A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Transcripción

1 A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz Doña Rosa Díez González presenta, mediante el presente escrito ENMIENDA a la totalidad al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades con nº de Expediente (121/000110)., 15 de septiembre de 2014 Rosa Díez González Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia

2 Enmienda a la totalidad UPyD presenta esta enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, por considerar que no es ésta la reforma que se necesita. Se presenta el Proyecto de Ley enunciando unos principios acertados, como favorecer la inversión empresarial, no provocar una excesiva merma recaudatoria, ensanchar bases y eliminar deducciones. Sin embargo, el texto incluye avances insuficientes en esas líneas, por lo que no se atiene a esos principios adecuadamente. Asimismo, se echa en falta que no se haya incluido entre esos fundamentos básicos la lucha tanto contra el fraude como contra la elusión fiscal. Las medidas adoptadas en estos ámbitos en el Proyecto son claramente insuficientes. Además, existen numerosos aspectos en el Proyecto orientados por principios bien distintos a los enunciados como guías teóricas. En realidad, lo orientan motivos de oportunismo político, así como la necesidad de atender (aunque sea de manera a veces testimonial) requerimientos de las autoridades europeas. Esto se intenta compaginar con la introducción de medidas, en ocasiones contradictorias, para consumo doméstico que permitan arrancar un titular periodístico favorable. A lograr ese difícil equilibrio entre las dos exigencias parece dedicar el Gobierno sus mayores esfuerzos. Pretende hacerlo por la vía de limitar los cambios a aquellos estrictamente inevitables para salvar ese doble requerimiento, es decir, hace lo justo para cumplir su doble objetivo, al precio de sacrificar la profundidad con la que sería necesario abordar algunos temas. Esta falta de profundidad es un defecto general de toda la llamada reforma fiscal que está planteando el Gobierno, pero afecta en particular al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. A lo largo de toda esta Legislatura, el Gobierno ha transmitido mensajes (no excesivamente rigurosos) sobre el exceso de desgravaciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades, como si el problema de la baja recaudación se originase por el uso que de esas posibilidades legales hacen las empresas (en cualquier caso, cumplidoras de unas leyes diseñadas en el pasado por el propio PP y el PSOE) y todos los problemas pudieran resolverse eliminándolas. Es cierto que se habían cometido excesos en el pasado, tanto por parte del anterior Gobierno socialista, como, por cierto, del Gobierno popular anterior a él, concediendo irresponsablemente desgravaciones. No obstante, entre los últimos años del gobierno socialista y el primero del actual Gobierno esos excesos han quedado prácticamente corregidos, y ahora se está pasando a un exceso en sentido contrario, pues se sigue alegando repetidamente la necesidad de avanzar en esa dirección, como si solo de ello dependiera la recuperación de la recaudación fiscal.

3 Existen diversos ejemplos de ese efecto péndulo, es decir, de ese salir de un exceso para caer en el contrario. Con el objetivo de fomentar la internacionalización de la empresa española, el gobierno Aznar (del que formaba parte el actual ministro de Hacienda) aprobó medidas que ahora se eliminan o corrigen muy sustancialmente, como si la anterior norma fuera una torpeza de origen desconocido. Es cierto que el método de exención hoy vigente para las rentas del exterior necesitaba ajustes para evitar ciertos abusos que hacía posibles. Pero lo excesivo de los ajustes incluidos en el proyecto, unido a su entrada en vigor sin apenas régimen transitorio, suponen un excesivo castigo a las empresas españolas más internacionalizadas. Por si eso fuera poco, transmiten al ámbito empresarial (y a los potenciales inversores) el mensaje de que en España no existe seguridad jurídica y las reglas de juego cambian con demasiada frecuencia. Con esa misma fe del converso, se restringe fuertemente a las empresas la posibilidad de aplicar gastos que son contables y reales, contraviniendo así el principio de capacidad económica. El Impuesto de Sociedades se supone que grava el beneficio neto, es decir, los ingresos menos los gastos. Al introducir restricciones tan fuertes al cómputo de los gastos financieros, al deterioro de los activos y a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (todos ellos gastos reales y contables) se obliga en la práctica a pagar un impuesto que en teoría grava los beneficios a empresas que tienen en realidad pérdidas. Es cierto que había excesos, pero eso no justifica pasar de un extremo a otro, y repentinamente, castigando en este caso a las empresas que atraviesan dificultades económicas. Algunas de estas medidas se anticiparon ya en 2012 y 2013, entrando en vigor con carácter inmediato, sin apenas regímenes transitorios. Esta manera de legislar provoca inseguridad jurídica y perjudica a la inversión empresarial. En consecuencia, las llamadas normas de ensanchamiento de la base imponible centran sus perjuicios en las empresas internacionalizadas y en las que pasan por dificultades económicas. Hay unos perfiles de empresa que son las perdedoras de esta reforma y que no están bien elegidos. El Gobierno pretende compensar todos esos perjuicios con el supuesto efecto balsámico de la reducción del tipo de gravamen nominal. No será así. Los países avanzados no fomentan fiscalmente la actividad empresarial entrando en el juego de la competencia fiscal, sino mostrando un historial de coherencia, con normas no arbitrarias, que respetan los principios de capacidad económica y no se modifican continuamente. Si el Gobierno no hubiera modificado en esta Legislatura tres veces la norma de gastos financieros y otras tantas la de amortizaciones, no

4 sería necesario intentar la atracción de inversiones previamente desalentadas mediante un menor tipo impositivo nominal. Los criterios de oportunidad política parecen estar especialmente claros en el tratamiento de las Pymes. Por un lado, se eliminan ciertos incentivos fiscales a las Pymes, como Bruselas pedía, y al hacerlo se igualan los tipos impositivos. Pero, como políticamente se ha considerado necesario mantener algún signo de discriminación favorable, se crea en paralelo una nueva desgravación fiscal para Pymes, la reserva de nivelación, de gran complejidad y dudosa eficacia, que incurre en notoria contradicción con los principios de quitar desgravaciones y no desincentivar el aumento del tamaño empresarial. Pero había que conseguir un titular periodístico que hablase de nuevas ventajas para Pymes. Algo similar ocurre con la reserva de capitalización, necesaria para atender la recomendación europea de favorecer más la financiación propia. Sin embargo, la nueva norma de gastos financieros ya es suficientemente incentivadora, incluso comparada con los países de nuestro entorno. Al actuar así, nos encontramos con una nueva desgravación fiscal, cuando se pretendía eliminar las desgravaciones y simplificar el impuesto. Lo cierto es que todo esto se podría haber hecho de otra manera. Se puede legislar sin ir de un extremo a otro, y siendo más respetuoso con las legítimas expectativas fiscales de las empresas y con el principio de capacidad. Se puede ayudar a las Pymes evitando el efecto salto que desincentiva el aumento del tamaño o la declaración de bases y, a la vez, proteger la recaudación. Por ejemplo, estableciendo una única tabla con dos tipos de gravamen por tramos de base imponible, como propone UPyD. Hay otras disposiciones incluidas en el Proyecto que resultan igualmente incongruentes con los principios en los que dice fundamentarse, apuntando a objetivos no suficientemente explicados y con apariencias clientelares. No se entiende, por ejemplo, que se apruebe una exención para las plusvalías en venta de sociedades filiales excesivamente generosa, cuando se supone que se está intentando ensanchar la base imponible (y a la vez se endurece el tratamiento de las plusvalías en el IRPF). Es difícil de entender este trato de favor a empresas que van bien y tienen beneficios extraordinarios, cuando se trata mal a las empresas en dificultades, como antes mostrábamos. Tampoco es posible ignorar otro ejemplo de esa práctica mediante la que objetivos inconfesables son maquillados con supuestos fines políticamente correctos. La disposición por la que se mantiene a la banca el tipo de gravamen del 30%, que se presenta como un modo de que pague

5 por algo que deben a la sociedad, realmente es una medida diseñada para beneficiarla, concretamente para mantener el valor contable de sus activos por impuestos diferidos. Por último, resulta reprochable que el objetivo de ensanchamiento de la base imponible se concrete en medidas discutibles, que afectan a empresas cumplidoras de la legislación vigente, y no haya apenas medidas que busquen la afloración de bases no declaradas. La Ley incorpora algunas novedades, en la línea de dificultar ciertas vías de fraude o elusión legal, pero que resultan claramente insuficientes. Obviamente eso no está entre las prioridades. Para UPyD sí es una prioridad. En concreto, la reforma debería ser más ambiciosa aplicando regímenes de transparencia fiscal, y más exigente en la valoración de operaciones entre socio y sociedad, para evitar la elusión fiscal mediante sociedades carentes de contenido empresarial. En definitiva, el Gobierno ha confundido lo urgente electoralmente con lo importante, sin atreverse a adoptar medidas de mayor calado, tras haber malgastado tres cuartos de su mandato en sus erráticas medidas de choque. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de UPyD ENMIENDA LA TOTALIDAD de este Proyecto de Ley y solicita su devolución al Gobierno.