Id. Cendoj: Organo: Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción Sede: Madrid Sección: 3 Tipo de Resolución: Auto

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Alejandro Murillo Pinto
hace 8 años
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1 Id. Cendoj: Organo: Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción Sede: Madrid Sección: 3 Tipo de Resolución: Auto Fecha de resolución: 29/12/2015 Nº Recurso: 110/2015 Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO Idioma: Español JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N 003 MADRID C/ GARCÍA GUTIÉRREZ, 1. PLANTA 3ª Tfno: /4 Fax: NIG: GUB11 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO /2015 -I AUTO

110/2015 Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO Idioma: Español JUZGADO CENTRAL

2 En MADRID a veintinueve de diciembre de dos mil quince. HECHOS PRIMERO.- En este Juzgado Central de Instrucción se han recibido, por turno de reparto, del Juzgado de Instrucción n 9 de Valencia, sus Diligencias Previas 3147/2015, al haberse acordado la inhibición por auto de fecha 20/10/2015 a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. SEGUNDO.- De dichas actuaciones se dio traslado al Ministerio Fiscal, el cual ha informado en el sentido que es de ver en las actuaciones. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS ÚNICO.- Las presentes diligencias se iniciaron en virtud de denuncia formulada por COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (COVITE), por delito de uso en juicio o en perjuicio de terceros de documento falso, previsto y penado en el art. 393 del Código Penal en concurso con un delito de terrorismo de los arts. 571 y siguientes del mismo texto legal. La citada denuncia se basaba en que los denunciados y dirigentes del frente de cárceles de la organización terrorista ETA, presuntamente han usado documentos públicos u oficiales falsos (falsificados por terceros), a sabiendas de su falsedad, a fin de obtener determinados beneficios penitenciarios, en concreto redenciones por estudios, que han podido llegar a suponer para los presos de ETA descuentos cercanos a la mitad de su condena.

auto de fecha 20/10/2015 a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. SEGUNDO.

3 Tanto los denunciantes como el Ministerio Fiscal consideran que, teniendo en cuenta que en la presente denuncia se relacionan indicios de fraude en la redención de penas de 7 6 presos de la banda terrorista, existen indicios para pensar que tal práctica puede obedecer a una práctica concertada, organizada y dirigida desde la misma organización terrorista y quienes hayan cometido la misma serian responsables, como mínimo, de un delito de colaboración con organización terrorista del art. 576 del Código Penal o de un delito de terrorismo del art. 574 del Código Penal, en la redacción dada por la LO 5/2010, vigente en el momento de producirse los hechos. Señala el Ministerio Fiscal que el delito de terrorismo, y en concreto de colaboración con el terrorismo, no seria cometido por los internos, sino por aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos con el conocimiento de que de tal manera conseguían fraudulentamente la libertad anticipada de los presos de la organización terrorista, auxiliando de esta forma el funcionamiento de la misma al conseguir que muchos de sus integrantes quedaran indebidamente en libertad. No se expresa sin embargo por el Ministerio Fiscal la identidad de aquellas personas, diferentes a los denunciados, que formando parte de las diferentes estructuras, subestructuras o áreas de trabajo que relaciona, de una u otra forma controlan las ideas y acciones dentro de las prisiones, y, más en concreto, no concreta la identidad de aquellos que han facilitado tales documentos, y contra los cuales por tanto haya de dirigirse el procedimiento. En otro orden de cosas, la denuncia que ha dado lugar a las presentes actuaciones en esencia es igual a la que motivó la incoación de las Diligencias Previas n 72 de 2015 de este mismo Juzgado, aun cuando en la presente se haya ampliado la identidad de las personas a las que se atribuye la utilización de documentos falsos a fin de obtener determinados beneficios penitenciarios, por lo que cabe reproducir en este punto los razonamientos expuestos entonces por el Ministerio Fiscal y en el auto de fecha 4 de septiembre de 2015 por el que se acordó el archivo de la causa. En todo caso, la lectura de la denuncia lo que pone de manifiesto es la posible comisión de delitos de uso de documento falso que han sido incorporados a diferentes

serian responsables, como mínimo, de un delito de colaboración con organización terrorista del art. 576 del Código Penal o de un delito de terrorismo del art.

4 procedimientos en aras a reducir la estancia en prisión de determinadas personas condenadas por delitos de terrorismo, todos ellos relacionados con la banda terrorista ETA. Pero ello sin más no determina la comisión de un delito de terrorismo, sino a lo sumo, de uno o varios delitos de falsedad cometidos por personas ya condenadas y cumpliendo pena por delito de terrorismo, y en beneficio exclusivo de éstos. Por ello, la colaboración que se imputa a terceras personas deberá entenderse realizada en relación a un delito de falsedad, no de terrorismo, por cuan: o que la acción principal constitutiva de delito es el uso de documentos falsos. Por último, aun cuando el colectivo de presos de ETA o las demás estructuras que enumera el Ministerio Fiscal hayan sido considerados por la organización como un frente de lucha más, las falsedades documentales que se denuncian no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o medios señalados en los arts. 571 y siguientes del Código Penal, sino con la única finalidad de que determinados presos vean disminuidas sus condenas. En consecuencia estimo que los hechos denunciados no son competencia de esta Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ). Sentado como base fundamental el carácter improrrogable de la jurisdicción criminal (art. 9, 6o LOPJ y 8 LECrim) y el derecho fundamental que todos tienen al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art CE); la LECrim, como principio general, establece que para la instrucción de las causas penales será competente el Juez de Instrucción en que el delito se hubiere cometido y el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la ley determine (art. 14), que son los establecidos en elarticulo 88 de la LOPJ. Por ello, como se sigue de lo razonado más arriba, los denunciantes podrán formular la oportuna denuncia ante el Juzgado territorialmente competente. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, se dicta la siguiente

terrorismo, y en beneficio exclusivo de éstos.

5 ACUERDO Archivar la presente causa por no ser este juzgado competente para el conocimiento de los hechos a los que se contrae la denuncia formulada por el Colectivo de Victimas del Terrorismo (COVITE). Póngase en conocimiento del Juzgado de Instrucción n 9 de Valencia, sus Diligencias Previas 3147/2015, con devolución de las actuaciones remitidas, por ser competentes para el conocimiento de los hechos, que pueden ser calificados como delito de falsedad. Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante este Juzgado Central de Instrucción, y/o, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, para ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Lo acuerda, manda y firma, Dª Carmen Lámela Díaz, Magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3. Doy fe.- DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

Póngase en conocimiento del Juzgado de Instrucción n 9 de Valencia, sus Diligencias Previas 3147/2015, con devolución de las actuaciones remitidas, por ser competentes para el conocimiento de los

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