CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL, MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO

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1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL, MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO JUICIO PENAL No.: RESOLUCION No.: PROCESADO: NAGUA TENE LUIS ANGEL OFENDIDO: SANCHEZ COLAMBO JUAN EDUARDO INFRACCION: TRANSITO Y MUERTE RECURSO: CASACION

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3 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 9~4sti~ ~t~j!_~ JUEZA PONENTE: DRA. MARIANA YUMBAY VALLICO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POUCIAL V TRANSITO. Quito, 22 de enero del Las 10h00.- VISTOS: Causa No ANTECEDENTES.- El señor Luis Ángel Nagua Tene, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el martes 11 de septiembre del 2012, a las 12H26, mediante la cual resuelve Desestimar los recursos de apelación interpuestos tanto por el acusado Luis Ángel Nagua Tene como por el acusador particular Juan Eduardo Sánchez Colambo; consecuentemente, se confirma en todas sus partes la sentencia venida en grado..., es decir la sentencia dictada por el Juez Quinto de Tránsito de Pichincha, en el cual se declara la culpabilidad del señor LUIS ANGEL NAGUA TENE,...como autor y responsable del delito de tránsito tipificado en el Art. 127, literal c) y fi de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con lo establecido en los Arts. 212, 270, 271, 273 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, literal d); Art. 29 del Código Penal, numerales 6 y 7 debiendo responder por ello, en tal virtud se le impone la pena de tres años de prisión, la misma que reducida en un tercio conforme lo dispone el inciso segundo del Art. 124 de la Ley Orgánica reformada de Transporte Terrestre.- Una vez que se ha cumplido con el trámite establecido en los arts. 345 y 352 del Código de Procedimiento Penal, norma supletoria en materia de tránsito estando la causa en estado de resolver, se hace las siguientes consideraciones: 2.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, tiene competencia para conocer los recursos de casación en materia de tránsito según los arts de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial. 3.- VALIDEZ PROCESAL.- Examinado el procedimiento de la presente acción, no se advierte que se haya incurrido en vicios u omisiones de solemnidad sustancial alguna, que 1

4 podrían acarrear la nulidad; por lo que este Tribunal de la Sala Especializada, declara la validez de esta causa. 4.- FUNDAMENTACIóN DEL RECURSO FUNDAMENTACION DEL RECURRENTE ACUSADOR PARTICULAR.- El abogado defensor del acusador particular señor Juan Sánchez Colambo fundamenta su recurso, señalando que el Juez Quinto de Tránsito de Pichincha dentro de su resolución no aplico la norma del Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el cual determina que si una persona es encontrada culpable tiene que ser aplicada la sanción máxima que es cinco años y una multa de 20 remuneraciones y la suspensión de la licencia de conducir, adicionalmente no aplica el art. 121 de la antes citada Ley, en la cual se determinan las agravantes a la pena, ya que en todo momento demostramos que el causante del accidente se dio a la fuga y cuando le cruzo otro vehículo es que no logro darse a la fuga, por lo que, no se estableció atenuantes sino agravantes. Contestación: Señala que el peatón al momento en que se encuentra cruzando la vía tiene preferencia, es responsabilidad del conductor tomar las precauciones necesarias para evitar el accidente, dentro de los peritajes que se realizaron tanto por la Fiscalía como por la Policía, se manifestó que el conductor no dio preferencia al paso preferencial que tenía la víctima, por lo que no se puede establecer que es un caso fortuito y en ningún momento ha probado caso fortuito, por lo que ha habido falsa aplicación del Art. 127 en virtud de que existen agravantes como la del Art. 121 de la Ley Orgánica en el cual manifiesta que si una persona abandona a la víctima o se da a la fuga son agravantes para establecer el máximo de la pena CONTESTACION Y FUNDAMENTACION DEL RECURSO POR PARTE DEL SENTENCIADO.- Por intermedio de su defensor Dr. Luis Cañarte Matute, señala que lo manifestado por el acusador particular no es cierto y que su defendido si presto auxilio y que no se dio a la fuga sino que espero hasta que llegue la Policía, tanto es así que la Corte Provincial de Justicia confirmó el fallo subido en grado. Fundamenta su recurso expresando, que si bien se acusa a su defendido de haber infringido el Art. 127 literales c y f de la Ley que refiere a la imprudencia e inobservancia a la ley, considera que esta aplicación es errónea, seguidamente hace el relato de los hechos del accidente, señalando que al observarse claramente que un vehículo de color negro le rebasa que es un solo carril, que al rebasar está invadiendo vía contraria justamente por donde circulaba el señor Luis Nagua, ahí viene la situación de que el señor Luis Nagua tenía el objetivo de cuidado 2

5 r en la conducción de su vehículo, que es lo que hace él con la vista al frente, lo único que realiza es una maniobra evasiva por que se iba a impactar frontalmente, no se puede exigir que el señor Nagua arriesgue su integridad física para salvaguardar la vida de otra persona, lógicamente que con el debido cuidado él realiza una maniobra evasiva para evitar un accidente, esto complementa que no tiene visibilidad suficiente para observar que una peatona pretendía cruzar la vía de alto flujo vehicular, agrega que la señorita Anabelle Sánchez no extrema las precauciones del caso como manda el Art. 199 de la Ley de Tránsito que dice que es prohibido el cruce por delante o por atrás de un vehículo, ella cruza por delante de un vehículo que va disminuyendo la velocidad, no tiene visibilidad para conductor y conductor para la peatona, en este hecho no se puede hablar de imprudencia de inobservancia a la ley, porque no está probado dentro del proceso y en la sentencia no se menciona de que haya existido exceso de velocidad, más bien, mi defendido haciendo una observancia al Art. 192 del Reglamento de circulación de vehículos circulaba a una velocidad permitida, considera que el accidente se debió a un caso fortuito determinado en el Art. 110 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que ha habido una mala interpretación de los Arts. 157 y 169 Ibídem y el Art. 267 del Código de Procedimiento Penal, además que se ha violado el Art 83 del indicado cuerpo legal CONTESTACION DE LA FISCALIA.- En representación de la Fiscalía General del Estado interviene el Dr. José García Falconí, quien en lo principal dice: La sentencia del Juez Quinto de Tránsito de Pichincha con fecha 13 de junio del 2012, señala que existe certeza de la existencia del delito tipificado y sancionado en el Art. 127 literales c y f de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la culpabilidad del señor Luis Nagua Tene como responsable de dicho ilícito, por lo que le impone la pena de tres años de prisión, la multa correspondiente, los daños y perjuicios equivalentes a dólares y por existir atenuantes le baja la pena a dos años de prisión, de la sentencia se interpone recurso de apelación y la primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha con fecha 11 de septiembre del 2012 dicta sentencia confirmando la anterior ósea que existe el doble conforme obligatorio como exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo del recurso de casación es establecer si los jueces cometieron algún error de derecho y la misión del casacionista es señalar de manera expresa que ley se violo y el articulo que se violo sus numerales, literales y como influyo esa violación en la sentencia lo cual no lo ha hecho ni el recurrente acusador particular ni el recurrente acusado, el acusado ha manifestado que es un caso fortuito o de fuerza mayor del Art. 110 de la Ley de Tránsito, al respecto dice que en ningún caso hubo caso fortuito o de fuerza mayor en el accidente de tránsito que 3

6 ocasiono la muerte de una persona, se manifiesta que se ha impuesto una indemnización de dólares inaplicando una ley, el Art. 78 de la Constitución de la República dice que en toda clase de sentencia se debe disponer la reparación integral, es decir pagar los daños materiales e inmateriales ocasionados por un delito, y este es un delito de tránsito culposo, que implica el pago de daños y prejuicios, que tiene dos rubros daño emergente y el lucro cesante, el daño inmaterial el daño moral que tiene también dos rubros el daño moral objeto y el daño moral subjetivo, de tal manera que no considera la Fiscalía General del Estado que se ha infringido esta norma al fijar la cantidad de dólares como señalaba el abogado de la parte recurrente acusado, no serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba, disposición legal a partir del 2009, que se tiene que aplicar porque no es una tercera instancia no tiene la facultad de valorar las pruebas, esa es facultad del juez de primer nivel y del juez de segundo nivel, vía casación solo tiene que revisar si hay errores de derecho en la sentencia en este caso la impugnada, y en el presente caso no se ha justificado el recurso de casación y solicita se deseche los mismos. 5.- NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL- - La Constitución de la República del Ecuador en su art. 76, numeral 7, literal m) reconoce el derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas a Recurrir e/fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.2.h dice: Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior ; así mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su art prevé que Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Siendo estos instrumentos internacionales vinculantes para nuestro Estado, por así disponer la Carta fundamental de nuestro país en su art Conforme el literal 1) del numeral 7 del art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones dictadas por los poderes públicos deben ser motivados. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho constantes en el proceso; así mismo la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegara una conclusión.. El deber de motivar los resoluciones es una garantía vinculado con lo correcto administración de justicio, que protege el derecho de los ciudadanos o ser juzgados por los rozones que el Derecho suministro, y otorgo credibilidad de los decisiones jurídicos en el 4

7 marca de una sociedad democrática 1, por lo tanto, es obligación ineludible de este tribunal motivar, a fin de garantizar y brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos y ciudadanas. - El recurso de casación es un recurso especial y extraordinario, cuya finalidad es el control de la legalidad de las sentencias y garantizar la vigencia del derecho; permite la manifestación de inconformidades por parte de los sujetos procesales con el objetivo fundamental de lograr la corrección de la sentencia y enmendar las posibles violaciones a la ley, consiguientemente se cumplan con las normas del debido proceso que conlleven a una decisión justa y apegada a las normas constitucionales y legales. - El art. 349 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de casación procede cuando en la sentencia se hubiera violado la ley a) Por contravención expresa de su texto; b) Por indebida aplicación de la ley; y c) Por errónea interpretación de la misma; de forma que se puede impugnar en estos casos excepcionales; es así que Waldo Ortúzar Latapiat dice: El recurso de casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un misma y sola tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia.. 2 busca precisamente rectificar puramente los errores de derecho que puedan existir en la sentencia, porque en este momento se enfrenta la sentencia a la normatividad legal vigente. 6.- ANAIJSIS EN CONCRETO Y CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.- - El acusador particular al fundamentar su recurso argumenta que el Juez Quinto de Tránsito de Pichincha no aplico la norma que establece el Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como no ha aplicado el Art. 121 de la ley ibídem, ya que no existe atenuantes sino agravantes. - El sentenciado fundamenta su recurso arguyendo que este hecho se trata de un caso fortuito por lo que se ajusta a lo que dispone el Art. 110 de la Ley de Tránsito, sostiene que existe una errónea aplicación del Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que su defendido si le ha prestado auxilio a la víctima, también señala que a habido una mala interpretación de la ley al mandarle a pagar la indemnización ya que aquello debe ser probado y al no haberse probado se está violando el Art. 83 del Código de Procedimiento Penal. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apit Barbera y otros ( Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ) vs. Venezuela, párrafo 77. RODRÍGUEZ CH, Orlando, Casación y Revisión Penal, Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia Pág

8 Si bien es cierto, el acusador particular cuestiona que en la sentencia dictada por el juez Quinto de Tránsito de Pichincha, no se ha aplicado el Articulo 127~ de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, misma que señala que la sanción es de tres a cinco años de prisión y las demás penas, por lo que el juez debe ajustarse a dicha disposición, por lo tanto tiene la potestad de imponerle tres años o cinco años considerando las circunstancias particulares, por lo que el cuestionamiento realizado no procede, además, es de recordar que la casación procede de la sentencia de la Corte Provincial y no de la del juez de primer nivel y el recurrente cuestiona esta última, debiendo cuestionar la sentencia de instancia, hecho que no lo hace, siendo conocido que en materia penal la casación procede únicamente de las sentencias que pongan fin a los procesos. Argumenta que no se ha aplicado el Art. 121 de la Ley Ibídem, por cuanto el acusado tiene agravantes más no atenuantes en virtud de que se dio a la fuga, al respecto se establece que los jueces de segunda instancia en la sentencia dictada por ellos, en el punto detallan los diversos certificados sobre la honorabilidad y los antecedentes del procesado, mismos que han sido considerados, consecuentemente aplican lo previsto en el Art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y específicamente lo previsto en el inciso sexto que dice: Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29~ del Código PenaL, por lo tanto, este Tribunal no encuentra que los jueces de segunda instancia hayan inaplicado las disposiciones legales señaladas por el acusador particular. En cuanto se refiere a la fundamentación del sentenciado, cuando señala que en forma errónea se le ha sentenciado aplicando el Art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al respecto revisada la sentencia objeto del recurso de casación se encuentra lo siguiente: Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Negligencia; b) Impericia; c) Imprudencia; d) Exceso de velocidad; e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; O Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legitimas de las autoridades o agentes de tránsito. Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad fisica e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en los casos siguientes:2o.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 3o.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las consecuencias pemiciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo; 4o.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; So. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento; 6o.- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción; 7o.- Conducta anterior de! delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso; So.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que cometió el acto punible por ignorancia; 9o.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; t0o.- La confesión espontánea, cuando es verdadera; 6

9 1~ Los jueces ad quem en forma minuciosa en los considerandos quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia hacen el análisis lógico y profundo de cada una de las pruebas que han sido practicadas en la audiencia de juzgamiento, de conformidad con lo que dispone el art. 79 del Código de Procedimiento Penal, que dice: Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales de garantías penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes... Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio mismas que han permitido establecer con certeza la materialidad de la infracción, principalmente con el testimonio de la Dra. Sandra Gardenia Andrade Granja, perito médico, quien señala que la causa de la muerte de quien en vida fue Sánchez Chiriboga María Anabelle, fue hemorragia cerebral, fracturo de cráneo, trauma cráneo encefálico, hecho que ha sido corroborado con los testimonios de diversas personas. Se verifica que se ha atentado al principio de lesividad, el mismo que ~..exige que en todo delito haya un bien jurídico lesionada y el bien jurídico tutelado y lesionado es el derecho a la vida, protegido no solo en la Carta Magna sino en diversos instrumentos internacionales por ser un derecho principal porque de este nacen los demás derechos, sin dejar de considerar que los delitos de tránsito son culposos tal como lo establece el art. 106 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de forma que no existe la consciencia y voluntad de ocasionar un daño sino que son consecuencias de las...acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de la leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 6; que a decir de Cristian Cúneo Libarona, en su obra Delito Culposo en los Accidente de Tránsito, es: Una circunstancia que debemos tener muy en cuenta al momento de valorar si el conductor infringió el deber de cuidado son los conocimientos especiales con que contaba el agente al momento del hecho. Es decir, las conocimientos especiales que posea el conductor serón valorados en el casa en concreto para determinar si actuó conforme al debida cuidado... Si el conductor, por carecer de conocimientos especiales, no tuvo la posibilidad de emplear un cuidado extraordinario, su conducta no será penalmente reprochable. Por el contrario, si el agente, contando con condiciones especiales, omitió utilizarlas, será culpable del resultado producido ; acerbo probatorio debidamente analizado en su momento por los juzgadores de instancia de acuerdo a las reglas de la sana ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 5t.OKAR, Alejandro; ALAGIA, Alejandro, Manual de Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, Ediar, 2008, Pág CÚNEo LIBARONA Cristián, Delito Culposo en los accidentes de tránsito. Ver. Att. 106, de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. REVISTA CHILENA DE DERECHO, (bel González Castillo) Santiago, abril

10 critica; y que según Hugo Alsina: Las reglas de la sana crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio, por lo tanto los jueces no son libres de razonar a voluntad, en forma discrecional o arbitrariamente, sino bajo las consideraciones antes señaladas, lo que ha permitido a los juzgadores de instancia establecerla existencia de la infracción y su responsabilidad, mismas que sirvieron de sustento para resolver y ratificar la pena impuesta al señor LUIS ANGEL NAGUA TENE, por lajueza a-quo prevista en el art. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por la muerte de Sánchez Chiriboga María Anabelle, ocasionada al encontrarse conduciendo el vehículo marca Nissan, color crema, de placas PBS-4040, además ha sido considerado las atenuantes previstas en el Código Penal, y sujetándose a lo previsto en el art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, por lo tanto, la pena impuesta se adecua al tipo penal de tránsito señalado anteriormente, tipo penal que es el conjunto de elementos que caracteriza a un comportamiento como contrario a la norma7, y en los delitos culposos la tipicidad depende de la comprobación de una acción que ha producido un peligro jurídicamente desaprobado y de la producción del resultado o peligro requerido poro su punibilidad8, presupuestos que han sido debidamente razonados en la presente causa, lo que les ha llevado a apelación interpuesto por el sentenciado. rechazar el recurso de Con lo señalado en lineas anteriores, podemos evidenciar que en ningún momento se demuestra que el hecho constituya un caso fortuito, más bien se configura un acto de negligencia que implica un riesgo tanto para el conductor como para terceros por la omisión en su conducta frente a las consecuencias que si son previsibles, por tanto no puede considerarse que este hecho sea el resultado de un caso fortuito, ya que el caso fortuito, se trata de un acontecimiento humano dañoso, involuntario e imprevisible y que no pudo ser previsto o que a su vez previniéndolo es imposible de evitar, y este hecho no reúne las características, en tal virtud no es posible que se aplique lo que dispone el Art. iio~ de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. De la misma forma, el sentenciado recurrente cuestiona el hecho de que se le ha establecido el pago de daños y perjuicios en la cantidad constantes en la sentencia y que esta no debía haberse sido realizado en virtud de que no se ha justificado, al respecto si revisamos el Art. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal Parte General, 2da. Edici6n, Buenos Aires, Hammurabi 2007, pág Ibídem pág Art Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. a

11 16910 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, prevee la obligación del juez que al existir acusación particular en la misma audiencia se discutirán y analizarán los daños y perjuicios y que deben en la sentencia liquidarse, lo cual también establece en el Art de la ley ibídem, por lo que los jueces ad quem, han cumplido con lo que dispone el marco legal, teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 157 de la misma ley que es aplicable en estos casos, además hay que tener en cuenta que los daños y perjuicios contempla de acuerdo a lo previsto en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal, entre otros rubros se calcularán los daños personales y económicos sufridos, los ingresos que ha dejado de percibir fruto del delito causado, el patrocinio legal, el daño causado a su núcleo familiar y el tiempo invertido por parte del afectado.. El Art. 156 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone que Para fijar el monto de la caución o indemnizaciones de daños y perjuicios, se considerará por regla general el daño emergente, el lucro cesante y el valor de los daños ocasionados a terceros a cargo del responsable de la infracción, además de los rubros establecidos en el artículo 176 del Código de Procedimiento PenaL, por lo tanto, los jueces han aplicado las normas jurídicas y las garantías constitucionales que tienen los sujetos procesales, y en el presente caso, se ha verificado que a consecuencia del accidente de tránsito se ha perdido la vida de una persona que apenas tenía veinte y un años de edad, que, por tanto procedía hacer la correspondiente liquidación por los daños y perjuicios ocasionados. Siendo el propósito de la casación rectificar los errores de derecho en los que pueden incurrir los juzgadores, ya que el objetivo del derecho y la justicia se fundamenta en el respeto a la seguridad jurídica prevista en el Art de la Carta Magna, que es la garantía constitucional dada a los ciudadanos y ciudadanas por el Estado, de que sus derechos no serán violados; si esto ocurriera, se las protegerá. Es la convicción, la seguridad que tiene el ciudadano y ciudadano de que su situación jurídica no será, de ninguna manera, cambiada más que por procedimientos establecidos previamente. Esto quiere decir estar seguros de algo y libre de U Art. 169 Dentro del plazo establecido para la instalación de la audiencia oral pública de juzgamiento, las partes presentarán el listado de testigos que deberán declarar en ella y solicitarán la práctica de las pruebas necesarias que deban actuarse durante la audiencia, tanto para comprobar la existencia material del delito como la responsabilidad penal del imputado, y para fijar el monto de los daños y peijuicios ocasionados. La audiencia oral se instalará y sustanciará de conformidad con las reglas establecidas para la etapa de juicio en el Código de Procedimiento Penal. De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán discutidos y analizados en la misma audiencia. Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Juez de Tránsito dictará sentencia aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. Si ftere condenatoria declarará además la obligación del condenado de pagar los daños y peijuicios, en el monto que para el efecto se liquiden en la misma sentencia. Art Toda sentencia condenatoria por infracciones a la presente Ley conlieva la obligación del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles. Las obligaciones civiles se harán extensivas solidariamente, a las personas naturales ojurldicas, públicas o privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado. Salvo que se probare la sustracción del vehículo. 12 El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 9

12 cuidados. La seguridad jurídica es el elemento esencial y patrimonio común de la Cultura del Estado de Derecha; implica la convivencia jurídicamente ordenada; la certeza sabre el derecho escrita y vigente; el reconocimiento y la provisión de la situación jurídico. Es la confiabilidad en el orden jurídico la que garantiza la sujeción de todas las poderes del Estado o lo Ley y a la aplicación uniforme de la misma, la constancia, precisión y previsibilidad del derecha como protección de la confianzo. 3 en el presente caso se evidencia que se ha actuado observando esta garantía y en estricto apego a la norma constitucional prevista en el Art que dice: Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en las instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor pública, administrativo ajudicial, de oficio a a petición de parte. De forma que son los jueces también los llamados a aplicar la norma constitucional y legal, siempre y cuando se encuentren prestablecidos con anterioridad y es en aplicación a esta disposición que han procedido los jueces Ad-quem. Se observa que se ha garantizado el debido proceso, que es toda ese conjunto de garantías que protegen al ciudadana, sometido al proceso pena4 que le aseguran a la largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho 14 y que de acuerda a la jurisprudencia establecida por la Corte interamericana de Derechas Humanos, la aplicación de las garantías del debida proceso no sólo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poderiudicial, sino que debe ser respetada por toda órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional 5, y que por tanto es obligación de todos los jueces no infringir esta garantía sino proceder apegados a esta; además, se ha dado la tutela judicial efectiva, esta tiene que ver con el derecho que tienen todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en Derecho, así como el derecho a la verdad por parte de las víctimas y al no cumplirse con este derecho estarían contribuyendo a que se produzca la impunidad, por cuanto, si bien es cierto existió el accidente de tránsito, por ende un responsable así como afectados, sin embargo por este tipo de inobservancias se puede producir una impunidad que es una circunstancia que pone de relieve la ineficacia del sistema estatal, ya que no garantiza un acceso efectiva a la justicia, no protege las derechas, más bien permite que se vulneren derechos constitucionales de las personas. La falta de sanción a las responsables de violaciones de las derechas constitucionales y la escasez de procesas serias de investigación, producen Sentencia No. O0S-09-SEP-CC, CASO EP, CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN. ~ ZAVALA BAQUERIZO, Jorge Dr.; El Debido Proc~o Penal, EDINO pág. 26. Sentencia No SEP.CC. CASO EP, CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICION. pág

13 impunidad 5, lo que atentaría al fundamental objetivo constitucional del sistema de la administración de justicia, que es garantizar la tutela judicial efectiva y oportuna de los derechos de los sujetos procesales sometidos a su competencia. DECISION. Por lo tanto, los recurrentes en ningún momento han logrado demostrar que la Sala de Apelación, ha violado las disposiciones legales aludidas y analizada que ha sido la sentencia se establece que no existe vulneración a las normas legales ni constitucionales, la sentencia ha sido dictada en forma motivada tal como lo exige el art. 304-A del Código de Procedimiento Penal y art. 76 numeral 7 literal 1) de la Carta Magna, luego de establecer con certeza la materialidad y la responsabilidad de la infracción procediendo a sancionarlo de acuerdo a lo previsto en el art. 127, literal c) y f) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; del mismo modo se considera que se ha actuado en el marco del respeto de las garantías constitucionales, concluyéndose que no se ha justificado que se haya incurrido en las causales previstas en el art. 349 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, de conformidad con lo dispuesto en el Art 358 dei Codigo de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casacion presentado por LUIS ANGEL NAGUA TENE Devuelvase el proceso al Juzgador de origen para los fines legales conauientes.- Notifiqup~.~ç&~mplase CERTIFICO: SECRETARIO RELATOR 6 Sentencia No SCN-CC, Caso No OS-CN, de Ja Corte Constitucional para el periodo de bansición, pág

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