LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN Y DENEGACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LAS RECIENTES RESOLUCIONES DE LA AP DE BARCELONA.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN Y DENEGACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LAS RECIENTES RESOLUCIONES DE LA AP DE BARCELONA."

Transcripción

1 LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN Y DENEGACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LAS RECIENTES RESOLUCIONES DE LA AP DE BARCELONA. Vicente Pérez Daudí Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad de Barcelona 1 1. Introducción. El año pasado publiqué un trabajo en el que realizaba un análisis estadístico de las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales de España en materia de medidas cautelares 2. Con motivo de una conferencia impartida en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona el 22 de enero de 2009 actualicé dicha estadística con los datos de la Audiencia Provincial de Barcelona, ofreciendo en este trabajo los resultados y comentaré los autos más significativos. Al igual que en el trabajo anterior realicé la distinción entre las resoluciones que adoptaban y denegaban la adopción de las medidas cautelares, incluyendo en este caso las que confirman o revocan el auto de instancia recurrido. A continuación distinguía en función de las causas de inadmisión de las medidas cautelares, clasificando las resoluciones entre las que desestimaban por motivos procesales, falta de fumus boni iuris o no acreditación de la concurrencia del periculum in mora. El esquema que seguiremos en la exposición es en primer lugar ofrecer la estadística realizada. A continuación analizaremos individualmente cada una de las causas de desestimación. Finalmente quiero realizar la advertencia de que este trabajo no pretende realizar una estadística real de las resoluciones judiciales sobre medidas cautelares, ya que para ello sería necesario analizar las que se han dictado por los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil sin que se haya podido tener acceso a dichos datos. La única finalidad es ordenar sistemáticamente las resoluciones dictadas para analizar desde una perspectiva práctica los motivos de desestimación de las medidas cautelares. 2. Estadística de las resoluciones sobre medidas cautelares dictadas por la Audiencia de Provincial de Barcelona durante los años 2007 y Este trabajo se realiza en el ámbito del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación DER /JURI. 2 Los criterios jurisprudenciales de adopción de las medidas cautelares, en Justicia 2007, páginas 79 a

2 TOTALES TOTAL RESOLUCIONES ADOPTAN - Confirman - Revocan 4 (21,05%) 3 (11,78%) 1 (5,28%) 16 (43,24%) 11 (29,72%) 5 (13,51%) 20 (35,71%) 14 (25%) 6 (10,71%) DESESTIMAN - Confirman - Revocan 15 (78,94%) 9 (47,36%) 6 (31,75%) 21 (56,75%) 20 (54,05%) 1 (2,70%) 36 (64,28%) 29 (51,78%) 7 (12,5%) MOTIVOS PROCESALES - Confirman - Revocan 6 (31,75%) 3 (15,78%) 3 (15,78%) 8 14 (21,62%) (25%) 8 11 (21,62%) (19,64%) 0 3 (5,35%) FALTA DE F.BI. - Confirman - Revocan 6 (31,57%) 3 (15,78%) 3 (15,78%) 8 (21,62%) 7 (18,91%) 1 (2,70%) 57 (23,17%) 10 (17,85%) 4 (7,14%) FALTA PERICULUM - Confirman 3 (15,78%) 3 (15,78%) 5 (13,51%) 5 (13,51%) 8 (14,28%) 8 (14,28%) - Revocan

3 3. DESESTIMACIÓN POR MOTIVOS PROCESALES. En este apartado es significativo que el 21,62% de las resoluciones analizadas desestimaran las medidas solicitadas por este motivo durante el año 2007, siendo el porcentaje del 31,75% durante el año Respecto del índice de confirmación de las resoluciones que desestiman las medidas cautelares por motivos procesales fue del 100% en las resoluciones del año 2007 y del 50% durante el año En el trabajo anteriormente citado indicábamos como las causas más frecuentes de desestimación por motivos procesales fue por falta de ofrecimiento de caución, por la inidoneidad de la medida solicitada y por haberse ofrecido caución sustitutoria y no ser adecuada de conformidad con lo previsto en el artículo 746 LEC. A) OFRECIMIENTO DE CAUCIÓN, En las resoluciones analizadas observamos como de nuevo se plantea la cuestión del ofrecimiento de caución y su posibilidad de subsanación. Concretamente se plantea en los Autos de la AP de Barcelona de la sección 13 de 8 de enero de 2007 (JUR 2007\179080), de la sección 16 de 28 de mayo de 2008 (JUR 2008\204443), de la sección 11 de 5 de julio de 2008 (JUR 2007\276627) y de la sección 16 de 29 de junio de 2007 (JUR 2007\292666). En todas ellas se incide en que el ofrecimiento de caución tiene carácter obligatorio como presupuesto de adopción de las medidas cautelares y que su falta es subsanable, pudiendo ser requerido por el Tribunal o realizado a instancia de parte. En relación con los autos indicados tiene una especial importancia el Auto de la sección 13 de la AP de Barcelona de 8 de enero de 2007 en el que el Tribunal requirió la subsanación de la falta de ofrecimiento de caución, posteriormente se subsanó pero no se dio traslado a la parte demandada del mismo. Finalmente el Órgano Jurisdiccional considera que no se generó indefensión a la parte demandada ya que la cuantía de la caución fue objeto de debate en la vista celebrada y ha sido objeto de debate en la vista celebrada y ha sido fijada por resolución judicial (en un pronunciamiento que no se impugna ni siquiera de forma subsidiaria). Otra cuestión que se ha planteado es hasta qué momento se puede subsanar la falta de ofrecimiento de caución. Sobre este tema se pronuncia el Auto de la sección 16 de la AP de Barcelona, de 29 de junio de 2007 (JUR 2007\292666) en el que el demandado plantea la falta de ofrecimiento en el momento del inicio de la vista. El tribunal, en la resolución indicada afirma que se trata de una omisión que bien pudo ser subsanada en ese acto pero que no lo fue, lo que debe conducirnos al rechazo de la solicitud de tutela cautelar, puesto que la expresión de la clase y cuantía de la caución que ofrece el solicitante constituye un requisito insoslayable de la toma en cuenta de la pretensión cautelar (es parte esencial del debate contradictorio inspirado en el principio dispositivo: el solicitante ofrece una determinada caución, cuantitativa y cualitativamente; el demandado puede rebatir ese ofrecimiento y finalmente el auto del órgano jurisdiccional se pronuncia sobre la forma, cuantía y tiempo en 3

4 que deba prestarse caución ), sin el cual no cabe siquiera entrar en el análisis de los restantes presupuestos. La Audiencia Provincial de Barcelona también se ha pronunciado sobre la relación entre el ofrecimiento de caución y la asistencia jurídica gratuita. Concretamente el Auto de la sección 4ª de la AP de Barcelona de 1 de marzo de 2007 (JUR 2007\125910) afirma que el derecho a la asistencia jurídica gratuita no exime de la prestación de caución, dado que la exención supondría una importante lesión en el interés privado del sujeto pasivo de la medida, como ha venido consagrando el Tribunal Constitucional. Al respecto debemos recordar que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este extremo en la Sentencia de 17 de diciembre de 1987, Sala 2ª, (Recurso de amparo 354/1987, B.O.E. de 8 de enero de 1988), que afirma que no viola el art. 24 CE la exigencia de una caución para la adopción de una medida cautelar porque "justamente porque hay intereses contrapuestos, la ley también se cuida de garantizarlos y otorga al Juez la facultad de fijar la caución, su forma y cuantía, en atención al perjuicio económico que el asiento registral produce al titular inscrito y demandado". Añade a continuación que "la anotación preventiva de su demanda no afecta al fondo de su derecho, respecto del cual se dará respuesta en Sentencia. La anotación es sólo una garantía de la ejecución, en su caso, y la vicisitud positiva o negativa de su acuerdo no impide el ejercicio del derecho principal, aunque la negativa pueda significar un inconveniente o una mayor dificultad de ejecución" (f.j. 6 in fine). Una última cuestión que se ha planteado en relación con la caución es su exigibilidad o no en todo caso. El auto de la AP de Barcelona de la sección 11ª de 30 de abril de 2007 (JUR 2007\261879) exime de la constitución de caución dado que el debate principal se centra en terrenos susceptibles de edificación, aparentemente el tiempo lleva a una revalorización de los mismos, por lo que los daños y perjuicios pueden compensarse con el precio de revalorización de los solares. En mi opinión la finalidad de la caución es asegurar los daños y perjuicios que se pueda causar al demandado por la adopción de la medida cautelar para el caso en que ésta sea alzada por cualquier causa 3. Entiendo que el criterio seguido por el auto indicado es contrario a la jurisprudencia que de manera uniforme la ha exigido en todo caso 4. Una cuestión distinta es que pueda cuantificarse la misma teniendo en cuenta los escasos perjuicios que ocasionara la medida cautelar adoptada debido a la posible revalorización del bien, pero en ningún caso ello puede implicar una exención de su constitución. B) INIDONEIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR. Otro de los motivos más frecuentes de desestimación de las medidas cautelares solicitadas es la no idoneidad de la medida cautelar solicitada. Entre las resoluciones analizadas hay seis que se pronuncian sobre este aspecto. De 3 Ver ampliamente el desarrollo que efectué en las Medidas Cautelares, en Instituciones del Nuevo Proceso Civil, volumen III, Barcelona, 2001, pp. 588 y ss. 4 Ver Los criterios jurisprudenciales, cit. 4

5 las mismas 3 deniegan la adopción de la medida cautelar porque la medida solicitada no es adecuada para asegurar la efectividad del proceso. El auto de la sección 14 de la AP de Barcelona de 15 de junio de 2007 (JUR 2007\293149) deniega la medida por la falta de relación de la misma con el objeto del proceso. En otros supuestos se ha denegado la adopción de la medida cautelar porque se solicita la anotación preventiva de la demanda y no se identifica la finca registral sobre la que debe adoptarse (Auto de la sección 4 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de marzo de 2007 (JUR 2007\125927) o porque se solicita el embargo preventivo pero no se reclama cantidad determinada ni fácilmente determinable por la vía que prevé el artículo LEC (Auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de mayo de 2008 JUR 2008\ ). C) LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA. En este apartado hemos incluido los supuestos en que el demandado ha ofrecido la caución sustitutoria para modificar una medida cautelar ya adoptada de conformidad con lo previsto en los artículos 746 y ss. LEC. En este caso nos hallamos ante dos resoluciones aparentemente contradictorias ya que se pronuncia de forma diversa sobre la posibilidad de sustituir una medida cautelar de anotación preventiva de demanda por una caución sustitutoria. Por un lado el Auto de la AP de Barcelona, sección 16ª, de 29 de enero de 2007 (JUR 2007\177048) no permite la sustitución de una medida cautelar de anotación preventiva de demanda, justificándolo el Tribunal en que: Primero porque ya hay antecedentes en el pasado que desaconsejan prescindir de la medida. Teniendo en cuenta las actuaciones que se han producido para poner las fincas fuera del alcance de los acreedores, no puede aceptarse esa petición. Por otra parte sólo tendría sentido la misma de existir constancia de la necesidad de los titulares registrales de disponer de los inmuebles y ya se ha dicho que han manifestado su intención de no hacerlo Por otro el Auto de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de diciembre de 2007 permite la sustitución de una anotación preventiva de demanda por una caución sustitutoria a prestar en el plazo de 5 días desde la notificación de la adopción de la medida cautelar. La Audiencia ratifica la resolución del Juzgado de Primera Instancia al considerar que la medida de anotación preventiva de la demanda sobre la totalidad del inmueble es excesivamente gravosa y causaría un gran perjuicio al demandado ya que implicaría un retraso en la construcción del edificio. En mi opinión los dos autos indicados, que son aparentemente contradictorios, deben ser objeto de diversas aclaraciones. Respecto del primero que deniega la adopción de una caución sustitutoria de una anotación preventiva de demanda. Estamos de acuerdo con el criterio general. La anotación preventiva de demanda tiene la finalidad de dar publicidad en el Registro a una demanda con transcendencia registral. En este caso lo que 5

6 se pretende es asegurar la efectividad de la demanda presentada, lo cuál sólo se logra a través de la anotación que permitirá en su caso la eficacia específica. Siendo esto cierto, el auto indicado no deniega la caución sustitutoria por este motivo sino al considerar que existe un riesgo de que el demandado transmita los bienes, ya que con anterioridad al inicio del proceso éstos habían adquirido los bienes de su padre para evitar que los acreedores, actuales demandantes en ejercicio de una pretensión de anulación del contrato de adquisición. Al margen de la conducta del demandado, el Tribunal hubiera tenido que valorar si la caución sustitutoria aseguraba la efectividad del proceso del mismo modo que la anotación preventiva de la demanda. Lógicamente la respuesta es que no ya que tienen finalidades distintas y sólo se permitiría si el demandante hubiera optado por la satisfacción genérica de su pretensión a través de una indemnización de daños y perjuicios, único supuesto en que debería permitirse la sustitución de la anotación preventiva de demanda por una caución sustitutoria. Pero obsérvese que en este caso la medida de anotación preventiva de demanda no sería idónea para asegurar el proceso, ya que debería haberse adoptado la medida de embargo preventivo, que es la adecuada para asegurar la efectividad de pretensiones de carácter económico. La segunda de las resoluciones citadas comete un error de concepto. En este caso nos hallamos ante un proceso en el que se solicita la reclamación de cantidad consistente en la devolución de las entregadas por la parte actora para la adquisición de unas viviendas. Es decir, nos hallamos ante una reclamación de cantidad. La medida cautelar adoptada por el Juzgado de Primera Instancia parece ser la anotación preventiva de demanda, siendo ratificada por la Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación ya que, seguramente, nada alega el recurrente sobre la idoneidad de la medida. Entendemos que la medida adoptada no era idónea para asegurar la pretensión ejercitada. La adecuada hubiera sido el embargo preventivo, que es la destinada a asegurar la efectividad de reclamaciones de cantidad. Por lo tanto el auto hubiera debido inadmitir la anotación preventiva de demanda al no ser idónea para asegurar una reclamación de cantidad. Considero que en este caso la caución sustitutoria era adecuada para asegurar la efectividad de la pretensión asegurada. Es más, aunque no se adoptara el demandado podría prestar en cualquier momento la caución por el importe embargado. Una tercera resolución que se ha pronunciado sobre la caución sustitutoria es el Auto de la Sección 15ª de la AP de Barcelona de 23 de enero de 2008 (JUR 2008\138777), que revoca una caución sustitutoria adoptada por el Juzgado de lo Mercantil sin que la parte demandada lo solicitara. En su fundamento de derecho segundo analizar el artículo 746 LEC y afirma que: De este precepto cabe deducir dos cuestiones: la primera, que sólo es posible establecer una caución sustitutoria a instancia de la parte demandada, pero no de oficio; y la segunda, que puede solicitarse o bien antes de acordarse la medida o bien después. En el primer caso, el art. 747 LEC dispone que el momento adecuado para formular la solicitud de caución sustitutoria sería el previsto en el art. 734 LEC, esto es la vista a la que debe ser convocado el demandado para que pueda formular alegaciones en 6

7 relación con las medidas propuestas. En el segundo caso, el art. 747 LEC dispone que, en caso de haberse adoptado las medidas sin audiencia previa del demandado, éste pueda solicitar la caución sustitutoria a través del trámite de oposición a las medidas, y en general en cualquier momento a través de un escrito motivado. Estamos totalmente de acuerdo con el contenido de este auto. La caución sustitutoria debe ser solicitada por el demandado, bien al oponerse a la adopción de la medida cautelar o bien una vez acordada la misma. Por ello si no se realiza a instancia de parte y el Tribunal lo adopta, la resolución incurre en incongruencia Una cuestión distinta que el auto citado no analiza, pues no es objeto del recurso de apelación, es la posibilidad de sustituir las medidas adoptadas por una caución. Las medidas adoptadas es la de cesación de actuaciones que implica la prohibición al demandado de fabricar, poseer, utilizar y comercializar filtros que violen la patente, una orden de almacenamiento y puesta a disposición de dichos filtros y la imposición de una fianza que garantice unan posible condena indemnizatoria. Respecto de la medida de cesación de actuaciones por infracción de un derecho de patentes se ha planteado la posibilidad de sustituirla por una caución. En mi opinión los derechos derivados de una patente son eminentemente económicos, por lo que debe posibilitarse la sustitución de una medida de cesación por la prestación de una caución 5. Una cuestión distinta es la cuantificación que se realice de la misma ya que debe incluir el beneficio marginal que se concede al titular de la patente para resarcirse de la investigación realizada para conseguir que la actividad inventiva tenga una aplicación industrial. El auto comentado también impone una fianza para asegurar la condena indemnizatoria en concepto de medida cautelar. En este caso no es necesario su sustitución por caución ya que se trata de lo mismo. Lo que debe plantearse en este caso es que la identificación de la medida no se ha realizado de una forma correcta por el solicitante. En este caso la medida cautelar tiene la finalidad de asegurar la efectividad de una reclamación de cantidad, como es la indemnización de daños y perjuicios solicitada. Por lo que la que hubiera tenido que pedirse era el embargo preventivo y no la fianza, que en todo caso debería ofrecerse por el demandado a través de la solicitud de su sustitución por una caución. D) OTRAS CUESTIONES PROCEDIMENTALES. En los autos analizados se han planteado otras cuestiones procedimentales al margen de los ya comentados, concretamente desarrollaremos el momento para la adopción de la medida cautelar, la incidencia de las leyes especiales en la regulación general de las medidas cautelares y la imposición de las costas. a) El momento para solicitar la adopción de la medida cautelar. 5 Ver ampliamente el desarrollo que efectué en Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial, Barcelona, 1996, pp. 339 y ss. 7

8 El art LEC prevé que con carácter general las medidas cautelares se solicitarán junto con la demanda. De forma excepcional se puede solicitar la adopción de las medidas cautelares con carácter previo al inicio del proceso principal o una vez presentada la misma. En este caso es necesario que se acredite las circunstancias que motivan o bien que no puede presentarse la adopción de la medida o bien los motivos que justifican la solicitud después de presentada la medida. Respecto de las medidas previas se pronuncia el Auto de la AP de la sección 11ª de Barcelona de 24 de enero (JUR 2007\255084), que confirma la desestimación de la medida cautelar solicitada con carácter previo en un caso en que se solicito al amparo del artículo LEC la adopción de la medida cautelar de intervención judicial de la herencia. El argumento que utiliza el Tribunal de apelación es que no consta que se haya interpuesto procedimiento alguno para discutir la declaración de herederos ab intestado que se había realizado a pesar del tiempo transcurrido. Esta resolución hace que nos planteemos cuáles son los requisitos que deben exigirse en aquellos casos en que se solicite la adopción de una medida cautelar previa. Existe una tendencia a intentar acudir a estas solicitudes para lograr una resolución rápida y efectiva de la cuestión de fondo, sin tener en cuenta que el incidente de adopción de medidas cautelares no tienen la consideración de un juicio sumario. Por ello, es imprescindible alegar y acreditar las circunstancias que concurren para que deban adoptarse las medidas cautelares de forma previa y, concretamente, que impide que pueda presentarse la demanda principal. En este caso concreto la Audiencia, al resolver el recurso de apelación, llega a la conclusión de que no concurren dichas circunstancias ya que, a pesar del tiempo transcurrido, el pleito principal no se ha iniciado. Es decir, en este caso concreto el solicitante hubiera tenido que justificar los motivos por los que no había iniciado el proceso declarativo a pesar del tiempo transcurrido entre la solicitud inicial y la resolución del recurso de apelación contra el auto desestimatorio de la medida cautelar ante causam. De esta forma se pretende evitar el uso de las medidas cautelares ante causam con una finalidad distinta a asegurar la efectividad del proceso declarativo. Es decir, limitar la posibilidad de que el actor que haya logrado su adopción pueda utilizarlas como un elemento de negociación con el futuro demandado afectado por la adopción de las medidas. El auto de la sección 16 de la AP de Barcelona de 29 de enero de 2007 (JUR 2007\177048) resuelve sobre una solicitud de medidas cautelares presentada días después de la demanda y antes de la admisión a trámite de la misma. El tribunal confirma la resolución del Juzgado que estimó irrelevante el plazo de tiempo transcurrido. Concretamente afirma que: Al decir la Ley que la petición hecha a posteriori de la demanda ha de fundarse en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos, indica que ha de tratarse no sólo de un tiempo posterior a la demanda, sino de un tiempo relevantemente posterior, de manera que quepa hablar de que puedan haber cambiado las circunstancias y ser 8

9 distintas cuando se pide la medida cautelar y cuando se presentó la demanda. Si la petición de medidas cautelares se presenta al día siguiente de presentarse la demanda o dentro de muy pocos días, no habrá habido tiempo material para que las circunstancias cambien, ni sería lógico hablar de que pudiese haber habido cambio de circunstancias. Serán, sin duda, las mismas y no tendrá sentido exigir que se justifique cambio de la situación de hecho. En realidad, en un caso semejante, lo que habrá será una petición de medidas cautelares que, aunque pudieron y debieron instarse en la demanda, se solicitan prácticamente al mismo tiempo que ese escrito inicial, aunque de forma separada. No puede olvidarse que hay una serie de alteraciones en la postura inicial de la parte demandante que pueden hacerse en los primeros momentos del proceso: Puede desistirse sin oír a la parte contraria cuando aun no se la ha emplazado, puede ampliarse la demanda acumulando nuevas acciones a la inicialmente ejercitada y/o dirigir la pretensión o pretensiones frente a otros demandados. Cuando esas alteraciones tan relevantes pueden ser hechas al principio del proceso, cree la sala que sería demasiado riguroso no examinar siquiera la petición de medidas cautelares por el simple hecho de que se presenta unos pocos días después de la demanda sin acreditar cambios que justifiquen esa forma de proceder. En un momento en el que, se repite, no tiene sentido hablar de que pueda haber habido un cambio de circunstancias que justificar y cuando, en resumidas cuentas, la situación será la misma que al presentarse la demanda y lo único que habrá ocurrido habrá sido que, por la razones que sean (entre las que puede incluirse, en abstracto, el cambio de opinión de la parte actora o, incluso, cierta falta de cuidado), no se pidió la medida en la demanda. No tendría sentido hablar de cambio de situación ni podrá atribuirse la iniciativa del solicitante de las medidas cautelares al conocimiento de determinada postura de la parte demandada, sólo cognoscible en el momento de la contestación. En fin, no puede tampoco olvidarse que las leyes han de interpretarse atendiendo a su espíritu y finalidad ni que la tutela cautelar forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Sólo cuando, atendida la finalidad y el espíritu de la norma procesal, sea imposible examinar la petición de medida cautelar deberá prescindirse de ese examen de fondo por motivos procesales, estando como está en juego la efectividad de la acción judicial y, por tanto, aquel derecho fundamental. A continuación advierte el Tribunal que Aunque la interpretación que se propugna comporte dificultades para establecer límites (o sea, el tiempo posterior a la demanda a partir del cual será exigible la justificación de por qué se pide después), tiene la sala la convicción de que una petición hecha sólo 5 días hábiles después de presentarse la demanda no exige la prueba del cambio de circunstancias. Esa clase de dificultades se aprecia en muchos ámbitos del derecho, en los que es preciso acudir al caso concreto y no por ello se prescinde de aplicar los criterios que comportan la dificultad de señalar límites. En la aplicación de esos criterios están implicadas con frecuencia agudas exigencias de justicia material. Con carácter general debo indicar que estoy de acuerdo con la solución indicada, pero la dificultad se plantea en establecer el periodo máximo en el 9

10 que debe exigirse el cambio de circunstancias. En mi opinión debe atenderse a las circunstancias del caso concreto, pero con carácter general creo que debe atenderse al momento de admisión de la demanda. El motivo de elegir este momento procesal y no el de traslado al demandado de la demanda o de la contestación a la misma es que según el artículo 410 LEC la litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde la interposición de la demanda, si después es admitida. En ese lapso temporal entiendo que no deben exigirse la concurrencia de nuevas circunstancias para que pueda solicitarse una medida cautelar ya que técnicamente aún no existe proceso de declaración. Además existe un argumento práctico que podría justificar una solicitud presentada de esta forma y sería que se presentara la solicitud para que se adoptara la medida cautelar inaudita parte. Si se presentara junto con la demanda podría existir el riesgo de que se diera el traslado al demandado antes de que se adoptara inaudita parte o de que, una vez adoptada, fuera eficaz. b) La incidencia de la cuestión prejudicial penal en las medidas cautelares civiles adoptadas antes del inicio del proceso penal. Otro auto especialmente significativo es el de la sección 13 de 15 de enero de 2007 (JUR 2007\192874). En este caso se plantea la incidencia de un proceso penal sobre las medidas cautelares ya adoptadas en un proceso civil. Los antecedentes procesales se resumen en que se adopta una medida cautelar de anotación preventiva de la demanda por el Juzgado de Primera Instancia, iniciándose posteriormente un proceso penal por parte de los demandados. El Juzgado de Instrucción ordena el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas por el Juez de Primera Instancia a través de una providencia. Se plantea la incidencia de la suspensión del proceso civil en casos de prejudicialidad penal y cuál es el órgano competente para decretar el mantenimiento de las medidas cautelares en el proceso civil anterior. Respecto de la primera cuestión el Tribunal afirma que: partiendo del concepto, características y finalidad de las medidas cautelares no sólo no existe motivo alguno para suspender la medida cautelar por la suspensión del pleito por prejudicialidad penal, sino que tal suspensión mantiene y refuerza su procedencia, precisamente por la necesaria prolongación del proceso civil que comporta que éste depende de la tramitación, hasta su terminación, de una causa penal. Cuestión distinta es la influencia que la existencia de la causa penal puede tener en la subsistencia del fumus boni iuris (especialmente cuando se trata de una causa penal por falsedad del documento en que se basa la apariencia de buen derecho), pero en cualquier caso, su incidencia ha de ser valorada por el Juzgador, previa audiencia de las partes para su adopción -art 734 LEC -, a través de la oposición del demandado -arts.739 y ss LEC - o procediendo a su modificación o alzamiento -ex arts. 743 y ss-, supuestos todos ellos incompatibles con la suspensión automática de la medida. 10

11 Sobre la competencia del Juzgado de Instrucción para decretar el alzamiento de la medida cautelar de anotación preventiva de demanda acordada en el proceso civil, afirma que: Este tribunal no puede sino mostrar su desacuerdo con aquella resolución. Por una parte por razones formales, así, se considera que no puede acordarse la suspensión del curso de un proceso civil y de las medidas cautelares adoptadas en el mismo (haciéndose referencia a las mismas de un modo genérico, sin enumerarlas ni concretarlas) a través de una mera providencia, carente de toda motivación; por otra parte, se considera que el Juez penal invade la competencia del Juez civil al adoptar el señalado acuerdo, dado que el competente para acordar la suspensión del proceso civil es el juez que conoce del mismo, así resulta de los artículos 114 L.E.Cri y 40 (es el tribunal civil quien, a su juicio, ha de determinar si el documento presuntamente falso resulta decisivo para resolver sobre el fondo del asunto -art LEC -), 569 y 697 LEC (puestos en relación con los arts. 13 a 15, 299 y concordantes de la LECri), tanto más en supuestos como el presente, en el que siguiéndose causa penal por la posible existencia de un delito de falsedad de un documento aportado con la demanda, la parte a quien favorece puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 40.5 LEC. Finalmente concluye que Ello no obstante, es preciso tener en consideración que el artículo 44 de la LOPJ establece que "El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho órgano jurisdiccional". En consecuencia, acordada la suspensión de las "medidas cautelares solicitadas" (sic) por un órgano judicial del orden penal, no cabe al tribunal del orden civil sino observar lo ordenado en la resolución judicial. Así pues, a pesar de lo acordado en el fundamento anterior, la suspensión de la medida debe mantenerse, en tanto la misma no sea alzada por el órgano judicial del orden penal en el marco del proceso penal de referencia (no consta que ninguna de las partes personadas en el proceso penal haya recurrido la resolución en que dicha suspensión se acordaba, si bien nada obsta para que en el curso de la causa penal el juez o tribunal que conozcan en cada momento procesal de la misma pueda, de oficio o a instancia de parte, alzarla, a tenor del resultado de las diligencias instructoras realizadas o del estado de la causa). Hemos transcrito dicho auto pues estoy de acuerdo en que la prejudicialidad penal no afecta al incidente de adopción de medidas cautelares 6. Ahora bien, es criticable la solución adoptada por la Audiencia Provincial al entender que es preferente el orden penal sobre el civil ya que la resolución del Juzgado de Instrucción ha sido dictada por un órgano jurisdiccional carente de jurisdicción, por lo que la misma es ineficaz y debe ser declarada de oficio o a instancia de parte. Por ello no se puede acudir a un argumento meramente formal como es que no se haya interpuesto ningún tipo de recurso contra la providencia que decretaba el alzamiento de la medida. 6 En el mismo sentido se pronuncia RAMOS ROMEU, en Los presupuestos procesales y la tutela cautelar, en Justicia, 2006, nº 1-2, pp. 189 y ss. 11

12 c) Criterios para la imposición de las costas. En la jurisprudencia analizada se ha detectado una corriente jurisprudencial a no aplicar de forma automática el principio de vencimiento en el caso de desestimación de las medidas cautelares. El artículo 736 LEC prevé que cuando se dicte un auto denegatorio de las medidas cautelares solicitadas las costas se impondrán con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 394 LEC. El artículo LEC prevé que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En su subapartado segundo interpreta la excepción, afirmando que para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. En mi opinión uno de los aspectos más criticables de las medidas cautelares es la regulación de la imposición de costas. Como hemos visto el legislador se remite al artículo LEC para regular su imposición. Esto ha motivado que la jurisprudencia haya aplicado el criterio de vencimiento objetivo en caso de desestimación de las medidas cautelares. Desde un punto de vista práctico ha motivado que no se solicitaran si no era razonablemente seguro que se acordaran ya que cualquier motivo de desestimación implicaría la condena en costas a la parte actora, lo cual puede tener su justificación cuando se deniega por falta de fumus boni iuris pero no cuando el motivo denegatorio es la falta de acreditación del periculum in mora ya que nos hallamos ante la situación de que el Órgano Judicial le indica a la parte que efectivamente tiene razón en su pretensión (fumus boni iuris), pero que debe pagar las costas de las medidas cautelares a la parte contraria por no haber acreditado el periculum in mora. De la totalidad de los autos desestimatorios analizados, que recordemos que son 36, 7 analizan específicamente si deben imponer las costas a la parte solicitante 7. Concretamente son los Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona: - de la sección 1ª de 2 de junio de 2008 (JUR 208\266564) y de 30 de octubre de 2007 (JUR 2008\32238). - de la sección 4ª de 23 de julio de 2007 (JUR 2007\284212). - de la sección 13 de 19 de enero de 2007 (AC 2007\1412), de 8 de enero de 2007 (JUR 2007\179080) y de 24 de abril de 2007 (JUR 2007\270882). - de la sección 17 de 13 de febrero de 2007 (JUR 2007\121086). 7 De esta forma se sigue con la tendencia jurisprudencial ya citada en el anterior artículo que publiqué analizando los autos dictados en materia de medidas cautelares por las Audiencias Provinciales de toda España y citando expresamente el Auto de de la sección 1 de la AP de Barcelona de 20 de julio de 2006 (AC 2006\1303). 12

13 De los autos citados cinco no imponen las costas a la parte solicitante de las medidas cautelares a pesar de que se desestima la solicitud porque concurren dudas de hecho que se concretan en la existencia de sentencias contradictorias o porque la medida es desestimada porque el demandado ha aprovechado el tiempo invertido para adoptar la medida cautelar para transmitir la finca a un tercero. En relación con esta materia se está plateando la posibilidad de que las costas de las medidas cautelares se vincularan con las del proceso principal. Así se ha pronunciado el Auto de la sección 13ª de la AP de Barcelona de 8 de enero de 2007 (JUR 2007\179080) que afirma que: Al margen de que del artículo 735 en relación con el art. 734 LEC no se desprende que el auto en el que se acuerde la adopción de medidas cautelares deba incluirse un pronunciamiento sobre las costas (al contrario de lo que se prevé en el artículo 736 para el supuesto de auto denegatorio de las medidas cautelares, que remite al 394- y en el caso en que se haya tramitado incidente de oposición a las medidas cautelares adoptadas inaudita parte-), no siendo descartable que deba considerarse que las costas devengadas para la adopción de una medida cautelar se encuentren incluidas en las costas del pleito y, por tanto, sigan la suerte de lo que se acuerde en la resolución definitiva del pleito principal. Es una propuesta que tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se halla que se desvincula la imposición de costas de los criterios de desestimación de las medidas cautelares, especialmente de la falta de periculum in mora. Entre las segundas que desde un punto de vista práctico en el proceso declarativo se aplica el criterio de vencimiento. Además debería matizarse la vinculación entre las medidas cautelares y el proceso declarativo en esta materia y determinar si se limita a los supuestos de desestimación de las medidas, ya que recordemos que la solicitud es una facultad del actor y no una obligación. En todo caso no es el criterio seguido en la actualidad por los Tribunales como se demuestra con la circunstancia que de los autos analizados, salvo error u omisión que haya efectuado en el análisis, no se sigue este criterio en ninguno de ellos. Pero me parece interesante desde un punto de vista de lege ferenda para ver si es un criterio más adecuado para determinar la imposición de las costas Otra tendencia práctica por parte del demandado consiste en intentar incluir las costas de las medidas cautelares en los daños y perjuicios que se pueden solicitar en caso de alzamiento de la misma. Esta posibilidad se limita sólo a los casos en que la medida cautelar se adopta, supuesto en el que el legislador no regula expresamente la imposición de las costas 8. Personalmente entiendo que 8 Sobre la no posibilidad de imponer las costas cuando se adoptan las medidas cautelares se han pronunciado los autos de En este sentido se pronunciaron las los Autos de la AP de la AP de Barcelona de 6 de julio de 2005 (AC 2006/1216) afirmando que En definitiva, la Sala estima que cuando se adoptan medidas cautelares no cabe la condena en costas a la 13

14 en este caso no se puede incluir en el concepto de los daños y perjuicios previsto en los artículos 742 y 745 LEC. Debe distinguirse entre las costas procesales derivadas de la adopción de la medida cautelar de los daños y perjuicios ocasionados por su adopción y efectividad, sin que puedan confundirse ni incluirse los primeros en los segundos. Los daños y perjuicios que pueden ser reclamados son aquellos que han debido valorarse a efectos Directamente relacionado con las costas de las medidas cautelares se ha planteado la cuantía de las medidas cautelares. El auto de la sección 1ª de la AP de Barcelona de 25 de abril de 2007 (JUR 2007\242186) que afirma que: aunque las medidas cautelares tengan un trámite específico y autónomo respecto del procedimiento principal en sí mismo considerado, ello no implica que tengan sustantividad propia al margen de éste ya que tal incidente, y por su propia finalidad y alcance, es instrumental y accesorio del juicio principal del que dimana, ya que lo que se pretende con ellas es, como establece la ley procesal, el asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria de la demanda que se dictare. Por ello la cuantía, el interés económico de estas medidas, viene determinado por el interés económico de la demanda principal, cuya efectividad que es la que se pretende asegurar con las mismas, sin que en el presente supuesto la anotación preventiva de la demanda en los Registros tenga una cuantía propia e independiente, como afirma el apelante. Es cierto que no es lo mismo reclamar una cantidad que solicitar la anotación preventiva de la demanda en que se reclama sin que se pueda identificar la anotación preventiva con la obligación de pago demandada. Si la intención del legislador hubiera sido la de extender el tratamiento de las costas con remisión al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a ambos supuestos, no habría individualizado su tratamiento o, en todo caso, habría redactado el último inciso del apartado 1 del artículo 736 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que resultara aplicable al supuesto de adopción de medidas cautelares; en la medida que no lo es, debemos distinguir un tratamiento autónomo de cada uno de los supuestos, adopción de medidas o denegación de medidas, con las consecuencias de imponer las costas a la parte que las ha solicitado solo para el segundo supuesto. En el mismo sentido se pronuncia el Auto de la Audiencia Provincial de Murcia de 5 de diciembre de 2006 (JUR 2007/124803) que concluye en su Fundamento Jurídico Primero que el recurso debe ser estimado, en base a la doctrina que, sobre el particular, fue fijada por este Tribunal en Auto de 22 de noviembre de (rollo nº 496/05 ), en el que se señalaba que el artículo 735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que deban ser impuestas las costas al demandado en caso de adopción de la medida cautelar ni hace remisión alguna al artículo 394 del texto procesal civil, a diferencia de lo que ocurre en caso de denegación de la medida cautelar solicitada, pues en este último supuesto el artículo 736 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sí hace expresa remisión al artículo 394 citado; y en aquel Auto también indicábamos, finalmente, que no existía precepto legal que justificase la imposición de las costas en el supuesto de adopción de la medida cautelar. En base a ello y reiterando ahora esa doctrina, debe ser estimado el recurso de apelación interpuesto y debe ser revocado parcialmente el Auto apelado, en el exclusivo sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento sobre costas que contiene, indicando, en su lugar, que no procede hacer imposición a ninguna de las partes de las costas del proceso cautelar seguido 14

15 pero ello no desvirtúa la circunstancia de que el interés económico que subyace en ambos casos es el mismo. Por otra parte, no se discute, y se reconoce, que las consecuencias de la demanda son realmente diferentes a las de la anotación preventiva de demanda, pero precisamente por eso ya en los Criterios orientadores del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona se regulan por separado, previéndose para las medidas cautelares un factor que es casi la mitad del que se aplica para el juicio ordinario. Tal como afirma este auto la cuantía del incidente de medidas cautelares es el de la pretensión que se asegura, sin que pueda entenderse que tenga una cuantía propia como en ocasiones se ha intentando por la parte condenada en costas para intentar disminuir su cuantificación. d) Órgano judicial competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares durante la tramitación de los recursos. El Auto de la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de enero de 2008 (JUR 2008\318366) se pronuncia sobre el Órgano Judicial competente para conocer de una solicitud de medidas cautelares planteada después de interpuesto el recurso de apelación. En su fundamento de derecho segundo: Se ha planteado en la alzada, como cuestión previa, la competencia de esta Sala para su conocimiento ya que al momento de presentarse las medidas cautelares no habían sido emplazadas las partes conforme se dispone en el art. 463 LEC. El art LEC dispone que para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos. Se trata de una norma de competencia funcional que ha sido muy criticada por la mejor doctrina por entender que la decisión de las cautelas como lo es de la ejecución provisional debe corresponder al Juez de primera instancia. No obstante, como declara el ATS 19 Julio 2005 (doctrina reiterada en el ATS 23 de marzo de 2007 ) "... conviene atribuir dicha facultad al órgano que se encuentre conociendo el proceso y se halla, en consecuencia, en posesión de los autos y en mejores condiciones para enjuiciar la procedencia de las medidas cautelares, valorar los requisitos a los cuales subordina su adopción la LEC, y determinar, con conocimiento de las circunstancias del caso, la idoneidad y la cuantía de la caución procedente para garantizar los daños y perjuicios que pueda originar la adopción de las medidas que puedan acordarse... (concluyendo) que desde el punto de vista teleológico... el art LEC debe ser interpretado en el sentido de que la competencia para la adopción de las medidas cautelares únicamente se desplaza al Tribunal 15

16 superior en grado desde el momento en que, presentado el escrito de interposición, se acuerda la remisión de los autos y su emplazamiento..", pues no es hasta este momento cuando tiene a disposición dichos autos aun cuando hemos de precisar que la apariencia de derecho para apreciar el fumus en las cautelas (incluso en las anticipatorias como son las solicitadas en el supuesto litigioso) tienen una diversa intensidad que la prueba de la estimación o desestimación en sentencia definitiva pues, en caso contrario, se produciría una vulneración del principio de tutela judicial efectiva y del Juez predeterminado por la Ley. En su consecuencia, no habiéndose emplazado a las partes ni remitidos los autos cuando se interpusieron las cautelas ante la Sala, no tenía competencia para su conocimiento ni siquiera tras la interposición del recurso pues mientras tanto y hasta el emplazamiento y remisión de los autos sigue conservando dicha competencia el Juez de instancia lo que no resulta contrario a lo dispuesto en el art. 462 LEC puesto que la regla del art es norma especial que la complementa. A modo de conclusión, la competencia para conocer de las medidas cautelares será del órgano judicial que esté en posesión de los autos. No estoy de acuerdo con esta solución. En mi opinión el órgano judicial competente para resolver sobre el mantenimiento de la medida cautelar al amparo del artículo LEC es el mismo órgano judicial que está conociendo del recurso de apelación, es decir, a la Audiencia Provincial. Este precepto adolece de varias lagunas legales, entre las que destaca la no previsión del órgano judicial que debe resolver sobre el alzamiento, mantenimiento o modificación de la medida. Entiendo que según el artículo 723 LEC el tribunal competente para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos. Además el artículo 462 LEC prevé que durante la sustanciación del recurso de apelación, la jurisdicción del tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución provisional de la resolución apelada. Por lo que debería resolver la cuestión el Tribunal competente para conocer del recurso DESESTIMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTOS PROCESALES. Tal como consta en el cuadro 1 durante el año 2007 se han desestimado el 21,62% de los recursos de los que ha conocido la AP de Barcelona por falta de fumus boni iuris, mientras que el porcentaje asciende al 31,57% durante el año Respecto de la falta de periculum in mora los porcentajes de desestimación por este motivo son el 13,51% y 15,78% respectivamente. 9 Ver infra el apartado relativo a la eficacia de la sentencia de primera instancia absolutoria en las medidas cautelares adoptadas. 16

17 A) FUMUS BONI IURIS. En este apartado analizaremos en primer lugar los autos que desestiman la medida cautelar al entender que no se ha acreditado el fumus boni iuris y el cómo debe ser acreditado. En segundo lugar desarrollaremos la influencia de la sentencia de primera instancia en las medidas cautelares solicitadas. a) Falta de acreditación del fumus boni iuris. Entre los autos analizados destacan aquellos en los que se desestima la medida cautelar solicitada por falta de fumus boni iuris ya que el demandante ha realizado actos propios que motivan la desestimación de la medida. Así el Auto de la sección 1ª de la AP de Barcelona de 4 de febrero de 2008 (JUR 2008\123360) desestima la medida cautelar solicitada en un caso en que el demandante interpone un proceso reclamando de forma principal la entrega de la vivienda y con carácter subsidiario la entrega de la cantidad entregada doblada en un contrato de compraventa con arras. El demandado se allana a la pretensión subsidiaria, consignando la cantidad reclamado en concepto de arras en la cuenta del Juzgado. Ante este allanamiento el actor solicita la entrega de dicha cantidad y que el proceso siga por las cantidades discutidas que consistía en el doble ya que el actor le otorga la consideración de arras penitenciales y el demandado de arras confirmatorias. Ante tal actitud procesal el Juzgado de Primera Instancia acuerda la medida cautelar de anotación preventiva de demanda, siendo recurrido por la parte demandada. La Audiencia Provincial estima el recurso y revoca la resolución de instancia denegando la medida cautelar porque entiende que el actor ha desistido de la acción reivindicatoria y el proceso se limita a la pretensión subsidiaria que había ejercitado al proseguir tan sólo por las cantidades discutidas y no respecto de la acción reivindicatoria ejercitada. Al cambiar el objeto del proceso entiende que no concurre el fumus boni iuris exigido y que la medida solicitada, la anotación preventiva de demanda, no es idónea para asegurar la efectividad de una reclamación de cantidad. En el extremo opuesto nos hallamos ante el Auto de la Sección 11ª de la AP de Barcelona de 7 de mayo de 2008 (JUR 2008\196167) que adopta el embargo preventivo. En el proceso principal el actor había reclamado como pretensión principal la entrega de una vivienda en cumplimiento de un contrato de compraventa y, de forma subsidiaria, la condena al pago de la indemnización pactada para el supuesto de rescisión. Después de la presentación de la demanda y antes del acto de la vista de medidas cautelares la parte demandada consignó notarialmente parte de la cantidad de la reclamación subsidiaria de la actora. El tribunal entiende que la misma demandada por actos propios viene a reconocer la apariencia de buen derecho en la pretensión del actor lo que justifica dicho requisito. Finalmente argumenta como obiter dicta que la sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda del actor y la misma ha devenido firme. 17

18 Al margen de los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona debemos incluir en la relación de resoluciones judiciales la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2008, de 2 de diciembre. El TC resuelve un recurso de amparo contra un auto desestimando una solicitud de medidas cautelares por no haberse acreditado el fumus boni iuris porque la Audiencia Provincial no tuvo por propuesta la prueba documental aportada por la parte actora junto con la demanda y escrito de solicitud de las medidas cautelares porque la misma no había solicitado el recibimiento del incidente a prueba y propuesto los documentos a los que hacía referencia en el escrito de solicitud. La parte actora interpone recurso de amparo que es estimado por el Tribunal Constitucional por dos motivos: - En el fundamento jurídico quinto afirma que lo cierto es que en la solicitud de tutela cautelar se identificaban expresamente los documentos que la apoyaban, especificando incluso, los particulares específicos de los mismos que resultaban singularmente relevantes. Y la prueba documental de la que la parte pretendía valerse y efectivamente se valió no fue otra que la citada expresamente a efectos probatorios en la solicitud de medidas cautelares, sin que en la vista se propusieran otras pruebas distintas. - En el fundamento jurídico sexto indica que si no resulta razonable el argumento de la falta de proposición del fundamento de la prueba, según expusimos en el fundamento anterior, la misma falta de razonabilidad es la que concurre en relación con la falta del requisito consistente en la mención expresa de la solicitud del recibimiento a prueba, en cuanto que, aceptado que a la solicitud se acompañaron los documentos que la apoyaban, se trata de un requisito inexistente en el precepto aplicado y que el órgano judicial configura como obstativo de la tutela cautelar que se instaba Por estos motivos el Tribunal Constitucional estima el amparo y anula el auto impugnado, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento procesal anterior al del auto recurrido. Es decir, concede de nuevo eficacia al auto del Juzgado de Primera Instancia que había adoptado la medida cautelar de anotación preventiva de demanda. La doctrina que debe extraerse de la Sentencia citada es que en aquellos casos en que el escrito de solicitud de medidas cautelares se presente conjuntamente con la demanda y se haga referencia en el mismo a documentos que se han acompañado a la demanda, debe entenderse que se propone la prueba documental de aquellos que sean citados y enumerados concretamente en el escrito de solicitud. En todo caso aconsejamos que se proponga la prueba pertinente ya que entendemos que esta doctrina no se puede hacer extensiva al resto de medios de prueba. b) Influencia de las sentencia de primera instancia en las medidas cautelares. En este apartado deben distinguirse dos supuestos distintos: 18

19 Los efectos de la sentencia de primera instancia en las medidas cautelares ya adoptadas. Los efectos de la sentencia de primera instancia en las medidas cautelares solicitadas cuando está pendiente la resolución del recurso de apelación contra el auto resolutorio. El primer supuesto está contemplado expresamente en el artículo 744 LEC que prevé que absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el tribunal ordenará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento o la adopción de alguna medida distinta y el tribunal, oída la parte contraria, atendidas las circunstancias del caso y previo aumento de la caución, considere procedente acceder a la solicitud mediante auto. Tal como hemos expuesto este precepto presenta múltiples cuestiones. Por ejemplo, no determina qué órgano judicial debe decidir sobre la modificación o alzamiento de la medida, tampoco aclara si el alzamiento tiene carácter automático si no se solicita el mantenimiento de la medida por el recurrente ni el procedimiento a seguir 10. La jurisprudencia consultada se ha pronunciado sobre alguna de estas cuestiones. Sobre el carácter automático del alzamiento. El Auto de la sección 1ª de la AP de Barcelona de 30 de octubre de 2007 (JUR 2008\32238) niega este carácter al indicar en su fundamento de derecho primero que dicha desestimación no comporta sin más y en todo caso el que se deje sin efecto la medida porque, conforme a lo previsto en el artículo 744 LEC, la misma puede ser mantenida pese a tal desestimación, sin que en este caso conste una resolución firme que acuerde el alzamiento de dicho embargo. Otro grupo de resoluciones judiciales se pronuncian sobre la influencia de la sentencia primera instancia en la resolución el recurso de apelación interpuesto contra la el auto decidiendo las medidas cautelares. El auto de la sección 15ª de la AP de Barcelona de 23 de enero de 2008 (JUR 2008\138777) modifica la cuantía del embargo preventivo decretado porque la sentencia de primera instancia concede al actor una cantidad superior a la que se había asegurado a través del embargo preventivo. Otras resoluciones niegan el efecto automático de la sentencia de primera instancia en la decisión del recurso interpuesto contra el auto adoptando las medidas cautelares. El auto de la sección 16ª de la AP de Barcelona de 29 de enero de 2007 (JUR 2007\177048) afirma en su fundamento de derecho cuarto que: Por consiguiente existen indicios de que el demandante puede tener razón, suficientes como para decretar la medida solicitada, pese a que la demanda ha sido desestimada en primera instancia. No consta que la 10 Ver supra en apartado 2.D.d sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer de las medidas cautelares durante la tramitación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 19

20 desestimación sea firme, por lo que la posibilidad de que la demanda sea estimada sigue existiendo y, si no fuese así, evidentemente la anotación no podría practicarse ya. La sentencia de primera instancia no enerva en absoluto los indicios que se han ponderado en este fundamento jurídico, ni restringe los poderes de la sala para resolver este recurso. Otra cosa es que no pueda prescindirse de lo dispuesto en el artículo 744 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conocido este auto, el Juzgado deberá proceder conforme a lo dispuesto en dicho precepto, al que no puede dar aplicación esta sala porque eso sería prescindir de normas de procedimiento exigidas legalmente y usurpar una competencia funcional que sólo incumbe al Juzgado. Es decir, en este caso la Audiencia no concede eficacia directa a la sentencia de primera instancia desestimatoria, y todo ello sin perjuicio de que si se dicta el auto previsto en el artículo 744 LEC deberá alzar la medida. El auto de la sección 12ª de la AP de Barcelona de 3 de mayo de 2007 (JUR 2007\261762) resuelve aparentemente la cuestión en sentido contrario, afirmando que Sin entrar en el fondo del asunto lo cierto es que la posición de la demandada viene avalada por una sentencia firme que aprueba un convenio, por lo que la apariencia de buen derecho del actor se enfrenta ante una apariencia cierta de la demandada -sin perjuicio de la destrucción o no de la misma en el proceso principal-. En este caso se resuelve un supuesto distinto ya que la sentencia firme a la que alude no es la dictada en el proceso principal, en el que se discute la entrega de la cantidad, sino la aprobación de un convenio se divorcio de mutuo acuerdo. En el proceso que se pretende asegurar se pretende la condena a la entrega de la cantidad pactada en el mismo. En mi opinión la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia debe tener una influencia en la resolución del recurso de apelación contra el auto decidiendo sobre la medida cautelar. Entiendo el fumus boni iuris que se ha apreciado al adoptar la medida cautelar debe ser revisado a la vista del contenido de la sentencia. Es decir, el juicio provisional o indiciario favorable al fundamento de la pretensión ha sido sustituido por la sentencia sobre el fondo. Ello no significa que el Tribunal de apelación deba aceptar la sentencia desfavorable recurrida, sino que tiene que tener en cuenta su contenido al analizar el fumus boni iuris. Otra cuestión que puede plantearse es cómo interactuaran las distintas resoluciones sobre medidas cautelares. Es decir, nos podemos encontrar ante la situación de que esté pendiente la resolución de un recurso de apelación contra un auto acordando la medida cautelar y una solicitud de mantenimiento de la medida cautelar formulada al amparo del artículo 744 LEC. En este caso se pueden plantear diversas posibilidades, que pueden ocasionar la existencia de resoluciones contradictorias: - Que el auto del juzgado de instancia decida mantener la medida cautelar al amparo del art. 744 LEC y que la Audiencia Provincial revoque la resolución inicial. 20

Alfredo Alcañiz Rodríguez Secretario Judicial. 1.- Reformas en la tramitación de un procedimiento ordinario

Alfredo Alcañiz Rodríguez Secretario Judicial. 1.- Reformas en la tramitación de un procedimiento ordinario INCIDENCIA DE LA LEY 13/2009 DE 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en el Proceso Contencioso Administrativo 1.- Reformas en la tramitación

Más detalles

DICTAMEN Nº 28. Página 1 de 6. # Nº. 28/1997, de 29 de abril.

DICTAMEN Nº 28. Página 1 de 6. # Nº. 28/1997, de 29 de abril. DICTAMEN Nº 28 Página 1 de 6 # Nº. 28/1997, de 29 de abril. Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por S.E.G., como consecuencia de gastos por recurso

Más detalles

IV. RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y AUTOS

IV. RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y AUTOS 14/5 Administrativo Pilar Teso Gamella El procedimiento se inicia por petición dirigida directamente al órgano judicial competente que ha dictado la resolución cuya extensión se pretende, mediante escrito

Más detalles

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO Recurso de casación e infracción procesal 1/2013 Excmo. Sr. Presidente / D. Fernando Zubiri de Salinas / Ilmos. Sres. Magistrados / D. Luis Ignacio Pastor Eixarch / D. Emilio Molins García-Atance / Dª.

Más detalles

Procedimiento O PROCURADOR D./Dña. IRENE GUTIERREZ CARRILLO Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID

Procedimiento O PROCURADOR D./Dña. IRENE GUTIERREZ CARRILLO Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 28 de Madrid C/ Gran Vía, 52, Planta 5-28013 45029730 NIG: 28.079.00.3-2014/0008030 Procedimiento O PROCURADOR D./Dña. IRENE GUTIERREZ CARRILLO Demandado/s:

Más detalles

MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA En contestación al escrito de un particular formulando consulta sobre sendas cuestiones relacionadas con la verificación de las señales de alarma por las centrales de alarmas y con la constitución de garantía

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079130072009100094 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 7 Nº de Recurso: 4836/2005 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JUAN JOSE GONZALEZ

Más detalles

Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.

Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo. CAPÍTULO IV De los procesos matrimoniales y de menores Artículo 769. Competencia. 1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere

Más detalles

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 20. El recurso de casación; consideraciones generales.- Resoluciones impugnables.-

Más detalles

RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

RESEÑA DE JURISPRUDENCIA Apreciad@ amig@: Tenemos el agrado de remitirle una reseña de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre determinadas cuestiones que esperamos que resulten de su interés. En concreto, en el apartado

Más detalles

Texto. En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil seis TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

Texto. En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil seis TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 24 Jul. 2006, rec. 101/2005 Ponente: Barrachina Juan, Eduardo. Nº de sentencia:

Más detalles

No queremos dejar de recordar que las consultas no tienen rango de norma, la Dirección General de Tributos sobre tasas judiciales

No queremos dejar de recordar que las consultas no tienen rango de norma, la Dirección General de Tributos sobre tasas judiciales Publicadas hasta MAYO DE 2014 consultas emitidas por la Dirección General de Tributos sobre tasas judiciales GONZALO DE LUIS OTERO Asesor fiscal del Consejo General de Procuradores >> En el número 104

Más detalles

SÍNTESIS ABSTRACT. El objeto del trabajo es analizar las resoluciones

SÍNTESIS ABSTRACT. El objeto del trabajo es analizar las resoluciones LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES por Vicente PÉREZ DAUDÍ Profesor Titular de Derecho Procesal. Universitat de Barcelona. SÍNTESIS El objeto del trabajo es analizar

Más detalles

Comentario a la STS 1.ª de 22 de abril de 2013, Ponente Sr. Xiol Ríos

Comentario a la STS 1.ª de 22 de abril de 2013, Ponente Sr. Xiol Ríos Responsabilidad profesional de abogado por negligencia profesional: pérdida de oportunidad procesal. Concurrencia de causas. Cuantía de la indemnización Comentario a la STS 1.ª de 22 de abril de 2013,

Más detalles

ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL.

ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL. ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL. LAS SENTENCIAS CON RESERVA DE LIQUIDACIÓN. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DERIVADA DEL ART.219 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Rafael Antuña Egocheaga Abogado. JUNIO 2015.

Más detalles

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO

A U T O ANTECEDENTES DE HECHO A U T O ILMOS. SEÑORES PRESIDENTE DON JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR MAGISTRADOS DON JESÚS MARÍA ARIAS JUANA DÑA. ISABEL ZARZUELA BALLESTER DON JUAN JOSÉ CARBONERO REDONDO EN ZARAGOZA, A TRES DE SEPTIEMBRE DE

Más detalles

B) Oposición del ejecutado

B) Oposición del ejecutado Las ejecuciones dinerarias 51/12 La tercería de dominio no persigue aquí levantar el embargo, pues éste no se ha practicado, sino que puede pretender que el bien quede excluido del proceso de ejecución

Más detalles

Nº de Recurso: 671/2013. ROJ: STS 4917/2014 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espín Templado

Nº de Recurso: 671/2013. ROJ: STS 4917/2014 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espín Templado Nº de Recurso: 671/2013. ROJ: STS 4917/2014 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espín Templado SENTENCIA En la villa de Madrid, a doce de noviembre de dos mil

Más detalles

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren. Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía JUAN

Más detalles

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008 ANTECEDENTES DE HECHO Primero. En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

Más detalles

I. Tercer poseedor que inscribe su adquisición antes de la interposición de la demanda ejecutiva.

I. Tercer poseedor que inscribe su adquisición antes de la interposición de la demanda ejecutiva. CONSULTA ACERCA DE LAS COMUNICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS DE PAGO QUE SE HAN DE REALIZAR AL TERCER POSEEDOR DE LA FINCA HIPOTECADA EN SEDE DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA. SUPUESTO DE

Más detalles

DERECHO PROCESAL CIVIL A) RECURSO DE REPOSICIÓN.

DERECHO PROCESAL CIVIL A) RECURSO DE REPOSICIÓN. DERECHO PROCESAL CIVIL ESTUDIO DE LA REFORMA EN LOS RECURSOS CIVILES A) RECURSO DE REPOSICIÓN. RESOLUCIONES RECURRIBLES EN REPOSICIÓN (ART. 451) 1. Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos

Más detalles

Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª, Sentencia de 21 Ene. 2009, rec. 126/2007

Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª, Sentencia de 21 Ene. 2009, rec. 126/2007 Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª, Sentencia de 21 Ene. 2009, rec. 126/2007 Ponente: Puente Prieto, Agustín. Nº de Recurso: 126/2007 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Más detalles

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 23. El procedimiento abreviado (cont.).- Desarrollo del juicio oral.- La

Más detalles

CUESTIONES PRÁCTICAS DE DERECHO CONCURSAL (2)

CUESTIONES PRÁCTICAS DE DERECHO CONCURSAL (2) CUESTIONES PRÁCTICAS DE DERECHO CONCURSAL (2) Los procedimientos monitorios interpuestos contra el concursado con anterioridad a la declaración de concurso 1 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN El artículo

Más detalles

ACUERDOS APROBADOS. - La demanda y reconvención del juicio verbal en cuantía superior a 2.000

ACUERDOS APROBADOS. - La demanda y reconvención del juicio verbal en cuantía superior a 2.000 Junta de Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia de MURCIA para la unificación de criterios para la aplicación de la TASA JUDICIAL, celebrada en la Ciudad de Murcia el 18 de Febrero

Más detalles

TEMA 15 Tema 15. Los procesos y recursos extraordinarios: 15.1 Casación. 15.2. Control de legalidad. 16.3 Amparo Laboral.

TEMA 15 Tema 15. Los procesos y recursos extraordinarios: 15.1 Casación. 15.2. Control de legalidad. 16.3 Amparo Laboral. TEMA 15 Tema 15. Los procesos y recursos extraordinarios: 15.1 Casación. 15.2. Control de legalidad. 16.3 Amparo Laboral. Casacion.- La Casación es un medio de impugnación de las sentencias en aquellos

Más detalles

LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO LAS COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO UNA VEZ SE HA PRODUCIDO LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPAL FIJADO EN LA CEDULA DE EMPLAZAMIENTO Juan Carlos Sánchez Rubio Abogado SUMARIO: I Introducción; II Regulación

Más detalles

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO LEY 4/2011, DE 24 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO Y DE ESCASA CUANTÍA («BOE

Más detalles

STC 89/2008, de 21 de julio de 2008

STC 89/2008, de 21 de julio de 2008 STC 89/2008, de 21 de julio de 2008 La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez,

Más detalles

GUIA DE PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

GUIA DE PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN GUIA DE PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RECURSO ESPECIAL del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 1.- Competencia del Tribunal Administrativo

Más detalles

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación)

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) Casos Prácticos Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) www.ksolucion.es info@economistjurist.es 01 EL CASO 1.1. Supuesto

Más detalles

TRADUCTORES JURADOS EN JUSTICIA

TRADUCTORES JURADOS EN JUSTICIA TRADUCTORES JURADOS EN JUSTICIA INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN LOS JUICIOS. VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS TRADUCIDOS ANTE LOS TRIBUNALES. Artículo 440 Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español,

Más detalles

Litigación y Arbitraje

Litigación y Arbitraje Litigación y Arbitraje 5-2015 Agosto Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil Con fecha 31 de julio de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la

Más detalles

www.paraprofesionales.com Telf. 902 198 832 Fax: 901 020 362

www.paraprofesionales.com Telf. 902 198 832 Fax: 901 020 362 Página 1 de 8 PRIMERA PARTE LA RECLAMACIÓN DE CRÉDITOS IMPAGADOS A TRAVÉS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DINERARIA Normativa reguladora Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 517 a 523 y 538 a 698) A) DISPOSICIONES

Más detalles

Pablo Chico de la Cámara Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey Juan Carlos

Pablo Chico de la Cámara Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey Juan Carlos STC 166/2006, de 5 de junio: Compatibilidad del derecho a la tutela judicial efectiva con la imputación penal de un delito a través del expediente administrativo de las ganancias no justificadas de patrimonio

Más detalles

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL PROCESAL CIVIL OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREA PROCESAL CIVIL LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...

Más detalles

EFECTOS DE LA SENTENCIA: B.4) DICTADAS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL O LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

EFECTOS DE LA SENTENCIA: B.4) DICTADAS EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL O LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL EFECTOS DE LA SENTENCIA: En caso de error en la apreciación de la prueba o infracción de norma sustantiva, la Audiencia Provincial, anulará la Sentencia y dictará nuevo fallo, entrando a conocer sobre

Más detalles

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PREJUDICIALIDAD CIVIL

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PREJUDICIALIDAD CIVIL Marbella Ricardo Soriano 34 1º1 29601 Marbella Tel: (+34) 952 778 899 Fax: (+34) 952 766 966 www.lexland.es SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN POR PREJUDICIALIDAD CIVIL La frecuente interposición

Más detalles

AUTO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CINCO SEVILLA PROCEDIMIENTO: EJECUCION TITULO NO JUDICIAL

AUTO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CINCO SEVILLA PROCEDIMIENTO: EJECUCION TITULO NO JUDICIAL PROCEDIMIENTO: EJECUCION TITULO NO JUDICIAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CINCO SEVILLA AUTO En SEVILLA, a VEINTISÉIS de ENERO de DOS MIL QUINCE. Dada cuenta en el día de la fecha del estado en el

Más detalles

LOS RECURSOS PROCESALES

LOS RECURSOS PROCESALES LOS RECURSOS PROCESALES Se pueden definir como los medios que establece la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una resolución judicial, ya sea del mismo juez que la dictó o de

Más detalles

LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PREJUDICIALIDAD EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PREJUDICIALIDAD EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PREJUDICIALIDAD EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 1.- La prejudicialidad civil del artículo 43 de la LEC 2.- El carácter supletorio de la LEC en la LRJCA

Más detalles

CIRCULAR 1/2013. CRITERIOS ORIENTATIVOS DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 10/2012 de 20 de noviembre,

CIRCULAR 1/2013. CRITERIOS ORIENTATIVOS DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 10/2012 de 20 de noviembre, CIRCULAR 1/2013 CRITERIOS ORIENTATIVOS DE INTERPRETACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 10/2012 de 20 de noviembre, La entrada en vigor de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas

Más detalles

TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo

TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo SENTENCIA En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 2982/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2982 Id Cendoj: 28079110012015100374 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1478/2013 Nº de Resolución: 357/2015 Procedimiento:

Más detalles

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5 CARTAGENA AUTO: 00010/2012 AUDIENCIA PROVINCIAL

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5 CARTAGENA AUTO: 00010/2012 AUDIENCIA PROVINCIAL Roj: AAP MU 59/2012 Id Cendoj: 30016370052012200003 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Cartagena Sección: 5 Nº de Recurso: 1/2012 Nº de Resolución: 10/2012 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE MANUEL NICOLAS

Más detalles

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil ocho

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil ocho En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil ocho TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Recurso ordinario (Ley 1998) 460/2005 y acumulados

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079130072006100336 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 7 Nº de Recurso: 2671 / 2001 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: JUAN JOSE GONZALEZ

Más detalles

PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 1. INTRODUCCIÓN - Los derechos fundamentales gozan de máxima protección judicial (art. 53.2 CE) ante los tribunales ordinarios,

Más detalles

Texto: En la Villa de Madrid, a uno de octubre de dos mil cuatro.

Texto: En la Villa de Madrid, a uno de octubre de dos mil cuatro. RJ 2004\7128 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 1 octubre 2004 Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso de Casación núm. 2936/2001. Ponente: Excmo.

Más detalles

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 01-02-07, Recurso 1732/2000, Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 01-02-07, Recurso 1732/2000, Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 01-02-07, Recurso 1732/2000, Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil siete. Visto por la Sala

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 241/2015 C.A. Castilla-La Mancha 13/2015 Resolución nº 319/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 10 de abril de 2015. VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Roj: STS 2071/2010 Id Cendoj: 28079130032010100158 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 1857/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente:

Más detalles

AUDIENCIA NACIONAL SENTENCIA 15 de enero de 2015

AUDIENCIA NACIONAL SENTENCIA 15 de enero de 2015 AUDIENCIA NACIONAL SENTENCIA 15 de enero de 2015 Recurso n 43/2014 Madrid, a quince de enero de dos mil quince. Vistos los autos del Recurso de Apelación nº 43/14, que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo

Más detalles

A U T O NÚM. 68/06. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de septiembre de dos mil seis.

A U T O NÚM. 68/06. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de septiembre de dos mil seis. TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS ROLLO DE SALA Nº 331-C16/06 PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 949/05 JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1 A U T O NÚM. 68/06 Iltmos.: Presidente: Don

Más detalles

guía práctica del Procedimiento monitorio Guías DE PROCEDIMIENTOS PARA CIUDADANOS

guía práctica del Procedimiento monitorio Guías DE PROCEDIMIENTOS PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento monitorio Nº1 COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS PARA CIUDADANOS SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1ª Qué es el procedimiento o juicio monitorio? El

Más detalles

TEMA 9: LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA

TEMA 9: LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA TEMA 9: LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA Autora: Olivia Suárez Quintana. Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Funcionaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Más detalles

www.civil-mercantil.com

www.civil-mercantil.com RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de

Más detalles

NUM-CONSULTA V0129-04 ORGANO SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos FECHA-SALIDA 24/09/2004 NORMATIVA Ley 53/2002. Art.

NUM-CONSULTA V0129-04 ORGANO SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos FECHA-SALIDA 24/09/2004 NORMATIVA Ley 53/2002. Art. NUM-CONSULTA V0129-04 FECHA-SALIDA 24/09/2004 DESCRIPCION-HECHOS Ver cuestión planteada CUESTION-PLANTEADA Devengo de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo

Más detalles

Acceso Ley : BOE 21 noviembre 2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/boe-a-2012-14301.pdf

Acceso Ley : BOE 21 noviembre 2012 http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/boe-a-2012-14301.pdf Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Acceso Ley : BOE 21

Más detalles

Fco. Javier Lluch Corell. el proceso laboral. El proceso laboral ordinario y modalidades procesales. Régimen de recursos. La ejecución laboral

Fco. Javier Lluch Corell. el proceso laboral. El proceso laboral ordinario y modalidades procesales. Régimen de recursos. La ejecución laboral 27/1 Laboral Fco. Javier Lluch Corell el proceso laboral El proceso laboral ordinario y modalidades procesales. Régimen de recursos. La ejecución laboral I. EL PROCESO LABORAL ORDINARIO Y MODALIDADES PROCESALES

Más detalles

TÍTULO III. DE LOS PROCESOS MONITORIO Y CAMBIARIO. CAPÍTULO I. DEL PROCESO MONITORIO.

TÍTULO III. DE LOS PROCESOS MONITORIO Y CAMBIARIO. CAPÍTULO I. DEL PROCESO MONITORIO. TÍTULO III. DE LOS PROCESOS MONITORIO Y CAMBIARIO. CAPÍTULO I. DEL PROCESO MONITORIO. Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio. 1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro

Más detalles

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0001051 Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 565 /2011 0001

Número de Identificación Único: 28079 23 3 2011 0001051 Procedimiento: PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 565 /2011 0001 ADMINTSTRACION AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección : 006 MADRID PSS38 OFICIO DECLARANDO BASTANTE AVAL COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA ENTRADA RegOf: 5843 / RG 5843 03/07/2012

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079110012008100618 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 52/2002 Nº de Resolución: 713/2008 Procedimiento: Casación Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ

Más detalles

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CINCO DE OVIEDO AUTO

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CINCO DE OVIEDO AUTO JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CINCO DE OVIEDO P.E. 446/09 AUTO D. JOSE RAMÓN CHAVES GARCÍA, MAGISTRADO DEL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO CINCO DE OVIEDO. En Oviedo, a 13 de

Más detalles

www.civil-mercantil.com

www.civil-mercantil.com TRIBUNAL SUPREMO Sentencia 423/2015, de 1 de julio de 2015 Sala de lo Civil Rec. n.º 1793/2013 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Concurso de acreedores. Incidente concursal. Indemnizaciones por el despido y

Más detalles

(B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección de errores en el de 8 de junio).

(B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección de errores en el de 8 de junio). REAL DECRETO 429/1993, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección

Más detalles

BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA ACTUALIDAD LABORAL Sentencias Nº 57- ENERO 2013 SUMARIO DESPIDO TÁCITO EN EMPRESA EN CONCURSO -Pag 2.- Inactuable la figura del despido tácito

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO E DE DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 289/2012 Resolución nº 296/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. M. A. GG., en

Más detalles

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª).Sentencia núm. 109/2011 de 2 marzo RJ\2011\2616

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª).Sentencia núm. 109/2011 de 2 marzo RJ\2011\2616 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)Sentencia núm 109/2011 de 2 marzo RJ\2011\2616 NULIDAD DE ACTUACIONES: PROCEDENCIA: inadmisión en el acto de la audiencia previa, de los documentos acompañados

Más detalles

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL

TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 CAPÍTULO 4º. LOS RECURSOS. Lección 19. Recursos ordinarios no devolutivos: reforma

Más detalles

Juan Fernández Baños. Área de Derecho Procesal DJV Abogados. Septiembre, 2010.

Juan Fernández Baños. Área de Derecho Procesal DJV Abogados. Septiembre, 2010. Novedades introducidas por el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado. Juan Fernández

Más detalles

EL PROCESO ORDINARIO. Autor: Cristina Aragón Gómez

EL PROCESO ORDINARIO. Autor: Cristina Aragón Gómez Autor: Cristina Aragón Gómez 1. LA EVITACIÓN DEL PROCESO Según el art. 63 LPL, es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente

Más detalles

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE Q.P.T.C. Don, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don (se consignarán los datos y circunstancias de

Más detalles

Por Marc Remolà Navarro, abogado I. OBJETO DEL ARTICULO.

Por Marc Remolà Navarro, abogado I. OBJETO DEL ARTICULO. Cuestiones practicas de derecho procesal. proceso monitorio. aplicación o inaplicación del plazo de espera del art. 548 LEC para despachar ejecución derivada de proceso monitorio tras la ley 13/2009 Por

Más detalles

516--TC Sala Segunda S 27 Feb. 2006.-- Ponente: Conde Martín de Hijas, Vicente.

516--TC Sala Segunda S 27 Feb. 2006.-- Ponente: Conde Martín de Hijas, Vicente. Tribunal Constitucional VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA POR EL AUTO SOBRE TASACIÓN DE COSTAS QUE VARÍA SIN JUSTIFICACIÓN SU CRITERIO SOBRE LA CUANTÍA DEL PROCESO 516--TC Sala Segunda

Más detalles

A LA SALA PRIMERA (SECCION SEGUNDA) DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. los Tribunales (Col. núm. 1730), actuando bajo la dirección

A LA SALA PRIMERA (SECCION SEGUNDA) DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. los Tribunales (Col. núm. 1730), actuando bajo la dirección Recurso de amparo 5714-2011 Oposición A LA SALA PRIMERA (SECCION SEGUNDA) DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOÑA MYRIAM GONZALEZ FERNANDEZ, Procuradora de los Tribunales (Col. núm. 1730), actuando bajo la dirección

Más detalles

PUBLICAS SAN EMETERIO SA Apelado AYUNTAMIENTO DE CAMARGO LUIS ALBERTO GÓMEZ SALCEDA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE ISIDRO MATEO PEREZ

PUBLICAS SAN EMETERIO SA Apelado AYUNTAMIENTO DE CAMARGO LUIS ALBERTO GÓMEZ SALCEDA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE ISIDRO MATEO PEREZ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Avda Pedro San Martin S/N Santander Teléfono: 942 35 71 24 Fax.: 942 35 71 35 Modelo: TX901 Proc.: RECURSO DE APELACIÓN

Más detalles

EXCLUIDOS DE COBERTURA, CONTRATO DE SEGURO - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR -

EXCLUIDOS DE COBERTURA, CONTRATO DE SEGURO - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR - EDJ 2014/108868 Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, S 16-6-2014, nº 104/2014, rec. 92/2014 Pte: Ser López, Ana del Resumen Contrato de seguro de vida y de incapacidad. Reclamación de cantidad. Intereses.

Más detalles

El recurso de casación en la jurisdicción civil

El recurso de casación en la jurisdicción civil El recurso de casación en la jurisdicción civil Fernando María Alejandre Economist and Jurist, nº 176/2013 (diciembre-enero) A) INTRODUCCIÓN. La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de Enero (en adelante,

Más detalles

Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 12-9-2005, nº 217/2005, BOE 246/2005, de 14 de octubre de 2005, rec. 3192/2001 Pte: Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge

Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 12-9-2005, nº 217/2005, BOE 246/2005, de 14 de octubre de 2005, rec. 3192/2001 Pte: Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge EDJ 2005/144692 Tribunal Constitucional Sala 1ª, S 12-9-2005, nº 217/2005, BOE 246/2005, de 14 de octubre de 2005, rec. 3192/2001 Pte: Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge Resumen El TC estima vulnerado el derecho

Más detalles

S E N T E N C I A núm. NUEVE

S E N T E N C I A núm. NUEVE S E N T E N C I A núm. NUEVE EXCMO. SR. PRESIDENTE / D. Fernando Zubiri de Salinas / ILMOS. SRES. MAGISTRADOS / D. Luis Fernández Álvarez / D. Luis Ignacio Pastor Eixarch / Dª. Carmen Samanes Ara / D.

Más detalles

DICTAMEN Nº. 140/2008, de 9 de julio. *

DICTAMEN Nº. 140/2008, de 9 de julio. * DICTAMEN Nº. 140/2008, de 9 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, en representación de las entidades W, SL, Z, SL,

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 1619/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1619 Id Cendoj: 28079130052015100125 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 1389/2013 Nº de Resolución: Procedimiento:

Más detalles

JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA:

JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA: PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ORDINARIO.- DEMANDA DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- SE SOLICITA HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.- SE ACOMPAÑA DOCUMENTOS.- COSTAS. JUZGADO PRIMERO DE

Más detalles

En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil doce.

En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil doce. Roj: STS 5775/2012 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 5597/2011 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 13/09/2012 Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente:

Más detalles

Tribunal Supremo. TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 338/2014 de 13 junio

Tribunal Supremo. TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 338/2014 de 13 junio Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 338/2014 de 13 junio RJ\2014\3949 PRESCRIPCION DE ACCIONES PERSONALES: COMPUTO DEL PLAZO: fecha inicial: acción de reclamación de honorarios

Más detalles

CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA

CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA CUSTODIA COMPARTIDA: REGULACIÓN, EVOLUCIÓN Y REQUISITOS DE LA MEDIDA De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo, tal y como desarrollaremos, para que se adopte el régimen de guarda y custodia compartida,

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079130052006100935 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 3270/2003 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: PEDRO JOSE YAGÜE

Más detalles

CLÁUSULA INFORMATIVA:

CLÁUSULA INFORMATIVA: EL ARTÍCULO 11 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, TRAS

Más detalles

Justificación de las presentes conclusiones sobre CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Justificación de las presentes conclusiones sobre CÓMPUTO DE LOS PLAZOS Justificación de las presentes conclusiones sobre CÓMPUTO DE LOS PLAZOS Los presentes criterios no tratan de imponer una determinada doctrina, sino que responden a la necesidad evidente unificar la interpretación

Más detalles

tendrá que pagar las tasas marcadas por la Ley se pierda o gane el contencioso.

tendrá que pagar las tasas marcadas por la Ley se pierda o gane el contencioso. En el BOE del día 21 de noviembre de 2012 ha sido publicada la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional

Más detalles

A) El auto, orden general de despacho de la ejecución

A) El auto, orden general de despacho de la ejecución Las partes en el proceso de ejecución 45/12 A) El auto, orden general de despacho de la ejecución El examen debe referirse a la concurrencia de los presupuestos procesales en general (por ejemplo, la competencia)

Más detalles

2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera

2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera 119, de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE 11 octubre 2011) INTRODUCCIÓN: Ante la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada por Ley 36/2011,

Más detalles

LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION

LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION Javier López y García de la Serrana Abogado Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 104/2012 Resolución nº 126/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de junio de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. R.R.V. en nombre y

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 1225/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1225 Id Cendoj: 28079140012015100116 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 903/2014 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES "TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"

PREGUNTAS FRECUENTES TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES "TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA" ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID ÍNDICE 1. CUESTIONES GENERALES... 3 2. JURISDICCIÓN

Más detalles

MI PRIMER PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO TRAS LA LEY DE AGILIZACIÓN PROCESAL. ALICIA GARBAYO HERMOSO JAVIER PUCHOL GARÍ (Abogados)

MI PRIMER PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO TRAS LA LEY DE AGILIZACIÓN PROCESAL. ALICIA GARBAYO HERMOSO JAVIER PUCHOL GARÍ (Abogados) MI PRIMER PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO TRAS LA LEY DE AGILIZACIÓN PROCESAL ALICIA GARBAYO HERMOSO JAVIER PUCHOL GARÍ (Abogados) I.- INTRODUCCIÓN: Ley 37/2011, de 10 octubre, de Medidas de Agilización Procesal:

Más detalles

Colección de criterios unificados adoptados por la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia. Partido Judicial de Murcia.

Colección de criterios unificados adoptados por la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia. Partido Judicial de Murcia. 1 1. ACUMULACIÓN DE ACCIONES 2. ACUMULACIÓN VERBAL ORDINARIO Acumulación de acciones, en la misma demanda, por varios actores contra mismo demandado (caso de promociones de viviendas). Se entiende que

Más detalles