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1 Página 1 de 7 DICTAMEN Nº 42 # Nº. 42/1999, de 17 de mayo.* Expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. ANTECEDENTES Se somete a consideración del Consejo Consultivo un proyecto de Decreto por el que se pretende regular los procedimientos, condiciones y criterios que han de regir la autorización de las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos y, en este sentido y según se indica en su Preámbulo, supone el desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, habiéndose tenido igualmente en cuenta el Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. El proyecto de Decreto consta de un Preámbulo, treinta artículos estructurados en seis Capítulos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria y tres Disposiciones Finales. EXTRACTO DE LA DOCTRINA El proyecto de Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en virtud del cual corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa básica del Estado en materia eléctrica, así como la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial, competencias atribuidas estatutariamente por los artículos ª. y 32.8 de su Estatuto de Autonomía. Respecto al procedimiento seguido en la elaboración de la norma, aun cuando en este supuesto la omisión de autorización de la iniciativa reglamentaria y de la memoria no afecte a la validez de la norma, no por ello puede dejarse de reiterar lo señalado por este Consejo en anteriores dictámenes en el sentido de que el cumplimiento de las exigencias que en la tramitación establece la Ley viene impuesto no sólo por el inexcusable acatamiento a la voluntad del legislador, sino, fundamentalmente porque sólo un estricto cumplimiento de los trámites preceptivos permite asegurar el acierto y la eficacia de la actuación administrativa. En cuanto al contenido del proyecto de Decreto y como cuestiones de carácter esencial, se señalan entre otras las siguientes: - El artículo 11 establece que la aprobación de un Plan Eólico Estratégico podrá establecer condiciones especiales y deberá ser aceptada por su beneficiario en un plazo de quince días naturales, produciéndose, en caso contrario, la caducidad. La regulación en este caso de la caducidad como efecto que se deriva automáticamente de la no aceptación por el beneficiario del Plan de la aprobación del mismo en un plazo determinado, resulta abiertamente contraria al régimen de la caducidad que prevé el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, la declaración de caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, como es el caso, requiere en primer término, la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, y en segundo lugar que medie un requerimiento o advertencia previa de la Administración al interesado causante de la paralización, requisito éste que la jurisprudencia califica como una "formalidad de estricta observancia cuya omisión lleva, además, consigo la consiguiente indefensión del interesado", determinando en consecuencia, la nulidad del acuerdo declaratorio de la caducidad.

2 Página 2 de 7 - El apartado dos del artículo 29 establece las consecuencias que se derivan de la declaración de utilidad pública de las instalaciones que regula el proyecto de Decreto, reproduciendo literalmente lo dispuesto en el artículo 54, apartado 1, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, precepto este último que según expresa la Disposición Final primera de dicha Ley es de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo ª. de la Constitución. En consecuencia, de mantenerse la redacción actual del apartado que estamos comentando, su contenido vulneraría el orden constitucional de competencias en tanto que hace objeto de regulación una materia sobre la que la Comunidad Autónoma carece de competencia alguna correspondiendo en exclusiva al Estado legislar sobre la misma. El Consejo recuerda en este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, habiéndose señalado que "si la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ilegítima cuando las Comunidades autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia" (entre otras, Sentencia 162/1996, de 17 de octubre). Si ello es así para las normas autonómicas con rango de Ley, a mayor abundamiento cabría aplicar las consecuencias que se derivan de dicha práctica a las normas reglamentarias, habida cuenta de su carácter subordinado en todo caso a la Ley. CONSIDERACIONES I Establece el apartado 4 del artículo 54 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el carácter preceptivo del informe del superior órgano consultivo de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones. El proyecto de Decreto sometido a dictamen pretende regular los procedimientos, condiciones y criterios que han de regir la autorización de las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos y, en este sentido y según se indica en su Preámbulo, supone el desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, habiéndose tenido igualmente en cuenta el Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. Las citadas normas constituyen legislación básica del Estado, la primera de ellas dictada al amparo de lo establecido en los artículos ª. y 25ª.de la Constitución (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del régimen minero y energético), si bien, en su Disposición Final Primera se excepciona de este carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos, así como los preceptos relativos a expropiación forzosa y servidumbres que son de aplicación general en virtud de lo previsto en el artículo ª. y 18ª. de la Constitución; y la segunda dictada al amparo de los artículos ª. (autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial), y ª. de la Constitución. En concreto y según se expresa igualmente en su Preámbulo, la norma se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en virtud del cual corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la normativa básica del Estado en materia eléctrica, así como la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades o cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial, competencias atribuidas estatutariamente por los artículos ª. y 32.8 de su Estatuto de Autonomía. Por otra parte, y además de regular el proyecto de Decreto el procedimiento de autorización de

3 Página 3 de 7 Parques Eólicos, se aborda en el mismo su posible inclusión en el régimen especial de instalaciones generadoras de energía eléctrica contemplado en el mencionado Real Decreto 2.818/1998, de 13 de diciembre, cuya autorización también corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como reconoce el artículo 4.1 de dicha norma reglamentaria estatal. Así enmarcado, el proyecto de Decreto objeto de dictamen supone por una parte el desarrollo autonómico de lo establecido por la citada normativa básica del Estado, debiendo tenerse en cuenta, además, que por tratarse de un proyecto de reglamento eminentemente procedimental, la Comunidad Autónoma estaría igualmente ejercitando la competencia que con carácter exclusivo le atribuye el artículo ª. de su Estatuto de Autonomía sobre "procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia". Ya ha señalado este Consejo en anteriores dictámenes que los reglamentos autonómicos dictados en desarrollo de la legislación básica estatal ocupan, con respecto a dicha legislación, una posición distinta a la de los estrictos reglamentos ejecutivos, por cuanto en aquélla el reglamento autonómico se mueve en unos márgenes más amplios que permiten introducir al Gobierno autonómico su propia opción política por lo que, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1993 (RJ Aranzadi 342) "[...] considerados estos instrumentos normativos, más que desarrollar las normas básicas, la función que cumplen es completar el ordenamiento jurídico a cuya formación concurren los dos tipos de Entes Públicos territoriales con poder normativo". Pese a que en puridad en esos supuestos no cabría hablar de reglamento dictado en desarrollo o ejecución de leyes, este Consejo ha advertido que parece aconsejable aplicar estos reglamentos idénticos mecanismos de garantía previa de legalidad que a los reglamentos ejecutivos, por cuanto según señala la sentencia citada, el examen del ajuste del reglamento a la Constitución y a la Ley básica estatal "se halla en el mismo plano de preservar el imperio de la Ley que cuando el dictamen se produce en la relación entre Ley y Reglamento ejecutivo o de desarrollo de la misma". Pretendiendo, en consecuencia, la norma sometida a dictamen el desarrollo de las previsiones de la legislación básica del Estado en la materia, resulta preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo y con tal carácter se emite éste. II El artículo 36.2 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, regula el ejercicio de la potestad reglamentaria por el Consejo de Gobierno estableciendo, como trámites preceptivos, la autorización de la iniciativa reglamentaria por el Presidente o Consejero competente por razón de la materia, la elevación a estos órganos de una Memoria sobre los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de la norma que se pretende aprobar, el trámite de información pública cuando la disposición afecte a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos y el dictamen bien de los servicios jurídicos de la Administración, bien del Consejo Consultivo. Junto a ello, la Ley establece la obligación de que se recaben los informes y dictámenes que otras normas puedan establecer y, de forma facultativa, que se recaben cuantos estudios se estimen convenientes. La importancia que tiene observar con rigor los distintos trámites que conforman el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general ha sido puesta de relieve por este Consejo en numerosos dictámenes, en tanto que viene a cumplir una finalidad de garantía interna de la propia Administración cuando pretende ejercer su potestad normativa innovando con ello el ordenamiento jurídico. Examinado el expediente administrativo remitido a este Consejo se observa que no se ha dado cumplimiento a todos los trámites que preceptúa la Ley regional. Así, en primer lugar, no consta que se haya elaborado la Memoria comprensiva de los objetivos de la norma, los medios necesarios para su elaboración y la conveniencia de la misma, si bien, de acuerdo con el criterio

4 Página 4 de 7 mantenido por este Consejo en anteriores dictámenes, tal omisión puede entenderse subsanada con el citado informe emitido por el Director General de Desarrollo Industrial que aporta datos suficientes sobre los concretos extremos de la regulación propuesta. Tampoco consta que por parte del Consejero de Industria y Trabajo se haya autorizado la iniciativa reglamentaria, si bien respecto a este trámite ha de tenerse presente la doctrina de este Consejo al señalar que la falta de constancia en el expediente de la autorización de la iniciativa puede ser suplida por otros actos del mismo órgano que demuestren que acepta de forma inequívoca lo actuado, actos entre los que cabe considerar, en el presente caso, la propia solicitud de dictamen a este Consejo Consultivo. Debiendo, por tanto, entenderse subsanados en procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto objeto de dictamen los dos trámites aludidos, su omisión no afecta en este caso a la validez de la norma, más no por ello puede dejarse de reiterar lo igualmente señalado por este Consejo en anteriores dictámenes en el sentido de que el cumplimiento de las exigencias que en la tramitación establece la Ley viene impuesto no sólo por el inexcusable acatamiento a la voluntad del legislador, sino, fundamentalmente porque sólo un estricto cumplimiento de los trámites preceptivos permite asegurar el acierto y la eficacia de la actuación administrativa. En cuanto al trámite de información pública, puede en este caso entenderse debidamente cumplimentado con la participación en el procedimiento de elaboración de la norma de otras Consejerías afectadas por razón de la materia, y de diversas empresas y asociaciones directamente relacionadas con el sector eléctrico. Como informe preceptivo se acompaña el del Consejo Económico y Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1.a) de la Ley 2/1994, de 26 de julio, modificada por la Ley 8/1997, de 5 de septiembre, adjuntándose igualmente los emitidos por el Servicio Jurídico, el Servicio de Energía y la Dirección General de Desarrollo Industrial de la Consejería de Industria y Trabajo, informe éste último que resulta de gran interés por cuanto en él se detalla las modificaciones que se han introducido en el proyecto de Decreto objeto de dictamen respecto de las observaciones presentadas en el período de información pública por los distintos organismos, asociaciones y empresas afectadas. Debe finalmente resaltarse la conveniencia de que se hubiera completado el expediente con el informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que prevé el artículo 8.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, informe que aún no siendo preceptivo, su solicitud e incorporación en el expediente habría resultado de gran utilidad habida cuenta que dicho organismo tiene por objeto velar por la competencia efectiva en el sistema eléctrico y por su objetividad y transparencia en beneficio de todos los sujetos que operan en dicho sistema y de los consumidores. En definitiva, y con las observaciones efectuadas en la presente Consideración, pueden entenderse cumplidas las previsiones que la Ley establece para la elaboración de las disposiciones de carácter general, por lo que procede entrar a examinar el contenido de proyecto de Decreto sometido a dictamen. III Con carácter esencial procede efectuar las siguientes observaciones al texto del proyecto de Decreto: 1. El Preámbulo de la norma proyectada no contiene mención alguna al dictamen de este Consejo Consultivo, obligada según resulta del artículo 40.2 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que dispone que "las disposiciones y resoluciones de la Administración sobre asuntos informados por el Consejo Consultivo expresarán en su parte expositiva si se adoptan conforme con su dictamen o si se apartan de él". En desarrollo de este mandato legal, el Reglamento del Consejo Consultivo establece en su artículo 6.2 que para expresar la conformidad o no de la actuación administrativa con el dictamen

5 Página 5 de 7 del Consejo, se utilizarán las fórmulas "de acuerdo con el Consejo Consultivo" u "oído el Consejo Consultivo", pudiendo en este caso señalarse en la disposición o resolución la conformidad con el voto particular formulado por algún Consejero. A efectos de dar cumplimiento al citado mandato legal, el proyecto de Decreto debe contener la obligada alusión a este Consejo Consultivo de acuerdo con los términos que se acaban de exponer. 2. Artículo 11: Establece este precepto que la aprobación de un Plan Eólico Estratégico podrá establecer condiciones especiales y deberá ser aceptada por su beneficiario en un plazo de quince días naturales, produciéndose, en caso contrario, la caducidad. La regulación en este caso de la caducidad como efecto que se deriva automáticamente de la no aceptación por el beneficiario del Plan de la aprobación del mismo en un plazo determinado, resulta abiertamente contraria al régimen de la caducidad que prevé el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, la declaración de caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud e interesado, como es el caso, requiere en primer término, la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, y en segundo lugar que medie un requerimiento o advertencia previa de la Administración al interesado causante de la paralización, requisito éste que la jurisprudencia califica como una "formalidad de estricta observancia cuya omisión lleva, además, consigo la consiguiente indefensión del interesado", determinando en consecuencia, la nulidad del acuerdo declaratorio de la caducidad (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1982, RJ Aranzadi 2125, y 18 de noviembre de 1986, RJ Aranzadi 898). Teniendo en cuenta dicha doctrina jurisprudencial, y de mantenerse la caducidad como efecto derivado de la no aceptación por el beneficiario de la resolución aprobatoria del Plan Eólico estratégico, se debería completar la redacción del precepto que estamos comentando aludiendo a los requisitos esenciales que prevé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para que la Administración pueda declarar la caducidad del procedimiento de aprobación de una Plan Eólico Estratégico. No obstante, atendiendo al contenido del precepto, y en especial al carácter vinculante que se pretende dar al Plan Eólico Estratégico una vez aceptada la resolución aprobatorio del mismo por el solicitante, nada obstaría a que en caso de no aceptarse ésta con las condiciones que establece, ello derivara en un supuesto de desistimiento por parte del interesado. De optarse por esta última consecuencia se podría dar una nueva redacción al precepto haciendo mención expresa a que si el interesado no acepta, en el plazo conferido para ello, las condiciones que se establecen en la resolución aprobatoria, se le tendrá por desistido de su solicitud. 3. Artículo 29: El apartado dos de este precepto, último párrafo, establece las consecuencias que se derivan de la declaración de utilidad pública de las instalaciones que regula el proyecto de Decreto, reproduciendo literalmente lo dispuesto en el artículo 54, apartado 1, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, precepto este último que según expresa la Disposición Final primera de dicha Ley es de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo ª. de la Constitución. En consecuencia, de mantenerse la redacción actual del apartado que estamos comentando, su contenido vulneraría el orden constitucional de competencias en tanto que hace objeto de regulación una materia sobre la que la Comunidad Autónoma carece de competencia alguna correspondiendo en exclusiva al Estado legislar sobre la misma. Procede en último término tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, ya señalada por este Consejo en anteriores dictámenes, respecto a la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas, habiéndose señalado que "si la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ilegítima cuando las Comunidades autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia" (entre otras, Sentencia 162/1996, de 17 de octubre). Si ello es así para las normas autonómicas con rango de Ley, a mayor abundamiento cabría

6 Página 6 de 7 aplicar las consecuencias que se derivan de dicha práctica a las normas reglamentarias, habida cuenta de su carácter subordinado en todo caso a la Ley. 4. En la parte final del proyecto de Decreto, se prevé la firma, junto a la del Presidente de la Junta de Comunidades, la del Consejero de Industria y Trabajo. Conforme ya ha señalado este Consejo en anteriores dictámenes, el artículo 37.2 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sólo exige para la efectividad de los Decretos adoptados por el Consejo de Gobierno, la firma del Presidente de la Junta de Comunidades. La inclusión, por tanto, de la firma del titular de cualquier otro órgano distinto al señalado, ha de estimarse contraria a la referida previsión legal. IV Se examinan en esta consideración otras cuestiones que surgen de la lectura del proyecto de Decreto y que, sin ser esenciales para la validez del Reglamento, su observancia contribuiría a mejorar la comprensión y la calidad técnica de la norma: A) Cuestiones conceptuales. Artículo 2: Define este artículo el ámbito de aplicación del proyecto de Decreto diferenciando entre instalaciones acogidas al régimen especial y las de régimen ordinario. A efectos de clarificar su contenido, se propone que se indique al menos, la normativa en la cual aparece definido dicho régimen especial. Artículo 3: Establece este precepto que podrán ser titulares de los Parques Eólicos las personas físicas o jurídicas que no estén incursos en las limitaciones establecidas en el Título II de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Examinado el Título II de dicha Ley, denominado "Ordenación del suministro", se observa que el único precepto relativo a los sujetos que desarrollan las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica es el artículo 9 en el cual no aparece limitación alguna que impida a dichos sujetos desarrollar la actividad, sino más bien una serie de condiciones que definen su aptitud ante las distintas actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica. Se sugiere por ello que de mantenerse la remisión que el precepto del proyecto de Decreto efectúa al Título II de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se dé una nueva redacción al mismo con el objeto de adecuarse a la regulación que contiene el artículo 9 de dicha Ley en cuanto a los sujetos que desarrollan las distintas actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Artículos 9 y 19: Establecen estos preceptos el régimen aplicable a las resoluciones de aprobación de los Planes Eólicos Estratégicos y de los Parques Eólicos respectivamente, atribuyendo al Consejo del Gobierno su aprobación en caso de que existiera discrepancia entre la Consejería de Industria y Trabajo y el resto de los Organismos afectados. A estos efectos establecen ambos preceptos que la falta de resolución expresa del Consejo de Gobierno tendrá efectos desestimatorios pero sin que se especifique plazo alguno para dictar dicha resolución. A efectos de mejorar la comprensión de ambos preceptos convendría señalar de qué plazo dispone el Consejo de Gobierno para resolver, especificando si es igualmente el de seis meses que se prevé para la aprobación por el Consejero de Industria y Trabajo o si es otro distinto. B) Cuestiones de técnica normativa. Con carácter general y dada la complejidad técnica de la materia objeto del proyecto de Decreto, se sugiere que se titulen los diferentes artículos que contiene, en tanto que además de contribuir a una buena sistematización de la norma, facilita su entendimiento y aplicación práctica. Artículo 6: Este artículo regula en sus apartados primero y tercero la documentación que han de presentar los interesados en obtener la aprobación de un Plan Eólico Estratégico exigiendo que dicha documentación, como regla general, se presente por duplicado, y determinada

7 Página 7 de 7 documentación técnica por triplicado e incluso por septuplicado como es el caso de la cartografía referente al área o áreas a investigar. Esta exigencia en cuanto al número de ejemplares de documentos que se ha de presentar ante la Administración aparecen, además, en otros preceptos del proyecto de Decreto como es el caso de los artículos 12 y 16. Del examen de los documentos que constan en el expediente no se desprende objetivamente razón alguna que justifique esta exigencia de documentación que resulta contraria por lo demás al proceso de modernización en que está inserta la Administración Regional, particularmente desde el Plan Aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de marzo de 1993 y en la actualidad con la Carta de los Derechos del Ciudadano aprobada por Decreto 30/1999, de 30 de marzo. Así el número del apartado III de dicho Plan estableció que "los funcionarios o trabajadores de la Administración de la Junta facilitarán al interesado en un procedimiento fotocopias gratuitas de los documentos que deba aportar en el mismo"; y en parecidos términos, el artículo dos de la Carta de los Derechos del Ciudadano, en el apartado IV relativo al "Derecho a presentar documentos", punto 25, se recoge el derecho a "obtener gratuitamente fotocopia de los documentos que tenga que presentar ante la Administración de la Junta". No se comprende por ello que, a menos que existan otras razones que no se desprendan del expediente remitido, el proyecto del Decreto exija al interesado que aporte la documentación por duplicado, triplicado e incluso por septuplicado ejemplar, contraviniendo con ello las disposiciones citadas anteriormente. Capítulo V: Figura este Capítulo con la denominación "Expropiación y Servidumbres", cuando el mismo contiene un único artículo, el 29, que hace referencia al reconocimiento de la declaración de utilidad pública de las instalaciones que regula el proyecto a efectos expropiatorios. Se sugiere por ello que se elimine el término "Servidumbres" de dicha titulación. Debe advertirse no obstante, que aunque no sea objeto de regulación por parte del proyecto de Decreto, las servidumbres que se puedan derivar de la autorización de este tipo de instalaciones cuentan con cobertura legal y están operativas en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. Disposiciones Transitorias: Su título debería figurar en singular dado que el proyecto de Decreto contiene una única Disposición Transitoria dividida en tres apartados. Disposición Final Tercera: Establece esta Disposición la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta la gran proyección de la norma de cara a tanto a otras Administraciones que se puedan ver afectadas por razón de la materia, como al sector empresarial, se considera conveniente que, por razones de seguridad jurídica, se respete el período de "vacatio legis" que establece el artículo 2.1 del Código Civil. En cuanto a la redacción de la Disposición, en lugar de decir "entrará en vigor al día siguiente de su publicación...", debería decir "entrará en vigor al día siguiente al de su publicación...". En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: "Que tenidas en cuenta las observaciones contenidas en el cuerpo del presente dictamen, puede V.E. elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Decreto por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, señalándose como esenciales las contenidas en la consideración III". Este es nuestro dictamen, que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

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