El proceso de daños, según el art. 320, inc. k del Código Procesal Civil y Comercial tramita por las reglas del juicio sumario.

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1 Proceso de daños. Competencia. La demanda. (Nota1) Por Silvia Yolanda Tanzi (Nota2) Muchas gracias a las autoridades del Colegio, particularmente al Dr. De Lorenzo, por invitarme a participar en este curso. El tema que nos ocupa reviste importancia en el marco del Derecho de Daños, debido al elevado número de procesos que se promueven en la actualidad. FALCON define la demanda como un acto procesal de petición formal que tiene por objeto (efecto) iniciar un proceso. Como sostiene Juan Martín ALTERINI es el escrito que da vida al proceso y delimita la materia sobre la que el juzgador tiene que conocer. Son fundamentales los efectos de la interposición de la demanda; por un lado los efectos procesales que determinan la calidad de actor o demandado, ponen en marcha la instancia y fijan la competencia. Con relación a los efectos materiales tenemos presente que extingue el derecho de opción del actor (art. 641 del Código Civil), impide la extinción de ciertos derechos (arts. 258 y 1099 del Código Civil) e interrumpe el curso de la prescripción. Acerca de la importancia de esta última cuestión, la Sala I de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial en autos: B, A.H. c/ Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., del 21/6/2000, publicado en Diario La Ley del 19 de abril de 2001, pág. 13, sostuvo que debe otorgarse validez a la presentación de la demanda dentro de las dos primeras horas del día hábil siguiente art. 124, Código Procesal-, si es inhábil el día en que vence la posibilidad de interrumpir el plazo de prescripción mediante la interposición de aquella -art. 3986, Código Civil-, ya que no existe norma legal alguna que obligue al titular de un derecho a realizar dicho acto con anterioridad al plazo previsto por la ley de fondo. El efecto interruptivo de la prescripción reconocido a la demanda promovida en las dos primeras horas del día siguiente art. 124 del Código Procesal-, habiendo vencido el término en día inhábil, encuadra en el supuesto de imposibilidad de obrar art del Código Civil- que autoriza al juez a liberar al acreedor de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento. El proceso de daños, según el art. 320, inc. k del Código Procesal Civil y Comercial tramita por las reglas del juicio sumario. El escrito de demanda debe ajustarse a las reglas del art. 330 de la mencionada ley. Se distinguen por un lado, los requisitos formales: Por escrito, en idioma nacional, tinta negra (conf. art. 46 del Reglamento para la Justicia Nacional); sin perjuicio de la admisión de escritos en formularios impresos o fotocopiados mediante procedimientos que permitan su lectura (conf. Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11/10/67). Además, debe contener la expresión de su objeto (sumario), consignar el actor su domicilio constituído; firmada por él, o su mandatario y letrado patrocinante excepto que el representante sea el abogado. Si no contuviere estos requisitos se intimará por dos días (ministerio de la ley) para suplir la omisión y, si así no se cumpliere se devolverá sin más trámite (art. 57

2 del C.P.C.C.). Las firmas deben estar debidamente aclaradas al pie y, en el caso de los abogados o procuradores deben agregar tomo, folio, número de matrícula de inscripción y de afiliación a la Caja correspondiente. Conforme el art. 330 del C.P.C.C. los requisitos sustanciales son: a) Nombre y domicilio del actor (real y constituído dentro del perímetro de la ciudad, asiento del Juzgado). Si se tratase de una persona jurídica debe consignarse la denominación o razón social y determinarse sus representantes legales (inciso primero del mencionado artículo). Este requisito tiene vital importancia porque, tal como afirma GOZAINI, de no consignarse se cercena el derecho de defensa en juicio y la posibilidad de control hacia la asignación de la competencia. b) Nombre y domicilio del demandado (inciso segundo, art. 330 C.P.C.C.). Se impone la carga y está justificada por el hecho que es el sujeto pasivo de la pretensión y quien habrá de quedar vinculado jurídicamente por la sentencia que se dicte. Sin embargo, puede plantearse el caso de demandados inciertos (art. 343 del C.P.C.C.), pero la norma indicada exige que sea imposible su identificación. De lo contrario hay que procurar su determinación por los medios adecuados, incluyendo el pedido de diligencias preliminares (art. 323 del C.P.C.C.). Igual acontece con el tema del domicilio, más estos trámites no serán necesarios si el demandado se presenta espontáneamente al proceso a contestar la demanda. En cuanto a la fórmula y/o quien resulte responsable, DE SANTO observa que puede demandarse a varias personas si son todas responsables de la deuda reclamada, en cuyo caso se usa la conjunción y. Puede, asimismo, demandarse alternativamente a varias personas en los casos que la obligación sea inherente a determinada calidad y se ignore quien la posee, en tal supuesto se usa la conjunción o, pero debe explicarse en el escrito inicial el por qué. Sin duda que el esclarecimiento puede emerger de la actitud de los accionados. Se ha planteado el absurdo de alegar que era procedente la excepción de defecto legal pero en esta cuestión, coincido con la opinión de Juan Martín ALTERINI en el sentido que, si bien se incurre en un defecto idiomático, no procede tal excepción. En cuanto al tema de litisconsorcio, para su procedencia es fundamental la conexidad con la causa. Por un lado, el título que es el hecho constitutivo del derecho, la causa que es el hecho jurídico invocado como fundamento de la pretensión y el objeto que es el bien corporal o incorporal que se reclama (activo o pasivo). Y, si bien la pretensión puede ser diferente cualitativa o cuantitativamente, no lo debe ser en su fundamento causa u origen que es un mismo hecho. FENOCHIETTO-ARAZI sostienen que el actor es quien determina las personas que han de ser demandadas, excepto en el caso de litisconsorcio necesario en que el juez puede integrar la litis de oficio o a pedido de cualquiera de las partes (art. 89 del C.P.C.C.). El art. 330 del C.P.C.C. se refiere a la cosa demandada, designándola con toda exactitud, porque su falta autoriza la excepción de defecto legal. PALACIO afirma que el objeto debe ser idóneo, jurídicamente posible y hallarse expresamente precisado. Por tal razón el Código Procesal exige que la petición se formule en términos claros y positivos. De ese modo, el demandado puede preparar correctamente sus defensas cuando tenga que llevar a cabo la contestación de la demanda.

3 En el ámbito del proceso de daños es imprescindible especificar, con claridad, los daños resarcibles, sean daños a la persona o daños a un bien que forma parte del patrimonio de quien se ha considerado damnificado, por un incumplimiento contractual o por el acontecimiento de un hecho ilícito generador de perjuicios. Asimismo, es importante determinar los rubros de la cuenta indemnizatoria. En términos generales está compuesta por el capital, por los intereses y las costas tal como lo sostienen ALTERINI, AMEAL y LOPEZ CABANA, en su obra Derecho de Obligaciones. Y por imperio del principio de congruencia (arts. 34, inciso 4 y 163, inciso 6 del C.P.C.C.) el juzgador queda sujeto a los reclamos planteados en la demanda. El actor sujeta su petición a dichos rubros porque, de lo contrario importaría vulnerar derechos de raigambre constitucional como el derecho de defensa en juicio. Si se trata de daños a la persona, supuesto de lesiones padecidas sin que haya acaecido la muerte, corresponde establecer punto por punto. Así, la incapacidad sobreviniente física y psíquica, medicamentos, estudios realizados, asistencia, etc.. Y por supuesto el daño moral. Todos los rubros perfectamente detallados porque le va a permitir al juzgador, al tiempo de sentenciar y en función de la prueba aportada, expedirse sobre cada uno de éstos. En materia de reclamos es interesante tener presente lo expuesto por el Dr. Jorge A. GIARDULLI, vocal de la Sala L de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un caso sometido a su decisión en primer término. Se trató de la muerte de un niño pequeño (dos años) cuando se deslizó por el hueco de la escalera del edificio que habitaba, por severos defectos en la baranda. En el escrito de demanda, se solicitó, en concepto de lucro cesante, el equivalente a los sueldos que hubiera percibido su madre, bioquímica investigadora del CONICET si no se hubiera visto obligada a pedir licencia sin goce. A tal fin, demostró que se encontraba imposibilitada de realizar la tarea asignada porque la muerte de su hijo le impedía concentrarse, estar atenta y diligente como lo requiere la labor a su cargo. Por consiguiente, como el CONICET no le reconocía los salarios durante la licencia, se lo trasladaron al responsable del deber de indemnizar. Destaco la importancia de haber incluido el rubro en la demanda porque, en caso contrario, no hubiera sido objeto de la pretensión. Cuando se elabora la demanda se debe prestar especial atención ya que tienen que estar resguardados los reclamos en todos los aspectos, formales y sustanciales. En cuanto al objeto o la cosa demandada es necesario tener en cuenta que, si se reclaman sumas de dinero, debe precisarse, en principio, el monto reclamado excepto que al actor le fuere imposible hacerlo; en tal caso debe manifestarse en el escrito inicial, sea porque la estimación depende de otras circunstancias que no han sido fijadas definitivamente o porque se interpuso la demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción. El art. 330 del C.P.C.C. específicamente en un apartado dice que, en estos casos, no procede la excepción de defecto legal.

4 Con respecto al monto corresponde utilizar la consabida fórmula de lo que en más o en menos resulte de la prueba a aportarse. De ese modo, el juzgador queda libertado de establecer una suma fija e invariable. Cuando el juez fundamenta la sentencia lo hace en función de los elementos probatorios aportados al proceso y el derecho aplicable. Una vez acreditada la existencia del daño, tiene la facultad de establecer su cuantía, incluso aún por encima del monto estimado en la demanda sin que signifique fallar ultrapetita, porque el uso de tal fórmula le otorga la apertura necesaria. Puede darse el caso de que en la demanda no se haya fijado monto (ausencia). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 28 de mayo de 1987 en los autos: Bernardo Ciddio c/ Provincia de Buenos Aires (Fallos 310:1004) afirmó que debe hacerse lugar a la excepción de defecto legal y suspender el término de contestación de la demanda si la demandada puede ver razonablemente afectado su derecho de defensa porque la ausencia total de monto obstaculiza la elección de alternativas para su responde y para el ofrecimiento de prueba. Simplemente quedaría sujeta a intentar una mera observación de las que pueda producir la contraparte. La Sala C de la Cámara Civil, sentencia publicada en La Ley 1990-A-246, autos denominados Ripoli c/ Grinbank sostuvo que, en todos aquellos casos en que se persigue la reparación de daños y perjuicios cuya determinación depende de circunstancias de hecho, se admite con mayor posibilidad que no sean inicialmente determinables y cuando ello se presume imposible el actor está excusado de especificar el monto en la demanda. Esa misma Sala, en autos Isgut c/ Gorensten (La Ley B-62), con respecto al daño moral afirmó que el reclamo por ese rubro se halla sujeto a la apreciación del magistrado en lo referente a su cuantía, no es imprescindible, en principio, que sea estimado en la demanda. Por otra parte también, corresponde incluir el reclamo por intereses, porque si no fueron peticionados, el magistrado no puede incluirlos oficiosamente y sobre quien reclama recae la carga procesal de pedirlos. En la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil rige la doctrina legal que emana del plenario del 2 de agosto de 1993, Vázquez Claudia c/ Bilbao Walter s/ daños y perjuicios, que establece la aplicación de la tasa pasiva promedia que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina. En cuanto a los hechos, independientemente de las pautas que brinda el Código Procesal acerca de que tienen que contener una exposición clara sin que medie ausencia para no dar lugar a la excepción de defecto legal, tiene que caracterizarse fundamentalmente por la acción ejercitada y no por la calificación que las partes le hayan otorgado. Es importante establecer cuáles han sido las circunstancias fácticas, cuál ha sido el hecho con precisión que ha dado origen al reclamo. También debe tenerse presente que invocar hechos nuevos no puede ni debe ser de ninguna manera la inserción de una nueva pretensión, ni alterar objetivamente la pretensión ya interpuesta, sino que debe constituir el aporte de circunstancias fácticas tendientes a completar la causa de la pretensión. La demanda puede ser ampliada, en principio, antes de la notificación y si en este tiempo se operase una presentación espontánea del demandado, no cercenará la facultad que tiene el actor de ampliarla, facultad que le otorga el art. 331 del Código Procesal.

5 De lo contrario se afectaría injustificadamente el derecho de defensa del actor que, quizás debió interponer la demanda al sólo efecto de interrumpir la prescripción, con la reserva de ampliarla. En tal sentido se pronunció la Sala C de la Cámara Nacional Civil, autos: Miranda c/ Lobato, del 27 de junio de Y la Sala B de esa misma Cámara, Carabajal c/ Curtiembre del 6 de marzo de 1997, estableció que la imposibilidad de alterar los términos de la demanda después de su notificación tiene por finalidad impedir que el demandado no pueda responder a la totalidad de las pretensiones y oponer obviamente las defensas correspondientes. En toda demanda de daños, el profesional no puede olvidar de exponer los cuatro presupuestos básicos de la responsabilidad civil, a saber: a) Antijuridicidad: la que se halla planteada en los términos del art en el ámbito contractual del Código Civil, del que se desprende que los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como si fuera la ley misma. O si se trata de la antijuridicidad en el campo extracontractual a través del art.1066 donde no habrá acto ilícito punible a los efectos del Código si no hubiera una ley, un reglamento, una ordenanza, y el 1067 donde además agrega el elemento daño (ALTERINI, AMEAL, LÓPEZ CABANA). El Proyecto de Código Civil de 1998, actualmente en estado de trámite parlamentario, trata la antijuridicidad con mayor profundidad y precisión. b) En segundo término los factores de atribución subjetivos (culpa y dolo) u objetivos (riesgo, la garantía legal, la equidad). El art. 512 del Código Civil define a la culpa como la omisión de las diligencias debidas y que hicieren a las circunstancias de tiempo, de persona y de lugar. El Proyecto de Código Civil de 1998 mejora y afina esta definición porque habla de la diligencia (en singular) y aunque parezca un problema simplemente idiomático no es así ya que, cuando se habla de diligencias, se asocia el término a tramitaciones, en tanto que su singular alude a cuidado, actividad. Al elaborar el escrito de demanda por daños el profesional tiene que acentuar lo pertinente con respecto a la conducta obrada y la conducta debida. No debemos olvidar que el juzgador tiene que llevar a cabo un criterio de apreciación con relación a la conducta que el sujeto debió llevar a cabo y la conducta que efectivamente obró. En los casos que corresponda deben invocarse los factores de atribución objetivos; garantía legal, referida a la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente (art. 1113, primera parte del C.Civ.); riesgo creado si se trata de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil); equidad. Si el daño es causado por el riesgo o vicio de la cosa se debe demostrar el daño y la relación causal debiendo el demandado acreditar la ruptura del nexo a través de las eximentes de responsabilidad. En los supuestos de daños causados con las cosas (art. 1113, segunda parte, primer párrafo del Código Civil) se presume la culpabilidad porque al presunto responsable le basta demostrar que de su parte no ha habido culpa.

6 c) El tercer presupuesto, el daño, corresponde precisarlo en todos y cada uno de los rubros que se consideren indemnizables y siempre que estén dentro del marco de los requisitos del daño resarcible. Básicamente debe ser un daño significativo, que no haya sido reparado por el responsable (subsistente); cierto (actual o futuro); propio, que afecte un interés y que tenga una entidad jurídica suficiente para ser objeto de una pretensión. Asimismo, dentro del contexto de la demanda se debe acentuar la relación causal, el nexo de causalidad, teniendo en cuenta que en el ámbito del proceso de daños rige la causalidad adecuada, la que conforme el 901 del Código Civil acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Y es esa causalidad adecuada la que se debe tener en cuenta al elaborar la demanda y en el período probatorio. Asimismo, no hay que olvidar la extensión del resarcimiento referida a las consecuencias por las que se debe responder en cada una de las órbitas de la responsabilidad civil, sin perjuicio de recordar que la doctrina mayoritaria insiste en la necesidad de establecer la unidad y suprimir las diferencias existentes en materia contractual y extracontractual. El Proyecto de Código Civil de 1998 pone punto final a tal situación por la que se clama desde hace ya un prolongado tiempo. En el escrito de demanda se destaca el papel que se le asigna al derecho aplicable porque si bien el juzgador puede aplicar el principio iura novit curia, el profesional tiene el deber de establecer el marco legal, con la debida apoyatura jurisprudencial y doctrinaria que, en el ámbito del proceso de daños es importante por la calidad y nivel de quienes aportan sus conocimientos. d) Y por último la petición: en términos claros y concretos, sin ambigüedades. En cuanto a la competencia, corresponde recordar la definición de ARAZI como la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en determinadas causas según su materia, grado, valor o territorio. Los magistrados se pronuncian en las siguientes oportunidades: i) al recibir la demanda y no se excluye la inhibición de oficio sin necesidad de solicitarle explicaciones al actor (art. 337, párrafo segundo, y art. 4, párrafo primero, del C.P.C.C.) ii) al resolver obviamente la excepción de incompetencia que puede plantear la otra parte (art. 347, inc.1, del C.P.C.C.) iii) o al decidir la inhibitoria (art. 10 del C.P.C.C). La competencia en principio, sostiene FENOCHIETTO, se determina por la naturaleza del caso que el actor propone a decisión judicial y no por el contenido de las defensas que contra ella se pueden esgrimir. En cuanto a la competencia por el territorio es el juez del lugar que las partes han elegido para el cumplimiento de sus obligaciones o que resulte implícitamente del contrato, conforme MORELLO.

7 Se pueden consignar las siguientes reglas que pueden ser de utilidad como guía: 1) el lugar de cumplimiento de la obligación; 2) el domicilio del demandado; 3) si fuesen varios los demandados y las obligaciones solidarias o el objeto de la prestación indivisible, o tuvieren la misma causa o fueses conexas, el de cualquiera de los demandados a elección del actor salvo que se trate de responsabilidad por hechos ilícitos, en cuya hipótesis se podrá radicar alternativamente, por el actor ante: a) juez del lugar del hecho; b)domicilio del demandado o de la aseguradora; 4) Si no se conociese el domicilio del demandado, el de su última residencia o en su defecto el del lugar donde este se encuentre. Con respecto a los hechos ilícitos se entiende por lugar del hecho aquel donde se produjo el acontecimiento que originó el daño o el reclamo por daños. En cuanto a la competencia por las personas y desde la óptica del actor, se tiene en cuenta que si el demandado es el Estado Nacional o Provincial no cabe duda que la competencia originaria es de la Corte Suprema, pero no si la accionada es un banco provincial, una municipalidad, una entidad descentralizada e inclusive al referirse a las Cámaras de Diputados de cada provincia. El Fuero Federal se relaciona con el concepto de diferente vecindad lo que originó un trato minucioso para establecer tal carácter. En ese sentido se afirma que es vecino de una provincia quien reside de manera continua por dos años o porque esa persona tiene propiedades o algún establecimiento o porque se haya en ese lugar con el ánimo de permanecer. La cuestión litigiosa se plantea entre ciudadanos argentinos, conforme art. 2, inciso 2º, de la ley 48 y art. 111, inciso 2º, de la ley Ahora qué pasa si se trata de un ciudadano argentino y un extranjero? Con respecto a los extranjeros se exige que su calidad esté perfectamente acreditada. El art. 2 de la ley 48 estableció una especie de privilegio del fuero por nacionalidad aunque la Corte Suprema entendió que no hay actualmente un fundamento razonable toda vez que no es susceptible de comprometerse la responsabilidad internacional de la Nación por los actos de sus jueces locales porque, en definitiva, le compete a la Corte el control de las garantías constitucionales. En el marco de los demandados se tiene por competente al Fuero Federal en el caso de reparticiones autárquicas del Estado pero se exceptúan los accidentes de tránsito y los derivados de cuasidelitos conforme el decreto ley 1285/58. El plenario de la ex Cámara Nacional de Paz de 1969 se refería a reparticiones autárquicas del Estado, excepto los accidentes de tránsito. En 1982, la Corte Suprema, en la causa Galván c/ Torrella (6/4/82), declaró la competencia del Fuero Federal en todos los procesos por indemnización derivados de un accidente de tránsito si una de las partes es un ente estatal. Y en los autos: De Gandia c/ Provincia de Buenos Aires, atribuyó el carácter civil de un proceso de daños derivados de la presunta falta de servicio de un órgano del Poder Judicial de la

8 Provincia de Buenos Aires por entender que la acción se apoya en normas del derecho común y se persigue la indemnización. Asimismo, en los autos Chuburu c/ Dirección Nacional de Vialidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente (originariamente) porque se trataba del resarcimiento de daños ocasionados con motivo de un accidente por existencia de baches en la calzada y no consideró como parte sustancial en la litis a la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, la Justicia Federal se ha declarado competente en algunos casos de demandas entabladas contra obras sociales de personal del Estado o por ejemplo casos de mala praxis seguidos contra hospitales como el Naval o Churruca. Si se trata de obras sociales que no reúnen las características anteriores es competente el Fuero Civil. En tanto, si el demandado es el Estado Nacional y el objeto de la demanda de daños gira en torno específicamente de la responsabilidad del Estado le corresponde al mencionado Fuero Federal. Por otro lado, en algunos casos puntuales, se han pronunciado por la competencia del Fuero Civil: situaciones en las que una persona sufre daños como consecuencia de una explosión de gas en su negocio o en la vía pública por entender que no hay relación usuario-prestador (en el caso de la vía pública), o que dicha relación es independiente de su servicio público de índole contractual, siendo su naturaleza extracontractual. Corresponde recordar que se declaró la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal en aquellas cuestiones que versen sobre prestaciones del servicio telefónico, sin distinguir entre licenciatarios y usuarios. La ley establece la competencia del Fuero Comercial cuando una de las partes fuere comerciante matriculado o empresa mercantil siempre que no se trate de responsabilidad profesional. En el supuesto de los denominados regímenes especiales se ha determinado la competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal. Se trata entre otros, de conscriptos accidentados por actos de servicio, personal de las fuerzas armadas y de seguridad en y por actos de servicio, cadetes de las Escuelas o Liceos Navales y Militares. En cuanto a la competencia en el Mercosur se ha señalado el criterio de mayor protección a la víctima. En el caso Sastre c/ Bibiloni, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la competencia en atención al domicilio del demandado situado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a pesar que el accidente se produjo en Punta del Este, Uruguay (Fallos 274:455). El Protocolo de San Luis se refiere en su art. 1 a los casos de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito ocurridos en territorio de un Estado parte, en los que participen o resulten afectadas personas domiciliadas en otro Estado parte con la aplicación del derecho interno del país en el que se originó el accidente.

9 Por último, se debe tener presente la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. El Código respectivo ha fijado la competencia de orden público y en su artículo 1 establece cuándo son consideradas autoridades administrativas y refiere a la administración pública (centralizada, desconcentrada, descentralizada), órganos legislativos y judicial en ejercicio de la función administrativa, entes públicos no estatales o privados en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos Camarotta, Estela y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios del 8 de febrero de 2001, donde se establece lo siguiente: la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal con respecto a la demanda en que se persigue la indemnización por los daños causados por el accidente ocurrido a un menor durante la clase de gimnasia practicada en dependencia de la accionada. Ello es así por cuanto el procedimiento remite a aplicar normas del Código Procesal Civil y el derecho de fondo aplicable es prima facie, la normativa relativa al régimen de responsabilidad legislada en nuestro Código Civil, sin que modifique la suerte de la pretensión el hecho de que uno de los codemandados sea una entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que esa calidad no ha de influir en el caso, en los derechos, deberes e imputaciones de responsabilidad de las partes en litigio, porque el elemento determinante de la competencia Contencioso Administrativo no es el sujeto interviniente sino la materia debatida (del dictamen del fiscal ante la Cámara). La atribución de competencia de los Tribunales de la Ciudad realizada por la normativa aplicable no es ratione persona sino ratione materia. Así planteada la cuestión, estimamos que continuarán suscitándose diferencias en lo relativo a la competencia entre el Fuero Civil y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. NOTA: (1) Versión corregida por la autora de su exposición en el Curso Proceso de Daños, que se desarrolló el 19 de abril de 2001 en el Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. (2) Abogada. Profesora adjunta de Obligaciones Civiles y Comerciales en las Universidades de Buenos Aires, del Museo Social Argentino y de Belgrano. Profesora de Derecho Civil I de la Universidad Católica Argentina y de Derecho Comunitario de la Universidad de Palermo. Profesora de cursos de especialización en derecho de daños de las Universidades de Belgrano y Nacional de Lomas de Zamora. Secretaria del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.(

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