DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS

Transcripción

1 DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS Año: 2002 V LEGISLATURA Núm. 75 El texto del Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ MIGUEL BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ Sesión plenaria núm. 61 Miércoles, 22 de mayo de 2002 O R D E N D E L D Í A 1.- PROPOSICIONES NO DE LEY PNL-194 Del G.P. Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea PNL-198 Del G.P. Coalición Canaria - CC, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley 38/1999, de Ordenación de la edificación.

2 Núm. 75 / 2 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de PNL-199 Del G.P. Popular, sobre puesta en funcionamiento del plan regional de infraestructuras turísticas en relación con diversas obras en Gran Canaria. 2.- COMPARECENCIAS C-594 y C-601 Del Gobierno, instada por el G.P. Socialista Canario, y a petición propia, sobre el desarrollo normativo de la LOU C-605 Del Gobierno, instada por el G.P. Socialista Canario, sobre denuncias de incompatibilidad en la Dirección General de Seguridad y Emergencias. 3.- PREGUNTAS PO/P-191 Del Sr. diputado D. Fernando Toribio Fernández, del G.P. Popular, sobre ampliación de miembros del Consejo Económico y Social, dirigida al Gobierno PO/P-196 Del Sr. diputado D. Fernando Toribio Fernández, del G.P. Popular, sobre el Plan de biodiversidad, dirigida al Sr. consejero de Política Territorial y Medio Ambiente PO/P-197 Del Sr. diputado D. Fernando Toribio Fernández, del G.P. Popular, sobre el Foro permanente sobre el transporte en la RUP, dirigida al Sr. consejero de Turismo y Transportes PO/P-198 Del Sr. diputado D. Fernando Toribio Fernández, del G.P. Popular, sobre alojamientos de turismo rural en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Turismo y Transportes PO/P-255 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, del G.P. Socialista Canario, sobre el informe del Consejo Escolar de Canarias sobre las escuelas rurales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura y Deportes PO/P-259 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre cese de jefa de Servicio de Biodiversidad, dirigida al Sr. consejero de Política Territorial y Medio Ambiente PO/P-263 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre gastos de organización y funcionamiento de centros de enseñanza públicos, dirigida al Sr. consejero de Educación, Cultura y Deportes PO/P-265 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre declaración de Jinámar como zona infradotada, dirigida al Sr. consejero de Empleo y Asuntos Sociales PO/P-266 De la Sra. diputada D.ª Nieves Rosa Hernández Gorrín, del G.P. Socialista Canario, sobre implantación de organizaciones mafiosas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica PO/P-271 Del Sr. diputado D. Javier Sánchez-Simón Muñoz, del G.P. Popular, sobre incompatibilidad de técnico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dirigida al Gobierno. (El desarrollo del orden del día continúa en el Diario de Sesiones número 76, de 23 de mayo de 2002.)

3 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 3 S U M A R I O (Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.) PNL-194 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA. Página... 6 La sesión plenaria comienza con el turno de argumentación de la iniciativa por parte del señor Cruz Hernández (G.P. Socialista Canario). El G.P. Coalición Canaria-CC presenta una enmienda, y para su defensa interviene el señor Hernández Martín. Para manifestar su criterio en relación con la enmienda vuelve a tomar la palabra el señor Cruz Hernández. Las señoras Allende Riera (G.P. Mixto) y García Leal (G.P. Popular) expresan el parecer de los grupos. El señor Cruz Hernández fija la posición definitiva en relación con la enmienda, que acepta de forma parcial, y propone además una transaccional, que es aceptada por el señor Hernández Martín. Sometida a votación la proposición no de ley, resulta aprobada por unanimidad. PNL-198 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA-CC, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA LEY 38/1999, DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Página Para su explicación, interviene el señor Bautista Vizcaíno (G.P. Coalición Canaria-CC). A la proposición no de ley se presentan sendas enmiendas por los G.P. Popular y Socialista Canario, para cuya defensa toman la palabra, respectivamente, los señores Matos Mascareño y Fajardo Spínola. El señor Bautista Vizcaíno expresa su parecer en relación con las enmiendas, de las cuales acepta la presentada por el G.P. Socialista Canario. Los señores Matos Mascareño y Bautista Vizcaíno se suceden en sendos turnos de réplica. Se somete a votación la proposición no de ley, con la inclusión de la enmienda, y se aprueba por unanimidad. PNL-199 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE PUESTA EN FUNCIONA- MIENTO DEL PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN RELACIÓN CON DIVERSAS OBRAS EN GRAN CANARIA. Página Tras el turno de argumentación de la iniciativa, que efectúa el señor Toribio Fernández (G.P. Popular), interviene el señor Alcaraz Abellán con el fin de defender la enmienda presentada por el G.P. Socialista Canario. El señor Toribio Fernández manifiesta su postura en relación con la enmienda. En el turno de fijación de posiciones de los grupos el señor Mendoza Cabrera (G.P. Coalición Canaria-CC) propone una enmienda in voce, que se admite a trámite por los grupos de la Cámara. El señor Toribio Fernández interviene en relación con esta nueva propuesta. Al no haber claridad en la redacción del texto de la iniciativa, la Presidencia decide aplazar la votación. C-594 Y C-601 COMPARECENCIAS DEL GOBIERNO, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Y A PETICIÓN PROPIA, SOBRE EL DESARROLLO NORMATIVO DE LA LOU. Página Para su presentación, toma la palabra la señora Padrón Rodríguez (G.P. Socialista Canario). El señor consejero de Educación, Cultura y Deportes (Ruano León) proporciona la información que se solicita. Se acogen al turno de intervenciones de los grupos las señoras Rodríguez Falero (G.P. Popular), Padrón Rodríguez (G.P. Socialista Canario) y Zamora Rodríguez (G.P. Coalición Canaria-CC). El señor Consejero vuelve a tomar la palabra para referirse a los planteamientos efectuados por los oradores precedentes. La señora Padrón Rodríguez y el señor Consejero hacen uso de sendos turnos de réplica.

4 Núm. 75 / 4 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 PNL-199 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE PUESTA EN FUNCIO- NAMIENTO DEL PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EN RELACIÓN CON DIVERSAS OBRAS EN GRAN CANARIA (CONTINUACIÓN). Página El señor Toribio Fernández da lectura al texto de la proposición no de ley, que se somete a votación seguidamente y resulta aprobado. Para explicar el sentido del voto del G.P. Coalición Canaria-CC interviene el señor Mendoza Cabrera y seguidamente los señores Toribio Fernández (G.P. Popular) y Alcaraz Abellán (G.P. Socialista Canario) hacen uso de un turno en relación con la iniciativa aprobada. C-605 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE DENUNCIAS DE INCOMPATIBILIDAD EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. Página Para la primera intervención del grupo solicitante de la iniciativa toma la palabra el señor Cruz Hernández (G.P. Socialista Canario). El señor consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica (Bonis Álvarez) informa acerca del asunto sobre el que trata la iniciativa. Hacen uso del turno de intervenciones de los grupos los señores Sánchez-Simón Muñoz (G.P. Popular) y Cruz Hernández (G.P. Socialista Canario). El señor Consejero vuelve a tomar la palabra con el fin de contestar las observaciones efectuadas. El señor Cruz Hernández hace uso de un turno de réplica. PO/P-191 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FERNANDO TORIBIO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DIRIGIDA AL GOBIERNO, SOBRE AMPLIACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Página El señor Toribio Fernández (G.P. Popular) plantea la pregunta, que es contestada por el señor consejero de Empleo y Asuntos Sociales (Morales Martín). PO/P-196 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FERNANDO TORIBIO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSE- JERO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, SOBRE EL PLAN DE BIODIVERSIDAD. Página El señor Toribio Fernández (G.P. Popular) da lectura a la pregunta y seguidamente le contesta el señor consejero de Política Territorial y Medio Ambiente (González Santana). El señor diputado vuelve a intervenir para repreguntar y le sucede un nuevo turno de respuesta por parte del representante del Gobierno. PO/P-197 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FERNANDO TORIBIO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE TURISMO Y TRANSPORTES, SOBRE EL FORO PERMANENTE SOBRE EL TRANSPORTE EN LAS RUP. Página El señor Toribio Fernández (G.P. Popular) formula la pregunta, que es contestada por el señor consejero de Turismo y Transportes (Becerra Robayna). PO/P-198 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FERNANDO TORIBIO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE TURISMO Y TRANSPORTES, SOBRE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL EN GRAN CANARIA. Página El señor Toribio Fernández (G.P. Popular) da lectura a la pregunta y seguidamente le responde el señor consejero de Turismo y Transportes (Becerra Robayna). El señor Toribio Fernández hace uso de un turno de réplica. PO/P-255 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA ROSA GUADALUPE JEREZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, SOBRE EL INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR DE CANARIAS SOBRE LAS ESCUELAS RURALES. PO/P-259 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES PADRÓN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, SOBRE CESE DE JEFA DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD. Página La Presidencia comunica al Pleno que el punto del orden del día número 3.5 se aplaza para debatirlo en un próximo Pleno. La señora Padrón Rodríguez (G.P. Socialista Canario) plantea la pregunta número PO/P-259, que es respondida por el señor consejero de Política Territorial y Medio Ambiente (González Santana). Ambos oradores se suceden en sendos turnos de réplica.

5 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 5 PO/P-263 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES PADRÓN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, SOBRE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICOS. Página La señora Padrón Rodríguez (G.P. Socialista Canario) indica a la Cámara que, pese a que aparece incluida en el orden del día del Pleno, la pregunta número PO/P-263 pasó a tener la consideración de pregunta con respuesta por escrito en el Pleno pasado. PO/P-265 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON JOSÉ ALCARAZ ABELLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, SOBRE DECLARACIÓN DE JINÁMAR COMO ZONA INFRADOTADA. Página El señor Alcaraz Abellán (G.P. Socialista Canario) da lectura a la pregunta, que es respondida por el señor consejero de Empleo y Asuntos Sociales (Morales Martín). Ambos oradores hacen uso de sendos turnos de réplica. PO/P-266 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA NIEVES ROSA HERNÁNDEZ GORRÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, SOBRE IMPLANTACIÓN DE ORGANIZACIONES MAFIOSAS EN LANZAROTE. Página La señora Hernández Gorrín (G.P. Socialista Canario) formula la pregunta, que es contestada por el señor consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica (Bonis Álvarez). La señora Hernández Gorrín vuelve a tomar la palabra para repreguntar y le sucede una nueva respuesta por parte del señor Consejero. PO/P- 271 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON JAVIER SÁNCHEZ-SIMÓN MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DIRIGIDA AL GOBIERNO, SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. Página La Presidencia comunica al Pleno que el punto del orden del día número 3.10 se retira. (Se suspende la sesión a las veintiuna horas y veintisiete minutos.)

6 Núm. 75 / 6 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 (Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.) (La señora Secretaria segunda, Allende Riera, ocupa un escaño en la sala.) El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, Señorías. PNL-194 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA. El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión plenaria con el punto primero del orden del día, que son las proposiciones no de ley. En primer lugar, corresponde la proposición no de ley, del Grupo Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea. A esta proposición no de ley se ha presentado, y ha sido calificada por la Mesa, una enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista Canario don Julio Cruz tiene la palabra. El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor Presidente, Señorías, muy buenas tardes. Parece que estamos todos, al menos los de siempre, no?, porque el Gobierno, pues me gustaría que estuviera el consejero de Transportes, pero no está, pero de todas maneras vamos a hacer la defensa de esta proposición no de ley. Señorías, la compañía Trasmediterránea ha jugado un papel fundamental en las comunicaciones marítimas interinsulares, en las comunicaciones entre todas las islas, las siete islas mayores que conforman Canarias y en el tráfico de Canarias con el resto del territorio nacional. A lo largo de los últimos años el Gobierno de la nación ha privatizado empresas de transporte terrestre, como Enatcar, de transporte aéreo, como Iberia, de transporte marítimo, como la compañía nacional Elcano, de la marina mercante y, según parece, ahora le ha llegado el correspondiente turno de privatización a la compañía Trasmediterránea. Si bien es cierto, que hay que decirlo, que ya esta decisión se había adoptado desde el año La referida privatización deriva esencialmente de la necesidad de garantizar la libre competencia en los transportes marítimos de pasajeros y mercancías en el seno de la Unión Europea y, en consecuencia, se hace preciso que la Administración, en este caso estatal, y en el caso de Canarias el Gobierno de Canarias, en transporte marítimo interinsular, garantice dicha libre competencia, que implica perdón garantizar el acceso a los mercados del transporte marítimo a todas aquellas empresas que lo demanden y que ello se produzca en régimen de igualdad. Señorías, la compañía Trasmediterránea ha desempeñado durante mucho tiempo un papel esencial en las comunicaciones marítimas entre los puertos peninsulares y los de las Islas Canarias y en las comunicaciones interinsulares del archipiélago. La compañía Trasmediterránea ha jugado en el siglo pasado ese papel esencial en esas comunicaciones y, especialmente, en el archipiélago canario no puede ser olvidada. Desde hace aproximadamente un siglo el Estado ha considerado determinadas líneas regulares con Canarias como servicios de interés nacional. Podemos recordar cómo en la Ley de Comunicaciones marítimas, ya en fechas lejanas de 1909, como con la Real Orden del Ministerio de Marina, del 4 de diciembre de 1930, que convoca un único concurso de adjudicación, por un periodo de 20 años, de todos los servicios de comunicaciones marítimas de los territorios de soberanía española, y que fue adjudicado a la compañía Trasmediterránea. Hasta este momento y desde dicha fecha debemos recordar también la inestabilidad que supuso y que se generó, económica, en la compañía Trasmediterránea, que dio lugar a que en el mes de enero del año 78 el Estado decidiera asumir el 95 7% del capital social de Trasmediterránea, por lo tanto prácticamente nacionalizar la compañía, y asumir su gestión. Gestión que, en lo que se refiere a los transportes marítimos, se concreta en el 4 de septiembre posterior del año 78 con la formalización de un contrato-programa de 20 años de duración, que tenía por objeto regular los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. La Ley 27 de 1992, de Puertos del Estado y de la marina mercante, define las navegaciones de interés público como aquéllas que se consideren precisas para asegurar las comunicaciones marítimas esenciales de la Península, correspondiendo al Gobierno la determinación de las mencionadas navegaciones. Declarar que los servicios de línea regular con finalidad mercantil en navegación que sean declarados de interés público se otorgarán mediante concesión administrativa. Todas estas consideraciones, Señorías, que establecen estas leyes señalan la importancia de Trasmediterránea con Canarias, la importancia de Trasmediterránea en las comunicaciones marítimas. Son, por tanto, razones históricas, que la privatización de la compañía Trasmediterránea, como concesionaria tradicional y presente de unos contratos reguladores de servicios de líneas de interés público y obligaciones de servicio público, en una terminología mucho más acorde a la actual, deberá merecer una atención especial, creemos,

7 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 7 desde el Estado pero también desde esta Comunidad Autónoma de Canarias, que han de garantizar con carácter prioritario la mejor defensa del citado interés público, por encima de cualquier consideración aislada de la mera oferta económica de adquisición. Debemos recordar, asimismo, que la duración del contrato regulador de los servicios de las comunicaciones marítimas de interés nacional de que ha disfrutado Trasmediterránea desde el año 78, las Cortes Generales, el Gobierno del Estado ha ido aprobando año tras año en forma de leyes de créditos extraordinarios importantes recursos para sufragar la prestación de esos servicios y debemos recordar las dos últimas liquidaciones, una por millones de pesetas, por ajustes en la finalización del contrato-programa, y otra, de cerca de millones de pesetas en concepto de intereses de demora. Así, Señorías, durante casi un siglo el Estado español ha preservado la prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés general, financiando la explotación de los servicios y la modernización de la flota, con lo que se garantizaba el cumplimiento de aquéllos. Las transferencias de capital del Estado a la compañía Trasmediterránea en la última década algunos la cuantifican en una cantidad superior a los millones de pesetas, con lo cual se ha modernizado la flota, se ha convertido a esta compañía en una compañía de cabotaje de las más modernas de Europa y, en definitiva, se ha puesto y modernizado la compañía. En estos momentos podemos decir que en el año 2001 los ingresos de la sociedad han sido un 17% superiores a los del año Los beneficios han superado el 50% a los del año 2000, de tal manera que ha alcanzado la cifra de 21 2 millones de euros, una cifra importante. En definitiva, podemos señalar que desde el año 97 esta compañía gana muchísimo dinero y cada año, progresivamente, más dinero. En consecuencia, siendo hoy una empresa pública, el proceso de privatización de esta compañía, dado el carácter estratégico de la misma, su vinculación al Estado, como consecuencia de la prestación de unos servicios que tiene en relación a las prestaciones de Canarias-Península, comunicaciones territorio peninsular-canarias, con el reciente concurso, del que ha sido beneficiaria por un plazo de cinco años, justifica un detallado seguimiento del referido proceso de privatización, no solo por el Estado sino especialmente por lo que nos jugamos fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Lamentablemente, las intenciones privatizadoras de la SEPI y del Gobierno del Estado sobre la compañía Trasmediterránea se llevan con un cierto oscurantismo y exclusivamente se conocen a través de los medios de comunicación. El día 22 de abril del año en curso fue la fecha tope para que las empresas que quisieran optar a la privatización procedieran a realizar la correspondiente oferta, presentar esa oferta. Parece que la han presentado diez empresas. A partir de este momento la SEPI confecciona una lista definitiva de esas empresas que optan a la compra, a la que seguirá la valoración de tales ofertas y la adopción de la correspondiente decisión, que obligará a la entidad beneficiara a producir una OPA que derivará en la recepción de las participaciones que tiene la SEPI en la compañía Trasmediterránea. Decisión de la SEPI que nosotros creemos firmemente que debe hacerse desde la perspectiva exclusiva del servicio público y no principalmente desde la económica como algunos pretenden. Pretenden el rendimiento económico que se obtenga por encima de la perspectiva del servicio público esencial, que presta básicamente en relación a Canarias esta compañía. Señorías, ante todo este proceso y como he señalado, la Comunidad Autónoma de Canarias, con competencias en materia de transporte marítimo interinsular con carácter exclusivo y dependientes de la citada compañía en las conexiones de Canarias con el resto del territorio nacional, no puede permanecer al margen. Debemos intervenir ante el Gobierno de la nación en orden a garantizar los intereses generales de nuestra comunidad, en tener unas comunicaciones marítimas interinsulares y con el exterior acordes a nuestras necesidades y garantizando las líneas y la necesaria competencia. Es por ello que el Grupo Socialista Canario somete hoy ante sus Señorías esta proposición no de ley. Proposición no de ley en la que planteamos que se acuerde la garantía de cumplimiento del cuadro básico de servicios de los contratos de interés público; la garantía del mantenimiento integral de las prestaciones de la compañía en todos los servicios de los contratos de interés público; la garantía mínima de cinco años de homogeneidad, independencia y estabilidad del núcleo mayoritario del capital que se responsabilice de la gestión de la compañía, de su situación patrimonial y solvencia de la misma. Pedimos garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, así como de los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, tanto los de flota como de los que prestan servicio en tierra. Pedimos una especial valoración de la experiencia en tráfico marítimo a la hora de adjudicar la empresa. Planteamos el mantenimiento de la flota que integra actualmente la compañía, prestando servicios de transporte combinado de pasajeros y mercancías en y con Canarias, con especial compromiso del mantenimiento y potenciación de las embarcaciones de alta velocidad, de forma que queden garantizadas las conexiones marí-

8 Núm. 75 / 8 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 timas entre Canarias y el resto del territorio nacional; quede garantizada la competencia en el transporte marítimo interinsular, en cuyo objetivo la permanencia de la compañía Trasmediterránea consideramos desde mi grupo es hoy una pieza imprescindible si no, caeríamos en un régimen, de hecho, de monopolio ; quede garantizado el mantenimiento de la flota de jet-foil, que ha venido prestando en los últimos 20 años grandes servicios a esta comunidad en materia de comunicaciones, básicamente entre los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Corralejo en la isla de Fuerteventura. Asimismo, queremos garantizar el establecimiento de un plan de mejora y ampliación de las terminales marítimas que son propiedad de la compañía Trasmediterránea, sin que ello implique en ningún caso la ampliación de los períodos concesionales otorgados por parte de las autoridades portuarias del ente Puertos del Estado; que quede garantizado que las autoridades portuarias no puedan autorizar la modificación de dichas terminales sino a efectos de quedar siempre vinculada a la prestación de los servicios públicos esenciales que prestan hoy a los servicios de los usuarios de los transportes marítimos en Canarias. En definitiva, Señorías, pretendemos con esta larga proposición no de ley que analicemos en este Parlamento, que tomemos conciencia en esta Comunidad Autónoma de que la privatización de Trasmediterránea, si bien desde el punto de vista económico para el Estado puede ser no muy importante, desde el punto de vista estratégico para Canarias es fundamental. Y esa necesidad, ese carácter fundamental que tiene, estratégico, que tiene para Canarias, es por lo que deseamos que la SEPI y el Gobierno del Estado, el Gobierno de Canarias conozca y tenga un planteamiento, un pronunciamiento claro de este Parlamento que le clarifique, que le estime, le señale las directrices para que, en la defensa de los intereses generales de nuestra Comunidad Autónoma, pueda negociar con esas entidades una buena privatización de la compañía Trasmediterránea, de forma tal que siempre las comunicaciones con el exterior, las comunicaciones interinsulares, que la modernización de la flota, etcétera, etcétera, queden garantizadas en un período amplio a partir de esa privatización, que parece que se va a producir en el presente año. Solicito de sus Señorías el apoyo a esta proposición no de ley. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Como indiqué al principio de la sesión, hay una enmienda del Grupo de Coalición Canaria, una enmienda de sustitución, para cuya defensa tiene la palabra don Cándido Hernández. El señor HERNÁNDEZ MARTÍN: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Nos ocupa, en primer lugar de la tarde, la discusión de una proposición no de ley de bastante trascendencia para el archipiélago. Se trata nada más y nada menos que la privatización en curso que está desarrollando la SEPI de la compañía Trasmediterránea. A nadie se nos esconde, por lo expuesto ya por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a través de lo que ha sido una referencia histórica de la compañía Trasmediterránea en sus 100 años de historia, la importancia que ésta ha tenido para las comunicaciones en el archipiélago y para las comunicaciones del archipiélago con los territorios peninsulares y demás territorios insulares del Estado español. No voy a extenderme, por lo tanto, en todas estas cuestiones históricas, pero sí remarcar la importancia que para el desarrollo de nuestro archipiélago ha tenido el mantenimiento de las líneas por parte del Estado a lo largo de la historia, con las distintas adjudicaciones, la mayoría de las veces por períodos de 20 años, en los que la compañía Trasmediterránea ha sido la gestora de las comunicaciones entre las islas, de las comunicaciones del archipiélago con la Península, llevando a cabo lo que hoy venimos a denominar obligaciones de servicio público y haciendo realidad las comunicaciones entre las islas, cuando si hubiera sido meramente por la ley de la oferta y la demanda únicamente se hubieran cubierto aquellas comunicaciones entre los principales puertos del archipiélago y de éstos con la Península, que eran rentables. Trasmediterránea ha tenido distintos períodos, unos más afortunados que otros. Las islas menores sufrieron calidades de servicio deficitarias, sufrieron largos períodos en los que las comunicaciones, los viajes eran muy largos, con poca frecuencia, etcétera, etcétera. Afortunadamente, con la asunción por parte del Estado de la mayoría de las acciones, más del 95%, quedando menos de un 5% en manos de accionistas minoritarios, se ha sufragado lo que es el coste de todos estos servicios y Trasmediterránea ha prestado un importante papel a las comunicaciones y al desarrollo del archipiélago. Se ha modernizado la flota, se han mejorado las frecuencias, se han mantenido líneas deficitarias, se han comunicado las islas y, en definitiva, ha contribuido al desarrollo económico regional, cosa que hay que reconocer desde todo punto de vista. Nosotros en el fondo coincidimos con las propuestas de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, porque es la postura de Coalición Canaria y viene a ser también la misma defensa que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transportes y Turismo, ha hecho ante las distintas entidades del ministerio responsable de esta negociación y de esta privatización.

9 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 9 Hoy Trasmediterránea es una compañía saneada, en la que se ha modernizado la flota, ha apostado también por la modernidad y por la competitividad, tiene distintas embarcaciones de tipo ferry, otras embarcaciones tipo roll-on roll-off, tiene otras embarcaciones modernas de alta velocidad, hace más de 20 años que se comunican las islas de Las Palmas, de Lanzarote y de Fuerteventura con embarcaciones de tipo rápido y ha prestado un importante papel en el tráfico de pasajeros, en el de vehículos y en el de mercancías, como bien hemos dicho. Por otra parte, insistir también en la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Socialista en que, como se definen las navegaciones de interés público como aquellas que se consideren precisas para asegurar las comunicaciones marítimas esenciales de la Península, correspondiendo al Gobierno la determinación de las mencionadas navegaciones, pero también hacer hincapié en lo que a posteriori a esta Ley 27, de 1992, se señala en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 27 de 1992, referente a la importancia de las comunicaciones entre las islas y de los territorios insulares con los territorios peninsulares. Como decía antes, Trasmediterránea hoy es una compañía moderna, de las mejores de Europa, es una compañía que está saneada, es una compañía que tiene una flota con una vida media de los buques de siete años y medio, en la que además el Estado ha hecho una importante inyección económica de más de millones a lo largo de la historia y en la que las dos últimas aportaciones extraordinarias de crédito, pues, son casi millones de pesetas como liquidación de la finalización del contrato y también los millones prácticamente de los intereses de demora de los años 96 y 97. Estamos por que en este proceso de privatización se salvaguarden los intereses de Canarias en lo que es el transporte marítimo interinsular y las comunicaciones del archipiélago con la Península y únicamente discrepamos algo en el punto quinto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por estimar que quizás no es lo más conveniente que se proceda a la exigencia del punto quinto en un procedimiento de adjudicación de una empresa, pues que no resulta el marco jurídico apropiado para imponer condiciones a las autoridades portuarias, que son entidades de Derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía funcional y de gestión y cuyas decisiones, en todo caso, serían tomadas por su Consejo de Administración. Nuestra proposición no de ley, en definitiva, perdón, nuestra enmienda viene a remarcar que debe tener un compromiso de permanencia del comprador, al menos, hasta enero de 2007, que es la fecha de vencimiento de los contratos vigentes de la empresa con el Estado, el de la última adjudicación; el mantenimiento de una participación pública mínima en la compañía que asegure la mayoría y el control de la misma y, tratándose de grupo, se debe comprometer el adjudicatario a la integridad y no alteración de posiciones de mayorías y minorías en el grupo comprador; el mantenimiento de la plantilla fija de la empresa existente en el momento de la formalización y el mantenimiento de sus condiciones laborales; a que tenga sede social en España, y a que no solamente se valore la oferta económica sino que en las bases de la privatización se tengan en cuenta otros criterios de valoración principal dentro del plan de la empresa o plan industrial, como es la empresa, el grupo comprador, la experiencia en el sector, el proyecto empresarial, el personal, la garantía de compromisos asumidos en el plan industrial y la garantía de unos requisitos mínimos, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios y la continuidad de la empresa. Asimismo, abogamos desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, coincidiendo con la defensa que de estos planteamientos ha hecho también el Gobierno, por que se garantice el mantenimiento de la flota y se continúe potenciando la calidad del servicio y las líneas de alta velocidad en las rutas entre las Islas Canarias, así como sus conexiones con el territorio peninsular, de manera que se pueda compatibilizar lo que es la liberalización del transporte marítimo y la libre competencia y que no se perjudique a los ciudadanos de Canarias, situación en la que Trasmediterránea ha sido pieza clave en los últimos años, tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de vehículos y carga. De manera que el objetivo principal es que se mantengan, el Estado garantice después de la adjudicación las líneas de interés público y las obligaciones de servicio público, continuando con lo que son las líneas, las frecuencias, las capacidades, los puestos de trabajo, la modernidad de la flota, y de esto, pues, se ha hecho una defensa fundamental de la Consejería de Transportes ante Trasmediterránea, ante la SEPI y ante el Ministerio de Hacienda. Por eso coincidimos con el planteamiento de base del Grupo Parlamentario Socialista y esperemos, si lo tienen a bien, poder aunar estas coincidencias en una proposición no de ley conjunta que obtenga el apoyo de toda la Cámara para la defensa de los intereses de Canarias en una cuestión tan importante como el transporte marítimo interinsular y las comunicaciones de Canarias con el territorio peninsular. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: A efectos de fijar la posición del grupo proponente sobre la enmienda presentada, don Julio Cruz tiene la palabra.

10 Núm. 75 / 10 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. Señoría, por empezar por el final le aseguro que el objetivo de mi grupo y de este diputado es obtener la conformidad y un apoyo pleno de este Parlamento a todas las propuestas que traemos y en ésta en particular también, como no podía ser de otra manera, porque Trasmediterránea, el transporte marítimo, hemos debatido muchas veces pero es de una manera y actúa de una manera esencial en las comunicaciones de Canarias entre todas las islas y con el resto del territorio nacional. Pero, mire, analizando su enmienda, la enmienda de Coalición Canaria, creo sinceramente que han intentado, al menos en parte, darle la vuelta a la proposición no de ley y con una redacción que yo creo que queda más embarullada del objetivo final, que es que nos pronunciemos por una privatización que garantice las especificidades y los intereses generales de Canarias en esa privatización. Por ello, sin entrar más, analizando, en el análisis de la enmienda, le digo, mire, el compromiso, su punto primero, del compromiso de la permanencia del comprador hasta enero de 2007, creemos que queda más claro en el punto primero a) de nuestra proposición no de ley. Por qué? Porque es mucho más amplio. Hablamos del cuadro básico de servicios de los contratos de interés público, hablamos de una exposición de un plan estratégico detallado por línea, pero no solo a las que están adjudicadas, que es a las que usted se refiere aquí, que hasta enero, 2 de enero de 2007, que son conexiones Canarias-Península, sino que nos referimos a todas las líneas que tiene la compañía. Es decir, estas de comunicación exterior y también las de comunicación interinsular. Y además hablamos de un plan comercial a diez años, porque si bien los compromisos de la compañía tienen que ser como mínimo hasta el 2007, no nos debemos quedar ahí y debemos exigir un plan comercial a diez años vista, porque cinco años, como su Señoría conoce, no es nada y en comunicaciones marítimas mucho menos todavía. Por lo tanto, el primer punto de su enmienda, yo creo que está mejor redactado el nuestro, sinceramente, y por lo tanto no lo aceptamos. En cuanto al mantenimiento de la participación pública, lo mismo, porque nosotros garantizamos... No se le entiende esencialmente lo que quieren decir, porque yo creo que concurre una contradicción en la misma redacción. Mire, dice el mantenimiento de una participación pública mínima en la compañía que asegure la mayoría y el control de la misma, coma. Eso qué significa?, que no se va a privatizar? Porque eso, visto así, parece que se quiere que el Gobierno se quede con una mayoría, es decir, la mayoría en una empresa es el 51%. Si se va a privatizar el 95 7%, que es de titularidad de la SEPI, por lo tanto, la privatización es de ese 95%. Por lo tanto, no va a haber ninguna posibilidad de que no se privatice, porque si no no se abriría este plazo, este período. Estamos hablando de una privatización inexorable, digamos, porque la decisión está tomada, y nos guste o no, nosotros particularmente pensamos que había otros modos y a lo mejor no era necesaria la privatización de Trasmediterránea, pero decidida la privatización, debemos incidir en la forma en que se privatiza, porque esa decisión ya está tomada. Es por ello que creo que lo que usted quiere decir también está mejor contemplado en el punto c) de nuestra proposición no de ley, en el que se le exige garantía mínima de cinco años de homogeneidad, independencia, estabilidad del núcleo mayoritario del capital que se responsabilice de la gestión y situación patrimonial de la misma. En cuanto al punto tercero, mantenimiento de la plantilla, lo mismo le digo, es copia del punto d) nuestro, del punto primero, garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, así como de los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, tanto de flota y esto es muy importante, la distinción y remarcarlo, porque se...(ininteligible.) a diferenciar y porque se actúa a través de otras empresas intermediarias de la propia compañía en relación a la contratación de uno o de otro, es decir, hay que garantizar no solo de los trabajadores de flota sino también los que prestan servicio en tierra. Por lo tanto, el punto tercero tampoco creemos que está mucho mejor redactado en la proposición nuestra. En cuanto a que tenga su sede social en España, no tenemos ninguna dificultad, entre otras cosas porque el libro de venta de la compañía, que obra en la Comisión Nacional de Valores y que es conocido, establece como requisito ineludible, en ese libro se establece como requisito ineludible que la empresa adjudicataria tendrá que tener su sede social en España. Pero si lo queremos incluir, pues no... Por lo tanto, como lo que abunda no daña, pues, le acepto la introducción y le ofrezco introducir el apartado cuatro, de que tenga su sede social en España. En cuanto al punto cinco y seis, usted incide en el punto cinco sobre la valoración de la oferta económica, mire, es lo mismo que decimos nosotros en el apartado cinco pero en aras a llegar a un consenso estoy de acuerdo en sustituir el apartado segundo de nuestra proposición no de ley por el punto quinto de ustedes, que viene a decir lo mismo de otra manera. Y el punto sexto, en el que usted dice que se garantice el mantenimiento de la flota y se continúe potenciando la calidad del servicio, etcétera, estoy de acuerdo en sustituirlo en el apartado tercero, pero no por todo el apartado tercero sino por el encabezamiento del tercer apartado, en el que dice mantenimiento de la flota que integra actualmente

11 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 11 la compañía, es decir, eso sustituirlo por el párrafo seis de su enmienda, pero añadir a partir de ahí de forma que, y entramos en los puntos de la proposición no de ley. Por qué?, porque yo creo que debe quedar claro que deben quedar garantizadas las conexiones marítimas entre Canarias y el resto del territorio nacional, como punto esencial; que queden garantizadas las competencias en transporte marítimo interinsular, para lo cual la compañía Trasmediterránea es necesario que permanezca en las comunicaciones interinsulares, que quede garantizado el mantenimiento de la flota de jet-foil. Yo creo que debemos hacer hincapié exclusivamente y específicamente en este tema, porque, como ya saben, si no recuerdo mal al inicio del año 2000 o algo así, tuvimos ya una discusión en este Parlamento de una comparecencia y una pnl creo que de mi grupo, en la que manteníamos y apoyamos y aprobamos por unanimidad, si no recuerdo mal, el mantenimiento de la flota de los jet-foil, porque existe el riesgo real de que, dado su déficit, que puede generar, el adjudicatario se lo pueda llevar a otra zona en donde le saque mayor rentabilidad económica y los jet-foil es importante que queden en Canarias. Si bien en el apartado tercero ese que le señalo sí hay aquí una errata, que decíamos que comunica Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria y aquí poníamos Corralejo, y no es evidentemente Corralejo sino que es Morro Jable. Es el lado contrario de Fuerteventura, Corralejo lo que comunica es con Playa Blanca en Lanzarote. Por lo tanto, es esa corrección desde el punto de vista de la errata producida en la proposición no de ley, que creo que todas sus Señorías, pues, lo entienden claramente. Y, por último, que quede garantizado el establecimiento de un plan de mejora y ampliación de las terminales marítimas, yo creo que eso es importante. Le puedo aceptar en el apartado cinco que usted señala, hombre!, el que garantice la Autoridad Portuaria no tiene mucha relación con esta proposición no de ley que estamos hablando de la privatización de Trasmediterránea, pero podemos quitar este apartado cinco, si bien dejando un poco el espíritu, con una redacción que haría sobre la marcha, en el sentido de que lo que nos interesa es que esas terminales, que hoy son propiedad o concesionadas a Trasmediterránea, en el futuro, y mientras dure la presencia de Trasmediterránea, es decir, al plazo de diez años, al menos, o mientras dure el plazo concesional, esas terminales sirvan para lo que sirven hoy, es decir, para beneficio de los usuarios de los transportes marítimos, de tal manera que en esa privatización siempre se podrá señalar a la compañía adjudicataria que no podrá emplear esas terminales de pasajeros en otras cosas que no sean para lo que fueron construidas con dinero público y el servicio que hoy presta a los ciudadanos. En definitiva, creo que se integra parte del espíritu señalado por su enmienda y, en definitiva, creo que podemos sacar una resolución importante para Canarias e importante para que el Consejero vaya ante el señor ministro de Fomento a exigir, con el pleno apoyo del Parlamento de Canarias, o el de Hacienda del Gobierno del Estado, que esta privatización no se puede hacer con carácter general sin tener en cuenta los intereses generales o desde un punto de vista economicista puro y duro, sino que debemos tener en cuenta el servicio público que Trasmediterránea presta y debe seguir prestando en los próximos años a los ciudadanos de Canarias. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Bien, Señorías, fijada la posición del grupo proponente, vamos a escuchar la intervención de los restantes grupos que soliciten la palabra. Por el Grupo Parlamentario Mixto, hay petición de palabra, doña Belén Allende tiene la palabra. La señora ALLENDE RIERA: Gracias, señor Presidente. Señorías, muy buenas tardes. Señores del Gobierno. Entendiendo que se ha producido un silencio por parte del defensor de la enmienda de sustitución de Coalición Canaria, entiendo que se aceptan los términos de la transacción que se ha propuesto, no?, evidentemente. Bien. Pues partiendo de ese espíritu conciliador y de entender, además, por los grupos la necesidad de que efectivamente, como antes ha dicho el proponente, la necesidad de que se pueda defender ante Madrid un posicionamiento de este Parlamento tendente a abarcar un proceso de privatización que todos, evidentemente dentro de los mismos a los que hemos tenido ocasión ya de dilucidar o de remarcar dentro del contexto regional, por la incidencia que éstos tienen en nuestro desarrollo socioeconómico, Trasmediterránea no nos puede quedar ajena y mucho menos se puede defender sin tener el corazón en la mano a la hora de esgrimir criterios tan apasionantes como los que aquí se han escuchado por ambos portavoces a la hora de intentar transaccionar posturas y adecuar un lenguaje común en la manifestación que habrá de vertirse, concretamente liderándola en este caso nuestro consejero de Transportes, de cara a esa revisión del proceso, que está abierto desde el momento que ya están en marcha, pues, las ofertas no vinculantes, que tendrán que solventarse antes de julio. Dicho esto, nos hace que en ese recorrido histórico al que antes se ha hecho mención, Trasmediterránea, como dije, no nos pase desapercibida en la importancia de nuestro desarrollo socioeconómico. No olvidemos y aquí se ha dicho que es una naviera que nos ha vinculado en estrecha

12 Núm. 75 / 12 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 interconexión, no solamente con los puntos de las islas de nuestro archipiélago sino también con las necesarias bueno, necesarias entre comillas, necesarias sí, no a veces óptimas frecuencias con Península, de cara a ese desarrollo vinculante y estratégico de un archipiélago como el canario y dentro de esa posición destacada que nos permite la especificidad contenida en el artículo 299 del Tratado de Ámsterdam. No olvidamos tampoco que esta compañía ha disfrutado de un contrato-programa del Estado durante veinte años y que incluso, a partir de enero del 2002, tiene la obligación de servicio público para mantener mediante este tipo de servicios nueve rutas marítimas de interés público, entre las que no se nos puede escapar no solamente las que condicionen nuestras necesarias comunicaciones interinsulares sino también aquéllas que nos ponen, o nos referencian, con destino Península, como es Tenerife-Cádiz o Las Palmas de Gran Canaria- Cádiz. Las inversiones, aquí se ha hablado incluso de los montantes que ha supuesto esa política de saneamiento necesaria de esta compañía, así como el determinar una envidiable flota, adecuada al proceso que en este momento también se dirime, que es la privatización ante la liberalización del transporte y la libre competencia, con una asunción por parte de la compañía de los barcos, que también creo que incluso el portavoz del Partido Socialista antes cifró, que no deja de ser una respetable cifra si computamos los elementos a considerar en esa parte del 49%, que tendrá que hacerse cargo el que opte al final por esta oferta, y no olvidemos tampoco el mantenimiento como defensa, a defender a ultranza, del servicio público, con garantía de pervivencia y de mantenimiento más allá de la línea horizonte del Por lo tanto, viendo cómo se ha desarrollado el debate, cómo se han podido acercar las posturas, no vamos a entrar en el proceso ya abierto en cuanto a las ofertas vinculantes. Sí decir que a nosotros particularmente, como isla pequeña que se conecta a través de una comunicación, con dos frecuencias diarias, con dos compañías, nos ha alegrado muchísimo el que en un principio no sea Fred Olsen uno de los grupos empresariales que ha optado por esas ofertas no vinculantes, porque en cierta medida nos ha hecho también barajar con más optimismo, dado que entendemos que los compromisos asumidos en el Congreso de los Diputados, las afirmaciones que ha vertido desde esta tribuna el propio consejero de Transportes con respecto a las garantías que el ministerio ha dado de continuidad en el mantenimiento de las obligaciones de servicio público, se puedan garantizar más allá de la privatización... Como digo, nos ha alegrado que Fred Olsen no haya optado o no haya sido un grupo de empresas de las que ha optado por esas ofertas no vinculantes, porque eso despeja el poder incurrir en monopolio, como hemos sido objeto tanto La Gomera como El Hierro durante muchísimos años, y las consecuencias no las voy a relatar aquí, porque evidentemente son de sobra conocidas por sus Señorías, cuáles son para los ciudadanos de Canarias y cuáles son para sus bolsillos, el contar con un monopolio. Sí decir que evidentemente los grupos grandes, representantes en esta Cámara, con las tres fuerzas que toman la posición predominante en el arco parlamentario, tienen una responsabilidad por la representación que tienen en el Congreso, como así sumar también la fuerza que pueda tener, dentro del Grupo de Coalición Canaria nuestro senador, de cara a liderar, de forma diferente a lo que puede ser la fijación de posiciones de cualquier otra comunidad que no se comunique por mar, este proceso de privatización, el velar por que el mismo se haga con carácter de transparencia y con garantía de futuro y desde luego no bajar la guardia a la hora de negociar para que los compromisos adquiridos por el Ministro y los compromisos adquiridos por el consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias se cumplan hasta su último extremo. Gracias. El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Noelia García tiene la palabra. La señora GARCÍA LEAL: Buenas tardes, Señorías. Parece que esta tarde empezamos a navegar con Trasmediterránea y estamos seguros estoy convencida de ello de que llegaremos a buen puerto. Y comenzamos esta travesía con la preocupación compartida por todos los canarios acerca de la privatización de esta compañía de transporte marítimo, y digo preocupación porque, inevitablemente, cualquier cambio, sea de la índole que sea, genera cierta confusión y cierta preocupación. Y no caben dudas, Señorías, de que el mejor antídoto para combatir esa confusión y esa preocupación es una muy buena información. Yo no voy a entrar en las aportaciones que ha hecho la compañía Trasmediterránea al transporte marítimo en nuestro país y tampoco voy a entrar en los beneficios y en la flota moderna que la compone. En términos generales, yo creo que podemos decir que es una empresa líder en el transporte marítimo español, que en la actualidad está saneada y que es muy apetecible en términos patrimoniales. El proceso de privatización de Trasmediterránea comenzó en octubre del año 2001, tras ser incorporada a la SEPI, en cumplimiento de la reordenación de las participaciones accionariales en

13 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 13 el ámbito del Ministerio de Hacienda. Uno de los objetivos de la mencionada reordenación era precisamente la realización de los procesos de desinversión en aquellas sociedades que actúan en mercados abiertos y competitivos y que no necesitan de un operador público. Siendo, pues, uno de los objetivos de la SEPI la privatización de Trasmediterránea, las condiciones en las que se realizará y de hecho ya se está realizando la transferencia de la titularidad al sector privado son las mismas que han venido rigiendo otros procesos similares, y no son otras que los principios de publicidad, de concurrencia y de transparencia. Así, pues, los requisitos mínimos y los criterios de valoración a aplicar en el proceso de privatización de Trasmediterránea son los siguientes y de lo que se trata es de arrancar unos ciertos compromisos de las empresas que quisieran entrar en dicho concurso. Compromisos como que debe, el adjudicatario debe comprometerse a lanzar una oferta pública de acciones, mantenimiento de la estabilidad accionarial y unidad de grupo, mantenimiento de la plantilla fija, así como de las condiciones laborales de la plantilla, de la sede social, mantenimiento de los fondos propios y cumplir con el contrato firmado con el Estado por haber resultado adjudicataria hasta enero de Pero es que además, es que además de asumir los compromisos para continuar en el proceso el candidato debe detallar las garantías concretas que aseguren su cumplimiento. Todos ellos son requisitos que, si no se cumplen, si no se cumplen, dicha oferta puede ser expulsada del proceso de privatización. Es decir, son requisitos sine qua non para continuar en el proceso de concurso. Pero es que además de todos estos requisitos mínimos y necesarios, y de forma adicional, en los criterios de valoración de las ofertas el plan industrial tendrá una ponderación del 55% frente al 45% de la ponderación del precio. Y en esta ponderación del plan industrial lo que se valora es precisamente la solvencia de las empresas, la capacidad de gestión, la experiencia de dichas empresas, las inversiones que se quieren hacer, las perspectivas respecto a la flota, a las rutas, compromisos adicionales respecto a la plantilla que quién nos dice que no pudiese ser el aumento de las plantillas y sobre todo, sobre todo, lo que se valora y que no acabamos de ver en la proposición que hoy se presenta aquí son las garantías, puesto que no nos olvidemos de que lo más importante de un plan industrial es que se cumpla. Así pues, respecto al punto número 1 y número 2 de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, entendemos que no solo están recogidas en esos criterios mínimos y requisitos mínimos, sino que además, en algunos casos, están superadas. Respecto al tercer punto, mire, señor Cruz, en el plan de empresa entendemos desde el Grupo Popular que no debe haber nada o en los requisitos mínimos de privatización no debe haber nada respecto a lo que usted propone en el tercer punto. Lo que sí se debe arbitrar, y de hecho ya se han mantenido los contactos por parte del Gobierno de Canarias, que sí que ha estado preocupado por este asunto, como le decía, lo que sí se debe arbitrar es un mecanismo que ayude y que colabore a que, en tanto en cuanto se resuelva el concurso de las rutas interinsulares, pueda haber soluciones complementarias a este problema, pero, desde luego, no debe estar contenido en los requisitos mínimos del plan de empresa. También en el punto 3, en el apartado que dice literalmente: las terminales marítimas que son propiedad de la compañía Trasmediterránea, entendemos desde el Grupo Popular que sería más conveniente hablar de las terminales marítimas que en la actualidad utiliza la compañía Trasmediterránea en régimen de concesión administrativa, puesto que entendemos que así sería más correcto. Desde luego la SEPI ha logrado sanear y consolidar la empresa y suponemos que también va a ser capaz de privatizarla de acuerdo con los intereses generales. Hasta la actualidad se han presentado diez ofertas no vinculantes y evidentemente usted estará conmigo en que no solo esos requisitos mínimos son indispensables sino a partir de ahí todos aquellos condicionantes adicionales que las empresas pongan en beneficio del interés general serán bienvenidos. Y ahí sí es donde la libre competencia entre las empresas hará que pujen en busca de la mejor oferta para ser adjudicatarias. Señor Cruz, a mí me gustaría solo hacer unas matizaciones. Usted dice pedimos estabilidad para las plantillas, pedimos, pedimos, pedimos...; yo le digo tranquilícese, eso está recogido en los requisitos mínimos que la SEPI le pone a las empresas. Usted habla de oscurantismo. Mire, no solo ha copiado los antecedentes de la pnl presentada en el Congreso de los Diputados, creo que también ha recogido bastantes detalles del discurso de su compañero en el Congreso de los Diputados. También habla del criterio economicista, cuando previamente le he dicho que por encima del precio se valora la capacidad de ese plan industrial. Usted habla de beneficio, y yo le recuerdo que las líneas de actuación de la SEPI son sanear las empresas que están en déficit, consolidarlas como proyectos empresariales interesantes y después privatizarlas. Y sabe por qué el PSOE no lo hizo en su momento? Porque Trasmediterránea, en la época de Gobierno del PSOE, nunca tuvo los beneficios suficientes para hacerlo. Dice que su proposición no de ley es larga. No por ser más larga es mejor, yo le aconsejaría que la recortase y fuese más contundente.

14 Núm. 75 / 14 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 Desde luego, a nuestro modo de ver esta pnl lo único que pone de manifiesto es la falta de proyecto del Partido Socialista, y no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, por proponer algo que se viene haciendo. En definitiva, Señorías, la operación de privatización no se hace a la ligera. Como he ido explicando hasta ahora, se hace atando muchos cabos y buscando precisamente un interesado capaz de gestionar una empresa de tales dimensiones, que se comprometa al mantenimiento de las plantillas, a las mejoras de las condiciones laborales, sobre todo al mantenimiento y a la mejora de las condiciones para el usuario, y no solamente que se comprometa sino que sea capaz de ejecutarlo. Con garantías, con garantías para todos, que somos muchos en el caso de las Islas Canarias. Y por esto, precisamente por estas últimas palabras y porque entendemos que debe haber un acuerdo unánime de esta Cámara, es por lo que votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchísimas gracias. El señor PRESIDENTE: Don Julio, con la intención, supongo, de no reabrir el debate, sino fijar la posición con las enmiendas, que es lo que dice el Reglamento. El señor CRUZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Señor Presidente, y a una alusión que se me ha hecho, no? Mire, a su Señoría, portavoz del Partido Popular, lo que me llena de perplejidad es su coherencia. Su coherencia, aquí y allí, aquí y allí, porque evidentemente la proposición no de ley que nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados es muy similar a ésta y los argumentos son muy similares a éstos. Por qué? Porque somos el mismo partido allí y aquí, allí votamos a favor y aquí votaremos a favor; ustedes allí votaron en contra y hoy van a votar a favor. Bienvenidos a los intereses de Canarias! Pero, mire, no se garantizan, porque ya les he señalado que las garantías del punto tercero, garantías específicas, que usted señala que no deben quedar como requisitos mínimos, sino deben quedar en lo enmendado. Nosotros lo vamos a mantener, porque coincidimos y en esto coinciden los portavoces de Coalición Canaria, son esenciales para las comunicaciones marítimas que este Parlamento se pronuncie sobre las conexiones Canarias-resto del Estado, las conexiones interinsulares, la flota de jet-foil, las terminales que están en Canarias. Si ustedes quieren decir aquí una cosa, después hacer otra, es su problema. La privatización, es verdad que las privatizaciones ustedes tienen mucho interés en sacarlas hacia delante, pero también les recomiendo algún libro del señor Mota sobre las privatizaciones del Partido Popular y quiénes son los beneficiarios. Nosotros pretendemos que en esta garantía de esta privatización, la garantía de la privatización de Trasmediterránea sea para los usuarios de los transportes marítimos en Canarias, para los ciudadanos canarios. Por eso aceptamos la parte de la enmienda de Coalición Canaria, en el sentido de que el primer punto se queda, señor Presidente, tal como está el texto de la proposición no de ley, introduciendo un apartado e), de que tenga su sede social en España, que ya les señalábamos que también estaba en el cuadro de vinculantes, pero, bueno!, lo que abunda no daña y, por lo tanto, recalcar eso no nos parece mal. El segundo apartado lo sustituimos por el apartado número 5 de la enmienda de Coalición Canaria y en el apartado tercero hacemos tres modificaciones: en lo que es el encabezado del apartado tercero, desde mantenimiento hasta de alta velocidad, ahí lo sustituimos por todo el apartado 6 de Coalición Canaria, añadiéndole a continuación de forma que y pasamos a numerar el 1, 2, 3, 4 de la proposición no de ley, con la modificación que le señalaba antes en el 3, de cambiar Corralejo por Morro Jable, por razones obvias, y en el 5 propongo, como le señalaba antes, dado que coincidíamos en que las autoridades portuarias, a lo mejor, dado que es una privatización y no es el marco para esta situación, cambiar o quedar redactado de la siguiente manera: que quede garantizado que no se producirán modificaciones de los usos de las antedichas terminales marítimas, que no sean los vinculados a los usuarios, por lo que quitamos la Autoridad Portuaria y lo que pretendemos, y es la filosofía de la proposición no de ley, es que cuando se privatice, la empresa adjudicataria tenga la garantía de que no va a solicitar o no va a usar esa terminal que tiene concesionada hoy Trasmediterránea para un uso distinto que no sean los beneficios para los usuarios del transporte marítimo en Canarias, hoy en manos de Trasmediterránea en esas líneas. Por lo tanto, señor Presidente, ésa es un poco lo que nosotros admitimos y lo que sometemos a votación. Gracias, señor Presidente (El señor Hernández Martín solicita intervenir.) El señor PRESIDENTE: Sí, don Cándido, simplemente a efectos de si Coalición Canaria admite la propuesta transaccional que se le hace, con retirada de su propia enmienda, para quedar englobada en las propuestas que se hacen.

15 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 15 El señor HERNÁNDEZ MARTÍN (Desde su escaño): Muchas gracias, señor Presidente. Consumir un breve turno para anunciarle el agradecimiento al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aunque no sea costumbre, la deferencia que ha tenido en admitirnos la parte número 4, número 5, número 6 de nuestra enmienda y también la sugerencia que le hemos hecho sobre el punto 5 de la proposición del Partido Socialista. En este caso hay una coincidencia de los objetivos. Con esta transaccional la proposición no de ley mejora y yo creo que es traducción del sentir mayoritario de la Cámara que se defiendan ante el Estado los intereses de la Comunidad Autónoma de Canarias en sus transportes marítimos interinsulares y su conexión con la Península. No voy a hacer más hincapié porque coincide con los planteamientos de Coalición Canaria y con la defensa que de los mismos está haciendo el Gobierno. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muy bien, Señorías. Yo creo que ha quedado razonablemente claro lo que vamos a votar. Constará de cinco puntos, el primer apartado del texto; el segundo se sustituye por el cinco del Grupo de Coalición Canaria y, en el punto tercero, el apartado tercero de la proposición no de ley, el encabezamiento queda sustituido por el sexto, y luego se modifica el quinto en el sentido indicado por el señor Cruz. Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley en los términos indicados. Comienza la votación (Pausa). Bien, queda aprobado por unanimidad, con 52 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Y quedan todas sus Señorías invitadas a un viaje de jet-foil hasta Corralejo (Risas en la sala). PNL-198 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA-CC, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA LEY 38/1999, DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. El señor PRESIDENTE: Bien, Señorías, vamos a pasar a la proposición no de ley siguiente, que es de Coalición Canaria, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley 38/99, de Ordenación de la edificación. Para la defensa de la iniciativa, respecto de la cual también se han presentado en tiempo y forma enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Vizcaíno. El señor BAUTISTA VIZCAÍNO: Bautista, no me mate a mi padre. Bautista. El señor PRESIDENTE: Bautista Vizcaíno, don Eusebio. El señor BAUTISTA VIZCAÍNO: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Esta tarde nos trae aquí una proposición de ley que presenta Coalición Canaria pero que el padre de la proposición de ley no es Coalición Canaria sino son diversos plenos de ayuntamientos de Canarias, que han sido los que, tanto en la isla de La Palma como en la isla de Gran Canaria, nos han facilitado el trabajo y nos han dado la idea. Sus Señorías saben que el fenómeno de la autoconstrucción en Canarias tiene un origen ancestral en años, muchos años, en los campos, y que, como consecuencia de que los ciudadanos de las zonas rurales pasan a las urbanas, siguen con la costumbre de autoconstruir, porque entre otras cosas no había otra fórmula de hacerse con viviendas, y llegó un momento en que el fenómeno de la autoconstrucción en Canarias, usado básicamente por la población con menor capacidad económica, por eso tenían que acudir a ella, requirió que la Comunidad Autónoma reglara de alguna manera las ayudas oficiales para que una parte importante de la población tuviera recogidas las facilidades económicas que la Comunidad Autónoma era capaz de darle, igual que da para el acceso a la propiedad o al uso de la vivienda a otros sectores de la población. En el año 98 hay un decreto de la Consejería de Obras Públicas, el 249/98, que efectivamente se dedica de lleno a regular las ayudas y a ordenar el sector de la autoconstrucción, siempre desde el punto de vista de vivienda de protección oficial del régimen general. Por supuesto, no la autoconstrucción de chalés o casas privadas, en viviendas de una, dos o tres plantas no? En ese decreto se regula desde ayudas a la adquisición de terrenos, pasando por auxilios a la construcción, auxilios técnicos a los planos y a la dirección de obra, por subvenciones directas a la construcción y créditos blandos subvencionados y siempre con unos límites claros para que no haya dudas de que van dirigidos a las familias con menos capacidad adquisitiva. Los topes máximos para poder recibir ayudas son 5 millones de pesetas de sueldo, no? Cuando ya tenemos el decreto que regula la autoconstrucción autoconstrucción que, repito, en Canarias es un fenómeno importante, es la Comunidad Autónoma que proporcionalmente tiene más viviendas de autoconstrucción en régimen de protección oficial en España; para que se hagan una idea, los datos recientes del III Plan de Vivienda, son más de 4.800, como decíamos en los antecedentes, exactamente viviendas, nos aparece una ley estatal, la Ley de Ordenación de la edificación, que es una buena ley, sin lugar a dudas,

16 Núm. 75 / 16 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 pero que no contempla este fenómeno y viene a a complicar de alguna manera las facilidades que los decretos de la Comunidad Autónoma daban a los ciudadanos en inferioridad de condiciones económicas. La Ley de Ordenación de la edificación define con exactitud todos los integrantes en los procesos constructivos, desde el promotor hasta el usuario final, y sobre todo incide en darle seguridad al usuario, de manera que se eviten fenómenos que han sido tradicionales en España de viviendas que aparecen con edificios a corto plazo, a medio y a veces a largo plazo, tanto estructurales como en instalaciones normales. Pero qué pasa con los legisladores cuando hacen la Ley de Ordenación de la edificación? Que no tienen en cuenta qué pasa en la autoconstrucción en Canarias. En ese sentido, cuando los municipios, algunos municipios, y la Fecam más recientemente, también ponen un poco la alarma en este punto de autoconstrucción, lo que están haciendo es indicarnos que hay una discrepancia: si se quiere, por un lado, ayudar, como se está ayudando desde la Comunidad Autónoma a la construcción en régimen de protección oficial, no se pueden mantener unos costes de unos seguros que son disparatados. Probablemente los legisladores en el Congreso de los Diputados no sabían lo que iba a costar el famoso seguro de caución decenal ni los particulares que han hecho autoconstrucción tampoco hasta que empezaron a saber lo que valía un peine. Según entrevistas personales que he tenido con usuarios y con técnicos, además de con miembros de la consejería, el seguro de caución decenal que se incluye de forma obligatoria en el artículo 19 de la Ley de Ordenación de la edificación implica tres movimientos, que es, básicamente, por supuesto, el seguro es dar seguridad a diez años vista como mínimo a lo que son las estructuras del edificio, vigas y demás, pero cuando uno va a contratar el seguro de caución decenal a una compañía de seguro en Canarias se tropieza que la compañía lo primero que le pide es que le hagan un informe de calidad de obra. El informe o certificado de calidad de obra lo hace una compañía especializada y requiere, por supuesto, que durante el tiempo de la obra vayan a visitar la obra conforme vayan transcurriendo los hitos propios de la obra. Pero es que, además, la compañía que es capaz de extender el certificado de calidad de obra exige otro estudio previo, que es un informe geotécnico, por el que hay que hacer unas catas en el terreno para ver si efectivamente el terreno no es arcilloso, si es arcilloso. O sea, una ley que sale para garantizar efectivamente la seguridad, concretamente en el capítulo del seguro de caución decenal, la seguridad de los usuarios finales, le empieza a complicar la vida al señor que quiere hacerse su casa en régimen de protección oficial. En coste, en pesetas, ahora han bajado un poco, porque las compañías de seguro de los colegios de arquitectos han empezado a trabajar y por eso estamos hablando de que el coste de los dos certificados y el seguro puede estar del orden del millón a pesetas para edificaciones de dos plantas y 90 metros cuadrados. Pero tengo casos recientes donde esos mismos importes, de los mismos certificados, para los mismos tipos de construcciones, están en torno al y Y hablamos de viviendas que no pueden pasar en su precio total final del orden de los 11 a 12 millones de pesetas, en función de que se tenga un poco más, si tienen 120 metros cuadrados, porque tienen, la unidad familiar está compuesta por cinco o más componentes. Qué pasa? Que a una familia, que ha estado reuniendo sus dineritos, que acude a la ayuda oficial y que va con un presupuesto exiguo, que tiene un sueldo, un salario máximo, la unidad familiar, de 5 millones de pesetas, sacar además otro de pesetas para cumplir con una ley, que en el caso de la autoconstrucción es por lo menos de dudosa utilidad, se le hace cuesta arriba. Y ése es el sentido que, concretamente, los dos ayuntamientos que yo conozco, Los Llanos, en La Palma, y Agüimes, han querido darle a sus mociones aprobadas en los plenos. De la moción aprobada en el pleno de Agüimes hay una frase que yo he recogido en los antecedentes, que además yo creo que recoge muy bien el sentido y el espíritu de lo que quieren decir. Dice: quien construye su vivienda no solo pone toda la ilusión en la que será la mayor inversión de su vida sino que pone además toda la diligencia a fin de garantizarse para sí y su familia un hogar confortable y seguro. Y es real, o sea, alguien ha visto que se haya caído una casa, ya no de autoconstrucción de régimen oficial, sino una vivienda de una o dos plantas en los últimos 15 o 20 años? Difícil, porque todo el mundo, que al mismo tiempo es promotor y usuario, habitualmente lo que hace es que se pasa por arriba y no por abajo, porque está en juego su propia seguridad. Ésta es la situación en la que nos encontramos y de aquí surge la proposición no de ley. En esta proposición no de ley nosotros le pedimos al Congreso, al Gobierno de la nación, pero en este caso al Congreso, que modifique, y digo al Congreso porque mi grupo, Coalición Canaria, en el Parlamento nacional va a presentar una proposición no de ley en el mismo sentido que ésta, le estamos pidiendo al Gobierno de la nación que modifique los artículos que difieren de alguna manera o que obligan a que en Canarias se incremente de forma notable el precio de la autoconstrucción. Y simplemente no damos más pistas, le decimos que los modifique, hay muchas fórmulas para modificarlo. El artículo 19, por el que se instaura el seguro, y el 20, por el que se impide, de forma razonable además, que si no hay seguro no se admita en el Registro de la Propiedad.

17 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 17 Pero al mismo tiempo, sabiendo que esta petición puede ser o no puede ser o saldrá en el tiempo, en demasiado tiempo, es por lo que le pedimos al Gobierno de Canarias que haga una actuación en el sentido de, o bien dar ya a corto plazo o fijar por decreto una subvención a los importes totales del seguro de caución y los certificados y los estudios geotécnicos anteriores, igual que se da a los auxilios de la construcción, y si no, que intente negociar con las compañías aseguradoras, de manera que en vez de hacer seguros individuales, que siempre son más caros, sobre todo si lo paga el bolsillo del usuario, lo pueda concertar el Gobierno y sea aplicable, un seguro general con pólizas individuales, sea aplicable a cada uno de los particulares, de los solicitantes de la autoconstrucción en régimen de protección oficial. Ése es el sentido de la proposición no de ley y creemos que es de justicia que, por la singularidad de la autoconstrucción en Canarias, tengamos en cuenta precisamente estos factores que incrementan notablemente el coste total de la obra para una familia con unos ingresos limitados. Muchas gracias, Señorías. El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por los grupos parlamentarios Popular y Socialista. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, don Pablo Matos tiene la palabra. El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Compartimos la finalidad de la presente proposición no de ley, puesto que la exigencia del artículo 19 de la Ley 38/99, de Ordenación de la edificación, el seguro de caución decenal, produce por supuesto un coste, un sobrecoste, en este tipo de viviendas. Sobrecoste que no es exactamente del 10%, como maneja en los antecedentes, pero que sí está sobre el 7, el 8% y que ya nos parece también excesivo para este tipo de viviendas. Para este tipo de viviendas, el de la autoconstrucción o, como lo denomina la nueva Ley de Vivienda, la autopromoción, en el cual el Gobierno y gran parte de la sociedad tiene puesta gran parte de sus expectativas. Este seguro, el seguro de responsabilidad decenal, tiene como finalidad garantizar el resarcimiento de los daños materiales causados en edificios, en la vivienda autopromovida, por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la estabilidad o la resistencia del edificio. Por lo tanto, es un seguro que a nosotros nos parece necesario y que cuando lo implantó la Ley de Ordenación de la edificación lo consideramos positivo, porque es un seguro que cubre, que defiende o que protege, no al constructor, no al promotor de la vivienda, sino al propietario, al que vive en ella, y por supuesto a los futuros propietarios o a los futuros adquirentes de esa vivienda, que en caso de una transmisión se verían completamente desamparados si ese promotorconstructor o el primer promotor fuera insolvente y no pudiera responder con la responsabilidad o hacer frente a la responsabilidad decenal civil que le pone el propio Código, le impone el propio Código Civil. Por lo tanto, nosotros apoyaríamos sin reservas esta proposición no de ley si el promotor o usuario de la vivienda estuviera obligado a ocupar la vivienda y, por lo tanto, tuviera prohibida su transmisión durante el plazo que tiene la responsabilidad o que dura la responsabilidad decenal, por el plazo de diez años. Pero es que este tipo de vivienda sí puede ser transmitido por el promotor-usuario, por el autoconstructor, y vender a un tercero, con la autorización de la Consejería de Obras Públicas y en los precios y con las limitaciones y con los formalismos y los requisitos que establece la consejería, pero sí se pueden vender, transmitir estas viviendas antes de que termine el plazo de responsabilidad decenal. Y en ese caso, en caso de transmisión, entonces, ese tercero quedaría a expensas solamente, como he dicho antes, de la solvencia o no, en caso de que se dieran los defectos estructurales a los que hemos hecho referencia. Y nosotros creemos que esa situación no se debe permitir, el quedar a expensas de esa solvencia o no del promotor o usuario, pues son precisamente los futuros adquirentes, los consumidores, a los que la Ley de Ordenación de la edificación, la Ley 38 del 99, intenta proteger. Por lo tanto, consideramos que solo se podría eximir del requisito del seguro si estuviera totalmente prohibida esa transmisión a terceros hasta transcurridos esos diez años. Por eso nos parecería lógica, nos parecería lógica y bien la enmienda que ha presentado el Partido Socialista en el sentido de que en caso de transmisión sí se exigiera ese seguro de responsabilidad civil. Nos parecería lógica pero es imposible. Hoy en día no hay ninguna compañía de seguros que pasados tres, cuatro o cinco años de la construcción de un edificio aceptara un seguro de responsabilidad decenal, porque, como bien ha dicho antes el portavoz de Coalición Canaria, la compañía de seguros para darlo exige unos controles de calidad. Controles de calidad que empiezan por los estudios geotécnicos y por la vigilancia de cómo se está haciendo la cimentación y cómo se está haciendo la estructura de la obra. Por lo tanto, esa posibilidad, que a nosotros si se pudiera dar nos parecería bien, realmente en la práctica es completamente imposible.

18 Núm. 75 / 18 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 Antes ha hecho referencia el portavoz de Coalición Canaria a que, bueno, hablaba en beneficio o resaltaba la bondad de la ley, y precisamente cuando hablaba de los estudios geotécnicos o de esos controles de calidad es cuando se empezaba a complicar. Yo creo que no, yo creo que una construcción, aunque sea una vivienda propia, una vivienda autopromovida, debe, igual que el resto de las viviendas que se construyen en Canarias y que se construyen en España y que por lo tanto están bajo el ámbito de la ley, sí es bueno que tengan los estudios geotécnicos que garanticen esa estabilidad y esa resistencia y sí es bueno que en su cimentación y en su estructura existan esos controles de calidad. Y es por ello, porque consideramos que el seguro es necesario, mientras no se impida o se prohíba esa segunda transmisión y porque consideramos que es cierto que existe un sobrecoste en las personas, en las familias que intentan acogerse a este sistema, que a nosotros también nos produce que debe ser uno de los sistemas más utilizados y que debe ser promovido y potenciado por el Plan de vivienda y que encarece mucho este sistema, es por lo que presentamos la enmienda y solicitamos que sea aceptada. La enmienda lo que hace es suprimir la modificación, en el sentido de que no se exija el seguro de responsabilidad y, por lo tanto, que no se exijan los controles de calidad, que creemos que es bueno que existan, pero sí esa supresión, y luego adaptar el segundo párrafo, quitando solamente dos palabras, así mismo, porque quedaría solamente la proposición no de ley con un solo párrafo, quitando lo de la modificación de la Ley 38/99. Entonces, el texto que proponemos como enmienda es que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que las viviendas unifamiliares de autoconstrucción, de un máximo de dos plantas, en las que el promotor y usuario final sea la misma persona, calificadas de protección oficial por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, estudie la puesta en marcha de los mecanismos apropiados, a fin de que el coste del seguro de caución decenal, exigido por la Ley 38/99, de Ordenación de la edificación, no tenga la actual repercusión económica para los promotores y usuarios, bien subvencionando su importe, bien acordando con las compañías aseguradoras un seguro global de caución decenal, que cubra las mismas contingencias de forma colectiva. Yo, cuando estaba escuchando al portavoz de Coalición Canaria, recordé una propuesta del Partido Popular en la legislatura pasada cuando salió el decreto de legalización de viviendas clandestinas. Y en ese decreto se decía que uno de los requisitos para poder legalizarlo era la confección de un proyecto técnico en el que diga que la vivienda, pues, tiene, goza de todas las garantías de estabilidad, etcétera, un proyecto de la vivienda. Por supuesto, ese proyecto, que se hablaba en esa época que podía llegar a las 400 o pesetas, encarecía o podía impedir que ese decreto tuviera la finalidad de que todas las viviendas clandestinas, muchas de ellas, la mayoría, hechas por familias con poquísimos medios económicos, pudieran, permitiéndoselo la ley, legalizar la vivienda porque tenían el impedimento de la exigencia del proyecto. Y lo que planteamos nosotros en ese momento no es que no se exigiera el proyecto, porque creíamos que el proyecto era positivo, lo que planteamos en ese momento era que ese proyecto fuera subvencionado por las administraciones competentes, por los ayuntamientos o por la propia consejería, para que el coste del proyecto no fuera un impedimento a que ese decreto de legalización de viviendas fuera un éxito, que era lo que se pretendía. Pero lo que no se nos ocurría era decir no vamos a exigir el proyecto porque es caro, porque creíamos que el proyecto era bueno, porque garantizaba esa estabilidad y esa resistencia. Por lo tanto, porque compartimos los fines, que realmente es caro y que podría poner o comprometer la eficacia del plan con respecto a la autoconstrucción, es por lo que presentamos la enmienda, que solicitamos el apoyo de todos. El señor PRESIDENTE: También hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista Canario, como dije antes. Para su defensa, tiene la palabra don Luis Fajardo. El señor FAJARDO SPÍNOLA: Señor Presidente, señoras y señores diputados. A nosotros esta proposición no de ley nos parece oportuna y coincidimos con ella en todo su literal y en la forma en que ha sido expuesta. Sin embargo, estamos presentado una enmienda, ya de esa enmienda se ha hecho mención, se ha hecho referencia por el anterior interviniente y yo pasaré a explicarla enseguida. Efectivamente, lo que nos propone Coalición Canaria es algo nosotros también habíamos recibido, no solo de ayuntamientos de La Palma y de Gran Canaria, también de aquí de Tenerife, acuerdos en ese sentido. Nos parece que ustedes proponen algo referido al Gobierno de la nación, para que las Cortes Generales modifiquen esta ley, y otra parte referida al Gobierno y dirigida al Gobierno de Canarias en relación con la autoconstrucción o autopromoción protegida. Nos parece que el primer punto no está referido exclusivamente a lo protegido sino también a la vivienda libre, en la medida en que la Ley de Ordenación de la edificación hace referencia a toda la vivienda, es decir, una está referida a toda la vivienda, la otra referida a la vivienda libre.

19 22 de mayo de 2002 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias Núm. 75 / 19 Bien. Coincidimos nosotros tanto en el primer punto como en el segundo; sin embargo, nos parece, ya se ha hecho referencia aquí, nos parece que esa vivienda puede ser transmitida, tanto en el supuesto de libre como de protegida, y puesto que el artículo 19 y 20 de la Ley de Ordenación de la edificación, con los que nosotros coincidimos sustancialmente, es en protección del usuario, la posibilidad de que surjan deficiencias luego, nos parece que se enriquecería, se completaría y se haría mejor la resolución de este Parlamento si, acordando lo que ustedes nos proponen, se completara con lo que nosotros indicamos. Por qué? Pues simplemente porque nosotros decimos, hombre, cuando se transmita la vivienda, el registrador de la propiedad, al ir a inscribir la sucesiva transmisión, exigirá que haya un aseguramiento, el aseguramiento que exige el artículo 19. En esos términos nosotros votaremos o en esos términos nosotros estamos de acuerdo en votar la proposición no de ley que ustedes nos proponen. Porque, claro!, si eso no se asegura, pues los futuros usuarios quedan en una situación de desvalimiento, en una situación de desprotección y la verdad es que nosotros no conocemos, no conocemos las intenciones de las compañías de seguros, pero siendo empresas privadas, pues, me parece a mí que van a concurrir cuando hay negocio. Y, en todo caso, si el legislador así lo establece, ya habrá fórmulas para que las compañías vayan a acudir a la demanda de contratos de aseguramiento en esas condiciones. Condiciones que pueden ser más gravosas o no, pero en todo caso condiciones que pueden recibir la cobertura de un seguro privado, en este caso del seguro de responsabilidad decenal. En definitiva, nosotros votaremos a favor si ustedes nos aceptan este complemento, que nos parece que está en la línea y en el espíritu de la proposición de ley, pero simplemente, pues, es la consecuencia o el enriquecimiento normal del mismo. Gracias. El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del grupo proponente sobre las enmiendas, el señor Bautista tiene la palabra. El señor BAUTISTA VIZCAÍNO (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Empiezo por el final, que lo tengo más cercano. Señor Fajardo, de entrada queda claro que aceptamos la enmienda, pero yo me cuestiono lo mismo que le apuntaba con respecto a su enmienda, porque lo he consultado, o sea, el texto este que nosotros hemos presentado no es el primero, le dimos vueltas y tuvimos varias reuniones con expertos. Y hoy una casa de autoconstrucción, que hoy se quisiera legalizar, ya terminada, no había nadie que le hiciera el seguro decenal porque no se empezó haciendo lo que yo le contaba antes: primero, el informe geotécnico del terreno, luego la certificación de calidad de obra y luego el seguro. Por lo menos hoy son las reglas de juego que imponen las compañías de seguro, que estoy de acuerdo con usted en que, como esto es un negocio y es la ley de la oferta y la demanda, si se les achucha, posiblemente bajen los niveles. Pero hoy estamos en esa situación. Por lo tanto, yo en uno de los párrafos que luego eliminé había puesto esto, fijar, en el momento de la transmisión, oiga, tiene usted la obligación del seguro ; y me dijeron no, no, porque para hacer el seguro hay que empezar por el principio catas en el terreno, estudio geotécnico, certificado de calidad con varias visitas a la obra durante el desarrollo de la misma y, claro, si usted tiene la casa terminada, no puede hacer todo eso. Entonces, no tengo ningún inconveniente, porque es que además yo creo que lo que nosotros propongamos aquí al Gobierno de la nación es un paso previo para que luego en el Parlamento, allí, busquen el detalle de la excepción, que es lo que yo quería ofrecerle al Partido Popular. La segunda parte de nuestra pnl es para salir del paso momentáneamente, pero la frase esa de quien se come la yema, se come la clara es de aplicación aquí. O sea, el problema nos lo crea una ley que, con muy buena intención, en Canarias, a la autoconstrucción, la castiga. Si nosotros decimos la ley es muy buena, que pague el Gobierno de Canarias, en grandes números estamos hablando de casi viviendas en seis años, a un promedio de un millón que es más, que es más, porque ahora han bajado los seguros, porque, ya le digo, las compañías de seguro de los colegios de arquitectos, en competencia con compañías privadas, han empezado a bajar las primas, pero hasta hace poco eran importes terroríficos, a un millón de pesetas por viviendas, estamos hablando de millones de pesetas; en seis años son casi 800 o 900 millones de pesetas. Si el Gobierno de Canarias tiene, además, que sacar 900 millones todos los años para cubrir el seguro decenal, mal vamos, mal vamos. Por eso lo que yo le propongo es acepte usted nuestra proposición no de ley, porque estamos de acuerdo en que, efectivamente, la autoconstrucción en Canarias es un fenómeno y que repercute este seguro, salvando lo que usted dice, estoy de acuerdo con que el seguro es importante, por la seguridad y permítame la redundancia para el propio usuario, pero es que el usuario es el promotor, el promotor sabe cómo construye porque va a vivir en él. Si hubiera una fórmula en la que pudiéramos obligarle a hacer el seguro en el momento de la

20 Núm. 75 / 20 Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias 22 de mayo de 2002 transmisión, no había problemas, pero es que no hay fórmula, hoy, hoy, que es lo que yo le comentaba al señor Fajardo. Entonces, sí es posible que en el Congreso de los Diputados, cuando una pnl prima hermana de ésta entre en los próximos días, se pongan de acuerdo los grupos y se busque la excepcionalidad para Canarias o para los casos de autoconstrucción. Que yo iba, como bien se dio cuenta el señor Fajardo, iba más allá de la autoconstrucción de protección oficial, porque cuando uno se mete en estos berenjenales y empieza a investigar y a hablar con arquitectos y con ingenieros, dice es que nadie hace una casa de dos pisos para que se le caiga. Es que nadie! No puede haber errores, todo el mundo la dimensiona en más, por si las moscas. Y lo que yo le pregunté antes en mi intervención, usted ha visto alguna casa de dos pisos, de protección oficial o privada, que se haya caído en Canarias en los últimos 15 o 20 años? Es que no hay ni una! Por qué? Porque es que efectivamente el legislador a nivel nacional cuando habló del seguro decenal, con mucha razón, pensaba en edificios. Un edificio de 20 plantas requiere una o dos catas más que una casa de dos plantas. O sea, algo no cuadra. Posiblemente deformación de los técnicos y de las compañías de seguro, que quieren estar totalmente seguros. De hecho había alguien que me planteaba: entonces ahorrémonos el seguro y con el estudio geotécnico y con el certificado de calidad de obra, ya tengo suficiente garantía, déjemelo usted registrar. Y tiene también su razón. Por eso yo creo que el problema es de los legisladores a nivel nacional, que en el caso de Canarias y alguna otra comunidad creo que en Andalucía también la autoconstrucción tiene una cierta significación, aunque en menor proporción en habitantes que nosotros deben en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ponerse de acuerdo y hacer una excepción, que dándole seguridad al usuario-promotor al mismo tiempo abarate notablemente, cuando son casas de autoconstrucción, en donde efectivamente promotor y usuario son los mismos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero nosotros, yo quiero, y Coalición Canaria quiere elevar esto a Madrid, parece coherente que no admitamos su enmienda y mantengamos el texto de la nuestra. Aceptamos la del Grupo Socialista. Igual puede haber una fórmula, pero no sabemos, hoy desde luego las compañías de seguro no le van a admitir hacerle un seguro para que usted pueda inscribirlo, en caso de que lo quiera vender, como usted bien decía, antes de los diez años. Muchas gracias. (El señor Matos Mascareño solicita intervenir.) El señor PRESIDENTE: Sí, señor Matos. El señor MATOS MASCAREÑO (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Y muy breve. Yo agradezco los esfuerzos de don Eusebio Bautista para convencernos de sacar adelante esta proposición no de ley y cuente usted que va a salir para adelante con el voto del Partido Popular, pero le adelanto una cuestión, y quiero que conste en el acta de la sesión: se va a votar algo que es imposible. Yo no creo que haya legislador que no vaya a proteger una ley que se hace para defender a los usuarios o a los adquirentes de esa vivienda, que vaya a eximir de un seguro de responsabilidad cuando se pueda producir una transmisión, porque es lo que asegura a ese adquirente de buena fe que cuando se produzcan daños estructurales en la vivienda, no que se caiga sino que se produzcan daños, que le produce un coste económico grande, dependa de la solvencia o no del que construyó la vivienda, aunque sea autoconstrucción. Por lo tanto, si no se produce esa imposibilidad de transmisión de la vivienda durante diez años, no hay ningún legislador que lo vaya a autorizar. Segundo, el tema de los seguros. Es un tema que conozco perfectamente. Cuando surgió la Ley de responsabilidad decenal, las viviendas de protección oficial el problema que se encontraron no era en el seguro sino en la exigencia, por otro lado con cierta lógica, de unos controles de calidad, y esos controles de calidad cuestan aproximadamente lo mismo que cuesta la prima del seguro, porque son estudios geotécnicos y estudios del control de la cimentación y la estructura. Por lo tanto, ya a toro pasado, que una compañía de seguro preste una caución y una garantía de algo que desconoce cómo se ha cimentado y cómo se ha construido, a mí me parece completamente imposible. Ahora, no cabe duda, como lo que nosotros queremos y el punto 2 es que se subvencione a lo que son los promotores de estas viviendas para evitar el sobrecoste que tiene, vamos a apoyar, sin duda, esta proposición no de ley. El señor PRESIDENTE: Señor Bautista. El señor BAUTISTA VIZCAÍNO (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Un minuto nada más. Como va a ir al Parlamento nacional, lo que yo le propongo es que lo mismo que ha propuesto el PSOE allí pongámonos de acuerdo para que no se permita la transmisión de la vivienda dentro de los diez años siguientes a la obtención de la licencia, de manera que entonces, como nada más que la va a usar el usuario-promotor, durante diez años no tiene usted mayor problema. (El señor Matos Mascareño solicita el uso de la palabra.) El señor PRESIDENTE: Eternizamos el debate. Señor Matos, de todas maneras una precisión muy corta.