Buenos Aires, 17 de abril de Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta:

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1 Expte. nº 9139/12 GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denega-do en Caballero, Sergio Ernesto c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) Buenos Aires, 17 de abril de 2013 Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe, resulta: 1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) acude en queja ante el Tribunal, a fin de sostener el recurso de inconstitucionalidad que dedujera contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que revocó el pronunciamiento de grado, hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a la parte demandada a abonar al accionante la indemnización por despido arbitrario regulada por las normas de derecho laboral privado. La Cámara de Apelaciones no concedió el recurso de inconstitucionalidad intentado por el GCBA por considerar que en el caso no se verificaba la existencia de un caso constitucional, en tanto el recurrente se había limitado a cuestionar la valoración de los aspectos de hecho de la causa y la interpretación de normas infraconstitucionales, esgrimiendo tan solo una postura discrepante al respecto (fs. 53vta.). En su queja (fs. 55/64vta.), el GCBA aduce que el auto desestimatorio del recurso de inconstitucionalidad es tan subjetivo y carente de real fundamentación como la sentencia misma [que] excluido el breve relato de los antecedentes materiales, puede ser aplicado tanto a éste como a cualquier otro caso (fs. 56). A su vez, plantea que la indemnización, calculada en base a las pautas de la Ley de Contrato de Trabajo y, por ende, fuera del marco del derecho administrativo, vulnera la garantía de defensa en juicio y el derecho de propiedad. 2. En autos, Sergio Ernesto Caballero inició demanda por despido injustificado contra el GCBA, reclamando la suma de treinta y dos mil veintitrés pesos con setenta y ocho centavos ($ ,78), fundando su derecho en la ley n Relató que el 1 de junio de 1993 ingresó a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como residente en el área de Informática para la Salud y, a partir de junio de 1996, se desempeñó como programador de nuevas tecnologías y migración en la Secretaría de Salud hasta que el 18 de diciembre de 2002 fue despedido (fs. 1/3 bis). El GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo. Fundamentó su posición en que el vínculo que unió al actor con la Administración entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2002 fue el de locación de servicios, instrumentado a través de sucesivos contratos, siempre por plazos determinados. Sostuvo la improcedencia de la indemnización pretendida y de la aplicación de normas del derecho del trabajo, en virtud de lo establecido en el art. 2 inc. a de la ley nacional n y en el art. 4 de la ley local n 471 (fs. 4/10 vta.). La jueza de grado rechazó la demanda e impuso las costas a la parte actora (fs. 11/12). 3. El accionante se alzó contra lo decidido (fs. 13/16) y la demandada contestó la expresión de agravios (fs. 17/20). La Sala II de la CAyT (fs. 22/42 vta.) resolvió por mayoría revocar la sentencia de primera instancia, hacer lugar a la demanda y conceder al accionante la indemnización por despido arbitrario regulada por las normas de derecho laboral privado (fs. 26). Los jueces que integraron la mayoría, Dres. Mabel Daniele y Carlos F. Balbín, arribaron a dicha conclusión tras considerar que se encontraba acreditado en el expediente que el actor fue contratado por el GCBA de manera ininterrumpida desde el año 1993 hasta el año 2002 y que 1

2 desempañaba tareas de carácter habitual y regular, por lo que se configuraba una relación de empleo más allá del nomen iuris utilizado. Con apoyo en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas Ramos, José Luis c/ Estado Nacional, Fallos 333:311, sentencia del 6/4/2010 y Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fallos: 334:398, sentencia del 19/4/2011, sostuvieron que asistía razón al planteo del actor de solicitar protección frente al despido arbitrario y que, si bien por regla, el modo de reparar los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor debía encontrarse en el ámbito del derecho público y administrativo, no podía desconocerse que la finalidad reparadora de la indemnización exigía un riguroso apego a pautas razonables que garantizaran el principio de suficiencia. En ese sentido, entendieron que la reparación establecida en el derecho público local para los supuestos de disponibilidad no cumplía con el requisito de suficiencia. Por ello, concluyeron que, en virtud de los principios consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad, correspondía integrar las disposiciones del régimen jurídico de derecho público aplicable al empleo en el ámbito de la Administración, con los principios del Derecho del Trabajo y, en consecuencia, otorgaron al actor la indemnización por despido arbitrario regulada por estas normas. 4. Disconforme con lo decidido, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 43/49 vta.). Tachó el fallo de arbitrario porque: a) prescindía de la normativa aplicable pretendiendo la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo; b) afectaba el erario público al imponer pagos no previstos en la normativa vigente; y c) violaba la garantía del debido proceso, la defensa en juicio y los derechos de propiedad e igualdad ante la ley. Planteó que para determinar el quantum indemnizatorio ante la falta de previsión expresa debían aplicarse por analogía normas de derecho público y administrativo, en el caso, el capítulo XII del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el GCBA y el Sindicato Único de Trabajadores de la CABA registrado mediante Resolución n 4464-GCBA-SSTR-2010 (BOCBA del 28/10/2010), que establece una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción no inferior a tres meses de antigüedad, con una reducción del 50% o 70%; o en su defecto, el art. 58 de la ley n 471 y su reglamentario art. 11 del decreto 2182-GCBA-2003, que dispone también la reducción en un 50 o 70% de la indemnización en caso de baja de agentes que estuvieran en el Régimen de Disponibilidad de Trabajadores. El recurso de inconstitucionalidad fue contestado por el actor (fs. 50/52 vta.) y la denegación de su concesión, de la que da cuenta el punto 1, dio lugar a la queja del sub lite. 5. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto propició el rechazo de la queja deducida por el GCBA por considerar que no contenía una crítica concreta y razonada del auto denegatorio. Añadió que la sentencia atacada había aplicado la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y valorado las cuestiones de hecho y prueba propuestas en el pleito, por lo que la cuestión sometida a debate transcurría por canales infraconstitucionales ajenos a la instancia extraordinaria (fs. 68/70). El juez José Osvaldo Casás dijo: Fundamentos: 1. La queja deducida a fs. 55/64 no puede prosperar puesto que, en mi concepto, el GCBA no ha logrado demostrar que la cuestión planteada en el sub examine verse sobre la interpretación o aplicación de normas de naturaleza constitucional, conforme lo exige el art. 113, inciso 3º, de la CCABA. 2. Si bien el GCBA invoca de manera genérica la vulneración de la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, todos sus argumentos se dirigen a endilgar arbitrariedad al decisorio resistido en tanto habría prescindido de las normas aplicables al caso. Ello así, los agravios de la parte recurrente se centran en el cuestionamiento de las normas infraconstitucionales elegidas por la sentencia impugnada para fijar el quantum de la indemnización. 2

3 Expte. nº 9139/12 En particular, el GCBA pretende que se aplique la indemnización prevista para el Régimen de Disponibilidad de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el capítulo XII del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el GCBA y el Sindicato Único de Trabajadores de la CABA registrado mediante Resolución n 4464-GCBA-SSTR-2010 o el art. 11 del decreto 2182-GCBA-2003 que reglamenta el art. 58 de la ley n 471; en tanto ambas normas prevén una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción mayor a tres meses de antigüedad, pero reducida en un 50% o en algunos casos hasta un 70%. 3. Ahora bien, estos planteos trasuntan, en esencia, la discrepancia de la parte demandada con la resolución de la Sala II de la Cámara CAyT que hizo lugar a la demanda y otorgó al actor una indemnización por despido arbitrario basada en las normas del derecho laboral privado, mas no logran demostrar que la decisión resistida resulte palmariamente insostenible. Aunque el GCBA cuestiona el criterio propiciado a partir de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas Ramos, José Luis c/ Estado Nacional, Fallos 333:311, sentencia del 6/4/2010 y Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fallos: 334:398, sentencia del 19/4/2011, en las que se estableció que, en casos como el de autos, la reparación debe determinarse según las normas del derecho público y administrativo, lo cierto es que el tribunal a quo expresamente tuvo en consideración que en aquéllas se resaltó que, ante la falta de previsiones legislativas específicas, la solución que por analogía se aplique debe reparar debidamente los perjuicios sufridos (cf. Ramos ), y guardar un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de suficiencia (cf. Cerigliano, en donde el Gobierno de la Ciudad, al igual que en este caso, era la parte demandada). En particular, a la luz de los precedentes mencionados, la sentencia de Cámara CAyT consideró que la indemnización prevista en el derecho público local para los supuestos de disponibilidad no cumplía con el principio de suficiencia exigido por la Corte Suprema. Luego, a partir de los principios consagrados en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad, aplicó al caso las normas del derecho laboral privado. Esta decisión, que versa sobre los conceptos involucrados y la extensión que debe tener la reparación, es materia propia y exclusiva de los jueces de la causa, salvo que se logre acreditar la configuración de un supuesto de arbitrariedad de sentencia. Al respecto, se advierte que el GCBA discrepa con la conclusión a la que arribó la Cámara pero no realiza esfuerzo argumental alguno para intentar poner en crisis aquella decisión. En efecto, tan solo afirma que la sentencia considera que la reparación establecida en el derecho público local no cumple con el principio de suficiencia a partir de una interpretación errónea de la normativa aplicable (cf. fs. 60) y que ello no es correcto (cf. fs. 62). Así entonces, nada aporta para desvirtuar la insuficiencia de la indemnización endilgada por el tribunal a quo al Régimen de Disponibilidad local. En suma, el GCBA cuestiona el decisorio de la Cámara pero lo cierto es que no logra acreditar que él, independientemente de su acierto o error, se aparte de los criterios que el orden jurídico vigente suministra a los jueces para apoyar sus sentencias en una materia que, por regla, resulta privativa de los jueces de la causa y que, por consiguiente, es enteramente ajena a la intervención de este Tribunal en la vía intentada. En este sentido, cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia no tiene por finalidad abrir una nueva instancia ordinaria donde puedan discutirse cuestiones de hecho y prueba, ni la corrección de fallos equivocados o que se consideren tales, sino que sólo admite los supuestos desaciertos y omisiones de gravedad extrema a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cf. doctrina de la CSJN, Fallos: 323:3139, entre muchos otros). Por lo expuesto, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, corresponde rechazar la queja. 3

4 Así lo voto. La jueza Ana María Conde dijo: Adhiero al voto de mi colega, el juez José Osvaldo Casás. El juez Luis Francisco Lozano dijo: Tal como indica mi colega, el juez José Osvaldo Casás, cualquiera sea el mérito de la decisión de Cámara, lo cierto es que el GCBA no se ha hecho cargo de los argumentos que le dio el a quo para resolver en el modo reseñado en los Resulta (cf. el punto 3 del voto del juez Casás). Por ello, voto por rechazar la presente queja. La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo: 1. La queja del GCBA fue deducida en tiempo y forma y contiene una crítica mínima aunque suficiente de la resolución de fs. 53 y vuelta, vistos los términos en que el a quo denegó el recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, debe ser admitida. 2. El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno ha sido interpuesto en término contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa, y quien recurre goza de legitimación y capacidad procesal. 3. Pese a ser formalmente admisible, el recurso de inconstitucionalidad de fs. 43/64 vuelta no puede prosperar toda vez que no se ha logrado articular un caso constitucional. El recurrente aduce que el a quo violó la garantía de debido proceso, los derechos de defensa y propiedad, y la igualdad ante la ley. Señala que la Cámara: (i) prescindió de la normativa aplicable al caso al reconocer al actor la indemnización por despido arbitrario regulada en el derecho laboral privado, y (ii) afectó el erario público al imponer pagos no contemplados en el régimen legal vigente. Como se señala en los resulta, los jueces consideraron que la reparación establecida en el derecho público local para los supuestos de disponibilidad no cumplía en el caso con el requisito de suficiencia al que la CSJN se refiriera en los antecedentes Ramos, José Luis c/ Estado Nacional, Fallos: 333:311, sentencia del 6/4/2010 y Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fallos: 334:398, decisión del 19/4/2011. Y concluyeron que para asegurar el respeto de los principios y derechos previstos en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 43 de la Constitución de la Ciudad, correspondía integrar las disposiciones del régimen jurídico de derecho público aplicable al empleo en el ámbito de la Administración, con los principios del Derecho del Trabajo. Como lo explica el Sr. Juez de trámite en el punto 3, párrafo 5 de su voto, el GCBA discrepa porque le resulta desfavorable con el marco legal aplicado por la Sala interviniente pero no consigue rebatir los argumentos utilizados por los camaristas para conceder al accionante la indemnización por despido arbitrario regulada en el derecho laboral privado. En síntesis, el Gobierno no logra acreditar que el aquo, al resolver como lo hizo, hubiera afectado precepto constitucional alguno. 4. Por lo expuesto, voto por declarar admisible la queja de fs. 55/64 y rechazar el recurso de inconstitucionalidad de fs. 43/49 vuelta, con costas. 4

5 Expte. nº 9139/12 Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Rechazar el recurso de queja planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita a la Sala interviniente para que sea agregado a los autos principales. 5

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