RODRIGUEZ, CLARA ROSA C/ AGUAS CORDOBESAS S.A. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-

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1 SENTENCIA NUMERO: 132 En la Ciudad de Córdoba a los venticinco días del mes de septiembre de dos mil doce, siendo las nueve horas se reunieron en Audiencia Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados: RODRIGUEZ, CLARA ROSA C/ AGUAS CORDOBESAS S.A. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL- Expte. Nº /36, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Octava Nominación en lo Civil y Comercial a cargo de la Dra. Raquel Villagra de Vidal quien, mediante Sentencia número quinientos siete dictada el siete de octubre de dos mil nueve (fs. 1112/1140) y auto aclaratorio número novecientos treinta y dos dictado el dos de diciembre de dos mil nueve (fs. 1185/1186) que respectivamente resolvieron: 1º) Rechazar la demanda de daños y perjuicios incoada por Clara Rosa Rodríguez, por sí y en nombre de sus hijos menores, P. D. M., B. E. M., M. A. M. y F. A. M., en contra de Aguas Cordobesas S.A, haciendo extensiva la sentencia tanto a Estructuras S.A como a la Municipalidad de Córdoba, como a las respectivas compañias de seguros Zurich Argentina Seguros S.A y Sancor Cooperativa Limitada de Seguros.- 2º) Imponer las costas a la actora, respecto a la intervención en juicio de la demandada, Aguas Cordobesas S.A, Estructuras S.A.C.I.F.I, como de sus respectivas compañias de seguro, a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres. Ramiro de Goycoechea, Luis E. Pereyra Lucena y Juliana Tamborin, en forma definitiva, en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con setenta y un centavos ($ ,71); los honorarios de los Dres. Sara Dora Barembuan, Dr. Gerardo P. Viramonte se regulan para cada uno de ellos, en forma definitiva en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con setenta y un centavos ($55.891,71); los honorarios de los Dres. Omar F. G. Cardetti y Rubén Bordanzi, se fijan en forma de definitiva, en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con setenta y un centavos ($ ,71).- No se regulan en esta oportunidad los honorarios de los Dres. Daniel Buteler Novillo y Mariana Ferreira, en función de lo dispuesto por el art. 25 de la ley 8226, contrario sensu.-3º) Regular en forma definitiva los honorarios del perito medico oficial, Eduardo Alejandro Simondi en la suma de pesos setencientos cuarenta y cinco con veinte centavos ($745,20).-4º) Regular en forma definitiva los honorarios de los peritos médicos de control, Dres. Julio Maestre Ple y Eduardo Domingo Rossi, en la suma de pesos trecientos setenta y dos con sesenta centavos ($372,60) a cargo 1

2 de sus respectivos comitentes.- 5º) Imponer las costas de la citación a juicio de la Municipalidad de Córdoba, a la citante Aguas Cordobesas S.A, haciendo extensiva la sentencia a su aseguradora Zurich Argentina Seguros S.A, en la medida del seguro; a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres. María Susana Nally, Alejandro Ceballos y Pablo A. Cabrier, en forma definitiva, en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y uno con setenta y un centavos ($55.891,71).-Protocolícese, hágase saber y dése copia.- y Aclarar la Sentencia número Quinientos siete de fecha siete de octubre de dos mil nueve en los términos expresados en los Considerandos precedentes, y en consecuencia rechazar la pretensión de adicionar el I.V.A correpondiente al no revestir ninguno de los letrados intervinientes en la causa como apoderados de la demandada Aguas Córdobesas S.A en integrantes del estudio Gatica & Chasseing Abogados Sociedad Civil, la calidad de responsables inscriptos ante el I.V.A., resultando por ello imporcedente la pretensión de aplicar en la presente causa lo dispuesto por la Resolución General 689/99 de la A.F.I.P.-Protocolícese, hágase saber y dése copia Realizado el sorteo de ley, la emisión de los votos resultó de la siguiente manera: Dr. Rafael Aranda y Dr. Abraham Ricardo Griffi Este Tribunal en presencia de la Actuaria, se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1 ) Procede el recurso de apelación de la parte actora? 2 ) Procede el recurso de apelación de la demandada Aguas Cordobesas? 3 ) Procede el recurso de apelación de la demandada Zurich Argentina Seguros S.A.? 4º) Procede el recurso de apelación por honorarios de los Dres. María Susana Nally, Pablo Cabrier y Alejandro Ceballos? 5º) En su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar? EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: I) Contra la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva ha sido transcripta precedentemente, la parte actora interpone recurso de apelación, el que concedido, hizo radicar los actuados en esta instancia. Cumplimentados los trámites de ley, firme y consentido el decreto de autos queda la causa en estado de ser resuelta II) La sentencia apelada contiene una relación de causa que satisface las exigencias del art. 329 del C. de P.C., por lo que a la misma me remito Señala la apelante que la Sra. Juez A quo ha razonado de forma incorrecta, que ha sido mal valorada la prueba y que la resolución no se condice con el derecho aplicable, todo lo cual ha llevado a la Magistrado a conclusiones equivocadas.- Manifiesta que no puede partirse de un estado alterado, dando por hecho el mismo, ni tampoco puede, dando por cierto dicho estado, derivar de ello la no visión o el deslumbramiento.- Agrega que menos puede construir sobre ellos la relación de causalidad.- Considera que el aquo hizo lo posible para otorgarle el traje de excepción a un hecho que claramente se encuentra encuadrado en la regla de la responsabilidad objetiva, por el riesgo creado

3 Cuestiona que la sentenciante haya tratado como si fueran iguales dos cuestiones distintas: si el pozo estaba señalizado y si era visible, lo que trae consecuencias erróneas.- Critica que se haya considerado que se cumplió con la balización, creyéndole a testigos que eran, a su vez, responsables de la misma, motivo por el cual fueron oportunamente cuestionados.- Refiere que el testigo presencial Flores manifestó que el pozo no tenía balizas, que no se veía, agregando datos sobre la antigüedad del hueco y la existencia de otros accidentes; pero la juez no le creyó.- Sostiene que hay un error lógico como es no creerle a este testigo solo porque entiende que los otros dicen la verdad.- Alega que solo se trata de saber si era posible la percepción del pozo y para ello no hace falta ningún tecnicismo Agrega que resulta también desatinado valorar una documentación que el testigo lleva, ya que ello implica que conocía, antes de prestar el testimonio, sobre lo que iba a declarar y lo que tenía que decir. Pone de resalto la incoherencia del razonamiento de la juzgadora y sus consecuencias dañosas.- Considera que el ancho y largo del pozo es irrelevante, ya que es suficiente que alguien pueda caerse en él.- Critica que se haya considerado que estaba reparado, aunque sea parcialmente, al momento del accidente porque si no hubiera tenido profundidad, el accidente se hubiera limitado a chocar contra las cartelerías, sin las consecuencias ya probadas.- Estima erróneo que la aquo crea a los de Aguas Cordobesas y los balizadores, respecto de que el pozo fue apenas por unos días, resaltando algunas contradicciones en los testigos.- Destaca que, de acuerdo a lo señalado por el único testigo que podía experimentarlo libremente (Flores), el pozo no se veía.- Afirma que ninguno de los otros declarantes pudo saber si el pozo era visible o no de noche.- Alega que no se trata tanto de si existieron balizas o no, sino del hecho de que si se podía divisar o no el enorme hoyo Comenta que los médicos del Hospital de Urgencias se equivocan gravemente cuando creen que el comportamiento del accidentado era de borracho, cuando en realidad lo que tenía era un grave traumatismo de cráneo, que le produjo la muerte.- Cuestiona que, en el ánimo del juzgador, el olor sumado a las supuestas costumbres de Murúa se transformen en beodez al momento del hecho.- Critica que la Magistrado parta de la afirmación falsa de la beodez y de ahí saque la conclusión de la no visión, cuando en realidad no pudo ver porque no era visible el obstáculo.- Expresa que las conclusiones son equivocadas, no solo por el mal razonamiento sino porque las premisas son falsas.- Se queja de que la supuesta halitosis fue detectada por un médico del servicio de emergencia, que no declaró y afirme que es suficiente para probar una borrachera el dosaje de alcohol en sangre.- Alega que vulnera el más elemental derecho de defensa inferir en función del olor, un comportamiento en ese sentido.- Adita que tampoco se justifica que éste pueda implicar la consecuente caída en un pozo

4 Sostiene que el sentido común más la experiencia, indican que un borracho al comando de una moto no puede circular más de cien metros sin caerse al suelo.- Cuestiona en definitiva que se afirme sin pruebas la borrachera y que de ella se derive la falta de visión y la consecuente caída en el pozo, lo cual a su entender es descabellado.- Señala no hay ninguna prueba que esa caída sea por el alcohol.- Refiere que la culpa de la víctima es, a su entender no solo un hecho, sino aquel que tenga condición de antijurídico.- Señala que el Sr. Murúa circulaba por la calle y no ha infringido norma alguna del derecho.- Expresa que la existencia de un pozo en una avenida de intenso tránsito de tal dimensión que se cayó y se mató no es un riesgo creado de menor cuantía.- Adita que las precauciones a exigir deben ser mayores y que nadie cae a un hoyo porque quiere, sino porque hay algo que le impide tener previsión.- Señala que el que cae por borrachera es responsable de su propio golpe y su propio daño y sostiene que quien hace un pozo debe responder siempre, salvo que la víctima caiga en él deliberadamente o a través de un acto antijurídico.- Afirma que la ruptura del nexo causal exige una prueba contundente o definitiva a cargo del demandado.--- Los agravios expuestos son contestados por las demás partes, quienes solicitan su rechazo III) Ingresando al análisis del recurso de apelación de la actora, adelanto mi posición en sentido de su desestimación, por las razones que expongo En primer lugar, no comparto la afirmación del apelante en cuanto a que la señora juez haya dejado de lado la cuestión atinente al riesgo creado y que haya hecho lo posible para otorgarle el traje de excepción a un hecho que claramente se encuentra encuadrado en la regla de la responsabilidad objetiva Por el contrario, tras efectuar un repaso de las tres hipótesis de responsabilidad derivadas del Código Civil tras la reforma de la ley N , señala la magistrado que corresponde a la actora acreditar la ocurrencia del hecho dañoso y la relación de causalidad adecuada entre éste y la cosa bajo la guarda de la demandada y que, una vez comprobados estos extremos, solo podía liberarse la demandada mediante la comprobación de una causa ajena Precisamente en el caso de autos, se ha encuadrado lo acontecido como una hipótesis de culpa de la víctima, en tanto ha entendido la judex aquo que el conductor de la moto venía alcoholizado y sin casco, lo que no le permitió advertir la señalización existente De manera que la judicante no ha dejado de lado el riesgo creado, sino que ha considerado que se ha configurado una de las hipótesis de exención de responsabilidad previstas en la norma: la culpa de la víctima Al respecto ha señalado esta Cámara, con anterior integración, que...la moderna doctrina ha ampliado el grado de consideración de la conducta de la víctima al momento del hecho, ya que lo que se valora es la actuación voluntaria o involuntaria del damnificado directo que intervino total o parcialmente en la producción del evento dañoso, con la condición de que su actuar haya sido causa 4

5 exclusiva o concurrente del daño que se ha producido.- Es así que cuando el hecho del perjudicado, conforme lo nomina Félix Trigo Represas y Marcelo López Mesa, logra destruir el nexo causal, obra como fuente de exoneración de responsabilidad y así está establecido con la finalidad de fomentar el comportamiento prudente y diligente de las personas (Cfr: Oviedo Marcelo Daniel c/ Ledesma Walter Arturo y otros - Ordinario Expte /36 - Sent. N 208 del 18/11/2005) Adentrándonos en el análisis de los demás argumentos expuestos por la apelante tenemos que resulta acreditado en autos y no controvertido- que el día quince de septiembre del dos mil tres, aproximadamente a las 21:45 horas, el Sr. Murúa conducía una motocicleta por la calle 24 de septiembre en dirección oesteeste y que al llegar a la intersección de dicha avenida con el boulevard Ocampo se accidentó en un pozo que la demandada Aguas Cordobesas había abierto en el lugar.- Resulta también incuestionable que la existencia de un hueco de esas características en la vía publica constituye un riesgo por sí mismo que debe resguardarse con la debida señalización pues, de no ser así, puede ser causa de imprevistas consecuencias.- Asimismo -y desde otro costado- entendemos que le resultaba exigible al Sr. Murúa, en cuanto conductor de la motocicleta, circular con casco, con el pleno dominio de su rodado y la total atención a los fines de evitar chocar o ser colisionado o para poder evitar obstáculos que pudieran existir en la circulación por la vía pública De lo expuesto y de los términos en que han sido planteados los agravios, surgen dos cuestiones como centrales a los fines de resolver sobre el acierto o no de la Sra. Juez A quo en cuanto ha rechazado la demanda: a) lo atinente a si el pozo estaba debidamente señalizado y si esa señalización resultaba visible para quienes circulaban por el lugar; b) si el conductor se conducía cumpliendo las normas de tránsito que le eran exigibles y en pleno dominio de la motocicleta.---- En relación a la primera cuestión, se queja la apelante que la jueza haya considerado que estaba debidamente señalizado el pozo en base a dos testimonios que resultarían objetables por su estrecha relación con la demandada y por el indebido apartamiento de lo sostenido por el único testigo del hecho que entiende objetivo, esto es, el Sr. Sergio Gustavo Flores (fs. 283) Del repaso de este último testimonio, surge que el declarante ha expresado sobre la ubicación del hoyo que era sobre 24 de septiembre, era un pozo grande, de tres o cuatro metros de superficie y fácil tres metros porque era un caño principal que estaba roto, que la obra estuvo mas de un mes.- Tenía carteles de chapa alrededor que decía obreros trabajado peligro, que estaba fajado con cintas de seguridad blanca y roja, no había balizas ni nada por el estilo (fs. 283).- El Sr. Oviedo, jefe de obras de la empresa Estructuras S.A., por su parte (fs. 658/660), ha expuesto que las dimensiones de la excavación fueron largo 1,40 m.; ancho 0,90 m.; profundidad un metro, agregando que el 5

6 trabajo se cerró el quince de septiembre, reponiéndose el hormigón el diecisiete de igual mes y año; que la ubicación del pozo era muy cerca del centro de la calzada, en el eje de la calle; dando detalles de las balizas que se colocaron en el lugar y mencionando que no hubo denuncia de la ausencia de balizas ni del accidente.- Finalmente, el testimonio del Sr. Coutsiers, empleado de Aguas Cordobesas, señala que la reparación de la válvula se llevó a cabo el día trece y que concluyó el diecisiete de septiembre de dos mil tres, que las dimensiones del pozo eran 1.35 de largo, 0.92 de ancho por un metro de profundidad; que se encontraba el pozo en el centro de la calzada; que casi con seguridad puede decir que estaba balizado y que no hubo denuncias de que no existieran balizas Ahora bien; de la confrontación de los tres testimonios resulta que existen algunos puntos en que todos coinciden, incluido Flores: en que el pozo no estaba desprovisto de elementos que lo destacaran sino que tenía una señalización.- Basta reparar en que éste último manifiesta que el hueco tenía carteles de chapa alrededor que decían obreros trabajando peligro y que estaban fajados con cintas de seguridad blanca y roja.- Señala asimismo el citado testigo que el motociclista se había llevado "puesto" los carteles (oyó ruido de chapas) y que el conductor estaba tirado al lado del pozo (no en su interior como parece indicar la actora apelante en su demanda).- Puntualmente ha dicho que estaba atendiendo un camión en la estación de servicio, se sintió un impacto y frenadas de colectivo, era ruido de chapa, cuando se asomo dio la vuelta al camión que atendía y vio en el piso tirado al mucho que se accidentó boca arriba y la moto había pasado del lugar del pozo unos diez metros y él estaba al lado del pozo, que se llevó por delante los carteles a los que había hecho referencia De manera que no cabe duda que el pozo contaba con carteles de señalización y protección porque incluso el propio testigo al que se refiere la apelante así lo indicó.- También surge de este testimonio que Murúa no se cayó en el pozo, sino que se llevó por delante las chapas delimitantes Donde disienten los testigos es respecto de si esa señalización era visible, en base a la existencia o no de balizas y en la antigüedad del pozo Respecto este disenso cabe señalar que cuando las contradicciones son graves y recaen sobre el hecho principal, al juez le corresponde determinar, con una crítica severa de cada uno y del conjunto, si se debe descartar los varios testimonios o si se puede dar credibilidad a algunos o varios, teniendo en cuenta que "los testimonios se pesan y no se cuentan".- Es decir que su valoración está ligada al resultado de una crítica minuciosa de todos, tanto por el aspecto subjetivo (calidad, fama e ilustración de los testigos) como por el objetivo (contenido del testimonio, razón de la ciencia del dicho, circunstancia de la percepción y narración, verosimilitud de su exposición y credibilidad que merezcan).- Para que las contradicciones puedan quitarles el valor a un testimonio o a varios, deben ser graves o sobre materia trascendente y no ligera o inocuas (CFR: Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, 6

7 T. 1, p.282).- En el mismo sentido, Alsina sostiene que en caso de contradicción, si median las mismas circunstancias en cuanto a las condiciones de los testigos, debe prescindirse de esta prueba, a menos que pueda establecerse que el testimonio de uno es más fundado que el de los otros (Tratado, T III, p. 645; JA T 17, p.641) En el sublite la divergencia respecto de la verificación de la existencia de las balizas en el lugar resulta evidente ya que los declarantes propuestos por una y otra parte tienen posiciones marcadamente encontradas Ahora bien; no encuentro en los dichos del testigo Flores una mayor fuerza convictiva que los demás declarantes sobre el punto en discordia (existencia de balizas en el lugar) ya que su afirmación de inexistencia es claramente rebatida con igual fuerza por todos los demás testigos, quienes son concluyentes en asegurar que el pozo sí las tenía colocadas.- Si bien el primero (Sr. Flores) estaba en el lugar lo que podría darle mayor entidad a su testimonio, la de los nombrados en segundo término tienen como sustento los documentos que dan cuenta del balizamiento (fs. 385/391), los que fueran reconocidos en juicio y cuya validez no ha sido objeto de prueba demostrativa de lo contrario Bajo tales circunstancias entiendo conveniente acudir a otros elementos de prueba que me indiquen -prescindiendo de la cuestión de las balizas- si el lugar podía ser fácilmente advertido por los conductores que transitaban la avenida, tomando para ello lo que sí ha sido comprobado de modo incontrovertido En nuestro caso todos coincidieron en que el pozo estaba señalizado por lo menos con carteles que lo rodeaban, por lo que lo que corresponde determinar es si tal señalización era visible al grado de ser suficiente para que pudieran los conductores que circulaban por la avenida, pudieran estar en condiciones de sortearlo sin dificultad Al respecto el testigo Flores ha señalado que... la iluminación era poca, que es una zona muy oscura, que hay iluminación de la calle, que la estación de servicio tiene iluminación con cenefas, que es solo iluminación publicitaria que boulevard Ocampo es oscuro (fs. 283vta).- Sin embargo, ninguna foto u otra prueba se ha aportado en relación a la oscuridad de la zona en que se produjo el accidente que me pueda llevar a la convicción de que el pozo o los carteles que lo rodeaban no podían verse, siendo que su tamaño era considerable.- Repárese que si bien los testigos no coinciden en su dimensión exacta, todos refieren que era de importante tamaño, lo cual no es un dato menor a la hora de establecer su visibilidad ya que esta envergadura, sumado a que tenía chapas a su alrededor, hace difícil considerar que era poco probable de ser advertido.- Vale destacar que estamos hablando en el caso de autos de un pozo que estaba sobre una avenida de alto tránsito y que el tamaño del mismo era tal que impedía parte del ingreso a la estación de servicio (testigo de fs. 283 vta).- La experiencia indica que ante semejante valladar, si no hubiera sido visible, hubieran proliferado los 7

8 siniestros en una arteria del caudal de tránsito de la Avenida 24 de septiembre.- Si bien el testigo Flores refiere que además existieron dos accidentes en el lugar que habrían ocurrido con luz diurna y no de noche, más allá una referencia a los mismos y sus circunstancias expuestas por el testigo, no existen prueba independientes que acrediten tales extremos, ni que hubieran sido causados por la falta de señalamiento Por otra parte no es posible soslayar que el conductor no se cayó al pozo sino que el accidente reitero- se produjo porque embistió los carteles que lo demarcaban, con lo cual lo que no vio el conductor no fue el pozo, sino todos las chapas que lo rodeaban, lo cual no es una cuestión menor, por más oscura que esté la zona De lo expuesto considero posible afirmar que el accidente no habría sido causado por las falencias en el señalamiento del obstáculo y la imposibilidad de advertir su presencia a tiempo.- En otras palabras, tengo la convicción de que el pozo estaba debidamente demarcado y que, aunque la iluminación pudo no ser buena, ésta circunstancia no fue la determinante para la ocurrencia del accidente, habida cuenta su magnitud y señalamiento Corresponde en consecuencia entrar a considerar la segunda de las cuestiones controvertidas: si el Sr. Murúa se conducía cumpliendo las normas de tránsito que le eran exigibles y en pleno dominio de la motocicleta, pues es sabido que el conductor de un rodado está obligado a poner la debida atención en el manejo de su vehículo al punto tal que le permita sortear situaciones no regulares como la existencia de obstáculos en la calzada cuando estos no aparecen como un imprevisto sino que su presencia esté debidamente avisada.---- Respecto del cumplimiento de las normas de tránsito, tenemos acreditado en autos, al punto de no encontrarse cuestionado, que el conductor no usaba el casco reglamentario al momento del accidente.- Como ha señalado la pericia médica obrante en autos si el Sr. Murúa hubiese usado casco cefálico protector al momento del accidente las lesiones cerebrales, tal vez, hubiesen sido distintas (fs. 538).- Cabe recordar que la obligatoriedad del uso de este elemento de seguridad para quienes viajan en motos está estipulada en la Ordenanza 9981 y en la Ley Nacional de Tránsito, de manera tal que conducir una motocicleta sin el mismo constituye una conducta antijurídica que sin duda contribuye a aumentar las consecuencias de un accidente A la ausencia de casco se adiciona la existencia de una halitosis alcohólica del fallecido que -por las reglas de la experiencia- autoriza presumir válidamente que esto provocaba una disminución de su capacidad conductiva al momento del siniestro y que también conforma una conducta antijurídica.- En efecto; si bien es cierto que no existió medición del alcohol en sangre, la existencia de evidencias de que el conductor había consumido alcohol resulta de numerosas pruebas de la causa, como el informe médico de fs. 265 donde se consignó que se trataba de un paciente poco colaborador, con referencia de haberse alcoholizado 8

9 paciente que ingresa a la guardia de CM presenta ingesta alcohólica, figurando en la hoja de balance con halitosis alcohólica (fs. 266).- En igual sentido, de la historia clínica del Hospital Córdoba se advierte en Antecedentes de enfermedad actual que se trató de un pte de sexo masc de 48 a. de edad que el día lunes pasado por la noche sufre acc tránsito (caída de moto s/casco, el pte según fliares puede haber estado alcoholizado.).- De manera que los propios familiares que lo llevan al hospital reconocen que se accidentó sin casco y en posible estado de ebriedad.- El perito médico a fs. 537/538 reconoce como antecedente que el servicio medico de emergencia que asistió al Sr. Murúa había consignado que el paciente estaba lúcido, con halitosis alcohólica.- A fs. 623, por su parte, consta la planilla del Área de Atención Pre hospitalaria de donde surge que el occiso no contaba con casco y estaba lúcido con halitosis alcohólica (refiere vino).- A fs. 825, la Sra. Maria Esther Irene Porta, galeno que reconoce haber personalmente confeccionado la Historia Clínica pre hospitalaria y que además era la médica que trabajaba en la Ambulancia Municipal 107 señala que según el formulario, no llevaba casco estaba lúcido y presentaba halitosis alcohólica, que halitosis significa aliento a alcohol, que en este caso la víctima manifiesta haber ingerido vino y que así lo consignó en la historia clínica De manera que, aunque no se haya acreditado el nivel de alcohol en sangre que tenia el conductor, lo cierto es que todas las referencias enunciadas precedentemente hacen mención a la falta de sobriedad del Sr. Murúa y alcanzan -a mi entender- para dar por comprobado que el fallecido estaba -en algún gradobajo los efectos del alcohol en ocasión de producirse el siniestro Sobre este estado, el art. 39 inc. b de la ley exige que los conductores deben en la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito, en concordancia con el art. 37 del Código de Tránsito Provincial y art. 47 y 50 del Código de Tránsito Municipal. Así lo ha sostenido la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, a saber: El desplazamiento de un vehículo, cualquiera fuera su velocidad, debe ser acorde con las circunstancias de tiempo, lugar y características de aquél, de modo que permitan mantener un correcto control del rodado ante las contingencias razonablemente previsibles que se pudieran presentar. Ello es más exigible cuando se trata de un ciclomotor, pues la exposición de quienes viajan en él a sufrir daños en su persona en caso de accidente es mayor, lo cual impone la obligación de extremar las medidas de precaución, conservando el debido dominio de la unidad (Cámara Nac. de Apelaciones en lo Civil, sala H, 02/07/1997 in re: Schreiner, Luis M. y otro c. Fernández Miguel y otros) Aplicando estas premisas al sublite aparece claro de la prueba rendida, que el Sr. Murúa ha aportado su imprudencia para que se produjera el accidente, ya 9

10 que como dije, la obstrucción que producía el pozo era importante y se encontraba señalizada mientras que el conductor siniestrado se conducía sin casco y con un dominio de su rodado que habría estado limitado o al menos disminuido por la ingesta alcohólica previa Estas circunstancias me permiten concluir que la incidencia del pozo en el accidente no resulta determinante, desde que ha quedado acreditado, según los dichos del testigo Flores al que remite la propia apelante, que el siniestro se produjo como consecuencia del choque con la cartelería que lo rodeaba, lo cual me hace inclinar por considerar que fue la impericia conductiva la que le impidió al Sr. Murúa sortear el obstáculo.- En otras palabras, fue el conductor de la motocicleta, por razones que pueden estar vinculadas a la ingesta previa de vino (como el mismo referenció a la médica de la ambulancia), quien no habría podido eludir la cartelería que avisaba la existencia del pozo y de trabajos en el lugar.- Esta maniobra fallida, sumado a la ausencia de control respecto de la motocicleta fue lo que ocasionó el accidente cuyas consecuencias se hubieran mitigado de haber usado el casco protector Finalmente cabe relacionar que los días que duró abierto el pozo y lo que se tardó en repararlo, resultan irrelevantes si nos atenemos a lo expuesto supra respecto de la mecánica del accidente y la responsabilidad de la víctima, quien en definitiva fue la artífice de lo sucedido Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar el resolutorio de primera instancia IV) Atento que no se ha hecho lugar al recurso de apelación, las costas en esta Sede se imponen a la parte actora perdidosa a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. Julieta Tamborini, Sara Dora Barembaum, Pablo Cabrier, Maria Susana Nally, Sebastián Cancio y Omar Cardetti en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459 y los del Dr. Daniel Buteler Novillo en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala Por lo expuesto a la primera cuestión voto por la negativa EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: I) La Dra. Juliana Tamborini, en representación de la Aguas Cordobesas S.A., también interpuso recurso de apelación, expresando agravios a fs. 1308/ Se queja la recurrente de la imposición de costas a su parte por la citación de la Municipalidad de Córdoba tercero citado-.- Afirma que se ha violado expresamente la regla consagrada en el art. 130 del CPCC y el principio objetivo de la derrota como fundamento de dicha imposición.- Alega que la exención prevista en la segunda parte del art. 130 del CPCC, constituye un supuesto extraordinario de interpretación restrictiva y 10

11 que debe motivarse circunstanciadamente.- Esgrime que ninguna de las circunstancias de excepción, se verifican en el caso de marras para justificar la eximición de la parte actora vencida, consagrada en el art. 130 del CPCC, segunda parte e impuesta por el iudicante a su parte.- Postula que la citación de la Municipalidad obedeció ni más ni menos que al legítimo derecho de defensa de su parte y a los fines de que -ante una eventual condena de su representada-, pudiera oponerse luego válidamente la sentencia ante el responsable, calidad que hipotéticamente revestía la Municipalidad de Córdoba al iniciar el proceso Agrega que en el caso de marras ha prosperado la pretensión de su representada y ha existido razón justificable para efectuar la citación en cuestión, en función de las propias manifestaciones hechas por la actora en su demanda.- Advierte que no ha habido abuso de su parte, ni mucho menos falta de razonabilidad en la citación efectuada, sino más bien todo lo contrario, debiendo resaltarse que se ha respetado el procedimiento que el Código de Rito establece para la intervención de terceros.- Sostiene que habiéndose acreditado que existieron atendibles razones para convocar a la Municipalidad como tercero interesado, lo que fue consentido por la parte actora; y habiendo resultado su parte victoriosa en el resultado final del proceso, debe dejarse sin efecto la imposición de costas a su parte II) Adelanto mi decisión contraria a la procedencia del recurso.- De la lectura del autor citado por la propia apelante posición con la cual acuerdosurge que.dado que la participación del tercero es el resultado de la solicitud de alguna de las partes, sin que se ejerza una pretensión contra el mismo y tampoco la invoca él, parecería que no debe soportarlas.- Si la citación es peticionada por el demandado (como es el caso de autos), el actor que no acciona contra el tercero se ve obligado a litigar con un nuevo participante procesal, por lo que, aún cuando se rechace la demanda, con costas a su cargo, le resultan ajenas las generadas por el tercero ( ) Cabria entonces imponerlas a quien provoco la citación, pero no resulta justo si prospera la pretensión de aquél y la solicitud responde a una razonable defensa de sus derechos (CFR: Vénica Oscar: Cód. Proc. Civil y Comercial. T II, Pág. 39).- Es decir que el principio general es que en caso de citación de terceros, la imposición de costas por la misma resulta a quien lo trajo al proceso, aunque con dos limitaciones: si prospera la pretensión de aquél (esto es si resulta responsable el tercero) y si la solicitud responde a una razonable defensa de sus derechos En los presentes y al contestar la demanda, Aguas Cordobesas, por medio de su apoderado (fs. 35/38), solicita que en razón de lo dispuesto por el art. 433 se cite como terceros obligados a la Municipalidad de Córdoba, a Estructuras S.A., a Zurich Argentina Compañía de Seguros y a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.- En relación al Ente Comunal señala que funda su pretensión en la eventual responsabilidad que le pudiera corresponder por la ausencia total o 11

12 parcial de iluminación en el lugar del hecho y en razón de que el conductor había ingresado el Hospital de Urgencias y habría sido dado de alta sin habérsele practicado una tomografía computada y/o sin haberlo derivado a tal efecto y/o haber controlado su evolución Ahora bien; en la resolución de primera instancia la jueza impone las costas por la citación a la Municipalidad a Aguas Cordobesas en razón de que no se ha logrado acreditar la responsabilidad de la comuna en la muerte del Sr. Murua y en el hecho de que la convocatoria al litigio la efectuó la demandada en su propio interés, al considerar que la responsabilidad en la muerte podía corresponderle a aquella por la deficiente iluminación en el sector o por el erróneo tratamiento médico que se le acordó al paciente cuando ingresó al nosocomio, aspectos no han sido acreditados y/o tenidos por determinantes para el resultado de la litis Cabe resaltar que no cuestiona la demandada que se haya desechado la responsabilidad de la Municipalidad, sino únicamente que se le impongan a ella las costas por la citación.- En este sentido y siendo que no ha prosperado la pretensión esgrimida por su parte, es posible concluir que la primera de las causales de eximición señaladas anteriormente como justificantes de una carga distinta en las costas (responsabilidad del tercero) no se halla configurada En relación a la otra causal (razonable defensa de sus derechos), corresponde tener presente que ello no comprende cualquier ejercicio del derecho de defensa desde que de esa manera nunca se impondrían las costas a quien provoca la citación, porque siempre lo hace en ejercicio de un derecho que entiende le asiste.- Es necesario en este sentido que la convocatoria se sustente en una clara necesidad para la correcta solución del pleito y no solo en un beneficio exclusivamente particular.- En el sublite lo cierto es que no ha producido prueba suficiente en autos la demandada citante para justificar la razonabilidad de su citación, sino que, como lo señala la juez aquo, la misma lo hizo por su propio interés.- A más de ello, corresponde tener presente que tal eximición es justamente excepcional y como tal de interpretación restringida.- En este sentido se ha señalado que Si la citación de los terceros fue improcedente, las costas devengadas por su participación en la causa, deben quedar a cargo de la parte que promovió tal intervención (CCIv y Com, Noreste del Chubut, fallo del 31/05/1995 en autos Safenraiter, Juan R. C/ Sindictado Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, publicado en Gozaini, Costas Procesales, Editorial Ediar, pág. 468) No obsta a lo señalado anteriormente, el hecho de que la actora haya consentido la participación del tercero pues como afirma calificada jurisprudencia...la falta de oposición de la parte al pedido de citación de un tercero, no puede constituir una circunstancia determinante de que aquel deba soportar las costas derivadas de esa citación, que, en todo caso, interesa principalmente al solicitante (CFR: CNCiv, Sala H. 2000/08/01, Calla, Jorge José c/ Nación 12

13 AFJP S.A. s/ Daños y perjuicios" publicado en Gozaini, Costas Procesales, Editorial Ediar, pág. 468) En consecuencia y por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación de la demandada Aguas Cordobesas, con costas a su cargo, cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Daniel Buteler Novillo en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459 y los de la Dra. Julieta Tamborini en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala, todo sobre lo que ha sido materia de agravio Por lo expuesto a la segunda cuestión voto por la negativa EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: I) El Dr. Sebastián Cancio, en representación de la citada en garantía Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A., también interpuso recurso de apelación, expresando agravios a fs. 1321/ Señala que la resolución recurrida le agravia en cuanto hace extensiva a su parte, las costas por la citación a juicio de la Municipalidad de Córdoba, en la medida del seguro.- Tras señalar que no correspondía la imposición de costas a la demandada, al no darse razones de excepcionalidad que permiten apartarse del principio objetivo de la derrota, refiere que debe tenerse en cuenta que fue la accionada, bajo su exclusiva responsabilidad, la que solicitó la citación como tercero de la Municipalidad de Córdoba.- Agrega que ésta última fue traída al proceso sin que su parte haya prestado adhesión y sin que haya tenido oportunidad procesal de oponerse.- Aclara que nunca fue consultada sobre la citación del tercero, pese a que por la ley N y en su calidad de aseguradora, tenía la dirección del proceso.- Sostiene que la función del seguro se extiende a los reclamos o demandas que ésta pueda sufrir por parte de terceros, y a las defensas que motu propio y bajo su propia responsabilidad pueda haber impetrado.- Afirma que Aguas Cordobesas no sólo asumió su propia representación en el pleito, sino que decidió una serie de citaciones que en ningún momento fueron consultadas a su parte.- Cita jurisprudencia y formula reserva del caso federal II) El agravio expuesto halla su centro en la decisión del Sr. Juez A quo de extender a la aseguradora las costas impuestas a Aguas Cordobesas, por la citación de la Municipalidad de Córdoba.- De modo liminar debe tenerse presente que, tal como lo señala el apelante en el caso de autos, la demandada optó por ejercer su defensa a través de sus propios letrados y que la citación de la Municipalidad de Córdoba obedeció a la unilateral decisión de la demandada, quien ha sido la única responsable de su intervención en la litis.- En consecuencia, resulta razonable que se excluya a la aseguradora de las costas 13

14 generadas por tal decisión Tengo en cuenta para arribar a esta conclusión que la decisión de citar a la Municipalidad fue exclusiva de Aguas Cordobesas y no obedeció a una instrucción de la aseguradora, sino a su propio criterio; y que además tampoco tuvo éxito en cuanto a ser determinante en el resultado del pleito.- A todo ello se agrega que fue pedida cuando aún no se había citado a la aseguradora apelante y sin esperar el desenlace que tendría el llamado de garantía, el cual fuera requerido junto con la del tercero.- Como lo he señalado con anterioridad Los límites del aseguramiento hallan su lugar en mantener indemne al asegurado pero no abarcan las decisiones unilaterales de éste en cuanto a convocar a terceros, decisión de la cual solo el convocante es el responsable (CFR: esta Cámara en autos Gardellin, Leonor Marta c/ Banco Río de la Plata y otros- Ordinario, Sentencia 36 del 09/04/2010).- Por esta razón, las costas por la intervención de la Municipalidad de Córdoba, no deben extenderse a la aseguradora Zurich Argentina En síntesis, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, dejarse sin efecto la extensión de la condena en costas efectuada a la aseguradora apelante III) Sin costas en esta sede atento no haber mediado oposición Por lo expuesto a la tercera cuestión voto por la afirmativa EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda EL SEÑOR VOCAL RAFAEL ARANDA A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: I) Los Dres. María Susana Nally, Alejandro Ceballos y Pablo A. Cabrier, todos por derecho propio, interponen recurso de apelación en cuanto a sus honorarios, habiéndose cumplido en autos con las formalidades de su interposición y con el trámite previsto en el rito para su sustanciación Cuestionan los apelantes la regulación de sus honorarios al señalar que, conforme surge de la planilla formulada en la sentencia, la base regulatoria sobre la cual correspondía regularlos ascendía a pesos setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres con once centavos ($ ,11), lo que correspondía a 44,35 U.E. al valor de $ , Refieren que siendo ello así, aplicando pautas cuantitativas establecidas en el art. 34 de la Ley 8226, bajo cuyo régimen se devengaron sus honorarios, éstos últimos debieron ser regulados en un máximo del treinta por ciento y en un mínimo del nueve por ciento.- Critican que por un error involuntario en las operaciones aritméticas del caso, sus honorarios se regulen en un porcentaje inferior al mínimo legal previsto en el C.A., esto es, solamente en el siete por ciento.- Se agravian, en consecuencia, del porcentual aplicado.- Sostienen que para el hipotético caso de que la regulación de que se trata haya sido fruto de una valuación de la U.E. distinta a la vigente a la fecha de la sentencia, tal 14

15 metodología seria contraria a la garantía de igualdad ante la ley, al derecho de propiedad y al principio de irretroactividad de la ley.- Recuerdan que la ley aplicable es la vigente al momento de realizarse las tareas profesionales que los devengaron.- Señala que utilizar un valor de U.E que sea inferior al correspondiente, representa un claro agravio económico a su derecho, que conduciría a una regulación muy inferior al mínimo del nueve por ciento.- Citan jurisprudencia favorable a su postura Se agravia asimismo que la regulación practicada no aparece ajustada a las pautas de evaluación cualitativas establecidas en el art. 36 de la Ley Entienden que si se tiene en cuenta el valor y la eficacia de la labor profesional realizada, la responsabilidad que han comprometido, el éxito obtenido, la posición económica de la parte que tiene a su cargo sus honorarios y el tiempo empleado en la solución del litigio, debieron sus honorarios como mínimo ser regulados en el punto medio de la escala del art. 34 de la Ley 8226, pues aplicar un porcentual muy inferior, significaría una evaluación disvaliosa de la tarea profesional cumplida y el éxito total obtenido por su trabajo.- Peticionan se aplique el punto medio de la escala del art. 34 de la Ley 8226 y formulan reserva del caso federal II) Los apelantes cuestionan la regulación que les fuera practicada, con fundamento en que se dispuso que se regularan sus honorarios en el porcentaje inferior (7%), al mínimo de la escala que les era aplicable (9%), en función del valor de la Unidad Económica vigente al momento de practicarse la regulación.-- Siendo ello así, corresponde determinar en primer término cuál es el valor de Unidad Económica que corresponde adoptar. A tal fin debemos señalar que la establecida en la ley 8226 es claramente diferente a la dispuesta en la ley 9459, ya que mientras ésta establece un parámetro (100% de la remuneración del Juez de Cámara por todo concepto con una antigüedad de ocho años) aquella lo hace en forma diferente (40% de dicha remuneración sin adicionales y sin antigüedad).- En tales términos no tengo dudas que lo vigente al tiempo de efectuarse la regulación es el monto de la remuneración a tener en cuenta según cada ley y no la Unidad Económica actual, pues como claramente lo establece el art. 125 de la ley 9459, la regulación debe ser hecha al amparo de la normativa vigente al tiempo que se prestó la tarea profesional; y en este caso era la ley 8226 con su modalidad para establecer la Unidad mencionada, la cual ascendía a pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y uno con veinte al tiempo de la realización de los trabajos. Repárese que si tenemos en cuenta que los apelantes comparecen al juicio con fecha 09/05/2005 (fs. 122/126) y presentan alegatos con fecha 20/12/2007(fs. 959/965), veremos que durante todo el tiempo de la realización de sus trabajos el valor de la Unidad Económica se mantuvo igual, esto es, Pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y uno con veinte centavos ($ 2.451,20)

16 Por tal motivo, si a la base regulatoria la que no ha sido cuestionada- le aplicamos ese valor, nos da el total de 325 Unidades Económicas, por lo cual la escala a aplicar es la de entre 5% como mínimo y un máximo de 30% En consecuencia, no resulta correcto sostener que la escala aplicable era la que tiene como mínimo el 9%: por el contrario, el porcentaje escogido por la judex aquo, deviene dentro de lo previsto en la norma En cuanto a la queja vinculada con la inobservancia de las pautas de evaluación cuantitativa, es criterio reiteradamente sostenido por esta Cámara que cuando se ha procedido a cuestionar la fijación de los honorarios en un determinado punto de la escala, no bastará con solicitar su elevación o morigeración, por resultar ellos ínfimos o exagerados en orden al expediente. Será menester criticar todas y cada una de las razones esenciales que la ley proporciona para la composición del mismo, como así también, la necesidad de emplear otras variables no contempladas o mal calibradas por el A quo.- Sólo cuando dichos criterios han sido suficientemente explicitados, corresponderá que los Tribunales de Alzada procedan a revisar dichas regulaciones arancelarias debidamente efectuadas entre los máximos y los mínimos de ley (cfr. esta Cámara in re "Lasalle de Núñez Mercedes c/ Ing. Carlos A. Álvarez Rouchand SRL - Ord.", auto N 165 del 19.VI.96 - publicado en LLC ).- Es así que la mera indicación del valor y la eficacia de la labor profesional realizada, la responsabilidad que han comprometido, el éxito obtenido, la posición económica de la parte que tiene a su cargo sus honorarios y el tiempo empleado en la solución del litigio, no es suficiente a los fines de justificar una apreciación de su trabajo distinta a la hecha por la Sra. Juez A quo En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Maria Susana Nally, Alejandro Ceballos y Pablo A. Cabrier, sin costas, atento lo dispuesto por el art. 112 Ley Arancelaria Por todo lo expuesto a la cuarta cuestión voto por la negativa EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA QUINTA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO: Propongo: 1 ) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia número quinientos siete del siete de octubre de dos mil nueve, con costas a la recurrente, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. Julieta Tamborini, Sara Dora Barembaum, Pablo Cabrier, María Susana Nally, Sebastián Cancio y Omar Cardetti en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459; y los del Dr. Daniel Buteler Novillo en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala.-2º) Rechazar el recurso de apelación de la demandada Aguas Cordobesas, con costas a su cargo, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Daniel Buteler Novillo en el cuarenta por 16

17 ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459 y los de la Dra. Julieta Tamborini en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala, todo sobre lo que ha sido materia de agravio.- 3º) Hacer lugar al recurso de apelación de Zurich Argentina Seguros S.A., y, en consecuencia, modificar la resolución impugnada, dejando sin efecto la extensión de la condena en costas efectuada a la aseguradora apelante, sin costas en esta sede.- 4º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Maria Susana Nally, Alejandro Ceballos y Pablo A. Cabrier, sin costas, atento lo dispuesto por el art. 112 Ley Arancelaria.-5 ) Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA QUINTA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda Por todo ello y lo dispueto por el art. 382 del CPC SE RESUELVE: 1 ) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia número quinientos siete del siete de octubre de dos mil nueve, con costas a la recurrente, a cuyo fin se regulan los honorarios de la Dra. Julieta Tamborini, Sara Dora Barembaum, Pablo Cabrier, María Susana Nally, Sebastián Cancio y Omar Cardetti en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459; y los del Dr. Daniel Buteler Novillo en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala.-2º) Rechazar el recurso de apelación de la demandada Aguas Cordobesas, con costas a su cargo, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Daniel Buteler Novillo en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459 y los de la Dra. Julieta Tamborini en el treinta por ciento del mismo punto y escala de la referida escala, todo sobre lo que ha sido materia de agravio.- 3º) Hacer lugar al recurso de apelación de Zurich Argentina Seguros S.A., y, en consecuencia, modificar la resolución impugnada, dejando sin efecto la extensión de la condena en costas efectuada a la aseguradora apelante, sin costas en esta sede.- 4º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Maria Susana Nally, Alejandro Ceballos y Pablo A. Cabrier, sin costas, atento lo dispuesto por el art. 112 Ley Arancelaria.-5 ) Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes. Protocolícese, hágase saber y bajen. Fdo. Dr. Rafael Aranda. Vocal de Cámara.- Dr. Abraham Ricardo Griffi. Vocal de Cámara.- 17

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