicia formal. Quienes no estuvieran satisfechos con los juicios tradicionales podían apelar a los tribunales civiles. Procedimientos judiciales Pese a que por ley, todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, en el transcurso del año el gobierno suspendió las garantías procesales y la presunción de inocencia en el caso de varios detenidos. Muchos juicios por delitos ordinarios eran públicos, pero rara vez se utilizaba un jurado. Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio, pero rara vez podían consultar con prontitud con su abogado, a menos que pudieran pagar los honorarios de un abogado particular. Un acusado que no pueda sufragar la asistencia letrada puede solicitar al gobierno que le asigne un defensor de oficio, pero sólo si se requiere la comparecencia del acusado ante el tribunal, y a los acusados no se les informaba automáticamente de este derecho. El colegio de abogados del país estaba dispuesto a defender a reos indigentes, pero el número de abogados seguía siendo escaso y no existía un sistema efectivo de representación de oficio nombrada por el tribunal. La ley permite a los acusados interrogar y

9 GUINEA ECUATORIAL 9 contrainterrogar a los testigos y presentar sus propios testigos y pruebas; sin embargo, este derecho rara vez se hacía valer en la práctica. Los acusados no tenían acceso a las pruebas en posesión del ministerio fiscal. Por ley, el acusado tiene derecho a apelar; no obstante, no se solía recurrir a la apelación legal, debido a la falta de una adecuada representación legal y al desconocimiento de los derechos constitucionales. La ley confiere estos derechos a todos los ciudadanos. Presos y detenidos políticos En junio, el gobierno indultó y puso en libertad a los restantes 22 presos políticos. Procedimientos y recursos judiciales civiles Las cuestiones civiles se pueden resolver fuera de los tribunales y, en algunos casos, los sabios de las tribus juzgaron disputas locales. Los juzgados se dedicaban cada vez más a fallar en casos civiles presentados ante ellos, algunos de los cuales tenían que ver con denuncias sobre derechos humanos. f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia La Constitución y las leyes prohíben dichas acciones, pero, con frecuencia, el gobierno no respetaba estas prohibiciones. Las fuerzas de seguridad allanaron viviendas sin autorización, y arrestaron a delincuentes, ciudadanos extranjeros y otros, a menudo sin órdenes judiciales (que algunos oficiales no necesitan para entrar y efectuar registros en las viviendas), y confiscaron sus bienes con impunidad. Aparentemente, informantes del gobierno vigilaron a miembros de la oposición, organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas. El gobierno obstaculizó el empleo de miembros conocidos de partidos de oposición Los particulares pueden tener título de propiedad de tierras, pero el Estado tiene plenos poderes de expropiación, que a menudo ha ejercitado con el fin de fomentar el desarrollo. En los últimos años, numerosas familias fueron desahuciadas de sus hogares por la fuerza para construir en el terreno que ocupaban carreteras y complejos de viviendas, especialmente en Malabo y Bata. La Cruz Roja local, la Iglesia católica, abogados de derechos humanos y la oposición política expresaron preocupación por el desplazamiento de comunidades pobres el año anterior. Durante el año, no se recibieron denuncias de desplazamientos.

10 GUINEA ECUATORIAL 10 Sección 2 Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes: a. Libertad de expresión y de prensa Condición de la libertad de expresión y de prensa Aunque la libertad de expresión y de prensa está amparada por la Constitución y las leyes, las autoridades disfrutan de amplios poderes legales para restringir las actividades de los medios de información, y el gobierno siguió limitando esas libertades en la práctica. Los medios informativos del país siguieron siendo débiles y permanecieron bajo la influencia o el control del gobierno. Los periodistas eran vigilados y practicaban la autocensura. Libertad de expresión: Si bien se permitieron críticas de las políticas del gobierno, los particulares, generalmente, no podían criticar al presidente, su familia, otros altos funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad sin temor a represalias, y aparentemente el gobierno trató de acallar las críticas mediante la continua vigilancia de las actividades de la oposición política, los periodistas y otros. Libertad de prensa: Los órganos de la prensa escrita eran extremadamente limitados. En diciembre de 2010, el Ministerio de Información aprobó la publicación de El Lector, periódico independiente que se publicó a intervalos prolongados a lo largo del año. La publicación de un nuevo periódico o revista representaba un complicado proceso, regulado por una ley ambigua y con frecuencia entorpecido por la burocracia oficial. Además, salvo en el caso de los periodistas que informaron sobre la Cumbre de la Unión Africana en junio, la acreditación presentaba numerosas trabas a los periodistas, tanto locales como extranjeros, que tenían que inscribirse en el Ministerio de Información. Los periódicos y las revistas de noticias internacionales con frecuencia no llegaban a las zonas rurales, pero se vendían en tiendas de comestibles y hoteles de Malabo y Bata. Sólo una de las agencias de noticias internacionales tenía en el país un corresponsal regular y, al parecer, agentes del gobierno seguían y vigilaban a los representantes de los medios de información extranjeros que, en general, no podían ejercer libremente sus funciones en el país. El gobierno era propietario del único sistema nacional de difusión de radio y televisión, RTVGE. El hijo mayor del presidente era dueño de la única emisora privada. Se podían recibir fácilmente programas por

11 GUINEA ECUATORIAL 11 satélite, incluso del canal de televisión en idioma francés Africa24, que ocasionalmente transmitía críticas de la oposición. Los canales extranjeros no estaban censurados, transmitían por todo el país y entre ellos estaba Radio France International, la BBC y Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta de España. Violencia y acoso: El 18 de junio, oficiales de las fuerzas de seguridad mantuvieron detenido brevemente a un miembro de un equipo de televisión alemán que estaba haciendo un reportaje sobre el equipo de fútbol femenino y exigieron al equipo eliminar metraje previamente grabado sobre las condiciones sociales. Censura o restricción de contenido: La ley otorga al gobierno amplios poderes para restringir a la prensa mediante la censura oficial previa a la publicación. La ley establece asimismo sanciones penales, civiles y administrativas por infracción de sus disposiciones, en particular los diecinueve principios de publicación enunciados en el Artículo 2 de la Ley de Prensa, Publicaciones y Medios Audiovisuales. Los medios de información internacionales difundieron la noticia de que Juan Pedro Medene, presentador de un programa social en lengua francesa, había sido despedido de su cargo en la televisión local, por haber mencionado a Libia en un programa cultural; no obstante, los acontecimientos del Norte de África eran ampliamente comentados en la radio, la televisión y el nuevo periódico independiente, El Lector. Las leyes de difamación: La difamación está tipificada de delito penal, pero durante el año, el gobierno se abstuvo de recurrir a esas leyes para sofocar las críticas. Actividades para ampliar la libertad de prensa El gobierno acreditó a un periódico independiente, que se publicó con poca frecuencia a lo largo del año. Libertad de Internet El gobierno no impuso restricciones al acceso a Internet, y no se recibieron denuncias verosímiles de que controlara los mensajes electrónicos o las salas de charla de Internet. Las personas y los grupos pudieron expresar opiniones por Internet, incluso por correo electrónico. La mayor parte de las críticas explícitas contra el gobierno provenían de la comunidad ecuatoguineana en el exilio, y la

12 GUINEA ECUATORIAL 12 Internet reemplazó a los medios de radiodifusión como mecanismo principal de expresión y difusión de las opiniones de la oposición. No se bloquearon los sitios de los ciudadanos exiliados, y parte de la crítica del gobierno y de sus dirigentes que aparecía en la Internet podía atribuirse abiertamente, sin repercusiones negativas, a residentes en el país. Libertad académica y acontecimientos culturales La libertad académica y los acontecimientos culturales no fueron objeto de restricciones oficiales; aunque en años anteriores, algunos profesionales de la enseñanza perdieron su cargo a causa de su afiliación política o por declaraciones críticas denunciadas a funcionarios públicos por los estudiantes que asistían a sus clases. Al parecer, la mayor parte del profesorado practicaba la autocensura para evitar problemas. Los acontecimientos culturales requerían coordinación con el Ministerio de Información, Cultura y Turismo. El 8 de marzo, el gobierno canceló las celebraciones del Día Internacional de la Mujer en la ciudad continental de Bata, en respuesta a rumores según los cuales, grupos de la oposición proyectaban organizar manifestaciones. Los miembros de los partidos políticos de la oposición y del cuerpo docente universitario se quejaban de la injerencia del gobierno en la contratación de profesores, la retención de docentes no calificados y la presión a que estaban sujetos para aprobar a estudiantes que no lo merecían, pero tenían contactos influyentes. Se contrataba a docentes con vínculos políticas pero sin experiencia o acreditación, aun cuando rara vez se presentaran en las clases que supuestamente impartían. No existía un sindicato de docentes que defendiera sus derechos, y los puestos docentes estaban reservados exclusivamente para los miembros del PDGE. c. Libertad de reunión y asociación pacíficas Libertad de reunión El derecho de reunión está amparado por la Constitución y las leyes; no obstante, el gobierno restringió ese derecho, principalmente mediante la imposición de límites a la libertad de asociación, lo que puso obstáculos a las organizaciones que no disponían de autorización legal para funcionar y celebrar reuniones legalmente. Aunque el gobierno abolió oficialmente el requisito del permiso para las reuniones de partidos políticos celebradas en los edificios mismos del partido, denegó las

13 GUINEA ECUATORIAL 13 solicitudes de partidos de la oposición de celebrar reuniones fuera de sus lugares de reunión. El 1 de agosto, el gobierno denegó una solicitud del partido legalmente reconocido Unión Popular, de celebrar reuniones en edificios públicos porque no era durante una campaña electoral. El gobierno exigía notificación de la celebración de acontecimientos públicos tales como reuniones o marchas. Según donantes extranjeros y miembros de los grupos locales de la sociedad civil, en virtud de los intentos de golpe en los últimos años, el gobierno seguía percibiendo a algunas reuniones informales de las asociaciones como amenazas a la seguridad. Libertad de asociación La libertad de asociación está amparada por la Constitución y las leyes, pero el gobierno restringió considerablemente este derecho en la práctica. Todos los partidos políticos, sindicatos laborales y otras asociaciones tienen que registrarse con el gobierno. Para finales del año, sólo se había registrado una organización sindical laboral (véase la Sección 7). La ley prohíbe el establecimiento de partidos políticos con arreglo a afiliaciones étnicas, y varios partidos políticos seguían proscritos. El procedimiento de registro de las ONG era costoso, oneroso, poco claro y, a veces, duraba años; pero el gobierno no impuso restricciones contra grupos específicos. c. Libertad de culto Véase el informe del Departamento de Estado International Religious Freedom Report en Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de refugiados y apátridas Aunque la ley dispone la libertad de circular libremente dentro del país, viajar al extranjero, emigrar y repatriarse, en algunas ocasiones el gobierno restringió estos derechos en la práctica. Durante el año no se registraron casos en los que el gobierno cooperara con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no tenía una oficina local, ni con otras organizaciones humanitarias para ayudar a refugiados y solicitantes de asilo.

14 GUINEA ECUATORIAL 14 La circulación dentro del país: En los controles de carretera, la policía inspeccionaba regularmente a los viajeros y, en ocasiones, recurrió a la extorsión de poca monta. Con frecuencia también se hacían redadas de inmigrantes ilegales en los controles de carretera. El gobierno justificó los controles de carretera como medio de impedir la inmigración ilegal, las actividades de mercenarios y las tentativas de golpe. El número de controles aumentó en el período inmediatamente anterior a la Cumbre de la Unión Africana en junio. Exilio: Aunque la ley prohíbe el exilio forzoso interno o externo, miembros de partidos de oposición proscritos declararon que el gobierno les impedía salir del país si trataban de hacerlo. Varios miembros de partidos políticos proscritos permanecían en exilio voluntario. Personas desplazadas internamente A diferencia del año anterior, no hubo informes que indicaran que el gobierno desahuciara a la fuerza a familias de sus viviendas para construir carreteras y residencias de lujo. Protección de los refugiados Acceso al asilo: Las leyes del país disponen la concesión de asilo o la condición de refugiado, no obstante, el gobierno no ha establecido un sistema para proteger a los refugiados. El principio de no devolución: En la práctica, el gobierno ofreció cierta protección contra la expulsión o la devolución de personas a países donde su vida o su libertad estarían amenazadas por motivo de su raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social, o por sus opiniones políticas. No había estadísticas dignas de crédito acerca del número de estos refugiados. La protección temporal: El gobierno también brindó protección temporal a individuos que pudieran no reunir las condiciones de refugiado. No se disponía de estadísticas dignas de crédito. Sección 3 Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno por medios pacíficos está amparado por la Constitución y las leyes, aunque este derecho era extremadamente

15 GUINEA ECUATORIAL 15 limitado, en parte como resultado del dominio ejercido por el partido gobernante PDGE. Elecciones y participación política Elecciones recientes: En noviembre de 2009, el presidente Obiang fue reelegido con un 95,37 por ciento de los votos emitidos, frente al 3,55 por ciento obtenido por el candidato de la oposición Plácido Mico, del CPDS. Los resultados desiguales y la débil observación independiente del proceso electoral provocaron sospechas de un fraude sistemático en la votación. La insistencia del gobierno en coordinar el movimiento de los observadores, la prohibición de criticar las elecciones, y el control del acceso de los medios de información para impedirles el ejercicio de sus funciones, limitaron la participación de observadores internacionales en los colegios electorales. Entre las irregularidades del proceso electoral en algunas mesas de votación se incluyeron votos múltiples, la violación del carácter secreto del voto y la falta de una lista publicada de candidatos empadronados. En algunas mesas de votación, se permitía a los electores votar por sus familiares y votar aunque no estuvieran empadronados, y las urnas no estaban selladas. Se desplegaron soldados en todas las mesas de votación. En octubre de 2009, el presidente Obiang anunció que las elecciones se celebrarían el 29 de noviembre, y que el inicio oficial de la campaña sería el 5 de noviembre. Según Human Rights Watch, el apretado calendario electoral y la negativa del gobierno a hacer públicas las listas de votantes limitaron seriamente la capacidad de la oposición de hacer campaña electoral y obtener apoyo. El proceso de empadronamiento de votantes estaba seriamente viciado. El comité de empadronamiento estaba compuesto principalmente por miembros del PDGE y por lo general decidía los asuntos a favor de éste. Al empadronar a un miembro del PDGE, el comité empadronaba a todos los integrantes de la familia como votantes del PDGE, incluso a menores. Personas fallecidas, menores de edad o residentes en el extranjero se incluían como empadronados en el PDGE. No existía un cuerpo independiente e imparcial que supervisara el proceso electoral o tomara en cuenta las denuncias relacionadas con las elecciones. La Comisión Electoral Nacional, independiente del comité de empadronamiento de votantes y encargada de garantizar la imparcialidad de las elecciones y atender a las denuncias oficiales después de los comicios, estaba controlada por el partido gobernante y encabezada por el ministro del Interior, miembro prominente del partido. Aunque entre sus integrantes figuraba un representante de cada partido político que

16 GUINEA ECUATORIAL 16 presentaba candidatos, también incluía representantes del gobierno y carecía de representación de la sociedad civil. Además, la mayoría de sus miembros eran oficiales del partido gobernante. El partido CPSD de oposición denunció que uno de sus funcionarios electorales fue obligado, a punta de pistola en la cabeza, a aprobar un recuento de votos. Los miembros y candidatos de partidos de la oposición estaban en clara desventaja en sus actividades para atraer a los votantes. En general, los partidos de la oposición y sus candidatos estaban mal organizados, insuficientemente financiados y faltos de apoyo popular. Varios partidos políticos pacíficos proscritos en los últimos años no pudieron participar en las elecciones. El gobierno denegó a la oposición acceso equitativo a los medios de difusión. Los miembros y líderes de la oposición también denunciaron que el gobierno vigilaba sus actividades. A diferencia de procesos electorales anteriores, ningún miembro de la oposición fue arrestado, detenido o torturado arbitrariamente; no obstante, durante la campaña electoral los candidatos de la oposición fueron hostigados e intimidados. Partidos políticos: El partido PDGE gobernante ejercía su dominio por medio de un sistema complejo construido en torno a lealtades de familia, de clanes y de etnias. Continuó la presión indirecta a los empleados públicos para que se unieran al PDGE. Los miembros de los partidos de la oposición siguieron denunciando que se les discriminaba en el empleo, la conservación de puestos de trabajo, becas y obtención de permisos comerciales. Alegaron asimismo que la presión del gobierno les impedía conseguir empleo con empresas extranjeras. Afirmaron igualmente que, si se descubría que una compañía tenía contratados a empleados con vínculos directos con familias, individuos, partidos o grupos que habían caído en desgracia con el gobierno, a menudo se la obligaba a despedirlos o se exponía a sufrir represalias. El 27 de enero, el gobierno nombró cuatro primeros ministros auxiliares pertenecientes a partidos de la oposición. Al menos dos ministros con cartera eran también miembros de la oposición. Los partidos legales de la oposición enfrentaban restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión (véanse las secciones 2.a. y 2.b). Algunos partidos políticos anteriores a la entrada en vigor de la ley de 1992, por la que se establecían los procedimientos para legalizar los partidos políticos, siguieron proscritos, en general, por "apoyar el terrorismo".

17 GUINEA ECUATORIAL 17 El presidente ejercía inmensos poderes, como jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas, jefe del poder judicial, y fundador y jefe del partido gobernante. En general, los altos cargos del gobierno estaban reservados para el partido del presidente o la coalición de partidos de "oposición leal". El 13 de noviembre, el gobierno sometió a voto popular un referendo constitucional para limitar el mandato presidencial a dos mandatos de siete años cada uno y establecer un puesto de vicepresidente, una segunda cámara parlamentaria, un órgano contra la corrupción y un Defensor del Pueblo que actuara en defensa de los derechos humanos. El referendo se aprobó con 97,7 por ciento de los votos a favor. El desmesurado margen del voto positivo y la falta de una supervisión digna de crédito, pusieron en tela de juicio la legitimidad de la consulta. Organizaciones no gubernamentales y partidos locales de la oposición denunciaron que el proceso estaba viciado por fraude, acoso de los partidarios de la oposición e intimidación de los votantes. En la ciudad continental de Bata se registraron algunos enfrentamientos aislados entre las autoridades del régimen y militantes de la oposición. A causa del control férreo ejercido por el partido gobernante sobre las comisiones establecidas para examinar las prácticas electorales y recomendar reformas, se hicieron pocos cambios. Participación de las mujeres y las minorías: El gobierno no limitó abiertamente la participación de las minorías en la vida política; sin embargo, el grupo étnico predominante, los fang, al que se calcula que pertenece más del 85% de la población, continuó ejerciendo considerable poder económico y político. Las mujeres ocupaban más de 10 por ciento de los 100 escaños del Parlamento, incluida su vicepresidencia. Dos de los 22 miembros del gabinete y cuatro de los 24 vice ministros eran mujeres. Sección 4 Corrupción oficial y transparencia del gobierno Mientras la legislación sanciona con graves penas la corrupción oficial, el gobierno no aplicó dicha legislación eficazmente, y los funcionarios reiteradamente se dedicaron a prácticas corruptas con impunidad, de manera que la corrupción era un grave problema. La presidencia y la oficina del primer ministro eran los organismos principales de la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, el presidente y miembros del círculo de sus allegados continuaron acumulando fortunas personales provenientes de los ingresos de la exportación del petróleo.

18 GUINEA ECUATORIAL 18 En febrero, el presidente depuso de sus cargos a varios altos funcionarios del Estado por corrupción. El 28 de septiembre, jueces franceses en París confiscaron 11 automóviles de lujo pertenecientes al hijo del presidente y Ministro de Agricultura y Bosques, Teodoro Nguema Obiang Mangue, en el curso de una investigación en curso por sospechas de ocultación y blanqueo de fondos públicos desfalcados en el extranjero. La investigación se inició en 2010, en respuesta a una denuncia presentada por Transparencia Internacional-Francia en En octubre, un gobierno extranjero presentó dos demandas civiles de incautación contra Teodoro Nguema Obiang Mangue, para recuperar 70,8 millones de dólares en bienes inmuebles y personales supuestamente obtenidos por medio de delitos de corrupción en el extranjero. Los funcionarios del Estado están obligados por ley a declarar sus bienes, aunque no se hizo pública ninguna declaración. No existía el requisito de que los funcionarios se despojaran de sus participaciones comerciales que estuvieran en posible conflicto con sus deberes oficiales ni tampoco una ley que prohibiera estos conflictos de interés. La mayoría de los ministros siguió ejerciendo funciones múltiples y haciendo negocios que combinaban con sus funciones públicas. En mayo, el gobierno anunció la intención de renovar su candidatura a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), iniciativa de la sociedad civil multinacional destinada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas. En abril de 2010, la EITI había retractado a Guinea Ecuatorial de la lista de países candidatos, debido a que los miembros del directorio del EITI no pudieron llegar a un consenso sobre si existían o no circunstancias extenuantes para concederle al país una prórroga para cumplir con todos los requisitos de la EITI. a ley no prevé el acceso público a la información del gobierno, y tanto ciudadanos como no ciudadanos, incluso los medios de difusión extranjeros, en general, no tenían acceso a ella. La falta de un sistema ordenado de mantenimiento de registros, archivado y bibliotecas públicas también contribuía a limitar el acceso. Sección 5 Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de derechos humanos

19 GUINEA ECUATORIAL 19 La ley restringe las actividades de las ONG, y las pocas ONG nacionales existentes de derechos humanos se ocupaban de cuestiones relacionadas con el desarrollo que entrañaban derechos económicos y sociales, como atención de salud y de ancianos. Si bien la ley incluye a los derechos humanos entre las áreas en las que las ONG pueden operar, ninguna ONG denunció públicamente casos de abusos de derechos civiles ni políticos por el gobierno ni corrupción oficial. Por tanto, no habían agrupaciones locales dedicadas a los derechos humanos, sino más bien, agrupaciones que presumiblemente trabajaban en derechos humanos como parte de sus actividades generales. El gobierno sentía suspicacias acerca de las actividades relativas a los derechos humanos, aduciendo que una gran parte de las mismas estaba siendo impulsada por grupos exiliados anti régimen y por ONG extranjeras que criticaban al gobierno. La ONU y otros organismos internacionales: El gobierno cooperó, en distintos grados, con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONU. En enero, el gobierno firmó un acuerdo de sede con la CICR e inició los preparativos para abrir una sede (véase la Sección 1.c.). Órganos públicos de derechos humanos: El comité parlamentario de denuncias y peticiones brindó un foro al público para presentar sus preocupaciones, y se mantuvo activo durante todo el año. El comité aceptó denuncias y peticiones siempre que el parlamento estaba en sesión. A este comité se le investirá de una categoría más elevada como oficina independiente del Defensor del Pueblo, aprobada como parte del programa de reforma constitucional del 13 de noviembre. El único miembro de la oposición en el parlamento denunció los abusos a voz en cuello y públicamente. El funcionario principal a cargo de los derechos humanos, tercer vice primer ministro de derechos humanos, se ocupó más de defender al gobierno de las acusaciones que se lanzaban contra él, que de investigar denuncias de derechos humanos o mantener estadísticas sobre esas cuestiones. Sección 6 Discriminación, abusos sociales y trata de personas La Constitución y las leyes prohíben la discriminación por motivo de raza, sexo, religión, idioma o condición social, pero el gobierno no aplicó eficazmente esas disposiciones. Pese a ello, se realizaron numerosos esfuerzos de divulgación para concientizar al público sobre cuestiones relacionadas con la discriminación y la violencia contra la mujer y los niños, la discriminación de las minorías étnicas y la discriminación de los afectados por el VIH/SIDA.

20 GUINEA ECUATORIAL 20 Mujeres Violación y violencia intrafamiliar: La violación es ilegal, y las sanciones que lleva consigo se remontan al código penal de la época colonial española vigente desde La violación conyugal no está contemplada en la legislación. Las sanciones por violación incluyen penas de 12 a 20 años de cárcel. Puede imponerse una multa adicional, pero la ley no especifica el monto. El gobierno no aplicaba la ley con eficacia. Para las familias, la denuncia de una violación era considerada como algo vergonzoso. Se procesaron varios casos ante los tribunales durante el año, pero se desconoce el número preciso. La violencia doméstica era un problema generalizado. La violencia contra la mujer, incluidos los malos tratos por el cónyuge, es ilegal, pero el gobierno no aplicaba la ley con eficacia. Según las circunstancias y la gravedad de los hechos, la sanción por agresión puede oscilar entre uno y 20 años de cárcel. La policía y el poder judicial se mostraron renuentes a enjuiciar los casos de violencia doméstica. El gobierno, junto con organizaciones internacionales, llevó a cabo campañas para despertar la conciencia pública a los derechos de la mujer y la violencia doméstica. En virtud de una ley de 2009, se establecieron tribunales de familia para conocer de casos de violencia contra la mujer; no obstante, estos casos se siguieron dirimiendo en tribunales de distrito. Ocasionalmente, la policía organizó talleres sobre violencia en el hogar y se autorizaron marchas públicas contra la violencia contra la mujer. La mutilación genital femenina: La mutilación genital femenina no está tipificada de delito, pero no es una práctica tradicional del país. No se dispone de datos que permitan establecer su posible práctica entre grupos inmigrantes. Acoso sexual: El acoso sexual es ilegal; su magnitud se desconoce. No se tienen informes de casos presentados ante los tribunales. Derechos reproductivos: El gobierno no interfirió con los derechos básicos de las parejas y las personas de decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener, con qué espaciamiento entre ellos y cuándo tenerlos y de contar con la información y los medios para hacerlo sin discriminación, coacción ni violencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), menos de 10% de la población usaba anticonceptivos. Las estadísticas sobre salud materna, atención prenatal, atención obstétrica básica y atención posparto eran obsoletas y poco confiables. En julio, el gobierno llevó a cabo una serie de encuestas demográficas y de salud

21 GUINEA ECUATORIAL 21 para elaborar estadísticas fiables, incluidos índices de mortalidad materna. En septiembre, el director regional para África de la Organización Mundial de la Salud declaró que Guinea Ecuatorial era uno de siete países en vías de lograr su objetivo de desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna. Los funcionarios del Estado y los observadores internacionales atribuían esta reducción a los esfuerzos del gobierno y el sector privado para reducir la malaria y mejorar la atención en los hospitales. Parte de la atención prenatal y obstétrica era gratuita en las clínicas del gobierno, pero su disponibilidad y calidad variaba mucho y el acceso estaba limitado prácticamente a las dos ciudades principales. Hombres y mujeres recibían el mismo trato en cuanto a diagnóstico y tratamiento por infecciones de transmisión sexual. Discriminación: La ley prevé la igualdad de derechos del hombre y la mujer, incluidos los derechos con arreglo a la ley de familia, la ley de la propiedad, y en el régimen judicial; no obstante, los derechos de la mujer estaban limitados en la práctica. Según el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la prevalencia de estereotipos negativos y las "adversas normas culturales, costumbres y tradiciones profundamente arraigadas, incluidos los matrimonios forzosos y en edad temprana, y el matrimonio levirático (práctica por la cual se puede exigir a un hombre que se case con la viuda de su hermano) discriminaban a la mujer. La falta de una legislación que regule los matrimonios tradicionales y otros aspectos del derecho de familia también discriminaba contra la mujer, especialmente con respecto a la poliginia, la herencia y la custodia de menores. En las zonas rurales, las mujeres estaban relegadas principalmente, por la costumbre, a desempeñar papeles tradicionales. En los medios urbanos, las mujeres con los mismos títulos y méritos que los hombres rara vez eran objeto de discriminación flagrante. No obstante, perduraba en el país una cultura conservadora en la que persistían los prejuicios sociales contra la mujer. Las mujeres a veces eran víctimas de la discriminación en el acceso al empleo, al crédito y a la remuneración igual por trabajo de igual valor. El gobierno continuó proporcionando cursos, seminarios, conferencias y programas de los medios de difusión para concientizar a la población y a los organismos estatales en cuanto a las necesidades y los derechos de la mujer. El Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer organizó varios actos durante el año para dar a conocer estos derechos, y convocó reuniones públicas en pro de los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica.