Segundo. Reclamación.- Con fecha 8 de febrero de 2013 D.ª M actuando en representación de la mercantil P presentó, bajo la dirección letrada de D.

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1 DICTAMEN N.º 300/2013, de 17 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) a instancia de la entidad P, por los gastos derivados de la adquisición de once parcelas y la iniciación de las obras de construcción en las mismas de once viviendas adosadas, actuación que estimaba afectada por la anulación en vía judicial tanto del acuerdo del Pleno por el que se aprobaba el Programa de Actuación Urbanizadora Z-9 del municipio. ANTECEDENTES Primero. Actuaciones previas.- El Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales aprobó con fecha 12 de mayo de 2004 el Programa de Actuación Urbanizadora (en adelante PAU) Z-9 del municipio, aprobación que quedaba condicionada al cumplimiento de todas las determinaciones exigidas en los informes de la Comisión Provincial de Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente y de la Comisión Regional de Urbanismo. Se acordaba asimismo adjudicar el derecho a urbanizar los terrenos integrados en el citado instrumento urbanístico a la entidad Y, única proposición jurídico-económica presentada. Presentado por la entidad el proyecto de reparcelación del terreno afectado, el Alcalde dictó el decreto 78/2004 aprobatorio del mismo con fecha 14 de julio de La aludida entidad solicitó de la Corporación la correspondiente licencia para la construcción de 341 viviendas previstas en el PAU, la cual fue concedida por resolución del Teniente de Alcalde de 21 de julio de Recurrido por D. T -propietario de algunos de los terrenos incluidos en el PAU y adjudicatario de varias de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación- el acuerdo de aprobación del PAU, con fecha 19 de noviembre de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia anulando el mismo, dado que no había sido adoptado por mayoría absoluta de los miembros del órgano plenario tal como exige el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y no se había observado previamente lo exigido por órganos autonómicos. Ante dicho pronunciamiento judicial la entidad constructora Y presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, órgano que dictó sentencia el 7 de diciembre de 2011 desestimando el mismo. Por su parte, y con base en la nulidad del PAU declarada, D. T recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Toledo la resolución de 21 de julio de 2004 por la que se concedía licencia de edificación de 341 viviendas. Este órgano jurisdiccional dictó sentencia el 4 de mayo de 2012 declarando la nulidad de la misma. Ambas sentencias anulatorias del PAU y de la concesión de licencia son firmes. Se desprende, asimismo, del expediente que D. T presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Toledo recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación. No consta que dicho procedimiento haya sido resuelto a fecha actual por el órgano judicial. Consta igualmente que, tanto varios propietarios de viviendas integradas en el ámbito del PAU, como D. T, instaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la ejecución de la sentencia anulatoria del PAU, pretendiendo este último, en definitiva, la demolición de las viviendas construidas. El Ayuntamiento de Chozas de Canales ha remitido a este órgano consultivo el auto dictado por dicho órgano jurisdiccional el 24 de julio de 2013, en el sentido de que es improcedente ordenar la demolición de las viviendas ya que Ha sido la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso de Toledo la decisión jurisdiccional que ha declarado nulas de pleno derecho las licencias habilitantes de los actos edificatorios, no siéndolo el PAU. [ ] el incidente de ejecución que pudiera resolver si adoptar o no esa medida y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones, corresponde al Juzgado que ha conocido el asunto en primera o única instancia, como resulta el artículo de la LJCA; en este caso el Juzgado de lo Contencioso de Toledo, sin que excepcione la regla el hecho de que la sentencia dictada por dicho Juzgado fundamente su pronunciamiento anulatorio de las licencias y de las obras realizadas en la nulidad de pleno derecho de tan repetido PAU a cuyo amparo se otorgaron dichas autorizaciones para edificar. Concluye dicho auto declarando que procede librar oficio al Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico de Toledo a fin de que proceda a la inscripción del fallo de la sentencia de la Sala en el caso de que figurase inscrito en tal registro el PAU Z-9; y ordenando que provea el Ayuntamiento la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia del fallo recogido en tal sentencia. Asimismo, debe destacarse que en virtud del proyecto de reparcelación aprobado, D. T resultó adjudicatario de once parcelas integradas en el ámbito del PAU Z-9, las cuales vendió con fecha 15 de noviembre de 2007 a la mercantil P. Dicha entidad solicitó licencia de obras para construir en las mismas once viviendas adosadas, otorgándose dicho título por decreto del Alcalde de 23 de octubre de * Ponente: Enrique Belda Pérez-Pedrero 1

2 Segundo. Reclamación.- Con fecha 8 de febrero de 2013 D.ª M actuando en representación de la mercantil P presentó, bajo la dirección letrada de D.ª N, reclamación de responsabilidad patrimonial por los gastos derivados de la adquisición de once parcelas y la iniciación de las obras de construcción en las mismas de once viviendas adosadas, actuación que estimaba afectada por la anulación en vía judicial del acuerdo del Pleno por el que se aprobaba el Programa de Actuación Urbanizadora Z-9 del municipio. El posterior 12 de febrero, la citada mercantil presentó nueva reclamación por la misma causa con la asistencia letrada de D. K, vinculando la responsabilidad exigida no sólo a la nulidad del PAU, sino también a la de la licencia de obra otorgada por resolución del Teniente de Alcalde de 21 de julio de 2004 y a la del proyecto de reparcelación. Tal reclamación se dirigía contra el Ayuntamiento de Chozas de Canales y contra D. T. En escrito de 13 de marzo posterior la representante de la entidad optó por la tramitación de esta última reclamación desistiendo de la primera. La indemnización total instada en la misma asciende a la cantidad de ,06 euros. Expresaba que, tras la aprobación del proyecto de reparcelación, D. T, propietario de varios terrenos integrados en el ámbito del PAU, resultó adjudicatario de once parcelas que vendió a su representada por precio de euros. Solicitada licencia de obras para la construcción de once viviendas adosadas, con fecha 23 de octubre de 2007 el Ayuntamiento concedió la misma, procediéndose por la mercantil al abono de su importe. Al amparo de dicha licencia la mercantil ejecutó el 18 % de las obras. Afirmaba la entidad reclamante que anulado el PAU Z-9 y acordada la nulidad de las licencias de obras concedidas, mi mandante se encuentra con que las 11 parcelas del PAU adquiridas al Sr. T no van a poder ser construidas y además las licencias concedidas para ello (tras previo abono) carecen de toda validez y todo lo construido será derruido, perdiendo así mi mandante todo lo allí invertido. Manifestaba además el error cometido por la Corporación en la adjudicación de dichas parcelas al titular, en cuanto su hermana ha demandado la cotitularidad de las mismas, y la mala fe existente por parte de aquél ya que procedió a su venta conociendo que el proyecto adolecía de una causa de nulidad absoluta. Describía los siguientes daños: parcelas ( euros); registro de la propiedad (1.385,70 euros); Hacienda (6.300 euros); arquitecto (19.731,60 euros); aparejador (1.914 euros); W suelo 1º (286,70 euros); W suelo 2º (927,96 euros); W promotor (1.941,20 euros); geotécnico (1.010,89 euros); licencia de obra (30.888,08 euros); control de calidad (953,57 euros); OCT (2.354,80 euros); seguro decenal (1.668,36 euros); excavaciones (294,87 euros); materiales (1.027,33 euros); construcción 17,81 % ( euros); comisión venta parcelas ( euros). Añadía que Mi representada acometió todos y cada uno de estos gastos, en los cuales no habría incurrido de haber conocido previamente a la compraventa de las parcelas y a la posterior ejecución de las obras en las mismas que el proyecto de reparcelación y el Programa de Actuación Urbanizadora PAU Z-9 eran nulos de pleno derecho, como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración, en concreto del Ayuntamiento de Chozas de Canales. Afirmaba que existe una evidente relación de causalidad entre los hechos causantes del daño, la nulidad mediante sentencia judicial de la resolución del primer teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Chozas de Canales, por la cual se concedió licencia de obras y los daños sufridos y la responsabilidad de la Administración, consistente en que el mencionado acto administrativo fue declarado nulo de pleno derecho por cuestiones imputables a ésta. Concluía solicitando se reconociera a su representada el derecho a una indemnización por el importe citado anteriormente. Adjuntaba a su solicitud los siguientes documentos: escritura de compraventa otorgada el 15 de noviembre de 2007 por la entidad y D. T en relación a las once parcelas que le fueron adjudicadas, por precio de euros; cheques de pago y factura expedida por el vendedor; solicitud de licencia de obras y resolución del Alcalde otorgando la misma el 23 de octubre de 2007; liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y tasa por licencia urbanística; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 19 de noviembre de 2007 por la que se declara la nulidad del acuerdo aprobatorio del PAU; sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2011 confirmando la misma; y sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Toledo de 4 de mayo de 2012 por la que se declara la nulidad de pleno derecho de la resolución del Primer Teniente de Alcalde de 21 de julio de 2004 otorgando licencia a Y para la ejecución de 341 viviendas. Tercero. Admisión a trámite.- Ante la reclamación formulada, con fecha 11 de abril de 2013 el Alcalde acordó admitir a trámite la misma y sustanciar expediente de responsabilidad patrimonial. Designaba, además, instructor del procedimiento al Secretario-Interventor del Ayuntamiento. De dicho acuerdo dio traslado el Alcalde, con la misma fecha, al representante de la entidad reclamante, comunicándole el plazo máximo para resolver y los efectos desestimatorios asociados a un eventual silencio administrativo. Igualmente lo remitió al funcionario designado instructor y a la compañía H con quien la Corporación tiene suscrita una póliza que cubre su responsabilidad. Cuarto. Periodo de prueba.- A fin de impulsar el procedimiento, con fecha 26 de abril de 2013 el instructor acordó la apertura de un periodo de prueba por plazo de veinte días, para que pudieran practicarse las solicitadas por la parte si 2

3 fueran declaradas pertinentes. De tal acuerdo dio traslado al representante del afectado y a la entidad aseguradora mediante escritos de idéntica fecha. Incorporaba de oficio los informes emitidos por el Arquitecto Asesor Municipal con fecha 15 de febrero de sobre el cumplimiento de las determinaciones exigidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, Consejería de Medio Ambiente y Comisión Regional de Urbanismo sobre el PAU Z-9-, y con fecha 23 de marzo de en el que manifestaba que la actuación del PAU Z-9 era susceptible de legalización-; copia de la demanda de ejecución de sentencia presentada por varios afectados en la que solicitaban que se procediera a la legalización de la situación; e informe emitido el 19 de febrero de 2013 por el Arquitecto redactor del Plan de Ordenación Municipal (en adelante POM) que se halla en tramitación, descriptivo del modo en que se regulará la situación existente en el ámbito del PAU anulado. Quinto. Escrito de la aseguradora.- La entidad aseguradora presentó escrito por medio de representante con fecha 9 de mayo de 2013, significando que en la fecha en que se produjo el daño, esto es, cuando se adoptó el acuerdo posteriormente declarado nulo por el órgano judicial, no se había suscrito la póliza de seguro actualmente en vigor y, con independencia de ello, tales daños no entran dentro de la cobertura prevista en la póliza pactada entre las partes. Sexto. Proposición de prueba por la parte reclamante.- En consonancia con la posibilidad otorgada por el instructor, mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2013 el interesado solicitó que se tuvieran por aportados los documentos que acompañaba a su reclamación, todos los documentos obrantes en el expediente administrativo y los siguientes que adjuntaba: escritura de compraventa de las parcelas; factura de venta emitida; documento de pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; solicitud de licencia; resolución de concesión de licencia; liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y tasa por licencias urbanísticas; comprobante de pago de licencia; seguro decenal suscrito; contrato de ejecución de obra con empresa constructora; rescisión del mismo; copia de diversas facturas abonadas; y sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el 19 de noviembre de 2007, por el Tribunal Supremo el 7 de diciembre de 2011 y por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Toledo el 4 de mayo de Solicitaba además que se incluyera el proyecto de reparcelación. En atención a lo solicitado, el instructor acordó con fecha 3 de junio de 2013 admitir la prueba propuesta por la entidad interesada, notificándose así al representante de aquélla y a la compañía aseguradora mediante escritos de la misma fecha. Séptimo. Informe del Arquitecto Asesor Municipal.- Paralelamente se incorporó al expediente el informe emitido con fecha 29 de mayo de 2013 por el Arquitecto Asesor Municipal del Ayuntamiento a la vista de la reclamación, en el que tras determinar que la entidad reclamante obtuvo licencia para la construcción de once viviendas el 23 de octubre de 2007 y que las obras estaban paralizadas, suspendidas y abandonadas desde febrero de 2008, manifestaba que el porcentaje de obra ejecutada era del 12,59 %. Advertía que no consta en el expediente administrativo que P haya impugnado la concesión de las licencias concedidas, ni solicitado expediente de revisión de oficio. Añadía que las parcelas disponen de todos los servicios municipales: suministro de agua, alcantarillado, acceso rodado, electricidad, y están completamente urbanizadas, ostentando la condición de solar. Concluía expresando que la actuación urbanizadora es susceptible de legalización, y que no se ha producido un daño real y efectivo por cuanto las parcelas disponen de todos los servicios necesarios, permitiendo a los titulares de la licencia ejecutar las obras de construcción para las que se les concedió la licencia, sin que conste ninguna orden de paralización o suspensión de las obras dictada por el Ayuntamiento. Octavo. Trámite de audiencia.- Considerando instruido el procedimiento, con fecha 5 de junio de 2013 el instructor otorgó trámite de audiencia a los interesados, poniéndoles de manifiesto el expediente y otorgándoles un plazo de diez días para que pudieran formular alegaciones y presentar cuantos documentos y justificaciones estimaran convenientes a su derecho. De tal acuerdo dio traslado al representante de la mercantil reclamante y a la aseguradora mediante escritos de la misma fecha. Constan los acuses de recibo acreditativos de la recepción de las notificaciones por los destinatarios. Ninguno de ellos ha formulado alegaciones. Noveno. Providencia de corrección de errores.- El 2 de julio siguiente el instructor suscribió providencia de corrección de errores de la anterior por la que se otorgaba trámite de audiencia, al haberse observado error en la numeración de folios del expediente. En la misma se relacionaban la totalidad de los documentos obrantes en el expediente incluyendo el informe del Arquitecto Municipal de 29 de mayo de 2013, el cual no se integró en la relación inicial notificada a la parte en el trámite de audiencia. Esta nueva providencia con la relación documental del expediente se notificó al representante de la entidad reclamante y a la compañía aseguradora mediante sendos escritos del mismo 2 de julio. Consta el acuse de recibo acreditativo de la recepción de la notificación por los destinatarios. 3

4 Décimo. Propuesta de resolución.- A la vista de todo lo actuado, con fecha 12 de julio de 2013 el instructor suscribió propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, dado que anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el PAU Z 9 y declaradas nulas de pleno derecho las licencias de obra por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Toledo tales declaraciones son tomadas como el dato o el presupuesto fáctico y jurídico de la petición de daños y perjuicios reclamados, sin tener en cuenta las previsiones del artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. [] Sin embargo, dichas declaraciones judiciales anulan actos administrativos pero no condenan a una puntual actividad de ejecución material: el derribo, la demolición de lo edificado o la suspensión o paralización de las obras. Derribo, demolición, suspensión de obras o prohibición de usos que -en ejecución de sentencia, para el supuesto de imposibilidad de legalización- sería el que determinaría la existencia de lesión [ ]. Legalización que por otra parte ha sido instada por otros reclamantes de responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha [ ] y legalización que se obtendrá con la aprobación del Plan de Ordenación Municipal que se encuentra en tramitación y que prevé una solución al problema planteado por la anulación del PAU Z9. Añadía que el daño no es real, ya que a día de hoy no existe orden de demolición sobre las obras, ni se ha despojado de la posesión del inmueble a su titular; tampoco el daño es efectivo, porque ninguna consecuencia dañosa ha desplegado sus efectos, ni se han materializado, ni pueden evaluarse de forma completa y plena. Expresaba también diversos argumentos en relación a la incorrección de la valoración económica plasmada por la parte en el informe pericial aportado. Undécimo. Solicitud del dictamen al Consejo Consultivo y suspensión.- Para continuar el procedimiento, con fecha 16 de julio posterior el Alcalde acordó solicitar el preceptivo dictamen del órgano consultivo, canalizándose tal solicitud a través de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo entrada con fecha 3 de septiembre de A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes CONSIDERACIONES I Carácter del dictamen.- En relación a la intervención del órgano consultivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial sustanciados por Corporaciones Locales, el Pleno de este Consejo, en sesión celebrada en fecha 25 de enero de 2012, adoptó el siguiente acuerdo: El artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece los elementos esenciales del procedimiento de responsabilidad patrimonial que han de seguir todas las Administraciones Públicas -tal y como indica su apartado 1- y por tanto, también las Corporaciones Locales. El apartado 3 del citado artículo en la nueva redacción otorgada por la Disposición Final cuadragésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone lo siguiente: Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Por su parte, el artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone que el Consejo Consultivo deberá ser consultado, entre otros asuntos, en los expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha referidos a reclamaciones de responsabilidad patrimonial por cuantía superior a seiscientos un euros ; y el artículo 57 de la misma Ley establece que Las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes. La remisión efectuada por el inciso final del citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, respecto a la cuantía a partir de la cual es preceptivo el dictamen del órgano consultivo o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, debe entenderse referida al límite de seiscientos un euros que establece la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, para considerar preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en los expedientes tramitados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Límite éste que opera de igual manera con respecto a los expedientes tramitados por las Corporaciones Locales de la Región, al ser el único establecido por la legislación autonómica, y porque de otro modo la garantía que supone la intervención del órgano consultivo en el procedimiento tramitado podría verse mermada en el ámbito local respecto al autonómico, si considerásemos que en el primero sólo es preceptiva la intervención cuando la cuantía de la reclamación iguala o supera un límite ( euros) que es sensiblemente superior al establecido para el segundo (601 euros). 4

5 En consecuencia, es criterio del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que su dictamen ha de ser solicitado, conforme al artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los artículos 54.9.a) y 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha de cuantía superior a seiscientos un euros. En el supuesto que es objeto de examen reclama la entidad interesada una indemnización que se eleva a ,06 euros, cantidad que supera sobradamente la suma de 601 euros a la que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. Se emite, por tanto, el presente dictamen con carácter preceptivo. II Examen del procedimiento tramitado.- Las normas aplicables a los procedimientos tramitados como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas a la Administración se encuentran recogidas en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, disposición mediante la que se produjo el desarrollo reglamentario expresamente previsto en el citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, normativa aplicable en el ámbito local en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Tras el análisis de las actuaciones realizadas en el curso de la instrucción, que han sido descritas suficientemente en antecedentes, se hace preciso observar, únicamente, que en el listado de documentos integrado en la notificación del trámite de audiencia a la parte en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la aludida norma reglamentaria, no se incluyó el informe del Arquitecto Asesor Municipal emitido en el expediente en base a lo exigido en el artículo 10.1 de la misma. Tal notificación fue recibida por la entidad destinataria sin que conste que formulara alegación alguna, pese a la posibilidad que se le había otorgado. Advertida esta omisión el instructor suscribió con posterioridad una providencia de corrección de errores al haberse observado error en la numeración de folios del expediente. Dicho acto comprendía una nueva relación de documentos en la que se incorporaba la referencia al mencionado informe. De la misma se dio traslado a la parte, si bien sin otorgar un nuevo plazo de audiencia de modo expreso. Consta el acuse de recibo acreditativo de su recepción por el representante de la reclamante, sin que tampoco se hayan efectuado alegaciones. La omisión en la notificación de esta posibilidad de efectuar alegaciones no es constitutiva, a juicio de este Consejo, de indefensión para la parte, pues aun cuando no se hubiera manifestado expresamente esta circunstancia nada ha obstado a que hubieran podido formularse cuantas observaciones se hubieran considerado oportunas, máxime en este caso en que el receptor de la notificación fue un letrado que presumiblemente cuenta con cualificación técnica suficiente para valorar la trascendencia de la comunicación dirigida desde el Ayuntamiento. Se estima, por tanto, que con la tramitación sustanciada se ha dado cumplimiento a las exigencias procedimentales previstas en la normativa de aplicación, sin que sea posible oponer objeción alguna de carácter esencial. III Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y de la Constitución, el último de los cuales establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su 5

6 origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la Ley. -Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004,83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006 (Ar. JUR 2006,293842), entre otras muchas, o, en parecidos términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989,1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido. El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que al afirmar que es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad -Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998,6836) o de 28 de noviembre de (Ar. RJ 1998,9967)-. Ahora bien, aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia como un supuesto de responsabilidad objetiva, esta también nos señala que ello no convierte a la Administración en responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas o que tengan lugar con ocasión de la utilización de los servicios, sino que es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquella. Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico de lesión, entendida esta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración. La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es esta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley 30/1992, 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando esta verse sobre la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999,4440) y de 21 de marzo de 2000 (Ar. RJ 2000,4049)-. También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos. Diseñado el instituto de la responsabilidad patrimonial para compensar a los particulares por los perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos, es obvio que, traduciéndose frecuentemente la labor de estos en la emisión de actos administrativos, una parte de los supuestos de responsabilidad patrimonial planteados tendrá su causa precisamente en la adopción de actos administrativos que sean estimados disconformes con el ordenamiento jurídico. Esta modalidad singular de imputación tiene su reflejo en diversos preceptos de la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que contiene previsiones específicas, incardinadas allí donde se regula la revisión de dichos actos -Título VII- y donde se contempla la responsabilidad de la Administración -Título X-. Así, el artículo de dicha Ley establece: Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de un acto podrán establecer en la misma resolución por la que se declara esa nulidad, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos y de esta Ley. Por su parte, el artículo de la misma dispone: La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativos no presupone derecho a indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5. Lo establecido en las anteriores disposiciones permite extraer que en todos los supuestos de responsabilidad patrimonial 6

7 que dimanen de la infracción del ordenamiento jurídico en que incurrió un acto, el lesionado puede deducir la pretensión resarcitoria simultáneamente con la de anulación del acto o independientemente de aquella, una vez declarada la ilicitud del mismo. El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987,426) o de 4 de junio de 1994 (Ar. RJ 1994,4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001,10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000,6255) o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ 1999,4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente. Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: Se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]. IV Requisitos para el ejercicio de la acción.- Con carácter previo al análisis pormenorizado de los presupuestos de fondo exigidos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración antes mencionados, debe examinarse la concurrencia de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción indemnizatoria, concretados en las legitimaciones activa y pasiva ligadas a la pretensión planteada por la parte reclamante y el plazo en que la misma ha sido ejercitada. En relación a la legitimación activa es preciso señalar que concurre en la entidad reclamante pues es quien adquirió, mediante contrato de compraventa, la propiedad de once parcelas integradas en el ámbito del PAU Z-9, adjudicadas en el proyecto de reparcelación a D. T, y quien acometió las obras de construcción de viviendas en las mismas. La condición de propietaria se acredita con la escritura de compraventa otorgada, en la que se incluyen los cheques acreditativos del pago del precio fijado por las partes. La promoción y ejecución de las obras la prueba con la aportación de diversas facturas y contrato de obra suscrito con una empresa de construcción a quien encomendó tales trabajos. Actúa la empresa reclamante por medio de letrado representante, si bien tal representación no consta que se haya acreditado por ninguno de los medios previstos en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992. Corresponde la legitimación pasiva al Ayuntamiento de Chozas de Canales al ser la Administración que aprobó los acuerdos afectantes a la actuación urbanizadora que posteriormente han resultado anulados en vía judicial. La reclamación la dirige también la entidad constructora contra el vendedor de las parcelas adquiridas pese a que, en su condición de particular, no puede ostentar legitimación pasiva en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, debiéndose sustanciar las pretensiones entre las partes derivadas de su relación contractual de compraventa ante la jurisdicción civil. En lo que respecta al plazo para el ejercicio de la acción debe atenderse a la regla contenida en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reproducido textualmente en la consideración III, según la cual, cuando se produce la anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva. Asimismo, el artículo 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, precisa para estos supuestos que el citado plazo se comienza a computar desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme. Consta en el expediente que la declaración de firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fue notificada al Ayuntamiento -según lo manifestado por el Secretario de la Corporación en la propuesta de resolución- el 6 de marzo de Ya que la reclamación tuvo entrada en el registro municipal el día 12 de febrero de 2013, es notorio que no ha transcurrido el plazo de un año fijado en la norma primeramente citada, por lo que no cabe apreciar la concurrencia de causa de prescripción. V Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuridicidad de aquel.- Reclama la entidad interesada por los gastos que le ha supuesto la adquisición de las parcelas e inicio de la ejecución de las obras hasta su paralización, en el entendimiento de que los mismos se produjeron de modo infructuoso al no ser posible la culminación de las obras dada 7

8 la anulación judicial del PAU y del proyecto de reparcelación que las afectaba, así como de la licencia otorgada al agente urbanizador del PAU para la construcción de 341 viviendas. Estimaba así que la nulidad de tales instrumentos declarada judicialmente tenía efecto directo sobre la validez de la licencia que le fue otorgada en su día para la construcción de once viviendas adosadas, impidiendo la prosecución y finalización de las obras y conllevando, por ende, la frustración de la inversión realizada. Afirmaba, en ese sentido, que anulado el PAU Z-9 y acordada la nulidad de las licencias de obras concedidas, mi mandante se encuentra con que las 11 parcelas del PAU adquiridas al Sr. T no van a poder ser construidas y además las licencias concedidas para ello (tras previo abono) carecen de toda validez y todo lo construido será derruido, perdiendo así mi mandante todo lo allí invertido. Significaba además que Mi representada acometió todos y cada uno de estos gastos, en los cuales no habría incurrido de haber conocido previamente a la compraventa de las parcelas y a la posterior ejecución de las obras en las mismas que el proyecto de reparcelación y el Programa de Actuación Urbanizadora PAU Z-9 eran nulos de pleno derecho, como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración, en concreto del Ayuntamiento de Chozas de Canales. Concluía que existe una evidente relación de causalidad entre los hechos causantes del daño, la nulidad mediante sentencia judicial de la resolución del primer teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Chozas de Canales, por la cual se concedió licencia de obras y los daños sufridos y la responsabilidad de la Administración, consistente en que el mencionado acto administrativo fue declarado nulo de pleno derecho por cuestiones imputables a ésta. El planteamiento del reclamante centra, por tanto, la imposibilidad de proseguir con la ejecución de las obras que sostiene en la invalidez de la licencia que le fue otorgada por el Ayuntamiento para la construcción de once viviendas adosadas, la cual infiere tanto de la nulidad del PAU, como de la del proyecto de reparcelación y de la de la licencia otorgada por resolución del Teniente de Alcalde de 21 de julio de A tan impreciso planteamiento deben efectuarse varias precisiones. En primer término es necesario advertir que consta en el expediente que, paralelamente a la impugnación del acuerdo por el que se aprobaba el PAU, D. T presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Toledo recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación, recurso que -según ha informado el Ayuntamiento- a día de hoy no ha sido resuelto mediante la correspondiente sentencia. No existe, pues, pese a lo afirmado por el reclamante, declaración sobre la eventual nulidad del acto de aprobación de la reparcelación. En segundo lugar, debe significarse que la declaración de nulidad acordada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 1 de Toledo con fecha 4 de mayo de 2012 afecta únicamente a las licencias urbanísticas otorgadas en virtud de la resolución del primer Teniente de Alcalde de 21 de julio de 2004, a favor de la entidad Y para la ejecución de 341 viviendas. No puede extenderse la nulidad incorporada al fallo de la sentencia aludida a la licencia otorgada por resolución del Alcalde de 23 de octubre de 2007 a la entidad P, para la ejecución de 11 viviendas adosadas, constituyendo a día de hoy tal resolución un acto válido y ejecutivo, al no haber sido impugnado judicialmente ni solicitada su revisión de oficio a fin de obtener su nulidad de pleno derecho. Cuenta, por tanto, la obra acometida por la entidad reclamante con amparo suficiente en la correspondiente licencia urbanística. Finalmente, tampoco cabe inferir la afectación a la licencia otorgada en su día de la nulidad del PAU decretada judicialmente por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 19 de noviembre de 2007, ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de El auto dictado por dicho órgano jurisdiccional autonómico el 24 de julio de 2013 en el incidente de ejecución de sentencia sustanciado, concluye declarando que procede librar oficio al Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico de Toledo a fin de que proceda a la inscripción del fallo de la sentencia de la Sala en el caso de que figurase inscrito en tal registro el PAU Z- 9; y ordenando que provea el Ayuntamiento la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia del fallo recogido en tal sentencia. Excluye que la ejecución de la misma conlleve la demolición de las viviendas construidas, remitiendo al eventual incidente de ejecución que se pudiera sustanciar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Toledo que pudiera resolver si adoptar o no esa medida y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones -aun teniendo en cuenta que el mismo sólo afectaría únicamente a las licencias otorgadas a Y cuya nulidad se decretó por sentencia de ese Juzgado-. De todo lo anterior se desprende que no es posible hacer derivar la invalidez de la licencia urbanística otorgada a P mediante resolución del Alcalde de 23 de octubre de 2007 ni de la sentencia anulatoria del PAU dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ni de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Toledo en relación a la licencia otorgada a la empresa Y, ni de una eventual nulidad del proyecto de reparcelación que a día de hoy no se ha producido. La declaración de nulidad del PAU no conlleva, como afirma el reclamante, una alteración en la clasificación urbanística del suelo, al que no cabe entender como no urbanizable. No justifican, de este modo, las resoluciones judiciales concernientes al caso la paralización de las obras por la que optó la empresa reclamante en febrero de según consta en el informe emitido en el expediente por el Arquitecto Asesor Municipal sin que la parte haya opuesto objeción a ello-, fecha ésta en la que el Tribunal Supremo no había resuelto aún el recurso de casación contra la sentencia anulatoria del PAU dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en noviembre anterior, sin haber confirmado tal decisión anulatoria. La opción por la paralización de la obra se integra dentro del ámbito de libre disposición y organización de negocio de la entidad, debiendo ésta asumir las consecuencias patrimoniales y empresariales ligadas a ella. 8

9 A lo expuesto debe añadirse, además, en relación a la certeza manifestada por la entidad reclamante en cuanto a la demolición de lo construido y la correlativa pérdida de la inversión que, del presente expediente y de otros anteriores examinados por este Consejo en relación al PAU Z-9, se desprende que en ningún momento ha sido emitida una orden expresa de demolición que afecte a las viviendas ni a las obras de urbanización contempladas en el mismo. Además, todos los informes obrantes en el expediente abundan en la tesis de que los contenidos del referido instrumento de ejecución urbanística y las obras realizadas a su amparo son susceptibles de legalización de conformidad con los artículos 178 y 179 del TRLOTAU -informes del Arquitecto Asesor Municipal de 23 de marzo de 2012 y 29 de mayo de y de que las deficiencias sustantivas que motivaron su sobrevenida declaración de ilegalidad ya estaban mayoritariamente subsanadas o en vías de solución -informe del Arquitecto de 15 de febrero de 2012-; y, por último, queda suficientemente acreditado que se encuentra en proceso de tramitación un nuevo instrumento general de planteamiento impulsado por el municipio de Chozas de Canales que integra medidas encaminadas a lograr la legalización de la controvertida actuación urbanística -informe del Arquitecto redactor del POM de 19 de febrero de Esta voluntad legalizadora de la actuación la ha dejado patente igualmente el Ayuntamiento de Chozas de Canales al manifestarlo de modo expreso en el incidente de ejecución de sentencia, el cual ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como se ha dicho, sin contemplar medida alguna que se oponga a dicha pretensión. Por lo expuesto, existiendo cobertura jurídica suficiente para la ejecución de las obras de construcción de once viviendas adosadas por la entidad P no puede justificarse en tal eventual ausencia la paralización de los trabajos y la imposibilidad de culminación de las obras y, por ende, la pérdida de la inversión. Tales eventuales efectos no son sino meras conjeturas o previsiones infundadas mantenidas por la parte, que no cuentan con la certeza y realidad necesarias para que puedan ser consideradas como daños efectivos. En suma, debe concluirse que no es posible considerar efectivo el daño aducido por el interesado en su reclamación, por lo que deberá desestimarse la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. VI Sobre la indemnización solicitada.- Sin perjuicio del sentido del presente dictamen contrario a la existencia de responsabilidad patrimonial, se hace preciso en la presente consideración plasmar algunas reflexiones sobre la cantidad solicitada por la parte como indemnización. Cuantifica la entidad reclamante la indemnización requerida en ,06 euros, suma en la que incluye los siguientes conceptos: compra de las parcelas ( euros); registro de la propiedad (1.385,70 euros); Hacienda (6.300 euros); arquitecto (19.731,60 euros); aparejador (1.914 euros); valoración suelo 1º (286,70 euros); valoración suelo 2º (927,96 euros); valoración promotor (1.941,20 euros); geotécnico (1.010,89 euros); licencia de obra (30.888,08 euros); control de calidad (953,57 euros); OCT (2.354,80 euros); seguro decenal (1.668,36 euros); excavaciones (294,87 euros); materiales (1.027,33 euros); construcción 17,81 % ( euros); comisión venta parcelas ( euros). Todos estos gastos los prueba con los documentos acreditativos de las correspondientes transferencias bancarias y con las correspondientes facturas las cuales dan cumplimiento a lo previsto en Real Decreto 1496/2003, de 28 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación -norma vigente en el momento en que se produjeron los gastos-. Tan sólo debe realizarse objeción a la factura TO-05050/07 expedida por W el 19 de octubre de 2007, que se refiere a un inmueble situado en Carranque; y a la factura C-20710/12 expedida por G, las facturas y expedidas por S y la factura expedida por R, ya que ninguna de ellas se refiere a la obra en concreto. Asimismo, no se corresponden con las cantidades expresadas por la parte los honorarios de arquitecto -en justificación de los cuales se porta recibí y no factura-; la factura TO-05050/07-3 expedida por W cuyo importe es de 291,16 euros y no de 286,70 euros como afirma el reclamante; la cantidad abonada a la constructora contratada que se ha justificado mediante factura asciende a un total de euros; las facturas y expedidas por S parecen referirse a la misma prestación; y no se justifica el gasto en control de calidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen: Que careciendo de efectividad el daño aducido por P, consistente en el gasto derivado de la adquisición de once parcelas y la iniciación de las obras de construcción en las mismas de once viviendas adosadas, actuación que estimaba afectada por la anulación en vía judicial tanto del acuerdo del Pleno por el que se aprobaba el Programa de Actuación Urbanizadora Z-9 del municipio, como de la resolución del Teniente de Alcalde por la que se concedía licencia de edificación en relación a varias viviendas integradas en el mismo, así como del proyecto de reparcelación, procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada. 9

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