s U P r e m a C o r t e

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Guillermo Ortega González
hace 2 años
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1 ROQUEL, HECTOR ALBERTO CI SANTA CRUZ, PROVINCIA DE S.C., R.859, L.XLVIIL (ESTADO NACIONAL) si acción de (JUICIOS ORIGINARIOS) s U P r e m a C o r t e -1- Héctor Alberto Roquel, Rodrigo Sebastián López, José Alberto Lozano y Hugo Santiago Maher, en su carácter de ciudadanos electores de la Provincia de Santa Cruz, usuarios, consumidores y beneficiarios de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y provincial y en las leyes dictadas en su consecuencia, promueven acción de amparo en los términos del arto 43 de la Constitución Nacional y de la ley , ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad del decreto del PEN 1277/2012 y de su anexo, por el cual se aprueba la reglamentación de la ley (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), así como también de toda otra norma dictada en su consecuencia. Cuestionan el decreto en cuanto aducen que lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos de la provincia, puesto que priva a esta última de administrar sus propios recursos naturales tal como lo venía haciendo, y sus propios derechos, respecto del uso de la riqueza petrolera y su renta, cuya tutela constitucional ha sido consagrada en los arts. 42 y 43 de la Ley Fundamental, pues dicha potestad es ahora ejercida por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, lo cual conculca las leyes Y que establecen el Régimen Nacional de Hidrocarburos, la ley local 3117 de la materia, losarts. 17, 31, 99, inc. 2, 121, 123 Y 124, de la Constitución Nacional, y -1-

ciudadanos electores de la Provincia de Santa Cruz, usuarios, consumidores y beneficiarios de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y provincial y en las leyes dictadas en su

2 48, 52, 57 Y 73, de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo, solicitan que se dicte una medida cautelar de no innovar que suspenda la ejecución de dicho decreto, de toda otra norma dictada como consecuencia de aquél, así como también de todo acto que implique otorgar o adjudicar derechos de exploración y explotación de yacimientos o áreas hidrocarburíferas o bien la extensión o prórroga de dichos derechos de la provincia y modificar los contratos y acuerdos celebrados con los concesionarios de los recursos hidrocarburíferos de la Provincia de Santa Cruz, sin observar las disposiciones indicadas. A fs. 24/25, el juez admitió su competencia, rechazó la medida cautelar y ordenó la integración de la litis con la Provincia de Santa Cruz, en los términos del arto 90, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A fs. 36/40, la Provincia de Santa Cruz se presentó y opuso las excepciones de falta de legitimación activa e incompetencia. En cuanto a esta última, sostuvo que el proceso debía tramitar ante la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al ser parte la provincia en una causa federal, puesto que el pleito reside en la interpretación del arto 124 de la Constitución Nacional y, además, concurre el Estado Nacional. A fs. 54/87, el Estado Nacional también opuso las excepciones de falta de legitimación activa e incompetencia, con fundamento en similares argumentos. A fs. 93/94, el juez se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Corte Suprema. -2-

implique otorgar o adjudicar derechos de exploración y explotación de yacimientos o áreas hidrocarburíferas o bien la extensión o prórroga de dichos derechos de la provincia y modificar los contratos

3 ROQUEL, RECTOR ALBERTO CI SANTA CRUZ, PROVINCIA DE (ESTADO NACIONAL) si acción de S.C., R.859, L.XLVIIL (JUICIOS ORIGINARIOS) este Ministerio Público. A fs. 99, se corre vista, por la competencia, a -II- En principio, el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 Y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el arto 24, inc. 10, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el arto 43 de la Constitución Nacional y por la ley (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062; 322:1514 y 331:1243, entre otros). Sentado lo expuesto, entiendo que el asunto radica en determinar si en el sub examine se configuran dichos requisitos. A fin de que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria de la Corte prevista en el arto 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, es decir, que tenga en el litigio un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos: 312:1227 y 1457; 313:144; 314:508; 322:1511 y 2105, entre muchos otros). En el sub lite, se presenta dicha hipótesis, toda vez que el juez federal dispuso, a fs. 24/25, integrar la li tis con la Provincia de Santa Cruz, quien se presentó al -3-

verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 Y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el arto 24, inc.

4 pleito, a fs. 36/40, en los términos del arto 90, inc. 2, del CPCCN, y tal citación, a mi modo de ver, resulta procedente, puesto que la controversia le es común (cfr. Fallos: 310: 937; 313:1053; 320:3004; 322:1470). Así lo pienso, puesto que la provincia tiene un interés directo en la causa, según surge de la realidad jurídica materia de debate, en tanto está en juego la interpretación y aplicación del art. 124 de la Constitución Nacional, al ser impugnado el decreto del PEN 1277/2012 por afectar las facultades de administración de la provincia respecto de sus recursos naturales. En consecuencia, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el proceso enfrentadas, por un lado la Provincia de Santa Cruz que ha sido citada por el juez federal como tercero autónomo -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional- y por el otro el Estado Nacional que resulta ser el demandado en el proceso -quien tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el arto 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria (Fallos: 313:98 y 551; 317:746; 320:2567; 323:702 y 1110, entre otros). Además, considero que el juicio reviste manifiesto contenido federal, toda vez que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno federal y los de una provincia en materia de administración de recursos naturales, y ello hace que se encuentre entre las causas especialmente regidas por la -4-

Así lo pienso, puesto que la provincia tiene un interés directo en la causa, según surge de la realidad jurídica materia de debate, en tanto está en juego la interpretación y aplicación del art.

5 ROQUEL, HECTORALBERTO cl SANTA CRUZ, PROVINCIA DE (ESTADO NACIONAL) si acción de S.C., R.859, L.XLVIII. (JUICIOS ORIGINARIOS) Constitución Nacional, a las que alude el arto 2, inc. 1, de la ley 48, por lo que resulta competente la justicia nacional para entender en él. Ello es así, dado que el reclamo deducído tiene su origen en un acto. del Gobierno Nacional cuya validez se discute en autos por considerar que éste se ha arrogado facul tades locales en la medida que no se respeta el Régimen Nacional de Hidrocarburos establecido en las leyes y En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del. Tribunal. Buenos Aires, ~~ de junio de ES COPIA LAURA M. MONTI -5-

Ello es así, dado que el reclamo deducído tiene su origen en un acto.

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