78è$è#uJKvŠ Expediente Nro: Número de orden:

Transcripción

1 Número de orden: Libro de sentencias Nro: En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los días del mes de agosto de dos mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Excelentísima Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, sala uno, doctores Guillermo Emilio Ribichini, Gustavo Jorge Salvatori Reviriego y Miguel Angel Diez, para dictar sentencia en los autos caratulados HERGENREDER Graciana y otro c/ MELLINGER Miguel Angel s/ reivindicación, y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución Provincial y 263 del código procesal), resultó que la votación debía guardar el siguiente orden: doctores Ribichini, Salvatori Reviriego y Diez, resolviéndose plantear y votar las siguientes CUESTIONES 1ra) Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 285/288? 2da) Qué pronunciamiento corresponde dictar? VOTACION A LA PRIMERA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI, DIJO: I. Graciana Hergenreder y Cristina Elvira Seewald promovieron acción reivindicatoria contra Miguel Angel Mellinger, en relación al inmueble identificado como Circ. XV, Secc. B, Manz. 130 c, Parc. 5 e,

2 matrícula Nro del partido de Coronel Suarez. Lo hicieron en su condición de herederas de Cistina Graff de Eberle, Jorge Marcelo Eberle y Juan Ricardo Eberle, según declaratoria de herederos dictada en los autos sucesorios caratulados Graff de Eberle y otros s/ sucesión ab-intestato. Sostuvieron que la titularidad registral del inmueble se encuentra en cabeza de la causante Cristina Graff de Eberle, y que a su muerte la sucedieron sus hijos Jorge Marcelo y Juan Ricardo Eberle, quienes a su vez fallecieron en ese orden sin dejar descendencia. Refirieron que por comentarios se enteraron que un vecino del último nombrado -el señor Feliciano Graff- tomó la posesión del inmueble aduciendo habérselo comprado antes de su muerte, y que posteriormente le habría cedido esa posesión al aquí demandado Miguel Angel Mellinger. Sostuvieron que ninguno de los nombrados realizó acto alguno tendiente a obtener la escrituración, ni tampoco se presentaron a reclamarla en los autos sucesorios de referencia, en los que fueron declaradas herederas de los que a su vez resultaron herederos de la titular registral. Afirmaron, finalmente, que intimado Mellinger a restituir la posesión del inmueble involucrado, se negó aduciendo ser adquirente de buena fe del mismo. Proveído que fue el traslado de la demanda, se presentó espontáneamente el accionado y produjo su responde. Planteó, de manera liminar, una excepción de falta de personería fundada en la pretendida insuficiencia del poder invocado por el letrado apoderado de las actoras doctor Luis Gariglio, y respecto al fondo opuso resistencia al progreso de la

3 acción reivindicatoria propuesta. Reconoció que la titularidad de dominio del inmueble se encuentra registrada en cabeza de la causante Cristina Graff de Eberle, y a que a su muerte le sucedieron sus hijos Jorge Marcelo y Juan Ricardo Eberle. Pero afirmó que este último se lo vendió por boleto al señor Miguel Feliciano Graff, dándole la posesión y entregándole el título de propiedad a nombre de aquélla. Dijo que Graff no instrumentó léase escrituró- la compraventa, porque Eberle falleció al poco tiempo, y que en esas condiciones le cedió a título oneroso los derechos y acciones hereditarios respecto de los sucesorios de doña Cristina Graff de Eberle y de Juan Ricardo Eberle (SIC), en instrumento cuyas firmas certificó el escribano Gustavo Carlos Görg. Sobre esa base pidió el rechazo de la acción reivindicatoria planteada, alegando su condición de tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. Tras la sustanciación y resolución de la falta de personería alegada que determinó la presentación de un nuevo poder otorgado por Hergenreder y la ratificación de lo actuado por el doctor Gariglio efectuada por Seewald-, la causa se abrió a prueba, y clausurada esa etapa instructoria produjeron las partes sus respectivos alegatos, tras lo cual se dictó la sentencia que motiva los agravios. Sostuvo el magistrado que las actoras han acreditado debidamente su condición de herederas de Juan Ricardo Eberle, heredero, a su vez de la titular registral Cristina Graff de Eberle, con la declaratoria de herederos y el certificado de dominio agregado en autos. Afirmó que ello así, en la medida en que los sucesores

4 universales quedan colocados en la misma posición que el causante pudiendo reivindicar el inmueble de su propiedad aunque nunca hayan tenido la posesión del mismo- las actoras se encuentran legitimadas para plantear la acción propuesta. Y que en cambio el demandado no acreditó la autenticidad del boleto de compraventa cuya firma atribuyó al causante Juan Ricardo Eberle y que acompañó a los autos en copia simple. Sostuvo el juez de grado que el accionado alegó que el original de ese instrumento se encontraba glosado en los autos sucesorios ya referenciados, pero agregados los mismos surge que esa documentación fue desglosada y entregada a la letrada María Eugenia Otamendi. Sobre esa base consideró infundada la defensa opuesta, e hizo lugar a la acción reivindicatoria propuesta, condenando al demandado a restituir el inmueble involucrado a las demandantes en el plazo de diez días, con costas a su cargo. Se desconformó Mellinger, y fundó sus agravios en el memorial de fs. 299/307. En lo sustancial, sostiene que la parte actora nunca tuvo la posesión del inmueble que pretende reivindicar, porque el mismo le fue vendido por el señor Juan Ricardo Eberle al señor Miguel Feliciano Graff entregándole la posesión y el título de propiedad. Afirma que tampoco tuvieron las actoras derecho a esa posesión, porque al momento del fallecimiento del último de los hijos de la titular registral, el inmueble ya había salido del patrimonio del causante. Que de tal modo Eberle entregó a Graff la posesión cediendo explícitamente y en forma onerosa los derechos y acciones hereditarios que le correspondían como heredero de

5 la titular de dominio (SIC a fs. 302 vta), y que por eso él Mellinger- adquirió los derechos y acciones sucesorias (misma foja). Se queja, también, de un trato manifiestamente arbitrario, pues mientras a él se le exige la presentación del boleto de compraventa original, se ha admitido que las actoras prueben la calidad de titular dominial de la causante con una fotocopia de la escritura. Afirma que la posesión ejercida primero por Graff y luego por él mismo a resultas de las transmisiones de derechos invocadas- encuentra además sustento en las restantes pruebas producidas, así la testimonial, informativa y absolución de posiciones. Sostiene que si las actoras consideran que el inmueble fue objeto de posesión indebida desde la muerte de Juan Ricardo Eberle, no se explica por qué tardaron una década en iniciar los procesos judiciales pertinentes. Agrega que la actora no ha pudo acreditar en autos que la transmisión de derechos efectuada mediante el boleto de compraventa celebrado entre Eberle y Graff y la cesión de acciones y derechos celebrada entre Graff y él mismo fueran inválidas, atento que no demostró la falsedad de las firmas insertas en dichos documentos (SIC, a fs. 305). Finalmente sostiene que el original del boleto de compraventa cuya falta señala la sentencia se encontraba originariamente agregado a los autos sucesorios, pero posteriormente fue desglosado y aportado como prueba al juicio de escrituración que promoviera y que se encuentra radicado ante el mismo juzgado. Se queja, al respecto, de que el juez no requiriera también esos

6 autos y no valorara las constancias allí agregadas, y pide que se supla esa omisión invocando la aplicación del art. 273 del CPC. El memorial fue contestado por la presentación de su contraria corriente a fs. 309/313, donde se plantea la insuficiencia técnica de los fundamentos expuestos, y sin perjuicio de ello se replican los mismos. Paso a ocuparme de esos agravios. II. Como la parte actora plantea en su réplica la insuficiencia técnica del recurso alzado por Mellinger, debo comenzar señalando que, a despecho de los gruesos desconceptos jurídicos que se deslizan en la pieza de fundamentación de la apelación, se intenta en ella una crítica ciertamente fallida, por lo que se verá- de los fundamentos del fallo. Pero en esa medida, y al amparo de la tradicional benevolencia con que el tribunal evalúa el cumplimiento de la carga impuesta al recurrente por el art. 260 párr. 1ro. del CPC, considero que corresponde adentrarse en su tratamiento. Insiste el apelante con que las actoras nunca tuvieron la posesión del inmueble que pretenden reivindicar. Es que no necesitan haberla tenido ellas, personalmente, en tanto se presentan como herederas declaradas de Juan Ricardo Eberle, quien a su vez lo fue de su hermano Jorge Marcelo Eberle, y ambos de su madre y propietaria del inmueble Cristina Graff de Eberle. Siendo que el heredero es continuador de la persona del causante y lo sucede tanto en la propiedad como en la posesión de los bienes relictos sin necesidad de acto material alguno de su parte, a las actoras les

7 bastaba con acreditar tal investidura obtenida mediante la declaratoria de herederos corriente a fs. 61/62 de los autos sucesorios agregados por cuerda-, y la propiedad del inmueble en cabeza de la causante originaria, título a partir del cual la posesión se presume (arts y 3418 CCiv). Cierto es que a los efectos de juzgar la procedencia de la acción reivindicatoria intentada, no resultaría irrelevante que el causante inmediato de las demandantes Juan Ricardo Eberle- hubiera entregado la posesión del inmueble al señor Miguel Feliciano Graff mediante la suscripción de un boleto de compraventa. No porque ello implique que el inmueble hubiera salido de su patrimonio antes de la transmisión hereditaria como con notoria impropiedad técnica manifiesta el apoderado del apelante-, dado que para ello era menester su instrumentación por escritura pública (art inc. 1 CCiv). Circunstancia que por lo demás el vendedor no estaba en condiciones de satisfacer, desde que si bien Eberle habría comprometido en venta el inmueble, lo cierto es que en rigor solo detentaba acciones y derechos hereditarios sobre el mismo, en tanto la titularidad registral estaba en cabeza de su madre Cristina Graff de Eberle, sin que se hubiera promovido siquiera la sucesión (art CCiv). Luego, no se trata de que el inmueble hubiera salido del patrimonio de Eberle antes de su muerte, sino de que de haberse comprobado la autenticidad del instrumento traído por el demandado en copia simple y su suscripción por aquél-, habría quedado demostrado que el causante inmediato de las actoras se había desprendido voluntariamente de la

8 posesión mediante un acto en principio válido (art 1329 CCiv), cuya impugnación resultaría entonces forzosa para éstas a los efectos de legitimar su reclamo., en tanto que como continuadoras de la persona de Eberle no podrían desconocer aquella transmisión (v. MARIANI DE VIDAL Marina, Curso de derechos reales, Zavalía editor, vol. III, p. 184). Empero, el demandado trajo una copia simple de tal instrumento, y denunció que el original se encontraba agregado en los autos sucesorios cuya remisión requirió. Y aunque a pocos días vista del ofrecimiento de prueba en tal sentido escrito del 14/05/2010 a fs. 201/202 de autos-, otra letrada del estudio pidió y obtuvo el desglose de esa documental para iniciar un juicio de escrituración contra las actoras v. escrito del 26/05/2010 a fs. 111 de los autos sucesorios-, el demandado no denunció ese cambio en estos autos a efectos de poder compulsar la autenticidad del boleto en cuestión. En este sentido son inaudibles las insólitas quejas del demandado en torno a la supuesta omisión en que habría incurrido el juez de grado, al no requerir la remisión de esas nuevas actuaciones para comprobar la autenticidad de una documentación cuya carga le incumbía. No se sabe por qué razón debía el juez disponer oficiosamente la remisión de unos autos, de cuya existencia se enteró por la recepción de un oficio rogado por la magistrada interviniente en ellos, en el que sólo se recababa información respecto de lo actuado en el presente (fs. 98/100 de autos). El demandado no denunció la aportación de la documentación a compulsar

9 en esos nuevos actuados pidiendo su remisión ad effectum videndi et probandi, ni tampoco la acumulación de ese nuevo expediente en éste si entendía ser el caso (art. 190 CPC). Nada dijo ni pidió al respecto, consintiendo la clausura de la etapa probatoria y posteriormente el llamamiento de autos para sentencia. Ello así, comporta un grave desconcepto del letrado apoderado del demandado el pretender que el juez habría incurrido en una supuesta omisión al no considerar esas actuaciones, del que deriva otro no menos grave al postular que este tribunal debería salvarla compulsándolas, y todo ello por imperio de lo dispuesto en el art. 273 del CPC. Hay que decir, entonces, lo obvio: lo que el tribunal puede suplir pidiéndolo así las partes- es el omitido tratamiento de algún punto o cuestión esencial para la composición del litigio; no la imposibilidad de compulsar una documentación original con la fotocopia obrante en el expediente porque a la parte se le olvidó denunciar su desglose de una causa y su aportación a otra. Siendo que, para más y sin perjuicio de su improcedencia- ni siquiera planteó el recurrente la apertura a prueba en la alzada a tales efectos (art. 255 CPC), limitándose a traer un certificado que da cuenta de la existencia del boleto en cuestión en dichos autos, el que sin perjuicio de su absoluta irrelevancia- fue inadvertidamente glosado junto con la expresión de agravios (fs. 298). De todos modos, la mera constatación de su correspondencia con el original no saldaba la cuestión de la autenticidad del boleto invocado,

10 porque las actoras desconocieron, también, que la firma estampada en el instrumento y atribuida Juan Ricardo Eberle le perteneciera. Aunque es de toda obviedad que la carga probatoria al respecto incumbía al demandado en tanto se trataba de probar la autenticidad del instrumento acreditante del negocio jurídico invocado como defensa frente a la acción reivindicatoria de las demandantes (arts CCiv; 375 párr. 2do CPC)-, el recurrente siempre por actuación de su letrado apoderado- se opuso a la realización de la prueba caligráfica (fs. 116), y siendo que no obstante ello el juez la proveyó, se empeñó entonces en obstaculizarla oponiéndose, ahora, a que se tomara como base para el cotejo, a la documentación que las actoras obtuvieron de entes prestadores de servicios públicos, Rentas y una empresa de pompas fúnebres. Esta vez el éxito coronó su esfuerzo, y el juez desestimó entonces la realización de la prueba que en rigor interesaba producir al propio oponente (fs. 180). No advertido, todavía, del alcance de su gestión, se congratula el letrado apoderado de que la actora no pudo acreditar que la transmisión de derechos devenidas del boleto de compraventa celebrado entre Eberle y Graff y la cesión de acciones y derechos celebrada entre Graff y Mellinger fueran inválidas; atento que no demostró la falsedad de las firmas insertas en dichos documentos (SIC, a fs. 304 vta últ. parr. Y fs. 305 párr. 1ro). Lo cierto y concreto, es que en defecto de esa prueba, la defensa de Mellinger fincada en la entrega voluntaria de la posesión por parte de

11 Eberle a Graff antes de que las actoras pudieran heredarlo, queda huérfana de todo sustento. Porque es también obvio que no puede pretenderse la acreditación de la compraventa invocada exclusivamente mediante prueba testimonial (art CCiv), para peor rendida por la propia hija de Graff (fs. 224) supuestamente comprador del inmueble-, y una vecina Müch- que refiere vagas e imprecisas manifestaciones cuya fuente es, en definitiva, los propios dichos de Graff (fs. 229; arts. 384 y 456 CPC). III. Luego, en la medida en que Mellinger aduce ser cesionario de Graff, es obvio que carece de título alguno para oponerse a la reivindicación planteada (arts y 3270 CCiv). Y ello sin decir, todavía dado que la falta de acreditación del boleto de compraventa entre Eberle y Graff define ya la suerte adversa del demandado-, que tampoco Mellinger resulta ser cesionario de los derechos y acciones que correspondían a Graff en ese boleto, sino de los que le correspondan por fallecimiento de doña Cristina Graf de Eberle y Juan Ricardo Eberle, referidos exclusivamente a un lote de terreno. (cláusula primera), cesión que se considerará resuelta de pleno derecho en caso de que el señor Miguel Feliciano Graff no resulte legitimado en la sucesión (cláusula cuarta), estableciéndose además que Graff desiste a favor del nombrado cesionario Miguel Angel Mellinger de todas las acciones y derechos que puedan corresponderle sin limitación alguna, en la mencionada sucesión, colocándolo en su mismo lugar y grado de prelación con subrogación para

12 todos los efectos legales (claúsula quinta, en todos los casos del instrumento de cesión copiado a fs. 235). Lo que supone una cesión de supuestos derechos y acciones hereditarios que tampoco observa la forma de escritura pública (art inc. 6 CCiv)- que Graff nunca pudo tener en las sucesiones acumuladas de Cristina Graff de Eberle, Marcelo Eberle omitido en el instrumento de cesión- y Juan Ricardo Eberle, porque lo invocado y ya vimos que tampoco acreditado- es un boleto de compraventa de inmueble entre el último heredero y Graff. Para resumir: cesión que no observa la forma prescripta de lo que Graff nunca tuvo, en razón de un título invocado pero no acreditado, y condicionado a un reconocimiento en los autos sucesorios que tampoco obtuvo, porque fueron únicamente las actoras las declaradas herederas en ese trámite. Para terminar me ocupo de un agravio infantilmente planteado- respecto de un supuesto trato desigualitario en la valoración de elementos probatorios aportados. Dice el apelante que mientras a él le tienen por inacreditada la compraventa invocada entre Eberle y Graff por tratarse de una fotocopia, a las actoras le consideran probada la compraventa en virtud del cual la causante originaria Cristina Graff de Eberle- adquirió el inmueble reivindicado. Hay, empero, algunas diferencias relevantes que el recurrente pasa por alto. Las actoras desconocieron la autenticidad de la copia simple del boleto acompañado, incluso la de la firma atribuida a Juan Ricardo Eberle estampada en el mismo (art CCiv). Y ya vimos que el demandado no

13 sólo nada hizo para corroborar su correspondencia con el supuesto original, sino que incluso obstaculizó hasta hacerla fracasar la pericia caligráfica que innecesariamente ya que no era carga suya- habían ofrecido las demandantes (art. 375 párr. 2do CPC). Las actoras, en cambio, no acompañaron una fotocopia simple sino certificada de la escritura de adquisición del inmueble por parte de Cristina Graf de Eberle, bonificada además- por el certificado de dominio que da cuenta de la titularidad registral en cabeza suya a resultas de la escritura mencionada (v. fs. 275/278 y 282/283).Y finalmente, el demandado no sólo no desconoció la autenticidad de esa documentación y del negocio jurídico allí referenciado, sino que reconoció expresamente que se correspondía con el testimonio original en cuya virtud la nombrada devino titular registral del inmueble (v. fs. 46 últ. párr.). Voto entonces por la AFIRMATIVA. Los señores jueces doctores Salvatori Reviriego y Diez, por iguales fundamentos votaron en el mismo sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI, DIJO: Por lo acordado al votarse la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia apelada con costas al apelante vencido (art. 68 CPC). Así lo voto.

14 Los señores jueces doctores Salvatori Reviriego y Diez, por iguales fundamentos votaron en el mismo sentido, por lo que se SENTENCIA: AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto que se ajusta a derecho la sentencia apelada. POR ELLO, se la confirma con costas al apelante. Hágase saber y devuélvase.