ARTÍCULO 29 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

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1 ARTÍCULO 29 - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 5001/01/ES/Final WP 41 Dictamen 4/2001 acerca del proyecto de convenio del Consejo de Europa sobre el ciberdelito Aprobado el 22 de marzo de 2001 El Grupo de trabajo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Se trata del órgano consultivo independiente de la UE sobre protección de los datos y la vida privada. Sus tareas se definen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 14 de la Directiva 97/66/CE. La secretaría encargada es la siguiente: Comisión Europea, DG Mercado Interior, Dirección de libre circulación de la información y protección de datos. Rue de la Loi 200, B-1049 Bruselas/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgium - Despacho: C100-2/133 Dirección Internet:

2 EL GRUPO DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Creado en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de , Vistos el artículo 29 y los apartados 1, letra a), y 3 del artículo 30 de dicha Directiva, Visto su Reglamento interno y, en particular, sus artículos 12 y 14, ha adoptado el presente DICTAMEN: Introducción El ciberdelito forma parte de la vertiente sórdida de la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías tienen ventajas enormes para las sociedades, pero también dan pie a la comisión de nuevas infracciones penales, o viejas por nuevos procedimientos. Los Estados y diversos organismos son conscientes del problema, del cual se ocupan ya, por ejemplo, la Unión Europea 2, el G8 3, la OCDE, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. El objetivo de estas iniciativas es crear una sociedad de la información en la que los ciudadanos disfruten de libertad y seguridad. El Consejo de Europa tiene una larga experiencia y tradición de cooperación internacional en materia penal y de derechos humanos. Trabaja desde 1997 en un proyecto de convenio sobre el ciberdelito. La Comisión de expertos en infracciones penales en el ciberespacio (PC-CY) terminó su cometido en diciembre de Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tendrá que evacuar dictamen (en primavera de 2001 según las previsiones) antes de que el texto se presente a aprobación del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Se encomendará a un equipo de redacción que modifique el texto con arreglo al dictamen de la Asamblea. Podrán firmar este proyecto de convenio países que no son miembros del Consejo de Europa. Los Estados Unidos, Canadá, Japón y Suráfrica participan ya activamente en su redacción. 1 Diario Oficial L 281 de , p. 31, disponible en inglés en la siguiente dirección: 2 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada: Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, que se adoptó el 26 de enero de 2001 (http://europa.eu.int/ispo/eif/internetpoliciessite/crime/crime1.html). 3 Véase la Recomendación 3/99 sobre la conservación de los datos sobre tráfico por los proveedores de servicio Internet a efectos de cumplimiento de la legislación, que se adoptó el 7 de septiembre de WP 25 (http://europa.eu/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm). 2

3 Desde el mes de abril de 2000, se han puesto en conocimiento del público diferentes versiones del proyecto de convenio a través del sitio web del Consejo de Europa. El proyecto de Exposición de motivos se publicó por primera vez recientemente, en febrero de La redacción de ambos documentos sigue su curso. El presente dictamen aborda el texto del proyecto de convenio en la versión que se publicó el 22 de diciembre de 2000 (versión pública 25 4 ), pero no la Exposición de motivos. El Grupo de trabajo señala el esfuerzo que se está haciendo en muchos campos para luchar contra el ciberdelito, y cuyos objetivos generales apoya por cuanto contribuyen a mejorar el nivel de seguridad de los ciudadanos y, en particular, del tratamiento de los datos personales. Desea, no obstante, enviar un claro mensaje de que las medidas que se propongan en el proyecto de convenio deben lograr un justo equilibrio entre la batalla contra el ciberdelito y los derechos fundamentales de la persona a la vida privada y a la protección de los datos personales. Estos derechos se consagran singularmente en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos del Consejo de Europa, el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 1981, la Recomendación nº R (87) 15 por la que se regula el uso de datos personales por parte de la policía, la Recomendación nº R (95) 4 sobre la protección de datos personales en el campo de los servicios de telecomunicaciones y, en particular, los servicios telefónicos, la Carta de derechos fundamentales de la UE, las directivas de protección de datos de la UE y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Estas son las razones por las que el Grupo de trabajo aporta las observaciones siguientes sobre el actual proyecto de convenio sobre el ciberdelito del Consejo de Europa. El proyecto de convenio Los contenidos del proyecto de convenio referidos a la armonización de las medidas procesales (Capítulo II) y la asistencia judicial internacional (Capítulo III) tienen como resultado que, en el curso de la cooperación penal internacional, se intercambian datos personales (datos de tráfico, contenido de las comunicaciones y demás categorías) que no están exclusivamente relacionados con el ciberdelito. El Capítulo III trata de la cooperación internacional a los efectos de las investigaciones o procesos sobre infracciones penales relacionadas con los sistemas y los datos informáticos o para la recogida de pruebas en formato electrónico sobre una infracción penal. La mayor parte de las obligaciones de asistencia mutua que se establecen en este capítulo pueden afectar a cualquier infracción penal sea o no de carácter informático. Entre ellas se incluyen la asistencia mutua en materia de extradición, comunicación espontánea de información, conservación de los datos informáticos y los datos de tráfico, divulgación de ambos tipos de datos y acceso a ello, acceso transfronterizo a los datos almacenados, recogida en tiempo real de los datos de tráfico e interceptación de las comunicaciones. En este Capítulo se contemplan las modalidades de solicitud de asistencia mutua por medios de comunicación urgente, como el fax y el correo electrónico, en cuyo caso sólo será necesaria la confirmación formal si así lo solicita la parte requerida. 4 Véase 3

4 En el proyecto de convenio (sección 2 del Capítulo II) se exige también que las partes armonicen sus normas de enjuiciamiento para habilitar las medidas siguientes: conservación rápida de los datos informáticos almacenados; conservación y divulgación rápida de los datos de tráfico; mandato de entregar los datos informáticos que obren en poder de una persona y de facilitar la información sobre los abonados en poder de un proveedor de servicios; búsqueda y utilización autorizada de datos informáticos almacenados; recogida en tiempo real de los datos de tráfico e interceptación de los datos de contenido. En cuanto al Derecho penal material, el proyecto de convenio (sección 1 del Capítulo II) exige a las partes que den a ciertos actos la consideración de infracción penal con todas las consecuencias, señaladamente, el ejercicio de las facultades de investigación específicas de las investigaciones penales. Tal es el caso, por ejemplo, del acceso ilegal a los datos informáticos, la intercepción ilegal, el abuso de dispositivos como los programas o las contraseñas informáticas, la falsificación y el fraude informático, los delitos relacionados con la pornografía o las violaciones de los derechos de autor y afines. El Grupo de trabajo lamenta que no se haya contemplado la incriminación por infracción de las normas en materia de protección de datos. Protección de los derechos humanos, la vida privada y los datos El preámbulo del proyecto de convenio menciona el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950 (CEDH) del Consejo de Europa, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 de las Naciones Unidas, [el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 1981 del Consejo de Europa], y [la Recomendación nº R (87) 15 por la que se regula el uso de datos personales por parte de la policía]. No se armonizan en el proyecto de convenio, sin embargo, las garantías y requisitos que habrán de aplicarse a las medidas que se tomen conforme a los textos citados. Aunque no se exige su existencia efectiva, el proyecto de convenio (artículo 15) menciona en el contexto del derecho procesal que la creación, aplicación y ejecución de las competencias y procedimientos contemplados en esta sección (sección 2 del Capítulo II) estarán sujetas a las garantías y requisitos previstos en el Derecho interno de las Partes implicadas. Los países pertenecientes al Consejo de Europa tienen la obligación de aplicar el CEDH (que garantiza el derecho a la vida privada y a la protección de los datos, los principios de secreto de correspondencia, juicio justo, legalidad de las penas, libertad de expresión y claridad de los requisitos para limitar dichos principios en las disposiciones legales) y los demás instrumentos que hagan al caso. Deben tener en vigor, por tanto, garantías y requisitos, aunque su naturaleza y alcance no sea idéntico en todos los Estados miembros. Sin embargo, el proyecto de convenio se destina también a países no pertenecientes al Consejo de Europa, que no están sujetos a las mismas obligaciones que los miembros y a quienes el proyecto de convenio no obliga a introducir garantías y requisitos conformes con las disposiciones internacionales sobre derechos humanos. 4

5 Además, el tenor del artículo 15 del proyecto de convenio podría dar la impresión de que la protección de los derechos humanos sólo ha de tenerse en cuenta cuando sea obligatorio, y que sólo ha de ser adecuada. Por otra parte, la proporcionalidad de las competencias o procedimientos respecto de la naturaleza y circunstancias de la infracción no se considera una cuestión de principio, sino que se aplica sólo en su caso. Si este extremo fuese objeto de una interpretación limitativa de las garantías y requisitos, se reduciría considerablemente, si es que no se socava por completo, la protección de los derechos fundamentales. En el Capítulo III, dedicado a la cooperación internacional, se da una falta de armonización similar de las garantías y requisitos. Algunas de las obligaciones de ayudar a la parte requirente están sujetas a las garantías y requisitos establecidas en el Derecho nacional (recogida en tiempo real de los datos de tráfico e intercepción de los datos de contenido) 5. Las demás obligaciones no están sujetas a ninguna otra condición. Esto significa que un miembro del Consejo de Europa no puede negarse a cooperar, excepto en los casos en que se reconoce que la violación de su orden público es motivo de denegación 6. Asimismo, el requisito de doble tipicidad (otra garantía muy importante) sólo puede alegarse en unos pocos casos 7. Como consecuencia de ello, por lo general y con independencia de las concepciones de ámbito nacional o más amplio sobre las garantías y requisitos, la parte requerida habrá de proporcionar la información, material etc., solicitada por la otra parte. Este es un objetivo deseable desde el punto de vista de la acción policial y la lucha contra el delito. Sin embargo, no pasaría las pruebas de necesidad, procedencia y proporcionalidad que exigen los instrumentos en materia de derechos humanos incorporados en las constituciones y leyes nacionales. En este contexto, el Grupo de trabajo señala también que en el proyecto de convenio 8 se hace referencia a la ley y otras medidas que los signatarios están obligados a tomar en aplicación del Convenio. El Grupo de trabajo desearía hacer presente al Consejo de Europa, señaladamente a los órganos que se ocupan del proyecto y a los posibles signatarios, el hecho de que estos términos han de interpretarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si las medidas que encuentran su justificación en ellos conllevan limitaciones legales de los derechos y libertades fundamentales. Varios de los Estados miembros de la UE aplican la Directiva 95/46/CE también en el tercer pilar, esto es, para el tratamiento de datos personales en materia penal. Por consiguiente, sus ordenamientos jurídicos permiten en principio que los datos personales se envíen a países no comunitarios, siempre que estos proporcionen a los particulares una protección adecuada de sus datos sometidos a tratamiento. Dichos países necesitan pues estar en condiciones de verificar que la protección que se ofrece en el tercer país es 5 Véase los artículos 33 y 34 del proyecto de convenio. 6 Véase el artículo 27 (4b) en caso de no aplicarse ningún tratado de asistencia judicial mutua, excepto este capítulo del proyecto de convenio. Véase el artículo 29 (5b), relativo a la conservación rápida de datos informáticos almacenados, y el artículo 30 (2b) relativo a la divulgación rápida de los datos de tráfico conservados. 7 Véase los apartados (3) y (4) del artículo 29 conservación rápida de datos informáticos almacenados y el artículo 30 (2b) relativo a la divulgación rápida de los datos de tráfico conservados. 8 Véase los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 sobre la recogida en tiempo real de los datos de tráfico (es decir, sin mandamiento o fundamento similar), 21 sobre la interceptación de los datos de contenido, 23 y 26 del proyecto de convenio. 5

6 adecuada. Podría darse el caso de que no lo sea y fuese necesaria una transferencia de datos personales dentro de la lucha contra la delincuencia. La legislación nacional podría haber previsto este caso introduciendo excepciones en el principio de adecuación. En otros países podría surgir la misma necesidad de imponer condiciones como consecuencia de sus normas constitucionales y procesales. Por consiguiente, el proyecto de convenio debería, en su mínima expresión, contemplar la posibilidad de reconciliar ambos objetivos permitiendo que la parte requerida imponga garantías y requisitos específico para que tenga lugar la transferencia. De lo contrario, podrían entrar en conflicto la obligación de proporcionar asistencia y la de respetar los derechos fundamentales consagrados en los instrumentos europeos y la jurisprudencia correspondiente. Abordan esta cuestión, aparentemente, el artículo 27bis junto con el apartado (6) del artículo 27, aunque no queda muy claro cómo. El artículo 27bis no menciona explícitamente la protección de los datos personales, sino la confidencialidad y limitación del uso de información o material. Contempla únicamente la posibilidad ( may en la versión inglesa: «puede») de que la parte requerida someta la entrega de información o material a confidencialidad o limitaciones de uso. Al mismo tiempo, tales posibilidades parecen muy restringidas: en la nota 48 se indica que si las normas procesales exigen la publicación, podría no garantizarse la confidencialidad. La nota 49 explica que el artículo 27bis se aplica sin perjuicio del artículo 27 sobre asistencia mutua en ausencia de acuerdos internacionales. El apartado (4) del artículo 27 permite denegar la asistencia mutua por las razones enumeradas en él, si la ejecución del requerimiento puede perjudicar el orden público, soberanía, seguridad u otros intereses esenciales de la parte requerida. Antes de denegar o posponer la asistencia, la parte requerida tiene que sopesar si el requerimiento puede concederse parcialmente o con arreglo al apartado (6) del artículo 27. No queda claro, sin embargo, si las condiciones aplicables a la protección de datos pueden basarse en este precepto, puesto que está relacionado con los motivos de denegación que se citan en el apartado (4) del artículo 27 y no comprenden necesariamente la protección de datos. En opinión del Grupo de trabajo, estos preceptos y las limitaciones que conllevan no son suficientes para garantizar plenamente los derechos fundamentales de la persona a la vida privada y la protección de los datos personales. Los ciudadanos no estarán en condiciones de prever cuándo y cómo van a limitarse sus derechos fundamentales. El proyecto de convenio debería, pues, contener cuando menos preceptos en materia de protección de datos que esbocen la protección que debe proporcionarse a los sujetos de las medidas contempladas en el proyecto de convenio. Además, debería pedirse a los signatarios que suscriban el Convenio del Consejo de Europa que está abierto a los países no pertenecientes al Consejo de Europa. Especialmente, deben aclararse con arreglo a los comentarios que anteceden el artículo 27bis y su relación con los apartados (4) y (6) del artículo 27. Dado que la Directiva 95/46/CE suele aplicarse sin restricciones, es decir, incorporando el tratamiento de los datos personales dentro del tercer pilar, hay sólidos argumentos para llegar a la conclusión de que el concepto de orden público podía también abarcar aquellas 9 Esta propuesta sigue el modelo de Schengen, según el cual la asistencia mutua entre los servicios de policía con fines específicos y el intercambio de datos personales se basa en la adhesión al Convenio 108 y el precepto en materia de protección de datos contenido en el propio tratado de Schengen. 6

7 situaciones en que el país requirente ofrece un inadecuado nivel de protección de los particulares, en lo referente al tratamiento de sus datos personales, susceptible de amenazar los derechos y libertades fundamentales de los afectados. En este contexto, ha de referirse explícitamente que el derecho a la protección de los datos ha quedado consagrado recientemente en el artículo 8 de la Carta de derechos fundamentales de la UE. La existencia o inexistencia de un adecuado nivel de protección en el tercer país se menciona también en el Convenio Europol como criterio importante para decidir si Europol comunica, y en qué medida, datos personales a dicho tercer país con fines policiales. Pese a que el artículo 27bis pueda de alguna manera, si se aclara y modifica según se ha propuesto, abordar las cuestiones de confidencialidad y de limitación con arreglo a los fines en el contexto específico de la transferencia de datos personales a países no pertenecientes al Consejo de Europa o a la UE, el Grupo de trabajo opina que el compromiso de los signatarios de cumplir los requisitos del artículo 27bis no constituirá necesariamente un compromiso de protección de la vida privada adecuado (véase más arriba). La inclusión de preceptos en materia de protección de datos ayudará a codificar y aclarar la prueba de necesidad, procedencia y proporcionalidad que imponen los instrumentos citados anteriormente. El Grupo de trabajo opina también que los signatarios del convenio deben cumplir los requisitos contemplados en los preceptos sobre protección de datos, antes de que se decida que ofrecen un nivel adecuado de amparo de los derechos y libertades de los afectados. Este planteamiento contribuirá a la armonización de las garantías y requisitos que han de aplicarse a las medidas previstas en el proyecto de convenio. Si una parte de un tercer país va a disfrutar de las ventajas que supone la transferencia de datos personales, debe aceptar una vez que los datos obren en su poder la debida responsabilidad de proteger adecuadamente los derechos fundamentales de las personas afectadas. Datos de tráfico El Grupo de trabajo se congratula de que, contrariamente a los anteproyectos previos, la versión actual del Convenio (versión nº 25) no incluya ya una obligación general de supervisión, que conlleva la retención sistemática de los datos de tráfico. Este cambio coincide con la Recomendación 3/99 del Grupo de trabajo sobre la conservación de los datos sobre tráfico por los proveedores de servicio Internet a efectos de cumplimiento de la legislación, que se aprobó el 7 de septiembre de y aduce los argumentos jurídicos 11 contra tal obligación general. También las autoridades de protección de datos de la UE, en la conferencia que mantuvieron en la primavera de 2000 en Estocolmo, manifestaron su firme oposición a esta medida. Aprobaron entonces una resolución en la que señalaron con preocupación que, según las propuestas presentadas, los proveedores de servicios de Internet deberían almacenar habitualmente los datos sobre tráfico no sólo con fines de facturación, con objeto de permitir un posible acceso de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. La Conferencia señaló que esta retención constituiría una invasión ilegal de los derechos fundamentales que garantiza el artículo 8 del Convenio 10 Puede consultarse en: 11 Con referencia en particular a la Directiva 97/66/CE. 7

8 Europeo de Derechos Humanos y declaró que en los casos específicos en que se hayan de conservar datos sobre tráfico, debería existir una necesidad demostrable, el período de conservación debería ser lo más breve posible y la práctica debería estar claramente regulada por la ley. Las opiniones sobre esta cuestión son convergentes. Otras instituciones y grupos, como el Grupo internacional de trabajo sobre protección de datos en las telecomunicaciones en su Posición Común sobre los aspectos de protección de datos en el proyecto de convenio 12, han expresado fuertes reservas al respecto. No obstante, los preceptos del proyecto de convenio sobre datos de tráfico plantean graves dudas: los artículos 29 y 30 sobre conservación y divulgación rápida de los datos de tráfico y otros no dan la posibilidad a la parte requerida de denegar la asistencia por razones de protección de datos, sino sólo por motivos generales similares a los citados anteriormente ( orden público, etc.). Al mismo tiempo, la obligación de conservar los datos informáticos y de tráfico almacenados, si así se solicita, durante un plazo mínimo de 60 días para que pueda tomarse una decisión sobre su necesidad y las modalidades de utilización, conlleva una carga enorme sobre las empresas (operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicio internet y otros) y los particulares. Preocupaciones parecidas recaen sobre el artículo 20, por el que se obliga a los proveedores de servicio a recoger o registrar los datos de tráfico en tiempo real con arreglo a su capacidad técnica. De manera general, las empresas pueden precisar de una mayor seguridad jurídica sobre sus obligaciones y la concreta aplicación de éstas. Por otra parte, podrían albergar temores de que los consumidores no tengan suficiente confianza en sus productos y servicios si no estuviese claro quién tiene acceso a la información y las comunicaciones confidenciales y en qué momento. Conclusiones El Grupo de trabajo destaca la importante función que el Consejo de Europa desempeña desde hace décadas como eficaz guardián de los derechos y libertades fundamentales. Opina que ésta institución, al fomentar la cooperación internacional en materia de ciberdelito más allá de sus propios miembros, tiene que prestar especial atención a la protección de los derechos y libertades fundamentales y, señaladamente, del derecho a la protección de la vida privada y los datos personales. 12 Grupo internacional de trabajo sobre protección de datos en las telecomunicaciones, Posición Común sobre los aspectos de protección de datos en el proyecto de convenio sobre el ciberdelito del Consejo de Europa, aprobada en su 28ª reunión de los días 13/14 de septiembre de 2000 en Berlín. Se puede consultar en: 8

9 El Grupo de trabajo considera, pues, que es necesario aclarar el texto de los artículos del proyecto de convenio porque su redacción resulta con frecuencia demasiado vaga y confusa, y podría no constituir fundamento suficiente para las leyes y medidas vinculantes destinadas a limitar legalmente los derechos y libertades fundamentales. Las explicaciones de la Exposición de motivos no pueden suplantar la claridad jurídica del propio texto. La mayor parte de los preceptos del proyecto de convenio tienen una repercusión enorme sobre los derechos fundamentales de la persona a la vida privada y la protección de los datos personales. Como se dijo anteriormente, las opciones expresadas en el texto actual anticipan, hasta cierto punto, el resultado del examen que es necesario efectuar si el derecho fundamental a la vida privada (artículo 8 del CEDH) y otros van a ser objeto de limitaciones 13. Uno de los problemas básicos al respecto es determinar cuándo es necesaria una medida en un caso concreto y, si lo es, cuándo es procedente, proporcionada y no excesiva. Algunos de los elementos del proyecto de convenio son completamente nuevos y su repercusión en los derechos fundamentales, especialmente en el derecho fundamental de la persona a la vida privada y la protección de los datos personales, podría no haberse evaluado de manera suficiente por la Comisión de expertos en infracciones penales en el ciberespacio (PC-CY). El Grupo de trabajo considera que es preciso mejorar la justificación de las medidas previstas desde el punto de vista de la necesidad, la procedencia y la proporcionalidad tal como exigen los instrumentos citados anteriormente en materia de derechos humanos y protección de datos. El Grupo de trabajo recomienda enérgicamente que el proyecto de convenio incorpore preceptos en materia de protección de datos, que esbocen la protección que debe proporcionarse a los sujetos de la información susceptible de tratamiento en relación con las medidas contempladas en el proyecto de convenio. También habrá de incluirse y mejorarse, según se indica, el artículo 27bis (por tanto, habrán de borrarse los paréntesis). La inclusión de estos preceptos ayudará a codificar y aclarar los requisitos de necesidad, procedencia y proporcionalidad que exige el acervo del Consejo de Europa y los Estados miembros de la UE. El Grupo de trabajo opina, además, que debe incluirse en el preámbulo la referencia al Convenio 108 (por tanto, habrán de borrarse los paréntesis), aunque no tenga carácter vinculante, así como invitarse a los signatarios del Convenio sobre el ciberdelito a firmar el Convenio 108 sobre protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Asimismo, el Grupo de trabajo lamenta que no se haya contemplado la incriminación por infracción de las normas en materia de protección de datos. El Grupo de trabajo observa una discrepancia en el trato que reciben los países del Consejo de Europa frente a otros, porque aquéllos deben cumplir las obligaciones derivadas del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, el Convenio 108, las Recomendaciones pertinentes del Consejo de Europa, la Carta de derechos fundamentales de la UE, las directivas de protección de datos de la UE y la legislación nacional que haga al caso, mientras que los países no pertenecientes al Consejo de Europa no tienen, con arreglo al actual proyecto de convenio, las mismas o parecidas obligaciones. 13 Por ejemplo, la interceptación de comunicaciones y datos de tráfico violan plenamente el secreto de correspondencia (Véase la sentencia Malone del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 9

10 El Grupo de trabajo opina además que los signatarios del Convenio deben aceptar la debida responsabilidad de proteger adecuadamente los derechos fundamentales de las personas afectadas, desde el momento que los datos sobre ellas procedan de los Estados miembros de la Unión Europea y el Consejo de Europa. No debe de ninguna manera revisarse la posición propuesta en el actual proyecto de convenio (versión pública 25) de no imponer a los signatarios la obligación de apremiar a los proveedores de servicios la retención de los datos de tráfico de todas las comunicaciones. El Grupo de trabajo lamenta la muy tardía difusión de los documentos correspondientes. Considera muy deseable que el debate público se prolongue y participen en él todos los interesados (organizaciones de derechos humanos, industria, etc.), antes de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debata y decida. El Grupo de trabajo opina que el gran número de deficiencias señaladas en el presente dictamen es, aparentemente, resultado de no haber hecho el Consejo de Europa el mejor uso posible de la experiencia existente en asuntos de protección de datos. Por consiguiente, invita al Consejo de Europa, y especialmente a los Estados miembros de la UE, a consultar con sus especialistas en la materia antes de adoptar una posición definitiva sobre el proyecto de convenio y a hacer el mejor uso posible de su contribución. El Grupo de trabajo invita al Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros a tener en cuenta el presente dictamen. El Grupo de trabajo se reserva la posibilidad de efectuar nuevos comentarios. Hecho en Bruselas, a 22 de marzo de 2001 Por el Grupo de trabajo El Presidente Stefano RODOTA 10

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