VII JORNADAS BONAERENSES DE TRABAJO SOCIAL. PONENCIA Salud Sexual y Trabajo Social. Reflexiones a partir de la experiencia

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1 VII JORNADAS BONAERENSES DE TRABAJO SOCIAL PONENCIA Salud Sexual y Trabajo Social. Reflexiones a partir de la experiencia Autoras: Lic. Karina Daverio Lic. Natalia Jortack Como introducción, queremos contar brevemente que somos trabajadoras sociales, que nos encontramos haciendo nuestra residencia en un Centro de Salud en el Municipio de Hurlingham, Pcia. De Buenos Aires, y que la residencia tiene la particularidad de ser interdisciplinaria. Esto quiere decir que los proyectos que llevamos adelante cuentan con equipos de trabajo de residentes de: medicina general, trabajo social y enfermería comunitaria. Estos equipos de trabajo llevan adelante distintos proyectos, entre ellos el de Salud Sexual y Reproductiva. Intentamos a partir de esta práctica, construir un marco conceptual y de trabajo común, que incluya las distintas perspectivas de abordaje profesional y sea una síntesis de los aportes individuales. Así construimos nuestro propio concepto de salud sexual que incluye, no solo el acceso a los métodos anticonceptivos, a los controles periódicos de la salud, a los estudios que se requieran sino también al ejercicio de su sexualidad libre, sin condicionamientos ni coerciones, a su derecho al placer, a elegir, a vivir una vida sin violencia, a no ser discriminada, a ser atendida por personal competente y en condiciones dignas, a ser respetada en sus tiempos y en sus decisiones. Sin embargo, este gran esfuerzo colectivo realizado por las distintas residencias, tiene a su vez que interactuar con otros actores y lógicas institucionales, que engloban el sistema de salud vigente. Reflexionando sobre la Ley La Ley N , sancionada en el año 2002, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ha constituido un avance en la

2 lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. A su vez genera obligaciones del Estado en el respeto de esos derechos, como por ejemplo la entrega de forma gratuita de los métodos anticonceptivos en todas las dependencias de salud. Sin embargo, en el cotidiano de nuestra intervención profesional, la situación dista mucho de ser la ideal. La Ley obliga al Estado a la provisión de los métodos anticonceptivos, sin embargo sucede que la misma se da de forma discontinuada, por momentos hay recursos y por momentos estos desaparecen, dejando sin cobertura a las mujeres. La ley garantiza a toda la población el acceso a la información referida a la salud sexual y procreación responsable, sin embargo sucede que los profesionales no contamos con capacitación adecuada para cubrir estos requerimientos: no se nos capacita en los conceptos básicos acerca de la sexualidad y de todos los aspectos médicos y sociales que enmarcan estas prácticas humanas. Ahí es cuando nosotras, como Trabajadoras Sociales, notamos que hay muchas opiniones y visiones sobre un mismo tema. Esto se da porque la Salud Sexual constituye un verdadero condensador de diversos enfoques éticos, políticos e ideológicos. En nuestras intervenciones cotidianas, las trabajadoras Sociales nos encontramos en un movimiento de constante tensión entre los postulados éticos de los/as profesionales y los requerimientos de la Institución. Intentamos desde nuestro quehacer cotidiano mantener un equilibrio entre el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las exigencias institucionales. Allí es donde aparece el ejercicio de nuestra autonomía relativa a nivel profesional. Al respecto, la Licenciada en Servicio Social Patricia Acevedo nos aporta para la reflexión el concepto de aspectos de relativa autonomía, que alude a las opciones de los trabajadores sociales, partiendo de que no se entiende la autonomía sino en un marco de heteronomía, esto es, de restricciones e

3 imposiciones que muchas veces provienen de fuera del campo de análisis 1. La autora parte del supuesto de que en algún lugar, espacio, relación, en ese cara a cara, en esa oficina o box, en ese proyecto o en aquel servicio, siempre todos y cada uno de los profesionales tenemos un margen, operamos en un mar de restricciones, pero ellas nunca son tales que impidan la mínima, la posible, la utópica toma de decisión autónoma en torno a ciertas y determinadas cuestiones 2. Nosotras también opinamos que nuestras prácticas no pueden estar enteramente definidas, ni codificadas, ni estandarizadas, como muchas veces pensamos cuando nos chocamos con esa barrera infranqueable de todo lo que no podemos hacer. Pensamos que nuestras mismas prácticas profesionales nos permiten también una posibilidad (pequeña, es verdad) de darle a la intervención una forma única. Nuestra relativa autonomía pasa entonces por la forma (y el contenido) que le demos a nuestras prácticas. Prácticas que se encuentran condicionadas por el origen de nuestra profesión, sumergidas en las características acotadas de la institución donde nos desempeñamos, y determinadas históricamente por la famosa relación entre el capital y el trabajo. Se esperan muchas cosas de nosotras como trabajadoras sociales dentro de una institución de salud; sin embargo nosotras también podemos tener, en parte, una iniciativa propia en la producción de lo que se espera de nosotras. Y por qué sucede esto? La misma autora nos indica: Por un lado, un aspecto importante es la relación humana intensiva que se construye entre los usuarios de los servicios sociales y nosotras como profesionales. Es insustituible dice Acevedo, lo que nos da una cierta particularidad dentro de las distintas disciplinas. 1 Mg Patricia Acevedo La intervención profesional en la actual relación estado sociedad: el caso del Trabajo Social. Avances e interpretaciones provisorias desde un trabajo en curso en Susana del Valle Cazzaniga (Coordinadora) Intervención profesional: legitimidades en debate. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social. Maestría en Trabajo Social. Espacio Editorial. 2 Idem 1.

4 Por otro lado, nuestra condición de trabajadoras asalariadas nos asemeja y emparenta con muchas de las situaciones de quienes acuden a los servicios sociales. Además, pertenecemos a una profesión altamente feminizada desde nuestros orígenes, lo que implica el constante aprendizaje a sobrellevar y superar la desigualdad que es expresión de la sociedad capitalista y patriarcal. Aprendemos a enfrentarnos a las distintas discriminaciones que sufrimos por nuestra condición de ser mujer en los distintos ámbitos de nuestra vida. Esta condición se asemeja a la de las mujeres que atendemos cotidianamente, con múltiples situaciones de violencias de toda índole (conyugal, laboral, institucional, familiar, sexual, etc.). Nuestra profesión cuenta con la posibilidad de nominar y visibilizar los diversos problemas que componen lo social, en especial aquellas situaciones que suceden en el ámbito de lo privado. Cuando podemos hacer esto, nuestra intervención logra que salgan a la superficie y puedan ser consideradas como problemas sociales, con obligada intervención estatal. Esta posibilidad no solo nos ubica como capaces de instalar en la agenda pública algunos problemas invisibilizados, sino que además contribuimos a potenciar la autonomía de los sujetos, devolviendo en muchas situaciones el carácter colectivo de su demanda (individual). En esta interacción hay una interpelación mutua, entre sujeto y profesional, donde la realidad constituye nuestro piso para la reflexión en conjunto. A partir de la reflexión mutua, podrán obtenerse algunas modificaciones de las condiciones objetivas y subjetivas tanto de los sujetos atendidos como de los profesionales. Para concluir este apartado, sentimos que terminamos atendiendo problemáticas sociales que muchas veces las padecemos nosotras mismas. Ahora bien, cómo se expresa esta relativa autonomía en relación con la implementación de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable? En primer lugar, la Ley no incluye la perspectiva de género, sino que iguala las posibilidades de elección tanto en hombres como en mujeres.

5 Frente a esto, y partiendo de nuestro compromiso ético profesional y de nuestra condición de mujeres, las acciones que promovemos van dirigidas a garantizar los derechos de las otras mujeres. Desde nuestra relativa autonomía, y evitando convertirnos en profesionales pasivos y acríticos, hemos dado nuevas significaciones a los espacios ya instituidos en el Proyecto. En Talleres y Charlas nos propusimos problematizar en forma grupal con las mujeres algunos conceptos fundamentales como los estereotipos de género, cuestiones de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. También realizamos acciones de prevención de las distintas violencias cotidianas (sexual, económica, conyugal, laboral, ambiental, psicológica, emocional ) y brindamos información para empoderar a las mujeres en el reclamo por la satisfacción de sus necesidades. Pensamos que con estas intervenciones estaremos contribuyendo a revalorizar los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos básicos. Siguiendo con la reflexión sobre la Ley, podemos mencionar un segundo aspecto, relacionado con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La misma no termina de aclarar la forma de atención a adolescentes menores de 18 años. Se contradice cuando por un lado condiciona la entrega de métodos anticonceptivos a la presencia de un adulto, y por otro lado se sugiere que se tenga en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Aquí la realidad nos interpela fuertemente, dado que es muy común que concurran adolescentes a solicitar un método anticonceptivo a escondidas de sus padres, queriendo prevenir embarazos no deseados o pidiendo asesoramiento acerca de los primeros encuentros sexuales. En tercer lugar, otro aspecto que ni siquiera esta Ley menciona, es el de la violencia contra las mujeres. En los espacios de consultorios, pero también en los pasillos de nuestro centro de salud, llegan las mujeres con golpes visibles en sus rostros, relatos desgarradores de violencias silenciadas o de violencias explícitas, de maltratos desde la niñez, de violaciones maritales, de encierros y torturas. Si estas situaciones las transportáramos al orden de lo público serían fuertemente

6 condenadas, pero se trata de acciones en el ámbito de lo privado, y más específicamente al interior de la familia. Estos tipos de violencias impactan directamente en la salud de las mujeres y sin embargo la Ley no habla sobre ellas, ni cómo intervenir. A esto habría que sumarle el impacto sobre la salud de las profesionales que intervienen en esta problemática. Nos afecta el discurso de las víctimas cada vez que revivimos junto con ellas los momentos traumáticos de su historia. En este marco, nosotras podemos mirar pero no ver o intervenir desde nuestra relativa autonomía. Cómo? Conteniendo, asesorando, denunciando, poniéndole nombre a los problemas y no mirando para otro lado, como hacen otros muchos profesionales y la institución misma, que, no solo no mira sino que además revictimiza. Saber qué decir en el momento indicado, no culpabilizar, no revictimizar y potenciar la autoestima son nuestras primeras intervenciones frente a estas delicadas situaciones. Según lo que digamos o no la estaremos reafirmando en su dignidad como persona, en su derecho a reclamar, a quererse y a pedir ayuda. Por lo expuesto, entendemos a la intervención como el conjunto de acciones generadas desde un referente teórico metodológico que buscan producir una incidencia direccionada sobre su objeto. A partir de esto buscamos la permanente capacitación para poder dar respuesta al complejo problema de la violencia. Finalmente, en ultimo lugar, la Ley tampoco nos brinda herramientas frente a aquellas prácticas que buscan interrumpir los embarazos no deseados, esas practicas ilegales en nuestra legislación, que por ser ilegales no dejan de ser prácticas comunes y cotidianas. Lo dramático no es hablar de aborto, sino de la cantidad de mujeres que mueren por estas prácticas realizadas en la clandestinidad y en pésimas condiciones de seguridad e higiene, en especial en las mujeres pobres y de los sectores populares que se ven imposibilitadas de pagar intervenciones quirúrgicas mucho más seguras.

7 Es imposible negar esta realidad, es imposible negar que quienes trabajamos en la salud no nos enfrentemos a estas situaciones que nos interpelan desde lo ético y político, desde nuestra obligaciones como profesionales y desde la posibilidad de elección de las mujeres. Existen prácticas sanitarias, como la experiencia del hermano país Uruguayo, que apuntan a la reducción de los riesgos de los abortos inseguros. Ahora bien, y en Argentina? Y más específicamente, entre las trabajadoras sociales, desde nuestros lugares, intervenciones, ámbitos profesionales, instituciones, colegios profesionales, nos debemos una reflexión profunda y colectiva para responder al interrogante: cómo actuar frente a estas prácticas cotidianas, qué consejos dar, qué obligaciones podemos llegar a tener, qué abstenciones podemos ejercer, qué marco legal nos ampara, cómo podemos reducir el número de muertes de mujeres, o, como lo dicen en los índices epidemiológicos, la mortalidad materna? Para no dejar estos interrogantes profesionales como dilemas individuales, pensamos que la mejor forma de plantearlos es visibilizándolos y problematizándolos como colectivo. Para concluir el presente trabajo, debemos también hacernos un autocrítica ya que nuestra práctica profesional en el marco del proyecto que implementamos continúa presentando innumerables aspectos contradictorios (como por ejemplo el intenso cuestionario al que sometemos a las mujeres, la escasa accesibilidad a los métodos elegidos por ellas mismas, la cantidad de estudios solicitados previos a la elección del método, etc.). Tenemos todavía que profundizar más sobre los límites de nuestra relativa autonomía, nos queda mucho por hacer. Seguir problematizando, desnaturalizando y posicionándonos frente a las imposiciones institucionales, al carácter asistencialista de las políticas sociales, a los prejuicios de muchos profesionales, y a esa intención de controlar el placer y el cuerpo de las mujeres. Nuestro objetivo fue reflexionar a partir de nuestra práctica, compartir experiencias con el resto de nuestras colegas, analizarlas colectivamente y aportar a la construcción de saberes y nuevos conocimientos al interior de

8 nuestra disciplina. Solo reflexionando sobre nuestra propia práctica podemos construir nuevas lógicas alternativas a lo instituido.

9 BIBLIOGRAFIA Mg Patricia Acevedo La intervención profesional en la actual relación estado sociedad: el caso del Trabajo Social. Avances e interpretaciones provisorias desde un trabajo en curso en Susana del Valle Cazzaniga (Coordinadora) Intervención profesional: legitimidades en debate. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social. Maestría en Trabajo Social. Espacio Editorial Lic. Laura Salazar La intervención interpelada en Susana del Valle Cazzaniga (Coordinadora) Intervención profesional: legitimidades en debate. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social. Maestría en Trabajo Social. Espacio Editorial Lic.Bibiana Travi La investigación Diagnostica en Trabajo Social: La construcción de problemas a partir de la demanda de intervención profesional en Autores varios. El Diagnostico Social. Proceso de conocimiento e intervención profesional. Bs.As. Espacio Editorial. Lic. Maria Fabiana Carlis. La ética/las éticas Ley Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y su decreto reglamentario Nº 1282/2003