V. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRO- TECCIÓN

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1 Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales las normas constitucionales en el orden interno prevalecen sobre las disposiciones contenidas en los tratados internacionales y una interpretación contraria significaría permitir la reforma de la Carta Fundamental por un medio distinto al establecido en la Constitución, lo que no es admisible. Con este precepto constitucional y los fallos del Tribunal Constitucional que no brindaban a protección de los derechos humanos y garantías constitucionales, se vivió en Chile desde 1980 hasta 1989 año en que fue derogado el referido artículo por la Ley de Reforma Constitucional Nº de 17 de agosto de La Constitución vigente con relación a la jerarquía de los tratados dispone en su art. 5 inc. 2) que el ejercicio de la soberanía reside esencialmente como limitación al respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. V. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRO- TECCIÓN Frente al limitado rol racionalizador del poder que lleva a cabo la justicia nacional, las víctimas en general encuentran o procuran encontrar en el sistema latinoamericano de derechos humanos un ámbito de protección, tanto nacional como internacional. 31

2 Elizabeth Iñiguez de Salinas La existencia de un sistema de protección internacional de los Derechos Humanos con la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos internacionalmente y con órganos de control a los que pueden acudir los Estados que demandan el incumplimiento de sus obligaciones al respecto por otros Estados partes, así como individuos o grupos de ellos, es trascendental para el derecho internacional. Los derechos humanos han dejado de ser una materia reservada a la jurisdicción interna de los Estados, jurídica y políticamente es una cuestión internacionalizada en la que las competencias de control internacional, aunque subsidiarias de las existentes en el derecho interno, juegan hoy a nivel universal y regional un papel esencial. De tal modo la noción misma de soberanía estatal se ha visto especializada y la idea de poder absoluto, último e ilimitado ha quedado obsoleta y sepultada. En el ámbito americano la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 22 de noviembre de 1969 reafirma el propósito de consolidar en el continente un régimen de protección a los derechos esenciales del hombre, los que no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Incorpora esta Convención como medios de protección de los derechos enunciados a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 32

3 Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales La persona que no encuentra tutela judicial a sus derechos humanos violados, con la sentencia de última instancia por un Tribunal de su país, goza del derecho de acudir ante el sistema americano para obtener justicia. Primero deberá ir ante la Comisión para examinar la demanda y medie en el caso; pero, si encuentra responsabilidad en el Estado infractor y éste se negase a asumirla conocerá el caso la Corte Interamericana. El sistema de protección internacional tiene que confrontar frecuentes problemas porque algunos Estados no acatan sus decisiones. Como es de vuestro conocimiento el art. 62 de la Convención establece que todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier otro posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Esto generalmente lo hacen los Estados partes. Traemos a comentario el caso polémico que sucedió con el Perú en A pesar de haber manifestado su sometimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tiempo de ratificar la Convención, a raíz de que la Comisión Interamericana recibiera diversas demandas durante el gobierno de Alberto Fugimori, su Ministro de Justicia Alfredo Quispe declaró que creo que la Comisión Interamericana no tiene competencia para juzgar a un régimen político y un Estado soberano como el Perú y que el gobierno peruano estudia la posibilidad para evitar que ésta juzgue al Perú. Esta declaración se concretó cuando a propósito de la 33

4 Elizabeth Iñiguez de Salinas Sentencia que esta instancia emitió sobre el caso Castillo Petruzzi, Perú retiró su declaración de reconocimiento a la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente ocurrió otro caso más grave todavía que impactó a la democracia peruana. El 2 de junio de 1997, 27 diputados del Congreso presentaron una demanda a la Comisión Interamericana a consecuencia de que el Presidente del Perú, Alberto Fujimori, destituyó a 3 Magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales por el fallo dictado declarando la inaplicabilidad al caso concreto de la Ley o Ley de Interpretación Auténtica del art. 112 de la Constitución. Dicha ley de interpretación auténtica del art. 112 de la Constitución decía que la reelección presidencial está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de la promulgación del referido texto constitucional y que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. El art. 112 de la Constitución interpretado dice; el mando presidencial es de cinco años. El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo el ex presidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. La Comisión Interamericana al no haber logrado una solución amistosa al conflicto, acordó enviar el caso a la Corte Interamericana solicitando que ésta ordene al Perú reparar integral y ordenadamente a los Magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo 34

5 Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales Rey Terry y Delia Revolio Marzano de Mier y reintegrarles en el ejercicio de sus funciones con la correspondiente indemnización de los beneficios salariales y el pago de daños y perjuicios morales causados y costas. La Corte tomó conocimiento del caso el 2 de julio de 1999 y notificó al Estado del Perú con copia de la demanda, informándole que disponía de un mes para nombrar agente titular y alterno, dos para someter excepciones preliminares y cuatro para responder la demanda. El 16 de julio de 1999 el embajador del Perú en Costa Rica compareció en la Corte para devolver la demanda y entregar una nota a la Secretaría suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, acompañada de la Resolución Legislativa de 8 de julio de 1999 en la que el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la Competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que este retiro produce efectos inmediatos a partir de la fecha del depósito del mismo en la Secretaría General de la OEA y que se aplica a todos los casos en los que el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte, por lo tanto ésta ya no era competente para conocer las demandas interpuestas contra la República del Perú. La Comisión presentó sus observaciones sobre la devolución de la demanda que resumida dice: a) que la Comisión asumió competencia para considerar el caso, antes del supuesto retiro de la competencia contenciosa de la Corte, formulada por el Perú, por lo tanto esta no produce efecto alguno en el ejercicio de la competencia de la Corte; b) un Estado en un acto unilateral no puede privar a un Tribunal Internacional de la competencia que 35

6 Elizabeth Iñiguez de Salinas éste ha asumido previamente, la Convención Americana no lo prevé, es incompatible con la misma y si a pesar de ello se produjera, debiera notificarse con un año de anticipación en aras de la seguridad y estabilidad jurídica. Finalmente la Comisión solicitó a la Corte determinar que la devolución de la demanda no tiene validez legal y que continuará ejerciendo su competencia sobre el caso. En la Sentencia Nº , la Corte hace algunas consideraciones y citando jurisprudencia de la Corte Internacional sobre la materia, afirma que el pretendido retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y los efectos jurídicos tiene que ser resuelto por el Tribunal de la Corte, que como todo órgano de competencias jurisdiccionales, debe determinar el alcance de su propia competencia, deber que le impone la Convención para ejercer sus funciones según el art de la misma; que la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea dada la fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección a la Convención, por lo que no puede estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados partes por razones de orden interno; que no existe en la Convención norma alguna que expresamente faculte a éstos a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte; que un Estado parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones del propio tratado, en este caso, la denuncia conforme las normas internacionales; que el Estado que aceptó la jurisdicción 36

7 Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales obligatoria de la Corte Interamericana, pasa a obligarse por toda la Convención. El propósito de preservar la integridad de las obligaciones convencionales se desprende del art de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que parte del principio de que la denuncia (o el retiro de un mecanismo de tratado sólo puede ser efectuada en relación con el conjunto del tratado, a menos que este lo disponga o las partes lo acuerden de manera diferente). Con estos y muchos otros fundamentos la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia sobre el caso del Tribunal Constitucional el 24 de septiembre de 1999 resolviendo por unanimidad declarar que la misma es competente para conocer el caso y que el pretendido retiro con efectos inmediatos, por el Estado peruano, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es inadmisible debiendo continuar con el conocimiento y la tramitación de la demanda, disponiendo que el Presidente convoque al Estado Peruano a la Comisión Interamericana a una audiencia sobre el fondo de la causa. Luego de la salida del Presidente Fujimori, el Congreso dictó la Resolución Legislativa Nº CR que derogan las resoluciones del Congreso que destituyeron a los tres Magistrados del Tribunal Constitucional y los restituye a sus funciones y la Resolución Legislativa Nº que aprueba el retiro con efecto inmediato de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedando de esta manera normalizadas plenamente las relaciones 37

8 Elizabeth Iñiguez de Salinas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos interrumpidas por decisiones erróneas del anterior gobierno que pretendió retirar al Perú de la competencia de la misma, por lo que se acumularon en la Comisión cerca de 300 casos sobre violaciones a los derechos humanos sin que se asumiera la responsabilidad internacional, sustrayendo a los peruanos de su derecho de acudir al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, como lo dijo el Ministro de Justicia del Perú Dr. Diego García Sayán en el 57 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. No obstante las debilidades que acusa la eficacia del sistema americano basado en la Convención Americana, como lo afirma el tratadista uruguayo Héctor Gross Espiell 3. 3, ha mejorado con el desarrollo democrático y la estabilidad institucional, poniendo fin a conflictos en condiciones políticas desfavorables, pues sin democracia es imposible la plena eficacia de la aplicación de un sistema de protección regional de los derechos humanos. El fundamental defecto actual del funcionamiento del sistema de la Convención radica en la descoordinación del trabajo de la Comisión y de la Corte, esto provoca que en materia contenciosa no haya todavía un flujo normal de casos de la Comisión a la Corte y que los casos no solucionados en aquélla no llegan a ésta, como debería ser. En 18 años desde la creación de la Comisión, ésta ha recibido más de denuncias, pero sólo han pasado 20 a la Corte y fallado 16 sentencias, esto le quita 3. La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparado, p

9 Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales eficacia y credibilidad al sistema. Para superar aquello debieran modificarse y coordinarse los Reglamentos de ambos órganos que dificultan este flujo que perjudica la aplicación de la Convención. No obstante, los resultados obtenidos en los organismos de protección internacional americano no son desdeñables e irán mejorando conforme los Estados asuman con firmeza la protección permanente de los derechos humanos, en cualquier situación y el mantenimiento, desarrollo y perfeccionamiento del sistema regional así como el cumplimiento de las sentencias dictadas por sus órganos de protección. Al finalizar reiteramos que la admisión por parte de los textos constitucionales positivos de cada Estado con la jerarquía y protección jurisdiccional que se otorgue a los tratados de derechos humanos, es potestad exclusiva de éstos. En muchos casos, esto significará modificaciones sustanciales de su parte dogmática, pero eso es lo que debe hacerse en el tercer milenio llamado el de los derechos humanos, pese al relativismo cultural que alegan algunos países, aspecto sobre el que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 adoptó un criterio equilibrado al expresar que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuáles fueren sus sistemas políticos económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 39

10 Elizabeth Iñiguez de Salinas Sin embargo, hacemos nuestra la afirmación de Jorge Carpizo claro que nadie es tan inocente para pensar que con la sola vestimenta constitucional estos derechos se encuentran protegidos, ya que el problema es más profundo, aún cuando ya la simple inclusión produce ventaja 4.. Algo más habrá que hacer para que esos derechos se transformen en realidad. Parte de esa labor se centra en la interpretación constitucional que deben realizar los organismos judiciales competentes que de hecho lo están haciendo los diferentes Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales superando los obstáculos que ocasionan la obscuridad o la ambigüedad de la norma. Afortunadamente en América Latina existe la tendencia a elevar a nivel constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, en unos países más que en otros. En Bolivia, esperamos que la Asamblea Constituyente próxima a instalarse introduzca como tema de debate la jerarquización de los tratados internacionales sobre derechos humanos a nivel de la Constitución, adscribiéndose de ésta manera a la corriente que impera en el continente, bajo un control preventivo antes de jerarquizarse -pese a que los tratados en esta materia, por su naturaleza gozan de la presunción de constitucionalidad- para evitar una eventual contradicción en la norma constitucional con el derecho internacional, que puede darse. 4. BIDART CAMPOS, Germán y CAMPOS, Walter. DERECHO CONSTITUCIONAL COM- PARADO Tomo 1I.p.7 40

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